El rechazo a la convalidación de los dos reales decretos-ley sobre vivienda en el Congreso de los Diputados, orquestado este viernes con los votos en contra de Junts, el Partido Popular y Vox, no es un simple desacuerdo sobre política habitacional. Tras la caída de estas medidas —vendidas institucionalmente como el blindaje definitivo de la función social de la vivienda tras el dramático desahucio de Mari Carmen Abascal—, se esconde una maniobra política de mucho mayor calado. Estamos ante una venganza política consumada, un ajuste de cuentas diseñado milimétricamente desde Waterloo. Carles Puigdemont, obligado al exilio durante nueve años a raíz de la represión del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, ha hecho morder el polvo al Gobierno de Pedro Sánchez, al ser coautor el PSOE, junto al PP, de la intervención de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución Española.

Pero reducir este episodio a una vendetta personal sería un error de análisis. Lo que ha caído con los decretos no es solo un paquete de medidas habitacionales, sino la máscara de una legislatura que nació herida de muerte. Para comprender la magnitud de este jaque, debemos retroceder a la génesis de esta legislatura y, más atrás aún, a las contradicciones no resueltas del régimen de 1978. La Transición no fue una ruptura democrática, sino un reformismo, con una transformación desde arriba que preservó intactos los privilegios de la oligarquía, de la Iglesia Católica, los aparatos de poder —judicial, policial, militar— heredados del franquismo, mientras integraba a las élites políticas de la oposición en un nuevo consenso constitucional, bajo una monarquía instaurada por la dictadura franquista. Ese pacto, sin embargo, dejó sin resolver la cuestión nacional catalana y vasca, y consagró un Poder Judicial que nunca ha dejado de ser un reducto de la reacción. La crisis actual no es sino la erupción de esas contradicciones largamente reprimidas. No estamos ante un accidente parlamentario, sino ante una crisis orgánica del régimen: la clase dominante ha perdido su capacidad de ejercer la hegemonía, y el Estado se descompone por momentos.

Los siete escaños de Junts, surgidos de las elecciones generales de 2023, fueron la llave esencial para la investidura de Pedro Sánchez. La condición innegociable: la ley de amnistía. Sin embargo, el camino hacia el olvido penal se ha topado con la resistencia numantina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Mediante lo que no pocos juristas califican de subterfugios legales propios de un lawfare, el Supremo ha obstaculizado sistemáticamente la aplicación de la amnistía a los líderes del procés, especialmente en lo referente al delito de malversación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado que no existió malversación de fondos europeos en el procés. Luxemburgo rechazó que la protección de los intereses financieros de la Unión, prevista en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pueda extenderse a perjuicios exclusivamente nacionales mediante conexiones hipotéticas o indirectas. La sentencia del TJUE de julio de 2026 impedía mantener el segundo de los dos motivos esgrimidos por el juez Llarena para denegar la amnistía: el de la afectación a los intereses financieros de la UE. El magistrado del Supremo admitió que no se gastaron fondos europeos, pero se aferró al otro argumento —el supuesto beneficio personal patrimonial— para mantener la orden de detención contra Puigdemont. Esa argucia es la que ahora queda desmontada por el Tribunal Constitucional.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha puesto por escrito lo que buena parte de la doctrina venía señalando desde 2024: que el Supremo sostiene, dentro de un mismo procedimiento, dos tesis que no pueden ser ciertas a la vez. El borrador de ponencia para resolver el recurso de amparo de Dolors Bassa aprecia una contradicción «flagrante e insoluble» y una «quiebra de racionalidad inconciliable» en la doble lectura del Supremo. El texto aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y sostiene que en los hechos por los que Bassa fue condenada concurren los presupuestos que los sitúan dentro del ámbito de aplicación de la amnistía. Conde-Pumpido ha asegurado que la doctrina del Constitucional sobre la amnistía será «vinculante» y «clara» para que la aplique el Tribunal Supremo. Ha advertido que trasladará «inmediatamente» la decisión del TC que desatasca el regreso de Puigdemont. Y ha denunciado que las resoluciones del Supremo incurren «en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables». No es casual que sea el poder judicial —ese aparato que la Transición dejó intacto— el que se resista a la amnistía. La magistratura conservadora opera aquí como un intelectual orgánico de la reacción, defendiendo los intereses de las fracciones de clase que no aceptan la más mínima concesión al soberanismo catalán.

Con la garantía de que el Tribunal Constitucional amparará finalmente a los soberanistas catalanes y con el aval de la justicia europea ya materializado, Puigdemont ha decidido que era el momento de ejecutar su estocada. Ernesto Ekaizer lo ha anticipado con claridad: «Llarena y Marchena se han rendido; a partir del 15 de octubre, Puigdemont podría volver a Cataluña sin ser detenido». El periodista señala que, una vez el TC resuelva el primer recurso —el de Jordi Turull—, Llarena deberá archivar todas las causas y caerá la orden de detención contra el expresident. «Seguramente, ahora ya les interesa más que Puigdemont vuelva; así crean tensión en los medios y se aseguran que su retorno se resolverá antes de que Feijóo sea presidente», señala Ekaizer. La foto del retorno de Puigdemont con el Estado español en una quiebra del régimen del 78 será el trofeo de una venganza consumada.

Durante las últimas semanas, Junts ha mantenido una estrategia simuladora. Ha participado en aparentes negociaciones con el Ministerio de Vivienda, incluso logrando introducir exigencias propias y que se partiera en dos la normativa original. El texto final tenía una impronta de Junts que algunas fuentes del Gobierno cifraban incluso en un 80%. El Gobierno incorporó medidas de Junts y PNV para los propietarios, incluyendo deducciones fiscales de hasta el 100% del impuesto sobre el alquiler si el pequeño propietario suscribía un nuevo contrato bajando la renta más de un 5%. Se incluyeron garantías para los propietarios en caso de desahucios: si un procedimiento se suspendía por vulnerabilidad del inquilino, la administración competente debía asumir y compensar al propietario por los impagos de rentas. El Gobierno calculaba que las bonificaciones incluidas suponían unos 330 millones de euros que se ahorrarían los pequeños propietarios en su declaración de la renta.

Sin embargo, la intención subyacente siempre fue aprovechar el momento oportuno —en este noveno aniversario de las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 y el inicio de la represión en Catalunya — para votar en contra y hacer colapsar al Ejecutivo español. La Ejecutiva Nacional de Junts anunció, precisamente en el 1 de octubre de 2026, su voto en contra y pidió al PSOE que retirase las dos normas. La portavoz, Míriam Nogueras, acusó al Gobierno de «engañar a la gente» y de darle una «falsa esperanza». «Hay que decir la verdad, sea cual sea el precio», proclamó Nogueras, criticando que los decretos no actuaban contra los fondos buitre y sí contra los pequeños propietarios. Pero la realidad es que la concepción propietarista de Junts —su defensa a ultranza del pequeño arrendador frente a las medidas de protección al inquilino— fue la coartada social perfecta para consumar la venganza. Junts no votó contra el decreto por su sesgo propietarista; utilizó su sesgo propietarista como excusa para votar contra el Gobierno. El informe interno de Junts calificaba el decreto de «trágala» y detallaba diez motivos para rechazarlo. El resultado fue una derrota parlamentaria sin paliativos: 172 votos a favor y 178 en contra en el primer decreto; 166 frente a 184 en el segundo. Los siete diputados de Junts fueron decisivos. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, lo dijo sin ambages: «Sus intereses particulares putean a miles de personas». La prensa internacional habló de «sonora derrota» y de «profundización de la crisis política» para Sánchez.

Al tumbar los decretos, Puigdemont no solo castiga al PSOE. Contribuye de forma decisiva a colapsar al Gobierno, facilitando objetivamente la ofensiva reaccionaria de los aparatos judiciales, policiales, mediáticos y de la alianza PP-Vox. Y lo hace en un contexto de alta volatilidad, con la espoleta geopolítica de Ceuta activada y sin resolver. Porque Ceuta no es sólo un telón de fondo: es el incendio que Puigdemont aviva con su voto. Entre el 30 y el 31 de julio, entre 75.000 y 85.000 personas entraron irregularmente en la ciudad autónoma desde Marruecos, una cifra equivalente a la práctica totalidad de su población censada (83.595 habitantes). El informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras concluyó que no fue un fenómeno espontáneo, sino una operación de «guiado activo de la masa» por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, calificada como «una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual». El documento no descarta que Marruecos «intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos». Una jueza española de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación formal; Marruecos lo niega y el Gobierno español apenas pide «repensar» la relación.

Pero la dimensión más grave de esta crisis es la humanitaria. Amnistía Internacional ha documentado, tras entrevistar a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo —entre ellas 31 menores y 26 mujeres, dos embarazadas—, un patrón sistemático de agresiones por parte de militares españoles que «según patrones internacionales, podrían definirse como tortura»: palizas, acoso, robo, destrucción de teléfonos, insultos, amenazas para abandonar Ceuta, humillaciones como obligar a musulmanes a arrodillarse para besar una cruz, y un «hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba». Un testimonio documentado describe cómo un migrante fue esposado, metido en un maletero, amordazado y golpeado contra un árbol antes de ser arrojado por un terraplén, quedando 25 días sin poder caminar. La organización ha tenido acceso a vídeos que muestran a militares encapuchados golpeando de noche a migrantes o rociándoles con espray irritante, y expulsándoles a la fuerza a Marruecos. En este escenario de crisis humanitaria, tensión diplomática y sospecha de agresión territorial, los motivos espúreos del voto de Junts cobran una gravedad inusitada. Es gasolina sobre el incendio. El expresident prioriza la venganza política y el cálculo electoral: ver pasar el cadáver del Gobierno español cuando, por fin, regrese a Catalunya, como líder del independentismo amparado por el Constitucional y ante un Supremo doblegado como actor político. Pero su venganza no se detiene en Sánchez. Puigdemont espera pacientemente a que el Partido Popular muerda el polvo. El otro coautor de la represión de 2017, el Partido Popular, será el siguiente en la lista. Quiere ver a Feijóo, también, bajo su dependencia política si no quiere cogobernar con el fascismo de Vox, si necesita de los votos de Junts para gobernar.

Toda esta crisis institucional encierra una lección pedagógica ineludible. Es cierto que el principal Real Decreto-ley que acaba de decaer era estructuralmente insuficiente. Hacía demasiadas concesiones al capital inmobiliario, premiaba fiscalmente al acaparador de viviendas, asfixiaba a los asalariados y pensionistas, a la vez que cubría las pérdidas de los propietarios mediante compensaciones con fondos públicos. Su única virtud era suponer un dique de contención legal, por mínimo que fuera, frente a la barbarie especulativa y la ofensiva reaccionaria. Sin embargo, su naufragio a manos de Junts demuestra que el marco parlamentario burgués tiene límites infranqueables. No se puede desmercantilizar la vivienda, ni asegurar una vida digna, sin confrontar de raíz con la sagrada propiedad privada; y esa tarea, históricamente, no cabe en la convalidación de un decreto-ley nacido de los pactos de pasillo. 

Frente a la miseria del cálculo electoral y el tacticismo político, se alza la única fuerza capaz de cambiar el tablero: la calle. Las mareas de cientos de miles de personas, las acampadas masivas, la desobediencia civil y el pulso inquebrantable del movimiento por la vivienda han demostrado cómo se pueden mover las posiciones políticas de los gobiernos en favor de las clases populares. Es imperativo que el contrapoder de la movilización popular destierre, de una vez por todas, estas intrigas y venganzas palaciegas burguesas. Quienes han tumbado estas medidas han jugado frívolamente con el techo de miles de familias para satisfacer sus vendettas políticas y expectativas electorales, allanando el camino al fascismo. Pero no seremos su daño colateral. Si el parlamentarismo burgués se ahoga en sus propias miserias, debe ser la autoorganización en los barrios, la huelga general y la fuerza constituyente de la clase trabajadora los que desborden los despachos y barran sus privilegios. A la decadencia de sus palacios, debemos oponer la firmeza implacable del contrapoder popular, favorecedor de un cambio en la correlación de fuerzas, con organización y permanencia, que arrebate a la burguesía su hegemonía, desarticule su bloque de poder y abra paso a la construcción de un poder popular capaz de disputar, desde abajo y desde la calle, la dirección de la sociedad y sus instituciones. No para administrar el Estado tal como está, sino para transformarlo de raíz. República, Socialismo y Derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Roger Español hace nueve años que espera justicia. El 1 de octubre de 2017, perdió un ojo por una bala de goma. Según un informe de los Mossos, el agente de la Policía Nacional UC563 no solo fue el autor del disparo de ese proyectil. Instantes antes de la lesión, el mismo policía ya había disparado a este activista.

Junto al citado agente se sentarán otros tres en el banquillo. Son los únicos policías que no han sido amnistiados. La defensa de Español y la acusación particular piden hasta 13 años por un delito de torturas. No lo tienen fácil porque la Fiscalía se ha situado desde un principio del lado policial al considerar que solo cumplieron con la orden judicial de requisar urnas y papeletas del 1-O.

La cuestión es si se extralimitaron en su deber. Primero, porque desde el 30 de abril de 2014, en Catalunya está prohibido el uso de las balas de goma, algo que a la Policía Nacional le ha importado muy poco.

La decisión de vetar el uso de este tipo de proyectiles tan lesivos se adoptó tras una comisión parlamentaria que se constituyó a raíz de diferentes casos, entre ellos el de Ester Quintana, que también perdió un ojo en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 por el impacto de una pelota disparada por los Mossos. En su caso, los dos agentes acusados fueron absueltos, pero, como la autoría policial del disparo estaba fuera de toda duda, Quintana fue indemnizada por la Generalitat. La Conselleria de Interior tuvo que disculparse con una ciudadana de la que, en un inicio, se desentendió.

