La Fiscalía ha decidido llevar hasta el Tribunal Supremo la lucha de una mujer para ser indemnizada por la violencia obstétrica que, según denuncia, sufrió en la sanidad gallega durante el parto en el que dio a luz a su hija en 2009. La mujer, que reclama casi 150.000 euros entre otras cosas por tactos vaginales “dolorosos e intrusivos” o por la administración de oxitocina, cuenta con un pronunciamiento favorable del Comité de Naciones Unidas pero la Audiencia Nacional ha rechazado concederle una indemnización.

La documentación del caso revela que esta mujer acudió al Hospital público de Lugo en septiembre de 2009 cuando se encontraba al término de la semana número 39 del embarazo. Empezó a sufrir entonces actuaciones que, según denunció, “afectaron muy negativamente su salud física y psíquica, su integridad moral y la salud de su bebé”. Por ejemplo, diez tactos vaginales “dolorosos e intrusivos” que, denuncia, provocaron una infección. Se le suministró oxitocina, afirma, sin informarle sobre los riesgos de esta hormona que puede adelantar el parto.

Denunciaba igualmente esta mujer que se le practicó una episiotomía para extraer a la niña con una ventosa, que se llevaron a la bebé sin darle explicaciones, que en los siguientes días solo pudo ver a la pequeña durante 15 minutos cada tres horas y que le dieron biberones aunque ella había explicitado su deseo de dar el pecho. Entre otras consecuencias, destaca una hipotonía del suelo pélvico, ansiedad, insomnio y “recuerdos reiterativos de escenas vividas durante el parto”.

La primera pelea legal de esta mujer fue ante la Xunta de Galicia, que rechazó declarar la responsabilidad de los facultativos del Hospital de Lugo, cerrando la puerta a una indemnización. Una decisión que fue confirmada por un juzgado, el Tribunal Superior de Galicia y el Tribunal Constitucional. “Ninguna de esas secuelas obedeció a una mala práxis, está acreditado que se realizaron todas las prescripciones indicadas a la vista de lo que iba sucediendo”, dijeron los tribunales para rechazar la indemnización. Fue entonces cuando la mujer llevó su caso ante Naciones Unidas.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dio la razón a la mujer y estableció en 2020 que sus derechos se habían visto vulnerados. Instó al Estado español, por un lado, a indemnizar a la mujer con una cantidad “adecuada a los daños de salud física y psicológica sufridos”. Las recomendaciones también fueron generales para el resto de casos que pudieran tener lugar en los hospitales españoles: “Asegurar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo y el acceso de todas las mujeres a una atención obstétrica adecuada”, exigió en su escrito.

La Justicia rechaza la indemnización

Con este dictamen favorable en la mano, la mujer acudió esta vez a la Audiencia Nacional para reclamar una indemnización por funcionamiento anormal de la administración de Justicia y la respuesta, recurrida ahora por la Fiscalía, ha vuelto a ser negativa. Los magistrados de la sala de lo contencioso entienden, en primer lugar, que el CEDAW hace recomendaciones que no son vinculantes para los jueces españoles: “Tienen la naturaleza de recomendaciones y sugerencias y no vienen dotados de carácter ejecutivo”, dice la sentencia de la Audiencia Nacional. “Frente a la eficacia que despliega la cosa juzgada, la opinión y recomendaciones del Comité no tiene otro efecto que el de una consideración y recomendación”, dicen para avalar la decisión de los tribunales gallegos de no pagar la indemnización.

“Se ha pretendido llevar a la responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la Administración de Justicia lo que de base era y es una responsabilidad patrimonial general en el ámbito sanitario”, destaca esa sentencia que ahora la Fiscalía ha decidido llevar al Tribunal Supremo. El Ministerio Público entiende que esta negativa a pagar una indemnización a la denunciante de violencia obstétrica vulnera derechos como la igualdad, la integridad física y moral o la intimidad. Y destaca que, según su criterio, no seguir el criterio del Comité contradice decisiones anteriores de los tribunales españoles.

“La posible inacción o falta de cumplimiento por los demás poderes del Estado, no constituye un impedimento para que el Poder Judicial pueda cumplir las obligaciones establecidas en el dictamen del Comité CEDAW”, razona la Fiscalía. Y destaca, como hacía la Fiscalía, que no existe un cauce legal autónomo para hacer cumplir este tipo de dictámenes dentro del Estado español. Es una de las cosas que el Ministerio Público pide al Supremo más allá del caso concreto: cuál es el camino para pedir estas indemnizaciones y si pueden derivar en indemnizaciones aunque, como en este caso, existan ya sentencias firmes que lo rechazaron.

Nicole Ameline, francesa, es una de las 23 expertas que componen el Comité de la ONU contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el cual presidió de 2013 a 2015. Dicho comité está constituido por un tratado internacional vinculante que examina a los Estados miembros en materia de igualdad de género y que también puede estudiar denuncias de particulares. Tiene 189 Estados miembros y Estados Unidos, Somalia, Sudan del Sur e Irán son de los pocos países que no forman parte de la convención.

Aunque ahora está retirada de la política nacional, Ameline fue diputada en el Parlamento francés durante 21 años hasta 2017 y ejerció como ministra de Igualdad y Paridad Profesional durante la presidencia de Jacques Chirac. Ameline estuvo presente el pasado 9, 10 y 11 de octubre en Lisboa para participar en la conferencia sobre el empoderamiento de la mujer organizada por Unión por el Mediterráneo, la cual contó con más de 300 expertas en la materia.

Está examinando continuamente a los países en materia de igualdad de género y discriminación contra las mujeres, ¿alguna tendencia general?

Globalmente, podemos considerar que hay un progreso universal en términos de marco legislativo. Que la mayoría de los 189 Estados miembros hayan adoptado reformas legislativas en relación a la violencia sexual y otros aspectos es un primer paso, pero no es suficiente.

Hay dos riesgos. En primer lugar, el progreso no está garantizado. Vemos algunos retrocesos, incluso en Europa. Mi opinión es que los derechos humanos no resisten las crisis, conflictos o desastres y tenemos que ser muy combativos y estar determinados a reforzar el marco legislativo. En segundo lugar, muchos países están satisfechos con el marco legislativo, pero no hay implementación.

Esta convención no es solo una referencia mundial de derechos humanos, sino que es una hoja de ruta operacional. Cuando establecemos un diálogo constructivo con cada país elaboramos una serie de recomendaciones y, desafortunadamente, no vemos a los Estados muy comprometidos a aplicarlas, pero lo hacemos porque las consideramos un mínimo para tener éxito. Tenemos que acelerar el proceso para alcanzar la igualdad porque las mujeres no son actores del cambio, son el cambio.

¿Cuáles son esos retrocesos en Europa de los que habla?

Siempre es muy difícil culpar a países concretos, pero es verdad que estamos viendo, por ejemplo, un aumento del nacionalismo, por oposición al multilateralismo.

¿Es el nacionalismo especialmente peligroso para las mujeres?

Sí. Es difícil decirlo tan directamente, pero no hace falta hablar especialmente de nacionalismo, sino de revisionismo. El revisionismo intenta adaptar los derechos universales a una determinada visión política. Los derechos humanos no son flexibles ante las elecciones políticas, son un marco legal y obligaciones legales.

El Tribunal Supremo español ha condenado recientemente al Estado español a pagar una indemnización de 600.000 euros a Ángela González (cuya hija fue asesinada a manos de su padre, condenado por malos tratos) algo que el Comité había solicitado hace años y que España se había negado a hacer voluntariamente ¿Por qué cree que los países son tan reacios a aplicar las decisiones del comité?indemnización de 600.000 euros a Ángela González

Yo soy muy optimista y creo que lo más importante es la cuestión de principio. Es verdad que lleva tiempo, todo lleva tiempo, pero lo hemos conseguido y es muy importante ver que al fin y al cabo se reconocen los derechos de las mujeres. Es una lección para el futuro.

La justicia tiene que ser efectiva en cada país porque el primer paso para una mujer que ha sido discriminada o que ha sido objeto de violencia es pedir protección y reconocimiento de su situación. Demasiado a menudo en el mundo vemos que ese no es el caso y nos satisface ver que en ocasiones los países reconocen sus errores.

