Los fusilados que siguen bajo tierra: en España hay sin exhumar más de 2.000 fosas de la Guerra Civil y el franquismo

“¿Dónde está mi padre?”. La preguntaba quedaba siempre sobrevolando el aire buscando una respuesta que nunca llegaba a convencer del todo a Pino Sosa. “Se lo llevaron los hombres”, le decía siempre su madre. Pino tenía entonces seis o siete años y buscaba a su padre en todos los hombres con los que se cruzaba, pero en plena posguerra había muchas cosas que no se podían decir en voz alta. Entre ellas, que el 19 de marzo de 1939 unos falangistas habían ido a buscar a casa a su padre, José Sosa, hojalatero y tesorero de la agrupación socialista de Arucas (Gran Canaria), y su familia nunca volvió a verle.

Pino no se dio por vencida y siguió buscando hasta que 81 años más tarde lo encontró junto a otros 14 asesinados en el pozo del barranco de Tenoya al que fueron arrojados. “Pregunté por él desde que empecé a tener uso de razón, le decía a mi madre que me hablara de él, me decía que era muy bueno y cariñoso, pero se echaba a llorar y no podía seguir. Siempre lo busqué, no dejé de hacerlo nunca”, relata. La mujer tiene grabada su declaración ante el Tribunal Supremo durante el juicio de 2012 contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Allí contó que cuando su padre fue detenido por primera vez, a finales de 1936, tenía dos hijos de dos y cuatro años y que su madre, Balbina, iba a visitarle embarazada. Cuando fue fusilado, Pino solo tenía dos meses.

El pozo de Tenoya en el que estaba José Sosa es una de las 5.848 fosas de la Guerra Civil y el franquismo que han sido identificadas en España, según consta en el mapa que han elaborado RTVE y el Gobierno en una iniciativa conjunta para poner a disposición una radiografía multimedia y actualizada de los enterramientos clandestinos. La primera conclusión es que el país está salpicado por miles y miles de puntos que apenas dejan espacio vacío en algunas zonas. De hecho, aunque pueda no parecerlo, las fosas no son ajenas para nadie: según ha calculado RTVE, todo el mundo vive a menos de 50 kilómetros de una.

Las fosas son individuales y colectivas. Están en cementerios, cunetas, barrancos; son pozos, minas... E incluyen a víctimas de la represión política de la retaguardia y muertos durante la Guerra Civil. De ellas, más de la mitad, se refieren al primer supuesto: asesinados por la violencia golpista y republicana más allá del frente de batalla y a partir de 1939, víctimas de las ejecuciones franquistas. De aquellas de las que se puede extraer el dato, la inmensa mayoría, el 83%, pertenecen a represaliados republicanos.

El tratamiento de unas y otras fue asimétrico tras la Guerra Civil: las víctimas de los sublevados, los “caídos por Dios y por España”, fueron ensalzadas como mártires y honradas durante cuatro décadas. Sus cuerpos fueron buscados y dignificados desde el principio. Lo contrario ocurrió con los republicanos. El plan de exterminio del 'enemigo rojo' ideado por el franquismo no solo suponía su asesinato, también la desaparición de los cuerpos que condenó a sus familias a no saber dónde estaban y no poder enterrarlos dignamente. Ese duelo inacabado todavía dura hoy en muchos casos porque, medio siglo después del fin de la dictadura, hay 2.340 fosas que están sin exhumar.

Entre ellas están aquellas que nunca han sido intervenidas, pero también las que no podrán serlo por ser inaccesibles y algunas que se han “dignificado” mediante homenajes, monolitos, placas o monumentos que recuerdan a los represaliados. A ellas hay que sumarles las 1.478 ya excavadas y 505 que fueron trasladadas por la dictadura al Valle de Cuelgamuros, donde hay más de 33.000 víctimas. El resto son fosas desaparecidas, prospectadas sin éxito o de las que se desconoce cuál es su estado.