Así que ahora la Policía Autonómica no puede usar las balas de goma (tampoco en Euskadi y Navarra), mientras que la Policía Nacional las sigue disparando.

Y la segunda cuestión es cómo la desobediencia civil está cada vez más criminalizada. En eso, España tampoco es una excepción. Habermas era de los que defendían que una democracia madura incluye la desobediencia civil como uno de sus elementos importantes. No hace falta retroceder hasta Thoreau para defender la vigencia de la protesta como instrumento para denunciar injusticias.

Hemos visto recientemente cómo se condenaba con multas a cuatro de los nueve activistas climáticos vinculados a los colectivos Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, a los que se juzgó por haber lanzado agua con témpera roja a una de las paredes del Congreso en 2023. Su objetivo era denunciar “la inacción del Gobierno en materia de emergencia climática”. En ese juicio, la Fiscalía pedía una pena de 21 meses de prisión y argumentó que su propósito era escarmentar a los activistas. Es solo un ejemplo.

Por eso es importante que seis organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos (Amnistía Internacional, la OMCT, INCLO, REDRESS, ICHRP) asistan como observadores a las cuatro sesiones previstas en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra los cuatro policías.

Deberá dirimirse si la actuación de los agentes fue proporcionada. Pero tal vez la pregunta previa que todos deberíamos hacernos, sobre todo los que diseñan dispositivos de seguridad y sus jefes políticos, es si, ante una protesta pacífica, los agentes pueden disparar.

Roger Español espera justicia, pero no está claro que la llegue a obtener.

Por cierto, el juicio, que se celebra tras nueve años, se acabará el próximo 1-O. ¿Casualidad?

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, y posteriormente interpuso un recurso de casación contra su sentencia condenatoria.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera “amnistiados los actos” por los que fue acusada Serret “y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.

“Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía”, ha celebrado ERC en un comunicado.

Los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval “contundente” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Por ello, añade el comunicado, “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.

“Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión”, subraya ERC.

Condenada por desobediencia

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern que presidía Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.

Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

La sentencia recordaba que Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia, volvió a España en 2021 para ponerse a disposición del Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido aplazar el juicio contra los colaboradores de Oriol Junqueras en 2017, el diputado de ERC Oriol Jové; el presidente presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

Estaba previsto que el juicio se alargara del 10 de abril hasta finales de mayo. Pero el tribunal alega ahora que coincidiría parcialmente con la campaña electoral de los comicios del 12 de mayo, así que deberán dictar nuevas fechas para el juicio.

Los magistrados recuerdan que Jové es diputado en el Parlament y Garriga, consellera de cultura, ambos del mismo partido, y que la acusación popular, ejercida por Vox, también concurre en las elecciones catalanas. Así, todas las partes del procedimiento han estado de acuerdo en que la celebración del juicio podría interferir en la campaña electoral y viceversa.

Esta decisión ha sido celebrada por el partido, pero lamenta que el tribunal haya desestimado, por otro lado, la petición de las defensas de suspender las vistas orales a la espera de la aprobación de la ley de amnistía. Los magistrados consideran que la ley no puede ser tenida en cuenta como un hecho cierto y con capacidad de interferir o alterar el curso del juicio.

Aun así, su promulgación o publicación sí que haría que el tribunal estudiara si se podría aplicar a los hechos y acusados de este procedimiento judicial.

“Desde el primer día, los republicanos consideramos que este juicio no debería haber tirado adelante porque organizar un referéndum no es ni puede ser delito”, ha apuntado el partido en un comunicado.

Con todo, ERC lamenta que el tribunal no haya optado por suspender totalmente el juicio y aseguran que mantenerlo, “sabiendo de la inminente aprobación de la ley de amnistía es insistir en la persecución política”.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové, actual diputado de ERC en el Parlament y negociador con el PSOE, y seis años y tres meses para Salvadó, a día de hoy presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Por este último delito está acusada también la actual titular de Cultura, si bien Garriga se expone tan solo a una pena de un año de inhabilitación.

“Desde el año 1978, España cuenta con un texto constitucional homologable al de los países de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales y preserva los derechos ideológicos”, dice el preámbulo de esa ley de amnistía de la que tanto se ha opinado sin saber. “España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales”, afirma también la ley, que ha desvelado en exclusiva elDiario.es. 

España es una democracia. Desde 1978. Y esto también lo afirman los 178 diputados que respaldan esta amnistía y sus respectivos partidos. También los independentistas de Junts y ERC.

La “ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” ya ha llegado al Congreso. Al fin se conoce en su literalidad. Y quienes argumentaban –sin haberla leído– que los independentistas han “impuesto su relato”, quienes decían que su redacción sería “una humillación al Estado”, quienes aseguraban que la ley “negaría que España es una democracia”, van a tener que revisar su posición, al menos si quieren mantener una mínima coherencia intelectual. No era cierto que la amnistía asumiría que España no es un Estado de derecho, o que la Justicia no es independiente, o que cuestionaría la actuación de los policías y jueces que intentaron frenar al independentismo. Más bien al contrario. Se reivindica su función. 

Esta ley de amnistía supone de facto el punto final al procés. Pero no solo por el perdón de los delitos –que igualmente afecta a los policías procesados penalmente por las cargas del 1 de octubre–. También por el reconocimiento, por parte de los partidos independentistas, de que España es una democracia. También por la puesta en marcha de una vía de diálogo, que es exactamente lo contrario a la vía unilateral. 

El preámbulo de la ley no solo supone una reivindicación de la democracia española y de su Constitución. También da los argumentos de por qué esta ley no está reñida ni con la democracia, ni con la Constitución, citando los precedentes en España y en otros países europeos de una medida así. Es un texto que, además de como preámbulo, también sirve de respuesta ante el recurso de inconstitucionalidad que sin duda presentará el PP. 

Aprobar esta amnistía para “abordar una situación excepcional en pro del interés general” es “una decisión política” –recalca la ley– “adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario”.

La ley también recuerda otra obviedad: que es el Parlamento quien legisla, no el Poder Judicial. “Las Cortes Generales, en las que está representado todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional”. Con el único límite de la Constitución, es este Parlamento soberano quien dice qué es delito y qué no lo es. O como reza el preámbulo: “Quien se halla legitimado para tipificar o destipificar una determinada conducta se le reconoce, en lógica consecuencia, la facultad de amnistiar esos mismos hechos sin otros límites que los que directamente dimanen de la Constitución”.

La ley se compone de 16 artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final. Algunas claves importantes:

1. La amnistía se circunscribe al procés. A pesar de lo mucho que se ha publicado, no parece que pueda beneficiar ni a Laura Borràs ni a los Pujol. Todo se limita a los procesos penales relacionados con las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017. Pero en ella se incluyen las derivadas más directas: los delitos de “usurpación de funciones públicas o de malversación” que se cometieron para la organización de estos referéndums inconstitucionales, los “actos de desobediencia”, o de “prevaricación”, los “actos de desconsideración o crítica contra las autoridades y funcionarios públicos” o las “actuaciones policiales” que intentaron frenar el procés.

2. La amnistía sí cubrirá el famoso caso que afecta a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, procesado por malversación al gastar 4.580 euros para asistir a un referéndum de autodeterminación en Nueva Caledonia. O al exconseller Miquel Buch, por facilitar un escolta –también condenado– a Carles Puigdemont. 

La clave está en el último párrafo del artículo 1-A, que amnistía “aquellos actos vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista” y realizados por quienes “hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad” de los responsables del procés.

3. La amnistía, en teoría, también servirá para los acusados de terrorismo por el juez Manuel García Castellón: las protestas de tsunami, que bloquearon la AP7 o el aeropuerto de El Prat. El artículo 2 excluye de la amnistía “los actos tipificados como delitos de terrorismo” –los tratados internacionales no permiten amnistiar estos delitos–. Pero el punto 2.C acota este terrorismo a “las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017”. ¿Y qué es terrorismo para esta directiva europea?: “Atentados”, “secuestros”, “destrucciones masivas de instalaciones”, “tenencia o fabricación de explosivos”... Una larga lista de delitos donde las protestas en aeropuertos o los cortes de carreteras no están.

4. La amnistía también perdona a los policías procesados por las cargas del 1 de octubre, 73 en total. Los tribunales tendrán que decidir si también amnistía a los que provocaron la pérdida de un ojo de un manifestante por pelotas de goma. Aunque la ley excluye a quienes provocaran “la pérdida o inutilidad de un órgano”, solo cuenta para “actos dolosos”. Es decir: intencionados. Lo que en la práctica supondrá que estos policías también serán amnistiados, salvo que se demuestre que actuaron en las cargas con la intención de mutilar. 

La acotación de “actos dolosos” también excluye como víctima del terrorismo a ese turista francés que falleció de un infarto durante las protestas en el aeropuerto de El Prat. Por lo que incluso si la Justicia considerase como probado que su muerte fue consecuencia de las protestas –algo que no parece, por lo que explicaron los servicios de urgencias– los manifestantes también serían amnistiados porque sin duda su intención no era provocar a nadie un infarto.

5. La ley de amnistía (artículo 4) también complica el margen de maniobra del Tribunal Supremo para rebelarse contra la norma. Porque de forma explícita obliga a todos los juzgados a retirar todas las euroórdenes y todos los procesos judiciales, incluso si presentan un recurso de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial. Dichos recursos no servirán para retrasar la aplicación de la amnistía. 

6. La amnistía no obliga al Estado a devolver todas las indemnizaciones y multas que los independentistas ya han pagado por el procés, especialmente al Tribunal de Cuentas. 

7. Los funcionarios que hubieran perdido sus plazas por alguno de estos delitos amnistiados –también las cargas policiales– las recuperarán. Pero no recibirán indemnizaciones por el tiempo en que no han cobrado su sueldo.

8. La ley detalla a conciencia cómo tendrán que proceder todos los juzgados implicados. Cumplir con la amnistía será “preferente y urgente”; no podrán tardar más de dos meses en aplicarla desde que entre en vigor. La amnistía anula los antecedentes penales y por tanto también la inhabilitación para presentarse a las elecciones –que no permitían los indultos–. No es seguro que lo vayan a hacer, pero tanto Oriol Junqueras como Carles Puigdemont podrían presentarse a las siguientes elecciones autonómicas. 

9. Las dos disposiciones finales son dos modificaciones de otras leyes. Del Código Penal, para incluir la amnistía entre las causas de extinción de la responsabilidad penal. Y de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, por la misma razón.

10. Disposición final: “La ley entrará en vigor el mismo día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado”. Por rápido que vaya el trámite parlamentario, será en el primer trimestre del próximo año. 

11. La palabra “lawfare” no aparece por ningún sitio. Ni en la ley ni en el preámbulo. Tampoco hay, de facto, ninguna referencia indirecta a esta polémica cuestión, que tanto ha incendiado a los jueces antes siquiera de conocer la ley. 

Hay motivos para oponerse a esta ley, claro que sí. Es un asunto polémico donde habrá muchas personas que hubieran preferido que nunca se aplicara este perdón; o que creen que la aprobación de esta ley responde única y exclusivamente al interés particular del Gobierno por mantenerse en el poder. Son críticas legítimas, por supuesto que sí. 

Pero después de leer la ley –que solo entrará en vigor si cumple con el procedimiento legal: si lo aprueba la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y si no es anulada por el Tribunal Constitucional– es un disparate irresponsable calificarla como un “ataque a la democracia” que “acaba con el Estado de derecho” y da comienzo a “una dictadura”.

España es una democracia desde 1978. Y desde hoy, esto también lo firma Carles Puigdemont.

Estamos asistiendo, durante las últimas semanas, a la conformación de un clima, jurídica y políticamente, propicio a la aprobación de una ley de amnistía para el caso catalán. Gran parte de la doctrina constitucional española ya admite su encaje constitucional. Y el PSOE y Sumar se han mostrado proclives a avanzar en esta vía. Ahora bien, aceptado este punto de partida, es necesario abordar las cuestiones relativas al alcance y límites de la amnistía y una de ellas es la de quiénes deben quedar incluidos en la misma.

Sobre esta cuestión, diferentes juristas y políticos ya han manifestado que, al igual que se hizo durante la transición con la Ley 46/1977 de amnistía, esta debe incluir, también ahora, tanto a los actos tipificados como delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa vinculados a la lucha por el derecho de autodeterminación de Catalunya, como los actos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. En mi opinión, de ser así, nos encontraríamos ante un acto ilegal en el ordenamiento jurídico internacional. Como es sabido, el derecho internacional de los Derechos Humanos establece que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional. Y desarrollo tal afirmación.

Al igual que la Constitución española, la vigente Constitución alemana, aprobada en 1949, tampoco se pronuncia explícitamente sobre la amnistía. Sin embargo, ello no impide, ha dicho el Tribunal Constitucional alemán (sentencia BVerfG 10, 234, en pág. 246), poder aprobar leyes de amnistía siempre y cuando estas cumplan determinados requisitos. Parece lógico aceptar, tanto en Alemania como en cualquier otro país, que no toda ley de amnistía pueda ser válida. A grandes rasgos, podemos establecer, al menos, cuatro condiciones a cumplir por cualquier ley de amnistía que se quiera lícita: a) Justificar la existencia de un motivo legítimo. La ley debe incluir una adecuada fundamentación política de la necesidad de la misma; b) Que adopte la forma de ley general, de modo que no constituya una medida camuflada de regulación de un o unos casos particulares; c) Que se dé una configuración de la misma de acuerdo con el principio de igualdad, el cual según afirma el TC alemán en la sentencia citada se vería lesionado cuando la excepcionalidad de la amnistía no “esté manifiestamente orientada a la idea de Justicia”; y, d) Que respete y sea acorde con el derecho internacional de los Derechos Humanos.

