La Policía Nacional y la municipal de Móstoles han desahuciado al mediodía de este jueves a un hombre que vivía con su hijo en una vivienda pública del ayuntamiento en el sur de la localidad madrileña. “Para ellos soy un okupa”, ha lamentado al término el afectado, Francisco Rueda, de 50 años, que no consiguió convencer al consistorio ni al juez de que había entrado en la vivienda con un contrato que resultó ser falso. En el piso vivía un hijo de Francisco, de 20 años, con problemas de corazón.

El sur de Móstoles, la segunda ciudad de Madrid, con 211.000 habitantes, es un área en construcción donde los edificios a medio levantar se mezclan con solares baldíos. Los árboles que deberán dar sombra al vecindario todavía no tienen grandes frondas y no hay que esperar al verano para que el sol castigue. En un extremo del terreno urbanizado hay un bloque del Instituto Municipal del Suelo, la empresa de vivienda del Ayuntamiento.

Aquí viven familias muy humildes, algunas de las cuales acompañan desde la mañana a los activistas contra los desahucios que tratan de suspender el desalojo. “Vergüenza me daría desahuciar a una familia”, gritan a la policía. Son una cincuentena y muchos se conocen entre ellos. Varios ya vivieron desahucios en sus carnes, como el del bloque de La Dignidad en 2023. Uno de los expulsados entonces falleció recientemente tras pasar un año al raso.

Unas 15 personas han pasado la noche con Francisco en la vivienda para dificultar la expulsión, pero el juzgado no cede. Tampoco a la llamada postrera del abogado José Manuel Barroso, que informa a la sede judicial de que este martes se tuvo conocimiento de una resolución del comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU que reclama que se detenga el desalojo para evitar “daños irreparables”. “Es que se quedan en la calle, literalmente”, trata de conmover el abogado al teléfono. El ruego no surte efecto.

La policía no ha considerado necesario acordonar la zona; basta con impedir el paso al portal exterior de la finca. Cuando fracasa la última negociación, los agentes entran, suben la escalera y empiezan a embestir la puerta con el ariete. Una mujer se indigna ante la sonrisa de uno de los funcionarios. “Es que se están riendo”, protesta. Los demás corean “vergüenza, vergüenza”. La maniobra no se alarga más que unos minutos. “Por lo menos hemos luchado hasta el final”, consuela el abogado a los presentes.

Escepticismo municipal y desafección vecinal

Francisco —todos le llaman Paco—llevaba dos años en la casa, pero el Ayuntamiento no acabó de creerse que el hombre ignorase realmente que el contrato que firmó era fraudulento. “Somos sensibles a las situaciones de vulnerabilidad, pero mantenemos una política de tolerancia cero con las ocupaciones ilegales, más si cabe si esta ocupación supone privar a otros vecinos en situación de vulnerabilidad de una vivienda que han tramitado cumpliendo con la legalidad”, traslada una portavoz del consistorio. También dice que le ofrecieron una ayuda al alquiler que no aceptó.

El anterior gobierno municipal del PSOE y Podemos dio el año pasado a padre e hijo un plazo de 10 meses para marcharse. Ahora gobierna el PP, pero quienes se congregan hoy en el exterior no consideran que unos sean más sensibles que los otros al problema de la vivienda. El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2019 sin votos en contra una moción según la cual no se realizarían desalojos forzosos de los pisos de la empresa municipal de vivienda. La plataforma Stop Desahucios Móstoles estudia llevar al juzgado su incumplimiento.

Paco salió de la casa tras tirar la policía la puerta abajo. Los vecinos ayudaron a recoger los pocos enseres que acumulaba. Unas sillas, un microondas, ropa de cama. “Me ha llamado la asistencia social y me ofrecían dos noches de hotel”, dice el hombre, contrariado. Trabajaba en la construcción, pero tras cambiar de empresa se puso de baja y no cobraba ninguna compensación, según explica José Manuel Torralbo, de Stop Desahucios. Paco dice que no sabe adónde irá. “Menos mal que hay gente buena”, agradece, abrazándose con los que lo han acompañado en la última noche.

Se podría haber archivado el caso sin más. Se concluye que los hechos no son constitutivos de delito alguno, y al cajón del juzgado. Pero una jueza ha querido dejar constancia del intento de utilización de la Justicia por parte del fondo buitre Vauras, debido a su discrepancia ideológica con las políticas de vivienda que impulsó el Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Ada Colau.

De la quincena de querellas archivadas a Colau o miembros de su equipo, es la primera vez que una jueza reprende a los rivales de los comuns el uso de la vía penal. En palabras de la magistrada Carmen García, Vauras se querelló contra la exalcaldesa, dos concejales y una funcionaria para “fines ajenos a los del procedimiento penal”.

La jueza afea al fondo que denunciara a Colau solo para obtener el “efecto mediático que supone involucrar a un político” en una causa penal pese a conocer que la exalcaldesa no tuvo “ninguna participación” en los hechos denunciados: unas supuestas coacciones –que nunca existieron– para denegar permisos de obras a Vauras si no daba alquileres sociales a familias que ocupaban uno de sus inmuebles.

El fondo, continúa la togada, se querelló contra la exalcaldesa “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda” del mandato de los comuns en el consistorio y que le causaron perjuicios económicos.

“La legítima discrepancia con las políticas de vivienda de un gobernante, el ideario del partido que le sostiene y los perjuicios económicos sufridos no justifican la implicación de políticos en un proceso penal”, zanja la magistrada García, una de las juezas de instrucción de Barcelona más respetadas y valoradas por parte de fiscales y abogados de toda tendencia ideológica.

La resolución judicial llega en pleno debate en España sobre el 'lawfare', un concepto ambiguo pero que se puede resumir como el uso de la vía penal basado en en intereses espurios y no en el imperio de la ley para perjudicar a rivales políticos. La cúpula del Poder Judicial ha arremetido contra un acuerdo político entre PSOE y Junts que contenía el término 'lawfare', pero no se ha manifestado sobre el caso de Colau o el cierre de la investigación contra las finanzas de Podemos.

Objetivo: que Colau pasara por el juzgado

Pese a que la jueza ya rechazó en 2020 investigar la denuncia de Vauras, la Audiencia de Barcelona le obligó a reabrir el caso y a citar como investigada a la entonces alcaldesa. Resultado: Colau tuvo que ir a declarar en vísperas a las elecciones municipales y ha pasado tres años con una causa abierta que ha terminado en nada. La causa nunca contó con el impulso de la Fiscalía, que no veía delito alguno. 

El resultado ha sido el mismo –el archivo– que hace tres años, pero en este periodo los querellantes han logrado titulares en los medios no siempre críticos con su estrategia procesal y mantener investigada a una alcaldesa de Barcelona. Este extremo fue aprovechado por la oposición de derechas para acusar a Colau de “confabulación con okupas”, expresión que Vauras empleaba en su querella.

Que la querella de Vauras era poco sólida era evidente desde el inicio del caso: el fondo acusaba a Colau de coacciones supuestamente producidas en una reunión en la que la entonces alcaldesa no estuvo y de prevaricación por unos expedientes que no tramitó.  

Las diligencias de instrucción practicadas a instancias del fondo han confirmado que la causa no iba a ningún lado. Para muestra, la testifical de los responsables de Vauras, quienes ante la jueza fueron incapaces de detallar qué amenaza concreta les profirieron los ediles y la funcionaria investigados pese a haberlos denunciado por coacciones. Y eso que grabaron las reuniones sin que la parte del Ayuntamiento lo supiera. 

Es más, la magistrada deja caer que la grabación de la reunión con los concejales solo cuatro meses antes de la presentación de la querella formaba parte ya de la estrategia judicial de Vauras contra Colau. Fue después de que los concejales se negaran a agilizar permisos de obra.

La proximidad entre el último encuentro y la querella “hace pensar”, expone la togada, que ante los desencuentros evidenciados entre Ayuntamiento y Vauras y las fuertes pérdidas económicas, los responsables del fondo “acudieran a las reuniones para grabarlas y aportarlas a la querella que ya tenían en mente presentar”.

Tres años con una causa abierta

La jueza también aprovecha la resolución para lamentar el retraso de tres años en la tramitación en la causa, que define como un “mal extendido a todos los servicios públicos”, desde la Sanidad a la Justicia.

“Hemos sufrido una guerra sucia de 'lawfare' contra Ada Colau y su equipo”, ha denunciado la portavoz de los comuns en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. Los comuns valoran ahora cómo se pueden reparar a Colau y los concejales Marc Serra y Lucía Martín los tres años de proceso judicial abierto, si bien cualquier paso no se dará hasta que la Audiencia de Barcelona confirme el archive del caso dictado por la jueza.

Cabe recordar además que la abogada del fondo, María José Tarancón, es reincidente: en abril de este año presentó una querella contra Colau en nombre de la inmobiliaria Juninmo que es calcada a la del caso Vauras. Para la nueva denuncia la letrada se valió incluso de informes de detectives. Los comuns esperan que, al igual que la de Vauras y las 15 querellas anteriores, el caso también termine en archivo.

