El Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca vivió este viernes una breve crisis, en el seno de la Conselleria de Justicia, que dirige Nuria Martínez, a consecuencia del polémico recorte de cuatro de las cinco funcionarias de apoyo asignadas a la jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, tal como había desvelado elDiario.es. Si a media mañana el president Pérez Llorca negó que se haya “quitado medios al juzgado de Catarroja”, ante las críticas de la oposición, la situación cambió drásticamente pocas horas después con el auto dictado por la jueza instructora en el que la magistrada alertaba de que la “eliminación prácticamente total de medios personales” y la “insuficiencia de los medios materiales” iban a afectar “ineludiblemente” al procedimiento, que investiga los 230 presuntos homicidios imprudentes de la dana y mantiene como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La jueza reprochaba abiertamente en la resolución que la decisión de la Conselleria de Justicia suponía una “gran dilación” para la instrucción y recordaba que las cuatro funcionarias “cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025, por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo”.

Tras el auto, la Conselleria de Justicia aseguró en un comunicado a primera hora de la tarde que iba a garantizar la “continuidad de los recursos humanos” para el juzgado de la dana. A pesar de que la resolución, firmada el pasado 7 de abril por la directora general de Justicia, María José Adalid, aludía únicamente a la supresión de los 200 puestos de apoyo en los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal, la Conselleria de Justicia indicó este viernes que se convertirán en plazas estructurales.

Sin embargo, tal como destacaba la jueza Nuria Ruiz Tobarra, las cuatro funcionarias de apoyo que se le retiran el próximo 30 de junio están plenamente familiarizadas con la compleja causa, por lo que su pérdida supone un cierto quebradero de cabeza para la organización interna del juzgado de Catarroja, al que estaban asignadas desde el 26 de marzo de 2025.  

La Conselleria de Justicia se escudó en que la decisión fue “comunicada y trabajada” en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales, “manteniendo los canales de interlocución abiertos en todo momento”. Sin embargo, los aludidos arremetieron contra la resolución de la directora general de Justicia (reproducida al final de esta información). El sindicato CSIF, en un comunicado tras conocer la resolución, prevé un “colapso” provocado por la falta de personal en unos juzgados “ya de por sí saturados”. CSIF recuerda que los juzgados valencianos “lideran la tabla nacional en carga de trabajo”.

UGT pide una mesa de negociación

Por su parte, el sindicato UGT ha pedido a la consellera de Justicia que convoque “de manera inmediata y urgente” una mesa de negociación. El sindicato critica la “falta de transparencia” y lamenta que la resolución oculta información relativa a la antigüedad (la variable esgrimida para decidir la supresión de los refuerzos), “lo que impide verificar” su correcta aplicación.

En el caso de las cuatro funcionarias de apoyo en la causa de la dana, la antigüedad se remonta a hace poco más de un año, cuando se incorporaron al Palacio de Justicia de Catarroja. “La ausencia de dicha información impide a esta organización sindical ejercer adecuadamente sus funciones de control, vigilancia y participación en un proceso que incide directamente en la estructura de plantilla, la organización del trabajo y las condiciones laborales del personal”, indica el escrito remitido a la Conselleria de Justicia.

Una fuente sindical concluye con pesimismo: “Aquí se va a generar un caos que no te puedes ni imaginar”.

La denuncia por intento de soborno presentada por un comisario jubilado, testigo clave en el juicio pendiente por el acoso, las amenazas y agresiones a la doctora Elisa Pinto, no será investigada. Los jueces consideran que no hay delito en el ofrecimiento que recibió el comisario retirado Jaime Barrado por parte de otro mando jubilado, que le prometió 20.000 euros si se comprometía a no declarar contra Javier López Madrid, el empresario al que la Fiscalía pide 13 años de cárcel. Según el auto de la Sección Tercera, el intento de soborno no pasa de constituir “una propuesta poco ética” y no cabe abrir una causa judicial por ello.

Barrado grabó a Fernando Moré, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, ofreciéndole dinero de parte de López Madrid. El comisario jubilado presentó una denuncia ante la Guardia Civil con dos audios y varios intercambios de WhatsApp que retratan el intento de soborno. Sin embargo, la magistrada María del Coro Monreal apreció que no había delito en la maniobra. La Fiscalía recurrió en dos ocasiones y la Audiencia Provincial de Madrid ha dado finalmente la razón a la magistrada, cerrando la puerta a cualquier investigación.

Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consiguen dar carpetazo al asunto sin mencionar una sola vez al empresario Javier López Madrid, yerno del ya fallecido Juan Miguel Villar Mir. Y no le mencionan pese a que dan por hecho que el ofrecimiento se produjo y que su autor, el comisario jubilado Moré, asegura en las grabaciones que está concertado con López Madrid. 

“Esta propuesta responde a una actuación que puede considerarse poco ética, al no acudir directamente a una negociación con la abogada de la querellante como resultaría adecuado, y elegir, en cambio, una vía de acceso indirecta a través de una persona a la que se reconoce una potencial influencia derivada de su posición de especial autoridad y también de su estrecha relación con la investigación de los hechos. Pero esta conducta ciertamente censurable es atípica penalmente”, escriben los jueces de la Audiencia Provincial. 

Los magistrados de la segunda instancia optan por ignorar una parte de los hechos denunciados y documentados en dos atestados de la Guardia Civil. El comisario que ofreció el dinero, Fernando Moré, no solo pedía a Barrado que influyera en la doctora Pinto para que retirara la denuncia y el juicio no se celebrase, como exponen los jueces. También ponía sobre la mesa que Barrado no fuera a declarar al juicio. 

En una de las grabaciones, que publicó este medio, se puede oír a Moré indicando a Barrado lo que debe trasladar a Pinto y su abogada: “[Diles]: 'Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo, y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto'”.

La Fiscalía no comprende que la jueza haya dado carpetazo sin investigar. En su recurso ante la Audiencia Provincial, el representante del Ministerio Público alegó que “existen indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial, motivo por el cual el sobreseimiento libre de las actuaciones es precipitado”.

“Se ha intentado alterar un proceso judicial”

La Fiscalía recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogen unos supuestos para el sobreseimiento. “En el presente caso [afirma la Fiscalía] no se ha practicado diligencia de ningún tipo, siendo precipitado el sobreseimiento libre acordado”. La Fiscalía pedía que se tomara declaración al denunciante, Jaime Barrado. “Existen, por tanto, indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial”, razonó la Fiscalía sin éxito. 

En el archivo provisional de la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 34 había argumentado que el ex jefe de la UDEF, Fernando Moré, no contactó con Jaime Barrado para que “influyera” en Elisa Pinto sino únicamente para que hablara con la abogada de Pinto con el objeto de “intentar llegar a un acuerdo y quizás evitar el proceso”. Para que hubiera delito de obstrucción a la justicia, razonaba la jueza María del Coro Monreal, Moré debería haber pedido a Barrado que alterara su testimonio en el juicio. 

Jaime Barrado fue el policía que descubrió la presunta implicación del comisario Villarejo en el acoso a Elisa Pinto y organizó en 2015 una rueda de reconocimiento fotográfico donde la doctora identificó al policía como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014 mientras el agresor le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo y López Madrid se enfrentan a 13 años de cárcel en un juicio pendiente de celebrarse doce años después de los hechos. 

Las grabaciones y la denuncia del comisario jubilado están apoyados por dos atestados de la Guardia Civil en los que se recogen hechos que apuntan a la presunta comisión de los delitos de cohecho y/o contra la administración de Justicia. Los agentes llegaron a requisar las imágenes de la cafetería donde se produjo el intento de soborno, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. 

La jueza Monreal defendió que al estar ambos comisarios jubilados, tanto el que ofrece el soborno como el que lo rechaza, no puede haber un delito de cohecho a un funcionario público. La magistrada concluyó que tampoco se podía dar un delito de obstrucción a la justicia porque no hubo “empleo de violencia o intimidación”.

La Audiencia Nacional absolvió recientemente a López Madrid, a Villarejo y a un colaborador de este por el supuesto encargo del empresario al policía cuando este se encontraba en activo. El tribunal especializado no encontró pruebas suficientes del supuesto contrato entre el empresario y el comisario. Los hechos constitutivos del acoso –las amenazas, las coacciones y dos agresiones con arma blanca– serán juzgados en otra vista para la que todavía no hay fecha. La celebración se ha aplazado ya en tres ocasiones y puede que no tenga lugar hasta entrado 2027.

Centenares de personas han abarrotado este domingo desde primera hora los jardines de la Plaza de la Villa de París, antesala de la entrada principal de la sede del Tribunal Supremo, en una concentración improvisada en las últimas horas en defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado esta semana por el Supremo por un delito de revelación de secretos durante dos años.

Entre gritos de “¡Vergüenza, vergüenza!”, “¡Es inocente, es inocente!” o “¡Manos arriba, esto es un atraco!” una gran multitud de personas se han concentrado frente al Alto Tribunal, que ha sido el encargado de juzgar a García Ortiz y de emitir el fallo de una sentencia que por el momento no se ha hecho pública.

En algunos momentos los manifestantes han elevado el tono, llegando a pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o con cánticos como “¡Jueces, fascistas, son los terroristas!”; “golpistas con toga” o “esto es política, no justicia”.

Entre los participantes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien también fue inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.

En declaraciones a EFE, Garzón ha afirmado que la pena a García Ortiz es “injusta” y “arbitraria”. Ha criticado además que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos, algo que supone “una revictimización mayor” del fiscal y “un desasosiego” para el sistema democrático. La sentencia, ha añadido, no contribuye a que la gente normal y corriente como la que ha participado en la marcha confíen en la justicia. Personas que “quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo, comprensible, y en este caso no lo ha sido”, ha sentenciado el exjuez.

Al finalizar la concentración, uno de los participantes, Javier Álvarez, ha leído un comunicado en el que se señalaba: “Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa, con un valor crucial en el juicio, no hayan sido consideradas con la debida atención”. Según ha explicado después a EFE, aunque él cree que la justicia en España funciona “con cierta normalidad” y es una democracia “potente”, considera que en este caso el Tribunal Supremo ha actuado “con clara intención política”.

Entretanto, la asociación 'Defiéndete en derecho' ha hecho público un manifiesto, que ya han firmado miles de personas, en el que solicita “respetuosamente” la dimisión de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo. En su escrito, esta asociación describe una “reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales” de la Administración de Justicia y “una abusiva utilización de los tribunales” en cuestiones políticas.

Señalan además que les preocupa “la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del Parlamento” y que sienten una “sensación cívica de desprotección e impunidad ante evidentes excesos judiciales, aunque puntuales, con gran trascendencia pública”. Cuestionan además que la sentencia al fiscal general se haya publicitado “con una inusitada celeridad” y “sin estar redactado el contenido de la misma”, así como que se haya hecho un 20 de noviembre.

Junto a la concentración de este domingo en Madrid también se ha convocado a través de grupos de Whatsapp o redes sociales una concentración simultánea en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela frente a la sentencia del Supremo y en defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El magistrado Antonio Viejo, que fue decano de los Juzgados de Plaza de Castilla (2015-2018) y secretario general de la Administración de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, será el próximo titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, encargado del caso contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas. Viejo ha sido designado en un proceso reglado según el cual el penalista más antiguo de cuantos se presentan al cargo es automáticamente designado para él.

Antonio Viejo, madrileño de 65 años, está afiliado a la asociación conservadora Francisco de Vitoria y sustituirá a la magistrada Inmaculada Iglesias, quien se ha acogido a la jubilación voluntaria por motivos personales. Iglesias abandonará el Juzgado de Instrucción número 19 en fechas próximas. La elección de Viejo se produce dentro de un concurso que ofertaba más plazas pendientes de asignar por el Consejo General del Poder Judicial.

La asignación del juzgado a Antonio Viejo es provisional en tanto en cuanto debe pasar todavía por la comisión permanente del CGPJ, donde se pueden realizar alegaciones. Sin embargo, este tipo de nombramientos, en el proceso reglado por antigüedad, no suelen verse alterados.

Viejo ha sido durante más de tres décadas juez de instrucción y una buena parte de su trayectoria la ha pasado al frente del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, entre 1997 y 2014, muy cerca de la plaza que va a ocupar ahora. Se trata de un magistrado querido y respetado por sus compañeros, comentan en los juzgados locales, por su identificación con la carrera y la defensa de sus intereses.

Algunas voces vinculan esa característica de representación de sus compañeros al hecho de que aceptara la propuesta de Dolores Delgado para incorporarse al Ministerio de Justicia en un gobierno progresista, no por su sintonía ideológica con el mismo.

En el decanato cumplió con la tarea de “levantar las alfombras” del periodo de su antecesor, José Luis González Armengol, el decano al que los audios del comisario Villarejo sitúan maniobrando para salvar a Esperanza Aguirre de la investigación por el incidente que protagonizó con su vehículo, huida incluida de la Policía, por el centro de Madrid.

