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Fortalezas y debilidades del pacto de Estado contra la violencia machista pendiente de aprobación

Los grupos políticos de la oposición han presentado múltiples enmiendas para incluir medidas que no entraron en el informe que se votará este viernes

El PSOE propone la inclusión de sanciones a los clientes de prostitución y de la gestación subrogada como una forma de violencia

Unidos Podemos asegura que el acuerdo carece de un enfoque feminista y un tratamiento integral de las agresiones machistas

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Manifestación del 8M de 2017 en Madrid. / Olmo Calvo

Manifestación del 8M de 2017 en Madrid. / Olmo Calvo

Tras seis meses de trabajo, los grupos del Congreso consiguieron  aprobar el pasado lunes por unanimidad el informe que sentará las bases del pacto de Estado en materia de violencia machista. Este viernes estas iniciativas llegan a la Comisión de Igualdad, donde se tendrán que ratificar. Los partidos también se pronunciarán sobre los votos particulares presentados por los partidos de la oposición con aquellas cuestiones que han quedado fuera del acuerdo.

Desde el Gobierno han destacado en reiteradas ocasiones el carácter "histórico" de este pacto. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, resaltó tras el acuerdo de todos los grupos parlamentarios anunciado el pasado lunes que "jamás en la historia de España" se había alcanzado algo así. De hecho, el Partido Popular organizó esta semana una acto de "celebración" de este acuerdo, al que acudió el presidente de Gobierno tras declarar en la Audiencia Nacional como testigo en uno de los juicios de la trama Gürtel.

Aunque Unidos Podemos reconoce que algunas medidas de este dictamen suponen "pasos importantes", han presentado una batería de enmiendas en los que recogen propuestas que echan en falta.

"Planteamos que hay una falta de compromiso económico real, son necesarias mejores medidas en materia de igualdad y falta un enfoque feminista que garantice la posibilidad de que puedan participar las entidades feministas en la elaboración, así como un enfoque que incluya un tratamiento integral para todas las formas de violencias machistas", asegura Ángela Rodríguez, diputada de la formación morada.

Esta coalición política considera que la redacción del informe no ofrece una respuesta clara y distinta a cada una de las agresiones. "Crea víctimas de primera y de segunda", apunta su portavoz en la subcomisión de Igualdad. Aunque Rodríguez asevera que este dictamen sí aporta una buena respuesta si el agresor es la pareja o expareja, esto no sucede si la víctima es violada.

Entre las enmiendas presentadas, han registrado una referente a la totalidad del informe. Solicitan que el texto se debata, antes de ser ratificado por la Comisión, en el pleno del Congreso para ser revisado porque consideran que las iniciativas son insuficientes.

El PSOE también ha registrado una veintena de votos particulares. En ellos propone la sanción a los clientes de prostitución, revertir la reforma de la ley del aborto respecto a al permiso que deben pedir las menores o incluir la gestación subrogada como una forma de violencia.

Según recoge Efe, la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, propone la modificación de la ley del aborto para que las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para interrumpir su embarazo. También ha reclamado un debate más amplio para vincular prostitución y trata, al tiempo que ha abogado por penalizar el alquiler de habitaciones para la práctica de sexo de pago.

Prostitución, reconocida como violencia

Compromís también echa en falta que la prostitución no sea reconocida como una violencia machista, "entendiendo que detrás de la misma existe machismo, abuso de poder, cosificación de la mujer, violación, violencia económica, acoso sexual y un sinfín de manifestaciones de violencia machista", inciden en el voto. "Para ello se elaborará una ley proteccionista con los derechos y necesidades de las mujeres en situación de prostitución, con la finalidad de perseguir el proxenetismo, la tercería locativa y el consumo, destinada a la abolición de la misma", proponen.

Entre los votos particulares que han presentado apuestan por introducir en este informe la equiparación de la indemnización de las víctimas de violencia de género con las de terrorismo y reseñan la necesidad de que en este texto se recoja la creación de una Ley de Violencias Machistas, "con el fin de que todas ellas queden definidas" en el ordenamiento jurídico siguiendo así las recomendaciones de los tratados y de los organismos internacionales como la CEDAW o el Convenio de Estambul.

La coalición valenciana también propondrá este viernes el endurecimiento de las medidas contra la publicidad sexista, a pesar de que el dictamen aprobado por unanimidad en la subcomisión recoge la puesta en marcha de un código contra este tipo de anuncios. Por lo tanto, esta formación política propone la aprobación de "modificaciones legales oportunas para prohibir la publicidad del negocio de la prostitución".

Por su parte, Ciudadanos pone el foco en la fiscalización del dinero que se destinará a las medidas de este acuerdo, reivindican que esa partida se utilice "de una manera eficiente y eficaz en la lucha contra esta lacra" y que la evaluación de "toda transferencia presupuestaria que vaya destinada a un programa o actividad" sea realizada por la comisión de seguimiento.

Sobre la cuestión presupuestaria, Unidos Podemos lamenta que no se concrete el desglose detallado de las partidas. "En los votos particulares solicitamos que se especifique la finalidad de cada propuesta y que esas cantidades no se puedan destinar a otra cosa. Muchas veces suceden estas cosas, por ejemplo que no se ejecutan o que son tan generalistas que se desconoce a qué van a ir dedicadas", reseña esta diputada.

Entre las propuestas que echan en falta y que este viernes van a formular, destacan la aprobación de una legislación específica que de respuesta "al necesario tratamiento específico del acoso sexual y por razón de sexo" y que se refuerce la formación en materia de acoso al personal de recursos humanos de las empresas públicas y privadas y de la administración pública en materia de acoso.

Los menores y la ausencia de denuncia

Aunque no se haya alcanzado un acuerdo en todas las medidas, los partidos de la oposición destacan que este pacto es un primer paso para reforzar la prevención de agresiones machistas.

La formación naranja destaca la "sensibilidad que se ha manifestado hacia los menores, niños y niñas, en este ámbito" en este acuerdo. "Ellos son a menudo, víctimas invisibles de esta violencia", apuntan en el voto particular que han registrado en el Congreso. En relación con la infancia, este informe recoge la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores y se prohíben las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género.

Desde Unidos Podemos también recalcan que en este dictamen se incluyen garantías para este colectivo. "Teniendo en cuenta el caso de Juana Rivas, se comprueba que es necesario que esta actuación sea más expeditivas, y en el pacto se pueden dictar buenas recomendaciones para evitar que se vuelva a producir una situación parecida", reseña.

Denuncian la "utilización" del pacto

Entre las propuestas que se aprobaron el pasado lunes, la formación morada reseña la consideración de víctima a las mujeres que no hayan presentado denuncia. "Es un gran avance porque en los últimos casos de violencia de género las víctimas no había interpuesto denuncia", incide Rodríguez. También destaca la inserción de "cuotas de reserva" en las contrataciones de las administraciones públicas para las mujeres víctimas de violencia de género.

Este viernes los miembros de la Comisión de Igualdad decidirán si incluyen alguna de las propuestas que han presentado como voto particular. Según apuntan fuentes consultadas por esta redacción, en esa reunión diputados de la oposición plantearán su disconformidad por la presencia del presidente del Gobierno en un acto sobre el pacto, justo después de declarar en la Audiencia Nacional. Los partidos de la oposición criticaron a Mariano Rajoy por haber "utilizado" el acuerdo de Estado para "lavar su imagen".

La mayor parte de las portavoces de la Comisión de Igualdad que han negociado en las últimas semanas ese acuerdo censuraron que nada más salir de la Audiencia Nacional Rajoy acudiese acudido a la sede de su partido para participar en un acto relacionado con ese pacto.

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