La Justicia europea condena a España por no proteger a Doñana del expolio de agua

La Justicia europa reprocha a España que no haya protegido Doñana del expolio de agua que padece. Los magistrados consideran que debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de los bombeos de agua subterránea de la comarca de Doñana, afirma el Tribunal de Justicia de la UE en un fallo conocido este jueves. Además, establecede que no se han adoptado las medidas apropiadas para evitar las alteraciones de los tipos de hábitats protegidos situados en ese Parque Natural provocadas por las extracciones de agua subterránea.

En su sentencia dictada este jueves, el Tribunal de Justicia estima parcialmente el recurso de la Comisión, y declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la directiva marco sobre el agua en dos aspectos: en primer lugar, España no tuvo en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana en el marco de la caracterización adicional del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021.

En segundo lugar, España no previó, dentro del programa de medidas establecido en dicho Plan Hidrológico, ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos situados en la zona protegida de Doñana provocada por las extracciones de agua subterránea para abastecer el núcleo turístico de Matalascañas (Huelva).

En cambio, el Tribunal de Justicia considera que la Comisión no ha demostrado que España haya incumplido su obligación de evitar el deterioro del estado de las masas de agua subterránea del Espacio Natural protegido de Doñana en el sentido de la Directiva marco sobre el agua. Concretamente, dice el Tribunal con sede en Luxemburgo, la Comisión Europea “no ha acreditado que las masas de agua subterránea del Espacio Natural protegido de Doñana que se encontraban ya en mal estado se hayan deteriorado aún más, suponiendo un incremento adicional del déficit ya existente y, por tanto, una mayor sobreexplotación en relación con la situación anterior”.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara también un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la directiva sobre los hábitats, debido a que España no ha adoptado las medidas apropiadas para evitar las alteraciones apreciables de los tipos de hábitats protegidos situados en las zonas protegidas desde el 19 de julio de 2006 –Doñana, Doñana Norte y Oeste, y Dehesa del Estero y Montes de Moguer– provocadas por las extracciones de agua subterránea del Espacio Natural protegido de Doñana a partir de esa fecha.

La sentencia no conlleva una pena económica sino que conmina a España a cumplir con sus obligaciones, de acuedo a las leyes europeas, “a la mayor brevedad”, aclaran fuentes del Tribunal. En caso de que no se adopten las medidas necesarias, la Comisión Europea –que fue la institución que llevó a España frente a los magistados– podría solicitar a la Curia que impusiese una multa al estado español.

La sentencia ha llegado después de más de diez años desde que WWF interpusiera una denuncia en la Unión Europea. La Comisión Europea abrió un expediente de sanción contra España en 2014. A pesar del desarrollo de algunas medidas paliativas como el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana (que ampara hasta 9.300 hectáreas) o la compra de la finca Los Mimbrales para anular la extracción anual de 6,8 hm3 de agua a la que tiene derecho ese terreno, Bruselas dio un segundo aviso en abril de 2016. Para enero de 2019, se agotaron los plazos y el Ejecutivo comunitario llevó el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo.

Extraer de manera desmesurada el agua de los acuíferos durante años ha hecho que tres de las cinco masas subterráneas del entorno de Doñana estén calificadas como “en mal estado”. En julio de 2020, al Gobierno declaró sobreexplotados los depósitos de La Rocina, Marismas y Almonte que rodean el parque nacional. En el primero se ha estado usando el 86% del recurso de agua disponible, en el segundo un 106% y el tercero un 137% ya que los bombeos que se hacen en las zonas adyacentes a este tercer acuífero acaban chupando el agua de la masa Almonte que drena hasta los pozos de extracción más alejados. Por encima del 80% se considera que se llega al “mal estado cuantitativo”. Es decir, poca agua.  

Las extracciones se hacen, mayoritariamente, para alimentar la industria de regadío de fresas y frutos rojos de la provincia de Huelva. El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir que acaba de ser publicado por el Ministerio de Transición Ecológica admite que, en Doñana, “coexisten, con crecientes dificultades, un espacio natural referencia para el conservacionismo internacional y una agricultura moderna de alto valor añadido”. También se reconoce que, al menos parte de esa industria se ha desarrollado fuera de las normas “al margen de la planificación, tanto hidrológica como de ordenación del territorio” y que, sin embargo, “es el principal motor económico de un conjunto de municipios que suman más de 80.000 habitantes”.

La Confederación Hidrográfica subraya la crisis de gobernanza que existe en la zona que impide a los inspectores “ejercer su funciones de vigilancia y guardería” como con el acoso a un agente en septiembre de 2018 que necesitó ingreso hospitalaria. Algo similar ya había ocurrido en 2014 lo que denota un ambiente de miedo impuesto por quienes expolian los acuíferos en Doñana.

Además del agua destinada al riego, las extracciones más localizadas para el abastecimiento urbano en la zona de Matalascañas también han provocado un deterioro “que no debe ignorarse”. Cinco pozos bombean líquido para satisfacer la demanda anual equivalente a 25.000 personas, aunque concentradas en los meses de verano. Estas extracciones están afectando al extremo Oeste del Complejo Lagunar de lagunas peridunares del Parque Nacional, “un auténtico oasis de agua dulce y ecosistemas asociados en el límite dunas-marismas, a escasa distancia de la costa”. Ilustra este impacto el Charco del Toro que ahora se inunda un 93% menos que la media entre 2000 y 2015. Otras lagunas que se encharcan la mitad o menos que durante ese periodo son el Taraje, Santa Olalla II, el Sapo o Hermanillos que ponen nombre propio al daño ambiental.