El magistrado Antonio Lorenzo ha tomado posesión este viernes de su nuevo cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Asturias y sus primeras palabras han sido para defender el actual sistema de acceso a la carrera judicial frente a otras reformas que “se quieren instalar por la puerta de atrás”, en referencia a la promovida por el Gobierno de España.

Así lo ha dicho el magistrado en su intervención ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en un solemne acto celebrado en Oviedo, al que han asistido, entre otros, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, entre otras autoridades.

También han tomado posesión Alejandro Cabaleiro como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA y Marta Huerta como magistrada de la Sala de Gobierno.

En su discurso de toma de posesión, Lorenzo se ha remontado 25 años para recordar su etapa estudiantil en su camino en la carrera judicial.

“Los jueces debemos tener voz”

Lorenzo ha dicho que las buenas relaciones son el “secreto del éxito”, en referencia a su paso por juzgados de Instancia de Llanes, Guetxo y Oviedo, y ha destacado la “enorme fortuna” que ha tenido en ese periodo de más de 15 años.

“Los jueces debemos tener voz”, ha sostenido ante la creación de los nuevos Tribunales de Instancia, y también ha subrayado que la Audiencia Provincial de Asturias se sitúa entre las más resolutivas del país, si bien necesita más medios y personal.

Lorenzo ha apuntado su “especial preocupación” ante la situación de los niños, que ha pedido protegerles, con medidas como los espacios Barnahus, y en el caso de las mujeres maltradas ha apostado por “no decaer en esfuerzos ni escatimar medios” para una justicia rápida.

Ha concluido con un agradecimiento a su familia y a su antecesor en el cargo, José Antonio Soto-Jove, su “tutor y maestro”, una figura sin la que “no se puede concebir” la justicia asturiana, en la que ha sido “una referencia”.

Chamorro: capacidad para coordinar

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, ha destacado que estos nombramientos suponen el cierre de nombramientos de cargos judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial, con una mención para Lorenzo, de quien ha destacado su capacidad para “coordinar” equipos humanos, además de ser “muy apreciado” por sus compañeros.

En el Principado los 158 jueces y magistrados que en la actualidad ejercen en Asturias son una “garantía”, ha dicho Chamorro en su intervención en el acto, en la que ha defendido crear “estudios oficiales específicos” para los funcionarios que acceden a la administración de justicia, como podría ser en la Formación Profesional.

Un programa piloto

También ha avanzado que Asturias va a ser sede de un programa piloto que el Consejo General del Poder Judicial va a poner en marcha sobre una nueva herramienta digital, con un foro de excelencia jurídica sobre protección de datos personales.

Respecto a los Tribunales de Instancia, el presidente del TSJA, tras la “adaptación” a la nueva realidad, espera afrontar “también con éxito” la segunda fase, que considera la “más compleja”, a la vez que urge al Gobierno autonómico a tener una “cooperación fructífera”, basada en el diálogo.

En cuanto a la concentración de los juzgados de violencia de género, Chamorro ha afirmado: “Yo personalmente he apostado por la concentración”.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha pedido reforzar las secciones de violencia de género con la creación de una sección especializada en Mérida, con carácter comarcal, y la ampliación de una plaza de magistrado en las de Badajoz y de Cáceres ante las nuevas competencias que asumirán.

Son algunas de las necesidades que la presidenta del alto tribunal extremeño, María Félix Tena, ha trasladado durante la presentación de la Memoria Judicial de 2024. En concreto, seha referido a la ley de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, que determina nuevas competencias para las secciones de violencia sobre la mujer y que supondrá asumir todos los delitos de violencia sexual, que incluyen las agresiones, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el acoso con fines sexuales, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzosos.

“Toda esa tipología delictiva pasará también a ser competencia de las secciones de violencia sobre la mujer”, ha subrayado Tena, para quien ello requiere “revisar las necesidades para que, de una forma razonable, pudieran asumir este aumento de competencias”.

Por ello, la Memoria de 2024 recoge la necesidad de reforzar las secciones de violencia de género en el ámbito judicial ante la asunción de nuevas competencias a partir del 9 de octubre.

Se resuelven más casos

El informe destaca, por contra, que se ha logrado reforzar la jurisdicción civil, que es la que mayor número de asuntos acumula, con la creación del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Badajoz y una plaza más de magistrado en la sección Civil de la Audiencia de Badajoz.

Tena ha destacado además la consolidación de proyectos “largamente demandados” como la implementación del nuevo modelo de oficina judicial en Badajoz y la separación de jurisdicciones en Cáceres, que ha permitido prestar el servicio público de justicia “en unas mejores condiciones para el ciudadano, aumentando la capacidad de resolución de los tribunales extremeños un 24,8% con respecto a 2023”. En total se resolvieron 134.441 asuntos, según los datos aportados por Tena en la presentación.

También ha destacado que esta medida ha permitido “descongestionar” una de las jurisdicciones que acumula más asuntos con un total de 66.274 asuntos en 2024, lo que equivale a un incremento del 25,2% respecto al año anterior. Los asuntos resueltos sumaron 62.484, un 41,3% más que en 2023.

Además, continúa la tendencia de incremento de número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, alcanzando la cifra de 138.232; un 12,8% más de nuevos asuntos que el año anterior. Los que quedaron en trámite a 31 de diciembre se cifraron en 67.003, lo que representa un incremento del 6,5%.

En cuanto a medios materiales se refiere, ha incidido en la necesidad “imperiosa” de ampliación del palacio de Justicia de Cáceres. Según ha recordado, el año pasado se terminó el proyecto, ya se cuenta con la licencia urbanística y ha salido a concurso las obras.

Otras necesidades que se recogen en la memoria son la creación de una Sección Mercantil en el Tribunal de Instancia de Cáceres, de una plaza de magistrado en la Sección Civil de la Audiencia de Badajoz y de otra en la Sección Civil de la Audiencia cacereña.

Jesús Arteaga (Madrid, 1964) no es de esas personas que cuando asume una responsabilidad se estrena con un improvisado discurso de lugares comunes. Todo lo contrario: tiene un proyecto en la cabeza, sabe a dónde se dirige y ha entrado con decisión y firmeza en su nuevo cargo. El día que tomó posesión como fiscal general de Cantabria hizo un discurso con personalidad propia, una reivindicación de la independencia y la autonomía fiscal.

Junto a él estaban ese día Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y Carlos Granados, fiscal jefe en los años 90, que actuó de padrino. Con él, que creó la Fiscalía de delitos económicos de corrupción, dio sus primeros pasos profesionales. Parece haberle contagiado de inspiración. Seis meses después de su llegada ha reorganizado el servicio que llevaba once años estático. Presidente hasta hace poco de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) defiende que los fiscales asuman mayor protagonismo y dirijan la investigación de las causas penales para, a su vez, dar más independencia a los jueces.

Su llegada a la Fiscalía cántabra coincide con una reorganización de las áreas de trabajo. ¿Era un asunto pendiente?

El Estatuto nos da a los jefes la posibilidad de organizar el servicio y había que actualizar algunas cosas porque las necesidades van cambiando y los compañeros llevaban once años sin poder hacer un cambio. Siempre conviene, cada cierto tiempo, y no se había hecho un cambio estructural grande y no había habido posibilidad de cambiar de especialidad.

¿Es suficiente la plantilla de la Fiscalía?

En el equipo de la Fiscalía somos 32 fiscales y con el próximo concurso sumaremos 33. No habrá jefe que diga que es suficiente porque nunca lo son. Ni los juzgados son suficientes, siempre es mejor poder hacer las cosas con un poco más de pausa y más calidad. Ahora se está notando mucho. Nosotros tenemos un sistema de reparto por semanas y hay muchos días que coinciden señalamientos y hay que buscar compañeros extras para completar esos turnos.

¿Necesita la Fiscalía estar más al tanto de la calle para actuar de oficio en algunas cuestiones actuales?

Creo que estamos bastante en contacto con la calle. Siempre es bueno y se puede mejorar, pero está bastante cubierto porque al margen de los cauces fundamentales como la policía o el propio juzgado tenemos las diligencias de investigación, la posibilidad de hacer denuncias. Tampoco conviene que los fiscales seamos demasiado intensos. Por ejemplo, quizá hay algunas cuestiones que es mejor dejar en la voluntad de la persona ofendida, no tan graves o relativas, lo cual no significa que si vienen aquí no les vayamos a escuchar. Todo lo contrario, les vamos a escuchar: es nuestra obligación y devoción, pero a veces llegan cosas que no son de nuestra competencia y se lo explicamos amablemente.

La pregunta venía al hilo de lo sucedido con la petición de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática al Ayuntamiento de Santander para que cumpla su propio acuerdo, tomado en Pleno, para eliminar los nombres de las calles con denominaciones franquistas. ¿La Fiscalía podría haber actuado de oficio antes para hacer que el Consistorio cumpliese la Ley de Memoria?

Hay que tener un poco de tacto porque se puede tomar como una injerencia política. No es nuestra intención. Nuestra intención es hacer cumplir la Ley. En este caso es una Ley de Memoria Democrática que está fuera de las competencias habituales jurisdiccionales, para que nos entendamos, que hacen los juzgados y los fiscales. Es una Ley que posibilita y legitima el Ministerio Fiscal, con lo cual no solo es un derecho, sino que también es un deber. En este caso, han acudido a nosotros asociaciones memorialistas con una demanda seria que han hablado con el fiscal y lo han articulado, como en el caso particular de un hombre condenado injustamente a cadena perpetua durante la dictadura. Son procedimientos que no son jurisdiccionales, no hay una contienda especial contra nadie. Pero está dentro de la Ley, nuestra intención no es política. Ni puede serlo, además.

En su discurso de toma de posesión reivindicó la independencia de los fiscales. ¿Cree que está en cuestión en el contexto actual?

Por ordenarlo claramente: los que tienen que tener independencia son los jueces y los tribunales. Para nosotros los fiscales la palabra es autonomía. Está muy cerca de independencia. No es sinónimo, pero es cercana. En mi discurso yo reivindicaba esa independencia o autonomía sobre todo de la Fiscalía General, que no es lo mismo que la autonomía de cada fiscal porque tenemos instrumentos en nuestro Estatuto para oponernos, si fuera el caso, a una orden injusta o que nos parece incorrecta de un jefe o del fiscal general. Independencia, autonomía y respeto. Ese conjunto de tres sustantivos es el que quizá se detecta últimamente que no hay tanto con la Fiscalía General y con la figura del fiscal general.

Los que tienen que tener independencia son los jueces y los tribunales. Para nosotros los fiscales la palabra es autonomía. Está muy cerca de independencia. No es sinónimo, pero es cercana

Y con respecto a la independencia de los jueces, ¿cree que existe el lawfare en España?

Yo creo que existe. A lo mejor no tanto como cada vez que se dice. Tampoco creo que, en general, haya una intención de una persecución injusta en el ámbito judicial. En algún caso concreto la ha habido: un juez ha pasado por la cárcel por el caso de Victoria Rosell, por ejemplo. No califico nada que no esté ya resuelto. Los jueces hacen una instrucción y tratan de cumplir su trabajo fielmente pero no están solos, no están fuera del mundo, no están fuera de la sociedad, no están fuera de las presiones, de gente que interesadamente no les cuenta toda la verdad, y ellos tienen que tratar de discernir esa verdad. Entonces puede haber ese lawfare que, insisto, no creo que sea intencionado en términos generales.

En cualquier caso, ¿ha perdido prestigo la justicia entre los ciudadanos?

Sabemos que hoy en día la sociedad está crispada y probablemente demasiado polarizada. En una democracia es bueno que haya distintas posturas, pero a veces el balance o equilibrio que tiene que haber en una sociedad se va demasiado a los extremos y de una forma no respetuosa. No hablo solo de insultos o graves manifestaciones, sino de no de respetar la capacidad de discusión que tenemos entre nosotros. Hay mucha gente a la que le da miedo discutir de política, y es algo que, como discutir de fútbol, se debe hacer. Con respeto, y el respeto no solamente es no insultar a nadie, sino dejarle a hablar y escuchar. Eso es lo que nos falta. Quizá eso acaba llegando a los tribunales.

Pasar de cuatro a cinco años de mandato es una forma de dar independencia a esa figura y a la Fiscalía General. La intención seguramente es buena, otra cosa es que se consiga. Pero yo creo que los fiscales generales tienen capacidad de autonomía

¿Cómo interpreta que el Gobierno nombre al fiscal general del Estado y la modificación prevista para alargar su mandato y que coincida con las legislaturas?