La aprobación de una amnistía que incluyera en su interior a los policías no cumpliría esta última condición, en tanto que: 1) supondría una clara vulneración de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por España; y, 2) no entraría tampoco dentro de las supuestas excepciones planteadas por algunos jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en sus votos particulares. Ello la convertiría en un acto ilegal en el ordenamiento jurídico internacional.

La amnistía y el derecho internacional de los Derechos Humanos

Durante las últimas décadas se ha ido consolidando, en los organismos del sistema mundial y regionales de Derechos Humanos, una posición común sobre las leyes de amnistía estatales. Todos ellos coinciden en afirmar que, aun reconociendo que los procesos nacionales de transición o de reconciliación son complejos y enfrentan dificultades, una de las medidas para afrontarlos no puede ser nunca la de una ley de amnistía que pretenda impedir la obligación y el deber que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos. Al afirmar que las leyes de amnistía no podrán beneficiar a los autores de violaciones de Derechos Humanos estos organismos están poniendo de relevancia la capital importancia para ellos de que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad de casos de violación de Derechos Humanos, lo que implica el derecho a la investigación judicial eficaz y, en su caso, el derecho a una reparación.

En consecuencia, tales organismos diferencian entre dos tipos de actos. Por un lado, conductas punibles que tengan el carácter de delitos políticos o de delitos comunes conexos con aquellos en la medida que tienen relación directa con reivindicaciones políticas; y, por otro lado, los actos de Estado que suponen una violación de los Derechos Humanos; para, a continuación señalar que, el uso de las leyes de amnistía para garantizar la impunidad de los segundos implica una vulneración del “deber de garantía” de los Estados. Es decir, de la obligación estatal de llevar a cabo una investigación, juicio y sanción, cuando se den en su interior violaciones de Derechos Humanos, cuya omisión entraría en abierta contradicción con los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Así lo han establecido el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la Observación General núm. 20 de 1992, al señalar que la amnistía de actos de tortura, tratos o penas crueles, son incompatibles con la obligación de los Estados de investigar violaciones de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta Observación referida a actos de tortura ha sido, después por muchas otras Observaciones, extendida a cualquier violación de derechos del Pacto. Así mismo, en la Observación General núm. 31 de 2004, afirma: “cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto, los Estados partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal, como ha ocurrido en determinadas amnistías”. En igual sentido podríamos también referirnos a diferentes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia, Chile, Honduras, etc., o a la sentencia de la Corte Interamericana que en el caso Barrios Altos c. Perú de 2001 derogó las leyes de amnistía núm. 26479 y núm. 26492 de este país por ser incompatibles con la CADH. O en el caso del sistema europeo, esta es también la posición que ha acabado finalmente adoptando la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la decisión del caso Marguš c. Croacia de 2014 donde afirma que la concesión de una amnistía respecto a asesinatos y malos tratos a los civiles es contraria a las obligaciones del Estado en virtud del CEDH, ya que podría obstaculizar la investigación de tales delitos y necesariamente conducir a la impunidad de los responsables.

Las excepciones a la regla general

En la citada decisión del caso Marguš c. Croacia del TEDH, los jueces Šikuta, Wojtyczek y Vehabovic emitieron un voto particular en el que defendían la posible existencia de ciertas excepciones a la regla general antes señalada. En concreto, sostenían la tesis de que, en casos excepcionales de “conflictos armados interminables” o “dictaduras violentas”, donde la concesión de una doble amnistía fuese la única salida posible, la adopción de una postura pragmática o realista que aceptará tal tipo de amnistía pudiera llegar a aceptarse con el objetivo de lograr resultados positivos. Fundamentada más en consideraciones políticas o propias de las exigencias negociadoras que no en argumentaciones jurídicas, esta posición sostiene que, en los casos citados, el beneficio que supone poder poner fin al conflicto armado o a una dictadura sangrienta supera el coste moral de aceptar la impunidad de los responsables de vulneraciones de derechos humanos.

Resulta evidente que el supuesto de regulación de la ley de amnistía que estamos aquí tratando no se corresponde con ninguna de las dos excepciones señaladas. El procés no se da en un contexto de guerra entre dos bandos ni de dictadura violenta, sino en el marco de plena vigencia de un “Estado democrático de derecho” avalado por la UE, en el que se produce un uso desproporcionado de la fuerza y una vulneración de Derechos Humanos contra los miembros de un movimiento social pacífico, lo que obliga a tener que poner el acento más en el derecho de las víctimas que no en una supuesta reconciliación en el sí de un proceso de justicia transicional que no es tal.

En conclusión, parece evidente tras lo expuesto que defender la aprobación una amnistía que incluya a los policías y sus actos, supone defender la aprobación de una ley que, si bien pudiera ser legal en el ordenamiento jurídico interno, sería abiertamente ilegal en el ordenamiento internacional de Derechos Humanos. A no ser, claro, que alguien se atreva a sostener que el espionaje, los tratos vejatorios en comisaría, la creación de atestados policiales falsos que ubican a personas concretas en cortes de vía y manifestaciones donde no estaban para imputarles delitos, infiltrados que mantenían relaciones sexoafectivas con activistas bajo engaño para obtener información, y tantos otros actos degradantes de la dignidad llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado, no constituyen violaciones claras de Derechos Humanos incluidas en los tratados.

A todos aquellos que incluyen los cuerpos de seguridad dentro de la amnistía, parece no importarles lo más mínimo el hecho de que, durante la última década, diversos Comités y relatores especiales de Naciones Unidas hayan emitido, al menos, seis informes y documentos, formulando duras críticas al acto de impunidad que supuso la amnistía española de 1977, queriendo ahora llevar a cabo una operación del mismo calibre. Si ello finalmente acaba sucediendo así, las víctimas de vulneración de derechos humanos del conflicto catalán tendrán toda la legitimidad y derecho de acudir ante los organismos internacionales de Derechos Humanos para denunciar al Estado español y exigir el derecho a una investigación judicial eficaz y, en su caso, a una reparación.

Mientras Alberto Núñez Feijóo intenta rellenar el vacío político que supone afrontar dentro de un mes una investidura que a todas luces será fallida, el PSOE y Junts avanzan de manera lenta y sigilosa hacia un intento de acuerdo para volver a hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Y en el centro de las negociaciones está ya la ley de amnistía que exige el independentismo catalán y que, según fuentes al tanto de esa negociación consultadas por este periódico, incluiría a los policías nacionales encausados por las cargas del 1-O. 

La clave de bóveda de esa negociación entre los socialistas y el partido del expresident Carles Puigdemont es precisamente ese carpetazo judicial a las cuentas pendientes de cientos de acusados en el denominado procés de Catalunya, que engloba desde la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre hasta la declaración unilateral de independencia, pasando por los altercados callejeros. 

Sin querer ofrecer detalles del alcance de esa amnistía y sin ni siquiera dar por válido ese término, en el PSOE sí admiten que ese es el horizonte de las conversaciones con los de Puigdemont. “Parece claro que la sociedad catalana apuesta claramente por el reencuentro y mantendremos la coherencia con lo que hemos venido haciendo. El diálogo es el método y la Constitución es el marco”, se limitó a responder Pedro Sánchez a preguntas de los periodistas sobre una posible amnistía en su comparecencia en la Moncloa tras la ronda de contactos con el rey. 

Esa puerta entreabierta que dejó el presidente del Gobierno en funciones ya tiene traslación en las conversaciones entre el PSOE y Junts que abordan el alcance y los términos de esa amnistía. Según fuentes de la negociación consultadas por elDiario.es, de ese olvido legal de los presuntos delitos cometidos en el marco del procés se beneficiarán también los policías nacionales encausados por las cargas en los centros de votación de aquel 1 de octubre de 2017. 

La propuesta de incluir a los agentes habría partido de la parte socialista de la negociación pero contaría ya con el visto bueno de los de Carles Puigdemont, que asumen que a la hora de proceder a amnistiar un determinado conflicto político no se puede abordar únicamente desde una de las partes. 

La inclusión de esos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado ayudaría además al Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de trasladar al conjunto de la opinión pública una medida de tanto calado político y judicial y que a buen seguro contará con altas dosis de rechazo, principalmente por parte de los sectores más conservadores. 

La propuesta de incluir a los policías también cuenta con el respaldo del socio de Gobierno del PSOE. Desde Sumar, el exdiputado y dirigente de En Comú, Jaume Asens, al que Yolanda Díaz encomendó entablar contactos con Carles Puigdemont, apoyó expresamente la inclusión de los agentes en una entrevista reciente en El País. “En el otro lado hay, por ejemplo, decenas de policías imputados por las cargas del 1-O. Normalmente las amnistías afectan a todas las partes del conflicto. El límite son los crímenes de lesa humanidad y no los hubo”, afirmó.

También la propia Díaz se ha sumado a esta tesis. En una entrevista en el primer canal de RTVE, la vicepresidenta en funciones afirmó que los supuestos para acogerse a una ley de perdón eran múltiples: “Hay personas que han puesto urnas, hay agentes de la autoridad que también están encausados por diferentes comportamientos”, destacó, para a continuación destacar la “absoluta constitucionalidad” de una ley de esta naturaleza.

Organizaciones sindicales de la Policía, como JUPOL y SUP, reaccionaron a esa propuesta de la líder de Sumar para rechazar una medida que equipare a los agentes enjuiciados con los independentistas. “Es indecente que el Gobierno de España pretenda equiparar la actuación policial con la de los delincuentes que participaron en un intento de golpe de Estado en Catalunya”, criticaron en JUPOL, sindicato próximo a la extrema derecha. Desde el SUP también exigieron al Ejecutivo que no se les use “como parapeto para justificar una amnistía a políticos independentistas condenados por sedición u otros delitos”.

Una cincuentena de policías procesados por el 1-O

Cuando están a punto de cumplirse los seis años de los hechos de octubre de 2017, en los juzgados catalanes continúa habiendo dos causas contra agentes por su actuación durante la jornada de votación del 1 de octubre. La principal acabó su fase de instrucción en enero pasado, tras una complicada investigación del juez Francisco Miralles, que acabó enviando a juicio a 45 policías nacionales por sus intervenciones contra votantes en las escuelas, a la vez que archivaba la causa contra otros 20.

En principio los 45 agentes están procesados por lesiones, pero el magistrado dejó la puerta abierta a que los heridos pudieran presentar también acusaciones por torturas o delito contra la integridad moral. La Fiscalía pidió en 2019 el archivo del caso para todos los agentes investigados salvo para seis uniformados, pero el magistrado lo rechazó. 

Sin embargo, a lo largo de cinco años de investigación el instructor no ha sido capaz de determinar si existió una orden directa del Ministerio del Interior, entonces en manos del PP, para actuar con violencia en los colegios. Ninguno de los agentes investigados, ni tampoco los mandos policiales y políticos que han testificado, han permitido saber cuándo se decidió actuar en los colegios o por qué las cargas cesaron al mediodía

En paralelo a este caso, el magistrado ya procesó a otras tres personas, en una causa aparte: dos mandos policiales y un escopetero, los tres acusados de reventar el ojo a Roger Español por el impacto de una bala de goma. Fue la lesión más grave de entre las decenas que causaron los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil aquel día. El juez también sentó a la víctima en el banquillo por lanzar una valla a los agentes.

Un debate, también dentro del independentismo

La posibilidad de que los policías que son objeto de investigación judicial por su actuación durante aquellos días fuesen incluidos también como beneficiarios de una posible amnistía siempre ha entrado dentro de los debates en torno a esta iniciativa. Incluso en la propuesta inicial en la que trabajaron los partidos independentistas junto a Òmnium se incluía en un primer momento la posibilidad de que los agentes también quedasen exculpados, pese a que finalmente la propuesta cayó del texto que acabó llegando al Congreso.

Pese a que algunos independentistas se han pronunciado en contra en los últimos días, la postura de indultar también a los policías tuvo defensores entre las propias filas secesionistas cuando se inició el debate, en el año 2020. Por ejemplo, el catedrático de derecho penal Joan Queralt, hoy senador de ERC, defendía la posibilidad de introducir a los agentes entre los beneficiados, dado que el objetivo era dejar el contador a cero.

Varios juristas de prestigio han defendido en las últimas semanas que una ley de amnistía podría ser constitucional, incluyendo a Juan Antonio Xiol, exvicepresidente del Tribunal Constitucional. También en las páginas de este diario se ha manifestado en esta misma línea Juan Luís Requejo Pagés, uno de los mayores expertos en la figura de la amnistía, quien además ha añadido que la norma debe contemplar también a los policías. “En términos constitucionales, la diferencia entre quienes han pretendido acabar con el Estado y quienes han podido excederse en su defensa es tan notable que resultaría grotesco que sólo estos últimos fueran sancionados”, defendió el experto.

“Ustedes mandaban piolines a Catalunya y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Catalunya sin ningún tipo problema”. Esta respuesta al PP del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana en la tribuna del Congreso ha levantado las críticas de la oposición y ha soliviantado a los sindicatos policiales, que se han sentido aludidos. Varios ministros han salido después a aclarar que el jefe del Ejecutivo no se refería a los agentes sino al barco con un dibujo de Piolín en que se alojó a policías durante el dispositivo del 1-0.

Sánchez había esgrimido ese argumento en una respuesta parlamentaria a la portavoz del grupo popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles para comparar la gestión de la crisis en Catalunya entre su Gobierno y el del PP durante el mandato de Mariano Rajoy. Gamarra le había preguntado qué “concesiones” pretendía hacer al independentismo.

