La jueza concluye que un fondo buitre se querelló contra Colau por “discrepancias políticas” y archiva el caso

Contundente carpetazo a la denuncia que el fondo buitre Vauras interpuso contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y dos concejales de su equipo de gobierno. La jueza descarta que la líder de los comuns o los ediles coaccionaran al fondo en el conflicto que les enfrentó por el desahucio de familias vulnerables que ocupaban un inmueble de la firma y reprocha a Vauras su uso de la vía penal en sus discrepancias con los comuns.

La magistrada Carmen García, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, afea al fondo haberse querellado contra Colau únicamente para lograr “el efecto mediático que supone involucrar a un político en un procedimiento penal”. La jueza censura a Vauras por haber iniciado una causa debido a “discrepancias con la política de vivienda” del consistorio y el “ideario” del partido de la exalcaldesa a sabiendas de que la exalcaldesa no participó en ningún hecho delictivo.

El caso Vauras ejemplariza la judicialización de la vida política de Barcelona por parte de los rivales de los comuns: el fondo se querelló contra Colau por un delito de coacciones supuestamente ocurrido en una reunión en la que la exalcaldesa ni siquiera estuvo, y en la que Vauras entendió como una amenaza el simple recordatorio de que, como gran propietario, estaba obligado a proporcionar alquiler social a las familias tal y como indicaba la ley catalana de Vivienda. 

El fracaso de Vauras es el mismo que ya obtuvo en diciembre de 2020, cuando la jueza ya archivó de plano su querella al ver las acusaciones del fondo “carentes de sustento probatorio” y faltas de rigor. La Audiencia de Barcelona, sin embargo, obligó a reabrir la causa, que llegó abierta a las elecciones municipales del pasado mayo y obligó a la exalcaldesa a volver a desfilar por el juzgado como investigada.

Casi tres años después, y practicadas varias diligencias a instancias del fondo, las conclusiones de la jueza no son muy distintas. La magistrada concluye que Colau no intervino ni en los expedientes sancionadores al fondo ni en las reuniones. En los encuentros, destaca la magistrada “en modo alguno se profirieron o sugirieron amenazas o coacciones”, al contrario de lo alegado por el fondo. Ningún responsable municipal dictó “resolución prevaricadora” alguna, agrega la jueza.

Por más que las políticas de vivienda del consistorio de Colau frenaran los beneficios del Vauras, la jueza remarca que el “legítimo discrepar” y los “perjuicios económicos” que sufrió el fondo “no justifican la implicación en un proceso penal a políticos por el mero hecho de estar al frente del Ayuntamiento de Barcelona”.

“Ni hubo presiones, ni hubo resoluciones dictadas injustamente como consecuencia de la negativa al alquiler social”, resuelve la magistrada, que atiende la petición de archivo formulada por la defensa de Colau, los concejales Marc Serra y Lucía Martín y la funcionaria imputada, ejercida por los letrados Olga Tubau, Àlex Solà y Débora Quintero, a la que se había adherido el fiscal anticorrupción Luís García Cantón.

Cuatro causas pendientes; el resto archivadas

De la quincena de querellas o denuncias que recibió el equipo de Colau durante su mandato ninguna ha llegado a juicio. La mayoría se han archivado y solo cuatro permanecen en fase de instrucción. Los denunciantes han sido casi en su totalidad empresas, hoteleros o rivales políticos de Colau, que trasladaron a la vía penal discrepancias políticas con el consistorio. 

La exalcaldesa permanece investigada en dos las tres causas que quedan abiertas al exequipo de gobierno de los comuns en Barcelona. Se trata del caso de subvenciones a entidades sociales, con varios números para volverse a archivar en las próximas semanas, y el iniciado a raíz de la querella exarquitecto jefe del PSC por las peatonalizaciones que la Fiscalía no vio delictivas, todavía en estado incipiente de instrucción. Hay otra causa abierta por otra inmobiliaria por un caso similar al de Vauras.

Sí está más avanzada y cuenta con el impulso de la Fiscalía la causa abierta al exconcejal de Emergencia Climática y hoy diputado de los comuns en el Congreso, Eloi Badia, por la contaminación de una planta de residuos.