El Congreso vota el pacto de Estado contra la violencia machista sin acuerdo unánime previo
El pacto de Estado contra la violencia machista enfrenta su último paso del trámite parlamentario. El pleno del Congreso votará este jueves el dictamen que ya fue ratificado por la Comisión de Igualdad en julio y que supone un compromiso de 200 medidas en materia de violencia machista. El voto definitivo no cuenta de momento con la esperada unanimidad que escenificó la cámara al acordar su articulación y lo previsible es que Unidos Podemos vuelva a abstenerse.
Así lo hizo el pasado 28 de julio, cuando el dictamen salió adelante en comisión por 29 votos a favor y las siete abstenciones de las diputadas de la coalición. Aunque la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró la semana pasada que había acuerdo entre todos, Unidos Podemos condiciona su apoyo a la aprobación de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo.
Lo más probable es que sea rechazada y el pacto no logre simbolizar la unidad política tan anhelada desde el inicio de los trabajos. Además las formaciones intentarán buscar apoyos de nuevo para sus votos particulares que quedaron fuera de la primera votación. Uno de ellos ya se ha consensuado y el pacto de Estado reconocerá como víctimas a las madres cuyos hijos han sido asesinados por violencia machista para que puedan acceder a derechos y prestaciones.
La falta de garantías para que las medidas contenidas en el dictamen sean puestas en marcha es una de las críticas que encabezan la propuesta de Unidos Podemos. Este tipo de dictámenes revelan un posicionamiento y un acuerdo político sobre una materia, pero luego debe materializarse en propuestas concretas. El informe especifica que el Gobierno tendrá “un plazo máximo de dos meses” para ponerlas en práctica y someta el pacto al acuerdo con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la administración de Justicia y organizaciones sindicales y empresariales“.
Lo que resulte de ese acuerdo será “el cuerpo tangible del pacto”, como apuntaba la politóloga Sara Mateos en este artículo, en el que insiste que el pacto de Estado no es una ley. En el caso de las medidas que supongan reformar textos legales vigentes, también podrán proponerlas en el Congreso el resto de partidos políticos. Eso sí, tendrán que hacerlo en un plazo que no supere los seis meses.
“El principal problema es que no hay garantías de que el pacto sea Ejecutado. Es una declaración de intenciones. Se refiere a plazos generales, pero no hay fechas concretas para llevar a cabo las reformas. Es como que no hay hoja de ruta marcada”, explica la diputada de En Marea Ángela Rodríguez a eldiario.es. Su grupo hace hincapié en que “al pacto le falta enfoque feminista” y denuncia que “han quedado fuera medidas sobre igualdad que lo que hacen es ir a la raíz del problema y no enfocarse solo en la violencia machista”, asiente Rodríguez.
La vigilancia del resto de grupos
El desembolso económico es otro de los puntos de fricción que más enfrentaron a los partidos en las últimas horas de las negociaciones para finalmente acordar un incremento de 1.000 millones de euros en cinco años repartidos entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Administración General del Estado. Un compromiso que fue calificado de “insuficiente” por la oposición. “Las medidas que suponen un compromiso económico carecen de una materialización, concreción o calendarización concreta”, opina Unidos Podemos en su enmienda.
Para el resto de grupos el pacto de Estado es un acuerdo de mínimos. “Que se ponga en marcha depende en gran medida de la diligencia del Gobierno y hay cierta inquietud respecto a ello porque en estos últimos años sabemos cuál ha sido esa diligencia, pero esperemos que se ponga las pilas porque estamos hablando de medidas que salvan vidas”, dice la diputada socialista Ángeles Álvarez.
Ciudadanos lamenta que “hay cosas que se quedaron fuera”, pero “incluye medidas muy positivas que habrá que implementar”, asegura Patricia Reyes. La portavoz de Igualdad de la formación naranja hace hincapié en la necesidad de que “el resto estemos vigilantes y muy exigentes” a través de la Comisión de Seguimiento, un órgano en el que estarán representantes de todos los partidos. “Al principio el Gobierno pretendía que fuera un órgano gubernamental, pero acabamos consiguiéndolo”, esgrime Reyes.
El PSOE insiste en la reforma del artículo 416
Además del dictamen ya ratificado por la Comisión de Igualdad, los grupos estudiarán este jueves los votos particulares presentados por cada partido, algo que también se hizo el pasado mes de julio. Salvo sorpresas, el voto de cada uno irá en la misma dirección que la pasada vez, aunque algunas formaciones pretenden insistir con fuerza en algunas de sus aportaciones que se quedaron fuera.
Es el caso del PSOE y su propuesta de reformar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para eliminar la dispensa de la obligación de declarar a los parientes. Muchas mujeres (un 12%, según datos del Consejo General del Poder Judicial) se acogen a este precepto para no declarar contra su agresor, pero el tema es objeto de debate en los círculos jurídicos. Este voto particular no salió adelante el pasado mes de julio.
Los socialistas quieren, además, evitar que la custodia compartida sea impuesta como régimen preferente, sancionar la demanda de prostitución o reformar la ley del aborto para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin consentimiento. Por su parte, Unidos Podemos ha registrado votos para crear equipos mixtos en los deportes federados, garantizar que no se imponga el uniforme escolar diferenciado por sexos o garantizar el acceso universal a la reproducción asistida.