Tras las palabras de Sánchez, diputados del PP, Vox y Ciudadanos han aprovechado otras preguntas a diferentes ministros del Ejecutivo para reprochar la mención a los 'piolines'. La portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que desautorizara al presidente del Gobierno por usar esa palabra para referirse a unos agentes, ha dicho, que son acosados en Catalunya. “Ustedes ganan votaciones porque sus socios les apoyan, y así seguirán mientras ustedes encuentren servidores a los que cesar o insultar, como ha hecho Pedro Sánchez hoy. Lávense la boca antes de hablar así a los policías que nos defendieron en 2017”, ha criticado también la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Más tarde ha llegado la reacción de algunos sindicatos policiales, como Jupol, que en las redes sociales ha calificado a Sánchez de sinvergüenza. “Sr. Sánchez, se lo diremos de la forma más educada que creemos, es usted un sinvergüenza”, ha escrito la organización en un tweet en el que ha censurado que se utilice la palabra “piolines” para referirse a los miembros de ese cuerpo de seguridad. “Es inconcebible la falta de respeto continuada que se muestra desde este Gobierno hacías las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en concreto hacía la Policía Nacional”, ha trasladado más tarde el secretario general de ese gremio, Aarón Rivero.

“Lo que ha dicho el presidente del Gobierno es que ustedes llevaron en condiciones indignas a Catalunya a nuestra Policía y nuestra Guardia Civil”, ha respondido Grande-Marlaska desde el Congreso a los reproches de Vázquez, al recordar que, durante el operativo policial del 1-0, miles de policías y guardias civiles que pernoctaron en barcos, a la espera de las órdenes de sus superiores. El uso de barcos en aquel momento recibió fuertes críticas internas entre los cuerpos de seguridad por las condiciones en las que tuvieron que convivir los agentes, además de por el hecho de que aquellos barcos lucieran en el lateral un dibujo de Piolín y otros personajes infantiles.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha salido asimismo en defensa del jefe del Ejecutivo y ha acusado al PP de “alimentar la polémica”. “Ustedes intentan alimentar una polémica sobre las palabras del presidente del Gobierno aquí y la palabra piolín”, ha sostenido durante su respuesta a una interpelación de la diputada del PP Valentina Martínez en el Pleno.

“Es muy evidente, no engañen a la gente, el presidente ha hablado del barco”, ha sostenido, para recordar que lo que ocurrió en aquel momento, cuando gobernaba Rajoy, fue el traslado de policías en condiciones indignas. “Ustedes hablan de vergüenza de las palabras del presidente. Vergüenza las condiciones en las que ustedes enviaron a los polícias en ese barco”, ha defendido el ministro de Exteriores.

La causa judicial sobre la presencia de espías rusos en Catalunya en fechas previas al referéndum del 1 de octubre de 2017 ha sido archivada por la Audiencia Nacional al no encontrar indicios mínimos de delito. El sumario, instruido y cerrado en secreto, revela que el paso por Barcelona de un general de la Inteligencia militar rusa era solo una pata de una investigación más amplia impulsada por la Policía Nacional y que pretendía indagar en presuntos vínculos de Moscú con una serie de destacados activistas del proceso soberanista en torno a la cita del 1-O.

El sumario 86/19 fue abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019 y archivado en julio de 2020, hace nueve meses, sin que haya trascendido hasta ahora. Su origen es un informe de la Comisaría General de Información de la Policía, fechado el 28 de octubre de 2019, alertando de la supuesta injerencia rusa en el 1-O y solicitando la apertura de diligencias. 

Nueve meses después, en julio de 2020, el Juzgado dictó un auto de archivo de las actuaciones de acuerdo al criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En un duro escrito de su teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, se reprocha a los agentes que en ese tiempo solo hayan aportado el testimonio de un informante y “links” a informaciones de medios de comunicación. Carballo se opone en el escrito a las diligencias solicitadas por la Policía Nacional y solicita el archivo de la causa. 

“Nada se aporta por la vía policial que nos permita mantener abierta esta investigación, salvo que pretendamos una causa general en busca de algún indicio que nos permita confirmar la tesis de partida, olvidando que en el proceso penal, con todas las garantías, ese tipo de investigaciones están prohibidas”, se lee en el informe del número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El 21 noviembre de 2019, 'El País' desveló la apertura de una investigación secreta en la Audiencia Nacional por la presencia en Catalunya el 29 de septiembre de 2017 de de Sergei Fedotov, al parecer el nombre en clave de Denís Serguéiev, general del servicio exterior de la inteligencia militar rusa. Nada trascendió entonces acerca de que las pesquisas apuntaban a ciudadanos de nacionalidad española que actuarían en connviencia con los rusos. 

El dato del viaje de Fedotov era conocido de antes. La web de investigación rusa Bellingcat lo había publicado en febrero de 2019. En su información añadía que habían sido al menos tres los miembros del GRU, acrónimo del citado servicio de Inteligencia ruso, los que habían pasado por España. Otras informaciones apuntaban a que Fedotov solo estuvo de paso por Barcelona y que su destino era Suiza. La noticia de la investigación de la Audiencia Nacional estuvo seguida de otras sobre las misiones en Europa occidental de la Unidad 29155 del GRU, que incluían la eliminación física de adversarios del Kremlin.

El confidente señala al empresario Oriol Soler

La clave en la apertura de la investigación está en el testimonio del confidente policial que parece trasladar, primero a los agentes, y luego al juzgado, la información ya publicada por Bellingcat, así como otra desconocida y, sobre todo, la supuesta conexión de todo ello con el independentismo catalán. El confidente ofrece una serie de nombres de conocidos activistas del procés, entre los que destaca Oriol Soler, empresario del sanedrín de dirigentes externos al Govern que organizó el 1-O. 

Soler está imputado desde finales de 2019 en una causa del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en la que trabaja la Guardia Civil. Al empresario, cercano a ERC, se le atribuyen distintos delitos de corrupción y tráfico de influencias supuestamente vinculados a la financiación del proceso soberanista y, concretamente, de Tsunami Democràtic. Pero los hechos a los que se refiere el confidente de la Policía son otros. Se remontan a momentos previos y también posteriores al referéndum de 2017 y son, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, actuaciones sin visos de ilegalidad que además han sido ampliamente recogidas por los medios de comunicación.

“Esas afirmaciones quedan ayunas en todo sustrato fáctico en cuanto se intenta ver su enlace o imbricación con el delito investigado. Que sean perfiles de personas cercanas a las tesis independentistas no supone un hecho que se pueda ser objeto de investigación, máxime cuando las actividades realizadas se hacen a la lúz pública y a traves de medios en modo alguno ilegales”, recoge el escrito del fiscal, fechado el 25 de junio de 2020. Carballo fue el representante del Ministerio Público en la vertiente del procés que se instruyó y juzgó en la Audiencia Nacional, y que acabó con la absolución del major Trapero entre otros, y representa al Ministerio Público en la causa del mismo Juzgado número 6 contra Tsunami Democratic y los CDR. 

Una de las informaciones que aportó la Policía a la Audiencia Nacional en el caso de las supuestas injerencias rusas es la visita que Soler hizo a Julian Assange el 9 de noviembre de 2017, en su entonces refugio de la Embajada de Ecuador en Londres, y de la que 'El País' informó cuatro días después. Aquel viaje se enmarcó en una gira de Soler por varios lugares del mundo en relación con el procés, incluido Rusia, de la que dieron cuenta varios medios de comunicación hace cuatro años. Cuando Soler visitó a Assange éste ya había fijado su atención en Catalunya y expresaba en redes sociales su apoyo al proceso soberanista y en contra de la actuación de las autoridades españolas.  

Se da la circunstancia de que la Guardia Civil también vincula a Oriol Soler con “una estrategia de desinformación y desestabilización” en la que participaría el Kremlin, “como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso”. Así aparece recogido en los informes de la Guardia Civil para el juez que investiga a Soler en Barcelona, que igualmente se basan en la visita de Soler a Assange, además de en un audio hallado en el teléfono del exresponsable internacional de Convergencia Víctor Terradelles (que él niega haber grabado) en la que éste asegura que tres días antes de la declaración de independencia, el jefe de un “grupo ruso” con el que había contactado ofreció a Carles Puigdemont “contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana”.

La Policía pidió registro de llamadas que el juez rechazó

En la investigación de la Audiencia Nacional, la Comisaría General de Información de la Policía presentó el pasado verano el informe que critica la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En él, los agentes solicitaban autorización judicial para acceder al tráfico de llamadas de varios individuos, así como al fichero de titularidades financieras de cuatro personas físicas y jurídicas. El Ministerio Público se opuso y pidió el archivo, acordado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía.

El fiscal Carballo se refiere expresamente en su informe a la trama de los espías rusos en Catalunya y la afirmación del confidente de que “actuarían al servicio de una potencia extranjera en contra de los intereses españoles”. “Las indicaciones de que sean, o no, miembros de un servicio secreto solo aparecen en medios periodísticos, y así se recoge en el informe. Pero este hecho, por sí mismo, carece de relevancia penal a los efectos aquí buscados; igual modo el hecho de que los mismos o algunos de ellos (Fedetov) haya estado en nuestro país en nada empece lo dicho por cuanta estancia no parece poder relacionarse con algún hecho de trascendencia penal, más allá de los consabidos ‘links’ a los artículos de prensa a los que venimos refiriendo de forma reiterada”, dice Carballo en referencia a las informaciones periodísticas.

Fuentes policiales aseguran que las posibilidades de que la investigación prosperara desaparecieron casi por completo con la publicación en noviembre de 2019 de que se había abierto una causa en la Audiencia Nacional. Destacan que la causa secreta salió a la luz apenas tres semanas después de la solicitud de apertura de diligencias por parte de la Comisaría General de Información. El 11 de noviembre el testigo había ido a declarar y el 19, dos días antes de las informaciones publicadas, entregó diversa documentación en el juzgado. Según fuentes del caso, además de a la Policía, el testigo había acudido a la Guardia Civil antes de que la Audiencia Nacional abriera la causa. 

Según relata el fiscal, el confidente narró “una compleja trama de injerencia orquestada por Rusa que habría interferido mediante un software específico para la manipulación de las redes sociales en el denominado referéndum soberanista catalán del primero de octubre de 2017”. 

Uno de los catalanes señalados por el testigo habría contribuido a la desconexión de un programa de protección y, a partir de ahí, se identificaron 2.200 cuentas falsas dedicadas a desacreditar al Gobierno de España, al PP y al PSOE . Esas cuentas habrían difundido asimismo que el Estado español mantenía actitudes “fascistas y violentas”, al tiempo que denunciaba “una supuesta brutal represión por parte de España” al separatismo catalán.

El confidente de la Policía se presenta como un aparente conocedor de la realidad rusa y así ofrece el nombre de otros espías rusos y de oligarcas próximos al Kremlin a los que se ha señalado públicamente como colaboradores en presuntas maniobras de desestabilización en Europa Occidental. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado por finalizada la instrucción de la causa abierta contra los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su papel en el 1-O y los deja a un paso de juicio por delitos de desobediencia, malversación y revelación de secretos.

En un auto, la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret declara concluido el sumario de la causa que se abrió a Jové y Salvadó, ex altos cargos del Departamento de Economía cuando lo dirigía Oriol Junqueras, por participar presuntamente en la organización del referéndum del 1-O.

En junio del año pasado, ambos diputados depositaron la fianza de 1,6 millones de euros que les impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras procesarles por malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos por el 1-O.

Los rectores de las universidades públicas de Cataluña y unos cien académicos --investigadores y profesores-- han reclamado este domingo la amnistía para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O en un acto convocado por Òmnium Cultural.

Rectores y académicos ha manifestado su apoyo sosteniendo pancartas con el mensaje 'Amnistía, hagámonos libres' en los jardines Ferran Soldevila del edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB), ha informado la entidad en un comunicado.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha destacado el papel de las universidades como “espacio de excelencia donde conviven e interactúan miradas muy diferentes sobre la sociedad”.

Las ha reivindicado como una de las piezas clave para la salida de la crisis económica y social tras la pandemia del Covid-19, que “han vuelto a demostrar que están siempre del lado de los derechos y las libertades”.

Los rectores y vicerectores que han participado en la iniciativa provienen de la Universidad de Barcelona (UB); la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC); la Universidad Pompeu Fabra (UPF); la Universidad de Girona (UdG); la Universidad de Lleida (UdL) la Universidad Rovira i Virgili (URV); la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), y la Universidad de Vic (UVic).

Del ámbito internacional, se ha sumado un catedrático de Filología de la Stanford University; un catedrático de Políticas de la Princeton University; un profesor de Políticas proveniente de la Glasgow University, y una profesora de la Aberystwyth University.

Los exmiembros de la Sindicatura Electoral del 1-O han alegado en la segunda jornada del juicio que el organismo no autorizó la publicación de ninguno de los acuerdos tomados el 7 de septiembre de 2017 ni hicieron nada más a partir de ese día. Además, tampoco validaron un supuesto manual de instrucciones para las votaciones ni numerosos aspectos establecidos en la ley del referéndum. En el juicio por desobediencia y usurpación de funciones contra ellos, han explicado que inmediatamente después de recibir las notificaciones del Tribunal Constitucional (TC) renunciaron a sus cargos, no remunerados.

Preguntados por la defensa, han negado haber contactado con los síndicos territoriales ni haberles dado instrucciones o coordinado. Tampoco validaron el censo electoral ni la distribución de mesas, no regularon el voto anticipado desde el extranjero, no resolvieron ninguna consulta, queja o recurso, no velaron por el pluralismo en los medios de comunicación, no acreditaron observadores internacionales ni tampoco certificaron el escrutinio ni los resultados de la votación, han enumerado.

