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Cuatro gráficos que explican el colapso de la dependencia

Unas 100.000 personas con derecho a recibir atención han muerto mientras esperaban la ayuda

Las autonomías asumen el 78% del gasto en dependencia y el Estado el 22%, a pesar de que según la ley la financiación debía repartirse a partes iguales

Los usuarios ya pagan más por la atención que el dinero que el que aporta el Gobierno central

En 2014 el sistema ha perdido a más de 47.000 dependientes

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Tras ocho años de desarrollo de la Ley de Dependencia, las organizaciones sociales hacen balance y coinciden en que los recortes y las sucesivas reformas que se le han ido aplicando están dinamitando el sistema, tanto en términos de financiación como de limitación de derechos.

Los datos oficiales revelan que cada vez hay menos beneficiarios, porque las plazas no se reponen. También desciende la lista de espera, aunque en este caso se deba a que las personas mueren antes de conseguir las prestaciones, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes en su XIV Dictamen de la Dependencia, presentado este viernes.

Además, por primera vez desde la implantación de la ley, lo que pagan los propios usuarios supera a la aportación que hace el Gobierno central. De cada 100 euros gastados en prestaciones y ayudas, 63 los aportan las comunidades autónomas; 19 euros los usuarios y 18 el Estado. Los datos también muestran como disminuyen las prestaciones económicas por cuidados familiares y muchas de las personas que ya estaban atendidas han visto mermar las prestaciones que reciben al someterse a una revalorización de su grado de dependencia.

El número de personas con derecho a prestación no ha dejado de descender desde 2011, hasta las 897.200 en 2014. A ello contribuyó la retirada del derecho de los dependientes moderados de nivel 2, los menos dependientes, que recogió la reforma aprobada en julio de 2012. Desde ese momento, la cifra ha continuado disminuyendo año tras año. También han influido las revisiones de oficio que las autonomías han ordenado hacer a miles de expedientes, con el objetivo de rebajar el grado de dependencia. 

El número de beneficiarios, es decir, aquellos que reciben algún tipo de prestación o servicio, ha entrado en cifras negativas en 2014 por primera vez desde la aplicación de la ley. En solo un año se atiende a casi 25.000 personas menos. La explicación que dan los expertos es que las bajas en el sistema, en su mayoría por muerte, no se reponen.

Casi 170.000 personas se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia" (la lista de espera de personas con derecho a prestación pero que no la reciben). Si bien es cierto que la cifra ha disminuido desde diciembre de 2011 en un 45%, esta reducción no se produce por el aumento de las personas atendidas, sino debido a que unas 100.000 han muerto mientras esperaban la ayuda. A esta situación ha contribuido, una vez más, la reforma de julio de 2012, que estableció un plazo de dos años a las autonomías para tener a las personas en lista de espera sin tener que luego pagar la ayuda con retroactividad, como estableció la ley en un principio.

La financiación es el talón de Aquiles de la ley de dependencia. La norma estableció dos fuentes de financiación pública, comunidades autónomas y Estado, que debían repartirse a partes iguales el coste del sistema. A ellos se sumaba una tercera fuente de financiación, aunque concebida como muy minoritaria: el copago por parte del usuario. Poco queda del espíritu inicial. Hoy, las autonomías asumen el 78% del gasto y el Estado el 22% restante. La aportación del Estado ha disminuido de tal forma que si también se tiene en cuenta lo que aporta el usuario, este paga más que el Estado. El reparto, en global, supone que el dependiente pone un 19%, el Gobierno central un 18% y las autonomías el 63% restante.

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