La polémica lona instalada en la calle de Atocha de Madrid por el colectivo Desokupa, que se vanagloria de expulsar por la fuerza a personas de las viviendas, ha amanecido este viernes con numerosos carteles en defensa del derecho a una vivienda digna y en contra de los desahucios. “Ni alquileres, ni hipotecas, ni deudas. Vivienda gratuita, universal, de calidad y bajo control obrero”, se puede leer ahora en un mensaje que firma el Movimiento de Vivienda de Madrid.

Los activistas han logrado así tapar el eslogan “Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa” que predominaba en la fachada con la foto de Pedro Sánchez y de Daniel Esteve, fundador de Desokupa. Además, el cartel inicial sacaba pecho de las expulsiones de hogares y señalaba a Unidas Podemos y ERC con el rótulo: “Os echaremos de menos a todes”. Sin embargo, según ha podido saber elDiario.es, sobre las 10.00 horas de la mañana la empresa encargada de gestionar ese espacio publicitario, Urban Visión, ha retirado las proclamas antidesahucios.

“En los últimos días, los matones del capital inmobiliario se han hecho virales gracias a una pancarta en la que se jactaban de las agresiones y las coacciones a las que someten a nuestra clase. Hoy han recibido su respuesta”, habían respondido este viernes los activistas antidesahucios. “Más allá de las promesas electorales, lo cierto es que nuestras vidas siguen en crisis. A quienes permanecemos organizadas, lo único que nos ha llegado son más mordazas, más multas, más detenciones, más criminalización”, añadían.

Según las imágenes difundidas por el Sindicato de Barrio Moratalaz la acción contra Desokupa ha tenido lugar a primera hora de este viernes. Varias personas se han colgado de la fachada del edificio y, además de los lemas citados, han colocado otros recordando que en los últimos ocho años se han producido 482.549 desahucios o que 28.552 personas se han quedado sin hogar.

“Frente a sus amenazas y su violencia, ayer como hoy, se encontrarán a la clase trabajadora organizada. No renunciamos a nada, lo queremos todo: vivienda gratuita, universal y de calidad”, han explicado los activistas por la vivienda a través de las redes sociales. “No podemos perder de vista que el refuerzo autoritario del Estado y el auge de grupos parapoliciales no responde a la voluntad de uno u otro partido. Es uno de los síntomas de un orden social en crisis, en decadencia”, han añadido.

En principio, la comunidad del edificio de la calle de Atocha iba a recibir 8.000 euros por mantener el cartel de Desokupa durante tres semanas, un precio acordado por la empresa publicitaria y el cliente. “Nosotros no ponemos el precio”, afirmó esta semana, en declaraciones a elDiario.es, la presidenta de la comunidad del edificio.

Sin embargo, el abogado Xaime da Pena, financiador de la lona con un historial de polémicas a sus espaldas, aseguró en conversación con este diario que les había costado 40.000 euros por colgarla desde el día 3 hasta el 23. En lo que va de año, el edificio ha albergado cuatro lonas diferentes. En este sentido, los ingresos para los vecinos varían según algunos factores, como el tamaño de las mismas y el tiempo que estén colocadas. Según la presidenta, el ingreso mínimo, en general, que recibe la comunidad por colgar una lona son 5.000 euros.

Este tipo de carteles se han convertido en un clásico de la comunicación política y empresarial hasta tal punto que su uso se ha hegemonizado en los últimos años. En las últimas semanas, a la pancarta de Desokupa se había sumado la que Vox colocó en la antigua cervecería Santa Bárbara, en la confluencia de las calles Goya y Alcalá de Madrid.

En esa pancarta gigante se atacaba a varios colectivos. Se veía una mano tirando a la basura los diversos símbolos que representan al feminismo, al colectivo LGTBI, la Agenda 2030, el comunismo, el Movimiento okupa y la bandera independentista catalana. Pero, a raíz de distintas denuncias, la Junta Electoral de Madrid obligó a Vox a retirarla. El PSOE también ha denunciado la lona de Desokupa que este viernes ha aparecido tapada con las citadas proclamas a favor de la vivienda.

Un total de 16 personas de toda España han comenzado a declarar como investigadas debido a la denuncia realizada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Cristina Vicenta Guerra, por sus comentarios en Twitter. La jueza inició este proceso tras un tuit de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara en la que se publicaba una fotografía de los miembros de la comisión judicial que ejecutaron el desahucio de dos jóvenes y su bebé en marzo de 2019 en el barrio de El Alamín. Debido a ello, la jueza dictó una medida cautelar para prohibir fotografiar desahucios y varios usuarios de la red social comentaron o compartieron la denuncia que la PAH criticando esta decisión. Ahora han comenzado a declarar por esos comentarios.  

El caso consta de dos partes diferenciadas. Por un lado, el autor de esa primera fotografía, activista de la PAH, ya declaró como imputado por difundir esa fotografía. En este proceso, la Fiscalía provincial de Guadalajara solicita un total de cuatro años y medio de prisión. Cuando realizó la fotografía, los funcionarios desalojaban a una pareja de 17 y 19 años y a un bebé recién nacido, y el acusado protestaba junto a otras personas desde los balcones y difundió las imágenes del lanzamiento. El colectivo antidesahucios denunció que el auto del fiscal es “un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información”. 

Por otro lado, hoy han comenzado a declarar las primeras tres personas de un total de 16 a los que la jueza investiga por haber compartido, denunciado o comentado en Twitter la medida cautelar que este juzgado adoptó prohibiendo compartir esa fotografía inicial así como imágenes de desahucios en general. Según apuntan, se les imputan delitos de injurias.

Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando este juzgado prohibió a la PAH la realización de fotografías de desahucios. Es decir, “limitaba un instrumento fundamental para documentar abusos, prohibiendo fotografiar un desahucio en el que se echaba a la calle a una familia con un recién nacido”, explican fuentes de este colectivo. Esta prohibición, además, no sólo se limita a la provincia de Guadalajara, sino a todo el territorio nacional.

Decenas de miles de opiniones

Ante tal decisión, la PAH lo puso en conocimiento de la opinión pública y de los medios de comunicación, que se hicieron eco de la noticia. Decenas de miles de usuarios vieron la noticia en distintos medios y redes sociales, en las que dejaron su opinión sobre la actuación judicial. Ahora, casi dos años después, algunos de ellos son citados a declarar como investigados por “haber comentado su parecer contra dicha decisión”. Entre estos investigados se encuentran ciudadanos de distintos puntos del país, que no se conocen entre sí, pero cuyas identidades han sido indagadas por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Otra tanda de investigados serán llamados a declarar el próximo 18 de febrero.

Tanto la medida cautelar inicial adoptada por la jueza Vicenta Guerra, que tachan de “persecución judicial”,  como la denuncia presentada contra 16 usuarios de redes sociales, son un “serio precedente” para la PAH. “Se trata de una medida insólita en nuestro país y que ataca directamente la labor informativa que realiza no sólo la PAH documentando los casos de desahucios y vulnerabilidad, sino que también ataca a la labor periodística de medios de comunicación y periodistas particulares”.

De hecho, el pasado mes de junio, la red social Twitter denegó a este juzgado los datos personales y las direcciones IP asociadas a la cuenta de la PAH de Guadalajara. El juzgado requirió a Twitter datos personales que a juicio de la red social no cumplían con los requisitos mínimos para su acceso, ya que al tener esta empresa su sede social en Estados Unidos, los datos requeridos están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que establece “la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y de reunión”.

Segundo acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat catalana para recuperar legislación autonómica suspendida por el Tribunal Constitucional. Si el pasado septiembre fue la ley de sanidad universal, este miércoles ambas administraciones han anunciado un pacto para retirar parte de los recursos sobre las dos normas antidesahucios y contra la pobreza energética aprobadas en el Parlament entre 2015 y 2016.

El conseller de Territori, Damià Calvet, quien tiene ahora la competencia en vivienda, ha anunciado que finalmente el Govern ha alcanzado un “acuerdo interpretativo” con el Gobierno central para que retire el grueso de los recursos interpuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra dos leyes catalanas. La Generalitat ha aceptado la última oferta hecha desde el Ministerio de la Función Pública que dirige Meritxell Batet, que proponía un rescate casi completo de las normas, excluyendo algunos puntos, como la expropiación forzosa de vivienda en procesos de desahucio.

La pretensión de la Generalitat era una retirada total de los recursos, mientras que Batet proponía que el Govern devolviera al Parlament la ley para eliminar los puntos controvertidos. Finalmente se ha optado por limar las discrepancias competenciales en el desarrollo de las normas, mientras se retira el grueso del recurso.

La Generalitat se ha felicitado por la recuperación de la mayor parte de las medidas contempladas en las leyes 24/2015 y 4/2016 sobre emergencia habitacional, aunque ha lamentado que no es una “retirada total”.

