Basta con salir a caminar por algunas zonas de la periferia de Almería capital para encontrarlos. Restos de plásticos agrícolas, rafias -como se conoce a los cordeles de fibra natural-, trozos de invernadero y otros residuos aparecen esparcidos en caminos, solares, márgenes de carreteras o junto a barrios. No se trata de puntos aislados. La acumulación se repite en distintos enclaves del término municipal, uno de los principales núcleos de agricultura intensiva de la provincia y que constituye su cara menos amable.

No en vano, Almería capital cuenta con más de 3.000 hectáreas de cultivo bajo plástico. Es el tercer municipio de la provincia en importancia agrícola y uno de los principales productores de tomate, con un modelo intensivo que ha situado a la zona como referencia internacional. Junto a esa potencia productiva, sin embargo, convive una realidad menos visible: la gestión irregular de parte de los residuos que genera la actividad. Una gestión en la que la falta de contundencia de Junta de Andalucía y Consistorio para evitar que los desechos se acumulen está en el foco.

“El 98 o el 99% de los agricultores hace un trabajo perfecto”, sostiene José Mañas, agricultor y concejal de la oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Almería. “Pero hay unos pocos que lo ensucian todo”. Según explica, esos comportamientos minoritarios son los que acaban teniendo mayor impacto: “Van dejando los residuos donde pillan: bancales, solares, caminos o donde sea”. El problema no se limita, según su relato, a agricultores que evitan asumir el coste del reciclaje. También apunta a intermediarios que operan al margen de los circuitos legales: “Hay gente que cobra por llevar los plásticos a reciclar y luego los va dejando por ahí”.

El circuito de los residuos

Para entender el problema en su conjunto, hay que partir del hecho de que el sistema de gestión de residuos agrícolas en la provincia no es de carácter público directo. La Junta de Andalucía autoriza y supervisa, pero la gestión recae en empresas privadas que se encargan de clasificar y derivar los materiales a gestores finales. En el caso de Almería capital, una de las instalaciones clave es Reciclados Almerienses 2005, que actúa como planta intermedia para distintos tipos de residuos, incluidos los agrícolas.

Pero el proceso no termina ahí. Los plásticos deben ser trasladados posteriormente a plantas específicas, como las ubicadas en Níjar, mientras que los restos vegetales se gestionan en instalaciones como la de Rioja. Esta cadena, con varios eslabones y desplazamientos, introduce costes y complejidad logística. “Estamos hablando de cantidades pequeñas comparadas con otros gastos del campo”, señala Mañas, que sitúa el coste del tratamiento entre 150 y 250 euros por hectárea, además del transporte. Aun así, reconoce que algunos optan por vías irregulares.

Desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) de Almería, el foco se sitúa en otro punto: la capacidad del sistema. La organización advierte de que el final de campaña concentra grandes volúmenes de residuos que pueden saturar las plantas de tratamiento. “Las plantas están trasladando su inquietud por la posible saturación ante el volumen de entradas”, explica su secretario provincial, Andrés Góngora.

COAG insiste en la necesidad de anticipar la gestión para evitar acumulaciones y facilitar el reciclaje, especialmente mediante la separación de materiales. “Separar la rafia es fundamental”, señala Góngora, que recuerda además el impacto económico asociado: “Puede haber una reducción de hasta el 80% si los residuos llegan sin rafia”. La acumulación de restos, ya sea por saturación del sistema o por prácticas irregulares, tiene consecuencias más allá de lo visual. “Es clave evitar que se acumulen restos en el exterior de las explotaciones”, advierte Góngora, que apunta a la proliferación de plagas en un contexto ya complejo para el control fitosanitario.

En esa misma línea, Mañas describe el efecto directo sobre el entorno agrícola: “No es sólo una mala imagen, es un foco de infección para los invernaderos”. Y añade: “Con que salga un pulgón o una mosca blanca de ahí, ya estás transmitiendo enfermedades”. Los residuos no se concentran únicamente en zonas agrícolas. En barrios periféricos, donde la limpieza urbana recae en el Consistorio, su presencia es visible. En lugares como Venta Gaspar, Bellavista o la Vega de Almería “es tremendo lo que te encuentras”, explica.

La acumulación inicial, además, tiende a escalar: “Empieza con unos plásticos y acaba con neumáticos o electrodomésticos porque la basura llama a la basura”. La imagen que proyecta esta situación ha llegado incluso al ámbito comercial. “Se diseñan recorridos para evitar que las visitas vean estos residuos”, reconoce el concejal, en referencia a visitas institucionales o de grandes cadenas de distribución que quieren implantarse en la capital y a las que se aleja de la desagradable imagen de los desechos.

Junta y Ayuntamiento se desmarcan

Mientras, desde el Ayuntamiento de Almería gobernado por el PP, el concejal de Agricultura, Juanjo Segura, sostiene que la gestión de estos residuos no entra dentro de sus competencias directas. “La vigilancia y recogida de residuos agrícolas no es competencia municipal”, afirma, aunque señala que existe colaboración con la Junta de Andalucía y el Seprona para abordar estos casos. “Cuando detectamos residuos, lo ponemos en conocimiento para que se actúe”, explica Segura. El consistorio sí realiza limpiezas periódicas en otros ámbitos, como el cauce del río Andarax, donde en 2025 se retiraron alrededor de 315.000 kilos de residuos, y más de 143.000 en lo que va de año.

La Junta de Andalucía, por su parte, sitúa la responsabilidad inicial en los propios productores. “La responsabilidad es, en primer término, de los agricultores”, señalan fuentes de la Consejería de Agricultura, que indican que, en caso de incumplimiento, la intervención corresponde a la Consejería de Sostenibilidad. Cuando los residuos son urbanos o afectan a caminos, la competencia pasa a los ayuntamientos.

Desde el Ejecutivo regional también recuerdan que se hacen actuaciones en cauces públicos, donde se han retirado residuos plásticos en el marco de programas específicos de limpieza y restauración ambiental. Sin embargo, la consecuencia de estas posturas es que la presencia de desechos en diferentes zonas de Almería capital se debe a que los principales actores implicados - agricultores, empresas gestoras, ayuntamiento y Junta- se reparten su responsabilidad. Mientras tanto, los residuos siguen acumulándose en puntos visibles del entorno agrícola y urbano.

No obstante, desde el propio sector agrícola se plantean soluciones que pasan por mejorar la capacidad de las plantas, modernizar infraestructuras y facilitar la transición hacia materiales biodegradables. “Las mejoras deben ser asumidas por todos los agentes implicados”, sostiene Góngora. Sobre el terreno, sin embargo, la imagen es otra: restos de actividad agrícola que permanecen a la vista, en los márgenes de una de las principales potencias productivas del país y de Europa.

“La luz va y viene. Hay semanas que solo tenemos electricidad dos o tres días. De repente se va y no vuelve hasta el día siguiente o más. Cuando no hay luz, tampoco hay agua caliente. A veces parece que vivimos apagados también nosotros. Uno se acostumbra o lo intenta. El agua no se puede beber, solo la usamos para lavar. A veces la piel se pone mal, pero yo qué sé. Como digo siempre: nosotros los morenos solo estamos para trabajar. Lo demás ya es como un lujo”.

La vida de Dauda transcurre entre plásticos desde que llegó al campo de Níjar, hace ahora un año, desde su Malí natal. Trabaja en un invernadero y vive en un cuarto pegado al almacén que hay en la finca, que rara vez abandona. “No tengo otro sitio. Hay cinco habitaciones pequeñas. Cada uno [duerme] en un cuarto. A veces, si viene algún paisano, se mete una semana en la habitación con otro sin que se entere el jefe, pero no puede estar mucho tiempo. Cada uno pagamos 65 euros al mes al jefe. Él es quien nos da trabajo también. Normalmente paga cinco euros la hora. No es mucho, pero al menos hay algo”.

El testimonio de Dauda se recoge en el informe La infravivienda invisibilizada, un trabajo elaborado por María Martín, Javier Barrio y Daniel Izuzquiza que acaba de ser publicado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). El documento estima que, sólo en la zona del campo de Níjar que han estudiado, hay unas 470 infraviviendas que dan cobijo a unas 1.400 personas, incluyendo 275 niños y niñas menores de 14 años. Si el rango se amplía a los 18 años, los menores rondarían los 480.

Los tres son técnicos que trabajan sobre el terreno con esta entidad y conocen de primera mano la precariedad de quienes nutren de mano de obra barata la llamada huerta de Europa: los salarios de miseria, los abusos laborales, la invisibilidad administrativa, la ausencia de suministros básicos y la infravivienda son el día a día de miles de personas en el extremo suroriental del país. Es una realidad que rara vez trasciende: de vez en cuando se publica algún reportaje, a menudo de medios internacionales. En los últimos años, ha ocurrido con el desalojo de grandes poblados chabolistas, como El Walili, en enero 2023.

En cambio, bajo el radar queda casi siempre la situación de quienes malviven en cortijos, casetas, almacenes y demás construcciones rurales dispersas, cuyos habitantes sufren además las condiciones de aislamiento. A veces, el cortijo y sus anexos llegan a crecer tanto que acaban alojando a decenas de personas, como El Uno, desalojado este mismo año. Pero en muchas ocasiones ni siquiera consta como tal a las administraciones. De ahí, que el informe se refiera a “infravivienda invisibilizada”. “Una infravivienda silenciosa, desarticulada, diseminada... y sin embargo extensa, grave y estructural”.

“Cuando llovía, el agua se colaba dentro de la casa y afuera se inundaba todo”

El informe de SJM contiene media docena de testimonios directos de quienes se hacinan en estos lugares, muchas veces familias enteras. “El problema son los niños. Aquí no hay nada. No hay donde jugar. Todo es polvo. Al lado hay un camino lleno de tierra, y al otro lado, carretera con camiones”, cuentan Souleyman y Fatima, quienes, además de trabajar la finca, la cuidan a cambio de poder quedarse en ella. “No hay vecinos, no hay otros niños. No pueden invitar a nadie. Ni amigos, ni nada, todo el día solos. Estás en el campo, pero casi encerrados. Y eso nos duele, porque no es vida para los niños”.

Su sueño es huir del lugar, pero la falta de vivienda asequible es un problema estructural en Níjar. Ellos tienen papeles, pero no basta: “Lo poco que hay, no alquilan a inmigrantes. Aunque tengas papeles, aunque trabajes. No importa”.

