La partida del último 'barco Piolín' pone fin a más de 100 días de despliegue policial en Catalunya

El barco 'Rhapsody' ha abandonado el Puerto de Barcelona rumbo a Tánger tras reactivar su actividad comercial, después de más de 100 días alojando a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Su partida pone fin a la imagen de despliegue policial en Catalunya simbolizada por los tres ferrys que llegó a fletar el Ministerio de Interior para la Operación Copérnico, un refuerzo policial planteado para la fase más crítica del procés que ha dejado tras de si la imagen de las cargas del 1-O, las protestas de rechazo a su alojamiento en varios hoteles o las quejas de los propios agentes por las condiciones de vida en los barcos. 

El desembarco de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que llegó a suponer la presencia en Catalunya de más de 6.000 agentes de distintos puntos de la geografía española, estaba previsto para unos quince días, sobre todo de cara al 1-O, pero se acabó alargando hasta final de año. El ministro del Interior, José Ignacio Zoido, lo dio por concluido el pasado 30 de diciembre, pocos días después que se conocieran las protestas de los agentes por la comida que se les dispensó en Nochebuena. Así, en los últimos días de 2017 salió del puerto el barco 'GNV Azzurra' (el 'Moby Dada', este conocido popularmente como el Piolín, lo hizo a mediados de noviembre).

Tras la conclusión de este refuerzo policial sin precedentes, que empezó el 21 de septiembre con la llegada de los barcos –el mismo día del registro a la sede de la conselleria de Economía–, el balance remite de entrada al 1 de octubre. Sus actuaciones en cientos de puntos de votación aquel día dejaron imágenes de cargas policiales que dieron la vuelta al mundo. 1.066 personas fueron atendidas por los Servicios de Emergencias Médicas (SEM) como consecuencia de las cargas, según la Generalitat, a lo que Interior respondió que también más de 400 agentes habían resultado heridos durante el operativo para cerrar colegios electorales. 

Además de la comparecencia en el Senado de Zoido el próximo 18 de enero, para dar cuenta del operativo, una investigación que podrá arrojar luz sobre lo sucedido aquella jornada es la del titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, que ha pedido a la Policía Nacional que identifique a los agentes que actuaron en la ciudad. El magistrado trata de dilucidar si los agentes fueron causantes de las lesiones de las 130 personas que denunciaron a la policía por su actuación en Barcelona, donde además una persona perdió la visión de un ojo por impacto de una bala de goma. Como este, hay otros 8 juzgados en Catalunya con similares diligencias abiertas, por denuncias a la policía por lesiones, aunque sin la misma envergadura.

Las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil recorrieron el 1-O pueblos y ciudades catalanas, tratando de cerrar puntos de votación de acuerdo con el mandato judicial, aunque a menudo se encontraron con la resistencia de cientos de ciudadanos. Al final del día, consiguieron clausurar 92 colegios electorales (de los 2.315 que había), mientras que los Mossos d'Esquadra hicieron lo propio con alrededor de 130, aunque en su caso sin incidentes puesto que se limitaron a actuar cuando no había gente en sus inmediaciones. 

Quien también ha tenido sobre su mesa un balance policial del 1-O ha sido la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ordenó que se impidiera la apertura de los colegios, Mercedes Armas. Esta jueza pidió un informe de los “incidentes” y de la coordinación entre policías que correspondió al mando único. Su responsable, Diego Pérez de los Cobos, le hizo llegar un documento en el que aseguró que “en ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes”, y cargó contra los Mossos por su “pasividad y nula colaboración”.

Rechazo a las puertas de los hoteles

La actuación policial generó de inmediato un amplio rechazo entre una parte importante de la sociedad catalana, que se plasmó en manifestaciones vecinales contra su presencia en los distintos hoteles en los que también se alojaron aquellas semanas. Una de las protestas más multitudinarias fue la de Calella, donde la noche antes agentes de paisano habían cargado en la calle contra vecinos del pueblo. La gente se concentró hasta altas horas de la madrugada frente al hotel y se pudo escuchar cómo algunos policías respondían desde el vestíbulo al grito de “que nos dejen actuar”. 

Hoteles de Calella, Figueres, Pineda de Mar o el Bruc fueron echando a los agentes los días posteriores al 1-O debido a la presión ciudadana, algo que provocó una reacción de indignación entre los sindicatos policiales y también en el Gobierno central, que tuvo que reubicarlos en algunos casos instalaciones militares. El ministro Zoido visitó aquellos días en dos ocasiones a los agentes desplazados, a los que quiso agradecer su tarea. Lo mismo hizo el líder del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, mientras que Ciudadanos pidió semanas después que se les condecorase con la Cruz al Mérito con Distintivo Blanco. 

Aquellas protestas comportaron consecuencias judiciales. Sin ir más lejos, la semana pasada los Mossos detuvieron a dos concejales de la CUP en Reus para llevarles a declarar por posible incitación al odio en un manifiesto contra la presencia policial en la localidad por el que está imputado también el alcalde. 

A la vista de la tensión desatada el 1-O, Interior decidió aplazar la marcha de los agentes en varias ocasiones, pero desde entonces sus actuaciones se fueron reduciendo significativamente. Hasta la conclusión de la Operación Copérnico se han limitado a reforzar la custodia de edificios institucionales, e incluso en las jornadas de mayor despliegue, como las huelgas del 3 de octubre y 8 de noviembre, el peso de la actuación recayó sobre los Mossos d'Esquadra.  

Quejas por a comida en los barcos

Son pocos los detalles se conocen sobre la Operación Copérnico –Mariano Rajoy se negó a informar de ellos por razones de seguridad–, y los que se han hecho públicos han tenido que ver a menudo con las quejas de los agentes. Es el caso de las quejas por las condiciones de salubridad de los que se alojaban en los barcos: por el tamaño de los camarotes, por la limpieza... o por la comida. Hasta el punto que Interior ordenó abrir una investigación sobre la cena de Nochebuena después de que los agentes lamentaran que fuera insuficiente para la fecha. 

Pese a que partidos como el PNV o el PDeCAT pidieron en el Congreso de los Diputados que la información sobre la Operación Copérnico deje de ser reservada, a día de hoy todavía se desconoce la cifra exacta y oficial de agentes movilizados, o el coste total de la operación (los policías percibieron entre 40 y 110 euros en concepto de dietas, al margen del alojamiento y la manutención). 

Al anunciar el fin del operativo, Zoido quiso agradecer a los agentes y a sus familias haber soportado “momentos muy complicados”. La “recuperación de la normalidad institucional y la convivencia” en Catalunya, afirmó, ya no justificaba la prolongación de esa presencia excepcional de policías en Catalunya. El ministro ponía fin así a más de 100 días de un operativo sin precedentes.