En lo concreto, la Generalitat recuperará la capacidad para mediar en caso de desalojo o para expropiar temporalmente viviendas de grandes tenedores que lleven dos años vacías. Las normas además incluyen la obligación de los bancos de realojar a las personas desahuciadas con un alquiler social.

Los alcaldes catalanes y las entidades por el derecho a la vivienda quieren aprovechar el incipiente deshielo entre el Gobierno socialista y el Govern de Quim Torra para recuperar la ley catalana antidesahucios. En un manifiesto promovido por la PAH y firmado por ayuntamientos, sindicatos, entidades sociales y asociaciones de vecinos, han exigido a Pedro Sánchez que retire del Tribunal Constitucional el recurso que presentó Mariano Rajoy y que llevó a la suspensión cautelar de buena parte de las medidas de emergencia habitacional previstas en la ley que aprobó el Parlament en 2015.

En el documento presentado este miércoles, exigen al Gobierno “la retirada del recurso de inconstitucionalidad” y la posterior aplicación total e inmediata de la ley, “incluidos los convenios con las suministradoras para que asuman las deudas de las familias en exclusión residencial”, que la norma prevé en las medidas contra la pobreza energética. El manifiesto lo ha leído Lucía Delgado, portavoz de la PAH, arropada frente al Parlament de Catalunya por varios alcaldes, entre ellos la de Barcelona, Ada Colau, y por un buen número de entidades sociales.

Los ayuntamientos firmantes son de entrada Barcelona (BComú), Sabadell (CUP), Santa Coloma de Gramenet (PSC), Girona y Sant Cugat del Vallès (PDeCAT) y Sant Vicenç dels Horts (ERC). Reciben el apoyo también de las dos principales federaciones de municipios, la AMC y la FMC.

Durante la lectura del texto, Delgado se ha dirigido en algún momento directamente a Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, a quien se le supone la tarea de retirar recursos al Constitucional de una serie de leyes sociales señaladas por el Govern como prioridades de legislatura. Hasta la fecha, el único compromiso adquirido por el Ejecutivo socialista respecto a estas leyes ha sido sacar del Alto Tribunal la norma catalana de sanidad universal.

Antes del recurso, durante los nueve meses que estuvo en vigor, la ley 24/2015 garantizó a los ayuntamientos “herramientas efectivas, redistributivas y justas para afrontar las necesidades de vivienda”, según el manifiesto. El cálculo que hacen las entidades por el derecho a la vivienda, impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que alumbró esta ley, es que durante ese período se pararon alrededor de 10.000 desahucios en toda Catalunya.

Entre los artículos suspendidos de forma cautelar por el Constitucional se encuentran la mayoría de los que tienen que ver con la emergencia en vivienda. Entre otras medidas, se planteaba la obligatoriedad de ofrecer alquiler social a los desahuciados si el propietario es un gran tenedor, o la cesión obligatoria de viviendas vacías si son propiedad de personas jurídicas. El principal escollo que ve el Gobierno para retirar el recurso es precisamente este último punto, de cuya constitucionalidad dudan.

Las vecinas de Santa Cruz de Tenerife Tamara González y María Desiré Meneses, residente la primera en el edificio Alejandro de este municipio, han instado al Gobierno de Canarias y al resto de organismos públicos a tomar medidas contra los desahucios de primeras viviendas residenciales.

El Partido Socialista, Sí Se Puede e Izquierda Unida en Santa Cruz han presentado, junto a esas afectadas por próximos lanzamientos, una moción en el pleno de este viernes para que el Consistorio capitalino incluya en su protocolo de actuación los casos de ocupaciones de viviendas.

Las citadas vecinas han explicado que la mayoría de las familias que se encuentran pendientes de desahucios o en situación de ocupación son personas en riesgo de exclusión social y, por lo tanto, sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler.

Tamara González ha señalado que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz solo se le prestó apoyo en su primer lanzamiento, un apoyo que “nunca llegó”. La vecina ha sufrido cuatro lanzamientos, el último paralizado por ella, y se encuentra pendiente de otro previsto para el 3 de julio. Indica que la única alternativa que le ofrecen es ubicarla en un piso con otras familias, algo que no considera adecuado pues tiene un hijo menor de edad.

De la misma forma, la presidenta de la comunidad de vecinos de las 42 viviendas en El Sobradillo, María Desiré Meneses, ha expuesto que, aunque las viviendas fueron entregadas en el año 2015, cuentan con graves deterioros. Ha explicado que muchos gastos han tenido que pagarlos los propios vecinos. La joven ha considerado “injusto” que tenga que ser la propia presidenta de la comunidad la que tenga que denunciar a un vecino por retrasarse en el pago de las cuotas.

El concejal de Sí Se Puede Pedro Fernández Arcila y el socialista José Ángel Martín Bethencourt van a presentar, junto a Izquierda Unida, una moción para que el Ayuntamiento tenga un mayor compromiso y así acabar con los desahucios en la ciudad. No solo han pedido ampliar el protocolo antidesahucios, sino que también se actúe en los casos con antelación: “Pedimos que el Ayuntamiento tenga un papel de compromiso, que se prevea el lanzamiento y que se ponga sobre la mesa una vivienda en régimen de alquiler social”, ha dicho Fernández Arcila.

El concejal de Sí Se Puede afirmó que han detectado que las entidades bancarias compran grandes edificios, pero que están vacíos porque no cuentan con las licencias adecuadas para que pasen a ser viviendas; por eso, han instado al Parlamento y al Gobierno de Canarias para que revise la Ley de Viviendas de Canarias. Además, consideran necesario la configuración de un parque público de viviendas y un mayor compromiso por parte del alcalde en esta cuestión social.

El socialista José Ángel Martín ha criticado la presencia de José Manuel Bermúdez en actos como el cierre definitivo de la refinería de Santa, junto a Carlos Alonso y Fernando Clavijo, y sostuvo que se encuentra “ausente donde realmente se le necesita”. “Están muy bien las infografías sobre el futuro de Santa Cruz, pero el alcalde debe mirar el presente”, subrayó Martín.

Este concejal ha insistido en que es una obligación del Ayuntamiento poner en marcha el protocolo antidesahucios y ha exigido al alcalde que paralice el lanzamiento de Tamara González.

La polémica ley andaluza antidesahucios, aprobada en 2013 por el entonces Gobierno de coalición PSOE-IU, suspendida hace más de cuatro años, ha visto anulado formalmente uno de sus preceptos. El Tribunal Constitucional, según ha adelantado la Cadena Ser, considera inconstitucional la expropiación temporal de viviendas vacías, propiedad de los bancos, por tres años en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión.

Según el TC, dicha medida, contemplada en la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía, “interfiere en el ejercicio legítimo que el Estado hace de sus competencias y menoscaba así la plena efectividad de esa competencia estatal”.

El Gobieron central recurrió aquella ley en diciembre de 2013 e impugnó varios apartados relativos a la “declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social”, la “definición de viviendas deshabitadas”, y la “clasificación de infracciones muy graves” para las entidades financieras que no saquen estos inmuebles al mercado del alquiler.

La Ley de la Función Social de la Vivienda había entrado en vigor apenas dos meses antes tras ser aprobada por el Parlamento de Andalucía con los votos de PSOE-A e IU y el rechazo del PP-A, que ya le auguró este fin. La ley derogaba el decreto que en el mismo sentido aprobado por el Gobierno de Andalucía el abril anteior y que también había sido impugnado por el Gobierno de Mariano Rajoy, dejándolo sin efecto. Desde su entrada en vigor se había procedido a dos expropiaciones temporales de viviendas cuyos habitantes pretendían desahuciar entidades financieras.

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles, con sólo cinco votos en contra, la Ley de Derecho de Tanteo y Retracto para luchar contra los desahucios a las familias más vulnerables. La norma ha contado con los votos justitos de PSOE y Ciudadanos (55), la abstención de PP y Podemos (48) y el rechazo frontal de IU (5). La coalición de izquierdas, autora de la famosa ley antidesahucios que precede a esta norma, ha sopesado mucho su voto -es las pocas veces que se queda sola en la Cámara-, pero finalmente ha optado por la línea dura: “Esta ley es un churro político, una chapuza política y un ridículo espantoso”, ha dicho la diputada Inmaculada Nieto.

La Ley andaluza de Tanteo y Retracto ha tardado dos años y diez meses en ver la luz, desde que se conoció el primer borrador en junio de 2015. En este periodo de dilación administrativa, en Andalucía se han registrado 10.694 desalojos de viviendas en 2015; otros 9.998 en 2016 y 10.437 desahucios el año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial. El trámite ha sido largo porque, según la Consejería de Vivienda, se ha cuidado mucho su redacción para evitar que el Tribunal Constitucional la paralice, como ocurrió con la popular ley antidesahucios.