Aminata, de Costa de Marfil, está embarazada de cinco meses. “Tengo miedo por el bebé. No sé si esta agua es buena. No sé si este aire es bueno. Hay mucha humedad, mucho frío, mucho calor. En verano, por la noche, no se puede dormir. Se cierra todo, no hay aire. Es como ahogo. Muy agobio. Pero hay un pequeño patio, allí salgo a veces, por el fresco. Es lo único bueno”.

En estos sitios los suministros básicos escasean, en el mejor de los casos. “El dueño no quería que enchufáramos estufas para evitar que subiese la factura de luz, por lo que la cortaba por las noches. Decía que gastábamos mucho, aunque pagábamos 120 euros cada mes por vivir allí, no teníamos derecho a casi nada”, relata Cheikh. “Cuando llovía, el agua se colaba dentro de la casa y afuera se inundaba todo. El dueño también tenía animales: cinco perros que ladraban sin parar, día y noche. No se podía dormir, no se podía hablar por teléfono. También gallinas, que entraban en la casa y dejaban todo sucio. Cuando me quejé, me dijo que si no me gustaba, me fuera. Que esas eran las condiciones”.

Chabolas, garajes y cortijos abandonados

Según el INE, a fecha de 1 de enero de 2023 Níjar tenía 32.858 residentes, de los que 6.568 vivían en diseminados, casi el 20% del total. Es una cifra altísima que da una idea de la configuración sociodemográfica de la zona, pero que ni siquiera se acerca a la realidad porque se basa en los datos del padrón, al que apenas acceden un tercio de quienes residen allí, según los datos que maneja el SJM.

En 2024, Níjar aprobó su Plan Local Integral para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas, con el objetivo de acomodarse al Plan Estratégico EASEN aprobado un año antes por la Junta de Andalucía. El foco de las administraciones suele ponerse exclusivamente sobre los asentamientos chabolistas, unos 40 sólo en Níjar, algunos tan extensos y simbólicos como Atochares, habitados por unas 1.600 personas en total, según estimaciones recientes. Y aun así, la eficacia de las intervenciones públicas para erradicar el fenómeno es, hasta ahora, escasa.

Sin embargo, el chabolismo no agota el catálogo de infravivienda en la zona. En San Isidro y Campohermoso, núcleos del extenso término municipal de Níjar, abundan también patios, chamizos y garajes en los que se hacinan decenas de personas.

Por último, está la infravivienda rural diseminada, de la que se ocupa este informe. Cortijos abandonados o alquilados, casetas de aperos, almacenes de invernaderos, remolques reconvertidos en vivienda, casetas prefabricadas y otras edificaciones insalubres. Generalmente no disponen de suministro de agua potable, por lo que sus habitantes recurren al agua de balsas de riego. Suelen acumular problemas de humedades, falta de ventilación adecuada y de instalación eléctrica, lo que impide el uso de electrodomésticos básicos para refrigerar alimentos o climatizar la vivienda.

Acceder a ellos es difícil, pues suelen estar al final de caminos no asfaltados o en mal estado, dentro de fincas de propiedad privada, lo que obliga a atravesar cancelas cerradas con llave. Una vez dentro, las estancias tienden a confundirse: el área destinada al descanso puede coincidir con la zona de cocina o incluso con el aseo, en caso de que exista. “Esta falta de separación impacta directamente en la salud y la dignidad de las personas que residen allí”, observan los autores del informe.

Un 58% de las edificaciones son infraviviendas habitadas

El informe se basa en el trabajo de campo realizado durante la primavera de este año. En Andalucía no existe la cédula de habitabilidad desde 1987, por lo que los investigadores del SJM tuvieron que recurrir a la observación exterior. Un enfoque limitado, según admiten, pero suficiente para visibilizar la situación.

Además de recoger testimonios directos, los autores recabaron “indicios vitales” (ropa tendida, luces, vehículos) en torno a las edificaciones de 219 parcelas catastrales de las zonas con mayor actividad agrícola en Níjar, situada en el eje San Isidro-Campohermoso, que recorrieron “palmo a palmo” haciendo un trabajo casi etnográfico: ropa tendida, conversaciones, juguetes por el suelo, animales domésticos, antenas sobre el tejado, vehículos, calzado en la entrada o parterres con flores suelen indicar que alguien vive allí.

Después, pasaron a evaluar si cada una de esas viviendas podía considerarse infravivienda. Chabolas, barracones o prefabricados, cortijos deteriorados, ubicadas en entornos muy degradados o sin suministros básicos. Algunas se levantaron antes de 1960 ligadas a la economía agraria previa a los invernaderos; otras se asocian al impulso de los “pueblos de colonización”; las que se levantaron a partir de los 80 para acompañar al boom de los cultivos muestran la falta de planificación urbanística.

El resultado es que el 58,9% de las edificaciones de la zona eran infraviviendas habitadas, y que tres cada cuatro inmuebles se destinaban habitualmente a ese fin. “Esta alta presencia de infraviviendas no puede entenderse como algo excepcional ni puntual. Al contrario, se trata de una forma normalizada dentro del sistema agrícola almeriense, profundamente ligada a la inmigración y a la inexistente oferta de vivienda en la zona”, subrayan los autores.

Extrapolando estos resultados, el informe concluye que entre 825 y 2.000 personas residen actualmente en infraviviendas dispersas en el campo de Níjar. El escenario más probable coincide con sus observaciones directas: unas 1.400 personas, 275 de ellas niños y niñas de menos de 14 años. “Se trata de una situación estructural, no puntual ni marginal, que afecta a cientos de personas y vulnera derechos humanos básicos”, apunta el informe, en el que se pide más implicación y “corresponsabilidad” a administraciones y empresarios agrícolas para abordar el fenómeno.

Los autores sugieren la adaptación de programas autonómicos y municipales al ámbito rural mediante “realojos dignos”, la rehabilitación de viviendas, la inspección de edificios, los incentivos a empresarios o la mejora de los transportes. “Aunque escasas, hay buenas prácticas que muestran que otra realidad es posible: viviendas rehabilitadas, pequeñas residencias rurales, alojamientos dignos adaptados al trabajo agrícola”. En definitiva, vivienda digna para los trabajadores de la “huerta de Europa”.

Pongamos que hablamos de Seck, un pescador senegalés de mediana edad. Durante años trabajó en las aguas de su localidad natal hasta que la sobreexplotación de las flotas internacionales arrasó el fondo marino. Cuando su mar dejó de dar sustento, Seck no tuvo más opción que lanzarse al Atlántico, en dirección contraria, a bordo de un cayuco con rumbo a las Islas Canarias. 

Hoy trabaja en un puerto de una ciudad española, descargando pescado de barcos que, en ocasiones, operan en las mismas aguas de las que él fue expulsado. La paradoja es evidente: Europa mantiene acuerdos comerciales que le permiten faenar en aguas de otros territorios y beneficiarse de recursos globales. Sin embargo, cuando las consecuencias de estos desequilibrios empujan a personas a migrar en busca de nuevas oportunidades, muchas veces se enfrentan a restricciones legales y dificultades para acceder a derechos, incluso cuando desempeñan trabajos fundamentales para el funcionamiento de las sociedades. 

El próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, habrá reivindicaciones y también, muchas personas celebrarán el empleo como vía de dignidad y conquista de derechos. Pero ¿qué ocurre cuando el trabajo puede no garantizar esos derechos? ¿Qué pasa con quienes sostienen la economía desde la invisibilidad, la precariedad o la irregularidad impuesta? 

En el Estado español, miles de personas migrantes trabajan recogiendo fruta, en la hostelería, cuidando a personas mayores o pescando en nuestras costas. Aportan con su esfuerzo al funcionamiento de la economía y a la cohesión social, aunque con frecuencia enfrentan obstáculos para el pleno reconocimiento de sus derechos. 

El Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura reconoce la necesidad de mano de obra migrante en sectores como la pesca, la construcción o la agricultura, pero esa necesidad no siempre se traduce en mecanismos ágiles de regularización

El Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura reconoce la necesidad de mano de obra migrante en sectores como la pesca, la construcción o la agricultura. Pero esa necesidad no siempre se traduce en mecanismos ágiles de regularización. Da la sensación de que se prioriza la fuerza del trabajo a la ciudadanía. 

La legislación actual exige tres años de residencia continuada y una oferta de empleo para acceder al arraigo. ¿Y cómo se sobrevive tres años en la economía sumergida sin derechos, con una escasa red de apoyo...? La regularización puede convertirse en un laberinto de gestiones y requisitos que puede complicar la inclusión. 

Mientras tanto, los sectores que más necesitan esa fuerza laboral —el campo, los cuidados, la pesca— siguen funcionando gracias al esfuerzo de personas que son esenciales para nuestro país, aunque no se les reconozca jurídicamente. 

El caso de Seck no es una excepción, sino reflejo de un modelo que externaliza fronteras, agota recursos y llega a mantener a muchas personas en la precariedad. Desde Andalucía Acoge creemos que es posible construir un modelo más justo y coherente, que reconozca la aportación de todas las personas trabajadoras, independientemente de su origen o situación administrativa. Es necesario un cambio de mirada que reconozca a la población migrante como parte fundamental de nuestras sociedades. 

El desalojo forzoso y sin alternativas de unas sesenta personas (entre ellas nueve menores de edad) de las naves en desuso y chabolas de palés y plástico que venían ocupando en el Cortijo El Uno ha vuelto a poner sobre la mesa la insuficiente respuesta pública al fenómeno del chabolismo en Níjar, donde se desperdigan una treintena de asentamientos sin agua, luz ni condiciones mínimas de salubridad, pero que al menos proporcionan un techo a unas 3.500 personas, la mayoría trabajadores de los invernaderos.

Los 60 de El Uno, muchos empadronados en el municipio, fueron desalojados el martes de las infraviviendas que habían sido su hogar, mientras el ayuntamiento insistía en que no podía hacer nada porque se trataba de una cuestión privada con el propietario del terreno. No se les dio alternativa de realojo, más allá de lo que pudieron ofrecer las ONG que ayudan a los migrantes. Mientras, apenas a un kilómetro de El Uno, en el extremo occidental de la barriada Los Grillos de San Isidro, 62 casas de titularidad municipal con capacidad para alojar a 300 personas esperan desde hace meses a que alguien les dé uso. El Servicio Jesuita a Migrantes se ofreció a gestionarlas provisional y gratuitamente, pero el Ayuntamiento no accedió.