Hay mucho debate actualmente entre el acoso y abuso sexual, como en el caso de 'la manada' en España ¿Se está transfiriendo a las víctimas la responsabilidad de resistirse físicamente?

La diferencia es sutil, pero hay un criterio muy importante: el consentimiento. La justicia es incapaz de apreciar si hay consentimiento o no. Mi experiencia muestra que cuando una mujer considera que ha sido abusada, en la inmensa mayoría de los casos ha sido efectivamente abusada. Nadie está preparado de forma espontánea a ir ante los tribunales a pedir justicia si no es serio.

En segundo lugar, creo que es muy importante diferenciar entre acoso y violación. No es lo mismo, pero es cierto que el acoso cada vez se ve con más seriedad y se considera inaceptable porque es algo más grave de los que puede parecer. Se basa en una relación de discriminación contra la mujer. Tenemos que pedir respeto, es una cuestión de respeto.

¿Están los tribunales un paso por detrás de la conciencia pública de la sociedad? ¿Hay una brecha?

Sí. Los países tienen que formar a los jueces para que estén en línea con los derechos de la mujeres. El poder ejecutivo, legislativo y judicial son totalmente independientes, pero podemos elaborar una formación general para los jueces para pedirles que hagan de la violencia contra las mujeres una prioridad. Esta es una medida que yo tomé personalmente cuando fui ministra.

Volviendo al tratado, ¿qué sentido tiene tener Estados miembros con reservas a artículos clave?

Es un gran problema, la verdad. Me gustaría pedir solemnemente a los Estados miembros que levanten sus reservas. Algunos países, como Túnez, ya lo han hecho y eso muestra que es posible. Han sido muy valientes y es muy importante aprovechar esta capacidad de nuestra convención de servir como herramienta para cambiar la mentalidad porque muchas veces se hace una instrumentalización de la religión.

¿Utilizan algunos países la convención como una estrategia de purplewashing (la instrumentalización de la lucha en favor de las mujeres) y presumir de que son miembros del tratado al tiempo que imponen reservas a artículos clave?

Ser parte del tratado es un buen paso, pero no es suficiente. Cada vez la gente espera más y cada Estado miembro tiene que utilizar la convención como una herramienta para estar en línea con la sociedad y no como una restricción.

Demasiado a menudo nos da la sensación de que los Estados miembros se toman el comité como una especia de examen, y probablemente yo sentía lo mismo cuando era ministra, pero no es eso. Es solo para ayudar a ser mejor y a estar en línea con la evolución de la sociedad. No podemos decir que hemos ratificado el tratado y ya está. La convención es una herramienta viva.

¿Por qué cree que EEUU no ha ratificado la convención?

No han ratificado muchos documentos multilaterales y es algo muy malo. El mundo es mejor cuando compartimos valores esenciales. Lo lamento porque es la primera potencia del mundo y un país democrático, pero no ser parte de de una convención fundamental es realmente una falta de responsabilidad.

Yo he trabajado mucho desde hace 12 años con Bill Clinton, con Barack Obama y con Hillary Clinton para empujar al Gobierno. A veces la resistencia es del Congreso y otras, como hoy probablemente, del propio presidente. El mundo no va tan bien como para no usar todas nuestras capacidades para reforzar nuestro sistema de valores. De lo contrario caeremos en el revisionsimo.

¿Qué opina de las políticas de Trump hacia la mujer?

No quiero decir sin comentarios, creo que es incomprensible tener un presidente que hace determinados comentarios hacia las mujeres como hace él. Es muy difícil para nosotros explicarle a otros países que tienen que hacer más por las mujeres y prestar más atención a su papel en la sociedad cuando tienes ejemplos como ese [EEUU]. Es la primera vez que nos enfrentamos a un presidente de Estados Unidos con esta mentalidad. Espero que el pueblo estadounidense reaccione, pero Estados Unidos no se reduce a Donald Trump.

La ONU no está convencida sobre cómo ha solventado España sus agujeros en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista. El Gobierno ya tiene respuesta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el grado de cumplimiento de cuatro recomendaciones evalúa desde 2015: “Parcialmente implementadas” es el veredicto.

El Ejecutivo tiene deberes de aquí a 2019 y deberá aportar información adicional sobre qué pone en marcha para cumplirlas totalmente. Los huecos están en ampliar la ley a otras formas de violencia más allá de la pareja o expareja y mejorar las estadísticas y la formación de los operadores jurídicos. Así lo especifica el CEDAW (por sus siglas en inglés) en la carta que ha remitido al Ejecutivo fechada el pasado 28 de noviembre y firmada por la relatora Hilary Gbedemah.

En ella, Naciones Unidas evalúa cómo ha aplicado el Gobierno las indicaciones que le hizo en 2015 en las observaciones finales del examen al que sometió al país. Entonces, el Comité le dio a España dos años para responder por escrito qué medidas había puesto en marcha para paliar algunos de los aspectos que más preocupaban al organismo.

Nada al 100%

En concreto, la revisión de la legislación sobre violencia de género y su ampliación a otras formas de violencia más allá del ámbito de la pareja o expareja; la recopilación de datos estadísticos; la formación obligatoria de los operadores jurídicos y la adopción de una perspectiva de género al elaborar programas de asistencia para mujeres y niñas solicitantes de asilo.

España no ha cumplido ninguna de ellas al 100%. Respecto a la primera indicación, CEDAW asegura en su carta que acoge “con satisfacción” algunas de las medidas que se han puesto en marcha, pero “lamenta que no se hayan abordado otras formas de violencia basadas en el género”. Algo que han evidenciado las organizaciones sociales, que también presentan informes periódicos que la ONU sopesa junto a los del Ejecutivo. En el último subrayaron que la ley de violencia de género sigue cubriendo solo la que se da en el seno de la pareja o expareja.

La violencia que queda fuera de la ley

Esta norma, aprobada en 2004, solo contempla como tal la violencia que se produce en el marco de una relación sentimental, por lo que el resto quedan fuera. Por ello CEDAW pide su modificación para incluir otros tipos de violencia como el acoso o las agresiones sexuales, la violencia hacia las empleadas domésticas, la que se da en los centros educativos “y otros actos de violencia en el espacio público”. La respuesta del Gobierno fue aludir al pacto de Estado que entonces comenzaba a gestarse en el Congreso de los Diputados y que, en un principio, contaba con este objetivo.

Sin embargo, una vez aprobado, el pacto no contempla la reforma de la ley de 2004. Aunque los parlamentarios sí consensuaron ampliar el concepto de violencia de género y dictar leyes específicas para regular otras violencias más allá del marco de una relación sentimental con perspectiva de género, no diseñó ninguna concreción legislativa ni desarrolló una hoja de ruta, por lo que nada garantiza que vaya a aplicarse.

El Ejecutivo se refirió también a la reforma del Código Penal, que en 2015 incluyó como delitos el sexting –difundir sin consentimiento de la víctima contenido íntimo de la misma– y el stalking –acosar y hostigar a alguien mediante las nuevas tecnologías– y además mencionó la línea telefónica que hace un año habilitó el Ministerio de Educación contra el acoso escolar. Un recurso que el Gobierno vende a la ONU como un servicio contra los “malos tratos tanto fuera como dentro del centro docente”, pero cuyo enfoque es, en la práctica, el de la lucha contra el bullying.

Para Victoria Jiménez, integrante de la Plataforma CEDAW Sombra –el conjunto de colectivos que también envía evaluaciones a Naciones Unidas–, apunta a que el estudio se hizo cuando el pacto de Estado estaba todavía en tramitación, pero su aprobación “no deja de ser una aspiración que todavía no se ha consumado, en tanto en cuanto reconoce la necesidad de reconocimiento legal y atención integral de otras formas de violencia, pero eso no puede hacer que el Comité CEDAW dé por cumplida su recomendación”.

Formación, estadísticas y refugiadas

Sobre la formación obligatoria de los jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros agentes que intervienen en los procesos sobre violencia machista, la ONU lamenta “el carácter voluntario de la formación continua” y “la falta de referencia” a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dentro de los módulos formativos. Por ello, considera que “el Estado parte ha tomado algunas medidas para aplicar la recomendación, pero que se ha implementado parcialmente”.