El Gobierno tiene que elegir al fiscal general porque lo pone la Constitución. Si no hay una reforma constitucional no hay otra cosa que hacer. La asociación a la que pertenezco, la Unión Progresista de Fiscales, defiende el fiscal parlamentario, elegido por el Parlamento. Pero eso es una petición, un deseo, una opinión. A partir de ahí la reforma que se ha hecho busca que solucionemos de una vez por todas que se critique al fiscal general por seguir órdenes del Gobierno. Al fiscal general, ni a este ni a los anteriores, no le llegan órdenes del Gobierno, ni mucho menos diarias. Otra cosa es que si la Constitución dice que el Gobierno le nombra, le interesa nombrar a una persona cualificada –como lo es el actual fiscal general– y más afín a sus planteamientos que en contra. Eso es de lógica. No le podemos pedir a nadie que vaya contra sí mismo. Pasar de cuatro a cinco años de mandato es una forma de dar independencia a esa figura y a la Fiscalía General. La intención seguramente es buena, otra cosa es que se consiga. Pero yo creo que los fiscales generales tienen capacidad de autonomía.

Ahora está en cuestión la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué opinión le merece el registro de su despacho o de su móvil?

Se pueden opinar dos cosas y las dos son acertadas. Si dentro de la instrucción el instructor creía que era necesario, pues había que hacerlo, lo que pasa es que parece ser que los frutos no han sido muy positivos en cuanto a lo que parecía que se esperaba encontrar. Por otro lado, creo que no hay nadie que pueda estar fuera de la ley, ni siquiera el rey, y, por tanto, que no pueda ser perseguido por la acción de la justicia. El fiscal general tampoco. Pero sí hay que tratar de guardar la alta importancia de la figura constitucional del fiscal general. A la mayoría de los fiscales nos pareció una medida demasiado fuerte. Insisto, con eso no quiero decir que fuera mal hecho o fuera ilegal y, si se tiene que decir en algún momento, lo dirá un tribunal superior.

El investigar el contenido del teléfono de un periodista tiene que ser por una causa muy justificada y con una proporcionalidad muy trabajada

Al hilo de esta cuestión, en el caso de los periodistas que también tienen protegido el secreto de sus fuentes informativas, hemos visto que a algunos compañeros se les han requerido sus teléfonos móviles. ¿Cómo interpreta usted esto?

Efectivamente, es una colisión con el derecho a la información muy complicada y muy compleja. En general, en cualquier instrucción penal existe el principio de proporcionalidad. Es decir, vamos viendo que hay casos en los que se adopta una prisión provisional o medidas restrictivas de derechos. Detrás de esa decisión siempre tiene que haber un delito, pero no cualquier delito. No podemos meter en prisión provisional, ni adoptar medidas restrictivas de derechos por un delito leve. Necesitamos que haya una proporcionalidad entre la necesidad y la importancia de ese delito que se está investigando y la restricción de un derecho fundamental. El investigar el contenido del teléfono de un periodista tiene que ser por una causa muy justificada y con una proporcionalidad muy trabajada. Es lo que tenemos que exigir en todas las instrucciones y en este caso concreto hay que buscar la proporcionalidad. No es pedir alguno que esté señalando la investigación con una preeminente intervención en un posible delito. Pedir tantos teléfonos resulta raro.

¿Deberían investigarse de oficio la publicación de las conversaciones personales de WhatsApp del presidente del Gobierno?

Puede ser una revelación de secretos. Ese delito no es tan grave como otros, pero tampoco es despreciable. Vuelvo a lo que decía antes sobre el fiscal general y la importancia de la figura constitucional: en el presidente del Gobierno más aún. Yo sé que esto está dentro de la lucha política. Evidentemente todos los sabemos. Lo que sí es verdad es que quizá debería investigarse y quizá de oficio, pero en eso me estoy metiendo en un ámbito que no es de mi competencia, es mi opinión personal.

Usted se ha mostrado partidario de que los fiscales asuman mayor protagonismo y dirijan la investigación de las causas penales. ¿Con qué finalidad?

Eso ocurre en todos los países occidentales. En España, que somos un país muy democrático y con un alto grado de derecho, son de las pocas estructuras que nos faltan por desarrollar en el siglo XXI, por decirlo así. En el año 1988 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia para modificar un procedimiento que existía en el ámbito penal que facultaba dictar sentencia a los jueces que habían instruido cuando se trataba de delitos no muy graves. Con mucho acierto, el Constitucional dijo: esto hay que separarlo, porque el estado de derecho exige que haya jueces que instruyan –nosotros pedimos que sean fiscales– y jueces que sentencien. Si la investigación o instrucción de los procedimientos se pasa a los fiscales, que también somos funcionarios públicos y tenemos igual preparación que los jueces, separamos aún más de la judicatura este proceso y la dejamos solo con lo que tiene que hacer, que es juzgar y hacer ejecutar las sentencias. Al final siempre es bueno que haya una separación. Cualquier persona que esté implicada en un trabajo tiene siempre un pensamiento íntimo particular que no es que sea malo, pero si nos puede hacer llegar a conclusiones no completamente imparciales. Siempre es una garantía más del estado de derecho.

Las últimas cifras dicen que en Cantabria desciende la criminalidad y ascienden los ciberdelitos. La Fiscalía de Cantabria tiene que ver muchos casos vinculados con pornografia, abusos a menores, violencia... ¿dejan huella en los profesionales que tienen que abordar estos contenidos?

Es así. Afortunadamente, no hay muchos casos en los tribunales de Cantabria de pederastia, de pornografía infantil, que es la peor. Pero los hay y evidentemente los dos compañeros que se ocupan especialmente de esta parte, me lo ha dicho personalmente el coordinador, son imágenes duras que no le gusta nada ver y trata de ver lo mínimo necesario para calificar el hecho, porque lo que no puede es calificar sin mirar. Es parte del trabajo. Pero estoy convencido de que un ciudadano normal lo vería horripilante y sufriría. Además, son asuntos muy complicados en los que puede estar implicada mucha gente, incluso organizaciones criminales.

Hay chicas en Cantabria que ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad y ya tienen medidas de protección. ¿Aumentan los casos de acoso escolar o de violencia de género entre menores?

Es un aumento relativo. En números no es muy cuantioso, afortunadamente es un aumento suave. Es un fenómeno en todo el país, parece que hay un aumento de la violencia en los delitos, no solo de violencia física sino moral, verbal, de humillar al contrario –o a la mujer en casos de violencia de género–. Soy de una generación a la que ya queda lejos la niñez, pero siempre pensamos que era una pelea más de nuestra época, y que lo lógico es ir mejorando, que cada vez ocurra menos. No parece que sea así del todo, hay como una segunda oleada, una revitalización de estas conductas. La violencia de género entre los menores no baja, como pensamos que debería ser por la educación, entre otros factores. No es como hace 40 años. Hay más denuncias y más conciencia, pero hay un porcentaje demasiado alto. Generacionalmente yo ya no entiendo que en generaciones jóvenes que han tenido otro tipo de educación, que han crecido en democracia, todavía haya demasiados casos.

Hace poco se hizo polémico el caso del video en el que agredían a un alumno en silla de ruedas en el IES Torres Quevedo de Santander. ¿Por qué la Fiscalía de Menores tardó en reaccionar y pedir que separasen a la víctima de clase para alejarla de sus presuntos agresores?

La denuncia es posterior, se puso después de hacerse público el caso. De hecho, ya se habían cumplido los días de sanción que les impuso Educación. Puede ser que hayamos sido lentos, pero necesitamos nuestros tiempos y la colaboración de las familias para intervenir en el procedimiento. Hay que llamarles. Creo que hubo demasiada confusión. El cauce habitual suele ser que se denuncie primero. Quizá Educación pensó que lo podría controlar mejor.

Desde algunas instituciones públicas se insiste reiteradamente en el aumento de los casos de ocupación de viviendas. ¿Visto desde el ámbito judicial hay motivos para la alarma?

En Cantabria no hay una especial preocupación numérica, ni cualitativa. Aunque esto no se le puede decir a la persona que ha tenido una ocupación porque dirá que, evidentemente, para ella ha sido muy importante. Quien tenga un caso concreto lo ha sufrido, lo pasa muy mal y a veces tiene unas secuelas con estrés postraumático. Ahora, no hay una alarma especial. Hay que ocuparse de todos los delitos y hay que tratar de devolver la propiedad al propietario en todos los casos. Es más urgente, o más importante, desde el punto de vista social, que se devuelva a aquellos que son particulares, que algunos casos hay. Pero los casos de ocupación de viviendas de particulares son muy pocos en Cantabria. Alguno más si sumamos los pisos de la Sareb o de algún banco. No digo que estos casos no hagan mal a la propiedad, pero se hace un mal directo que afecte a las personas. Por otro lado está el problema de la vivienda, que no justifica que alguien ocupe un inmueble, pero hay que mirar cada caso. Una familia con tres niños pequeños sin ninguna posibilidad está ocupando una casa –no digo que no haya que buscar una solución– pero se puede tolerar un poco más que otras circunstancias en las que a lo mejor simplemente entran en una casa a vivir por cuenta de los demás.

Los casos de ocupación de viviendas de particulares son muy pocos en Cantabria

Cuando tomó posesión como fiscal jefe se mostró partidario de crear un equipo de fiscales anticorrupción para combatir a los abogados defensores “de alta calidad”. ¿A qué se refería?

Me explico. No se puede crear un grupo porque no se pueden traer más fiscales a Cantabria. Ojalá se pudiera. Quise decir que a mi juicio no existía ese grupo como yo consideraba que debía ser en una Fiscalía y que, dentro de las posibilidades que tenemos, orientar más al grupo hacia esos delitos. La razón era que no solo nos vamos a tener que enfrentar a abogados defensores de todo tipo, que los de aquí lo hacen fenomenal, incluidos los del turno de oficio, que están más preparados porque están más especializados. Es lo que ya se busca desde hace muchos años, que los fiscales nos especialicemos para poder dar respuesta en todos los casos, también en los que nos encontremos abogados especializados.

“La crítica no puede comportar la falta de respeto a las decisiones judiciales”. La nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha defendido la labor de los jueces tras las críticas y descalificaciones (algunas de ellas matizadas, como la realizada por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero) que siguieron a la absolución de Dani Alves.

En su discurso de toma de posesión como presidenta del TSJC, sin mencionar explícitamente el caso de Alves, Caso sí ha reclamado “respeto” a las decisiones judiciales. Tras recalcar que la judicatura sí acepta la crítica “honesta y objetiva”, Caso ha advertido que no se pueden traspasar lineas rojas: “Sin respeto se debilita el Estado de Derecho y las instituciones que lo protegen”.

Las magistradas progresistas que integraban el tribunal que absolvió a Alves han escuchado a Caso desde las primeras filas del Palacio de Justicia de Barcelona.

“Nuestras decisiones a veces son difíciles de entender y de compartir, pero el derecho es un instrumento técnico que tiene reglas complejas y un sistema de recursos que garantiza la revisión de nuestras decisiones”, ha aseverado Caso, que ha insistido en que a los jueces y juezas les importan “las personas que hay detrás de los conflictos”. “Nos duelen sus desvelos y esperas”, ha agregado.

Con la toma de posesión de Caso, asociada a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el TSJC estará liderado por primera vez por una jueza progresista. El cargo estaba caducado desde el año 2021: Jesús María Barrientos, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, fue elegido en 2016 por un Consejo de mayoría conservadora que impidió que renovara su mandato el hasta entonces presidente, el progresista Miguel Ángel Gimeno.

La flamante presidenta del TSJC ha confesado su “orgullo” por ser la segunda mujer que ocupa la presidencia de la institución, después de la magistrada Maria Eugènia Alegret, quien “rompió el techo de cristal” y “abrió camino” al hacer creer al resto de juezas que ostentar la máxima responsabilidad en la justicia de Catalunya “era posible”.

Nacida en Barcelona en 1964, Caso fue jueza decana de Barcelona entre los años 2013 y 2021. Accedió a la carrera judicial en 1989, como titular del juzgado mixto número 1 de Vilafranca del Penedès, y en 1992 ascendió a la categoría de magistrada.

Posteriormente, ejerció en los juzgados mixto número 6 de Mataró (Maresme), penal 12 de Barcelona y primera instancia número 19 de Barcelona, especializado en temas de familia. Entre 2007 y 2012, formó parte del equipo de profesores de la Escuela Judicial.

Caso, hasta ahora magistrada de la sección 12ª de la Audiencia de Barcelona y especialista en derecho civil, asume las riendas del TSJC cuando se han normalizado las relaciones entre la judicatura y el Govern tras los desencuentros generados por el procés. En la ceremonia de este lunes su madrina ha sido la magistrada de la Audiencia de Barcelona Montserrat Comas d'Argemir.

Muestra de ello ha sido la numerosa presencia de autoridades en el acto solemne de toma de posesión de Caso. Al acto han acudido el president de la Generalitat, Salvador Illa; y los consellers de Justicia e Interior, Ramon Espadaler y Núria Parlon. También ha asistido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

“Trabajaré para una Justicia que coloqué a las personas en el centro”, ha prometido Caso, que ha situado como otros retos de su mandato el despliegue de la nueva ley de eficiencia, la mejora en el uso del catalán en la Justicia y la “transformación” y mejora de la administración de Justicia. Caso ha reivindicado “cargas de trabajo saludables” para los jueces, y se ha propuesto que sus compañeros de carrera puedan volver a decir que trabajan “porque creen en la Justicia”.

Caso ha recordado en su discurso el “mundo convulso” donde vivimos actualmente, en el que “las reglas de convivencia que nos parecían incuestionables son puestas en duda”, y ha reivindicado “más que nunca” el Estado de Derecho y lo que comporta: “Cuando la oscuridad nos envuelve, hay que encender la luz, y la luz es la defensa de los derechos fundamentales de todos los seres humanos”.

“Hoy más que nunca, en un mundo en el que los derechos tan dolorosamente conseguidos parecen ignorarse impunemente, renovemos con vehemencia, con inquebrantable convicción, nuestra defensa del Estado de Derecho”, ha agregado.

Félix Bolaños, Ministro de Justicia, ha celebrado que el Gobierno y las autoridades eclesiásticas hayan llegado a un acuerdo para que el Valle de Cuelgamuros y su basílica dejen de constituir un homenaje al dictador Francisco Franco. “Es una gran noticia para la democracia española que Gobierno e Iglesia vayan a trabajar de la mano para resignificar un monumento de homenaje al dictador y que lo va a ser a la democracia y la memoria”. El Ministro de Justicia ha intervenido antes de la cuarta mesa de esta V edición del foro “Fondos Europeos” organizado por elDiario.es: “Industria aeroespacial, un sector estratégico para el futuro”.

El titular de la cartera de Justicia ha comparecido en el foto de elDiario.es pocas horas después de que la Justicia haya dado luz verde a las exhumaciones de víctimas de las criptas del Valle, y después de que el ejecutivo haya alcanzado un pacto con el Vaticano para resignificar el monumento.

“Cincuenta años desde que murió el dictador, ya va siendo hora de que podamos resignificar lo que fue un mausoleo de homenaje, y que lo hagamos de la mano de la Iglesia y como democracia avanzada. No queremos ningún vestigio del franquismo, mirar al futuro y homenajear a nuestra democracia y los valores constitucionales”, ha afirmado en una conversación con la periodista Elena Herrera.

El ministro ha celebrado también las reformas legislativas relacionadas con la Justicia que han entrado en vigor mientras otras están en fase de preparación. “Estamos llevando a cabo la mayor transformación de la Justicia en décadas, sin ninguna duda. No es un discurso, hemos aprobado las tres leyes de eficiencia que llevaban años trabajándose en el Ministerio y hemos renovado el CGPJ. El 2024 ha sido un año extraordinario, un paso de gigante”.

El objetivo, ha explicado, es tener una Justicia más eficiente y ha citado el expediente digital: “Hace que de manera sencilla, con un click, el procedimiento que estaba en la Audiencia Provincial puede estar en el Supremo”. Ha revelado que, hasta la fecha, “se han trasladado miles de expedientes electrónicos para que resuelva recursos el Supremo”.

Ha destacado también Bolaños la importancia de los nuevos tribunales de instancia en la distribución de la carga de trabajo y la creación de las oficinas judiciales municipales. Sobre lo primero, afirma que con el mismo dinero “se pueden contratar entre seis y siete jueces para que trabajen en un tribunal de instancia, ya no será necesario que tengan un juzgado, tendrán la oficina. Con el mismo dinero vamos a poder multiplicar por cinco, seis o siete los jueces para dar un mejor servicio a la ciudadanía”.

El objetivo también es que cualquier ciudadano pueda consultar telemáticamente los procesos judiciales que tengan en marcha. “Que alguien que viva en un pueblo pequeñito pueda ir a la oficina municipal y que cualquiera de los que estamos aquí pueda, en su casa y con un click, saber cuáles son los procedimientos judiciales que tiene abiertos”.

El ministro ha defendido la reforma impulsada por el PSOE para reformar la figura de la acusación popular y limitar el acceso de partidos políticos y organizaciones ultras: “Opino lo mismo que el Supremo y el Constitucional: hay que regularla. Es una figura que solo existe en España y sería bueno que tomáramos conciencia de los abusos que están produciendo las organizaciones ultraderechistas con la acusación popular para perseguir a personas honestas que son progresistas”, ha dicho.

La reforma, afirma, no está pensada para provocar el archivo de causas judiciales que afectan al entorno del Presidente del Gobierno. “Es un argumento de mucha brocha gorda, no afecta. Las investigaciones que están en curso ya no lo estarán en esa fase, ya habrán concluido, yo agradecería argumentos de un poco más de nivel, porque este se deshace en una línea”.

Las becas para opositores: “Nos hace mejores como país”

Otra de las reformas presentadas por el ministro en el evento ha sido las becas para los opositores que aspiran a entrar en la carrera judicial y fiscal junto con un centro de preparación público. “Nos hace mejores como país. De media se necesitan entre cuatro y cinco años y el 95% de las personas que la sacan han contado con el apoyo económico de sus padres. ¿Qué pasa con quien no tiene unos padres que le apoyen? ¿Cuánto talento se está perdiendo en España porque personas de familias humildes no pueden sacar la oposición?”.

El objetivo, ha dicho Bolaños, es que un opositor “solo se tenga que preocupar por su esfuerzo y su talento, de la capacidad económica se preocupa el Estado”. Se ha mostrado “satisfecho” con el informe del Consejo del Poder Judicial que, en líneas generales, avala la norma, y ha anunciado que el ejecutivo solicitará también un dictamen del Consejo de Estado. “Queremos que se apruebe y escucharemos a todos los actores relevantes para mejorar y modernizar la administración de Justicia”.

El Defensor del Pueblo, la institución dirigida por Ángel Gabilondo, tramitó en 2024 un total de 34.629 expedientes, sobre todo con problemas de los ciudadanos relacionados con la Vivienda, la Sanidad, la administración de Justicia, el funcionamiento de la Seguridad Social o la Función Pública. Gabilondo ha reclamado en la presentación del informe una administración “más ágil y eficaz” que pueda dar respuesta a estas quejas. De esos casi 35.000 expedientes tramitados solo 2.501 dieron lugar a resoluciones de las diferentes administraciones.

El informe, que esta tarde se presentará también en el Senado, divide sus diferentes actuaciones por capítulos como lo referente al funcionamiento de la Seguridad Social. El informe señala que ha recibido multitud de quejas de ciudadanos “obligados a reintegrar” prestaciones sociales que han cobrado de forma indebida por errores de la propia administración, que “abocan a una situación insostenible a muchos afectados”. El informe también señala que se han recibido quejas sobre la dificultad de tramitar multitud de prestaciones y las dificultades que para algunos colectivos tiene el sistema de cita previa.

En el apartado de problemas con el funcionamiento de la administración se incluyen también problemas en la valoración de la discapacidad, siendo “muy alto” el número de quejas recibidas, la demora en resolver las solicitudes relacionadas con las ayudas a la Dependencia.

El informe dedica uno de sus apartados a la Sanidad, donde señala que se han recibido muchas quejas por el funcionamiento de los centros de atención primaria, con problemas para la cobertura de las vacantes de los médicos y provocan que haya pacientes sin médico asignado, señala el informe. Las quejas también versan sobre las dificultades para llamar por teléfono a estos centros y las trabas que imponen los nuevos sistemas telemáticos de cita.

También en lo referente a Sanidad, el Defensor del Pueblo pide una estrategia nacional de cribado sobre cáncer de mama que establezca unos criterios comunes de aplicación, así como ampliar las edades de mujeres a las que se les realice pruebas de detención temprana. El informe también señala la necesidad, trasladada por los ciudadanos, de que no hay recursos suficientes para atender a la salud mental de jóvenes y adolescentes.

Sobre vivienda, el informe pide “aumentar significativamente el número de viviendas públicas destinadas al alquiler, hasta aproximarse a la media europea”, con medidas específicas de protección para que no sean vendidas. Además reclama más agilidad en la adjudicación de esas viviendas y señala fallos de funcionamiento en el Plan Vive de la Comunidad de Madrid y en el registro de solicitantes de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. También incide el informe en el retraso en conceder el bono joven de alquiler y en general en la demora de las ayudas autonómicas, con especiales críticas a Asturias, Andalucía y Madrid. En el capítulo de desahucios, el informe señala que sus actuaciones se han elevado de 60 a 104 y que las familias tienen poca información sobre “recursos y servicios de su localidad a los que pueden acudir”.

En lo referente a Educación, Gabilondo señala en su informe que ha recibido multitud de quejas por los procesos de admisión en Infantil y Secundaria, falta de centros por el aumento de la población (especialmente en Andalucía, Murcia y Madrid) o falta de profesorado. También se alerta de las quejas por acoso escolar, y denuncia la falta de protocolos que actúen de manera preventiva o que no se apliquen medidas “reeducativas”a los acosadores.

La violencia económica contra las mujeres

La institución que dirige Gabilondo recuerda en su informe que ha hecho diversas recomendaciones al Ministerio del Interior para la protección de las víctimas de violencia de género, en especial sobre violencia vicaria, y señala que se acumulan las quejas porque no se ejecutan las sentencias en este ámbito, como las referidas a los impagos de la pensión alimenticia.

El informe pone de hecho la lupa en la violencia económica, ahora reconocida en el nuevo Pacto de Estado y en la violencia sufrida por la mujeres mayores. “Una violencia socializada y normalizada”, dice el informe, hacia víctimas que cuando denuncian se encuentran con “servicios y políticas públicas no adaptados a su realidad”, por lo que recoge varias recomendaciones en este sentido par agilizar los procesos de concesión de ayudas.

El informe alerta también sobre la gran cantidad de quejas recibidas por la usurpación de identidad para cometer fraudes, que derivan en procedimientos judiciales que atascan los tribunales y que en la mayoría de las ocasiones acaban en nada por la imposibilidad de localizar a los autores del fraude. La institución pide más información a los ciudadanos sobre la gestión de sus datos personales.

En el apartado de migraciones, Gabilondo alerta en su informe del alto número de personas desaparecidas en sus intentos de llegar a España y reclama protocolos comunes en todos los territorios para la gestión de los cadáveres, así como peticiones para que se mejoren los sistemas de acceso a la protección internacional de los migrantes que llegan.

Los problemas de empleo público

El informe dedica un extenso apartado a los problemas en Función Pública, como las altas tasas de temporalidad, las deficiencias en las ofertas públicas de empleo o los problemas por “el lento desarrollo de los procesos selectivos”. El documento señala también dificultades en los procesos de promoción interna y concursos de traslados o en las valoraciones de méritos cuando se opta a las plazas. “Parece que en determinadas administraciones y sectores de actividad el impacto de los planes de estabilización puede no haber sido suficiente”, concluye.

El informe incluye más apartados, como los retrasos en aplicar las Zonas de Bajas Emisiones en multitud de municipios, las quejas por el funcionamiento de Cercanías (especialmente en Madrid y Barcelona), la regulación de los préstamos rápidos y microcréditos o los problemas de convivencia derivados de las viviendas turísticas.

Acuerdo entre el Gobierno de La Rioja y los sindicatos UGT y CSIF en la Mesa Sectorial de Justicia. Acuerdo que se traduce en el aumento de 14 nuevas plazas en el ámbito de la Administración de Justicia: dos nuevas plazas y otras doce que se convierten en estructurales. En total las plazas llegan hasta las 330.

En la Mesa Sectorial de Justicia de este miércoles se ha acordado la determinación de las relaciones de puestos de trabajo en las Oficinas Judiciales, Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios y Oficinas Generales del Registro Civil en la Comunidad Autónoma de La Rioja con el objetivo de mejorar el servicio de cara a la implantación de la Oficina Judicial y los Tribunales de Instancia.

Estas novedades, recogidas en la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, suponen una “revolución en el ámbito judicial” dicen desde el Ejecutivo regional que “pretenden dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad, de manera que la Justicia se perciba por la ciudadanía como algo propio, eficaz y cercano, propiciando e impulsando su participación en el sistema”.

De este modo, se aprueba un nuevo modelo organizativo donde los Tribunales de Instancia vienen a sustituir a los tradicionales Juzgados, tal y como hoy los conocemos, mientras que los Juzgados de Paz evolucionan hacia las modernas Oficinas de Justicia en los municipios. La constitución de los Tribunales de Instancia se realizará escalonadamente y de manera simultánea a la de la Oficina Judicial.

El acuerdo suscrito este miércoles con las organizaciones sindicales implica la reorganización del personal de Justicia, la creación de nuevas plazas, la conversión de plazas de refuerzo en plazas de estructura, así como incrementos salariales para diferentes profesionales.

En virtud del mismo, se crean dos nuevas plazas, una de gestor procesal y administrativo en la Oficina General del Registro Civil de Logroño, y una segunda de tramitador en la Oficina Fiscal de Comunidad Autónoma. Asimismo, se convierten en estructurales 12 puestos de refuerzo existentes; 4 de Auxilio Judicial en Logroño y Calahorra, 2 de gestor en Calahorra y Lardero, y 6 de tramitador en Calahorra, Haro, Logroño y la Oficina Fiscal. 

De igual modo, la Mesa ha acordado mantener 1 plaza de refuerzo de Auxilio Judicial, así como incrementos del complemento específico, de 360 euros anuales para los 9 gestores en funciones de Secretarios en las Agrupaciones de Oficinas de Justicia municipales; y del 25% del complemento específico de cada Cuerpo para los 11 puestos singularizados que se crean en Logroño.

En este sentido, Calahorra contará con un total de 27 funcionarios, 24 de ellos en el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia, y 3 en la Oficina General del Registro Civil. Por otro lado, un total de 19 funcionarios cubrirán los servicios en Haro, 17 en el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia, y 2 en la Oficina General del Registro Civil.

En cuanto a Logroño, estará atendido por un total de 257 funcionarios; 68 en el Servicio Común General, 91 en el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia, 8 en el Servicio Común de Tramitación de la Audiencia Provincial de La Rioja, 7 en el Servicio Común de Tramitación del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, 40 en el Servicio Común de Ejecución, 13 en la Oficina General del Registro Civil, 16 en la Oficina Fiscal de la Comunidad Autónoma, 4 en Secretaría de Gobierno y 12 en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por otra parte, las 9 Agrupaciones de Oficinas de Justicia en el Municipio de La Rioja pasan de tener 26 funcionarios a 27, se convierte en plaza de estructura un Gestor en la Agrupación de OJM de Lardero.

La Administración de Justicia a veces tiene cosas difíciles de entender. En este caso, un proceso judicial de diez años que finaliza el día del juicio con la absolución de los acusados porque la acusación particular se retira. Cuatro miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han sido liberados en la Audiencia de Sevilla de las penas de cárcel que para ellos lleva pidiendo una extinta empresa de transporte de mercancías que tenía su sede en Guillena. Un comunicado en la web del SAT en julio de 2015 llamaba “negreros” a los empresarios del sector a raíz de una noticia en la que la Inspección de Trabajo sancionaba con 70.000 euros a la mercantil Domifom por irregularidades laborales hacia sus empleados. La empresa devolvió la acusación con una denuncia judicial en la que pedían tres años y medio de prisión para cada por delitos de incitación al odio, injurias y calumnias, así como 60.000 euros por daños morales y perjuicios económicos que, ahora, diez años después, ha quedado en absolutamente nada.

Durante el juicio recientemente celebrado en Sevilla, el fiscal, que había solicitado en todo momento el archivo del caso y que pedía la absolución de los cuatro acusados, entre ellos Óscar Reina (líder del SAT), tuvo que asistir a un momento kafkiano en la vista oral por parte de los abogados de la acusación particular. Al inicio del juicio modificaron sus conclusiones provisionales y rebajaron sus peticiones de pena a un año y medio de cárcel para cada acusado y, acto seguido, retiraron la acusación y se reservaron las acciones civiles que le pudieran corresponder.

Entre ambos posicionamientos de la acusación particular tan solo medió la notificación verbal a Óscar Reina, asistido de su letrado pero que no asistió al juicio, encontrándose en las inmediaciones de la Audiencia Provincial. Se le había advertido de que, a la vista de las modificaciones del escrito de acusación, y siendo la pena solicitada inferior a dos años, se podía celebrar el juicio en su ausencia, no oponiendo objeción alguna él mismo ni su abogado. El líder del SAT lo celebró en sus redes sociales:

Tras retirarse la acusación (recordémoslo, diez años después de los hechos), se dictó por parte del tribunal sentencia in voce absolviendo a los acusados, con reserva de acciones civiles a la acusación particular y costas de oficio. Las partes mostraron su intención de no recurrir la sentencia dictada, declarándose su firmeza.

El familiar de uno de los acusados le comentaba en la puerta de la sala “¿ves? te dije que esto iba a quedar en nada”. La respuesta del acusado no dejaba lugar a duda: “Ya, pero diez años después, es mu fuerte”.

Para Luis Ocaña, que asumió su propia defensa y fue asistido en el juicio por el letrado Eduardo Millán, “es disparatado que se pueda mantener una acusación de delito de odio contra sindicalistas y abogados por ejercer nuestras funciones”. “Es un caso de represión sindical, enmarcado en la deriva punitiva que se ha abierto contra el sindicalismo alternativo”, comenta a este periódico.

“La Administración de Justicia ha amparado al empresario incumplidor (atendiendo a lo actuado por la Inspección de Trabajo) y, en lugar de corregir su comportamiento, ha facilitado que se revuelva contra quienes han defendido los derechos de los trabajadores”, apunta el abogado.

Alfonso Morán Martínez ha sido designado como nuevo fiscal delegado de Asturias contra los delitos de odio y discriminación. Su nombramiento, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), viene a cubrir la plaza que dejó vacante el fiscal Alberto Rodríguez, actual fiscal jefe de Gijón.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, firmó el pasado día 3 de este mes el decreto por el que ha sido designado el nuevo responsable de este área, tras valorar favorablemente la propuesta realizada por la fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes Menéndez.

El perfil profesional

Alfonso Morán nacio en la capital asturiana en 1980, estudió Derecho en la Universidad de Oviedo entre 1998 y 2003 e ingresó en la carrera fiscal en 2009.

Fue destinado a la Fiscalía de Área de Terrassa en 2010, donde fue enlace de criminalidad informática entre los años 2015 y 2019.

A su llegada a Asturias, en 2019, quedó adscrito a la Sección Territorial de Langreo de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias.

Su perfil profesional encaja perfectamente en su nuevo destino al frente de la Fiscalía Delegada contra los Delitos de Odio y Discriminación ya que lleva formándose en esta especialidad desde el año 2022.

Cuenta con el título de experto universitario en delitos de odio por el Centro de Estudios Universitarios de la Guardia Civil y ha realizado varios cursos en la materia, tanto en España como en el extranjero.

Desenmascarar los delitos de odio

La Fiscalía asturiana ha asegurado que sus principales funciones se centrarán en la identificación y persecución de los crímenes de odio.

Al tratarse de conductas definidas por su motivación, su naturaleza de delito de odio puede quedar enmascarada si no se llegan a detectar aquellos datos o indicios que revelan esta motivación como origen y causa de la acción criminal. 

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) vienen recogidos los pasos seguidos hasta su nombramiento. Así, el pasado 16 de enero tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado el decreto de la fiscal superior María Eugenia Prendes, con la propuesta de Alfonso Morán.

En este cargo sucede al fiscal Alberto Rodríguez, que renunció al puesto para poder optar al de fiscal jefe del Área de Gijón, donde permanece en la actualidad.

A raíz de su renuncia, la fiscal superior ofertó la vacante de fiscal delegado autonómico entre todos los fiscales de la plantilla asturiana.

La terna

Para esta plaza había tres candidaturas: la propia de Alfonso Morán y la de las fiscales María Magdalena García Rodríguez e Inmaculada Rodríguez Montequín.

Entre esa terna, la fiscal superior se decidió por el fiscal Alfonso Morán en base a “su currículum y su especial sensibilidad e interés en la materia y el propósito de evitar la concentración de las delegaciones en la sede de la capital dado que el fiscal propuesto desempeña su trabajo en la Adscripción Territorial de Langreo”, según se recoge en el decreto.

El hecho de que su candidatura fuera respaldada por la fiscal superior fue un punto fuerte a su favor ya que, según se recoge en el decreto publicado en el BOE, esta circunstancia “avala la idoneidad del candidato”.

Antón García rondaba los diez u once años cuando su padre le contó que a unos diez kilómetros río arriba de su pueblo, Tuña, en el concejo asturiano de Tineo, y a unos 15 kilómetros en la dirección contraria hacia la aldea de La Zorera, en la parroquia de Genestaza (Xinestaza, en asturiano), se había producido un doble crimen. El asesino, Rafael González Gancedo, había matado a su mujer, Manuela Martínez de Llano, y a su bebé recién nacido con la idea de huir con su amante. En un juicio con jurado lo habían condenado a la pena capital y la sentencia se había cumplido: su verdugo, Gregorio Mayoral, con 14 ejecuciones a su espalda, le aplicó el garrote vil. Fue el último ajusticiamiento en la braña asturiana, en 1899, en tiempos de paz.

Esta historia real, que se remonta al siglo XIX, se quedó retenida para siempre en su memoria. Antón creció y se convirtió en escritor, traductor y editor. Con los ingredientes de ese episodio trágico y una ingente labor de investigación y documentación se convirtió en una novela titulada “Crónica de la luz y de la sombra”, escrita en asturiano y que ganó el premio Xosefa Xovellanos en 2014.

Once años después, la novela llegará a las librerías el próximo 17 de febrero, bajo el paraguas de la editorial Pez de Plata en la traducción al castellano de Marta López.

El editor, Jorge Salvador, prepara una presentación por todo lo alto en la Librería Matadero Uno, en Oviedo, donde esta novela con alma de crónica negra trasladará a los asistentes a un territorio mítico y hostil donde reinan las tradiciones, los silencios, la superstición y el poder implacable de la naturaleza, imperturbable a las hazañas de los hombres.

La faceta creativa y literaria de Antón García se complementa con su actividad política. Ha sido coordinador de la promoción del asturiano en el Gobierno regional, director general de Política Llingüística del Principado y actualmente está al frente de la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Llingüística.

En su novela, Antón García cuenta con todos los alicientes de una crónica negra: hay un asesino, una amante, víctimas inocentes, un jurado popular, un pueblo que clama venganza y hasta un verdugo; todo ello ambientado en la braña donde se produjo el crimen y donde se ejecuta la pena capital.

Antón García escribió esta novela originalmente en asturiano, ya que lo domina a la perfección, y aunque también traduce obras, en este caso prefirió que se encargara de la traducción Marta López, de la que habla maravillas, muy satisfecho con el resultado.

Del asturiano al castellano

“En mi anterior libro me comprometí con el editor a hacer yo mismo la traducción y cuando estaba terminando -explica- me arrepentí porque realmente mi lengua literaria, en la que me cuesta muy poco escribir y en la que primero escribo cuando me pongo a ello, es el asturiano”.

“Yo sé el castellano de Asturias. Por ejemplo, en mi pueblo decimos payar, que en castellano se dice pajar. Pero en realidad -expone-, para un castellano hablante puede ser un henil. Entonces, a la hora de publicar esta novela, me apetecía no traducirla yo, sino que alguien la tradujese. Y la verdad es que Marta hizo un muy buen trabajo”.

Lleva escribiendo desde que tenía veintipico años en “el asturiano común” que, según lo define, vendría a ser el asturiano en el que se lleva escribiendo literatura desde el siglo XVII; el mismo que emplean la administración y los medios de comunicación.

La trama de la novela

Como buen filólogo, lo primero que se plantea a la hora de escribir es lograr que la novela esté bien estructurada. Una vez que tiene el argumento, el siguiente paso es documentarse bien y acudir a las fuentes.

“Cuando me contó esta historia mi padre yo apenas era un crío. Son esas cosas que te quedan porque te han impresionado y aunque en aquel momento yo no era muy consciente de lo que era la pena de muerte, ni la ejecución en plaza pública, me llamó mucho la atención”, relata a elDiario.es Asturias.

A partir de ahí, a lo largo de su vida, siempre que se cruzaba con esta historia en la prensa, en una librería, en cualquier sitio, él iba recogiendo toda la información en una carpeta y cuando pensó que “ya no daba más de sí”, explica, fue cuando decidió que tenía que hacer algo con todo este material.

Contaba con otra fuente de información muy valiosa. El periodista Rafael Lorenzo había publicado varios artículos sobre este tema en la prensa ya que había ido a la braña y había entrevistado a descendientes de las familias. Una de las documentaciones era el relato oral de la gente del pueblo sobre este episodio trágico, y en otra hacía referencia a lo que había trascendido a través de la prensa de la época sobre la ejecución y el juicio.

Con la investigación que había realizado Rafael Lorenzo y la documentación personal que a lo largo de toda su vida ha estado recopilando el propio Antón García se dio cuenta de que ya disponía de muchísimos datos sobre algunos de los personajes protagonistas de la historia.

El papel de las mujeres

Sin embargo, entre tan abundante documentación faltaba un detalle importante: “No había ninguna información sobre lo que a mí me parecía que eran los verdaderos protagonistas, que eran las mujeres de la historia, como eran la mujer, la madre y la amante de Rafael González Gancedo. Realmente casi toda la documentación se centraba en el hombre ejecutado, en su verdugo, en el juez. Una situación que era habitual porque la historia siempre se cuenta desde la perspectiva de los hombres. Y las mujeres obtienen un papel secundario. Aquí la madre es la madre, la muerta es la muerta y la amante es la amante pero no hay información relevante de ellas”, comenta el escritor.

El autor entiende que el verdadero protagonismo junto a Rafael González Gancedo son las mujeres de la historia, empieza a ver que ahí está la novela.

Una vez que ya tenía en su cabeza qué papel relevante tenía asignado a cada uno de los protagonistas empezó a trabajar sobre la estructura para que todo encajara como quería que fuese realmente.

Antón García reparte muy bien las 24 horas del día para poder realizar tantas y tan variadas actividades profesionales y personales. Reconoce que la escritura le absorbe mucho tiempo y le dedica muchas horas, pero el resultado final es muy satisfactorio.

Trasladando la historia de Rafael González Gancedo al siglo XXI el autor ve ciertos elementos que aún hoy siguen perdurando. “Destacaría, sobre todo, que me parece una historia que habiendo ocurrido en el siglo XIX, que parece un tiempo muy alejado de nosotros, en el fondo creo que estamos hablando prácticamente de lo mismo en la sociedad contemporánea, es decir, del maltrato a las mujeres. De una sociedad machista. De la importancia de la justicia y de la injusticia. También de los medios de comunicación donde tiene un papel muy importante el periodista Ramón Torres de El Carbayón. Y después yo destacaría también el debate que existe en la sociedad asturiana de aquel tiempo acerca de la pena de muerte”, sostiene.

El incendio de la Audiencia

En la novela recoge un artículo de Adeflor en el periódico republicano El Noroeste, donde hizo un alegato contra la pena de muerte que al escritor le sorprendió mucho cuando lo leyó. “Me sorprendió porque uno piensa que estos debates son como más modernos, pero no es así”, admite.

Mucha documentación se conservaba en la Audiencia Provincial de Oviedo, pero un incendio destruyó una información que a día de hoy sería muy valiosa. “La Audiencia era la memoria histórica. La documentación más importante de Asturias estaba ahí y se perdió, claro”, añade.

Otro de los aspectos que más le llamaron la atención cuando se estaba documentando para escribir la “Crónica de la luz y de la sombra” fue que el juicio donde se condenó a Rafael González Gancedo se celebró con un jurado popular.

Las contradicciones

Las contradicciones de la vida también se pusieron de manifiesto cuando a la hora de escuchar el veredicto de culpabilidad el pueblo que esperaba ansioso la sentencia se puso “muy contento” y al ver tanto a Rafael González Gancedo como a su amante y a su madre, les gritaban “asesinos, al garrote”. Y sin embargo, cuando llega el verdugo, nadie le da posada, ni le da de beber, ni le quiere alquilar un carro para que llegue a Tineo, porque en el fondo es una tragedia.

Antón García tiene una explicación: “yo creo que esa contradicción se debe a que la sociedad es muy voluble. Y entonces, al calor de los asesinatos, la gente lo que quería era ver tres penas de muerte, que se matase al asesino, a su madre y a la querida, que era lo que pedía el fiscal. Al final cuento en la novela cómo pudo ser que la gente lamentara que no fuesen tres las penas de muerte. Y, un año después, cuando llega el momento de la ejecución, la misma sociedad lo que quiere es que no se ejecute. Bueno, ahí hay una contradicción muy curiosa entre lo que queremos en un momento y lo que queremos en otro”.

“Podem concloure que poques vegades hem vist en un procediment tantes infraccions legals i vulneracions del dret de defensa i de la tutela judicial efectiva”. És la valoració recollida en una sentència judicial de l'Audiència Provincial de Balears després que aterrés a les seves mans un cas de violència masclista d'Eivissa resolt amb fonaments basats en vint pàgines de jurisprudència xilena. El “nyap judicial” -en paraules d'advocats i jutges de l'illa- és obra d'una jutgessa substituta que cobria la titular al seu càrrec al jutjat Penal número 1 d'Eivissa i que ha posat al punt de mira al professional substitut de l'àmbit de la Justícia.

La suplent va prendre la qualificació de les penes sol·licitades pel Ministeri Fiscal i la indemnització que demanava l'acusació particular (molt més elevada que la de la Fiscalia) i les va ajuntar per resoldre el cas. Entremig, va transcriure un total de vint folis de dret xilè per respondre al recurs interposat per la defensa en haver-se desenvolupat tot el procediment, fins a l'obertura del judici oral, d'esquena a l'encausat. L'Audiència Provincial ha retrotret ara el cas pels innombrables errors tant a la fase d'instrucció com al judici oral i la sentència, que “manca dels elements mínims exigits” per la Llei d'Enjudiciament Criminal.

El cas de violència masclista

Tot va començar el 2019, quan l'acusat va ser denunciat per la seva parella després que, presumptament, la insultés i agredís físicament en reiterades ocasions. Entre altres coses, a la denúncia, la dona afirmava que es dirigia a ella de manera despectiva, l'anomenava “puta” i li recriminava, a través de missatges de WhatsApp, que estigués amb els seus amics i mentrestant passés d'ell. En una ocasió, després d'exigir-li l'home que marxés del seu domicili, “la va agafar dels cabells, li va pegar cops de puny al cap i li va mossegar a la cara”, fets pels quals la víctima va requerir assistència sanitària, segons descriu la sentència judicial del jutjat d'Eivissa.

La dona també va necessitar assistència mèdica, en concret, diversos punts de sutura i tractament odontològic per a reparació estètica i funcional, després que en una altra discussió el presumpte agressor li donés un cop de mà a la boca i li fes un cop amb la porta del bany. Aquest maltractament continuat va provocar que la víctima patís un quadre ansiós depressiu pel qual va necessitar medicació i tractament psicoterapèutic.

El Ministeri Fiscal va demanar penes per a l'encausat per quatre delictes diferents: un delicte de maltractament habitual (art. 173.2 del Codi Penal), d'un delicte de lesions (art. 148.4 del CP), d'un altre delicte de lesions a l'àmbit de la parella sense requeriment d'un tractament mèdic (art. 153.1 del CP) i, finalment, per un delicte de coaccions (art.172.2 del CP).

Es va condemnar l'home a set anys i mig de presó, a la privació de tinença i port d'armes durant quatre anys i a la prohibició d'acostar-se a la dona a menys de cent metres de distància. Així com al pagament d'una indemnització de 17.739 euros per les lesions i les seqüeles causades a la seva exparella.

“És la sentència més lamentable i matussera”

“Quan estàs amb un cas així entre mans, què menys que ser una mica curós amb el material jurisprudencial que estàs llegint i aplicant per determinar la teva decisió”, observa l'advocat de la defensa, Victor Ballbé. ElDiario.es també ha intentat durant dies posar-se en contacte amb la representació legal de la víctima, sense obtenir resposta per part seva.

El lletrat del presumpte agressor afirma que “és la sentència més lamentable i matussera” que ha vist al llarg de la seva trajectòria professional. “No es pot enviar algú a presó amb tanta lleugeresa. De vegades, el Tribunal Suprem (TS) o el Tribunal Constitucional (TC) fan esment a alguna jurisprudència estrangera, com ara l'alemanya (en ser el Codi Penal alemany molt semblant a l'espanyol). Però, quan se'n va per aquests camins, és per utilitzar-lo com a reflexió general i no per jutjar directament algú amb aplicació directa”, explica Ballbé.

L'advocat considera que el jutjat d'Eivissa va obrar així perquè la jutgessa que va dictar la sentència no era la titular, sinó una substituta. “No ho faria amb intenció de cometre un delicte, però crec que és una negligència professional que va més enllà del que és tolerat en l'àmbit disciplinari. És un nivell tan gras que podria esdevenir delicte”, opina.

La segona opció que podria explicar per què la sentència es va resoldre així, segons Ballbé, és que la jutgessa substituta “s'empenyés” a no donar-li la raó i a buscar “alguna cosa que li semblés més o menys interessant” per a la sentència, sense haver-se adonat que la jurisprudència no era espanyola, sinó xilena. “Això em sembla força reprovable, tenint en compte que es va condemnar algú per delictes que en conjunt sumen més de set anys de presó”, argumenta el lletrat.

Per la seva banda, la jutgessa substituta, amb la qual ha pogut parlar elDiario.es, ha assegurat que ha anat a les vies legals i que no farà declaracions sobre aquest cas.

Forats al sistema de jutges substituts

“El veritable problema és al mateix sistema de jutges substituts”, manifesta el jutge degà d'Eivissa i Formentera, Sergio González. Les borses de jutges substituts estan adscrites al Tribunal Superior de Justícia de cada comunitat autònoma i s'hi recorre davant la necessitat de cobrir vacants temporalment. Un mecanisme que, segons González, “sempre s'ha volgut canviar”, ja que els professionals inclosos al llistat per a les substitucions tenen la llicenciatura de Dret, però no compten amb l'especialitat necessària per exercir com a jutge, ni han fet pràctiques als tribunals, ni tampoc han superat unes oposicions. A Eivissa en concret, el jutge degà assegura que hi ha molta rotació de personal per les dificultats de cobrir places a l'illa i els sis jutges substituts de la borsa treballen amb freqüència.

En el cas de la substituta de la jutgessa del jutjat penal número 1, és la primera de la llista des de fa anys per l'antiguitat (l'ordre, que sol canviar anualment, va en funció dels mèrits acumulats). “Pel que sembla, la substituta es ficava a Internet i utilitzava el primer que llegia a la Wikipedia per fallar els casos”, assenyala González, el qual lamenta les “barbaritats” que la substituta havia resolt durant l'últim parell d'anys -entre elles, transcripcions íntegres de jurisprudència colombiana- . Les sentències van ser adjuntades a l'informe que es presenta semestralment (en aquest cas, a meitats de 2023) davant del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) per valorar el treball dels substituts. El president del TSJIB, en veure-les, primer es va emportar les mans al cap i, a continuació, va retirar el nom de la jutgessa de la borsa.

González manifesta que la figura del jutge substitut es va intentar suprimir (les sentències, durant la substitució, se segueixen signant amb el nom del titular). Es va crear una figura semblant: la del Jutge d'Adscripció Territorial. El JAT (per les sigles) és un professional sense destinació fixa que aprova l'oposició i s'adscriu al TSJIB de manera que, quan es necessita cobrir una substitució o un reforç judicial per casos més grans a la comunitat autònoma, se'l desplaça a la destinació pertinent.

Les sentències d'ella varen ser adjuntades a l'informe que es presenta semestralment davant Tribunal Superior de Justícia de Balears per a valorar el treball dels substituts. El president del TSJIB, en veure-les, primer es va emportar les mans al cap i, a continuació, va retirar el nom de la jutgessa de la borsa

L'inconvenient d'aquesta figura alternativa, però, és que s'han de crear moltes places fixes, cosa que comporta una inversió important per part del Ministeri de Justícia. Mentre que als jutges substituts només se'ls paga quan treballen, els JAT tenen un contracte estable i una nòmina mensual.

D'altra banda, el degà lamenta que s'hagi aprovat, fa només uns dies, una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) que facilita als interins passar a ser jutges de carrera després d'haver fet cinc anys d'experiència i superant una prova de menys dificultat que el procés d'oposició.

Una instrucció també “desastrosa”

Ja destituïda la jutgessa substituta, el procediment continua amb el recurs d'apel·lació presentat per part de l'advocat de la defensa davant de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears. On assegura que, a més a més de la sentència, la fase d'instrucció del procediment, a càrrec del jutjat de Violència sobre la Dona d'Eivissa, també va ser desastrosa. Entre altres coses, perquè es va fer sense que l'investigat tingués coneixement de la seva acusació. Va ser la suplent, això sí, qui va confirmar que la instrucció estava feta “amb totes les garanties legals”.

Ballbé explica que les diligències prèvies al jutjat exclusiu de Violència Sobre la Dona es van tramitar a principis del 2019 i es van incoar després al jutjat de la província catalana de Vilanova i la Geltrú, que el va inhibir a aquest jutjat d'Eivissa. “En aquell moment, s'hauria d'haver enviat una notificació a l'acusat amb una citació per comparèixer davant del jutge i donar-li un marge per buscar un advocat particular o assignar-li un d'ofici del Col·legi d'Advocat de Balears, on s'estava instruint el procediment”, detalla el lletrat.

Més tard, l'home va ser detingut per a sorpresa seva a Vilanova i la Geltrú i, llavors, se li va assignar un advocat ad hoc de la província catalana única i exclusivament per prestar declaració davant del jutge. L'acusat, segons declaracions del seu advocat a elDiario.es, va pensar que després de la seva compareixença, el procediment havia quedat arxivat.

No obstant això, el cas va tornar al jutjat d'Eivissa i va continuar “a la seva esquena” fins que l'encausat va ser arrestat per segona vegada a Madrid, l'any 2022, perquè no havia comparegut a declarar. “I aquí entre jo, quan vaig arribar, em vaig trobar amb una instrucció inquisitorial perquè no hi va haver defensa en cap moment”, expressa Ballbé.

Cinc anys de retroacció

El procediment continua ara després que l'Audiència Provincial de Balears hagi revocat la condemna imposada pel jutjat d'Eivissa. L'òrgan ha fallat a favor de l'acusat, que va recórrer davant de l'òrgan judicial, en confirmar que “el dret a la tutela judicial efectiva exigeix que totes les fases del procediment es desenvolupin sense minva del dret de defensa”.

Per la seva banda, la representació legal del presumpte agressor considera que l'única manera d'esmenar la vulneració dels drets del seu representat és que se l'absolgui. Tot i que l'Audiència Provincial conclou que “l'única manera de salvaguardar tots els drets en joc (d'ambdues parts) és retreure el procediment”.

L'Audiència Provincial de Balears ha dictaminat a favor de l'acusat, que va recórrer davant l'òrgan judicial, en confirmar que 'el dret a la tutela judicial efectiva exigeix que totes les fases del procediment es desenvolupin sense minva del dret de defensa

En concret, al moment en què el jutjat de violència sobre la dona d'Eivissa va rebre l'exhort amb la declaració de l'investigat des de Vilanova i la Geltrú. És a dir, fa cinc anys, durant els quals es desconeix (tot i els esforços d'elDiario.es per esbrinar-ho) si la víctima ha comptat amb protecció policial i si continuarà comptant amb ella després que un lustre de procediment judicial s'hagui convertit en paper mullat per causes alienes als involucrats.

“Podemos concluir que pocas veces hemos visto en un procedimiento tantas infracciones legales y vulneraciones del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva”. Es la valoración recogida en una sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Balears después de que aterrizara en sus manos un caso de violencia machista de Eivissa resuelto con fundamentos basados en veinte páginas de jurisprudencia chilena. La “chapuza judicial” –en palabras de abogados y jueces de la isla– es obra de una jueza sustituta que cubría a la titular en su cargo en el juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa y que ha puesto en el punto de mira al profesional sustituto del ámbito de la Justicia.

La suplente tomó la calificación de las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y la indemnización que pedía la acusación particular (mucho más elevada que la de la Fiscalía) y las juntó para resolver el caso. Entre medias, transcribió un total de veinte folios de Derecho chileno para responder al recurso interpuesto por la defensa al haberse desarrollado todo el procedimiento, hasta la apertura del juicio oral, de espaldas al encausado. La Audiencia Provincial ha retrotraído ahora el caso por los innumerables fallos tanto en la fase de instrucción como en el juicio oral y la sentencia, que “carece de los elementos mínimos exigidos” por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El caso de violencia machista

Todo empezó en 2019, cuando el acusado fue denunciado por su pareja después de que, presuntamente, la insultara y agrediera físicamente en reiteradas ocasiones. Entre otras cosas, en la denuncia, la mujer afirmaba que se dirigía a ella de manera despectiva, la llamaba “zorra y puta” y le recriminaba, a través de mensajes de WhatsApp, que estuviera con sus amigos y mientras tanto pasara de él. En una ocasión, tras exigirle el hombre que se marchara de su domicilio, “la cogió del pelo, le pegó puñetazos en la cabeza y le mordió en la cara”, hechos por los que la víctima requirió de asistencia sanitaria, según describe la sentencia judicial del juzgado de Eivissa.

La mujer también necesitó asistencia médica, en concreto, varios puntos de sutura y tratamiento odontológico para reparación estética y funcional, después de que en otra discusión el presunto agresor le diera un manotazo en la boca y le asestara un golpe con la puerta del baño. Este maltrato continuado provocó que la víctima sufriera un cuadro ansioso depresivo por el que necesitó medicación y tratamiento psicoterapéutico.

El Ministerio Fiscal pidió penas para el encausado por cuatro delitos distintos: un delito de maltrato habitual (art. 173.2 del Código Penal), de un delito de lesiones (art. 148.4 del CP), de otro delito de lesiones en el ámbito de la pareja sin requerimiento de un tratamiento médico (art. 153.1 del CP) y, por último, por un delito de coacciones (art.172.2 del CP). 

Se condenó al hombre a siete años y medio de cárcel, a la privación de tenencia y porte de armas durante cuatro años y a la prohibición de acercarse a la mujer a menos de cien metros de distancia. Así como al pago de una indemnización de 17.739 euros por las lesiones y secuelas causadas a su expareja.

“Es la sentencia más lamentable y chapucera”

“Cuando estás con un caso así entre manos, qué menos que ser un poco cuidadoso con el material jurisprudencial que estás leyendo y aplicando para determinar tu decisión”, observa el abogado de la defensa, Victor Ballbé. elDiario.es también ha intentado durante días ponerse en contacto con la representación legal de la víctima, sin obtener respuesta por su parte.

El letrado del presunto agresor afirma que “es la sentencia más lamentable y chapucera” que ha visto a lo largo de su trayectoria profesional. “No se puede mandar a alguien a prisión con tanta ligereza. A veces, el Tribunal Supremo (TS) o el Tribunal Constitucional (TC) hacen mención a alguna jurisprudencia extranjera, como por ejemplo la alemana (al ser el Código Penal alemán muy parecido al español). Pero, cuando se va por esos derroteros, es para utilizarlo como reflexión general y no para juzgar directamente a alguien con aplicación directa”, explica Ballbé.

El abogado considera que el juzgado de Eivissa obró de esta manera porque la jueza que dictó la sentencia no era la titular, sino una sustituta. “No lo haría con intención de cometer un delito, pero creo que es una negligencia profesional que va más allá de lo tolerado en el ámbito disciplinario. Es un nivel tan grande que podría llegar a ser delito”, opina.

La segunda opción que podría explicar por qué la sentencia se resolvió así, según Ballbé, es que la jueza sustituta se “empeñara” en no darle la razón y en buscar “algo que le pareciera más o menos interesante” para la sentencia, sin haberse dado cuenta de que la jurisprudencia no era española, sino chilena. “Esto me parece bastante reprobable, teniendo en cuenta que se condenó a alguien por delitos que en conjunto suman más de siete años de prisión”, argumenta el letrado.

Por su parte, la jueza sustituta, con la que ha podido hablar elDiario.es, ha asegurado que ha acudido a los cauces legales y que no va a hacer declaraciones al respecto del caso.

Agujeros en el sistema de jueces sustitutos

“El verdadero problema está en el propio sistema de jueces sustitutos”, manifiesta el juez decano de Eivissa y Formentera, Sergio González. Las bolsas de jueces sustitutos están adscritas al Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma y se recurre a ella ante la necesidad de cubrir vacantes temporalmente. Un mecanismo que, según González, “siempre se ha querido cambiar”, ya que los profesionales incluidos en el listado para las sustituciones tienen la licenciatura de Derecho, pero no cuentan con la especialidad necesaria para ejercer como juez, ni han hecho prácticas en tribunales, ni tampoco han superado unas oposiciones. En Eivissa en concreto, el juez decano asegura que hay “mucha rotación” de personal por las dificultades de cubrir plazas en la isla y los seis jueces sustitutos de la bolsa trabajan con frecuencia. 

En el caso de la sustituta de la jueza del juzgado de lo Penal número 1, es la primera de la lista desde hace años por la antigüedad (el orden, que suele cambiar anualmente, va en función de los méritos acumulados). “Al parecer, la sustituta se metía en Internet y utilizaba lo primero que leía en la Wikipedia para fallar los casos”, señala González, el cual lamenta las “barbaridades” que la sustituta había resuelto durante el último par de años –entre ellas, transcripciones íntegras de jurisprudencia colombiana–. Las sentencias de ella fueron adjuntadas al informe que se presenta semestralmente (en este caso, a mitades de 2023) ante Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) para valorar el trabajo de los sustitutos. El presidente del TSJIB, al verlas, primero se llevó las manos a la cabeza y, a continuación, retiró el nombre de la jueza de la bolsa. 

González manifiesta que la figura del juez sustituto se intentó suprimir. Se creó una figura similar: la del Juez de Adscripción Territorial. El JAT (por las siglas) es un profesional sin destino fijo que aprueba la oposición y se adscribe al TSJIB de manera que, cuando se necesita cubrir una sustitución o un refuerzo judicial por casos mayores en la comunidad autónoma, se le desplaza al destino pertinente.

Las sentencias de ella fueron adjuntadas al informe que se presenta semestralmente ante Tribunal Superior de Justicia de Balears para valorar el trabajo de los sustitutos. El presidente del TSJIB, al verlas, primero se llevó las manos a la cabeza y, a continuación, retiró el nombre de la jueza de la bolsa

El inconveniente de esta figura alternativa, sin embargo, es que se tienen que crear muchas plazas fijas, lo que conlleva a una inversión importante por parte del Ministerio de Justicia. Mientras que a los jueces sustitutos solo se les paga cuando trabajan, los JAT tienen un contrato estable y una nómina mensual. 

Una instrucción también “desastrosa”

Ya destituida la jueza sustituta, el procedimiento continúa con el recurso de apelación presentado por parte del abogado de la defensa ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears. Donde asegura que, además de la sentencia, la fase de instrucción del procedimiento, a cargo del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Eivissa, también fue “desastrosa”. Entre otras cosas, porque se llevó a cabo sin que el investigado tuviera conocimiento de su acusación. Fue la suplente, eso sí, quien confirmó que la instrucción estaba hecha “con todas las garantías legales”.

Ballbé explica que las diligencias previas en el juzgado exclusivo de Violencia Sobre la Mujer se tramitaron a principios de 2019 y se incoaron después al juzgado de la provincia catalana de Vilanova i la Geltrú, que lo inhibió a este juzgado de Eivissa. “En ese momento, se tendría que haber mandado una notificación al acusado con una citación para comparecer ante el juez y darle un margen para buscar un abogado particular o asignarle uno de oficio del Colegio de Abogado de Balears, donde se estaba instruyendo el procedimiento”, pormenoriza el letrado. 

Más tarde, el hombre fue detenido para su sorpresa en Vilanova i la Geltrú y, entonces, se le asignó un abogado ad hoc de la provincia catalana única y exclusivamente para prestar declaración ante el juez. El acusado, según declaraciones de su abogado a elDiario.es, pensó que después de su comparecencia, el procedimiento había quedado archivado.

Sin embargo, el caso volvió al juzgado de Eivissa y continuó “a sus espaldas” hasta que el encausado fue arrestado por segunda vez en Madrid, en el año 2022, porque no había comparecido a declarar. “Y ahí entro yo, cuando llegué, me encontré con una instrucción inquisitorial porque no hubo defensa en ningún momento”, expresa Ballbé.

Cinco años de retroacción

El procedimiento continúa ahora después de que la Audiencia Provincial de Balears haya revocado la condena impuesta por el juzgado de Eivissa. El órgano ha fallado a favor del acusado, que recurrió ante el órgano judicial, al confirmar que “el derecho a la tutela judicial efectiva exige que todas las fases del procedimiento se desarrollen sin mengua del derecho de defensa”. 

Por su parte, la representación legal del presunto agresor considera que la única manera de subsanar la vulneración de los derechos de su representado es que se le absuelva. Aunque la Audiencia Provincial concluye que la “única manera de salvaguardar todos los derechos en juego (de ambas partes) es retraer el procedimiento”.

La Audiencia Provincial de Balears ha fallado a favor del acusado, que recurrió ante el órgano judicial, al confirmar que 'el derecho a la tutela judicial efectiva exige que todas las fases del procedimiento se desarrollen sin mengua del derecho de defensa

En concreto, al momento en el que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Eivissa recibió el exhorto con la declaración del investigado desde Vilanova i la Geltrú. Es decir, a cinco años atrás, durante los que se desconoce (a pesar de los esfuerzos de elDiario.es por averiguarlo) si la víctima ha contado con protección policial y si va a seguir contando con ella después de que un lustro de procedimiento judicial se haya convertido en papel mojado por causas ajenas a los involucrados.

Patricia Bárcena es licenciada en Derecho, diplomada en Criminología y ha ejercido durante más de dos décadas la abogacía en materias vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Es especialista en Derecho de Extranjería, fue directora en Euskadi de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y ha participado en distintas misiones de observación internacional sobre la situación de los derechos humanos en México, Palestina, Guatemala o Colombia. Ahora, desde el Defensor del Pueblo, donde es adjunta segunda del Defensor, se dedica a coordinar las áreas de Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, la Economía y Hacienda y las Migraciones e Igualdad de trato. También es miembro del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP).