El expresidente de la Sindicatura, el especialista en procesos electorales Jordi Matas, que sólo ha respondido a su defensa, ha explicado que recibió el ofrecimiento de alguien vinculado a JxSí –la coalición de Convergènia y ERC– y aceptó, sabiendo en todo momento que no cobraría nada por hacerlo. A raíz del nombramiento de los cinco miembros la madrugada del 6 al 7 de septiembre por parte del Parlament, se reunieron todos en una sala de la última planta durante todo el día 7, con un ordenador y un lápiz de memoria. Cuatro o cinco “voluntarios” los ayudaron. Estuvieron reunidos con ausencias momentáneas, puesto que todos tenían algún compromiso familiar o profesional, y fueron tomando los primeros acuerdos, como el nombramiento de los síndicos territoriales o la certificación de organizaciones interesadas en participar en el referéndum. Sin embargo, han dicho que no publicaron aquellos acuerdos en ninguna web.

Ese mismo día 7 por la noche llegó al Parlament la notificación del TC que suspendía la ley del referéndum, y por tanto también la Sindicatura. Pero ellos no fueron notificados inmediatamente, han explicado. Al día siguiente ya no se reunieron, ni lo volvieron a hacer nunca más. No tomaron ningún acuerdo más, han asegurado todos. Algunos recibieron el 19 o 20 de septiembre la notificación del TC con la multa coercitiva de 12.000 euros diarios si no abandonaban sus tareas y lo hicieron inmediatamente.

Matas ha dicho que la Sindicatura Electoral del 1-O “no tiene nada que ver” con la Sindicatura Electoral prevista en la ley de transitoriedad jurídica, ya que la primera sólo funcionaría para el referéndum, mientras que la segunda era permanente y estaba formada también por jueces, y no sólo académicos.

El expresidente de la Sindicatura ha asegurado que en ningún momento ha sentido que cometiera ningún delito y sí en cambio que estaba haciendo una tarea de transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad, lo que ha defendido con firmeza. Por ello ha destacado los apoyos académicos internacionales recibidos.

Quien sí ha respondido a la fiscalía ha sido el secretario de la Sindicatura, Marc Marsal, desde su casa, porque está aislado por un contacto con un positivo. Sin embargo, su declaración no se ha podido escuchar por parte de la prensa por importantes problemas técnicos. Sólo se ha podido seguir con claridad que ha ratificado que la Sindicatura no publicó oficialmente ninguno de sus acuerdos.

Reunión en el Parlamento sin permiso del secretario general

La síndica electoral suplente Eva Labarta, secretaria de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona durante varios años, ha explicado que recibió una llamada de Marc Marsal y otras personas para ofrecerle el puesto. Ella vive en el Congo, donde dirige una entidad benéfica, y llegó a Barcelona el 8 de septiembre. Ella quería estar presente en todas las reuniones, aunque fuera suplente, pero el organismo ya no se volvió a reunir. Al cabo de unos días le llegó la notificación del TC, que la sorprendió, porque ella no había estado en ninguna reunión, y presentó alegaciones.

Por su parte, Enoch Albertí, catedrático de derecho constitucional, explicó que formó parte de la comisión de expertos de seguimiento del referéndum. Esta comisión no controlaba el proceso del referéndum, sino que sólo hizo la observación de las votaciones el mismo 1-O y recibió el encargo pocos días antes de la votación. En ningún caso, dijo, sustituyeron la sindicatura electoral ni tuvieron ningún contacto. De hecho, ha dicho que no había ningún organismo que regulara el funcionamiento del referéndum, ya que el TC había hecho decaer el funcionamiento de la Sindicatura.

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, ha explicado que recibieron la notificación del TC que suspendía la ley del referéndum sobre las 11 de la noche del 7 de septiembre, y él lo comunicó verbalmente a los miembros de la Mesa y a todos los servicios generales de la cámara para que no se acreditara a ningún miembro de la Sindicatura Electoral ni se les cediera ningún espacio ni herramientas informáticas. Ha asegurado que él no vio ni tuvo conocimiento de ninguna reunión de la Sindicatura en la sede del Parlament, pero ha admitido que podrían haber entrado a título particular invitados por algún grupo parlamentario.

Sobre la publicación de la ley del referéndum en el Boletín del Parlament ha admitido que aún no saben cómo pudo pasar, y cree que hubo problemas de seguridad informática con un acceso indebido por parte de alguien.

El exletrado mayor del Parlamento Antoni Bayona ha explicado que el 6 y 7 de septiembre hicieron advertencias verbales y por escrito a la Mesa. Cuando recibieron las notificaciones del TC que suspendían las leyes de desconexión lo notificaron a la Mesa, pero no lo notificaron a los miembros de la Sindicatura Electoral porque no estaban presentes allí y tampoco tenían el mandato de hacerlo. Bayona ha dicho que no sabe si los síndicos electorales se reunieron en el Parlament, ya que no los conocía ni los vio.

 A la tercera ha podido celebrarse el juicio a los cinco académicos que formaron la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O. En la sesión de este miércoles no se ha escuchado a los acusados, que declararán el jueves, y los testigos que han comparecido, los síndicos de los distintos territorios catalanes a los que nombraron, han negado que la Sindicatura Electoral del 1-O llegara a ejercer. La Fiscalía discrepa y por ello acusa a los profesores Jordi Matas, Tània Verge, Josep Pagès, Marta Alsina y Marc Marsal -éste último ha seguido la sesión por videoconferencia.

Lo que sí ha quedado claro de la declaración de los ocho síndicos territoriales de Tarragona, Barcelona y Girona que han testificado este miércoles es que ellos no hicieron nada e incluso dejaron sus cargos después de recibir la advertencia del Tribunal Constitucional para que no continuaran la preparación del referéndum. Los testimonios también han constatado cierta decepción porque desde el Parlament se les convocó a una reunión para decirles que no hicieran nada porque el Constitucional había suspendido la consulta.

Pero la Fiscalía no ha preguntado a los testigos si los cinco acusados estaban en la reunión, si tuvieron alguna relación con ellos o por su papel una vez la votación fue suspendida, por lo que se deberá esperar a su declaración de este jueves para saber si, al igual que sus compañeros territoriales, también acataron la indicación de no hacer nada y no seguir en sus funciones. A preguntas de la defensa, algunos testigos se han limitado a decir que no tuvieron relación alguna con los acusados.

“No fui al Parlament con la idea que me dijeran que no hiciera nada, fue decepcionante”, ha relatado Simeó Miquel, de la sindicatura territorial de Lleida, que ha añadido que no tuvo relación con la “Sindicatura central”, en referencia a los cinco acusados. Los acusados tampoco han identificado quién les convocó para la reunión del Parlament del 12 de septiembre ni quién les instó a dejar de preparar la supervisión de la votación. Algunos sí han explicado que recibieron el encargo de formar parte de las sindicaturas territoriales por parte de políticos del PDeCAT o ERC.

“En el Parlament nos dijeron que no hiciéramos nada porque el Constitucional había suspendido la votación y nos enviaron para casa”, ha expresado la síndica de Tarragona Montserrat Aumatell. “En la reunión alguien expresó desencanto y decepción porque nos habían hecho venir al Parlament para nada”, ha abundado el síndico de Barcelona Roc Fuentes. “También nos dijeron que se nos darían instrucciones y a día de hoy todavía tienen que llegar”, ha apostillado Jordi Casadevall, síndico de Girona.

La propuesta para síndica electoral del Aran, Carmen Vilanova, ha explicado que ni llegó a aceptar el cargo, y así lo puso de manifiesto en una carta que dirigió al Parlament, por lo que ni acudió al encuentro. “En la reunión dieron por concluida una función que nunca empezó”, ha zanjado Marta Cassany, otra de las síndicas de Tarragona. “La reunión fue decepcionante, todo en el plano teórico sin concretar nada”, ha lamentado su excompañero Xavier Faura.

La causa contra los síndicos del 1-O se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona contra los miembros de ese órgano de control electoral, quienes días antes del referéndum presentaron su renuncia ante el Tribunal Constitucional, después de que éste les multara con 12.000 euros diarios si no cesaban en sus funciones. La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para los cinco académicos y juristas que conformaron la Sindicatura Electoral del 1-O, el órgano encargado de velar por el buen desarrollo de la votación pero que fue disuelto antes del referéndum ante la amenaza de multas por parte del Tribunal Constitucional a sus miembros.

Entre los actos por los que acusa de desobediencia está el hecho de que los acusados nombraron a los síndicos territoriales una vez la votación ya estaba suspendida. Antes de empezar la sesión, la fiscal ha comparado la desobediencia que, a su juicio, cometieron los acusados con con conducir sin puntos o quebrantar una orden de alejamiento.

La sesión ha empezado con una alegación de vulneración de derechos fundamentales por parte de la defensa de los acusados, que ejerce el abogado Ramon Setó. Según la defensa, se ha vulnerado su derecho a la libertad de conciencia y académica y que han sido doblemente castigados, dadas las multas que les impuso el Constitucional para que dejaran de ejercer su función. La jueza, de acuerdo con la Fiscalía, ha rechazado todas las alegaciones. Fuera de la Ciudad de la Justicia, los académicos acusados han recibido el apoyo de dirigentes independentistas como el expresident Quim Torra y los consellers Bernat Solé y Ramon Tremosa. El juicio quedará visto para sentencia este jueves.

Un juez de Sabadell (Barcelona) ha archivado la investigación a la cúpula de los Mossos d'Esquadra en la etapa del major Josep Lluís Trapero durante el referéndum del 1-O de 2017, pero ha dejado a un paso de juicio por desobediencia a la comisaria Cristina Manresa y a otros seis mandos y agentes de la región policial metropolitana norte por su “pasividad” a la hora de impedir las votaciones.

Así lo ha resuelto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell en un auto en que concluye que es “inviable” seguir la causa contra la cúpula de los Mossos en la anterior etapa de Trapero -entre otros los comisarios Ferran López y Joan Carles Molinero-, porque cuando recibió el caso de manos de un juzgado de Cornellà (Barcelona) ya había finalizado el plazo para pedir nuevas diligencias.

Por el contrario, el juez deja a un paso de juicio a la comisaria Cristina Manresa y a otros seis mandos y agentes de los Mossos que durante el 1-O estaban adscritos a la región policial metropolitana norte de Barcelona, ya que aprecia indicios de que cometieron un delito de desobediencia grave al considerar que el “fracaso” en el dispositivo para evitar el referéndum “habría sido consecuencia del propio diseño y cumplimiento” del plan de Mossos y de la “actitud omisiva de los diferentes miembros” de la policía catalana.

El propio juez reconoce que su tesis contradice la sentencia, ya firme, de la Audiencia Nacional que absolvió al major Trapero, que concluyó que las pautas de actuación de los Mossos sí buscaban frenar la votación y en ningún momento desobedecieron la orden del TSJ catalán para impedir el 1-O.

“Podría parecer a primera vista absurdo o ilógico que, dado que ha habido un pronunciamiento firme de un órgano enjuiciador sobre tales cuestiones, el presente procedimiento deba continuar, en lugar de ser archivado”, admite el juez, para a renglón seguido indicar que como los siete mandos que ha investigado no fueron juzgados en la Audiencia Nacional junto el major sí corresponde enviarles a juicio.

Será otro tribunal, abunda el juez, el que deba “valorar si los diferentes investigados actuaron o no en estricto cumplimiento de dichas pautas, si su supuesta pasividad u omisión se debía exclusivamente a tal cumplimiento o a la falta de recursos materiales o humanos o a otros motivos”. Todo ello pese a admitir el juez que la Audiencia Nacional no encontró “elementos de delito alguno”, no consideró que, en general, las pautas fuesen “una mera fachada formal de cumplimiento fingido” ni estimó que hubiese habido una “omisión contumaz” de los Mossos respeto a las órdenes del TSJC de impedir el 1-O.

La causa que el juez de Cornellà abrió contra la cúpula de Trapero -en paralelo a la de la Audiencia Nacional en que el major acabó absuelto-, se dirigía también contra el comisario jefe de la Comisaría de Planificación de Seguridad, Emili Quevedo; el comisario de la Prefectura Xavier Gàmez; la jefa de asesoramiento jurídico, María Paz Martí; el intendente de la comisaría superior de coordinación central, Antoni Verger, y el jefe de la división técnica de planificación de la Seguridad, Amadeu Domingo.

Ferran López -que asumió el mandato de los Mossos tras la destitución de Trapero al aplicarse el 155 el 27 de octubre de 2017- y Joan Carles Molinero son dos de los comisarios de más confianza del mayor, que una vez restituido al frente de la policía catalana, el pasado 12 de noviembre, los ha vuelto a aupar a la cúspide. Ambos avalaron en sus declaraciones el alegato del mayor de que hicieron todo lo que pudieron para evitar el 1-O, pidieron al Govern que lo desconvocara por el riesgo de incidentes y planearon la detención del ejecutivo catalán tras la DUI.

El juez de Sabadell argumenta en su auto que no puede seguir adelante en la investigación contra la cúpula de los Mossos porque cuando recibió el caso de manos de un juzgado de Cornellà -que se lo remitió después de intentar sin éxito inhibirse a la Audiencia Nacional-, había finalizado el plazo para acordar nuevas diligencias, sin que los imputados hubieran sido ni siquiera interrogados.

Precisamente, el juez opta por dejar a Manresa, a su número dos en la región, Xavier Creus, al jefe y subjefe de la sala regional de la zona, al jefe de la comisaría de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y a dos agentes a las puertas de juicio porque opina que corresponde al tribunal competente determinar si las pautas y la actuación de los Mossos para impedir el 1-O “era una mera apariencia formal” que “en verdad” buscaba el “incumplimiento” de las órdenes judiciales.

