La Audiencia de Madrid anula la orden del juez Peinado de recabar todos los correos de Begoña Gómez en siete años

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la orden del juez Juan Carlos Peinado de recabar todos los correos de la dirección utilizada en Moncloa por Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno y hasta la fecha de la providencia.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la instancia superior vuelven a reprochar al juez que no haya razonado la instrucción de recabar los correos y anulan igualmente la orden de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realice un informe de acuerdo a su contenido.

“La citada resolución, por utilizar la forma de providencia, no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos, lo que viene a dar la razón a los recurrentes, que resulta una medida carente de la justificación necesaria, incumpliendo los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”, recoge el auto de la Sección 23, resolviendo así los recursos interpuestos por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía.

Peinado, según los magistrados, debería haber realizado “una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios y sobre la intervención de los investigados, y sobre la necesidad de la medida”. La aprehensión de los correos afecta a un derecho fundamental y la Sección 23 hace una analogía con los pinchazos telefónicos, cuya conveniencia no debe dejar el juez instructor a criterio policial. “Es el juez, manejando esos datos objetivables [aportados por la Policía], el llamado a realizar sus propias deducciones, que podrán coincidir o no con las policiales”, añaden sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La misma sección dio la semana pasada la razón a Peinado en cuanto a una de sus decisiones más polémicas y clave en la investigación, llamar a declarar a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, acusadas de un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal consideraba “dudoso” e incluso potencialmente delictivo que Álvarez sea “amiga íntima” de la esposa del presidente del Gobierno y no un “funcionario experto” y avala que se investigue si existió una “desviación de sus funciones” para, por ejemplo, ayudar a Gómez en la organización de su trabajo en la Universidad Complutense.