Aquella norma, aprobada por el anterior Gobierno de coalición PSOE-IU, habilitó a la Administración andaluza para expropiar temporalmente la vivienda a un banco antes de que se desalojara a la familia propietaria por los impagos hipotecarios. La ley también obligaba a las entidades bancarias a informar con detalle del número de pisos vacíos que tenían en cartera, exponiéndose a sanciones si se negaban a sacarlas al mercado. Tuvo un impacto social y mediático enorme, porque en 2013 -en el ojo del volcán de la crisis- se registraron más de 82.000 ejecuciones hipotecarias en España, el 22,2% en Andalucía. Pero la norma apenas tuvo recorrido, porque el Ejecutivo central la recurrió y el Constitucional anuló los artículos más significativos. 

La nueva normativa que se ha aprobado este miércoles en el Parlamento es, por tanto, el plan B de la Junta de Andalucía. La Ley de Tanteo y Retracto ya no permite al Gobierno andaluz expropiar pisos a los bancos para evitar desahucios, pero sí le habilita para ejercer el derecho preferente de compra. La Junta podrá pujar por las viviendas durante el alzamiento de las mismas y adquirir por su valor de mercado los inmuebles que están en la fase final de la ejecución hipotecaria en el proceso judicial de desahucio

En 2013, cuando nace la popular ley antidesahucios, aún no había explotado la burbuja inmobiliaria, que dificultaba a los ciudadanos la adquisición de una vivienda o el hacer frente a una hipoteca. Hoy, en 2018, en fase de recuperación económica, los expertos hablan ya de una nueva burbuja en el mercado del alquiler, un efecto rebote de la primera crisis -asociada al boom de los pisos turísticos en las principales ciudades del país- que ha provocado un encarecimiento de los precios del alquiler. 

Podemos e IU han rechazado de plano la Ley de Tanteo y Retracto, en parte, porque no articula ninguna medida para evitar los 4.713 lanzamientos de viviendas provenientes del impago del alquiler que se registraron en Andalucía el año pasado. Además los dos grupos de izquierda coinciden con el PP en otra crítica: la Junta no necesitaba esta ley para ejercer su derecho preferente de compra porque, desde 2005, una ley estatal “que la Junta no usa” le permite hacerlo (Ley de Vivienda Protegida). Los tres grupos de la oposición sostienen, además, que en tanto que existe una legislación del Gobierno central contra los desahucios, la norma andaluza no podrá aplicarse hasta dentro de dos años (2020), un extremo que la Junta no ha desmentido.

La normativa aspira a proteger a los colectivos más vulnerables, a saber, menores de 35 años y mayores de 65, personas con discapacidad y dependientes, familias monoparentales, con niños a su cargo o afectadas por una ruptura de la unidad familiar, víctimas de violencia de género o del terrorismo, emigrantes retornados y familias en riesgo de pobreza o exclusión social. Para aquellos que se queden sin “solución de emergencia habitacional”, la ley permite al departamento de Felipe López ofrecer un alquiler social tras adquirir su vivienda. El presupuesto estimado para esta herramienta es de cuatro millones anuales. 

El impacto que va a tener la Ley de Tanteo y Retracto difiere, según cálculos de la Junta o de la oposición. El Gobierno andaluz estima que podrá adquirir unas 200 viviendas en los próximos dos años, por un coste que oscila entre los 70.000 y los 80.000 euros cada una. La oposición rebaja considerablemente estos cálculos: Podemos prevé que sólo se podrán adquirir siete viviendas por provincia y año de aquí a 2020, a un precio de 45.000 euros. Los populares creen que no se podrán comprar más de 29 viviendas al año. 

Ciudadanos, socio de legislatura del Ejecutivo de Susana Díaz, es el único que ha respaldado el proyecto. Su portavoz en el debate, el diputado Carlos Hernández White, ha generado cierta confusión en el Pleno al anunciar que el Consejo de Gobierno aprobó el martes “duplicar” el presupuesto inicial de la ley. La Consejería de Vivienda ha negado este extremo, aclarando que la partida económica consignada para este año -cuatro millones de euros- es la que estaba prevista desde el principio, la misma que se consignó el año pasado, pero que no se llegó a ejecutar para la adquisición de viviendas al borde del desahucio, porque la ley nunca llegó a aprobarse.

Izquierda Unida gestionaba las competencias en materia de vivienda en al pasada legislatura y fue, por tanto, la autora de la norma más significativa del Gobierno anterior, y quizá por eso también ha sido la más beligerante en el debate parlamentario de este miércoles. “Andalucía se puso a la vanguardia en materia de protección social de la vivienda” en el mandato anterior y cuatro “cuatro comunidades siguieron la estela” de la ley antidesahucios andaluza. Esto, subrayó Nieto, “es un churro político”.

En el escaso tiempo que estuvo en vigor la citada ley, a la Junta sólo le dio tiempo a ejecutar dos expropiaciones, una en Huelva y otra en Torremolinos, pero se estaban tramitando 200 expedientes más de expropiación. Cuando el Constitucional la paraliza, en mayo de 2015, la sentencia hizo públicos los datos oficiales de viviendas vacías en Andalucía que, hasta entonces, nunca se habían reconocido por parte de la Administración: 548.669 pisos deshabitados, viviendas arrendadas (16,9%) y demanda de vivienda en arrendamiento en Andalucía (más de cincuenta mil unidades familiares).

Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara han vuelto este jueves a entrar en una sucursal bancaria para reclamar la retirada de la demanda judicial contra Paola, una vecina de Cabanillas del Campo que ocupó una vivienda hace tres años, en la que vive con sus dos hijos pequeños, y que se enfrentará a juicio el próximo 19 de diciembre. 

La familia de Paola fue una de las 15 que ocuparon viviendas en esta localidad del Corredor del Henares que llevaban más de diez años vacías y que, según la PAH, han mantenido y rehabilitado tras ser abandonadas por una constructora en quiebra. Las viviendas pasaron después a ser propiedad de Caixabank, entidad con la que estas familias no tienen ninguna relación contractual, según confirma el alcalde de Cabanillas, José García Salinas.

“No hablamos de un desahucio hipotecario sino de una ocupación de vivienda sin título de propiedad”. El alcalde explica que determinadas personas se dedicaron a cambiar las cerraduras, ocupar las casas y venderlas a terceros “por 1.000 euros”.  Según García Salinas, “fue el caso de Paola. Y La Caixa, en su legítimo derecho, ha ejercido el procedimiento judicial para que abandonen la vivienda”.

La portavoz de la PAH Guadalajara, Julia Sánchez,  ha vuelto a pedir hoy que se retire la demanda y que se negocie un alquiler social para la familia de Paola. Varios miembros de la PAH Guadalajara han permanecido en el interior de la sucursal de la céntrica plaza del Jardinillo de esta ciudad hasta el cierre de la oficina al mediodía y no descartan repetir la acción en próximos días.  

El pasado 6 de diciembre, ocho activistas fueron detenidos cuando protagonizaron una acción similar en otra sucursal de Cabanillas del Campo, en la que permanecieron encerrados después de la hora del cierre, fueron desalojados y detenidos durante unas horas en el cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara. 

La mediación del Ayuntamiento, sin resultado

El alcalde de Cabanillas del Campo explica que el Ayuntamiento ha intentado mediar con la filial inmobiliaria de la entidad “para que esta familia no se quedase en la calle y tuviese alternativa habitacional con un alquiler social o similar”. Hasta la fecha no ha sido posible. 

Fuentes de Caixabank consultadas por eldiarioclm.es aseguran no poder dar marcha atrás en el proceso “por una cuestión de seguridad jurídica. Si algo les pasa a los okupas en estos inmuebles, sin estar denunciados, la responsabilidad sería nuestra”. 

En este aspecto, comenta el alcalde, “yo entiendo que se tenga que desocupar la vivienda para no hablar de usurpación. Deben renunciar de facto. Es correcto lo que plantea Caixabank pero no lo es tener una vivienda vacía. Ofrece un alquiler para que no se queden en la calle”, espeta el alcalde. Es la posición municipal que, dice, se ha trasladado a la entidad.

Según ha podido saber eldiarioclm.es, esta entidad y la Junta de Castilla-La Mancha llevan meses negociando la posibilidad de que Caixabank, al igual que otras entidades bancarias, pongan a disposición de la Administración regional viviendas vacías que puedan ser gestionadas por el Ejecutivo castellano-manchego y destinadas a aquellas familias que puedan necesitarlo. De hecho, esta entidad bancaria promociona desde 2005 sus más de 30.000 viviendas en toda España, en algunos casos con un precio de alquiler de 85 euros al mes.

En caso de producirse el lanzamiento de esta familia, el alcalde confía en la intervención de la Consejería de Bienestar Social. “Si se llega a producir un hecho, que genera indefensión social, entiendo que debe atender las necesidades básicas inminentes de esta familia. Espero que la Junta no les deje en la calle. Y si tenemos que pagar unas noches de hotel mientras se resuelve, lo haremos”. 