“Las pautas se diseñaron como una simple fachada de cumplimiento”, apunta el juez, que subraya que se trataba de órdenes “inidóneas para ejecutar de modo eficaz las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”, de lo que, a su parecer, eran conscientes tanto quienes las habrían diseñado como los mandos a los que les fueron transmitidas.

Fueron unos días muy intensos los que siguieron al referéndum del 1 de octubre en Catalunya hasta que se declaró la independencia el 27 de octubre de ese mismo año. En ese tiempo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se dedicó en cuerpo y alma a evitar un “choque de trenes”, a que Carles Puigdemont no llegara hasta el final y a que Mariano Rajoy no aplicara el 155 y arrasara con el autogobierno catalán. Urkullu inició su labor de mediación cuatro meses antes del referéndum, exactamente el 19 de junio de 2017. Y, lejos de lo que se ha querido proyectar, no se ha desentendido de Catalunya. En 2019, por ejemplo, Urkullu le contaba a Pedro Sánchez que seguía “viviendo el proceso”: “Son muchas las personas de Catalunya que recurren a mí”. En otro mensaje, añadía: “Son muchas (lo digo sin petulancia) las peticiones de entrevistas que he rechazado así como diversas las peticiones de encuentros con agentes de Catalunya (que algunas sí he mantenido y seguiré manteniendo de manera absolutamente discreta). Me vendría bien estar lo más informado posible -siempre desde la discreción total incluso en Euskadi- para responder en dichos encuentros a los análisis más certeros posibles, siempre y cuando lo consideres pertinente”. Ésta es la cronología de una mediación.

19 de junio de 2017: Asiste al acto organizado con motivo del trigésimo aniversario del atentado de Hipercor, cometido por ETA. Acompañado por Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, se reúne después en el Palau de la Generalitat con Neus Munté, consejera de la Presidencia. También estuvo “a solas con el president”. “Recibí la petición de que intentara hacer lo posible para ayudarles con el presidente del Gobierno español”, recuerda Urkullu. “Todo lo que puedas hacer para que Rajoy se mueva será bienvenido”, ha explicado el dirigente catalán sobre esa misma cita. “El mismo día, posteriormente, coincidí en la sala de autoridades del aeropuerto de El Prat con la vicepresidente del Gobierno español (Soraya Sáenz de Santamaría), a quien relaté brevemente el encuentro con el president y a quien solicité que lo comentara con el presidente Rajoy y le dijera que me gustaría estar con él”.

19 de julio de 2017: Un mes después, Rajoy y Urkullu se reúnen en La Moncloa. El encuentro fue secreto.

20 de julio de 2017: Urkullu, acompañado de Andoni Ortuzar e idoia Mendia, se reúne con Pedro Sánchez en Lehendakaritza. Esta cita sí fue pública.

16 de agosto de 2017: Se produce una explosión en una casa de Alcànar, en Tarragona. Al día siguiente, una furgoneta se abalanza sobre la zona peatonal de las Ramblas y asesina a trece personas. La serie de ataques deja un total de dieciséis asesinados y ocho terroristas muertos.

26 de agosto de 2017: El lehendakari acude a la manifestación por los atentados. “Me reuní un momento con el president” y “pude hablar también con Sánchez”, anota.

29 de agosto de 2017: Se celebra el primer Consejo de Gobierno del curso político. Como es tradición, el lugar elegido es el Palacio de Miramar en Donostia “A partir de este día comenzaron mis declaraciones públicas en relación a Cataluña”, asegura.

6 y 7 de septiembre. El Parlament aprueba las leyes para el referéndum y la transitoriedad en medio de la polémica. Urkullu apunta que eran resoluciones ilegales y almacena los informes tanto de los letrados de la Cámara como del órgano encargado de velar por el cumplimiento del Estatut.

13 de septiembre de 2017: Se reúne de nuevo con Pedro Sánchez en Lehendakaritza.

21 de septiembre de 2017: Andoni Ortuzar reúne en el Parlamento a José Antonio Suso, Itxaso Atutxa, Joseba Egibar -líderes del PNV en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa- y a Urkullu y les da cuenta de sus contactos. Él también ejerce de intermediario. Ese mismo día, en una conversación telefónica con Mariano Rajoy, el lehendakari le traslada su “contrariedad por la intervención de miembros de la Guardia Civil en la Conselleria de Hacienda”. “Garantizándome el presidente que sus pasos iban a ser muy medidos y cuidando de ser lo mínimo posible”, asegura Urkullu. Se suceden varios mensajes por correo electrónico con el propio Rajoy, Puigdemont, Sánchez, Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea) y Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo).

24 de septiembre de 2017: Participa en el Alderdi Eguna, la fiesta del PNV, y le envía copia del discurso a Marta Pascal, dirigente del PDeCAT.

1 de octubre de 2017: A pesar de la intervención policial, los catalanes acuden a las urnas en Catalunya. A partir de la celebración del referéndum, los mensajes y propuestas que Urkullu envía se multiplican de forma exponencial.

3 de octubre de 2017: El jefe del Estado, Felipe VI, pronuncia un discurso en el que carga duramente contra la Generalitat, a la que acusa de situarse “al margen de la democracia”. “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”, asegura el monarca.

4 de octubre de 2017: Le llaman Ortuzar y Mendia. Urkullu anota que le proponen “alguna iniciativa en relación al planteamiento de diálogo para abordar la cuestión catalana en la que pudieran participar la presidenta de la comunidad de Baleares y el presidente de la comunidad de Valencia”, Francina Armengol y Ximo Puig, respectivamente. También habla por teléfono con Santi Vila, consejero del Govern y crítico con la vía unilateral. Mantiene una reunión con Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea, dirigente del PNV. Mientras se encuentra reunido, le llama el padre abad del monasterio de Montserrat, “pidiéndome mi intervención en mediación”. Además, ya había enviado tanto a Rajoy como a Puigdemont la 'Propuesta de distensión-diálogo-negociación'.

5 de octubre de 2017: Se reúne con Alfonso Alonso, exministro de Rajoy y líder del PP vasco, y habla con Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.

6 de octubre de 2017: Mantiene otra reunión con Alonso, que le transmite un mensaje de Rajoy. “Por comentario de Aurrekoetxea proveniente de Francesc Homs (del PDeCAT) llamo y hablo con D. Felipe VI de la cuestión en Cataluña y de las llamadas y mensajes al presidente Rajoy así como de mi valoración pública de su intervención televisada”, apunta Urkullu. Envía, asimismo, la 'Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas' tanto al Gobierno de España como al Govern.

7 de octubre de 2017: Sánchez llama a Urkullu. “Pidiéndome que intervenga”, apunta el lehendakari.

8 de octubre de 2017: Conversa e intercambia correos electrónicos con el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, padre de la comunidad de Sant Egidio. Se reúne, además, con el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte. Procede, “por petición de los padres de los monasterios de Montserrat y de Santa María de Poblet, a mantener un encuentro con el cardenal arzobispo de Barcelona”, Juan José Omella, que ahora es el presidente de la Conferencia Episcopal de España. “Los padres de Montserrat y de Santa María de Poblet han recibido tanto al president Puigdemont como al vicepresident (Oriol) Junqueras y al conseller Vila. Cada uno de ellos solicita que yo intervenga”, escribe.

9 de octubre de 2017: Mantiene conversaciones telefónicas con Rajoy y Puigdemont. “[El president] Me dice, con testigos, que al día siguiente no quería proceder a la DUI en el Parlament de Cataluña. Le hago llegar una propuesta para que la tome en consideración para el Pleno del Parlament a celebrar el día siguiente”, escribe Urkullu.

10 de octubre de 2017: Mediante la declaración unilateral de independencia, Puigdemont proclama la República Catalana como “Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. El mismo president la suspende ocho segundos después. Antes de hacerlo, Puigdemont le había enviado la “parte nuclear” de su intervención en el Parlament y Urkullu mantiene “numerosas comunicaciones” tanto con él como con Rajoy y Sánchez. Se intercambian “propuestas y comentarios diversos” entre ellos. “Comienza otra fase con los requerimientos y/o preguntas del presidente Rajoy y la activación del artículo 155 de la Constitución”, anota.

18 de octubre de 2017: “Recibo llamadas en nombre de determinados empresarios de Cataluña, así como un mensaje del 'síndic' de Gregues, Joan Ribó, pidiéndome que intermedie”, apunta.

19 de octubre de 2017: Hace una declaración pública en Lehendakaritza. Previamente se la ha enviado a Ortuzar, Mendia, Juncker y Tusk. Su máxima es “diálogo, negociación, acuerdo y ratificación”.

20 de octubre de 2017: Envía “consideraciones y reflexiones largas por escrito” a Puigdemont. Lo hace todos y cada uno de los días.

21 de octubre de 2017: Le manda una nueva carta y mantiene “una conversación telefónica grave con él”. Llama también a Sánchez, Mendia y Ortuzar. Ese mismo día, el lehendakari hace las siguientes declaraciones: “Soy consciente de la realidad europea, no creo en la viabilidad de la vía unilateral. Manifesté con claridad y con antelación que el 1 de octubre no se produciría un referéndum con las debidas garantías. No se trataba de una valoración, sino de una constatación que resultó evidente”.

22 de octubre de 2017: Envía otra carta a Puigdemont, en la que alaba el proceso desarrollado en Cataluña, pues, según él, “ha mostrado al mundo una gran capacidad de organización, firmeza y determinación”. “Pero, sinceramente, no parece que alcanza a la mayoría significativa de la sociedad, por lo que mucho es también el riesgo de pérdida de lo conseguido en sentido de autogobierno y bases para una solución acordada”, apostilla.

23 de octubre de 2017: Otra carta más. “Sabes que siempre he considerado, así te lo manifesté, que la vía unilateral me resulta equivocada”, le traslada.

25 de octubre de 2017: Envía otra misiva al president: “Cualitativamente el PSOE es muy importante para la cobertura en la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español”. Propone cuatro puntos “en esta situación y ante la catástrofe que supondría llegar hasta el final por parte de unos y otros con consecuencias en el retroceso del autogobierno, graves afecciones económicas y sociales, crisis de fractura social y riesgo de enfrentamiento”: no DUI, no 155, sí elecciones y sí vuelta a la normalidad institucional y legal“. También mantiene una conversación telefónica con él. ”En presencia“ de testigos, ”Puigdemont plantea condiciones ilógicas a plantear al presidente Rajoy de cara a las sesiones plenarias del Parlamento del 26 y 27 de octubre. El president Puigdemont insiste en que no quiere proceder a la DUI“, escribe Urkullu.

26 de octubre de 2017: Intercambia mensajes con Puigdemont, Pascal, Ortuzar y Vila. Vila ha hablado previamente con Rafael Catalá, ministro de Justicia. “El ministro le pide a Santi Vila que sea yo quien interceda ante el presidente Rajoy”, apunta. También conversa con Rajoy y Puigdemont. Este último le envía varios mensajes a lo largo del día: de madrugada le adelanta la intención de convocar elecciones; por la mañana, le confirma la disolución del Parlament y la convocatoria de comicios; por la tarde le expresa sus dificultades para mantener su decisión, y por la noche lamenta la actitud de Moncloa y le agradece su ayuda.

27 de octubre de 2017: A primera hora y antes de la celebración de los plenos del Senado y del Parlament de Cataluña, envía una carta-propuesta a Rajoy, Puigdemont, Sánchez, Pascal y Ortuzar. Traslada otra propuesta a Jokin Bildarratz, senador del PNV, que la defiende en la Cámara Alta como tercera vía. En una carta que envía a Ortuzar, Aurrekoetxea y Koldo Mediavilla ('burukide' del partido), les comenta que, si bien viajará a Canadá -más exactamente a Quebec-, “dadas las circunstancias que se están viviendo en Cataluña”, no descarta “la opción de tener que abreviar el viaje”. También les traslada que ha sentido “la confusión permanente por parte del president Puigdemont, [...] de la misma manera en el caso de las medidas a adoptar manifestadas por parte del presidente Rajoy [... e] igualmente en el caso de Pedro Sánchez”. El Senado aprueba la aplicación del 155 y, horas después, Rajoy destituye al Govern, disuelve el Parlament y convoca elecciones para el 21 de diciembre. Escribe un correo que envía a Vila y Pascal: “No podemos desistir [...] El recurso al 155 representa el fracaso de la política. Pero, con todo, lo más grave es que su mera aplicación no sólo no va a resolver nada, sino que va a agravar aún más la situación de desencuentro y ruptura”. Apela “a la distensión y al diálogo”.

30 de octubre de 2017: Urkullu viaja a Quebec, en Canadá. “En Euskadi tenemos un escenario de normalidad. Nuestro mayor activo es la estabilidad. El modelo Quebec-Canadá demuestra que otra alternativa es posible para un referéndum legal y pactado”, anota.

2 de noviembre de 2017: La jueza decreta prisión incondicional para Junqueras y siete exconsellers. Urkullu, que está en Ottawa, la recibe como “la peor de las noticias” y denuncia la “politización de la Justicia” española.

6 de noviembre de 2017: Respecto al papel que debe adoptar el Gobierno vasco, cree que, “probablemente, lo más adecuado en las próximas semanas sea reducir en la medida de lo posible el perfil de incidencia en relación con la crisis de Cataluña”.

16 de noviembre de 2017: El Parlamento Vasco aprueba una moción que “respeta y acompaña las resoluciones que sobre la soberanía y el proceso constituyente” han sido adoptadas en Catalunya y que “rechaza” la suspensión de la autonomía en aplicación del artículo 155. Sin embargo, no reconoce su independencia. Urkullu se había encargado personalmente de que el PNV no se sumase a EH Bildu porque en “conciencia” no se podía legitimar una república surgida de un referéndum sin garantías.