Fosas a las que ya no se puede llegar

Los datos recopilados apuntan a que Aragón, Catalunya, Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias son las comunidades con más fosas sin intervenir (por encima de 200). Sin embargo, eso no significa que todas puedan exhumarse porque el país se ha llenado en las últimas décadas de infraestructuras que han convertido a varias en inaccesibles. Hay enterramientos que están en el margen de carreteras que han sufrido “grandes obras” y fosas que han quedado “bajo nuevas construcciones” que hacen imposible que se pueda llegar a ellas, explica el forense Francisco Etxeberría, asesor de la secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Aun así, desde el año 2000, cuando se hizo la primera exhumación con métodos científicos, se han rescatado 18.000 cuerpos, más de 8.000 desde 2019, según datos de la secretaría dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Según ha calculado Etxeberría, referente en la materia, a día de hoy quedan unas 11.000 víctimas más recuperables.

La arqueóloga Almudena García Rubio, de la Sociedad de Ciencias Aránzadi, atiende a elDiario.es desde el cementerio viejo de Ses Figueretes (Ibiza), donde se calcula que 70 personas fueron enterradas tras ser fusiladas por las tropas franquistas entre septiembre de 1936 y junio del 37. “Encontrar una fosa y que sea viable ya es un momentazo porque pasar de la fase previa de investigación a la de in situ no es tan fácil. A las que no son accesibles, se suman aquellas en las que no encontramos nada. Hemos ido a playas en las que los temporales se habían llevado lo que quedaba o pozos en los que, tras sacar toneladas de basura, no están. En los cementerios, en muchos casos han acabado en los osarios junto a miles de restos”, esgrime.

Haber llegado tan tarde –en la mayoría de los casos han pasado más de 80 años– se ha traducido en que buena parte de los desaparecidos nunca serán recuperados. La estimación judicial del juez Garzón apuntaba en 2008 a 114.000 personas pendientes de encontrar, una cifra que supera las posibilidades reales de hacerlo. Aun así, muchas de las fosas que no son accesibles y que no están exhumadas han sido o serán señalizadas y que la exhumación sea inviable “no debe limitar la investigación” de lo sucedido porque “las familias tienen derecho a conocer la verdad”, apunta Etxeberría.

Con todo, las exhumaciones continúan en casi todo el país, algunas financiadas por el Estado y otras llevadas a cabo por asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo presidente, Emilio Silva, impulsó la primera con métodos científicos hace 25 años, cuando buscaba a su abuelo asesinado por pistoleros falangistas en una fosa de Priaranza de El Bierzo (León). Aquello se convirtió en un punto de inflexión, pero no fue la primera vez que las familias desenterraron a sus seres queridos. De hecho, se ha documentado que durante la Transición hubo familias que, sin apoyo de las instituciones y a veces clandestinamente, llegaron a cavar la tierra con palas, picos e incluso sus propias manos.

Cuando tras la exhumación de Priaranza, miles de personas empezaron a reclamar a sus desaparecidos y comenzaron las exhumaciones científicas se produjo “la súbita aparición en la esfera pública de los esqueletos de civiles ejecutados” por los franquistas, en palabras del antropólogo Paco Ferrándiz, autor de El pasado bajo tierra (Anthropos). Esto provocó un “impacto enorme” porque, incluso quienes estudiaban la represión franquista, no se imaginaban la envergadura que había tenido. “Visibilizó el sufrimiento de los derrotados y la represión sobre civiles en la retaguardia, uno de los elementos más corrosivos de la dictadura”.

El antropólogo ha analizado cómo las exhumaciones desvelaron la brutalidad de la represión. “Hicieron aflorar un subtierro, un destierro subterráneo por el que las víctimas no fueron solo asesinadas, sino expulsadas de la comunidad de muerte legítima del Estado. Eso es algo durísimo. Porque esta es la historia de un gran mal entierro: los cuerpos suelen estar boca abajo, como comiendo tierra, excluidos de la comunidad de muertos de un pueblo o una comunidad. Esto refleja una humillación postmortem que va más allá del asesinato y que las familias han sufrido”, explica.