Escoltados por un cententar de activistas, varios colectivos sociales han presentado las 76.773 firmas recopiladas para que la ILP que reclama una "ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid" se debata en la Cámara

Este texto busca garantizar el acceso a la vivienda pública, combatir la pobreza energética o paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional

Llevan tres meses recopilando firmas para que en la Comunidad de Madrid se apruebe una “ley urgente del derecho a la vivienda” que garantice el acceso a inmuebles públicos, combata la pobreza energética y paralice los desahucios. Tras 90 días dando a conocer en la calle esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), alrededor de un centenar de personas han escoltado los apoyos recabados en su llegada a la Asamblea de Madrid.

Necesitaban 50.000 firmas para que esta propuesta promovida por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Asociación Libre de Abogadas y la Federación de Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid fuese tramitada en la Cámara regional. Y han conseguido más de 76.773 apoyos, tratando así de que la ILP llegase a la Asamblea con el “mayor apoyo social posible”.

“Llevamos varios meses de esfuerzo, trabajo y sacrificio. La ley que permite las ILP está redactada para que sea muy difícil plantear este tipo de iniciativas. Hemos salido a las calles día tras día; en cada plaza, en cada pueblo y en cada barrio porque entendemos que es una ley necesaria para la sociedad”, ha incidido Alejandra Jacinto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El número exacto de apoyos se ha hecho público en la concentración festiva celebrada minutos antes de la entrega de firmas. En ella, los asistentes se han mostrado muy satisfechos con esta cantidad final. “Esta ILP la vamos a ganar” o “una ILP para vivir dignamente en Madrid”, han sido algunos de los cánticos que han precedido a la entrega de las 20 cajas que los portavoces de los colectivos promotores han presentado y trasladado al registro de la Asamblea.

“Un sistema un poco precario”, apuntaba Jacinto mientras cada uno de los tres portavoces eran los encargados de trasladar las cajas al interior de la Cámara. El texto de la ILP no se limita a paralizar los deshaucios, tambien se ocupa de la creación de un régimen de acceso general para el uso a una vivienda pública de alquiler, de los casos de “emergencia habitacional” para que se asigne una vivienda “temporal y gratuita”.

Además, proponen medidas para prevenir el uso antisocial de las viviendas, como la penalización económica de hasta 600.000 euros sobre aquellas viviendas que durante más de seis meses permanezcan vacías.

“Actualmente, el Gobierno hace lo que quiere con nosotros, vende nuestras casas, ejecuta desahucios y nos dejan sin vivienda pública”, recordaba Carmen, activista de la PAH, que acudía a la cita con un vestido que tenía serigrafiado el logo de esta ILP de vivienda. Esta mujer ha amenizado la mañana de los asistentes entonando al ritmo de un castizo chotis, las principales reinvindicaciones de esta normativa. “Madrid, Madrid, Madrid, no hay techo que se te pueda resistir”, cantaba en el estribillo.

Comienza el proceso político

Una vez que ha vencido el plazo para recabar firmas y han conseguido superar la barrera de 50.000 firmas, la Asamblea deberá verificar esos apoyos y, a partir de entonces, serán los grupos políticos los encargados de decidir sobre el futuro de esta propuesta. “Ahora hay un cambio de fase, hemos superado con creces lo que nos han pedido y le toca el turno a los partidos políticos. Veremos qué partidos pasan este examen de democracia”, apuntaba Jacinto.

“Es el momento de que los partidos políticos se pronuncien y dejen claro que el derecho a la vivienda es fundamental y no un bien de consumo”, respondía Alejandro Gámez, presidente de ALA. Según explicaba el letrado, el primer filtro de la ILP lo ejecutará la mesa de la Asamblea, que decidirá si se debate o no, si finalmente se aprueba, el texto presentado hoy se tratará como una “ley cualquiera” en la Cámara.

“Podemos y PSOE nos plantearon que votarían a favor. Por su parte, Ciudadanos y Partido Popular se han mostrado favorables al debate, la cuestión es si luego se va aceptar todo el articulado o en qué medida se va a restringir”, añadía Gámez.

La esperanza de estos colectivos es que Ciudadanos “se pronuncie a favor”, tal y como apuntaba Vicente Pérez, portavoz de la FRAVM. Aunque también advierten que no quieren que los partidos políticos “esquilmen” el articulado del texto que han presentado. La paralización de los desahucios en la Comunidad de Madrid, la prohibición de vender vivienda pública y la cesión de vivienda vacía a los bancos, son algunos de los puntos “mínimos” que esperan que se conserven si finalmente se presenta una ley.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado hubo en Madrid 6.674 lanzamientos, esta cifra supone un descenso del 7,2% respecto a los 7.194 de 2015. En esta recogida de datos, se tienen en cuenta distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

La nueva ley antidesahucios catalana ha sido aprobada este jueves con amplio consenso de los partidos sobre el grueso de su articulado. La nueva norma viene a sustituir los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional de la ley 24/2015, una norma garantista que había sido promovida por la PAH y otras entidades. Sin embargo, pese al consenso entre los partidos y las entidades locales respecto a la ley aprobada este jueves, la PAH no se ha sumado al apoyo al considerar que la rebaja efectuada por el Govern para hacer la ley constitucional la deja incompleta.

El texto aprobado garantiza el realojo en caso de desahucio y prevé medidas para paliar la exclusión residencial por sobreendeudamiento mediante un proceso de mediación. Además introduce el concepto de alquiler abusivo, entrando a regular el precio del alquiler, si bien de forma más ligera de lo que reclaman algunos agentes como el Ayuntamiento de Barcelona. La ley prevé también medidas para ampliar el parque de alquiler, movilizando inmuebles vacíos con la posibilidad de efectuar expropiaciones temporales.

Los grupos de izquierdas habían propuesto enmiendas a la ley, muchas de las cuales han sido aceptadas. El PSC se ha felicitado de la creación de una comisión entre Govern y administraciones locales, que permitirá que desde los servicios sociales de los ayuntamientos se haga seguimiento de las personas en riesgo de exclusión residencial. Los ayuntamientos socialistas habían reclamado esta medida.

Por su parte, Ciutadans y PP han acabado apoyando la mayoría de los artículos, aunque han criticado el “tono victimista” que a su juicio ha empleado el Govern tras la suspensión del Constitucional de la primera ley. Desde el principal partido de la oposición se ha reclamado que se use dinero de TV3 para frenar los desahucios.

Regulación de precios del alquiler

La regulación del precio del alquiler, que finalmente se incorpora, ha supuesto un cambio de criterio de JxSí, que hasta ahora se negaba. CSQEP ha considerado “un paso adelante positivo” la inclusión de la regulación del concepto de alquiler abusivo, aunque ha reclamado más valentía. La propuesta de conjunta del grupo morado y la CUP era establecer unos indicadores que limitaran los precios del alquiler al 30% de la renta familiar del municipio, algo que no ha sido aceptado por la mayoría del pleno.

Pese al apoyo de la oposición al conjunto de la norma, esta también ha remarcado la necesidad de que el Govern dote a las políticas de vivienda de los fondos necesarios y que establezca políticas para reorientar el modelo de vivienda catalán. Uno de los temas más candentes en esta materia es la burbuja del alquiler que afecta, principalemente, a Barcelona. El Govern se ha comprometido a tratar el tema en una ley de arrendamientos urbanos, que prevé elaborar en los próximos meses. La decisión cuenta con el beneplácito de JxSí y PSC, mientras que CSQEP y la CUP, además del ayuntamiento de Barcelona, consideran que el Ejecutivo dilata demasiado los tiempos y pierde la oportunidad de desarrollar ese aspecto en la presente ley.

Los argumentos del Govern para negarse a incluirlo ahora es que la ley aprobada este jueves es de emergencia y debe servir únicamente para sustituir las medidas suspendidas de la anterior 24/2015. Según aseguran desde el departamento de Governació que dirige Meritxell Borràs, la norma que sale ahora del Parlament está blindada jurídicamente para que no pueda ser impugnada por el Gobierno central.

La PAH critica la nueva ley

El grupo promotor de la antigua ley, en el que se agrupan la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y otras entidades, no ha dudado en cargar contra la norma aprobada este jueves. El portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha advertido de que el nuevo texto será un fracaso ya que la mayoría de mecanismos que prevé son “de carácter voluntario, caros, farragosos y lentos”.

Al entender de la PAH, esta norma ha rebajado de forma sustancial la 24/2015 y en una parte importante del articulado tira de un registro de pisos vacíos que es de carácter voluntario para los grandes propietarios de inmuebles, como la banca. Además de esto, Macías ha asegurado que esta ley constituye un “cambio de paradigma” respecto a la ley que ellos promovieron el año pasado, en la que se obligaba a los grandes propietarios a hacerse responsables materiales del derecho a la vivienda.

Así, para la PAH, la actual ley deja esa visión atrás y se limita a dar respuesta a los problemas habitacionales con recursos públicos. “Continuamos con la transferencia de dinero público para pagar los beneficios de aquellos que más están especulando”, ha denunciado Macías.

Cuando a finales del pasado abril el Tribunal Constitucional suspendió el grueso de medidas de derecho a la vivienda de la ley catalana antidesahucios, el Govern de la Generalitat impulsó un frente común con ayuntamientos y entidades con el objetivo de elaborar una nueva norma que garantizara los derechos perdidos los más rápido posible. Se calculaba que la ley catalana había permitido detener más de 4.000 desahucios en nueve meses, y era un instrumento imprescindible para los ayuntamientos en esta materia.

Este miércoles, poco más de medio años después, el Parlament ha dado luz verde al proyecto de ley elaborado por el departament de Gobernación que dirige Meritxell Borràs, al no haber interpuesto ningún grupo mociones a la totalidad en su contra. Sin embargo, la norma que se preveía de amplio consenso ha perdido el respaldo de diversas plataformas sociales y ayuntamientos, que acusan al Govern de haber ido demasiado lejos en la rebaja que ha llevado a cabo para evitar que la nueva norma vuelva a ser derribada en el Constitucional.

Entre los apoyos más importantes que la nueva ley se ha dejado por el camino se encuentra el de la PAH, entidad impulsora de la ILP que dio lugar a la antigua ley. Desde la Plataforma consideran que el texto es insuficiente y son pesimistas respecto a los resultados que dará, aunque aseguran que tratarán de sacar el máximo provecho del texto que se apruebe.

Rebaja respecto a la antigua ley

En concreto, las entidades ponen el acento en dos aspectos que la nueva norma rebaja respecto a la ley nacida de su ILP. En primer lugar, sobre la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables antes de ser desahuciadas y la cesión de pisos vacíos de grandes propietarios a la administración. La ley 24/2015 preveía ambas cosas con carácter general, mientras que ahora se limita a los propietarios que forman parte del registro de pisos vacíos de la Generalitat, que es de carácter voluntario.

En segundo lugar, las medidas sobre el alquiler. Tanto la PAH como el ayuntamiento de Barcelona piden dotarse de instrumentos para hacer frente de forma audaz a la burbuja del alquiler. La administración local y Plataforma han visto cómo las familias en riesgo de desahucio por impagos de alquiler han superado a las hipotecadas. Por ello, proponen que la ley entre a regular el precio del arrendamiento de vivienda habitual.

El presidente del grupo parlamentario de CSQEP, Lluís Rabell, ha anunciado una batería de mociones en este sentido, para “hacer más ambiciosa” una ley que apoya. Una de las propuestas recurrentes del grupo es que se declare como alquiler abusivo el precio que supere el 30% de la media de ingresos del municipio, una línea que comparte el Ayuntamiento de la capital catalana y el grupo parlamentario de la CUP. Por su parte, JxSí y el PP rechazaron al inicio del curso parlamentario regular el precio del alquiler en la nueva.

El Govern blinda la ley contra un recurso al TC

Todas estas críticas y peticiones son rechazadas de plano por el Govern, que asegura que este texto debe tener como prioridad rescatar los derechos perdidos por la anterior ley, sin ir más allá, y blindarse para que no pueda ser recurrida por el Gobierno. “Las mejores leyes son las que se pueden llevar a cabo”, ha asegurado la consellera Meritxell Borràs, quien ha dejado claro que el Govern no está dispuesto a entrar en una espiral de recursos constantes con el Gobierno central que dejarían a Catalunya sin una ley de estas características de facto.

Además, Borràs ha asegurado que si el actual texto no tiene el apoyo de las plataformas es porque estas reclamaban ir más allá de la ley suspendida, algo que suscitaba nuevos debates parlamentarios que retrasarían la tramitación de la medida, en contra del compromiso inicial de su departamento.

Tanto la consellera como su grupo, JxSí, han defendido por todo ello una ley de claro marco autonómico, algo que ha sido reprochado por la CUP, quien ha asegurado que se debía haber vuelto a aprobar la ley suspendida, en lógico cumplimiento de la resolución del 9 de noviembre que no reconoce al Constitucional.

Por parte de Ciutadans han culpado al Govern y a los independentistas de que la anterior ley fuera suspendida por el Constitucional ya que, a su parecer, gestionan mal para generar “frustración”. La diputada Noemí de la Calle ha acusado a JxSí de seguir esta estrategia conscientemente para convencer a los catalanes de que deben salir de España, razón por la que ha considerado que los independentistas están “no solo en contra del Estado español, si no del estado social”.

La regulación del precio de alquiler que propone el Ayuntamiento de Barcelona no entrará en la futura Ley de Medidas Urgentes que prepara la consellera encargada de Vivienda, Meritxell Borràs, en sustitución de los artículos anulados de la ley catalana antidesahucios. Los grupos de JxSí y PP tumbaron este jueves la propuesta de Catalunya Sí que es Pot que reclamaba definir el “alquiler abusivo” en la nueva norma, tal y como reclama el Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente a la burbuja del alquiler.

Con el rechazo de esta proposición, el Govern da carpetazo final a un asunto que el equipo de Colau ha venido reclamado con insistencia para luchar contra la burbuja especulativa del mercado del alquiler que aseguran haber detectado en Barcelona. El Ayuntamiento de la capital ya realizó alegaciones en este sentido en la primera mesa de entidades que el Govern convocó tras la anulación de la ley antidesahucios, que fueron rechazadas. 

La propuesta que CSQEP presentó este jueves ante el pleno del Parlament volvía a instar al Govern a incorporar en la ley que prepara unos determinados criterios sobre el precio máximo del arrendamiento, como que supusiesen un esfuerzo mayor del 30% de los ingresos medios en el municipio. El texto señalaba a los grandes tenedores de propiedad inmobiliaria, apuntadas o susceptibles de ser apuntadas en el Registro de viviendas vacías de la Generalitat, así como a los fondos de titulización y las sociedades de gestión inmobiliaria.

El texto del grupo parlamentario de Podem, ICV y EUiA, que recogía la petición en la que el equipo de Colau ha insistido durante los últimos meses, solo obtuvo el apoyo de los diputados de la CUP. JxSí y el PP se aliaron para rechazar la propuesta, mientras que Ciutadans y PSC optaron por la abstención. Este último grupo, que comparte gobierno con los comunes en el Ayuntamiento, presentó otro paquete de medidas sobre vivienda conjuntamente con CSQEP, en el que no se hacía mención a la regulación del precio del arrendamiento y se limitaba a reclamar un aumento de las ayudas al pago del alquiler, que también fue tumbada con los votos de JxSí. 

Desde el Deparament que dirige Borrás se ha rechazado incluir en la nueva ley de medidas urgentes regulación sobre el mercado del alquiler aludiendo que solo debe recoger lo suspendido de la ley 24/2015. Pese a eso, la nueva norma antidesahucios, que previsiblemente llegará al Parlament en las próximas semanas, rebajará de forma considerable la ley suspendida por el Constitucional.

Tanto la PAH como la Alianza contra la Pobreza Energética, impulsoras de la antigua ley, rechazan el nuevo texto aduciendo que la obligación de ofrecer una alternativa a las familias vulnerables queda circunscrita a las viviendas incorporadas en el registro de pisos vacíos de la Generalitat, de carácter voluntario, y que la cesión obligatoria a la administración de los pisos vacíos de grandes propietarios se ha sustituido por la cesión temporal de vivienda para interés social. Además no están de acuerdo con que la nueva norma no incorpore regulación de precios en el mercado del alquiler, como reclama el Ayuntamiento de Barcelona, aunque desde la PAH consideran que a la propuesta del consistorio y la recogida por CSQEP todavía le falta valentía, pues debe regularse todo el mercado y no solo el correspondiente al registro de viviendas vacías.

Regulación en una futura ley de alquiler

Pese al rechazo de JxSí de introducir el ámbito del alquiler en la nueva ley de medidas urgentes, sí dejan la puerta abierta a tratar este asunto en la futura ley de alquiler catalana. El Departament ya ha formado una mesa de trabajo con diferentes administraciones, entidades y colectivos interesados para acercar posiciones sobre una futura Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para Catalunya. Pero, pese a estar en fase de estudio, de llegar a hacerse esta ley tardaría años en entrar en vigor. 

Desde el Ayuntamiento consideran que si se espera tanto para comenzar a regular el precio del alquiler podría llegarse tarde a lo que consideran una verdadera burbuja especulativa en el alquiler, no solo de la capital sino de todo el área metropolitana de Barcelona. Por ello opinan que en la ley de medidas urgentes hay una oportunidad para introducir de inmediato esta regulación.

Aunque la medidas de urgencia propuestas por el Ayuntamiento solo pasarían de momento por la regulación del alquiler para los grandes propietarios de vivienda, el plan de la administración Colau va más allá. Javier Buron, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, explicaba el pasado mes en una entrevista con Catalunya Plural su propuesta, que pasaría por elaborar un estudio de mercado que fijara precios de referencia no solo al consumidor sino al propio mercado, con consecuencias jurídicas para quien no cumpla.

“En determinados lugares los precios no pueden fluctuar libremente y tiene que haber límites”, explicaba Buron, poniendo como ejemplo capitales europeas como Viena, Berlín o París. “Podemos esperar a que reviente el mercado de alquiler y que los contribuyentes paguen los platos rotos, como ya se hizo antes, o podemos tratar de enfriarlo, que es lo que no se hizo”, defendía.

La suspensión de buena parte del articulado relativo a los desahucios de la ley 24/2015 por parte del Tribunal Constitucional ha puesto en pie de guerra al Govern, administraciones locales y todos los grupos parlamentarios menos el PP. El president Carles Puigdemont ha encabezado la reacción contra la decisión judicial, haciendo frente común con todos los estamentos políticos y de la sociedad civil que defienden la norma suspendida, y anunciando la elaboración de una nueva ley contra los desahucios que incorpore todas las medidas recurridas ante el Constitucional.

La actitud de Convergència en esta ocasión contrasta con la mantenida en el primer gobierno de Artur Mas, cuando CiU y PP se aliaron para derogar los apartados más garantistas de la ley de Vivienda del 2007. Algunas de las medidas derogadas en 2011 fueron posteriormente recuperadas por la ILP de la PAH y, ahora, tras el recurso del Gobierno central contra ellas, son las que el Govern de Puigdemont pretende incluir en una nueva ley.

Es el caso de la cesión obligatoria de pisos vacíos de grandes propietarios, una de las medidas que el recurso del Gobierno de Rajoy suspendió. La ILP de la PAH establecía que las administraciones podían expropiar temporalmente para usos sociales los pisos de grandes propietarios que llevaran cierto tiempo vacíos. Sin embargo, la expropiación temporal fue aprobada por el Parlament en la ley de 2007 y no fue objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional.

Si esta medida –que no llegó a aplicarse nunca– no está vigente hoy en día es porque el primer gobierno de Artur Mas se encargó de recortarla con el apoyo del PP nada más llegar a la Generalitat en la llamada ley Ómnibus. La contrarreforma de CiU y PP de la Ley de Derecho a la Vivienda del tripartit eliminaba la posibilidad de expropiación de usufructo o alquiler forzoso a las viviendas vacías. El todavía hoy secretario de vivienda de la Generalitat, Carles Sala, aseguraba entonces que esta medida era “era un tema ideológico y que buscaba más un efecto que no una utilidad”.

Su antecesora en el cargo, Carme Trilla, impulsora de la ley con el tripartit, criticó en declaraciones a Catalunya Plural que “cuando entró Convergència retiraron esta medida inmediatamente, cuando les hubiera ido de perlas para poder negociar con los bancos”. Los ayuntamientos destacan que la cesión obligatoria de los pisos vacíos y la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social son las medidas de la ley impulsada de la PAH que les han permitido hasta ahora presionar a las entidades financieras y evitar desahucios.

Lucha para recuperar la medida

Una posibilidad que está en manos del Parlament y el Govern, que ahora trabajan en nuevo texto que sustituya el impugnado, es retirar con una nueva ley que modifique la ley Ómnibus la eliminación de ese artículo. La ley de 2007 ya no puede ser objeto de recurso y difícilmente el aparato jurídico del Estado podría considerar como invasión competencial la suspensión de una modificación de una ley que no se recurrió ante el TC.

Este miércoles la Generalitat se ha reunido con los impulsores de la ILP –la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC– para trabajar en el nuevo proyecto legislativo. Su objetivo es cubrir los derechos que garantizaba la ley impugnada, como evitar los desahucios por motivos económicos, evitar que las familias arrastren una deuda de por vida y ampliar el parque de alquiler social. Sin embargo, las medidas para cumplir esos objetivos no serán necesariamente las mismas, sino que se utilizaran otros caminos legales.

Herramientas vigentes

La ley recurrida incluía sanciones a las entidades que no ofrecían una alternativa de alquiler social antes de desahuciar a una familia vulnerable. Si bien la ley de 2007 que sigue vigente no incorpora esta medida, sí permite multar con hasta 900.000 euros a los propietarios que acumulan pisos vacíos, con el objetivo de fomentar que los pongan en alquiler. Esta medida quedó en un cajón desde su aprobación en 2007 hasta que la PAH empezó una campaña de mociones en los ayuntamientos para que la apliquen. Ahora reclaman, una vez más, su aplicación.

De la misma ley también reclaman el censo para detectar todas las viviendas que no cumplen su función social, la expropiación temporal de los inmuebles en mal estado de conservación para su rehabilitación, y la aplicación del principio de solidaridad urbana, que establece la necesidad de un 15% de vivienda social.

Al supuesto deshielo de relaciones entre la Generalitat catalana y Gobierno central fruto de las reuniones de las últimas semanas le ha seguido el recurso del Ejecutivo de Rajoy a uno de los asuntos más sensibles para el Govern de Puigdemont. Este viernes el Gobierno ha recurrido el grueso de medidas antidesahucios contenidas en la ley 24/2015 promovida por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatori DESC y que el Parlament aprobó en julio. La Generalitat, varios ayuntamientos empezando por el de Barcelona, y los impulsores de la ley no han tardado en mostrar su indignación.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al Gobierno de “dejar conscientemente a la intemperie a muchas familias del país”. El presidente ha afeado al Gobierno que haga “politiquería” con una ley que afecta a la “dignidad” de la población ya que el recurso incluye la suspensión de los artículos referentes a las medidas de sobrendeudamiento o a la obligación de los bancos de ofrecer una vivienda social para garantizar el derecho a la vivienda.

Para Puigdemont, las explicaciones del Ejecutivo central al recurso son un intento “de vender gato por liebre” ya que “difícilmente se puede combatir la pobreza energética si no hay una casa”. Puigdemont se refería así a la insistencia de Soraya Sáenz de Santamaría en recordar que no se han impugnado los artículos referentes a pobreza energética.

Por su lado, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado “indignada” por el recurso del Gobierno a la ley que impulsó la PAH. Tal y como recordaba en el reportaje que Catalunya Plural ha publicado este viernes, Colau ha explicado que la impugnación afecta a las herramientas de los ayuntamientos para dar respuesta a la emergencia habitacional.

“Impugna la parte de la ley que corresponsabiliza a las entidades financieras y grandes propietarios y sobrecarga más a los Ayuntamientos. Seguimos estando obligados a buscar realojamiento pero nos quita las herramientas para conseguir viviendas vacías”, ha afirmado la alcaldesa. Colau ha lamentado que el recurso del Gobierno afecta a los artículos que permiten corresponsabilizar a los grandes propietarios y entidades en no desahuciar si no se puede ofrecer alquiler social.

A través de Twitter, Núria Marín (PSC), alcaldesa de la segunda mayor ciudad de Catalunya, L'Hospitalet de Llobregat, ha propuesto un “amplio frente común” contra el “nuevo ataque a las políticas sociales” que, a su juicio, supone el recurso del Gobierno. También ha pedido a Puigdemont que encabece la “suma de esfuerzos” de las instituciones para defender la ley. El president ha anunciado que convocará en los próximos días a los impulsores de la norma para valorar los próximos pasos.

Por su lado, la PAH ha calificado el recurso de inconstitucionalidad como una “declaración de guerra”. Su portavoz, Carlos Macías, ha criticado que el Gobierno del PP “no sólo no hace nada contra los desahucios y la pobreza energética, sinó que quiere evitar que otros tomen medidas para evitar estos problemas”.

Macías ha reafirmado la plena constitucionalidad de la ley 24/2015 y ha recordado que, a día de hoy, “es la única ley que hay para garantizar el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución”. Asimismo, ha considerado que el recurso no se ha interpuesto en base a la constitucionalidad de la norma catalana, sino porque la ley “recorta los privilegios de la banca y de las subministradoras de energía, que es donde todos acaban trabajando y marchándose de vacaciones a Panamá”.

Las 46 reclamaciones que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, llevó ante el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, crecen solo dos días después de su primer encuentro en la Moncloa. El Consejo de Ministros de este viernes ha decido impugnar ante el Tribunal Constitucional tres leyes catalanas: la del impuesto sobre las viviendas vacías, la de los gobiernos locales y la ley de igualdad entre mujer y hombre. Con las últimas tres recurridas, ya suman 30 las leyes catalanas que el Gobierno de Rajoy ha llevado ante el Constitucional.

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado la impugnación de las tres leyes, dos de ellas al considerar que ha habido una invasión competencial desde la Generalitat. Catalá ha quitado hierro a la decisión, circunscribiéndola al “ejercicio normal de la Administración” cuando entiende que hay un conflicto de competencias, como es el caso de la ley de igualdad y de la de gobiernos locales. Como viene siendo costumbre del Ejecutivo central, también ha reclamado la suspensión de las normas, por lo que quedan sin validez hasta que el tribunal se pronuncie.

En el caso de la ley catalana sobre viviendas vacías, el Gobierno considera que duplica un gravamen que ya existe actualmente y por la que se imponen recargos de hasta el 50% del IBI. Esta norma, la 14/2015, había sido señalada por el Govern en los últimos días como una de las que estaban en peligro de ser suspendidas. Según explicó la semana pasada la consellera de Vivienda, Mertixell Borràs, la ley había permitido recaudar 11,3 millones de euros, lo que le permitía adquirir 260 pisos para destinarlos a alquiler social.