El CEDAW celebra la existencia de los módulos sobre violencia de género que reciben todas las promociones de jueces y juezas que salen de la Escuela Judicial y las prácticas que hacen todos los fiscales en la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, pero para el organismo no es suficiente.

Los colectivos feministas, por su parte, también llamaron la atención sobre que la formación es solo obligatoria en la etapa inicial y para los juzgados especializados en violencia sobre la mujer y trasladaron a Naciones Unidas su preocupación por que este déficit “tiene como consecuencia la prevalencia de una mirada sexista y discriminatoria tanto en los peritajes como en los procesos judiciales y las sentencias”.

La tercera recomendación evaluada por CEDAW se refiere a cómo se recogen los datos oficiales de violencia machista. En julio de 2015, ya le pidió a España la recopilación de estadísticas de violencia sexual y violencia de género desglosados. Las únicas cifras públicas en la actualidad son los boletines del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre mujeres asesinadas; las denuncias por agresiones sexuales que anualmente recoge el Ministerio del Interior y los informes trimestrales de violencia sobre la mujer del Consejo General del Poder Judicial.

Una recopilación que el organismo internacional considera “de enfoque limitado” y que se circunscribe solo al ámbito de la pareja o expareja, por lo que recomienda al Estado que los datos estén desagregados “independientemente de la relación que haya entre la víctima y el agresor”. Una vez más, CEDAW considera que España ha cumplido sus recomendaciones solo “parcialmente”.

Por último, en lo que respecta al tratamiento con enfoque de género de las mujeres y niñas solicitantes de asilo, el informe de evaluación concluye que a pesar de la puesta en marcha de algunas medidas, el Gobierno no ha implementado la indicación totalmente, entre otras cosas, por “la falta de recursos para su implementación”. Por ello, el Comité especifica que en el próximo informe, el Estado añada información sobre qué recursos económicos, humanos y técnicos destina a tal fin.

España no ha convencido al Comité en ninguna de las recomendaciones que le hizo, lo que, según Jiménez, evidencia que “se están incumpliendo las obligaciones adquiridas” porque aquellas medidas que sí se han puesto en marcha para implementarlas “representan un avance insuficiente en cuestiones que se consideran urgentes y relevantes”.

Dos años después de que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) suspendiera la política de igualdad del gobierno español, las organizaciones feministas ya han evaluado en qué medida ha implementado el Gobierno sus recomendaciones. Lo hacen como respuesta al informe de julio de 2015, en base al que España debe reportar a la ONU cómo ha dado cuenta de las observaciones propuestas.

De forma paralela y tal y como hacen cada vez que el organismo internacional evalúa a nuestro país, los colectivos sociales han emitido su propio informe que enviarán a la ONU a finales del mes de julio. La Plataforma CEDAW Sombra, formada por varias organizaciones, ya ha abierto a las firmas el estudio en el que concluye que el Estado español no ha aplicado de manera diligente las recomendaciones que la ONU le hizo hace dos años.

El organismo pedía al Gobierno revisar la legislación para incluir todos los tipos de violencia machista contra las mujeres, más allá de la que se da en el seno de la pareja o expareja, que es lo que actualmente contempla la Ley Integral de 2004. Entre ellas, el acoso sexual, las agresiones sexuales o las violaciones con resultado de muerte. Sin embargo, la Plataforma denuncia que todavía es un cambio legislativo que esta pendiente.

Este es uno de los objetivos de la subcomisión de violencia machista, creada en el Congreso de los Diputados para articular el pacto de Estado contra la violencia de género. Sin embargo, el fin de los trabajos ya se ha retrasado en dos ocasiones porque los grupos siguen intentando llegar a acuerdos. No hay consenso, por ejemplo, en si reformar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa a las mujeres de la obligación de declarar contra su maltratador o sobre en qué medida incluir todos los tipos de violencia en las leyes.

Las organizaciones lamentan que “a pesar de que el Gobierno ha comenzado un proceso de diálogo para establecer un Pacto de Estado contra la violencia, lo cierto es que este proceso (lento y no demasiado claro al respecto de sus resultados) no garantiza que vaya a traducirse en un cambio claro de la legislación”. 

Las consecuencias de la falta de formación

Otra de las recomendaciones de la CEDAW era “disponer de cursos obligatorios para los jueces, los fiscales, los agentes de policía y otros agentes del orden” sobre violencia de género. Los operadores jurídicos de los juzgados especializados en violencia de género y los agentes de policía de las unidades especializadas reciben formación obligatoria, pero las organizaciones sociales denuncian que el resto no, a pesar “de que en muchos casos han de intervenir en situaciones de violencia”.

Es el caso, por ejemplo, de los juzgados que tramitan asuntos de familia y que resuelven temas relacionados con la patria potestad o el régimen de visitas. La mayoría de mujeres víctimas de violencia machista no denuncian a sus agresores y utilizan la vía civil, es decir la separación o el divorcio, para salir de la situación. La formación, tanto de jueces y fiscales como de equipos psicosociales que valoran a los menores, sería una manera de constituir un filtro contra la violencia machista en este tipo de juzgados.

También la Plataforma hace referencia al ámbito sanitario como una forma de detectar la violencia de género, sobre todo atención primaria, pero lamenta que “la formación de sus profesionales se produce de forma muy desigual en las distintas comunidades autónomas” y aunque “hay cierta calidad en los protocolos de intervención, no se ven acompañados de una formación adecuada”.

La falta de formación, prosigue el informe, provoca “la prevalencia de una mirada sexista y discriminatoria tanto en los peritajes como en los procesos judiciales y las sentencias”. Algo que, en su opinión, implica, por ejemplo, que los operadores jurídicos tramiten como violencia mutua casos de violencia machista porque el maltratador contradenuncia por haber sufrido supuestas agresiones. Algo de lo que ya ha alertado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Suspenso con las refugiadas

La tercera observación de la ONU evaluada por la Plataforma CEDAW Sombra se refiere a la recopilación de datos y análisis estadísticos. El informe identifica ciertas “carencias” en la recogida a nivel estatal porque deja fuera la violencia de género que se da fuera del ámbito de la pareja o expareja. Es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales asesinadas por clientes o el de una mujer asesinada el pasado mes de mayo por el maltratador de su sobrina por atreverse a denunciarle.

Por último, la Plataforma evalúa si la recomendación que obliga al Gobierno a “proporcionar tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de asilo” y adoptar una perspectiva de género. Una observación que “claramente suspende”, asegura el informe, “a la vista de las más que obvias carencias del Estado Español en sus compromisos de atención a las demandas de asilo y de acogida de personas refugiadas”.

Los colectivos denuncian que “no se reconocen las necesidades específicas de mujeres y niñas” en cuanto a “garantizar los mínimos que han de aplicarse en los procesos de entrevista con las mujeres”o respecto a la información que deben recibir. Además, concluye la evaluación, “se une la aplicación de una mirada ”insensible“ al género en la instrucción de las solicitudes de asilo”.

7.642 milions d'euros per programes de Defensa, zero euros per al Pacte d'Estat contra la Violència Masclista. Aquest serà el balanç dels propers Pressupostos Generals espanyols, que s'aprovarán al maig, a l'espera d'esmenes que puguin ser incorporades al document final. Oficialment, els pressupostos ordinaris d'aquest 2017 pugen només un 0,6% respecte als de l'any passat. Tanmateix, si hi sumem la integració dels pagaments encara pendents dels programes de modernització de les Forces Armades, abans ocults, i les despeses camuflades en altres ministeris i departaments, l'increment podria ser de fins a un 32%, com ja denunciava fa unes setmanes el Centre Delàs.

Algunes associacions asseguren que, després d'una anàlisi detallada de totes les partides, la despesa militar total serà de 33.762,4 milions d'euros, un pressupost similar al que el darrer govern del PSOE va destinar a la lluita contra la violència de gènere, l'any 2011.