La voluntad política

La represión franquista se extendió por casi todos los rincones de España. Según el mapa de RTVE con base en datos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en 2.555 municipios españoles (el 31% del total) hay o ha existido en algún momento un enterramiento clandestino. Paterna, en Valencia, es la localidad en la que más hay con 168 localizadas. Conocido como 'el paredón de España', se calcula que en el municipio fueron fusiladas 2.237 personas desde 1936 hasta 1956, de las que se han recuperado más de 1.600 cuerpos en diferentes fosas.

Las dos más grandes exhumadas en este último cuarto de siglo son las del cementerio de San Rafael, en Málaga, donde se pudieron sacar los restos de 2.840 víctimas, y la fosa de Pico Reja, en Sevilla, unos trabajos que recuperaron los cuerpos de 1.786 personas. Todas ellas asesinadas por los sublevados franquistas. De lo que queda y es accesible, son puntos que “predominan en el sur de España”, que es donde “más muertes se produjeron” y suelen albergar “grandes fosas”, explica Etxeberría. Es el caso del cementerio de La Soledad (Huelva), donde se calcula que hay 1.100 víctimas, los de La Salud y San Rafael de Córdoba (4.500) o el de San Eufrasio (Jaén), con más de 1.200.

Para todas ellas la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aprobó varias partidas a finales de septiembre, cuando hizo balance de las exhumaciones realizadas hasta la fecha y reconoció que de las 8.941 víctimas recuperadas desde que Pedro Sánchez es presidente, solo se han identificado 70. Este, el de la identificación genética, es otro de los grandes retos de los trabajos, explica García Rubio: “¿Por qué? Porque llegamos muy tarde”, resume la experta, que apunta a “varios factores” como la falta de familiares con los que cotejar, las dificultades técnicas derivadas del mal estado de conservación del ADN o la cada vez mayor lejanía de los parentescos.

Pero, además, la política de exhumaciones no ha sido homogénea: su desarrollo ha dependido del apoyo o la resistencia de cada administración estatal, municipal o autonómica. El Gobierno de Mariano Rajoy llegó a dejar el presupuesto para Memoria Histórica a cero y en lugares como la Comunidad de Madrid, la primera vez que se ha abierto una fosa de civiles republicanos fusilados ha sido en 2022 y sin el apoyo del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso. “La voluntad política condiciona muchísimo y son clave los modelos establecidos”, señala García Rubio, que apunta a comunidades como Euskadi o Baleares, donde “hay una política continuista” frente a aquellos lugares en los que “dependen de subvenciones” que sumen los proyectos “en una gran incertidumbre”.

Ferrándiz lamenta que la derecha “no haya colaborado” históricamente para poner fin a la anomalía democrática que seguir teniendo desaparecidos en fosas y recuerda “la crispación tan fuerte” que a su juicio ha provocado el Partido Popular con declaraciones como las de expresidente Pablo Casado, que acusó a “los de izquierdas” de “estar todo el día con la guerra del abuelo y la fosa de no sé quién”.Aun asíí, el antropólogo reivindica “la importancia” de haber recuperado casi 18.000 cuerpos. “Falta mucho y ha estado muy parado desde el punto de vista institucional, pero esa cifra es algo que no ha ocurrido en muchos países”.

El experto remarca cómo la búsqueda y exhumación de fosas contribuye a romper las “varias capas de silencio” que pesa sobre ellas. Sostiene Ferrándiz que “sobre los cuerpos” de los desaparecidos “se han ido acumulando durante años” un silencio “funerario, político, judicial, religioso y simbólico” que, al aparecer los esqueletos de las víctimas, “se corta de raíz”.

Pino Sosa ya puede hablar. Ya puede contar lo que sabe de la vida y la muerte de su padre. Puede decir en voz alta su nombre y contar cómo recuerda a su madre y otras viudas del pueblo recoger flores y llevarlas a los pozos en las que se oía que habían arrojado a sus maridos. “Besaban las flores, rezaban y las tiraban”, cuenta la mujer, que cumple 89 años en enero y por fin puede llevarle las flores a su padre ella misma a una lápida con su nombre.