21 de diciembre de 2017: Se celebran las elecciones al Parlament. Puigdemont lidera una mayoría absoluta independentista, si bien Ciudadanos se erige como primera fuerza. Con el expresident en Bélgica, Quim Torra acabará liderando el Govern.

23 de mayo de 2018: En un mismo día, el PNV acuerda con EH Bildu el preámbulo del futuro Estatuto vasco, un documento netamente soberanista, y salva el Gobierno del PP en Madrid con el apoyo a los presupuestos.

1 de junio de 2018: El PNV brinda el apoyo de sus escaños a Pedro Sánchez, que, por la vía de la moción de censura, se convierte en el séptimo presidente de la democracia. Durante su interlocución con el líder del PSOE, Urkullu insiste en las propuestas. Entre ellas, plantea la posibilidad de una consulta legal y pactada y avanzar en la plurinacionalidad de España.

20 de septiembre de 2018: En la inauguración del nuevo curso político, Urkullu se refiere a la reforma estatutaria vasca con la intención deliberada de marcar distancias con Catalunya. Recuerda la necesidad de acompañar los “acuerdos” en Euskadi con “pactos” con el Estado. No puede haber nuevo marco sin el concurso de los no nacionalistas, añade.

30 de octubre de 2018: Le escribe a Sánchez. Haciendo referencia a la “plataforma independiente” Gure Esku Dago, le traslada que “en Euskadi existe una estrategia de pretensión de emulación del proceso en Cataluña, aunque no con mucho éxito de seguimiento”. Lamenta haber recibido una petición de Torra para que le atienda en Ajuria Enea.

14 de noviembre de 2018: Recibe en Vitoria al president, Quim Torra, en el palacio presidencial de Ajuria Enea, en Vitoria. En la rueda de prensa posterior, escenifican sus discrepancias. Urkullu insiste en defender una España plurinacional y el derecho a decidir “legal y pactado” con el Estado.

20 de diciembre de 2018: Sánchez y Torra se reúnen en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, y se comprometen a buscar mediante el diálogo una propuesta política “con amplio apoyo de la sociedad catalana”.

22 de enero de 2019: Urkullu le envía un correo electrónico a Pedro Sánchez para trasladarle su “disposición para ayudar en lo que en mi mano esté en relación a Cataluña”.

28 de febrero de 2019. El lehendakari comparece como testigo en el juicio del 'procés'. Puigdemont, desde el extranjero, le acusa de haber mentido. La ruptura es total.

5 de marzo de 2019: Concluye los documentos sobre su mediación en el 'procés' y los deposita en tres archivos: el de Montserrat Tarradellas del monasterio de Poblet, el Archivo Histórico de Euskadi y el de la Fundación Sabino Arana.

26 de mayo de 2019. El PNV no reedita su coalición con la antigua CiU en las elecciones europeas. No estaba dispuesto a compartir lista electoral con Puigdemont.

14 de octubre de 2019: El lehendakari califica de “nefasto desenlace” para un “despropósito” la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a la plana mayor del Govern, salvo su president.

22 de julio de 2020: Puigdemont publica M'explico, de la investidura a l'exili, en el que relata su etapa al frente del Govern y revela detalles de sus conversaciones con Rajoy y Sánchez, pero también con Urkullu.

23 de julio de 2020: Se hacen públicos los documentos de Urkullu a los que ha accedido elDiario.es/Euskadi para elaborar esta serie de informaciones.

El Gobierno está convencido de que la relación con Catalunya atraviesa una fase de estabilización. “Este 1-O es distinto en todo”, asegura uno de los principales colaboradores del presidente. Moncloa prepara una fase de normalización, que pasa por celebrar un Consejo de Ministros a Catalunya antes de Navidad. Se trabaja también en una nueva reunión entre Sánchez y Torra, sin fecha por el momento, mientras se observa con cierta distancia los enfrentamientos previos al aniversario del referéndum: “No estamos en esa pelea”,

Las celebraciones del aniversario del 1-O no preocupan especialmente al Gobierno, que tiene previsto seguir con su estrategia de ofrecer al Parlament avances en el debate sobre la propuesta de modificaciones en el Estatut: “Nosotros no somos el enemigo”, dicen en Moncloa. Sánchez no teme que el aniversario acarree una escalada de distancia en sus relaciones con los partidos que sustentan el Govern. “La gran novedad en este aniversario es que nosotros estamos en el Gobierno y queremos desinflamar el conflicto y primar la relación institucional”, aseguran fuentes del Gobierno.

Mientras las formaciones nacionalistas siguen reclamando una solución para los presos, Moncloa se mantiene firme: “No hay margen para incidir en la vía judicial”, aseguran. La postura del Gobierno no es improvisada. Ya a finales de agosto, Sánchez preveía una “inflamación verbal” en las calles pero descartaba un otoño de ruptura. Esa es la idea que se mantiene: hacer oídos sordos a los excesos de discurso “y buscar el encuentro en el día a día de las comisiones bilaterales”.

El Consejo de Ministros ya se ha puesto a trabajar para la reunión que celebrarán en Catalunya en las próximas semanas. “Estamos preparando una batería de medidas para resignificar el papel del Gobierno de España en Catalunya”, aseguran fuentes del ejecutivo. “La idea de la convivencia está venciendo a la idea de la independencia”, dice uno de los principales colaboradores del presidente, convencido de que “6 de cada 10 españoles quieren una solución dialogada”.

La relación con las formaciones independentistas es crucial para el Gobierno de Sánchez. Sin los votos de PDeCAT y ERC sus posiciones en el Congreso se desmoronan. Su equipo trabaja desde la convicción de que el bloque de apoyos que les permitió ganar la moción de censura, permanecerá unido para las principales reformas en marcha. El propio Pedro Sánchez es consciente de la necesidad de mantener el equilibrio para no tener que convocar elecciones. “Si se prioriza el conflicto”, la legislatura habrá terminado, aseguró el presidente desde Nueva York.

Los enfrentamientos en las calles de Barcelona, sucedidos en las jornadas previas al aniversario del 1-O, no preocupan especialmente en Moncloa. “Nosotros no estamos en esa pelea”, afirman fuentes del ejecutivo. La dirección socialista también observa con distancia las diferencias que se están produciendo entre las formaciones independentistas.

El Gobierno se muestra molesto con el papel desempeñado por PP y Ciudadanos, a quienes responsabilizan de “buscar la tensión”, frente a la posibilidad de acuerdo. En ese territorio de conflicto es donde el PSOE quiere encontrar su hueco: “No entrar a provocaciones e ir sumando días”, aseguran en el entorno de Sánchez. Los asesores del presidente creen que Casado y Rivera “están dejándose empujar por formaciones como Vox que ni siquiera tienen aún representación parlamentaria”.

El Gobierno, sustentado por los 84 votos del PSOE y los acuerdos adoptados durante la moción de censura, cree que puede seguir adelante, sin que Catalunya sea un problema insalvable. “El centro izquierda está unificado”, proclama un colaborador de Sánchez. “La derecha se está rompiendo”, concluye.

El juez Pablo Llarena envió al tribunal de Schleswig–Holstein miles de folios para intentar la extradición de Carles Puigdemont por un delito de rebelión. Una ingente cantidad de información en la que incluyó documentación que no consta en ninguna de las causas abiertas en España a raíz de la convocatoria y posterior celebración del 1-O. Este es el caso de las cartas que el propio Maza (fallecido en noviembre del año pasado) recibió del Ministerio de Hacienda sobre la vigilancia que el Ejecutivo central mantenía sobre la Generalitat para evitar la votación.

Hacienda transmitió directamente a la Fiscalía General del Estado en las vísperas del 1-O sus sospechas sobre el uso de fondos públicos para la consulta secesionista. En cuatro cartas, a las que ha tenido acceso este diario, el por entonces secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, puso en conocimiento de José Manuel Maza el resultado de varios controles que el Ministerio mantenía sobre las finanzas de la Generalitat para que el fiscal general valorara si se derivaban “responsabilidades penales” para consellers o funcionarios.

Las misivas, fechadas los pasados 14, 20 y 29 de septiembre y 4 de octubre, son anteriores a la querella que el propio Maza interpuso el 30 de octubre ante la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y el Govern por los delitos de rebelión, sedición y malversación y que derivó en la causa del 'procés' del Tribunal Supremo.

Pero Maza no mencionó las cartas en la querella. De hecho, las misivas no han sido incluidas en ninguno de los sumarios abiertos sobre el 1-O, sino que han aparecido en la documentación que el juez Llarena envió a Alemania. La defensa de los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret ha pedido a Llarena investigar las comunicaciones previas a la querella de Maza entre Hacienda y la Fiscalía General del Estado, sin obtener respuesta por parte del instructor.

Por las fechas en las que se enviaron las cartas dos juzgados ya indagaban sobre la presunta malversación en el 1-O. Eran el juzgado de instrucción 13 de Barcelona fruto de la partida oculta de 400 millones del Govern para el 1-O sobre la que departía el exsenador Santiago Vidal en sus conferencias y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a raíz de la primera querella de la Fiscalía contra el Govern, limitada a los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación y posteriormente asumida por el Supremo. La Fiscalía Superior catalana había abierto diligencias en marzo.

Anuncios y Diplocat

En la primera de las cartas, Fernández de Moya expuso a Maza la respuesta de la Interventora General de la Generalitat a su requerimiento sobre el anuncio del 1-O emitido por TV3. Rosa Vidal trasladó a Hacienda que en la contabilidad de la Generalitat “no constaba” ningún contrato o factura relacionado con el vídeo y dijo “desconocer” cómo se había financiado.

Fernández de Moya consideró sospechosa la respuesta de la Interventora e informó a ella a Maza, indicando además los controles que Hacienda ya mantenía e intensificó antes del 1-O sobre las finanzas catalanas. La misiva concluía exponiendo que todo ello se ponía en conocimiento de Maza “en relación con las actuaciones penales que se estén o puedan ejercitarse desde esta Fiscalía General del Estado” y para que se practicaran las actuaciones necesarias para “valorar si pudieran derivarse responsabilidades penales contra autoridades y/o funcionarios de la Generalitat de Catalunya que debieran ser depuradas”.

Esa misma conclusión expuso Fernández de Moya en una carta a Maza quince días después, en la que ampliaba los “indicios de incumplimientos legales” a cuenta del anuncio del 1-O. Tras otro requerimiento, la Interventora remitió todos los expedientes de gasto relacionados con la publicidad institucional de la Generalitat. Fernández de Moya reportó al fiscal que una de esas campañas era sospechosa de enmascarar el contrato para el anuncio del 1-O por haberse tramitado mediante un acuerdo marco, como ya ocurrió con los gastos de la consulta del 9-N. La oferta terminó desierta por la renuncia de todas las empresas candidatas a la adjudicación.

En la tercera misiva el secretario de Hacienda puso en conocimiento de Maza el control financiero total de la Generalitat decretado por Hacienda quince días antes del 1-O y los recursos planteados por el Govern. También los “problemas técnicos” en la plataforma digital de Hacienda alegados por la Interventora para retrasar los certificados de gasto impuestos por el Ministerio.

En la última carta, del 4 de octubre, Fernández de Moya trasladó al fiscal que “se tiene constancia de que el Diplocat se ha hecho cargo de los gastos del grupo de expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum”. Asimismo, adjuntó la respuesta de la Interventora a su requerimiento. Vidal, que ha terminado imputada, contestó que había pedido detalles a la conselleria de Exteriores pero que no podía entregar directamente información del Diplocat al ser un consorcio que no depende funcionalmente de la Generalitat (en su patronato están las diputaciones, ayuntamientos, bancos o el F.C. Barcelona).

Hacienda negó la malversación

Maza no incluyó ninguna respuesta de la Interventora de la Generalitat trasladada por Hacienda en su querella por rebelión, sedición y malversación contra el Govern presentada ante la Audiencia Nacional el 30 de octubre. La querella se limitaba a indicar que fruto de los contactos previos del Diplocat, el Govern pudo contar con observadores el 1-O.

El peso de la investigación sobre los gastos del 1-O lo ha llevado la Guardia Civil en vez del Ministerio de Hacienda. Los resultados se conocieron meses después de las cartas: en noviembre de 2017, el Instituto Armado entregó un informe al juzgado de instrucción 13 de Barcelona que indicaba que el Govern gastó medio millón de euros en la publicidad del 1-O. Los políticos niegan cualquier malversación. Los responsables de los medios públicos aseguraron ante el juez que la Generalitat se negó a pagar a TV3 por el anuncio del 1-O porque lo consideró un servicio público.

En el caso de los gastos vinculados a los observadores, la Guardia Civil aportó en abril al juzgado de instrucción 13 un informe en el que cifraba en casi 200.000 euros la cantidad abonada por el Diplocat en viajes, hoteles y honorarios de los observadores. Responsables de Diplocat imputados declararon que el consorcio pagó el viaje a diputados de parlamentos regionales europeos para el 1-O pero negaron que fuera por orden de la Generalitat.

Por contra, el exministro Montoro llegó a negar que hubiera malversación en el 1-O. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, aseguró el exministro en una entrevista en 'El Mundo'. El juez Llarena reclamó a Hacienda un informe al respecto para zanjar la polémica. El Ministerio pidió el 5 de julio al juez una prórroga de un mes para entregar el informe sobre las cuentas de la Generalitat y los requerimientos a la Interventora. Llarena lo consideró una “demora innecesaria” y dejó sin efecto la petición a Hacienda para poder cerrar el pasado 9 de julio el sumario de la causa del 'procés'.