La partida destinada a combatre el masclisme va patir, amb el canvi de govern, una retallada del 8,68% que no s'ha rectificat, i els Pressupostos Generals no contemplen cap inversió per a desplegar el Conveni europeu d'Istanbul, ratificat pel govern espanyol al 2014, ni per l'esmentat pacte d'Estat que, en teoria, havia de ser desplegat en els propers mesos. Fa més de 10 anys que el Congrès espanyol va aprovar per unanimitat la creació d'una subcomissió per analitzar què fallava en la sensibilització i en les mesures de protecció per combatre la violència de gènere, amb aquest acord polític i social a l'horitzó. Des de llavors, el masclisme assassí no només no ha remès, sinó que ha mort 802 dones i nenes.

Malgrat sembli que ambdues partides no tenen cap relació, el discurs que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, utilitza per legitimar l'augment en el pressupost militar i el silenci del govern en ple sobre la necessitat de combatre els feminicidis, són les dues cares d'una mateixa moneda. Responen, de forma clara, a dos paradigmes sobre la seguretat: el que col·loca al centre l'Estat, les seves institucions i la defensa dels seus valors -el militarisme, entre ells- i el que concep com a prioritat la seguretat dels individus d'una comunitat. Esmentaria encara un tercer, el que percep el gènere, la classe, la raça o l'ètnia com a factors clau a l'hora de ser objectiu d'amenaçes específiques o de viure experiències concretes.

“La seguretat de les nostres famílies comença als carrers de Mosul”, assegurava De Cospedal el 8 de març passat en una compareixença a Almeria. Defensava, també, que “l'expansió de la cultura de defensa no pertoca, només, a l'estament militar, sinó a tota la societat, perquè ja no existeix una autèntica divisió entre seguretat interior i exterior”. La ministra es remet, així, a un dels pilars més vells del discurs militarista: l'equiparació entre Estat, família i nació. La nació és una gran família que ha de ser defensada, els seus homes són els herois que han de matar i morir per a salvar-la, i les dones han d'exercir de mares supremes i abnegades, reproduir i cuidar els soldats – i a tota la societat- i enviar-los a morir.

Per De Cospedal, la gran amenaça, no només física, sinó pels valors de la nació, és a milers de kilòmetres, la batalla per la nostra seguretat es juga en un altre continent, però cal que tota la societat es militaritzi i esdevingui còmplice d'aquesta “cultura de la defensa” perquè l'amenaça també és interna. Passa, però, que l'extrema majoria dels habitants de l'Estat que moren de manera violenta ho fan, no en atemptats terroristes, sinó en suïcidis, assassinats masclistes i homòfobs, accidents laborals o crims amb un transfons de pobresa i racisme. I passa, també, que vivim en un continent en el qual una de cada tres dones ha estat maltractada o agredida sexualment.

Però la ministra i el seu govern redueixen el terme “seguretat” a qui pot patir com a amenaça més greu un potencial atemptat terrorista, excloent els nombrosos subjectes que veuen amenaçada la seva vida quotidiana i integritat per molts altres perills que, com demostra la inversió inexistent per al Pacte d'Estat i el desplegament de les directives europees i internacionals, no es conceben ni tan sols com a atacs a la seguretat nacional. A qui protegeix, doncs, l'Estratègia de Defensa Nacional de la que parla De Cospedal?

Quan la ministra es dirigeix als altres partits “per a assolir acords per damunt d'ideologies”, com si la seguretat fos un concepte unívoc i objectiu, es remet precisament a una manera concreta de percebre-la: la realista. La que defineix la seguretat en termes militars, la que branda la guerra com a principal eina en un conflicte, la que col·loca al centre la defensa de l'Estat i les seves estructures.

Però, de la mateixa manera que l'Estat no és una estructura neutral en termes de classe, raça, gènere i orientació sexual -Catherine Mackinnon deia que “l'Estat liberal es un home”, ara afegiríem, a més, que és blanc, ric, heterosexual i sa- tampoc la seguretat està lliure de connotacions ideològiques i de gènere. Als anys 90, escoles crítiques com la Noruega van aconseguir estendre globalment el concepte de “Seguretat Humana” (Human Security), com a contraposició a la seguretat militar realista. La seguretat humana desplaçava l'Estat com a subjecte central a protegir i posava el focus en les amenaces al benestar i a la integritat de la població, atenent a drets com l'educació, la salut, la democràcia, la degradació del medi ambient i la proliferació d'armes. Sota aquesta perspectiva, la pobresa i la injustícia esdevenien, també, atacs a la seguretat, i s'advocava per abordar les noves i velles amenaces amb receptes no militaristes.

Les persones, i no els Estats, eren l'objecte de la seguretat. Però el seu caràcter universalitzador mantenia en la invisibilitat experiències i danys que tenien i tenen a veure amb el gènere, la sexualitat o la condició de legal/il·legal. Partia, a més a més, de la divisió entre allò domèstic i allò internacional, entre allò públic i allò privat. Això suposava continuar seleccionant de forma excloent quines persones eren subjectes o no dels drets de ciutadania i quines vides mereixen ser protegides.

Quan el feminisme internacional comença a introduïr l'anàlisi de gènere als estudis de seguretat, ho fa desafiant no només la idea de l'Estat com a subjecte a protegir, també la mateixa concepció de l'Estat com a proveïdor d'aquesta seguretat. Una de les seves contribucions més destacades és la d'haver ampliat aquest concepcte als riscos específics per a la vida i la integritat que tenen lloc en l'àmbit privat, traslladant la violència contra les dones a l'àmbit públic i obligant la comunitat internacional a incloure-la en l'agenda política. Un dels instruments que va sorgir de la pressió va ser la Convenció per a l'Eliminació de totes les formes de Discriminació Contra les Dones (la CEDAW, coneguda també com a la 'Convenció de les Dones'), el comitè de la qual va instar l'any 2015 a l'Estat Espanyol a revertir les retallades, considerant-les un pas enrere claríssim en matèria d'igualtat.

El Comitè es mostrava “alarmat per la prevalència a Espanya de la violència contra les dones, inclosa la sexual, i per l'alt percentatge de dones que han mort com a resultat de la violència de gènere en les relacions de parella”. Malgrat això, el pressupost estatal destinat a la lluita contra la violència sexual continua essent inexistent, i només 9 de les 17 comunitats autònomes disposen de partides per a combatre-la.

Paral·lelament al discurs que proclama que Occident ha de gastar més en seguretat per enfrontar una gran amenaça, es reinstal·la en la societat un fanatisme patriarcal militant que posa a la picota les llibertats sexuals i el dret al propi cos. No és casual. El militarisme porta associat un programa moral molt conservador, el que Rita Laura Segato anomena en castellà “dueñidad” (la condició de ser amo o propietari d'algú). La declaració de guerra tàcita abasta no només l'esfera econòmica, també les vides i cossos de qui habita l'Estat. És un missatge de domini: 'aquests cossos només poden ser vulnerats pels nostres'.

7.642 millones de euros para programas de Defensa, cero euros para el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Este será el balance de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobarán en mayo, a la espera de enmiendas que puedan ser incorporadas en el documento final. Oficialmente, los presupuestos ordinarios de Defensa para este 2017 suben tan sólo un 0,6% respecto a los del año pasado. Sin embargo, si sumamos la integración de los pagos pendientes de los programas de modernización de las Fuerzas Armadas, antes ocultos y los gastos camuflados en otros ministerios y departamentos, el incremento podría ser de hasta un 32%, como ya denunciaba hace unas semanas el Centre Delàs. Hay asociaciones que, después de un análisis detallado de todas las partidas, aseguran que el gasto militar total ascendería a 33.762,4 millones de euros, un presupuesto similar al que el último gobierno del PSOE destinó en el año 2011 a la lucha contra la violencia de género.

La partida destinada a combatir el machismo sufrió, con el cambio de gobierno, un recorte del 8,68% que no se ha rectificado, y los PGE no contemplan inversión alguna para desplegar la Convención de Estambul, ratificada por el gobierno español en 2014, ni para el mencionado pacto de Estado que, en teoría, debía desplegarse estos meses venideros. Hace ya más de 10 años que el Congreso español aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión para analizar qué fallaba en la sensibilización y en las medidas de protección para combatir la violencia de género, con este acuerdo político y social en el horizonte. Desde entonces, el machismo asesino no sólo no ha remitido, sino que en sus manos han muerto 802 mujeres y niñas.

Aunque las dos partidas parezcan no tener relación, el discurso que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, utiliza para legitimar ese aumento en el presupuesto militar y el silencio de todo el gobierno sobre la necesidad de combatir los feminicidios, son dos caras de una misma moneda. Responden, de forma clara, a dos paradigmas sobre la seguridad: el que coloca al Estado, sus instituciones y la defensa de sus valores -el militarismo entre ellos- en el centro, y la que concibe como prioridad la seguridad de los individuos de una comunidad. Nombraría aún un tercero: el que percibe el género, la clase y la raza o etnia como factores clave a la hora de ser objetivo de amenazas específicas o de vivir experiencias concretas.

“La seguridad de nuestras familias empieza en las calles de Mosul”, aseguraba De Cospedal el pasado 8 de marzo en una comparecencia en Almería. Defendía, también, que “la expansión de la cultura de Defensa no sólo atañe al estamento militar, sino a toda la sociedad porque hoy no existe una auténtica división entre seguridad interior y seguridad exterior”. La ministra se remite así, en primer lugar, a uno de los más viejos pilares del discurso militarista: la equiparación entre el Estado, la familia y la nación. La nación es una gran familia que debe ser defendida, sus hombres son los héroes que deben matar y morir para salvarla y sus mujeres, como reza otro manido puntal del militarismo, deben ejercer de madres supremas y abnegadas, reproducir y cuidar a los soldados -y al resto de la sociedad- y enviarlos a morir.

Para De Cospedal, la gran amenaza, no sólo física, sino para los valores de la nación, está a miles de kilómetros, la batalla por nuestra seguridad se juega en otro continente, pero toda la sociedad debe militarizarse, ser cómplice de esa “cultura de la defensa”, porque la amenaza también es interna. Resulta, sin embargo, que, en su extrema mayoría, los habitantes del Estado Español que mueren de forma violenta no lo hacen en atentados terroristas, sino en suicidios, asesinatos machistas u homófobos, accidentes laborales o crímenes cuyo trasfondo son la pobreza o el racismo. Y resulta, también, que vivimos en un continente en el que una de cada tres mujeres ha sido maltratada o agredida sexualmente.

Pero la ministra y su gobierno reducen el término 'seguridad' a quien puede sufrir como mayor amenaza un potencial atentado terrorista, excluyendo a los numerosos sujetos cuya existencia cotidiana e integridad se ven amenazadas por otros muchos peligros que, como demuestra la inexistente inversión para el Pacto de Estado y el despliegue de las directivas europeas e internacionales, ni siquiera se conciben como ataques a la seguridad nacional. A quien protege, pues, esa Estrategia de Defensa Nacional de la que hablan?

Cuando la ministra se dirige a los otros partidos “para alcanzar acuerdos por encima de ideologías”, como si la seguridad fuese un concepto unívoco y objetivo, se remite, precisamente, a una forma concreta de percibirla: la realista. La que define la seguridad en términos militares, la que maneja la guerra como principal herramienta en un conflicto, la que coloca en el centro la defensa del Estado, sus estructuras y lo que cree sus valores.

De la misma manera que el Estado no es una estructura neutral en términos de clase, raza, género y orientación sexual -Catherine Mackinnon decía que “el Estado liberal es un hombre”, ahora añadiríamos que es, además, blanco, rico, heterosexual y sano- tampoco la seguridad está desprovista de connotaciones ideológicas y de género. En los años 90, escuelas críticas como la Noruega lograron extender globalmente el concepto de “Human security” (seguridad humana) como contraposición a esa seguridad militar realista. La seguridad humana desplazaba al Estado como sujeto central a proteger y ponía el foco en las amenazas al bienestar y a la integridad de la población, atendiendo derechos como la educación, la salud, la democracia, la degradación medioambiental y la proliferación de armas. Bajo esta perspectiva, la pobreza i la injustícia devenían, también, ataques a la seguridad, y se abogaba por abordar las nuevas y viejas amenazas con recetas no militaristas.

Las personas, y no los Estados, debían ser el objeto de la seguridad. Sin embargo, su caracter universalizador mantenía en la invisibilidad experiencias y daños que tenían y tienen que ver con el género, la sexualidad o la condición de legal/ ilegal. Partía, además, de la división entre lo doméstico y lo internacional, lo público y lo privado. Eso suponía, pues, seguir seleccionando de forma exluyente qué personas eran o no sujetos de derechos y de ciudadanía y qué vidas merecían ser protegidas.

Cuando el feminismo internacional comienza a introducir el análisis de género en los estudios de seguridad, lo hace desafiando no solo la idea del Estado como sujeto a proteger, sino la misma concepción del Estado como proveedor de seguridad. Una de sus mayores contribuciones es haber ampliado este concepto a las amenazas específicas para la vida y la integridad que ocurren en el ámbito privado, llevando la violencia contra las mujeres al ámbito público y obligando a la comunidad internacional a incluirla en la agenda política. Uno de los instrumentos surgidos de esa presión fue la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW), conocida también como la 'Convención de las Mujeres', cuyo comité instó al Estado Español en 2015 a revertir los recortes al considerar que habían supuesto un claro retroceso en materia de igualdad.

El Comité llega a asegurar en el informe que “está alarmado por la prevalencia en España de la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, y por el alto porcentaje de mujeres que han muerto como resultado de la violencia de género en las relaciones de pareja”. A pesar de ello, el presupuesto estatal destinado a la lucha contra la violencia sexual sigue siendo inexistente, y solo 9 de las 17 comunidades autónomas disponen de partidas para combatirla.

Paralelamente al discurso de que Occidente necesita gastar más en seguridad para afrontar una gran amenaza, se reinstala en la sociedad un fanatismo patriarcal militante, que pone en la picota las libertades sexuales y el derecho al propio cuerpo. No es casual. El militarismo lleva asociado un programa moral muy conservador, lo que Rita Laura Segato llama “dueñidad”. La declaración de guerra tácita abarca no sólo la esfera económica, sinó también las vidas y cuerpos de quienes habitan en el Estado. Es un mensaje de dominio: 'esos cuerpos solo pueden ser vulnerados por los nuestros'.

La sala contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido exculpar al Estado español y negar una indemnización a Ángela González, la mujer que lleva librando una batalla legal desde el año 2004 por el asesinato de su hija a manos de su padre maltratador. Con esta decisión el tribunal desoye a la ONU, que en 2014 emitió un dictamen en el que reprocha la actuación de las instituciones y recomienda otorgar una reparación a la mujer y realizar una investigación. 

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) concluyó que la negligencia de las instituciones estatales dio lugar a la muerte de la niña y reprochó al Gobierno no protegerlas. Ángela González había denunciado en repetidas ocasiones a su exmarido por violencia machista y pidió hasta en 30 ocasiones que le impidieran ver a su hija, de siete años, hasta que en una de las visitas sin supervisión él asesinó a la niña y se suicidó.

El principal argumento que utiliza la Audiencia Nacional es que este proceso ya se juzgó en el año 2004, cuando negó la responsabilidad de las instituciones. Sin embargo, la organización Women's Link Worldwide, que lleva el caso de Ángela, se ampara en que “existe un documento posterior, el de la ONU, que hace ver que la decisión fue errónea y por ello se puede reabrir y revisar el caso”, sostiene Gema Fernández, abogada del colectivo. 

La batalla legal de Ángela comenzó hace 12 años, cuando presentó un escrito ante el Ministerio de Justicia que fue denegado. La mujer recurrió pero ningún tribunal le dio la razón hasta que llegó a instancias internacionales. La CEDAW emitió su informe y la defensa de Ángela volvió a activar la maquinaria. Presentó en 2014 un recurso de revisión extraordinario ante el Ministerio de Justicia adjuntando el dictamen de la ONU. Meses más tarde Justicia estimó que no cabe reclamación de responsabilidad patrimonial. Una postura confirmada ahora por la Audiencia Nacional.