Las edificaciones están prácticamente terminadas desde enero de 2023, como este medio pudo comprobar entonces. En aquel momento, los módulos tenían hasta los enchufes, y solo faltaba pavimentar las vías interiores. De hecho, el paso del tiempo desde que fueron terminadas ya empieza a ser visible en las barandas, que muestran los primeros síntomas de oxidación. Las viviendas, distribuidas en varias hileras de módulos de hormigón ubicados en un polígono industrial, se sufragaron gracias a una subvención de 1,5 millones de euros correspondientes a la tercera convocatoria del Programa de Fomento del Alquiler de la Junta de Andalucía correspondiente al año 2021.

Desde hace años, se dice que su destino es servir de alojamiento temporal a trabajadores de los invernaderos, pero ese destino no termina de llegar. “Se estima que estén construidos a lo largo del verano [de 2022]”, dijo la entonces consejera de Fomento Marifrán Carazo, en febrero de 2022. En enero de 2023, y tras el desalojo de El Walili, la entonces alcaldesa Esperanza Pérez (PSOE) calculó que podrían empezar a ocuparse a finales de febrero o principios de marzo de 2023. En octubre de 2023, ya con Francisco Garrido (PP) como regidor, este aseguró que faltaban las cocinas y estarían en apenas unas semanas. En marzo de 2024 apuntó al mes de abril. El último de esta ristra de anuncios ocurrió el pasado el 13 de diciembre, cuando el regidor y cuatro concejales visitaron el lugar y prometieron que lo que quedaba (el acerado de las calles interiores y el vallado) estaría terminado antes de fin de año.

Fuentes municipales explican ahora que todo está listo, pero que ahora hay que aprobar una especie de “reglamento de uso” que afine cómo se gestiona la limpieza o la seguridad, en unas viviendas que van a quedar valladas hacia el exterior en contra del criterio de las entidades. No explican por qué no se ha hecho mientras se acometía y se pulía la obra, a pesar de que el alcalde anunció hace un año y cuatro meses que el sistema de gestión de los alojamientos también estaría listo en cuestión de “semanas”, según una nota de Europa Press publicada el 10 de octubre de 2023.

Una nueva fundación para gestionar los alojamientos

El Ayuntamiento lleva todo este tiempo dando vueltas a dos cuestiones, según fuentes conocedoras de la situación. De un lado, cómo perfilar quién puede solicitar las viviendas, que se adjudicarían en régimen de alquiler mediante un sistema de derivación desde servicios sociales. La idea es limitar el acceso a trabajadores “temporales” (un concepto que no encaja demasiado bien en la agricultura de los invernaderos) y evitar la mezcla con familias.

Además, el consistorio, que no va a asumir la gestión de los alojamientos, debe decidir quién lo hace. Y aquí varias fuentes apuntan a una nueva fundación, creada supuestamente por miembros de la comunidad migrante de Níjar, vinculada a quienes se ocuparon de la seguridad del alojamiento temporal habilitado tras el desalojo de El Walili. Los Presupuestos de 2025 recogen una polémica subvención de 91.000 euros a esta fundación, de la que hasta ahora no se conoce actividad. El equipo de gobierno explicó en Pleno que la subvención está destinada a la “apertura de soluciones habitacionales” en Níjar.

De momento, los alojamientos de Los Grillos no han servido para reubicar a quienes habitaban El Uno, igual que tampoco llegaron a tiempo para los de El Walili. Ahora, igual que entonces, estas personas han tenido que buscarse un nuevo techo, que en muchos casos vuelve a ser precario. Pocos pueden permitirse una vivienda propia en alquiler cobrando cinco euros por hora trabajada, el salario habitual de estos trabajadores, según múltiples testimonios recabados por este medio.

La mayoría encuentra acomodo en algún otro asentamiento. Otros se marchan rumbo a otros lugares que demandan mano de obra agrícola barata, como Huelva o Murcia. Y los más afortunados logran un realojo en alguna de las casas que gestionan Almería Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que ofrecen también un acompañamiento a los migrantes para facilitar su aprendizaje del idioma, los trámites médicos o el empadronamiento.

La alternativa de las ONG: viviendas realquiladas a bajo coste

Desde el pasado verano, el SJM cuenta con 80 plazas residenciales en el término municipal de Níjar, distribuidas en una “casa de hospitalidad” en Puebloblanco y doce viviendas en San Isidro. El SJM no es el dueño de estas viviendas, sino arrendatarios. Las casas son de TuTechô, una SOCIMI que adquiere inmuebles para, a través de entidades sociales, alquilarlos a personas sin hogar a un precio rebajado, tal y como ha contado elDiario.es esta misma semana. Su cartera inmobiliaria está compuesta hoy por 360 inmuebles en diez provincias españolas (Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Sevilla) que acogen a casi 1.800 personas.

Gracias a este nuevo recurso, el SJM pudo ofrecer un techo a los desalojados de El Cañaveral el pasado verano. Para Daniel Izuzquiza, responsable del SJM en Almería, este desalojo es el ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas: “Poniendo en el centro a las personas, con un plan, dialogando y gestionando los tiempos”. En aquel caso, la entidad tuvo meses para celebrar asambleas con los vecinos de El Cañaveral, ofrecerles techo alternativo y acompañarles en el proceso. “Sólo cuando se fueron, el Ayuntamiento metió la piqueta”.

La secuencia es la contraria a la que se vivió en El Uno. El Ayuntamiento esgrime que el caso de esta semana es un conflicto de naturaleza privada en el que no puede entrar. En efecto, el desalojo trae causa de una sentencia dictada por un juzgado de primera instancia que ha estado hibernando durante un año sin que se sepa por qué, hasta que el propietario reactivó el proceso hace unas semanas. Sin embargo, afecta a personas empadronadas en Níjar, entre ellas nueve menores, que se han quedado en la calle sin amparo de las administraciones. De ahí, que tanto las entidades como el propio Defensor del Pueblo pidieran hasta el último momento una intervención municipal.

“En Los Grillos está el albergue que se usó para El Walili y ahora está vacío. Y los módulos prefabricados, de los que no sabemos cuántas plazas están ocupadas o libres. Para una situación transitoria podrían usarse”, recuerda Izuzquiza. Almería Acoge, su entidad y otras presentes en el terreno pidieron una reunión urgente el 14 de febrero, y aún no han recibido respuesta.

Níjar cuenta con su Plan Local de Erradicación de Asentamientos Chabolistas, aprobado el pasado verano, pero fuentes municipales admiten que no pueden avanzar mientras no dispongan de alojamientos habilitados. El consistorio asegura que su plan para erradicar el chabolismo está en marcha para pequeños asentamientos, a cuyos moradores se ofrece un alojamiento temporal. “Hay mucho trabajo detrás que no se ve”, insisten.

De momento, ni siquiera el censo no está actualizado, y las cifras que se manejan (una treintena de asentamientos con unos 3.500 moradores, según el último informe de Almería Acoge) salen de las estimaciones de las ONG. El Ayuntamiento prevé actualizar el censo a finales del primer trimestre, coincidiendo con el inicio del programa de asentamientos de la Junta de Andalucía. Será entonces cuando se reincorporen al consistorio la trabajadora social y la educadora social que trabajaban con los asentamientos hasta el pasado diciembre.  

Al otro lado de la valla, Brahim observa cómo sacan lo que queda de lo que hasta ayer fue su casa, y la de unas 60 personas más. Un terreno seco, yermo, enclavado en el mar de plástico de Níjar (Almería), sobre el que se levantan un par de almacenes, un depósito y algunas chabolas adosadas. Sobre la pared de cemento alguien ha escrito en los últimos días una llamada a la resistencia: “No al desalojo del Cortijo El Uno”. También hay una denuncia por la colaboración necesaria de los patronos del campo almeriense en las condiciones de vida de estos trabajadores de sus provechosos invernaderos: “Coexphal, mafia patronal”.

Al filo de las 10 de la mañana, la comitiva judicial enviada por el juzgado de primera instancia 1 de Almería se ha adentrado en el cortijo para supervisar las labores del desalojo ordenado días atrás. Antes se había desplegado la Guardia Civil, agentes de Policía Local, alguna excavadora, algún camión con volquete y un par de cuadrillas de trabajadores que han hecho su trabajo con diligencia: arrojando a una pila colchones, neveras, garrafas de plástico y demás material que no había sido salvado de la purga antes de esta mañana.

No han servido para nada las peticiones de las entidades sociales que trabajan con estas personas (el Servicio Jesuita a Migrantes, Almería Acoge, la Plataforma Derecho a Techo), que llevan días alertando de que se iba a poner en la calle, sin alternativa, a más de 60 personas, entre ellas nueve niños. “El ayuntamiento nos dice que no demos ninguna expectativa a la gente porque no hay nada que ofrecer”, advertía por teléfono la tarde anterior María Ruiz Clavijo, trabajadora de los jesuitas, mientras ayudaba en la tarea de recoger. “La gente salva las pocas cosas de valor que puedan tener. El ambiente es desolador”.

Tampoco ha servido una carta de nueve páginas enviada por el Defensor del Pueblo de urgencia el lunes por la mañana al alcalde de Níjar. Allí, Jesús Meztu recuerda al regidor José Francisco Garrido (PP) los “deberes legales” que tiene, en particular en materia de vivienda y servicios sociales y con los menores que viven en su municipio. También le recomienda que valore la vulnerabilidad de las familias de El Uno, que se coordine con otras administraciones para evitar que queden en la calle y que trabaje con las asociaciones para ayudar a las familias.

Pero el ayuntamiento se ha mantenido firme al rechazar que sea de su incumbencia el hecho de que estas personas se queden en la calle: es un asunto privado entre el propietario y los habitantes de El Uno, insiste, y de ahí no se ha movido. La sentencia ordenando desalojar las “construcciones del terreno” data de 13 de febrero de 2024, hace un año, pero no se había instado la ejecución hasta hace unas semanas.

Esas construcciones, donde vivían hasta ayer 60 personas, entre ellas nueve niños, son descritas así en el documento judicial: “granja garaje, almacén con porche y 12 marraneras chiqueras”.

72 viviendas vacías pendientes de estrenar

“Llevo tres años viviendo aquí; diez en España”, asegura Brahim. Cada día llevaba el agua que necesitaba en garrafas que transporta en patinete o bicicleta, y dice que el dinero no le da para mucho más que para comer. Más tarde, muestra su pesar por las bolsas de congelados que, aún dentro del congelador, se van calentando al sol del mediodía. Al menos ayer pudo sacar sus cosas y llevarlas a casa de su amigo Driss, y esta noche podrá marcharse con su mujer a la chabola de su hermano en otro asentamiento parecido a este, quién sabe hasta cuándo.

