eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Algunas aclaraciones sobre el futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género

"Esta batería de más de doscientas medidas, podrán ser tenidas en cuenta por el Gobierno, o no"

 "Llevamos meses de comparecencias de expertos y expertas, de trabajo parlamentario en paralelo. Ni una sola comisión conjunta. Ninguna actuación conjunta de las Cortes Generales"

54 Comentarios

- PUBLICIDAD -
FOTO: EFE

Una mujer sostiene una pancarta en contra de la violencia machista EFE

En noviembre de 2016 se aprobó en el Congreso de los Diputados la creación de la subcomisión del Pacto de Estado en materia de violencia de género, cuya finalidad ha sido elaborar un informe que vehicule dicho Pacto. Este informe ha sido ratificado por la Comisión de Igualdad el pasado 28 de julio, y será debatido y votado en Pleno a partir de septiembre.  Se ha escrito mucho sobre el contenido y el alcance de las más de doscientas medidas que componen el informe, pero, sin entrar a valorarlas, parece necesario hacer algunas aclaraciones:

No es el texto definitivo

Como acabamos de decir, este informe se votará en el Pleno del Congreso a partir de septiembre. Podrá ser modificado por los votos particulares de los grupos (que han debido registrarse antes del 31 de julio). Es sin duda el grueso del acuerdo y los cambios que puedan producirse serán puntuales, sin menoscabar que puedan tener más o menos alcance.

Es una hoja de ruta. No es vinculante

"El informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses lo someta a acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos, administración de Justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles".

Por tanto, este acuerdo de mínimos será lo que se negocie con las Comunidades Autónomas, las entidades locales, y aquellos agentes que intervienen en su aplicación según las competencias que se requieran para poner en práctica las medidas. "Lo dispuesto en el presente Pacto deberá ser interpretado sin perjuicio del pleno ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias que tienen atribuidas en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía, no pudiendo, en consecuencia, vincular a las Comunidades Autónomas u otras Administraciones Públicas las recomendaciones contenidas en el presente Informe cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales".

El resultado de esas negociaciones supondrá el cuerpo tangible del Pacto.

Cabe añadir que la ley de violencia de género, o la de igualdad, sí son vinculantes y no obstante, no ha resultado definitivo.

No es una ley

Y además de ser importante por la ausencia de obligatoriedad, como señala el punto anterior, lo es por las numerosas confusiones que se están generando con respecto a su tramitación. Como no es una ley no existe el concurso de ambas cámaras Congreso y Senado. Esto está causando muchos malentendidos. Ni el Senado veta nada, ni debe debatirse en esa Cámara el mencionado informe, ni ningún otro documento resultante de la subcomisión.

El papel del Senado

Si bien el pacto debe negociarse con los territorios (gran parte de las medidas que se puedan poner efectivamente en marcha dependen de ellos) y siendo el Senado la cámara territorial, su papel sin embargo, ha sido menos que testimonial.

Lo que se ha llevado a cabo en la Cámara Alta es una Ponencia de estudio, cuya finalidad es formular observaciones, recomendaciones y propuestas para "elaborar estrategias contra la violencia de género", y que se determina que sirvan de orientación para el Pacto. "A través de este Informe, aportamos algunas propuestas y estrategias que trasladamos al Gobierno para que elabore el Pacto de Estado contra la Violencia de Género". Si el informe del Congreso no es vinculante, pero constituye la base de la negociación, el del Senado, ni tan siquiera eso. Es decir, que esta batería de (también) más de doscientas medidas, podrá ser tenida en cuenta por el Gobierno, o no. En todo caso, se entiende que las que tenga en cuenta no podrán contradecir lo acordado en el Congreso, ya que como se ha mencionado, es el texto aprobado en la Cámara Baja la base del acuerdo. Hasta ahí su papel en la configuración del Pacto.

Intervendrá, eso sí, si en la aplicación del Pacto se modifica alguna ley vigente. "Las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes serán remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación".

Por tanto, el trabajo desarrollado en el Congreso por un lado, y en el Senado por otro, son dos procesos independientes, que nada tienen que ver uno con otro. Y que han dado como resultado dos informes estancos, cada uno de una Cámara. Dicho de otro modo, llevamos meses, meses de comparecencias de expertos y expertas, de trabajo parlamentario en paralelo. Ni una sola comisión conjunta. Ninguna actuación conjunta de las Cortes Generales.

Hechas estas consideraciones, hay que poner en valor lo que supone y los avances conseguidos. El acuerdo contiene importantes modificaciones y pretende simbolizar la imprescindible unidad política y voluntad gubernamental. Pero de momentos históricos también se habló cuando se aprobó la ley de violencia o la de igualdad. Y realmente lo fueron. Muchos de los titulares que vemos estos días, incluso el contenido de las noticias que encabezan, son los mismos que en 2004. Pero en esto se han quedado. Aquí nos encontramos teniendo que hacer un Pacto de Estado para que se cumplan.

Que haga falta un Pacto de Estado para cumplir las leyes, o para implementarlas o para desarrollarlas, o para adaptarlas a los compromisos adquiridos (como el Convenio de Estambul), no es un regocijo, sin dejar de ser una buena y esperada noticia. Que se llegue a hablar de que puede suponer un proceso constituyente para las mujeres, y demás imprecisa retórica, es decir demasiado.

De cumplirse, tiene especial relevancia la dotación presupuestaria del acuerdo, que aumenta considerablemente de forma directa e indirecta, las partidas destinadas a este fin (hasta alcanzar los mil millones en los próximos cinco años), ya que sería lo que haría posible plasmar aquello que recoge el acuerdo y hacer viables las negociaciones con Comunidades Autónomas, entidades locales y demás agentes implicados. Una dotación presupuestaria imprescindible, y que tanto y tan incesantemente ha reclamado el movimiento feminista.

A pesar de las carencias, el sabor de boca no puede ser amargo. Pero no nos regodeemos. Veremos cuán dulce se torna.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha