Cinco alcaldes en defensa de la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética

En julio el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad la ley 24/2015 para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. Los ayuntamientos elegidos dos meses antes han sido hasta ahora los principales responsables de aplicar esta ley. Hablamos con alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos que gobiernan ayuntamientos de Catalunya con la excepción de CiU –el alcalde de Reus, el principal municipio gobernado por los convergents, no ha encontrado ninguna ocasión a lo largo de esta semana para expresar su opinión a petición de Catalunya Plural–, y todos valoran positivamente las herramientas que les da la ley, que puede ser impugnada por el gobierno de Rajoy en el Consejo de Ministros de este viernes, el último antes de la fecha límite para el recurso ante el Constitucional.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona

La lucha contra los desahucios es una de las principales banderas con las que Ada Colau (Barcelona en Comú) llegó al Ayuntamiento de Barcelona. “La ley llega tarde, porque hace años que es necesaria esta ley o una similar, pero más vale tarde que nunca, asegura la alcaldesa. Su impugnación, considera ”sería sacarnos una de nuestras herramientas más importantes en esta materia“. Colau recuerda que los servicios técnicos del ayuntamiento han estado meses preparando su aplicación y fue hace dos semanas cuando pudieron anunciar las primeras multas a grandes propietarios que desahucian sin ofrecer una alternativa de vivienda como exige la ley.

“Partimos de una anomalía en el contexto europeo, porque las administraciones no han hecho un parque de alquiler social, y para intervenir aquí necesitamos más instrumentos y leyes, que es lo contrario de lo que hace el PP, que repite la receta que nos ha traído hasta aquí, dejarlo todo en manos privadas produciendo grandes desequilibrios”, apunta la alcaldesa. “Lo que quiere el PP es desautorizar la presión ciudadana que ha hechos posible esta ley y que nos ha permitido en muchas ocasiones llegar a acuerdos con las entidades antes de tener que aplicar la ley”, afirma Colau.

Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma es uno de los bastiones infranqueables del PSC en el área metropolitana de Barcelona, y ahí el plenario municipal ha aprobado esta semana una moción impulsada por la PAH en apoyo a la ley contra los desahucios. La alcaldesa Núria Parlon, asegura que la falta de respuesta de los bancos que acumulan pisos vacíos le traen muchos problemas, y valora la ley como una herramienta que les permite actuar. Sin embargo, también destaca que “los bancos han encontrado fórmulas para no cumplir la ley, ya que a parte de ayuntamientos grandes como Barcelona, la interlocución la tienen con la Generalitat”, y eso, critica, ralentiza el tiempo en el que Santa Coloma puede disponer de pisos vacíos para usos sociales.

“Lo que hace falta es garantizar una situación de corresponsabilidad”, reclama Parlon, y para eso ve fundamental la aplicación de la ley impulsada por la PAH. El ayuntamiento, dice, lleva tiempo trabajando en un plan de detección de pisos vacíos a los que puede reclamar la cesión y en medidas contra la pobreza energética, “gran parte de ellas pasan por pagar los recibos, y la complicidad de las compañías es muy baja”, añade. “Estamos en contra de que el Tribunal Constitucional pueda declarar inconstitucionales algunos artículos de esta ley, sobre todo en lo que se refiere a responsabilizar a los bancos, que es a lo que nos enfrentamos”, apunta la alcaldesa.

Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona

Badalona es el tercer municipio de Catalunya y el principal municipio en el que gobierna la CUP, junto a Podemos, Procés Constituent y Comunistes de Catalunya en la coalición Guanyem Badalona en Comú. La alcaldesa Dolors Sabater asegura que “tanto en pobreza energética como en emergencia habitacional, la ley ha demostrado desde su aprobación que es un instrumento útil”. “A los municipios, que estamos en primera línea para atender a las familias en situación de exclusión residencial, nos ha ayudado por ejemplo a negociar alquileres sociales con los bancos, porque no es lo mismo cuando es voluntario que cuando están obligados por ley”, remarca. “Esta ley está trayendo una brizna de esperanza, no es la solución ni la varita mágica, pero sí una herramienta que da respuesta a esfuerzos titánicos de los ayuntamientos que no tenían resultados como ahora”, considera Sabater.

Sobre la posible impugnación de la ley, la alcaldesa de Badalona considera que “sería un ataque muy grande por un lado a los derechos sociales de las personas, porque es un instrumento que está sirviendo para defender el derecho a la vivienda y los abusos que sufrimos en esta crisis, y por otro porque es un ataque claro a la soberanía del Parlament de Catalunya”. “¿Cómo puede ser que el Gobierno del Estado impugne una ley del Parlament que está siendo buena, útil y además responde a la negativa de una ILP con una recogida masiva de firmas por una ley por el derecho a la vivienda en el Estado?”, se pregunta Sabater antes de reafirmar que como administración local no pueden estar más que en contra de una impugnación.

Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell

Sabadell es el municipio más importante en manos de un alcalde de ERC. El alcalde Juli Fernàndez, que dirige un gobierno de fuerzas de izquierda alternativa, asegura que “la ley 24/2015 hace que una cosa que las entidades financieras querían hacer pasar por responsabilidad social corporativa es ahora una responsabilidad legal”. Fernàndez asegura que los municipios necesitan el despliegue de la ley para poder aplicar todas sus medidas, y en el caso de los municipios del Vallès Occidental han encargado a la Universitat Autònoma de Barcelona un estudio para contar con todos los recursos legales necesario. En relación al agua, el alcalde remarca que la empresa suministradora de agua, de mayoría privada pero participada por el ayuntamiento, está aplicando en todos los casos el principio de precaución que establece la ley: no se puede efectuar un corte de suministro sin un informe previo de servicios sociales. “En el caso de las empresas privadas es más complicado, porque están esperando la impugnación”, asegura.

Fernàndez asegura que una impugnación sería “un paso más del Gobierno contra los ciudadanos que más están sufriendo en nuestras ciudades y pueblos”. “Impugnada o no, seguiremos trabajando en la misma línea para defender los derechos básicos, pero con la impugnación tendríamos una herramienta menos”, apunta el alcalde, que añade que “el lamentable cálculo cortoplacista de algunos puede hacer que en este contexto de campaña electoral no acaben recurriendo una ley que de otra manera recurrirían”.

Lluís Caldentey, alcalde de Pontons

Después de las pasadas municipales, el PP sólo conserva una alcaldía en Catalunya, la Pontons, un municipio de menos de 500 habitantes en el Alt Penedès. El alcalde Lluís Caldentey valora positivamente la ley y asegura que les ha sido útil. Si bien su municipio no tiene las cifras de las grandes ciudades, apunta que “problemas hay en todas partes, y el ayuntamiento ha tenido que pagar algún alquiler y algún recibo de la luz”. Caldentey remarca, sin embargo, la necesidad de buscar otros modelos. “En Pontons desde 2004 esperamos la instalación de un parque eólico que el gobierno de Montilla dejó parado y hubiera acabado con todo el paro de la localidad”, lamenta.