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El Congreso aprueba el pacto de Estado contra la violencia machista con la abstención de Unidos Podemos

El dictamen ha salido adelante por 29 votos a favor y la abstención de las siete diputadas de la coalición de izquierdas

Entre las novedades introducidas, incorporan la modificación de la Ley para que las menores víctimas de violencia de género puedan abortar

La percepción de la renta activa de inserción permitirá que estas mujeres coticen a la Seguridad Social, actualmente no lo pueden hacer

Estas son las fortalezas y debilidades del pacto de Estado contra la violencia machista

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Varias manifestantes en la marcha del 8M de Madrid / Olmo Calvo

Varias manifestantes en la marcha del 8M de Madrid / Olmo Calvo

Finalmente el pacto de Estado contra la violencia machista no se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos políticos. Unidos Podemos se ha abstenido en la votación de la Comisión de Igualdad en la que han criticado la falta de perspectiva feminista del informe que ratificaron el lunes en la subcomisión, así como el escaso detalle en la distribución de los presupuestos.

"El pacto está bien pero no es suficiente. Seguimos trabajando para que exista la posibilidad de hacer un verdadero pacto feminista", ha asegurado Ángela Rodríguez, diputada de la formación morada. Fuentes del grupo socialista aseguran que esta decisión es una "incoherencia" después de que el pasado lunes apoyasen el texto en la subcomisión, paso previo a la votación celebrada este viernes.

A pesar de que durante el debate la mayoría de los portavoces han destacado su satisfacción por el informe final presentado. Los partidos de la oposición han emitido críticas contra el texto redactado, al que han llegado a definir como "descafeinado". Antes de que se celebrase la votación final, varias portavoces han coincidido en lamentar en la Comisión de Igualdad del Congreso que no se haya adaptado el concepto de violencia contra las mujeres al marco del Convenio de Estambul.

Será ratificado en el pleno

Las más de 200 medidas que recoge este dictamen, tendrán que ser ratificadas por el pleno del Congreso cuando se reanude el periodo de sesiones. Compromís y el PSOE son los grupos que han conseguido introducir más votos particulares gracias al apoyo del resto de partidos políticos.

Entre las iniciativas que se han incluido en el dictamen tras la votación destaca una modificación de la  Ley de la interrupción voluntaria del embarazo para que las menores de 18 años víctimas de violencia de género y o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para poder abortar.

Así como la inclusión de un supuesto para que estas mujeres puedan cotizar a la Seguridad Social cuando estén percibiendo la renta activa de inserción, 426 euros al mes. "Es necesario amparar a estas mujeres víctimas cuyo alejamiento del mercado de trabajo es motivada por la situación de violencia padecida, y ayudarlas a generar una carrera de Seguridad Social propia o impedir su interrupción", justificó el grupo socialista, impulsor de la medida.

Este partido también ha conseguido introducir en el texto una propuesta para reforzar los "organismos de igualdad "en toda la estructura institucional de cara a fortalecer la lucha contra el sexismo y la desigualdad, origen de la violencia contra las mujeres.

Prohibición de publicidad de prostitución

Por su parte, Compromís ha introducido la prohibición de la publicidad de prostitución y la redacción de un código de anuncios no sexistas, así como el requerimiento de que anualmente comparezcan las entidades feministas para que evalúen el pacto y hagan nuevas aportaciones.

Educar desde la prevención de estas agresiones es uno de los pilares de este informe. La coalición valenciana ha conseguido que se incorpore una modificación de la LOMCE para "corregir los valores contradictorios que presenta dicha ley con el trabajo por la igualdad entre mujeres y hombres", ya que consideran que esta normativa relega "valores relacionados con la cooperación, la solidaridad, la diversidad, la participación democrática y la sostenibilidad".

También se ha aprobado un voto de Unidos Podemos relacionado con el tratamiento del proxenetismo recomendado por la ONU. La única enmienda que ha sido ratificada por unanimidad es una propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para utilizar un lenguaje inclusivo en relación a la diversidad funcional.

Desde Ciudadanos han revindicado la necesidad de la elaboración de una ley paraguas de violencias machistas. "Se debe contar con respuestas integrales. Hay que contar con normas adaptadas a las necesidades de las vítimas. Una respuesta eficaz para violencia en la pareja, es inútil para la trata", ha incidido Ángeles Álvarez, portavoz del grupo parlamentario socialista.

En este sentido también se han posicionado desde Unidos Podemos. "En este pacto las mujeres violadas en San Fermines no son víctimas de violencias machistas", ha asegurado Ángela Rodríguez. La formación liderada por Albert Rivera ha anunciado que votaría en contra a las nuevas cuestiones propuestas relativas a igualdad o prostitución porque consideran que esos asuntos se debían plantear en otros debates. Asimismo también se han negado a apoyar lo que consideran que supone "una pervesión del lenguaje", sobre las enmiendas relativas a la "custodia compartida" o "con la gestación subrogada".

"Reconocimiento" a las autonomías

La coalición valenciana ha destacado que este pacto necesita "estar a la altura" de las actuaciones promovidas por gobiernos autonómicos. "Es un paso importantísimo para reconocer el trabajo que se realiza desde las autonomías locales", ha incidido la diputada de Compromís, Marta Sorlí. El partido demócrata también ha destacado que este informe supone un "absoluto respeto a las competencias de las comunidades autónomas".

Frente a las iniciativas aprobadas, la propuesta de Ciudadanos ha sido rechazada. Su voto particular se centraba en la fiscalización del dinero destinado a las medidas de este acuerdo, para que se gestione "de una manera eficiente y eficaz" para combatir la lucha contra estas agresiones. Su diputada Patricia Reyes animaba al resto de formaciones políticas a apoyarla para evitar que existiese la "sombra de la duda" en la adjudicación de programas a entidades e instituciones.

En relación a los presupuestos, las representantes de Unidos Podemos han solicitado que las medidas sean "fuertes y garantistas" para que las mujeres que sufren violencia tengan independencia. Así han reivindicado un "compromiso económico tangible" para que la inversión de 1.000 millones de euros que reclama el informe no sea "un brindis al sol", ha remarcado Sofía Castañón. Esta diputada también ha incidido en la necesidad de establecer un calendario para que el desembolso económico sea una realidad.

"No hay calendario"

"Las medidas no tienen garantías de ser ejecutadas, no tienen calendario, ni presupuesto", ha remarcado Rodríguez. De cara al futuro del pacto, las diputadas de la coalición de izquierdas han reseñado que el seguimiento del pacto debe tener un enfoque feminista y contar con la evaluación de entidades de mujeres.

"Si hablamos de que las violencias machistas es una cuestión de estado, no lo hacemos con nuestra voz propia. Lo realizamos por todas las mujeres que han salido a la calle, por el trabajo arduo del movimiento femeninista", ha incidido Rodríguez.

A lo largo de la Comisión, varias diputadas han mostrado su apoyo a Juana Rivas. "Si quiere, tiene nuestra casas, la de las diputadas de este grupo confederal", han apuntado desde Unidos Podemos. El Partido Popular también ha mostrado su solidaridad y afecto con esta mujer residente en Granada, así lo ha transmitido su portavoz, Mª del Carmen Dueñas.

El PSOE ha aprovechado su turno de palabra para hacer un recorrido por la veintena de votos particulares que han presentado. La diputada socialista Ángeles Álvarez ha reseñado la necesidad de que ante supuestos de violencia de género la renta activa de inserción cotice a la Seguridad Social.

Los socialistas han aludido al caso de Ángela González Carreño, que perdió a su hija  al ser asesinada por su exmarido en un régimen de visitas, para reivindicar que se pueda exigir una reparación integral del daño caus ado. "Sentimos que se haya vetado la lucha contra la prostitución de mujeres", ha apuntado sobre su propuesta de que se sancione a los clientes de prostitución.

Álvarez ha destacado una de las medidas que ya estaban incluidas en el pacto, la acreditación de víctimas a las mujeres que no han denunciado, aunque ha reiterado la importancia de que los profesionales que estén en contacto con este colectivo cuenten con la formación necesaria para identificar estas agresiones.

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