“La sentencia no entra a valorar el fondo del caso y le resta valor al dictamen afirmando que no es vinculante y que son recomendaciones”, sostiene Fernández. Para la defensa, esta decisión supone un “grave déficit democrático” porque, sostiene la abogada, “la firma y ratificación de convenios internacionales obliga al Estado español a proteger y garantizar derechos y no puede pretender que las decisiones de la CEDAW no tienen ningún efecto sobre sus instituciones”. Ángela González, explica Fernández, “no confía en el sistema judicial”, pero la organización ha confirmado que recurrirán la sentencia de la Audiencia Nacional. 

El maltrato físico y psicológico al que fue sometida Ángela, del que también era víctima su hija, fue denunciado en más de 30 ocasiones ante instancias policiales y judiciales. En las denuncias ponía de manifiesto el rechazo de su hija a quedarse a solas con su padre, la manipulación a la que éste le sometía y el miedo que tenía de que le hiciera algo como forma de hacerle daño a ella. Solicitaba medidas de protección para ambas, sin embargo, su exmarido solo fue condenado una vez, por una falta de vejaciones, y la pena impuesta se limitó a una multa de 45 euros.

La batalla de Ángela González parece no tener fin. El Ministerio de Justicia ha emitido una resolución en la que confirma que no indemnizará ni reparará a la mujer que denunció por violencia machista en repetidas ocasiones a su exmarido y pidió que le impidieran ver a su hija, de siete años, hasta que en una de las visitas sin supervisión él asesinó a la niña y se suicidó.

Ocurrió hace 12 años y, desde entonces, Ángela no ha dejado de intentar demostrar la responsabilidad del Estado, hasta conseguir una resolución de la ONU en 2014 que reprocha la actuación de las instituciones y recomienda otorgar una reparación a la mujer y realizar una investigación. Sin embargo, el Gobierno sigue sin atender a las advertencias del organismo.

La organización Women's Link Worldwide, que lleva el caso de Ángela, recibió este lunes una resolución del Ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que desestima el recurso presentado por la mujer amparándose en que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) es “un dictamen de carácter jurídico que no vincula al Estado español en cuanto a su cumplimiento”. En él, el Comité concluyó que la negligencia de las instituciones estatales dio lugar a la muerte de la niña y reprochó al Gobierno no protegerlas.

La resolución se remitió el mismo día en que el CEDAW publicaba sus observaciones finales del examen realizado a España el pasado mes de julio en materia de igualdad de género. En una de ellas pide explícitamente al Estado que implemente las recomendaciones sobre el caso de Ángela y se muestra especialmente preocupado por el número de niñas y niños asesinados por sus padres durante el régimen de visitas, que según el organismo han sido 20 entre 2008 y 2014.

Para Viviana Waisman, presidenta de Women's Link Worldwide, la explicación del Ministerio de Justicia no es válida, pues “en el momento en que un país firma y ratifica un tratado internacional está demostrando un compromiso con los derechos humanos”. España firmó y ratificó la Convención CEDAW en 1984. “La decisión de no cumplir con los compromisos internacionales adquiridos libremente por el Estado es inaceptable”, sostiene Waisman.

Más de 30 denuncias

El Gobierno ha vuelto a repetir que “no existe base jurídica” para otorgar a Ángela una reparación y una indemnización “proporcional a la gravedad de lo sucedido”, que es lo que pide la ONU. Algo que ya esgrimió el pasado mes de enero, cuando envió al Comité un informe en respuesta a sus recomendaciones en el que se amparaba en que “en las sentencias emitidas por los tribunales nacionales no se apreció un funcionamiento anormal de la administración de justicia”. Y es que Ángela estuvo pleiteando numerosos años en varios tribunales españoles sin éxito.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha justificado este martes el rechazo a la indemnización porque, según él, no ha quedado demostrado “el mal funcionamiento de la justicia”, ha dicho en declaraciones recogidas por EFE. Aún así, ha reconocido que “se produjo un hecho lamentable” y “reprobable desde todo punto de vista”. Esta es una de las pocas ocasiones en las que un miembro del Gobierno se pronuncia respecto a este caso. “Cuando fallecen en este país personajes públicos, actores o gente conocida este gobierno siempre tiene palabras de pésame y condolencia. Yo sigo esperando”, decía hace unos meses Ángela refiriéndose a la falta de reconocimiento público que critican desde Women's Link Worldwide.

La batalla de la mujer comenzó en 2003, cuando su exmarido y padre de su única hija asesinó a la niña en un régimen de visitas sin vigilancia. El maltrato físico y psicológico al que estaba siendo sometida Ángela, del que también era víctima su hija, fue denunciado en más de 30 ocasiones ante instancias policiales y judiciales. En las denuncias ponía de manifiesto el rechazo de su hija a quedarse a solas con su padre, la manipulación a la que éste le sometía y el miedo que tenía de que le hiciera algo como forma de hacerle daño a ella. Solicitaba medidas de protección para ambas, sin embargo, su exmarido solo fue condenado una vez, por una falta de vejaciones, y la pena impuesta se limitó a una multa de 45 euros.

El Gobierno español sigue desoyendo a la ONU, pero aún así Waisman ha recalcado este martes que Ángela “seguirá luchando” y continuará recurriendo a los tribunales españoles. “Esperamos que el Estado aproveche esta oportunidad para demostrar que la lucha contra la violencia machista es una prioridad para España e implemente las recomendaciones hechas por el CEDAW”, ha declarado.

“Las medidas de austeridad introducidas en respuesta a la crisis económica han tenido un impacto grave y desproporcionado en las mujeres”. Lo dice el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés), que este miércoles evalúa al Gobierno en Ginebra sobre el grado de implantación de los derechos de las mujeres, tras la visita que realizó el pasado diciembre.

El último informe presentado por la CEDAW, fechado a 17 de junio, analiza la situación de las mujeres en España en diferentes ámbitos y, entre sus indicaciones, reprocha al Gobierno que las políticas de austeridad “han relegado a muchas mujeres a los tradicionales roles de subordinación y han empeorado su situación en la vida económica, social y política”. Algo que la delegación española que se encuentra en Ginebra no comparte.

La austeridad, unida a “la cultura del machismo y la influencia social de las instituciones religiosas patriarcales”, conduce al organismo a concluir que, los avances en igualdad de género alcanzados en los últimos años “están en riesgo de retroceso”. Sin embargo, para el Gobierno los recortes en esta materia parecen no existir: el informe que envió al comité de cara al examen ni siquiera los nombraba y omitía la reforma del aborto que preparaba entonces.

La CEDAW llama la atención a España por la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP en 2012, que ha dado lugar a un mercado de trabajo “cada vez más precario”, por los recortes en becas de comedor y ayudas para guarderías y por el tijeretazo al sistema de la dependencia, que en 2014 perdió más de 47.000 beneficiarios y que, en opinión de la ONU, “ha supuesto una carga adicional para las mujeres”, que son las que mayoritariamente se encargan del cuidado de personas dependientes.

Desventaja en el mercado laboral

La CEDAW analiza las características del mercado laboral y alerta de la alta concentración de mujeres en los trabajos a tiempo parcial, que suponen un 70%, según las cifras que ha recopilado. Además, recuerda que la brecha salarial de género “sigue siendo superior a la media de la Unión Europea”. De acuerdo con un reciente informe de UGT, las trabajadoras cobran de media un 23,9% menos al año que los trabajadores por desempeñar empleos de igual valor, algo que contrasta “con su tasa de matriculación universitaria, que es superior a la de los hombres”. Además, el comité recomienda a España adoptar medidas para fomentar la presencia de mujeres en los cargos de la Administración pública.

Que los cuidados y las tareas del hogar sigan siendo un asunto de mujeres no se libra de las acusaciones de la ONU. Esta “carga”, sostiene, “constituye una barrera estructural grave para lograr la igualdad de oportunidades en el empleo”. Los datos avalan el reproche: el 95% de las personas que están fuera del mercado laboral para dedicarse a los cuidados son mujeres.

