Joanes Labayen cobró 5.400 euros (más IVA) como asesor del Gobierno vasco en la crisis del transporte escolar

El “tengo plena confianza en ti, Jokin” que pronunció el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado viernes marcó un antes y un después en la polémica política en torno a la contratación del abogado Joanes Labayen como asesor externo del Departamento de Educación, algo decidido en primera persona por el consejero Bildarratz, ante el conflicto abierto con las empresas del transporte escolar. Labayen, que es socio-director del bufete Cuatrecasas en Euskadi y muy próximo al PNV, es igualmente miembro del consejo de administración de una de las compañías adjudicatarias de las rutas escolares, Autocares URPA (11% de cuota en Gipuzkoa y 3% en el conjunto de Euskadi), y facturó a la Administración 5.400 euros más IVA por su asesoramiento. Cuando trascendió, crecieron las voces sobre un posible conflicto de intereses. Las otras empresas del sector llegaron a decir que el Gobierno, que amagó con llevarlas a la Fiscalía por irregularidades, había dado a su competencia la oportunidad de tumbarlas de un plumazo.

Bildarratz, que este miércoles ha dedicado varias horas en el Parlamento a dar explicaciones y a responder a algunas preguntas, parece despejar su futuro político tras dos semanas muy intensas. Abrumando con datos y relatos cronológicos y rodeado de casi todo su equipo -aunque no había facilitado la documentación del asunto con antelación para que sus contrarios se prepararan mejor-, ha solventado la sesión y superado el trámite. En estos días, habían llegado desde peticiones de dimisión, que ya no tendrá eco, hasta una comisión de investigación planteada por parte de la oposición (Elkarrekin Podemos-IU y PP) que es evidente que no alcanzará mayoría en el Parlamento ante la postura del PSE-EE , el socio de Gobierno, de ni siquiera hacer preguntas al PNV por este asunto. Se prevé que se pueda votar a finales de octubre o primeros de noviembre, pero salvo sorpresa política mayúscula no prosperará.

Internamente, en el PNV y en el propio Ejecutivo había quienes, desde el convencimiento de que Bildarratz y Labayen habían operado en la legalidad absoluta, consideraban que se podían haber mejorado las cosas desde el punto de vista “estético”. Entre ellos estaba el propio Andoni Ortuzar, presidente del partido. En la Cámara, el titular de Educación incluso ha descartado que haya ese tipo de problemas con bastante vehemencia. Todo es legal, todo es ético y, como mucho, puede haber una “confusión” que ahora, debidamente explicada, debería llevar a todo el mundo a entender que la decisión de fichar a Labayen fue no solamente adecuada sino oportuna para minimizar el impacto del plante de las empresas de Bizkaia y de Álava, que finalmente dejó sin servicio a unos 7.500 escolares de la red pública durante los primeros siete días lectivos.

Bildarratz ha insistido en que la situación del contrato de las rutas escolares es poco menos que caótica. Ya el curso pasado hubo que operar con una prórroga pactada de madrugada la víspera del arranque del curso escolar y los pliegos de la licitación han recibido hasta 27 recursos en los últimos meses. Según sus datos, de 138 rutas en Álava solamente en 14 había empresas dispuestas a poner autobuses. En Bizkaia era aún peor, 1 de 190. En Gipuzkoa la situación ha sido más pacífica con 65 de 139. Una vez finalizado el proceso de contratación con apenas un 31% de un servicio “esencial” garantizado fue cuando se buscó la “capacidad, solvencia y acreditada experiencia” de Labayen para armar una orden ejecutiva que garantizara las rutas desde el primer día cubriendo el “coste real” más un 6% de “beneficio”.

El titular de Educación, que hizo él mismo las gestiones, recabó “una segunda opinión jurídica”, un asesoramiento “puntual” que en nada tiene que ver con su posición en URPA. Las propuestas del abogado externo en nada afectaban a URPA porque sí había participado en el concurso y estaba dispuesta a cumplir el contrato, según Educación. Esto es, no se veía concernida por la orden ejecutiva que se iba a implementar. Bildarratz, además, se ha quejado de que han florecido muchas “mentiras” sobre el dinero que recibe esta empresa del Gobierno o sobre el papel real de Labayen en ella. De hecho, ha subrayado que URPA pidió 34 rutas y que acabó gestionando 15, de las cuales 12 porque no había otra alternativo. Y, con rotundidad, ha descartado que Labayen fuera el instigador del amago de llevar a las empresas díscolas de Bizkaia y de Álava a los tribunales.

¿En qué consistió ese movimiento? En plena negociación previa al arranque de curso y con una amenaza cierta de plante, el propio Bildarratz aseguró tener datos de que las compañías podían estar incurriendo en “prácticas colusorias”. Resumidamente, se estimó que se habían puesto de acuerdo para manipular el contrato y para buscar maximizar sus beneficios, en detrimento del interés público. Nunca cristalizó la denuncia a la Fiscalía -se llegó a admitir que el “nuevo clima” abierto tras un acuerdo transitorio para este curso lo hacía inoportuno- pero sí se llegó a abrir un expediente de Competencia. Se da la circunstancia de que existió un precedente en Gipuzkoa de cártel en el transporte en general y en las rutas escolares en particular y que URPA fue una de las empresas implicadas. Labayen fue el abogado que la defendió en los tribunales, aunque sin éxito.

Educación aún no ha publicado el contrato con Labayen en sus portales de transparencia. Pero Bildarratz ha indicado que fue una adjudicación directa (lo que se denomina técnicamente “contrato menor”). No tuvo precio de inicio, solamente unos honorarios en función de las horas. Se ha liquidado en “5.400 euros más IVA” su participación en una reunión en nombre del Gobierno como apoyo a los altos cargos políticos -enfrente su hermano era uno de los dos representantes de URPA- y un informe. Ese documento ha sido entregado a la oposición, que ha criticado que no tenga ni fecha ni apartado de conclusiones. Bildarratz ha admitido que presenta unas “erratas” de “formato” a pesar de alabar la “capacidad” de Cuatrecasas.

Ciudadanos y PP, que ahora ya intervienen por separado en el Parlamento, han coincidido en denunciar que Cuatrecasas en Euskadi es “el despacho del PNV”. El asesor jurídico interno de Bildarratz, de hecho, procede del equipo de Labayen. Es Eneko Goenaga, quien a su vez es sobrino del presidente del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar, como Labayen es marido de la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria. En su momento lideraron la defensa del exdirigente alavés Alfredo de Miguel, investigado y ahora condenado por corrupción. El consejero ha recordado que en Cuatrecasas también está Soraya Sáenz de Santamaría, la exvicepresidenta del Gobierno con el PP para despejar esa supuesta relación política. Ha negado, además, que hayan contratado a este bufete en más ocasiones durante la legislatura. De hecho, ha revelado que mantiene otra asesoría con Garrigues, que es el despacho que asiste a las empresas de Bizkaia y de Álava en el conflicto del transporte escolar.

En cuanto al resto de grupos de la oposición, Ikoitz Arrese de EH Bildu ha recalcado que no es un tema menor porque, objetivamente, esta crisis dejó sin servicio a un volumen relevante de estudiantes en el inicio del curso. Ha afeado también al Gobierno que en los últimos años no haya apoyado propuestas sobre transparencia y contra la corrupción. En el caso de Elkarrekin Podemos-IU, el consejero ha mantenido un encontronazo con la portavoz, Isabel González, ya que ha acusado a la coalición de izquierdas de “denostar” a la escuela pública. “Defendemos una posición ideológica con orgullo, que es la de lo público”, se ha revuelto González.