Otros, como Jalal (cinco años en El Uno) dormirán en la calle. Mientras, a su lado, un tercero dice que se marchará a Zaragoza. Parece más relajado, menos cansado, más ligero: lleva quince días en el asentamiento y estaba de paso. Algunas familias con niños han sido realojadas en casas gestionadas por Almería Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes trata de hacer hueco a otras personas vulnerables. Otros van camino de Huelva o Murcia. Y muchos, la mayoría, se desperdigará en los próximos días por algún asentamiento parecido, para seguir una vida parecida.

El fin del Cortijo El Uno, ordenado por un juzgado a petición del propietario del terreno, es el aldabonazo que resuena cada año, cada dos años, cuando decenas o cientos de inmigrantes, trabajadores del campo almeriense, se ven de un día para otro en la calle o en otro asentamiento similar. Así pasó en El Walili hace ahora dos años y ha ocurrido nuevamente este martes.

Mientras, 72 viviendas aguardan ya terminadas, a estrenar, en Los Grillos, a pocoas de un kilómetro. Se construyeron hace dos años para alojar a personas como estas, y el ayuntamiento lleva años anunciando su puesta en uso inmediata. Pero siguen vacías y ahora el Consistorio acaba de negarse a que el Servicio Jesuita a Migrantes las gestione para dar techo temporal a los desalojados de El Uno.

Salario de cinco euros por hora

“¿Cuánto cobras, Brahim?”. “Cuarenta euros al día. Cinco euros cada hora”, replica. “Pero la ley dice que eso no puede ser…”.  “La ley… mierda”, zanja el joven, como quien despacha un asunto que aquí no viene a cuento porque no tiene relevancia en su vida y, por tanto, en esta conversación.

Media decena de trabajadores de El Uno consultados dan la misma respuesta: cinco euros la hora, 40 euros al día. Algunos no tienen papeles, otros sí. A algunos los contratan, a otros no. “Hay jefes que pagan 4,80. Y algunos buenos, que pagan a seis”, dice uno. El salario mínimo, prorrateado por horas, es de 9,07 euros. Y ahora, además, hay poco trabajo para ellos: apenas tres meses con la campaña de la sandía, y con suerte dos o tres para recoger calabacines. “A veces contratan a 20 personas, diez con alta y diez no”. Así no hay quien pague una casa en San Isidro, a 400 o 450 euros al mes.

“25 años después de El Ejido [los disturbios violentos xenófobas tras la muerte violenta de dos personas a manos de dos inmigrantes marroquíes], los trabajadores viven hacinados peor que animales, y ahora en la calle sin derechos”, protesta José García Cuevas, portavoz del SAT en Almería, integrada a su vez en la Plataforma Derecho a Techo. Por entonces, igual que hace pocos años, la patronal y las administraciones se comprometieron a desarrollar planes de vivienda que dieran alojamiento digno a los miles de inmigrantes que nutren de mano de obra los invernaderos de Almería. “Pero nos encontramos que lo único que ofrecen a los trabajadores es ponerlos en la calle sin alojamiento alternativo”.

El sindicalista recuerda que muchas de las empresas tienen certificaciones y hacen gala de responsabilidad social, especialmente desde que algunas grandes cadenas de supermercado europeas exigen estos compromisos. “Pero cuando rascamos un poco encontramos más de lo mismo: explotación, infravivienda y explotación de miles de trabajadores”. “¿Por qué atacan los asentamientos?”, se pregunta el sindicalista: “Porque Europa está tomando posición, y pedimos a los consumidores conscientes que tomen nota”.

Tras el desalojo, media docena de jóvenes pasan las horas del mediodía sentados en un colchón. No saben dónde irán, ni qué harán. “Ya veremos”. A tres o cuatro kilómetros está Atochares, el más grande y simbólico de los asentamientos que, por decenas, siguen desperdigados entre las lonas de plástico del campo almeriense. Aunque ya no exista El Uno. 

El “robo de agua” en Doñana se mantiene con todas las letras. Así lo ha denunciado la organización ecologista WWF, que ha vuelto a alertar del aumento continuo de la “agricultura ilegal” en la zona, a la que le ha puesto cifras. En base a un estudio propio, calcula que aproximadamente 3.983 hectáreas –el equivalente a 4.827 campos de fútbol– se riegan con agua extraída ilegalmente en el acuífero de Almonte-Marismas. En total, el expolio hídrico equivale a unas 4.226 piscinas olímpicas (14,37 hectómetros cúbicos).

En el marco del Día Mundial de los Humedales, que se celebra el 2 de febrero, WWF ha realizado un nuevo análisis que “confirma el grave problema del robo del agua y el aumento de la superficie ilegal” regada con recursos de una masa subterránea de agua en un muy mal estado. Por ello, ha indicado que pondrá “en conocimiento” de la Unesco “el continuo declive del acuífero” y su impacto en los “valores universales excepcionales” de Doñana por los que fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace 30 años.

Según sus cálculos, “el 42% de estas extracciones ilegales se las llevan los cultivos bajo plástico de frutos rojos concentrados en la masa de la Rocina”. Unos datos que ha tachado de “alarmantes” y que recoge un nuevo análisis de WWF realizado con técnicas de teledetección, imágenes satelitales y con ortofotografía correspondientes al año 2023.

Las masas subterráneas de La Rocina, Almonte y Marismas fueron declaradas sobreexplotadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en 2020. En este nuevo análisis, la organización ha detectado que la superficie “ha crecido en la masa de agua subterránea de Almonte” donde proliferan los cultivos leñosos, principalmente olivos, “regados ilegalmente”. Así, señala que “este aumento se puede deber al mayor esfuerzo en la detección mediante el análisis visual, pero también a un posible aumento del riego no autorizado de este tipo de cultivos”.

“Muy considerable” pese al cierre de pozos

En el caso de la masa de agua subterránea de La Rocina, que es una de las zonas de acuífero que “mayor extensión de cultivo en regadío soporta, y por tanto de uso más intensivo del agua subterránea”, el estudio “muestra un descenso de la superficie de cultivos de frutos rojos en posible situación de ilegalidad”.

WWF ha destacado el “esfuerzo” de la CHG para cerrar pozos que estaban extrayendo agua sin permiso. Sin embargo, lamenta que esta superficie “sigue siendo aún de una magnitud muy considerable, ejerciendo una fuerte presión sobre los niveles del acuífero, ya que concentra el 42% de las extracciones ilegales del agua totales”.

La organización ha reseñado que Doñana está “bajo la lupa” de la Unesco y que “en su última resolución emitida en Riad en 2023, advirtió de que si no se implementaban de forma rápida y efectiva las acciones que reviertan el mal estado del acuífero de Doñana (Almonte-Marismas) el Bien Patrimonio de la Humanidad podría entrar en la Lista en Peligro”.

Apunta WWF que “la decisión final” de este organismo internacional se conocerá durante la 47ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco que tendrá lugar la primera quincena de julio en Sofía, Bulgaria, y donde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) “juega un papel clave como asesor sobre el estado de conservación de este bien”. Este organismo, precisamente, fue el que retiró a Doñana de su Lista Verde hace algo más de un año.

La organización conservacionista ha lamentado que Doñana vive “el que probablemente es su peor momento de la historia” ya que “los últimos datos confirman el empeoramiento de los valores universales excepcionales de este Patrimonio Mundial de la Humanidad”.

Los datos del informe de WWF

El informe de WWF calcula que actualmente se extrae de manera “insostenible” más agua subterránea de la que se recarga en el acuífero, “con un índice de explotación del acuífero del 109%”.

Además, los últimos datos publicados por la Estación Biológica de Doñana (EBD) alertan “como el deterioro de este humedal, único en el mundo, está gravemente impactando en el declive de las aves acuáticas migratorias de toda Europa”, uno de los valores “clave” por los que Doñana fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

Señala WWF que entre las acciones para revertir la situación del acuífero “está la aplicación por parte de la Junta de Andalucía del Plan de la Fresa” pero que “de acuerdo al último informe, en diez años la Junta de Andalucía solo ha ejecutado el 23% de las medidas previstas en este plan”. “Hay un grave retraso en la implementación de medidas prioritarias como la eliminación de regadíos ilegales fuera de suelos agrícolas regables, la restauración de fincas forestales transformadas ilegalmente en agricultura, la implementación de corredores ecológicos o la clausura de captaciones subterráneas no regularizadas”, añade.

En el caso del Marco de Actuaciones Ambientales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), WWF considera que “siguen sin implementarse medidas prioritarias para la recuperación del acuífero”. Entre ellas, destacan “la traída de aguas superficiales a Matalascañas y cierre de más pozos en la zona”, así como “la aprobación e implementación de un plan de extracciones ambicioso que reduzca realmente la presión sobre el acuífero y garantice un equilibrio entre la recarga natural y la explotación racional de sus aguas, y que lleva ya tres años y medio de retraso”.

Cerca del “colapso ecológico”

Por otra parte, WWF considera “imprescindible” comenzar la restauración de la cuenca del Guadiamar, “recuperando su funcionalidad y garantizando un caudal ecológico lo que aumentaría la superficie de marisma natural y devolvería, al menos, una parte de las aportaciones de agua dulce de este río a Doñana”.

“Doñana está cerca de un colapso ecológico. La marisma natural no es más de un 20% de la que teníamos a mediados del pasado siglo. Las evidencias científicas muestran que el deterioro del humedal está impactando en el declive de las aves acuáticas migratorias de toda Europa. Por ello, desde WWF emplazamos al Miteco y, en especial, a la Junta de Andalucía, que no está cumpliendo con todas sus obligaciones, a que como responsables de conservar el Espacio Natural de Doñana, tomen medidas urgentes para evitar que sea propuesta en 2025 en la lista de lugares en peligro”, ha dicho el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo.

A Doñana se le acumulan los aniversarios: si recientemente se cumplía un año del pacto entre los gobiernos central y andaluz que al menos ha traído la paz política al parque nacional, este domingo se soplaban las 30 velas de su declaración por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y ahora toca celebrar la primera década del Plan de la Fresa. Y el balance no es para tirar cohetes, porque muchas de las medidas siguen sin ejecutarse, como demuestra que el propio Gobierno andaluz (que aprobó la norma y es responsable de aplicarla) admite en su balance que todavía hay invernaderos sin permiso para regar en 316 hectáreas de suelo protegido.

El Plan de la Fresa es el nombre popular (y corto) del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, que vio la luz en el BOJA del 16 de diciembre de 2014. En teoría venía a poner orden en el crecimiento descontrolado que se estaba produciendo sobre todo de invernaderos de frutos rojos, consecuencia de una escalada imparable desde que se comprobó lo bien que agarraban estos cultivos en la zona y lo rentables que son. La norma provocó un verdadero incendio social, ya que ponía coto a la expansión y le decía a muchos agricultores que no tenían licencia para regar o que habían invadido zonas forestales.

