El pacto de Estado contra la violencia machista echa a andar sin unanimidad y sin garantías de aplicarse
El pacto de Estado contra la violencia machista ha dado el último paso de su trámite parlamentario. El pleno del Congreso ha aprobado por 278 votos a favor y 65 abstenciones –Unidos Podemos y uno del Grupo Mixto– el informe que ya fue ratificado por la Comisión de Igualdad el pasado mes de julio. El pacto no ha logrado simbolizar la unidad política que escenificó la cámara al inicio de los trabajos y tampoco arrancar al Gobierno un compromiso concreto de aplicación de las medidas, por lo que la puesta en marcha dependerá de su diligencia.
Esta es una de las razones que han motivado la abstención de Unidos Podemos, que condicionaba su apoyo a la aprobación de su enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada. “Este pacto no nos vale aunque muchas de las medidas que están ahí son buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se va a poner en marcha”, ha asegurado la diputada de En Marea Ángela Rodríguez.
Según el documento aprobado, el Ejecutivo tiene “un plazo máximo de dos meses” para someter el pacto al acuerdo con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la administración de Justicia y organizaciones sindicales y empresariales. Pero ningún grupo de la oposición oculta que depende de su voluntariedad, ya que este tipo de dictámenes son un acuerdo político y un compromiso, pero no establecen obligatoriedad. Ninguna de las medidas están sujetas a un calendario ni tienen un presupuesto concreto asignado.
El pleno ha rechazado y aceptado los mismos votos particulares que en la votación de la Comisión, excepto los referentes a acoso sexual en el trabajo y matrimonios forzosos de Unidos Podemos, que han sido aceptados. Por ello, el pacto de Estado incluirá varias medidas más, que se suman a las 213 existentes, sobre la aprobación de una ley específica sobre acoso sexual en el trabajo, la elaboración obligada de protocolos en las empresas o la formación específica para el personal de recursos humanos. Además, se ha incorporado la creación de centros especializados para las víctimas de matrimonios forzosos.
Las mujeres con hijos asesinados serán víctimas
La presidenta de la Comisión de Igualdad, la socialista Pilar Cancela, ha sido la primera en subir a la tribuna para defender el informe emanado de la subcomisión creada para tal fin. “Este es un acuerdo que supone renunciar a posiciones de parte para redundar en el beneficio de todos y todas”, ha apuntado poco antes de agradecer al movimiento feminista sus aportaciones, “sin las que hubiera sido muy difícil o imposible”. La presidenta ha querido remarcar que el pacto “no es un fin en sí mismo”, sino “un medio para acabar con la violencia machista”.
Los representantes del resto de formaciones han celebrado la aprobación del acuerdo, aunque muchas intervenciones han lamentado “que no se trate de un pacto social”, sino político e institucional, ha dicho la diputada del grupo mixto (Compromís) Marta Sorlí Fresquet. Algo a lo que también ha apuntado en varias ocasiones Unidos Podemos, que lo considera “una oportunidad perdida” para contar con el movimiento feminista: “Es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”, ha dicho la diputada Sofía Castañón.
Ciudadanos, por su parte, ha esgrimido algunas medidas que han quedado fuera del pacto y ha pedido a Unidos Podemos su voto a favor. La diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, ha echado en cara al resto de grupos que no suban a la tribuna “a defender sus votos particulares sino a hacer mítines políticos” y ha apostado por hacer normas específicas para cada tipo de violencia, en vez de una ley de violencias machistas, como piden otras formaciones, que incluya todo los tipos y que supondría reformar la ley de violencia de género de 2004.
“El mejor ejemplo que damos hoy no está en la ruptura de la unidad, estará en el voto que presentamos de forma conjunta”, ha celebrado Álvarez. Dicha iniciativa, que ha sido aprobada con solo una abstención y ningún voto en contra, supone incluir en el pacto de Estado como víctimas de violencia de género a las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas. La voz de alarma la dio este verano Ruth Ortiz, la madre de los dos pequeños asesinados en 2011 por José Bretón –la mujer se encontraba este jueves en la tribuna de invitados– y que dio lugar a la propuesta del PSOE a la que se unieron el resto de grupos.
El debate ha finalizado con la intervención de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que la semana pasada anunciaba que había un acuerdo unánime de cara a la votación. “Ahora nos corresponde a nosotros trabajar en el acuerdo. No vamos a descansar ni un minuto”, ha anunciado.
