La Generalitat externaliza trámites urbanísticos para acelerar las licencias de construcción de vivienda

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este lunes su plan estrella para reducir al mínimo la burocracia en los trámites urbanísticos. Para reducir los cuellos de botella que padece la Administración, el Govern ha optado por externalizar algunos de los procesos que más se demoran, como la validación de las licencias de obras, con el objetivo de reducirlos de casi un año a solo un mes.

El ‘Anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental’ persigue agilizar la construcción de vivienda, con la promesa de los 50.000 pisos asequibles en 2030 de fondo, pero también facilitar proyectos empresariales e industriales que el Govern considera que se ven lastrados por la burocracia. Con una modificación de hasta 15 normas, para el Ejecutivo de Illa es la una de las regulaciones más ambiciosa del mandato.

El texto, que pasa a exposición pública hasta septiembre y se aprobará previsiblemente en diciembre, actúa sobre todo en tres trámites concretos, en todos ellos para rebajar el tiempo de espera para los promotores: las licencias de obras, los planeamientos urbanísticos y las autorizaciones ambientales. Desde el Govern advierten que no se recortan requisitos ni se relaja ninguna legislación, sino que simplemente se modifican los procedimientos administrativos para acortarlos.

Illa lo ha anunciado en un acto del Govern en la fábrica de Ebro, situada en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca. El president ha defendido que con este anteproyecto lo que están haciendo “es política de la buena, política útil”, así como aplicar “un cambio de mentalidad”.

De cara a las licencias de obras (ya sea para nueva edificación, rehabilitación o cambios de uso), el Govern quiere evitar que las carpetas se acumulen en la mesa de los técnicos municipales de los Ayuntamientos. Un trámite que por ley debería durar dos meses se alarga ahora nueve (la media del consistorio de Barcelona) o más de un año.

Para resolverlo, el anteproyecto de ley permite a los promotores aportar un certificado conforme cumple con todos los preceptos jurídicos y técnicos. Este documento podrá ser elaborado por una Entidad Colaboradora de Certificación del Ámbito Urbanístico (ECAU), empresas y entidades del sector autorizadas para ello. Desde el Departamento de Presidencia, responsables del plan, aseguran que estas entidades (despachos de arquitectos, urbanistas o ingenieros) estarán supervisadas y auditadas.

El Ayuntamiento, a través de la ordenanza municipal, podrá decidir si opera con la vía exprés o con la tradicional. Si es con la primera, el consistorio deberá otorgar la licencia en un mes. Y si es con la segunda, no podrá superar los dos meses que fija la ley. Si lo hace, se activará la vía rápida. Con lo cual, alegan desde el Govern, se acelerará sí o sí el trámite.

Una fórmula parecida, de externalización, se utilizará para otro proceso que el Govern tenía en el punto de mira: los planeamientos urbanísticos, que definen a qué usos se destina el suelo (industrial, urbano, etc). Hasta ahora, para aprobarlos había que pedir un informe “sectorial” a todos los departamentos afectados. Es decir, que para levantar un complejo industrial, hacía falta la validación desde ventanillas como medio ambiente, Protección Civil, la Agencia Catalana del Agua, equipamientos comerciales…

Ahora, con la nueva ley, de nuevo será el empresario el que podrá aportar estas certificaciones con profesionales acreditados de cada sector. Si la Administración no elabora los informes a tiempo, prevalecerán los redactados por el privado. Así, esperan rebajar de hasta doce meses a entre uno y dos los plazos para tirar adelante el planeamiento.

La simplificación llegará también a las autorizaciones ambientales. Cuestión sensible, el Govern insiste en que no se rebaja la exigencia en cuanto a la legislación ambiental. Pero sí suprime el trámite de “suficiencia e ideoneïdad”, que cambia por un modelo en el que el promotor ya deberá aportar toda la documentación necesaria. Y elimina el carácter “preceptivo y vinculante” del informe municipal.