El plan recogía 55 medidas (de ellas 38 a corto o medio plazo), a las que añadió un programa alternativo con otras 34, de las que 24 se tenían que aplicar en poco tiempo. Hacer se han hecho cosas en esta década, pero a un ritmo que está muy alejado de las necesidades de un parque que no deja de lanzar mensajes de socorro. La organización ecologista WWF, que nació precisamente para proteger Doñana, es la que más pendiente está de monitorizar el Plan de la Fresa y ha hecho su balance: sólo se ha ejecutado al 23%.

El PP señala al PSOE

El Gobierno andaluz no entra en porcentajes, y se limita a decir que “sigue su curso y se está ejecutando conforme a lo previsto”. Eso sí, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, admite que hay un “retraso” que achaca a que “no se dotó de presupuesto hasta 2019, que es cuando se ha empezado a ejecutar realmente”. Es decir, que acusa al PSOE de no hacer nada durante el primer lustro, y que no fue hasta la llegada del PP con Juan Manuel Moreno cuando echó a andar de verdad.

Aunque son muchas las actuaciones que se recogen en el documento, las más importantes –y las que siguen provocando revuelo a día de hoy– son las encaminadas a ordenar los invernaderos. En esta cuestión, el propio informe de seguimiento de la Junta determina que hay ahora 6.434 hectáreas de plásticos, de las que 899 no se ubican en suelos agrícolas regables, es decir, que no tienen permiso para usar agua que extraen de un acuífero agotado. De éstas, 316 hectáreas están en terrenos que tienen la calificación A, “espacios naturales protegidos y zonas forestales colindantes cuyos usos están regidos por los valores naturales que contienen”.

De hecho, hay otro dato llamativo, y es que el Plan de la Fresa nació para ordenar y limitar los regadíos, pero en esta década la superficie legal (incluyendo frutos rojos y otros cultivos que no son de invernadero) ha crecido en 98,73 hectáreas. En total hoy son 9.438 hectáreas con permiso para usar agua, de las que 6.436 son cultivos bajo plástico. Por cierto, que en los últimos años se ha logrado quitar de regadío 171 hectáreas que ocupaban montes públicos.

Sólo un 23% ejecutado de verdad

WWF avala varias de estas cifras, aunque difiere en la cantidad de lo que se está regando en suelos que no tienen esta calificación, que eleva a 1.190 hectáreas, de las que 923 serían invernaderos. Y pone el foco en las medidas de esta norma que deberían haberse ejecutado a corto y medio plazo, en total 62 de las que sólo se habrían desarrollado 14, el 23%. Otras 34 estarían a medio hacer, mientras que a 14 todavía no se le ha metido mano.

En su análisis, la organización ecologista admite que el Gobierno andaluz “ha empezado a realizar actuaciones”, lo que no impide que “no ha conseguido cumplir con los objetivos prioritarios”. La cuestión adquiere mayor relevancia por el mal estado de Doñana pero también porque el desarrollo del propio Plan de la Fresa es uno de los compromisos que España ha adquirido ante organismos como la Unesco o Bruselas tras la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no proteger el parque del pirateo de agua.

Gran parte del atraso, lamenta, obedece a “la falta de voluntad política y a los continuos intentos por parte de la Junta de Andalucía de amnistía de usuarios ilegales”. Aquí WWF apunta directamente a la ley impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, que se llegó a presentar dos veces (en 2022 y en 2023), para legalizar cultivos en la corona norte. Esto, apunta su estudio, ha provocado no sólo un retraso en la implementación del plan, “sino también un clima de crispación, tensión y de competencia desleal con aquellos agricultores que cumplen rigurosamente la legislación vigente”, además de generar “falsas expectativas” entre los regantes “en situación de ilegalidad continuada”.

Llegan nuevas obligaciones

¿Qué es lo que piden los ecologistas? Pues básicamente presupuesto, además de medios técnicos y humanos, y que se garantice un crecimiento cero de regadíos, que precisamente es uno de los compromisos que se han fijado los gobiernos central y andaluz en el famoso Pacto por Doñana. Y sobre todo acabar de una vez por todas con los cultivos que usan agua de manera ilegal, algo que no terminan de entender teniendo en cuenta que estas superficies están más que localizadas y se dispone de herramientas cada vez más sofisticadas para su control.

WWF, de paso, advierte de que se entra en los últimos años de aplicación del plan (en teoría vigente hasta 2029), lo que supone que se activan nuevas medidas cuando todavía se han aplicado muy pocas de las precedentes. “Hay un grave retraso”, reitera la organización, lo que implica no sólo la eliminación de regadíos sin permiso, sino también la restauración de fincas forestales transformadas ilegalmente en agricultura, la implementación de corredores ecológicos o la clausura de captaciones subterráneas no regularizadas.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha elevado la cuantificación de los daños ocasionados por la DANA en el municipio por encima de los 191 millones de euros, si bien el alcalde de la localidad, Francisco Góngora (PP), los técnicos aún recaba datos y actualizan el informe de daños para dimensionar las ayudas a las que poder acogerse mediante los mecanismos de solidaridad.

Hasta el momento, según han explicado desde el Consistorio ejidense, se han cuantificado daños en unas 2.000 viviendas y unos 5.000 vehículos por un importe estimado de más de 26 millones, toda vez que en vías, espacios públicos y en más de 30 instalaciones municipales, los perjuicios suman más de 6,8 millones de euros.

Hasta la fecha se han recibido en el Ayuntamiento más de 7.309 comunicaciones informando de daños en viviendas, vehículos y explotaciones agrarias, lo que ha permitido realizar una cuantificación provisional a razón de 3.000 euros de media por vivienda y de 4.000 euros de media por vehículo.

Los daños en vías, alumbrado, parques y jardines, espacios públicos y en más de una treintena de edificios e instalaciones municipales obedecen a roturas de claraboyas, cristales, lucernarios, techos, canaletas y placas solares, junto a caída de árboles, arrastres y acumulación de barro.

5.000 hectáreas de invernaderos afectadas y 158,6 millones en daños

El gobierno local apunta también que el sector agrícola se ha visto “muy afectado”, con daños valorados en 158.661.000 euros, según sus estimaciones. Así, hay destrozos en cubiertas en 5.000 hectáreas de invernaderos, de modo que en solo la reposición de plásticos se calcula una inversión de 50 millones de euros.

Asimismo, hay 35 hectáreas de invernaderos con la estructura colapsada, con un coste de reconstrucción de 5.250.000 euros, y un 30% de pérdidas en la producción de las fincas afectadas “por valor de más de 102 millones de euros”. Además se han detectado cuantiosos daños en caminos rurales, “valorados en más de 361.750 euros”.

El alcalde ha señalado que “desde el primer momento pusimos en marcha todos los recursos y operativos desde Obras Públicas, DUE, Agricultura y Avanza en Verde, junto a la contratación de maquinaria externa, para reparar los destrozos y restablecer la normalidad en más de una treintena de edificios municipales, tanto en centros docentes, como en centros administrativos, de adultos, culturales, deportivos y centros de mayores, además de en calles, plazas parques y vías”.

Los trabajos se están centrando en la limpieza de vías, caminos, ramblas y calles afectadas por inundaciones, arrastres, roturas y acumulación de barro; tareas de reparación en el alumbrado exterior y señales de tráfico; en cubrir las claraboyas rotas y asegurar los techos rotos.

“Un líquido transparente gotea poco a poco y se cuela por mis venas. Soy como una de mis plantas alimentada por un tubito a base de química”. Sara es ingeniera agrónoma, acaba de cumplir cuarenta años y está a punto de entrar en quirófano para aumentar sus pechos. Una operación que todavía no ha sabido cómo compartir con su familia, solo con su último novio, con el que acaba de romper. Y a la que posteriormente se referirá como: “El día en que dejé de ser biodegradable”.

Así se presenta la protagonista de Planeta invernadero (Alianza Editorial), la novela en la que Rafael Navarro de Castro retira los plásticos de los invernaderos para destapar las contradicciones, vergüenzas y abusos que se comenten en su interior (y alrededores).

En su libro, que publica tras La tierra desnuda (2019), ahonda en asuntos como la economía desbocada, las condiciones de los trabajadores en la sombra, las tecnologías sostenibles, el abuso de poder y sexual, las dudas sobre la juventud que no sabe cómo enfrentarse al futuro; y las tomateras que crecen varios centímetros al día y dan frutos durante todo el año.

“Quería hablar de lo orgánico y lo sintético, lo natural y lo artificial, y cómo eso se relaciona con el mundo porque condiciona nuestra vida, porque se da en todos los ámbitos de la vida. En el laboral, sí, pero también en nuestros cuerpos”, explica el escritor a este periódico sobre el arranque de su texto, con su personaje principal pasando por un “trance” particular, en el hospital, vestida con un batín, sobre una camilla. “Mucha gente se pone implantes, pero da igual que nos los pongamos o no, todos tenemos plástico en el cuerpo. Productos químicos y tóxicos de todos los colores”, advierte el autor.

Un cambio necesario

Rafael Navarro de Castro (Lorca, 1968) trabajó como técnico de luces en el sector audiovisual durante 15 años. Vivía en el barrio madrileño de Malasaña, le iba bien, pero se cansó y en 2001 decidió dar un “cambio de vida radical”. Se mudó a Monachil, una localidad situada en las faldas de Sierra Nevada, donde se dedica a la agricultura tradicional, la fontanería de montaña, la cría de gallinas y el activismo ecologista. “Me fui con un camión lleno de maderas y construí una casa”, explica sin defender que su ejemplo tenga que ser el que siga toda la humanidad.

“Hay infinidad de cosas que todos podemos cambiar cada día, empezando por nuestra forma de comer. Optar por productos de temporada y españoles”, sostiene, “no es por patriotismo, sino para evitar que nuestros platos hayan recorrido 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. Si consiguiéramos reducirlo a 1.000 sería una revolución mundial”. El escritor destaca el papel que desempeñan quienes proporcionan las semillas que posteriormente cultivan los agricultores: “Son los mismos que después les venden los productos químicos”. Rafael Navarro de Castro explica que actualmente estas “han sido modificadas para producir más y para que aguanten los traslados. Que los tomates tengan ahora la piel durísima no es casual”.