En el ámbito de la educación el comité insta a España a poner en práctica programas de género específicos en el sistema educativo y a “redoblar los esfuerzos para eliminar las imágenes estereotipadas y las actitudes con respecto a los roles de hombres y mujeres en la familia y en la sociedad”. Además, recomienda al Gobierno recuperar “Educación para la Ciudadanía”, convertida en otra asignatura optativa a Religión por la LOMCE del ministro Wert. Algo que supone “un retroceso de los esfuerzos por eliminar los estereotipos discriminatorios de género”.

Preocupación por la reforma del aborto

Otro de los puntos que señala el informe es la ley contra la violencia de género de 2004, una normativa que la CEDAW celebra, pero de la que identifica lagunas. Entre ellos, el hecho de que no cubre todos los supuestos de violencia por cuestiones de género, únicamente los que ocurren en el entorno de la pareja o expareja. Por otro lado, urge a “garantizar una formación obligatoria de jueces y personal administrativo sobre violencia de género”. Además, llama la atención al Gobierno español sobre el caso de Ángela González, cuyo exmarido asesinó a la hija de ambos en un régimen de visitas después de ser denunciado por maltrato.

La ONU dictaminó que el Gobierno debía otorgar a Ángela una reparación e indemnización “proporcional” y realizar una investigación para determinar los posibles fallos cometidos por las instituciones. Unas recomendaciones que España todavía no ha cumplido, lo que “sugiere una falta de comprensión y de responsabilidad en las obligaciones del Estado”, subraya la CEDAW en su informe.

Sobre la salud y los derechos reproductivos de las mujeres también se pronuncia y traslada su preocupación por la intención del Partido Popular de reformar la ley del aborto para que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno. Algo que “es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos”. También recrimina a España el decreto ley 16/2012, que “dejó sin tarjeta sanitaria a las mujeres migrantes, importante para detectar casos de violencia de género”, analiza el organismo.

“Cuando fallecen en este país personajes públicos, actores, políticos o gente conocida, este gobierno siempre tiene palabras de pésame y condolencia. Yo sigo esperando”. Con voz serena y sosegada, pero también con un punto de indignación, Ángela González se dirige a las autoridades en un ejercicio de lucha incansable, que aún no acaba. Su batalla comenzó hace 12 años, cuando su exmarido y padre de su única hija de 7 años, del que entonces se estaba separando y al que había denunciado por violencia machista, asesinó a la menor durante una de las visitas acordadas sin supervisión a pesar de las múltiples advertencias de la mujer sobre el peligro que corrían ambas.

Como resultado, España fue condenada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en julio de 2014 por no proteger diligentemente a una víctima de violencia machista, después de que los tribunales españoles le hubieran cerrado la puerta. Según el dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) el Gobierno debe otorgar a Ángela una reparación e indemnización “proporcional” y realizar una investigación para determinar los fallos del Estado que ocasionaron la muerte de su hija Andrea.

Ángela todavía sigue esperando unas palabras de perdón. Ninguna autoridad ha hecho un reconocimiento público y ni siquiera el Gobierno accede a reunirse ni con ella ni con la organización que lleva el caso, Women's Link Worlwide. Tampoco va a percibir la indemnización que, según la ONU, le corresponde, pues de acuerdo con la respuesta que ha esgrimido España “no existe base jurídica” para hacerlo. “Parece que las víctimas de violencia machista seguimos siendo invisibles para todos ellos en cuanto a respeto y recuerdo”, denuncia.

Un caso silenciado

No solo el reconocimiento y la reparación de Ángela parece no ser una prioridad para el Ejecutivo, pues no está dispuesto  a llevar a cabo la investigación del caso que recomienda el organismo internacional. “En su momento ya se abrió, pero hacerlo ahora sobre hechos del año 2003 no va a traer nada nuevo”, sostienen fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por eldiario.es.

Para Gema Fernández, abogada de Women's Link Worlwide, “lo más preocupante es que siguen sin reconocer la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de la niña”. La respuesta que el Estado ha dado al CEDAW habla de “hechos lamentables”, pero “continúa sin aceptar que sí tiene responsabilidad, a pesar de que una instancia internacional le ha condenado por ello”.

La escueta respuesta del Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del PSOE sobre Ángela González evidencia el silencio institucional que rodea al caso. “Están evitando pronunciarse”, comenta Viviana Waisman, Presidenta de Women's Link Worlwide. El Ministerio de Justicia tampoco ha contestado a las preguntas de este diario sobre la falta de reconocimiento público a la mujer.

Más seguimiento

Ángela y la organización que lleva su caso no se dan por vencidas. Siguen en diálogo con el CEDAW para intentar que continúe haciendo seguimiento de la situación y, además, han abierto dos vías legales ante instancias nacionales. “Hasta que no se cumpla con la decisión tomada por el Comité de la ONU, mi vida será siempre una lucha”, sostiene Ángela.

Su batalla es también para otras mujeres y sus hijos e hijas, para que el asesinato de la suya no se vuelva a repetir. Este es también uno de los objetivos del dictamen de las Naciones Unidas, que recomienda a España tomar medidas adecuadas y efectivas para garantizar el principio de no repetición. En este sentido, el proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, aprobada el pasado día 20, no desarrolla los mecanismos de protección adecuados de los menores, según las organizaciones sociales que trabajan con mujeres maltratadas. “No queremos palabrería, queremos medidas concretas”, remarcan desde Women's Link.

“¿Cuántos asesinatos tiene que haber para que la justicia proteja de verdad a nuestros hijos e hijas?”, se pregunta Ángela González. Los datos corroboran que las suspensiones del régimen de visitas a padres maltratadores están descendiendo: según el Consejo General del Poder Judicial, en 2011 se suspendió un 3,4%; en 2012 un 3,1% y en 2013 el 3%. Para Viviana Waisman, el error es “asumir la necesidad imperante de que la figura paterna es imprescindible”. Sin embargo, recuerda: “Un padre maltratador no es un buen padre”.

Es un problema de mentalidad

Son estos estereotipos los que, según Women's Link Worlwide, perpetúan la violencia de género contra las mujeres. Waisman pone un ejemplo concreto: “En el momento de denunciar a la policía que te han robado algo, nadie te pregunta ¿seguro que lo han hecho?”. En su opinión este es el proceso que tiene que sufrir una mujer al denunciar violencia machista. “Sigue existiendo un sesgo brutal hacia las mujeres, que se presupone que mienten o manipulan”.

De acuerdo con la abogada Gema Fernández, las leyes son más o menos garantistas; “el problema es la mentalidad”. En la organización se han encontrado con informes de equipos psicosociales, que participan en los casos de violencia de género, en los que “se cuestiona constantemente a la mujer”. “Esto no ocurre con otro tipo de víctimas”, sostiene Fernández.

Una mayor formación y sensibilización de los jueces y todos los profesionales que interfieren en un caso de este tipo de violencia es la apuesta que hacen desde Women's Link Worlwide. El objetivo: que el caso de Ángela no se vuelva a repetir y recordar que no es aislado, “que la violencia de género sigue ahí y es necesario erradicarla”.

Si bien la región está presidida por una mujer, la condición real de la igualdad entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha ha sido puesta en cuestión por los resultados publicados en el informe Sombra 2008-2013. Este documento pone de manifiesto los resultados de la aplicación en España de la convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres (CEDAW en su sigla en inglés). Más de 260 organizaciones, entre las que no se cuenta ninguna regional, firmaron los resultados de un trabajo llevado a cabo entre febrero de 2013 y 2014.

Respecto a situaciones específicas de Castilla-La Mancha el informe señala en su apartado denominado ‘Persistencia de discriminación y carencia de medios en la lucha contra todas las formas de violencia de género’, que muestra limitaciones de la región, como la desaparición de centros de información a la mujer en las áreas rurales de la región, o la situación del centro de la mujer de Ciudad Real que, al cierre del informe, se encontraba en riesgo de desaparecer, situación que finalmente se ha rectificado, si bien su reapertura se realizó sin contar con todo el personal exigido ni cumpliendo con los plazos de la concesión.

En el apartado referido a la política, el informe hace hincapié en que gracias a lo estricto de la ley electoral autonómica el parlamento regional se encuentre entre las instituciones regionales más cercanas a la paridad, señalando un porcentaje del 47,5%. El porcentaje total de mujeres en el Gobierno autonómico bajó de manera “paradójica”, como señala el documento, hasta alcanzar sólo el 29%, en contraste con la media que llega al 34,2%.