Llarena no se ha pronunciado sobre la petición de la defensa de Comín y Serret, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, para investigar “las comunicaciones que la Fiscalía General del Estado haya remitido al Ministerio de Hacienda con anterioridad” a la querella que interpuso el fiscal Maza. La defensa señaló que no le constaba que los expedientes se hayan incorporado a las actuaciones. El juez ni mencionó dicha petición en el auto por el que cerró el sumario de la causa y sí denegó el resto de diligencias solicitadas por las defensas referentes a la intervención policial del 1-O o la huelga del 3-O.

Probablemente el 3 de octubre la popularidad de Felipe VI mejoró bastante. Fue el día en que Felipe VI decidió que Cataluña podría ser a su reinado lo que el 23F al de su padre: la justificación de todo un reinado. Es imposible saber nada sobre la popularidad de Felipe VI dado que el CIS no publica (sorprendentemente) desde hace años ninguna valoración que afecte a la monarquía, pero probablemente a corto plazo le fuera rentable en términos de imagen en plena ebullición del conflicto nacional en España.

Sin embargo, nunca pudo estar peor aconsejado. A diferencia del 23F, el 3 de octubre en España seguían los poderes políticos vigentes: cuando Juan Carlos I grabó su histórico discurso el Gobierno de la nación y el Congreso de los Diputados estaban secuestrados a punta de pistola; cuando Felipe VI grabó el suyo había poderes políticos electos que tenían plena libertad para emitir un mensaje político al país: podía hacerlo Mariano Rajoy, podían hacerlo los portavoces de todos los grupos parlamentarios, los titulares de cualquiera de los poderes del Estado… Pero en vez de ellos apareció Felipe VI para hacer un discurso contundentemente político, defendiendo una posición concreta.

La posición política de un rey constitucional es muy delicada porque juega un papel político clave (y nunca inocuo) pero tiene la necesidad de aparentar no jugar ninguno, ser neutro: necesita compensar el hecho de no haber sido elegido por nadie con la apariencia de ser el rey de todos. No es tanto que lo que diga sea razonable, acertado o no: es que debe reflejar algo así como el sentido común de la infinita mayoría de los españoles.

El 3 de octubre no hizo eso. Tomó partido. Da igual que fuera (o no) el partido correcto, el impecable. Da igual. Lo evidente es que, salvo que consideremos que Catalunya no es España, su mensaje no respondía a esa suerte de aparente unanimidad social a la que han respondido todos los mensajes reales desde 1978. Fue un mensaje durísimo contra un gobierno autonómico soportado por partidos que obtuvieron dos meses después más de dos millones de votos de personas que para Felipe VI deben ser tan españoles como el que más. Y, sin duda, fue un mensaje que respondía al tono que demandaban el PP, Ciudadanos y una parte del PSOE, pero que confrontaba con el defendido por millones de españoles que, incluso rechazando la apuesta suicida del Govern catalán, apostamos por el diálogo y la recuperación de la convivencia fraternal, no por la derrota del otro por equivocado que esté.

Estuvo muy mal aconsejado Felipe VI, porque a partir de ese momento cada vez que hubiera una situación especialmente grave, Felipe VI tendría la obligación de pronunciarse con contundencia. En 2003, durante las manifestaciones contra la Guerra de Irak (una guerra ilegal a la que se oponía más del 90% de los españoles pero apoyaba activamente el gobierno de la nación) se coreaba a menudo “Que hable el rey” pero había bastante consenso en que era mejor que el rey no hablase de eso ni de nada, porque no tenía legitimidad democrática para posicionarse políticamente en ningún conflicto político, que su papel tenía que seguir aparentando ser lo más cercano a una función decorativa.

Ahora, cada vez que el rey calla no podemos  suponer que lo hace porque es su papel institucional; los silencios de Felipe VI desde el 3 de octubre significan como mínimo que no concede una gran importancia a aquello sobre lo que calla, porque si no hablaría a la nación con la firmeza con la que habló el 3 de octubre. O que la posición del monarca no es confesable.

En las últimas semanas, hemos tenido dos situaciones judiciales históricas y que afectan a la estructura institucional en España y al principal problema de España después del paro: la corrupción preocupa a más del doble de españoles que el riesgo de independencia de Cataluña según el CIS.

La primera sentencia del caso Gürtel afirma la existencia de un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” liderada por el entonces gobierno español. Más allá de otros detalles de la sentencia (como que el presidente del gobierno mintiera en un juzgado o que se adulteraran las elecciones mediante financiación ilegal) ¿es grave la existencia de un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”? No parece haber muchos argumentos racionales (solo la visceralidad nacionalista) para ubicar la carcoma que corroe nuestras instituciones nacionales, autonómicas y municipales por debajo del grave conflicto territorial español.

Lo que sabemos es que a Felipe VI o no le parece mal que bajo su reinado se instale un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional o al menos no le parece demasiado grave (lo cual es una valoración muy relevante dado que el Congreso de los Diputados lo consideró tan extraordinariamente grave que supuso la primera moción de censura exitosa contra un Gobierno de España en nuestra Historia).

Poco después ingresó en prisión por primera vez un miembro de la familia real, el cuñado del rey, por innumerables delitos de corrupción cometidos aprovechándose de su cercanía a la monarquía. El juez instructor explicó que hubiera sido razonable citar al anterior rey y denunció presiones bochornosas para salvar a la hermana del actual. Según las crónicas, cuando Urdangarin se reunió con el anterior rey y con el actual afirmó que él había hecho lo que hacía todo el mundo en esa familia. La noticia dio la vuelta al mundo, conmocionó a la opinión pública, afectó indudablemente al prestigio de la Corona… pero Felipe VI calló y la Casa Real se limitó a comunicar que respetaban las decisiones judiciales (como si pudieran no hacerlo) sin aclarar, por supuesto, nada sobre las presiones denunciadas.

 El 3 de octubre de 2017 Felipe VI decidió cambiar la naturaleza de la monarquía del 78. Decidió que cuando un tema le resulte especialmente grave tiene la legitimidad (incluso la obligación) de hacer partícipe a la nación de su posición con toda contundencia retórica. Y por lo tanto decidió que podíamos interpretar su posición por pasiva. Hasta el 3 de octubre de 2017 los silencios del rey eran más bien un ejercicio razonable de su cargo; desde el 3 de octubre de 2017 el rey decidió someterse a aquello de que “quien calla otorga”: cuando no quiso otorgar, no calló.

Felipe VI nos ha demostrado que ante la corrupción en su familia y ante un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional que carcome el país… nuestro rey calla; y por lo tanto otorga.

“Perdóname, perdóname, perdóname. No lo he conseguido parar”. Las palabras de Miquel Iceta que resonaron el 26 de octubre de 2017 en el despacho de Carles Puigdemont expresando su decepción por no haber podido frenar la aplicación fulminante del artículo 155 figuran en el inicio del libro 'Los entresijos del procés' (Los libros de la Catarata), escrito por el periodista Oriol March, que ha reconstruido en forma de crónica los últimos meses de la legislatura catalana más convulsa desde la reinstauración de la democracia.

La frase del líder del PSC expresaba la desazón que se vivió en Catalunya ese jueves, el día más impredecible desde que empezó el procés en el 2012. Un periodo, especialmente los últimos meses, en los que todavía hay “zonas de sombras”, preguntas que aún no tienen respuesta y versiones contradictoras sobre algunos de los momentos más tensos que se vivieron en escenarios como el Palau de la Generalitat y el Parlament.

March ha hablado con muchos de los que aquellos días pasaron horas interminables encerrados en los despachos intentando encontrar una salida. “Hasta el 1-O había un plan y fuimos trampeando. El problema es que nadie contaba con que la cosa saldría más o menos bien”, le confiesa un alto cargo del Govern a este periodista. La conclusión a la que ha llegado el autor es que nadie había pensado en el día después. No había plan para después del referéndum.

Uno de los protagonistas de esos días fue Santi Vila, autor de uno de los libros que promete colarse entre los más vendidos en este Sant Jordi. 'De héroes y traidores' (Península) ofrece la visión personal y personalista que tiene Vila sobre el procés. Para el que fuera conseller de Cultura y posteriormente de Empresa y Conocimiento de la Generalitat este libro ha sido un ejercicio “terapéutico” en el que desvela que se ofreció a Carles Puigdemont para ser su jefe de gabinete y donde reconoce lo mal que lo pasó en el pleno del 6 y el 7 de septiembre, cuando en el Parlament se aprobó la llamada ley de desconexión en la sesión más tensa de todas los que se han celebrado en la Cámara catalana. Y eso que en los últimos tiempos ha habido varias.

¿Marta Rovira o Barbra Streisand?

El libro de Vila ha caído como un jarro de agua fría entre muchos de sus excompañeros de gobierno que interpretan el libro como una prueba de deslealtad. Un sentimiento que comparte también más de uno en su partido. Tal vez la explicación al malestar que ha provocado el exdirigente del PDeCAT se explica por fragmentos como este en el que da su versión de lo que sucedió en el Palau de la Generalitat cuando Puigdemont planteó convocar las elecciones.

“Lo que pasó en la reunión del Ejecutivo de aquel martes 24 de octubre y en la siguiente del miércoles 25 por la noche ha sido más o menos relatado y está en las hemerotecas. En mi opinión, quizá la diferencia más notable entre ambas reuniones fue que, así como en la primera los consellers de ERC (con la excepción de Oriol Junqueras, siempre cauto) dieron a conocer sus opiniones y sus dudas sobre si la mejor opción era la DUI o la convocatoria de elecciones, en la segunda, en cambio, estas dudas y matices desaparecieron y la voz cantante de los republicanos quedó en las manos de Marta Rovira, quien, como le afeó Robert Redford a Barbra Streisand en 'Tal como éramos', es también una mujer intensa, irascible y fanatizada, como se ha podido comprobar más tarde a través de sus contundentes declaraciones públicas, poco dada a las dudas y matices, y menos aún al uso de la moderación como guía”, relata Vila en uno de los capítulos más interesantes.

Otro de los libros que hace ya meses que se ha colocado entre los preferidos por los lectores es 'Empantanados' (Ediciones Península), que repasa el 'procés' a partir de la mirada siempre crítica pero también constructiva de Joan Coscubiela. El exdiputado y exportavoz de Catalunya Sí Que Es Pot relata las dificultades de la llamada 'patrulla nipona' integrada por los parlamentarios procedentes de Iniciativa, su comandante en jefe, Lluís Rabell, y él mismo para sobrevivir como “hijos bastardos de los comunes” en un Parlament dividido en dos bloques.

El subtítulo del libro, 'Una alternativa federal al sóviet carlista' ya da pistas de que Coscubiela dedica una parte importante de las 316 páginas a denunciar la “irresponsabilidad” de los partidos independentistas. Pero al mismo tiempo se muestra muy duro con el Gobierno de Rajoy y con Ciudadanos. Mirando al futuro, el exdiputado alerta que no hay que confundir federalismo con uniformidad.

Dos de los excompañeros de grupo de Coscubiela, Albano Dante Fachin y Àngels Martínez firman otra de las novedades para este Sant Jordi y dan una visión de lo que ha pasado en Catalunya que no tiene nada que ver con la que describe su exjefe en la Cámara. 'Informe urgente desde los escaños 4 y 5' (Pol.len Edicions) presenta el 1 de octubre como un “momento histórico de fondo”. Coscubiela sigue siendo federalista mientras que Fachin se ha acercado a ERC y sobre todo a la CUP.

Josep Martí Blanch fue secretario de Comunicación con el gobierno de Artur Mas y ahora ha escrito 'Cómo ganamos el proceso y perdimos la república' (ED Libros) en el que desvela cómo Pedro J. Ramírez propuso ayudar a Mas para conseguir el pacto fiscal a cambio de que la Generalitat se olvidase de la inmersión lingüística. O reproduce una frase del director del ABC, Bieito Rubido, que daría casi para un libro entero: “Por encima de la verdad está la unidad de España”. Pero este periodista no solo describe los errores de la mayoría de medios y partidos con sede en Madrid para entender qué estaba pasando en Catalunya.

Martí también describe las equivocaciones que ha cometido el independentismo. La principal, el origen, lo sitúa en la carrera fraticida entre Convergència y ERC por ver quien se convierte en el referente político de ese espacio con el que se identifican más de dos millones de catalanes. En su caso sabe de lo que habla porque estuvo en la cocina del Govern que logró hacer realidad el 9-N. Reconoce que por lealtad ha evitado explicar nada que pueda ser interpretado como un ajuste de cuentas con nadie.

Si hay un libro que ayuda a entender cómo se ha llegado hasta aquí es el del filólogo y escritor Jordi Amat. 'La conjura de los irresponsables' (Anagrama) señala las sucesivas minas que la política fue colocando durante años sin que nadie las desactivara. De todos los ensayos que se han publicado sobre el procés, este es el que en menos páginas está mejor documentado. De lectura obligatoria en Catalunya pero también en el resto de España.

El fotoperiodista Jordi Borràs firma otro de de los imprescindibles para este 23 de abril. Se trata de 'Dies que duraran anys', un repaso visual con textos de autores como Natza Farré, Marina Espasa y Joan Todó, con imágenes icónicas de diversas jornadas que forman parte de la historia (y no solo la reciente) de Catalunya. La más recordada para muchos es ese domingo de octubre que acabó apareciendo en los informativos de medio mundo. De lo que pasó esa semana versa otra de las novedades de Sant Jordi. Se trata de 'On eres el 1-0?' (Rosa del Vents), un libro escrito a partir de las vivencias del periodista Quico Sallés, que las relata desde la complejidad de alguien que ese día se sintió “testimonio y parte” de la noticia.