El autor, que es licenciado en Sociología y diplomado en Extensión y Desarrollo Rural, lamenta la relación que el ser humano mantiene con el medioambiente: “Le hemos declarado la guerra a la naturaleza y lo malo es que la estamos ganando”. “Antes eran unos daños. Se contaminaba un río, se arrasaba un bosque, un valle se quedaba estéril. Ahora la amenaza es planetaria”, argumenta.

Le hemos declarado la guerra a la naturaleza y lo malo es que estamos ganando

Rafael Navarro de Castro — Autor de 'Planeta invernadero'

De ahí a que haya ambientado su novela en un lugar ficticio que ha bautizado como Poniente, evitando que el universo en el que se adentra Sara pareciera una realidad única, más allá de concretar que se sitúa dentro de la costa española. “No quería que se entendiera como un problema local de un solo territorio, porque no lo es. Todos vivimos en un invernadero. La Tierra lo es, no está cubierta de plásticos pero sí de gases contaminantes que tienen el mismo efecto: atrapar el calor y no soltarlo”.

Qué y cómo comemos

La protagonista se traslada a ciudades como Londres, París y Berlín, al tiempo que poco a poco se va transformando su conciencia. Los viajes afectan tanto a su trayectoria profesional como a la personal: “Muta respecto a sí misma, su relación con los demás, su sexualidad. Va a hacer una especie de redescubrimiento de sí misma y de la vida”.

“Los cultivos bajo plásticos son la metáfora perfecta del mundo moderno”, afirma sobre el telón de fondo de un libro que decidió escribir en forma de novela y no de ensayo, porque quería “conectar todas las ideas con la realidad, a través de una mujer que va al supermercado, al centro comercial, al gimnasio”.

El uso de la primera persona le permitía hablar desde un lugar que consideró que tendría más potencial para agitar mente y pulso de sus lectores. “Sara cuenta cómo se hace una ensalada, igual que lo hacemos el resto, pensando que es lo mejor, lo más sano, ¿no? ¿Pero cuántos pesticidas hay? Como mínimo uno por cada producto”, indica el autor, que no comprende por qué la sociedad acepta esta realidad.

“Quizás nos da igual que la gente lo esté pasando mal en los invernaderos, y no lo defiendo, pero es que esto nos afecta todos. Una sociedad que no está preocupada por su comida está perdida”. Su personaje se hace las mismas preguntas: “¿Por qué nadie protesta? ¿Por qué no hacemos algo?”. Una postura que le costará enfrentamientos a lo largo del libro.

Una sociedad que no está preocupada por su comida está perdida".

Rafael Navarro de Castro — Autor de 'Planeta invernadero'

El escritor no decidió por casualidad que la protagonista de Efecto invernadero fuera un personaje femenino. Al investigar sobre el tema y buscar miradas críticas que tomar como referencias, descubrió que, “casi todas” habían sido mujeres. La primera de ellas, Rachel Carson, autora de Primavera silenciosa (1962) y considerada como madre del ecologismo moderno. “En todas hubo un patrón similar. Fueron insultadas, acosadas y hasta agredidas por decir la verdad sobre este mundo tecnológico”, indica.

También habló con profesionales que comparten oficio con su protagonista. “Las hay trabajando en invernaderos que han vivido lo mismo que ellas, que han denunciado lo que está sucediendo y se ha tenido que mudar porque les iban a matar”, comenta.

Los habitantes del territorio invernadero

En la novela, Sara está acompañada de un amplio abanico de los personajes que nutren sus 700 páginas. Hay espacio para los agricultores e inmigrantes. El autor explica que los segundos, procedentes en su mayoría de África, son “fundamentales” en la proliferación de la agricultura industrial en España. Rafael Navarro de Castro se trasladó a varios invernaderos para conocer cómo era el día a día en ellos.

“Me imaginaba que la cosa era dura pero cuando llegué no me lo podía creer. Me contaron que les obligan a fumigar sin guantes, sin mascarillas. Y si se quejaban, la respuesta era que así era como llevaban haciéndolo veinte años”, expone. “Les pregunté si les pagaban 35 euros al día y se caían al suelo de la risa. Decían que entre 20 y 25, con suerte, por 10 horas de trabajo que normalmente eran 12. Eso es esclavitud. Los agricultores, por supuesto, lo niegan todo”, suma, crítico. “Nadie que tenga sentimientos llega allí y no se le encoge el corazón”, comenta, “la idea era meterse debajo de los plásticos infinitos y contar la verdad sobre lo que ocurre”.

Lo que ocurre en Almería no ocurre en una realidad extraterrestre ni paralela; lo que en Almería ocurre y se normaliza, es un reflejo más de las políticas de extranjería de una España que roba años de vida mental y física a miles de jóvenes que abastecen sus supermercados (y los de toda Europa) de frutas y verduras. Cuyo español es nivel alto en vocabulario de invernaderos y en los “¡Joder, vamos hostia!” del jefe.

El hecho de quién era Mohamed, de si fue amable, optimista o inteligente, es irrelevante. Los derechos y la dignidad de las personas no se conceden o deniegan por lo bien o lo mal que nos caigan. No entiendo el debate de si queremos o no queremos migrantes. La migración es un hecho del siglo XXI como lo ha sido a lo largo de toda la historia. Que todavía haya quien considere que su opinión está por encima del derecho a la vida de las personas, es cuanto menos preocupante. Pocos días después de su muerte, el 15 de agosto, unas insípidas y breves líneas de un periódico informaban de que un ciclista había muerto arrollado. Mohamed no era un ciclista. Era un migrante marroquí. Y los migrantes como él no tienen derecho a poseer un vehículo sin un carné de conducir que no pueden sacarse hasta que tengan los papeles de residencia, papeles que no pueden empezar a conseguir hasta mínimo los 3 años de estancia en el mismo lugar del territorio español. Moverse en patinete y bicicleta no es ocio. Es la única opción. No hay paradas de autobús en campos de infraviviendas que ni siquiera están censadas oficialmente.

Estas líneas son tan solo palabras exhaustas de seguir conjugándose en dramas y desgracias. Papel mojado en lágrimas de una madre que celebraba la boda de un hijo la misma noche que su otro hijo moría arrollado en la penumbra de la distancia. Son tan solo un grito de desesperación ante la injusticia que es vivir y morir arbitrariamente. Lloréis, recéis u os enfadéis no cambiará nada. Pero supongo, que es lo mínimo que podemos hacer para reconocer y visibilizar que existieron y que existen. Quiero que sepáis que se puede pagar X cantidad de dinero porque un cadáver sea devuelto a la familia en su país de origen. Y que es en un ataúd cuando eres subido al avión. En el viaje de vuelta.

Quiero que sepáis que soñaba con volver a ver a su madre y que entendamos que un chaval que tenía toda la vida por delante ha muerto contra el asfalto de la carretera

Quiero que sepáis que soñaba con volver a ver a su madre y que entendamos que un chaval que tenía toda la vida por delante ha muerto contra el asfalto de la carretera. En un país, nuestro país, que se empeñó hasta el último momento en dejarle claro que no era bienvenido más que para acatar órdenes trabajando bajo un sol abrasador y consumirse lentamente en ciclos de depresión, ansiedad y soledad. Quiero también que su muerte refleje los últimos siete meses de su vida, lo que serán años para sus amigos y vecinos que recolectaron el poco dinero que tenían para que su cuerpo llegase cuanto antes a su familia en Marruecos.

Almería no es solo Cabo de Gata, sus playas y sus tapas; para muchos (y muchas) es también su mar de plástico ahogando vidas enteras, las temperaturas de fuego y sofoco, los dolores de espalda, vivir para trabajar por 5 euros la hora. (Sobre)vivir en los márgenes, trabajar en los márgenes y morir en los arcenes.

Y que ya basta, ya basta de hacernos los ofendidos y empezar a enumerar todo lo que España hace bien cada vez que se señala la violencia de las leyes y las políticas de extranjería.

¿Que España es increíble? Sí. Pero la pregunta es cómo y para quién. Porque España también son las llamadas de teléfono de la Cruz Roja a las familias de desaparecidos en el mar, comunicándoles que la última noticia de su hijo fue que saltó al agua creyendo divisar tierra. Consecuencias de estar en plena alucinación tras pasarse horas bajo pleno sol, sin agua ni gasolina, dando tumbos por el Mediterráneo. España es quien va enfermo, herido y explotado a trabajar porque no hay bajas médicas. España son los jefes que dan un trozo de pan duro sin agua cuando sus explotados les piden parar para comer. España también son sus cárceles para extranjeros llamadas CIEs. España son los cuerpos prostituidos de las mujeres migrantes con almas y necesidades convertidos en recipientes de semen y odio por hombres españoles y migrantes.

Menos viva España, y más que vivan y no mueran, ni meramente sobrevivan, quienes la habitan.

Mohamed Amzahou era parte de lo que llaman el milagro agrícola de Almería. Él estaba a lo suyo, que bastante tenía con el día a día, pero su trabajo –y el de miles como él– es un pilar básico en el mar de plásticos que factura frutas y hortalizas a toda Europa. Este joven marroquí de 22 años planeaba tirar para Bilbao, y llevaba siete meses en España con la mente puesta en los tres años que hacen falta para solicitar el arraigo que abre la puerta a un permiso de residencia. Nunca los cumplirá, porque Mohamed murió arrollado por un coche a mediados de agosto. Una colecta entre sus compañeros en el asentamiento de temporeros de El Hoyo, en el término municipal de Níjar, permitió enviarle el cuerpo a su madre. Hoy su chabola sigue en pie, porque vivía con su primo y un amigo y porque aquí no se desaprovecha nada, en cuanto hay un hueco es ocupado por alguien.

La historia de Mohamed adquiere hoy forma de relato porque alguien no quiso que cayera en el olvido como tantas otras. “Se merece que su nombre se sepa y que se cuente en algún sitio cómo esta provincia se enriquece a costa de chicos como él, de su terrible soledad y de su muerte callada”, apuntaba el mensaje que remitió a elDiario.es Lourdes, que prefiere figurar sin apellidos. Voluntaria de Cruz Roja, cuenta a este periódico que Mohamed asistía a las clases de español que da en los asentamientos, un “buen alumno, un chico encantador, muy alegre, siempre dispuesto y servicial”.

De su muerte se enteró atendiendo a un grupo de migrantes que había llegado en patera a la costa almeriense. Una compañera de Cruz Roja –“me lo quería decir personalmente, porque sabía que me iba a afectar”– le contó lo que salió en los periódicos: un coche le atropelló cuando iba con su bicicleta, ya oscurecido. Las informaciones no entraron en mayores detalles, sólo que la conductora del vehículo llevaba puesto el cinturón de seguridad y que el fallecido iba sin casco ni prendas reflectantes. Y aquello fue como la gota que colmó el vaso y la animó a escribir su mensaje, dolida por una muerte invisible, sin dejar ningún rastro tras de sí.