Finalmente, otro punto destacado por el documento es la importante diferencia del presupuesto destinado a igualdad en la región, que pasó de cerca de 26 millones en 2008 a superar apenas los 14 millones en 2013, con una diferencia de un 45,7%. Esto significa que se destinan apenas 6,6 euros a cada ciudadano en materia de igualdad, o, en términos porcentuales, un 0,19% del presupuesto total. El informe señala también que la región, junto a Aragón, Extremadura y Castilla-León, está entre aquellas que sólo realizan interrupciones voluntarias del embarazo en centros privados.

“Necesitaba que alguien me dijera que sí que había habido fallos en la justicia”. Es la frase que Ángela González llevaba más de una década deseando pronunciar y que ha compartido hoy en un acto en Madrid. La historia de violencia de género de González ha concluido con una condena histórica de la Organización de Naciones Unidas contra España, por no proteger diligentemente a una víctima de este tipo de violencia. Este jueves se ha mostrado recompensada por el reconocimiento internacional de una lucha judicial que se saldó con la muerte de su hija de siete años a manos de su exmarido, a pesar de haber denunciado en inmumerables ocasiones el peligro que sufría la menor.

La mujer toma aliento antes de comenzar la rueda de prensa, organizada por la organización Women's Link Worldwide, que llevó su caso ante la ONU. Afirma que siente que se ha hecho justicia, tras once años de lucha y del “asesinato anunciado” de su hija por parte de su maltratador, que le llevó a pedir protección para la niña desde que tenía tres años. “España sí tiene responsabilidad”, remarca.

Pero la justicia no llega en forma de sentencia española, sino que ha tenido que ser el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) la que reprenda a los tribunales nacionales. La justicia española no estimó que Ángela González tuviese razón en sus 48 denuncias presentadas, en las que exigía la responsabilidad de la Administración en la muerte de su hija. “Nadie vio ningún error. Yo me atrevería a decir que a esta justicia no le importó la muerte de mi hija”, apunta la mujer.

La condena ha recompensado un trabajo incansable durante más de una década. “Necesitaba que alguien me diera la razón. Necesitaba que alguien me dijera que sí que había habido fallos en la justicia. Necesitaba que alguien me dijera que mi hija no había sido custodiada por la justicia ni por nadie”, afirma.

Las obligaciones de España

El dictamen del Comité obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar a Ángela González, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas. Paloma Soria, abogada de Women's Link que ha dirigido el caso, y Viviana Waisman, presidenta de la asociación, afirman de manera contundente que España está obligada a cumplir con las exigencias de la ONU.

La abogada ha afirmado que pedirán que algún representante del Gobierno pida perdón públicamente a Ángela González. Además, tal y como pide la condena del Comité, Paloma Soria exige “formación obligatoria sobre qué es la violencia de género y sus estereotipos” para todos los funcionarios que entren en contacto con casos de vioelncia machista.

Una instrucción adecuada del personal de la Administracióin y la Justicia se antoja fundamental para Ángela González, que resposabiliza de la muerte de su hija a los informes de las trabajadores sociales que llevaron el caso de la menor y al defensor del menor, que no valoró el peligro de dejar solos al padre y a la hija.

El interés del menor y su consideración como una víctima más de la violencia machista también han sido protagonistas del discurso de las ponentes. Ángela González recuerda: “No me cansaré de decir que los hijos de un padre maltratador siempre los manipulará y tratará como una moneda de cambio con el único objetivo de hacer daño a su propia madre”.

La mujer se detiene para reflexionar por qué hoy en día, con una legislación avanzada en materia de violencia de género, continúan los crímenes machistas: “La justicia ha avanzado muy poco. Las leyes están implantadas pero no se llevan a cabo. No hay protección a las mujeres y los hijos siguen estando sin protección, sin prevalecer el derecho del menor por encima de un padre maltratador”.

Entre los culpables, González también señala a la sociedad española, aún “muy machista”. Más en concreto, llama la atención de la familia, el entorno del maltratador, como una vía de reacción y apoyo a la víctima. “No se entiende muy bien que no quieran apoyar e intentar que no sucedan las cosas que pasan. Sería (la familia) un apoyo muy muy importante para hacer recapacitar a esa persona (el agresor)”, indica.

Sin embargo, el porvenir lo afronta con algo más de optimismo. “Ahora es una nueva etapa. Hay que seguir luchando”, dice. A pesar de las 48 denuncias sin resultados favorables en los tribunales españoles, la mujer aconseja a las víctimas de violencia machista “que denuncien”. “Que denuncien porque creo que finalmente la justicia, a lo mejor, hace caso a todas las obligaciones que tiene y podamos empezar a salir adelante”, prosigue.

En lo que llevamos de año, 34 mujeres han sido asesinadas a manos de 34 hombres, sin que este devastador dato haga saltar la tolerancia de la sociedad ante los asesinatos de mujeres

Ha tenido que venir un organismo internacional, la ONU, para afear la conducta a la justicia española por su negligente actuación a la hora de impedir el asesinato de una niña de siete años a manos de su padre maltratador.

Ángela González denunció casi cincuenta veces a su marido por torturarla, por maltratarla, por perseguirla en coche a ella y a su hija, por intentar raptar a la niña; advirtió del severo riesgo de que su hija Andrea acabara asesinada a manos de su maltratador marido.

El resultado de tantas denuncias es devastador: la justicia sólo vio necesario que el marido le pagase a Ángela González 50 euros, en el único caso en el que le encontró culpable. Un solo caso después de semejante catarata de malos tratos, abusos y amenazas.

Ángela se separó de su marido, harta del maltrato, y avisó de manera reiterada de los riesgos que sufría la hija de ambos en las visitas que compartía con su padre. Tal y como temió Ángela, en una de esas visitas sin vigilancia, el padre raptó y asesinó a su hija, Andrea, de 7 años. Luego se suicidó.

Sostiene la madre que se ha quedado sin hija, que ella ha sido invisible para la Justicia, que no se leyeron sus denuncias, que no se prestó atención a sus advertencias de que la vida de su hija corría peligro si estaba en manos de su padre, que no se atendieron sus reclamaciones y avisos de que su hija podía ser asesinada.

Sin encontrar justicia ni reparación en su país, Ángela recurrió hasta la ONU, que condena ahora a España a indemnizar a la víctima por negligencia. Está bien, pero llega muy tarde.

Los jueces españoles son el colectivo menos beligerante en la lucha contra el terror que sufren las mujeres. No solo los jueces hombres, también las juezas mujeres, a los que aún no les cabe en la cabeza, por ejemplo, que una mujer universitaria, bien vestida, sin ningún rasgo de subdesarrollo en su aspecto, pueda ser víctima de violencia machista. Hablo de un ejemplo concreto, de una mujer que también ha sido invisible durante años para la justicia española y se ha sentido culpable cuando era víctima.

Lo que dice Ángela es que resulta del todo imposible que un padre que somete a su esposa a la tortura del terror, sea un buen padre. Es evidente que en casos de maltrato de un hombre a “su” mujer, cuando hay hijos entre ambos, los niños suelen ser una moneda de cambio, un elemento para el chantaje contra la mujer.

En lo que llevamos de año, 34 mujeres han sido asesinadas a manos de 34 hombres, sin que este demoledor dato consiga salir de la rutina informativa, sin que ese devastador dato haga saltar la tolerancia de la sociedad ante los asesinatos de mujeres.

En muchos caos, esas mujeres asesinadas dejan hijos huérfanos que ven cómo su padre ha matado a su madre y luego es encarcelado o se suicida. Queda por saber cómo será la vida de esas decenas de menores, de niñas y de niños que han perdido a su madre a manos de su padre.

Lo único positivo de este caso es que, a partir de ahora, y gracias a la demanda interpuesta por la combativa madre, se tengan en cuenta de manera estrictamente rigurosa los antecedentes de padres maltratadores, para alejarlos de sus hijos.

Un marido maltratador no puede ser un buen padre.