El Gobierno de Rajoy no ha recurrido sin embargo la ley contra la pobreza energética y los desahucios, surgida de la ILP de la PAH, una suspensión sobre la que las entidades sociales habían alertado. El Gobierno tenía previsto llevar la ley 24/2015 ante el Constitucional, pero finalmente cambió de criterio este jueves, después de una intensa campaña de presión de la PAH a los grupos parlamentarios tanto del Congreso de los Diputados como del Parlament catalán. Así, la 24/2015 aguanta una semana más, aunque el Gobierno todavía tiene de plazo hasta el 5 de mayo para recurrirla, por lo que si decidiera hacerlo podría en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

Todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto el PP, se han comprometido este miércoles a trabajar para evitar  la posible paralización de la ley catalana antidesahucios que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional. El compromiso ha sido sellado por el PSOE, Ciudadanos, Podemos y sus confluencias, PNV, ERC, Democracia i Llibertat, Compromís, IU y Bildu en un manifiesto tras reunirse en el Congreso con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y la Alianza contra la Pobreza Energética.

La ILP o Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética, fue impulsada por estos colectivos y aprobada en julio del año pasado por el Parlamento catalán por unanimidad, incluso con el voto del PP catalán, pero ahora peligra ante la amenaza del Gobierno de Rajoy de paralizarla, como ha hecho con otras aprobadas en comunidades como Euskadi, Canarias o Andalucía.

Los portavoces de estas organizaciones han resaltado “el esfuerzo titánico” que realizaron durante siete años recogiendo firmas por la calle para impulsar la iniciativa popular y “luchando porque había vidas en juego”. Según han destacado, desde que se aprobó la ILP “la ley funciona”, se han paralizado cientos de desahucios, se ha dado a muchas familias una segunda oportunidad y se ha evitado más de 32.000 cortes de suministros eléctricos.

Los promotores de esta campaña han pedido a los grupos del Congreso que se comprometan a que si hay nuevas elecciones y Rajoy finalmente logra su objetivo, revoquen los recursos que han salido adelante, no solo en el caso catalán, sino el de las demás comunidades. También quieren que los derechos que se han aprobado en la ILP “se extiendan al resto del Estado”.

“El PP se ha quedado de nuevo solo y aislado y siete años después ha sido incapaz de aprobar medidas que acaben con los desahucios”, han lamentado. Dado que este miércoles se entrevistaba el presidente del Gobierno con el de la Generalitat, los portavoces de las plataformas antidesahucios han expresado su deseo de que de esa reunión salga el compromiso de Rajoy a Puigdemont de que no impugnará la ley.

Un Gobierno en funciones no puede recurrir leyes

Todos los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en la posterior rueda de prensa han dudado de la “legitimidad” de un Gobierno que estando en funciones se atreve a “arrogarse atribuciones” para paralizar una ley que lo único que intenta es evitar el sufrimiento de miles de familias que no pueden poner la calefacción o encender la luz por falta de recursos. “Lo que no consiguen con la política lo buscan en los tribunales”, han señalado.

“Todo esto es surrealista. Estamos todos defendiendo una ley de emergencia menos el PP. Estamos suplicando una ley de emergencia a un gobierno que no comparece ni aparece. Es ridículo pero ha quedado claro que solo quieren beneficiar a la banca”, han denunciado.

Los portavoces de Podemos y de las confluencias, grupo que ha visto aprobada en el Congreso la Ley 25 de Emergencia Social, aseguraron que para ellos es “un orgullo” defender esta ILP. Iñigo Errejón ha alertado de que “es posible que el Gobierno del PP se vea tentado de ”utilizar a Cataluña como excusa para intentar enfrentar a nuestros pueblos“ y usar el Tribunal Constitucional ”para fragmentar a la ciudadanía“. El portavoz de Podemos ha denunciado que el drama de los desahucios ”comenzó siendo un vergüenza privada“ para muchas familias, luego se convirtió en ”una vergüenza para todo el país“ y ahora en un clamor de todos.

Se da la circunstancia de que en octubre del año pasado el Constitucional ya suspendió, por un recurso interpuesto por el gobierno de Rajoy, medidas contra la pobreza energética y los abusos hipotecarios vinculadas al Código de Consumo catalán, que quedaron definitivamente anuladas hace unos días.

Aunque las seis Oficinas de Intermediación Hipotecarias creadas por el Gobierno regional para frenar los desahucios en Castilla-La Mancha ya han atendido varios casos desde su puesta en marcha, todavía no existe una coordinación efectiva con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) que operan en esta comunidad autónoma. Así lo han puesto de manifiesto las nueve plataformas provinciales presentes en la VII Asamblea Regional que han celebrado en Cuenca y que ha servido para acordar una petición colectiva a la Junta de un protocolo de acción con estas oficinas.

Según ha explicado a eldiarioclm.es uno de los miembros de la PAH de Cuenca, Julián Gómez, la reunión ha servido para consensuar más acciones de visibilidad social y de presión contra los bancos, pero también para constatar que aunque las oficinas antidesahucios de la Junta se han puesto en contacto con las PAH para abordar determinados casos, “todavía no hay una colaboración real”.

Por ello van a dirigir una petición al Gobierno de Castilla-La Mancha para que haya una coordinación regional entre plataformas y oficinas, así como unos protocolos “que sean para todos iguales”. “Hemos tenido casos distintos de gente con orden de desahucio por impago de alquiler a la que no se atiende, gente para la que piden directamente dación en pago, y otros a los que se les ha reestructurado la hipoteca, y todo eso debe aunarse para seguir los mismos pasos en cada caso concreto”, argumentan.

Asimismo, la asamblea también ha servido para dar el visto bueno a la constitución de futuros grupos de trabajo a nivel regional, al igual que funciona la estructura estatal de la PAH. Serían comisiones sectoriales para tratar diferentes temas y desde las cuales se abordaran acciones conjuntas contra las entidades bancarias que siguen ejecutando órdenes hipotecarias y desahuciando en la región.

Finalmente, las plataformas antidesahucios castellano-manchegas van a trasladar de nuevo a la Junta la necesidad de desarrollar una Ley de Vivienda Pública. De momento, siguen trabajando en el borrador de la anunciada Iniciativa Legislatura Popular, pero viendo que la que se hizo a nivel nacional no llegó a votarse en el Congreso de los Diputados, apuestan por que sea el Gobierno castellano-manchego quien incorpore las propuestas de estos colectivos en esa futura normativa.

El 14 de noviembre de 2012, día en que se celebró una huelga general en España, una treintena de personas participó en una acción en Guadalajara convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en una sede del BBVA de la capital alcarreña. Protestaban de forma pacífica por el caso de una pensionista sobre la que pesa una ejecución hipotecaria por haber avalado el piso de su hijo. Por esta acción no violenta fueron todos ellos sancionados y multados con un total de 7.000 euros, acusados de alterar el orden público.

Después de tres años y medio de varios recursos, primero de amparo y después por la vía contencioso-administrativa contras las sanciones que se les interpusieron desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia, el asunto ha llegado este miércoles a juicio después de que se aplazara el pasado mes de septiembre.

En la vista celebrada hoy, donde el caso ha quedado visto para sentencia, la representación legal de los que se manifestaron se ha reafirmado en la defensa de la acción de protesta, pidiendo la retirada de las sanciones y su absolución. Además, han acudido al juicio la gran mayoría de los afectados por estas multas, mostrando así la defensa colectiva de los recursos.

Entre los manifestantes que se encontraban ese día en la acción contra la sucursal bancaria se encontraban el ahora diputado regional de Podemos David Llorente y los concejales de Ahora Guadalajara, José Morales y José María Gil. Llorente ha explicado que las sanciones fueron injustas y que se trató de una acción no violenta, circunscrita a la libertad de manifestación y encaminada a defender los derechos constitucionales de los afectados por los desahucios, como es el derecho a la vivienda.

Por su parte, José Morales, ha destacado en un artículo de opinión que esa acción respondía a la necesidad de ir “más allá de una legalidad injusta”. “Cuando nos dicen que lo peor de la crisis ha pasado hay que recordar que sigue sin haber dación en pago, que se sigue desahuciando, que las personas que agotan las prestaciones y subsidios aumentan y que en el proceso se ha intensificado la represión, en defensa de minorías que han resultado beneficiarias de la crisis”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, que trabaja dentro de la Plataforma Antirrepresiva, ya calificó en su momento las denuncias como “represivas” al venir desde la Policía, no desde la entidad financiera. Mamen Sánchez, portavoz del colectivo, adelantó que no aceptarían “ninguna negociación” que no sea la de eliminar las denuncias. De las 35 personas que se vieron afectadas por este caso, sólo una ha logrado una sentencia favorable, mientras que el resto queda ahora a la espera de la resolución del juez.