Compañeros en El Hoyo

Mohamed era bereber, y llegó a España en patera desde Argelia. Era el tercero de cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas, y tras siete meses en Almería había hecho planes para irse a Bilbao con otro compatriota que acababa de llegar, el mismo que le llamó para dar una vuelta aquel día de agosto en el que cogió por última vez su bicicleta. Al relatarles la historia a Lourdes, sus compañeros en El Hoyo insisten en que Mohamed no iba pedaleando sino que en realidad iba con otros dos jóvenes andando por el arcén, “esto parece que les preocupa mucho, para ellos es importante que era un peatón para que no digan que no llevaba elementos reflectantes en su bici”.

Los asentamientos de temporeros son un elemento más del paisaje agrícola de Almería, un fenómeno que en Andalucía sólo tiene equivalente en Huelva. “Les interesa estar al lado de los plásticos porque se mueven andando o como mucho en bicicleta”, relata Lourdes, una mano de obra “joven, fuerte y muy barata” porque, subraya, “la mayoría no tiene contrato, pero ellos te dicen que aquí les pagan a cinco euros la hora y que en Marruecos sólo les dan un euro”. Sin pertenencias salvo el omnipresente móvil, envían a casa casi todo lo que ganan y malviven en chabolas hechas con palés y plásticos, “están en un submundo” y de ahí el darles nociones de español, porque “casi nunca salen y no se relacionan”.

Hasta 6.000 temporeros en Almería

El Hoyo es un asentamiento ubicado en El Barranquete, una pedanía de Níjar, el epicentro almeriense de estos campamentos efímeros. El municipio cuenta con un censo oficial de 31.816 habitantes, de los que la mitad (15.013) son extranjeros, sobre todo marroquíes (10.160), eso contando a los empadronados porque si se suma a los que no tienen papeles, la cifra se dispara. “En la provincia de Almería atendemos un centenar de asentamientos, con entre 5.000 y 6.000 usuarios en función de la época del año”, detalla Francisco Vicente, coordinador provincial de Cruz Roja. La gran mayoría de estos campos de chabolas están en el Campo de Níjar, en los que se desarrolla una atención humanitaria que consiste sobre todo en el reparto de elementos básicos (comida, bebida, productos de higiene...), aunque también se procura darles formación y alternativas de ocio en unos enclaves en los que “la rotación es muy alta, van cambiando mucho tanto de provincia como de asentamiento”.

En El Hoyo son casi todos marroquíes, al igual que hay otros campamentos de chabolas en los que abundan más los subsaharianos. Aquí la rotación también es alta y una cara sustituye rápidamente a otra, pero a Mohamed se le echa de menos porque era uno más, sí, pero a la vez tampoco lo era: se defendía en inglés y francés, y hacía progresos rápidos en su español, por lo que en este microcosmos en el que la mayoría sólo habla árabe no eran pocos los que se dirigían a él para pedir ayuda con los papeles o cualquier otra necesidad.

“En clase era un alumno de los buenos”, recuerda Lourdes, y en su asentamiento “ayudaba mucho”. “Era un chico optimista y que se sentía querido”, y así lo reflejó en el cuestionario del Proyecto Crece con el que Cruz Roja intenta detectar casos graves de soledad no deseada. “Siempre”, respondía a la pregunta de si se sentía querido, y aunque a veces se sentía solo y triste, también consideraba que había personas que se preocupaban por él. En contraste, en los asentamientos “hay muchos problemas de depresión y ansiedad provocados por la soledad”, apunta Margarita Veiga, responsable del Programa de Inmigrantes de Cruz Roja en Almería.

Contexto muy vulnerable

“Viven en un mundo paralelo”, continúa, con una habitual sensación de aislamiento propiciada por factores como el idioma o la falta de documentación que les hace esconderse, lo que les lleva a relacionarse sólo entre ellos. “Son la mano de obra del campo pero no pueden participar de forma activa en la sociedad”, hasta el punto de que “no constan” en las estadísticas oficiales y malviven “en un contexto muy vulnerable a nivel social y físico”, con chabolas expuestas a incendios, inundaciones, calor extremo, plagas...

La mayoría de estos temporeros tienen entre 18 y 45 años, y cuando llegan a uno de estos asentamientos lo asumen como algo temporal, “pero hay personas que cronifican su situación”, advierte Veiga, porque por ejemplo durante mucho tiempo no pueden optar a programas de empleo o formación. “La búsqueda de soluciones es muy complicada”, admite, porque su presencia “se ha normalizado y forma parte del paisaje, esto ya es un problema crónico” en el que el principal soporte lo ofrece el tejido asociativo por delante incluso de las administraciones.

“No tenemos ninguna conciencia de su situación”, lamenta Lourdes, que incide en que “una cosa es hablar de inmigración y otra estar frente a frente con ellos: ves que no tienen nada y que sienten una soledad inmensa”. “Son muy agradecidos”, coincide Margarita Veiga, que subraya que “hablas con ellos y son personas muy alegres”. Como, dicen todos, era Mohamed Amzahou, aquel chico de 22 años al que un día de agosto atropelló un coche, uno más de tantos jóvenes anónimos que trasiegan entre invernaderos pero por cuyo recuerdo hubo alguien que luchó para que su historia, al menos, no tuviera un punto final invisible.

La detención de las once personas ocurrió en Roquetas de Mar por su presunta participación en un entramado empresarial de la construcción de invernaderos implicado en 23 delitos contra la Seguridad Social y 22 de frustración de la ejecución. La Policía Nacional ha llevado a cabo la operación en colaboración con la Tesorería General, a través de la cual se ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 2.477.750 euros.

Un empresario agrícola, que solicitó los servicios de la constructora de invernaderos, reconoce en conversación con elDiario.es/Andalucía que Hacienda le ha sancionado con 200.000 euros “por no pagar el IVA que le correspondía a esta empresa”. Confiesa que “esto es un tema del que todo el colectivo es consciente, pero que nadie se atreve a hablar por miedo”. Los empresarios detenidos habían copado el sector, utilizando trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades con gran cantidad de mano de obra que realizaban trabajos subcontratados por otras empresas más grandes de ese ámbito.

Agustín, nombre ficticio de este agricultor que se ha prestado a contar su historia, asegura que esta práctica “es muy habitual en este sector” y que opera libremente en la provincia de Almería, estafando a los del sector agro. Lo confirma al periódico la Gestoría Vázquez y Manchón, que son especialistas en asesoría fiscal en El Ejido. Su socio, Juan Leandro Manchón, aclara que “el principal fraude es que se están quedando con un IVA que no es suyo”. Él sabe de primera mano que esta forma de trabajar está muy extendida porque “me han llegado muchísimos casos de este tipo”. La investigación comenzó en septiembre de 2022, cuando se tuvo conocimiento de actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas de la construcción de invernaderos en Roquetas de Mar, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

 “Hay más de 100 empresas que estafan a los agricultores”

Este entramado empresarial tenía en común la utilización de trabajadores de las propias empresas como testaferros, así como la utilización de multitud de sociedades. Los empresarios detenidos, en su mayoría de nacionalidad rumana, contrataban una gran cantidad de compatriotas como trabajadores, a algunos de los cuales utilizaban como testaferros. “El cabecilla de esta red de entramados es ‘el rumano jefe’, que lleva una empresa matriz”, revela Agustín. Explica que no hay ningún administrador, pero la matriz tiene más empresas a su cargo. Estas suelen ser pequeñas y de otra índole, nada que ver con la construcción de invernaderos. “A la empresa madre lo único que le interesa es que sus hijas le facturen, por lo que no pagan las deducciones de la seguridad social ni el Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVA”, indica. Añade que la multa tributaria le llegó dos años después de que contratara los servicios a la empresa de construcción de invernaderos.

De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, los responsables de este entramado empresarial habían copado el mercado de la construcción de invernaderos a través de un modus operandi definido. Utilizaban empresas con gran cantidad de mano de obra, dedicadas sobre todo a realizar trabajos subcontratados de otras empresas más grandes del sector. Al no abonar los seguros sociales de sus trabajadores, los precios que ofertaban eran mucho más bajos que los de otras firmas que sí cumplían sus obligaciones. De esta forma se generó un importante fraude directo por impago de cuotas mientras incrementaban sus márgenes de beneficio y eran subcontratados por empresas más grandes, las cuales se beneficiaban de los bajos precios de las sociedades investigadas, ya que les resultaba más barato subcontratar sus obras que realizarlas ellos mismos. Tras un complejo entramado de sociedades y de testaferros se dificultaba la labor de los investigadores para la identificación de los responsables de las actuaciones ilícitas.

“Todas las reclamaciones y las cartas de aviso para que paguen solo les llegan a las empresas hijas”, asegura este empresario agrícola. Nada recae en la empresa matriz, “hay una especie de muro burocrático que les salvaguarda”. De manera que estas empresas quedan manchadas, pero la matriz resulta intacta, impoluta. Así, ‘el rumano jefe’ queda impune de cualquier delito. Asimismo, según declara un inspector de Hacienda consultado por elDiario.es/Andalucía, “en Almería hay más de 100 empresas de este tipo que operan engañando, principalmente a los agricultores”.

¿Cómo evitar el engaño?

Al consultar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se saca en claro que en el sector de la construcción de invernaderos se ha detectado que hay sociedades que facturan sin medios y que son de reciente creación. A la hora de hacer la factura no deducen el IVA. La entidad aconseja al agricultor que debe verificar que la sociedad ejecutante de la obra es la que realmente emite la factura. Una de esas formas es “ver si se trata de una sociedad asentada y con una larga trayectoria en el sector no suelen existir problemas”.

Otra forma de verificarlo es que el agricultor se cerciore de que la empresa constructora dispone de los medios con los que se está ejecutando la obra. Por ejemplo, comprobando, a través de los documentos de la Seguridad Social, que los trabajadores que realizan la construcción del invernadero están dados de alta en la sociedad que factura, y que los apoderados que firman el presupuesto y el contrato de construcción son también los de empresa que emite la factura.

La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar un juicio contra un empresario de Almería acusado de tener a su cargo a siete hombres de origen extranjero a los que había contratado para la construcción de invernaderos cerca de Níjar (Almería) y que estaban sin dar de alta en la Seguridad Social.

La Fiscalía solicita para el acusado un total de cuatro años de prisión acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores así como la inhabilitación, durante el mismo periodo, para ostentar el cargo de administrador de empresas o comercios. También le exige una multa de once meses a razón de 12 euros diarios, según el escrito provisional consultado por Europa Press.

Fue a través de una inspección realizada cerca del mediodía del pasado 12 de abril de 2018 por parte del subdirector de Empleo y Seguridad Social, acompañado de varios miembros de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional cuando se descubrió las condiciones de la plantilla en el centro de trabajo.

Juicio, el 16 de marzo

En el transcurso de la visita de inspección se constató la prestación de servicios de trabajadores pertenecientes una empresa de Vícar dedicada a la construcción de invernaderos, que se encontraban echando alambre para montar la estructura sobre la que posteriormente armar el plástico del techo y las bandas.

Según recoge el Ministerio Público, en el momento se encontró a siete personas, todas ellas de nacionalidad extranjera, que estaban trabajando a pesar de que ninguna de ellas había “sido dada de alta por el acusado en la Seguridad Social como trabajadores de la entidad” a pesar de que este era “perfecto conocedor” de su obligación.

Como consecuencia del impago de las cuotas la Tesorería General de la Seguridad Social sufrió perjuicios económicos cuyo importe no ha sido cuantificado. El juicio está previsto para el 16 de marzo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.

Navarra ha aumentado sus emisiones directas de gases de efecto invernadero un 3,8 % en 2017 con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 5,74 millones de toneladas, según los datos recogidos en el último Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la Comunidad foral.

El informe muestra que, desde 2014, es el sector de la generación de energía el que más ha aumentado sus emisiones, un 77,6%, en los últimos años. Según explica el estudio, el aumento de emisiones está vinculado a la activación de la economía y el consumo, sin que termine de desacoplarse este crecimiento de las emisiones GEI.

En el análisis de los datos de 2017, el inventario señala al sector industrial como el que más contribuye actualmente a las emisiones en Navarra, con un 28,14%, seguido del transporte (20,26%) y del sector primario (18,32%). A continuación, se sitúa el mencionado sector de generación de energía, que representa el 17,2% de las emisiones, y al que se atribuye la principal causa del aumento observado desde 2014.

En este sector, que ha emitido en 2017 un total 986.730 toneladas de C02 equivalentes, se incluyen las emisiones de los procesos de generación de electricidad en las centrales de ciclo combinado y en las instalaciones de gestión de residuos, así como las de las plantas de cogeneración industriales y las fugas en los sistemas de suministro de combustibles gaseosos.

Respecto al año 2016, también es el sector industrial el que más incrementa sus emisiones, en un 7,6%, seguido del sector residencial y servicios, que ha crecido un 6,5%, el de generación de energía 3,3%, el de residuos un 2,1% y el transporte en 1,94%, mientras que el primario ha disminuido el 0,56%, ha informado el Gobierno navarro en un comunicado.

Emisión de cada navarro

En lo que respecta a las emisiones per cápita -emisiones de CO2 por persona- en 2017 son de 8,72 toneladas (fueron 8,3 en 2016) y marcando una tendencia al alza desde 2014. Los niveles de 1990 situaban a Navarra en 7,8 toneladas por persona.

Según datos de la Comisión Europea (EDGAR), en el conjunto del Estado este dato se sitúa en 6,09 toneladas per cápita. En Francia son 5,20 y en Reino Unido 5,73. Navarra se situaría al nivel de Polonia (8,36), Finlandia (8,48) y Noruega (8,85) y por debajo de Bélgica (9,12) y Alemania (9,70).

Ley foral

En lo que respecta al cumplimiento de la senda de proyecciones y objetivos de KLINA, la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra, ésta establece como objetivo que las emisiones de GEI en 2020 sean inferiores en un 20% a las emisiones de 2005. Para lograr el objetivo las proyecciones realizadas asignaban a 2017 una reducción de emisiones de -18,6% respecto a 2005, pero sin embargo la situación real ha sido una reducción del -16,1%, es decir, una reducción 2,5 puntos porcentuales inferior que la senda prevista, han detallado desde el Ejecutivo foral.

Según han indicado, el año 2017 ha sido el tercer año consecutivo en que ha habido un aumento interanual de emisiones, con un 3,96% frente al 2016, y la desviación respecto de la senda de reducción y las previsiones para 2018 pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones para 2020.

En cuanto a la previsión de cumplimiento del objetivo establecido para 2030, se espera que la activación de todas las medidas contempladas para el periodo 2020-2030 redunde en el cumplimiento del objetivo de reducción del 45% de las emisiones respecto a las del 2005, que se verán apoyadas por la promulgación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo anteproyecto se encuentra ya en exposición pública y en proceso de información y participación con varias sesiones abiertas en diferentes puntos de la Comunidad foral.

Bomberos del Consorcio de Emergencias han extinguido el incendio iniciado sobre las 10.45 horas de este sábado en una cuartería ubicada en una zona de invernaderos en Montaña Playa de Vargas, dentro del municipio de Agüimes (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), 112, el fuego no ha producido heridos, por lo que no se tuvieron que activar recursos sanitarios.

Hasta el lugar acudieron también agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil.

Bomberos del Consorcio de Emergencias trabajan en un incendio iniciado sobre las 10.45 horas de este sábado en una cuartería ubicada en una zona de invernaderos en Montaña Playa de Vargas, dentro del municipio de Agüimes (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, a Europa Press, el fuego no ha producido heridos, por lo que no se han tenido que activar recursos sanitarios.

Hasta el lugar han acudido también agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil.

Dos vecinos de La Laguna, de 40 y 45 años, han sido detenidos por el cultivo de plantas de marihuana a gran escala en tres invernaderos situados en el municipio de Guía de Isora. Con esta intervención, se ha neutralizado un importante punto de cultivo y venta de marihuana, muy probablemente con un potencial de distribución en toda la isla de Tenerife, según ha informado la Guardia Civil.

Las detenciones se han producido en el marco de la operación Chigora, que ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife y al Equipo Territorial de Policía Judicial de Playa de las Américas, con el apoyo de la Patrulla Rural de Compañía.

La operación comenzó el pasado mes de abril, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible adquisición por parte de un grupo de personas de varios invernaderos en el sur de Tenerife con el fin de cultivar marihuana a gran escala. Por este motivo se iniciaron las gestiones y controles oportunos al objeto de tratar de comprobar y verificar las informaciones recibidas, así como las personas que pudieran estar implicadas en esta actividad ilícita.

Los tres invernaderos, de unos 1.600 m cada uno, estaban ubicados en una zona rural del municipio de Guía de Isora y se destinaban de forma exclusiva al cultivo de marihuana. Estos habían sido preparados para el cultivo y se encontraban en procesos escalonados con el objeto de disponer de plantas durante todo el año.

Así, disponían de un invernadero con plantas de gran tamaño, minuciosamente cuidadas, algunas de ellas ya cortadas y en proceso de secado; otro invernadero en fase de preparación para el cultivo, con los semilleros preparados y dispuesto para su siembra, y un tercero que se encontraba en fase de habilitación.

Entrada y registro

Una vez se obtuvieron indicios suficientes para tratar de demostrar que existía un ilícito penal (delito contra la salud pública), los mismos fueron expuestos a la Autoridad Judicial correspondiente, que autorizó el pasado 25 de septiembre la entrada y registro en los invernaderos y en cuantas dependencias se encontraran en ellos.

Fruto de las entradas y registros, fueron detenidas dos personas como supuestas autoras del hecho delictivo, siendo estas las que supuestamente realizaban las labores de mantenimiento y cuidado de las plantas. Además, se intervinieron 450 plantas de gran tamaño y volumen, así como un vehículo que era utilizado para el transporte de material y cuidado de la plantación.

Los detenidos, junto a las diligencias practicadas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona.

El fuego se inicio sobre las 16:15 horas en el camino de los Llanos, en un barranco de Güímar

Un incendio, que ya ha sido controlado y que comenzó en un barranco de Güímar (Tenerife) ha afectado a varios invernaderos cercanos, han informado a Efe fuentes del Consorcio insular de bomberos.

El fuego se inicio sobre las 16:15 horas en el camino de los Llanos, en una zona de rastrojos de difícil acceso y el viento facilitó su extensión a unos invernaderos cercanos.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Santa Cruz, La Laguna, San Miguel de Abona y voluntarios de La Laguna, Güímar y Tegueste.

El incendio ha podido ser controlado aunque continúan trabajando los bomberos para enfriar la zona y apagar las llamas.

En la tarde de este jueves, 15 de junio, se produjo un incendio de un coche en la zona de Hoyo de Mazo. En las tareas de extinción intervinieron efectivos del Parque La Grama de Bomberos La Palma.

Fuentes de este cuerpo señalan que, dada “la lejanía y la rapidez de propagación del fuego, muy poco pudieron hacer, excepto evitar que afectara al invernadero cercano”. El vehículo quedó completamente calcinado.

La Guardia Civil del Puesto de Los Llanos de Aridane y, en concreto, agentes pertenecientes al Área de Investigación, han detenido a un varón de 23 años de edad, vecino del municipio y, asimismo, investigan a otros dos varones de 21 y 23 años, residentes en la misma población, a los que se acusa de “un delito contra la salud pública al realizar cultivos de marihuana en un invernadero, donde una vez arrancadas tenía un peso de 21,78 kilos”, señala en un comunicado.

Dicha detención, añade, viene motivada a raíz de la investigación llevada a cabo por los propios agentes, los cuales recibieron varias quejas de vecinos de un conocido barrio de Los Llanos de Aridane donde informaban de “un fuerte olor a marihuana que desprendía una de las parcelas ubicada en el lugar”.

En servicios de vigilancia realizados por los agentes, se indica en la nota, “comprueban la veracidad de los hechos, hallando en el lugar descrito un invernadero de unos quince metros cuadrados en cuyo interior se cultivaban 15 matas adultas de aproximadamente 1,80 metros de altura y en estado de floración, con útiles de riego, sembrado y abono de las mismas, así como un habitáculo anexo con funciones de secado de la sustancia”.

Por tal motivo, “una vez recabada la información relativa a la titularidad de tal parcela se solicitó mediante oficio la entrada e incautación de toda la sustancia, así como de todos los útiles con fines de producción de la sustancia al Juzgado de Guardia de Los Llanos de Aridane”. Una vez concedido el mandamiento “se procedió a la entrada y registro, incautando un total de quince matas de marihuana las cuales arrojaron un peso de 21,780 kilos”.

El atestado fue remitido al Juzgado nº 2 de Los Llanos de Aridane y el detenido puesto en libertad a la finalización de las diligencias.