Bárcena responde a las preguntas de este periódico en una cafetería del centro de Bilbao, donde explica, además de su trayectoria y el trabajo que desarrolla desde su puesto como adjunta al Defensor del Pueblo, qué se puede hacer cuando una ley vulnera los derechos humanos. “Con la norma que tenemos y, sobre todo, con la interpretación conforme a los derechos humanos, hay que buscar la vía para procurar que que esos derechos sean garantizados, porque vías existen. Es verdad que la norma se puede hacer cada vez más estricta si las modificaciones que hay tienden a restringir las vías de acceso a los derechos. Luego hay otra cuestión, que es la incidencia que podamos tener. Y eso es lo que he procurado hacer a lo largo de mi vida en los distintos trabajos que he tenido, no solo trabajar el caso concreto, sino intentar junto con otras personas, otras organizaciones o ahora, desde la institución en la que estoy, que aquellas normas que aunque estén en vigor, generen situaciones injustas, sean modificadas. Hay que transformar el Derecho con lo que demanda la sociedad y con las necesidades de las personas”, reconoce.

Es abogada y criminóloga, ¿cómo surgió su interés por defender los derechos humanos?

Siempre me ha gustado defender a las personas, siempre me posicionaba a favor de lo más complejo, de quien estaba pasándolo peor. Dudé entre estudiar Derecho o Periodismo, pero me decanté por Derecho y me gustó el Derecho Penal. Después, gracias al profesor Antonio Beristain, un referente en materia de Criminología y fundador del Instituto Vasco de Criminología, me surgió la inquietud de ver el derecho penal desde otra perspectiva: desde el punto de vista del delincuente y la víctima y no solo desde el Derecho Penal o de esa parte más punitiva. Él hizo que me interesara en el porqué del delito, qué es lo que lleva a la gente a delinquir y cómo tratamos a las víctimas.

También es especialista en derecho de Extranjería y fue directora de CEAR en Euskadi. ¿Por qué es necesario el trabajo de esas asociaciones?

Unas amigas y yo conocimos a unos chicos de Bosnia. Estábamos en el año 1993 y llegaron a Euskadi muchas personas refugiadas desde Bosnia. De repente, conocimos otra realidad, la de las personas que huyen de sus países, llegaban al nuestro, no tenían nada y nadie les atendía. Desde la perspectiva del Derecho había muy pocas vías y muy poca gente sabía de eso. Entré como voluntaria en una organización que en aquel momento era solamente la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y, con los años, ya creamos otra que es la parte de CEAR Euskadi. Fui la directora y lo compatibilicé con mi ejercicio profesional. En aquel entonces había muy pocos abogados que supieran de Extranjería en Euskadi y los pocos que había querían que más abogados se interesasen por la materia. ¿Qué pasaba? Que las personas extranjeras que llegaban en busca de ayuda eran pobres y ese trabajo no daba de comer si no estaba compatibilizado con otro o si no lo hacías a través de organizaciones que te pagasen tus servicios. Hoy en día la situación no tiene nada que ver con la de hace 30 años, ahora hay muchos abogados que se dedican a Extranjería, aunque las necesidades siguen siendo muchas porque hay una población extranjera mucho más amplia.

Muchas asociaciones de migrantes y derechos humanos denuncian que es la propia Ley de Extranjeria la que supone una barrera a la hora de alcanzar derechos o de poder estar en el país de forma regular. ¿Qué se puede hacer?

La abogacía tiene la labor de interpretar y trabajar las normas de conformidad con los derechos de las personas que protege o atiende. La misma norma se puede leer de una u otra manera. Un abogado tiene que saber defender a quien delinque y a quien ha sido objeto de delito. Lo mismo pasa en el Derecho Administrativo. En estos casos, el extranjero se enfrenta a la Administración, que es la que tiene que dar la documentación y reconocer el derecho a vivir en el país. Con la norma que tenemos y, sobre todo, con la interpretación conforme a los derechos humanos, hay que buscar la vía para procurar que que esos derechos sean garantizados, porque vías existen. Es verdad que la norma se puede hacer cada vez más estricta si las modificaciones que hay tienden a restringir las vías de acceso a los derechos. Eso complica las posibilidades de de regularización, pero nuestra labor es, con la norma que tenemos, interpretarla de la mejor manera, conforme a los derechos humanos y a las personas que defendemos. Luego hay otra cuestión, que es la incidencia que podamos tener. Y eso es lo que he procurado hacer a lo largo de mi vida en los distintos trabajos que he tenido, no solo trabajar el caso concreto, sino intentar junto con otras personas, otras organizaciones o ahora, desde la institución en la que estoy, que aquellas normas que aunque estén en vigor, generen situaciones injustas, sean modificadas. Hay que transformar el Derecho con lo que demanda la sociedad y con las necesidades de las personas.

Nos tenemos que unir todas las personas, de izquierdas o de derechas, que no creen en el fascismo y creen en la democracia, en las libertades y en los derechos alcanzados

¿Y cómo se puede transformar el Derecho para satisfacer esas necesidades?

Trabajando con otras alianzas de abogados, con organizaciones sociales y con las instituciones desde el consenso, desde el diálogo y a través de los grupos parlamentarios que son los que tienen la obligación de representarnos en el Parlamento y de hacer las leyes. Yo soy de la opinión de que hay que trabajar con todos los grupos para poder llegar a consensos y convencerles de que determinadas situaciones que se pueden producir, son injustas, pero que se pueden modificar a través de ordenanzas municipales, de instrucciones o a otro nivel administrativo más local.

En este sentido, en cuanto al tema de la migración, ¿considera que puede llegar a haber en Europa y España un efecto Trump con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca?

Yo creo que ya hay un efecto Trump. Llevamos años de deterioro de la democracia y los discursos más fascistas, ya no conservadores, sino fascistas, están tomando terreno en Europa con líderes como Orbán o Meloni. Tenemos muestras de esa derecha más conservadora y peligrosa en Europa que está haciendo que calen determinados discursos racistas y xenófobos. Es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y con la que nos tenemos que unir todas las personas, que independientemente de que sean de izquierdas o de derechas, no creen en el fascismo y creen en la democracia, en las libertades y en los derechos que hemos alcanzado a lo largo de todos estos años.

Pagamos a la Administración con nuestros impuestos, por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que exigir que nuestros derechos se cumplan

¿Cuál es su labor como adjunta al Defensor del Pueblo?

En el equipo de trabajo del Defensor del Pueblo está el defensor y sus dos adjuntas, que coordinamos todo el trabajo de la institución. Tenemos el trabajo dividido entre los tres y yo me ocupo de áreas de trabajo como el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, la Economía y Hacienda y las Migraciones e Igualdad de trato. Además, formo parte del Consejo del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Tenemos distintas visiones de trabajo, las áreas que reciben las quejas ciudadanas y las actuaciones que llevamos a cabo de oficio cuando vemos qu ese está produciendo alguna situación injusta que afecta a un número importante de ciudadanos.

¿La sociedad entiende que existe un Defensor del Pueblo al que se puede acudir o le cuesta llegar a la institución?

En el Defensor del Pueblo de España tenemos al año alrededor de las 35.000 quejas. Luego contamos también con defensores autonómicos, en Euskadi está el Ararteko, con quien el Defensor del Pueblo se coordina y que también tiene muchas quejas ciudadanas. Aunque considero que son instituciones que se conocen menos de lo que se debería. Puede que parte de la ciudadanía no quiera dirigirse a ellas porque consideran que tiene mucha complicación o crean que no puede hacer nada, pero yo creo que hay que exponer y denunciar las cosas que pasan, las injusticias, hay que quejarse mucho porque las instituciones y la Administración están para servir a los ciudadanos. Nosotros pagamos a la Administración con nuestros impuestos, por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que exigir que nuestros derechos se cumplan y cumplir con nuestras obligaciones, sin duda. Desde lo más pequeño, desde las cosas más comunales, más vecinales y desde lo más cercano, debemos protestar con las vías que tengamos.

¿Qué es lo que hace exactamente el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP)? ¿Hay casos de tortura en España?

El nombre siempre suscita un interés especial. El concepto de maltrato y tortura es muy amplio, puede que cuando se hable de tortura se piense en los casos más graves, pero hay muchas situaciones de tortura o maltrato que no tienen una gravedad tan llamativa, que pueden ser más sutiles o que no se ven. Nosotros lo que hacemos es visitar todos los centros de privación de libertad, no solo cárceles o calabozos de comisarías, sino aquellos lugares donde las personas no pueden salir, pueden ser hospitales psiquiátricos o residencias de mayores. Contorlamos que no se utilicen mecanismos de contención que puedan hacer daño, no reaccionamos cuando ya haya un maltrato, porque quien se preocupa por eso una vez ocurra es la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es prevenir que no ocurran situaciones de este tipo para que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilizan los mecanismos que necesitan para protegerse de una posible agresión, se puedan proteger con el menor daño a terceros posible.

Un grupo de 16 antiguos trabajadores de Onda Giralda, la televisión privada local de Sevilla que empezó a emitir en 1994 y que en abril de 2009, coincidiendo con la inauguración del Metro, empezó a emitir como canal municipal, han obtenido la victoria en los tribunales tras 15 años de periplo judicial. Su demanda por despido nulo ante un juzgado de lo Social se ha saldado con las correspondientes indemnizaciones para todos ellos después de que su caso haya pasado por TSJA, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se da una circunstancia particular en este caso: todos los trabajadores que presentaron demanda por un mismo hecho, el cese de la actividad de la televisión municipal, han recibido diferentes pronunciamientos judiciales, todos a su favor pero con distintos matices. Por una parte, un juzgado declaró la sucesión de empresa con la televisión municipal que sustituyó a Onda Giralda; por otro lado, se condenó a Onda Giralda como empleadora formal de los trabajadores; y, por último, con este último pronunciamiento judicial, se le da la razón también a los empleados tras revocarse la sentencia que absolvía a ambas entidades por no considerar la existencia de despido.

En noviembre de 2009, la Seguridad Social embargó los bienes de Onda Giralda, que venía explotando el canal 54 del UHF desde 1994. La señal analógica fue cortada y se impidió la emisión durante varios días a la ya entonces televisión municipal, creada en 2006 bajo la denominación DeSevilla Digital Uno TV, participada íntegramente por el Ayuntamiento hispalense. Onda Giralda había sido llamada así hasta 1999 para posteriormente ser Giralda TV (hasta marzo de 2006) y también CRN Giralda (hasta marzo de 2009).

Disolución y liquidación

Como consecuencia de aquello, los trabajadores de Onda Giralda presentaron demanda y se iniciaron diferentes procedimientos judiciales, con distintas resoluciones como se ha dicho, bajo la dirección de los Letrados Ramón Velázquez y José María Toscano, del Bufete Yélamos, que han defendido los intereses de editores, documentalistas, periodistas, operadores de cámara o redactores.

Los demandantes han mantenido todo este tiempo en todos los tribunales que la sucesión de empresas era un hecho objetivo y reconocido por las partes, habiendo manifestado a título ilustrativo que los trabajadores formularon ante el SERCLA demanda de conciliación a la que asistió no sólo Onda Giralda S.A. y su accionista sino también DeSevilla, quien expresamente reconoció por entonces que la televisión municipal estaba utilizando el canal 54 del UHF, habiéndose adjudicado también la marca 'Giralda' y la parrilla de programas de televisión que, a pesar de emitirse por la televisión municipal, continuaron realizando los trabajadores de Onda Giralda.

La plataforma audiovisual del Ayuntamiento de Sevilla, gestionada a través de la extinta sociedad municipal 'Desevilla Digital Uno Televisión' suspendió en noviembre de 2012 su programación regular de emisiones en directo tras un proceso de disolución y liquidación. Meses más tarde, la Junta de Andalucía informó de que no revocaría la licencia al Ayuntamiento de Sevilla del canal, sino que lo mantendrá reservado por ser una entidad pública y no regirse por los mismos criterios que las cadenas privadas.

El 31 de enero de 2007, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, puso la primera piedra de lo que iba a ser un megaproyecto para centralizar todas las sedes judiciales de la región que, ya entonces, estaban muy deterioradas. Casi dos décadas después, del boceto de lo que iba a ser la Ciudad de la Justicia sólo queda un descampado con un edificio a medio hacer tras un gasto de 100 millones de euros, una sentencia judicial que acredita el amaño de muchos de sus contratos y la promesa de un nuevo complejo judicial que se demorará al menos seis años. Y, entre tanto, sus supuestos beneficiarios siguen sufriendo unas sedes judiciales todavía más deterioradas, donde las averías son cada vez más frecuentes y graves. 

Hace sólo unas semanas, se desprendió el falso techo de la sala de vistas de uno de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla y se inundó el suelo. Sus funcionarios tuvieron que apañárselas para hacer en otra sala las declaraciones señaladas. El pasado miércoles pudieron volver a celebrar juicios —16 en una misma mañana—, pero varios testigos confirman que el olor a humedad todavía era muy fuerte a pesar de tener la ventana abierta en todo momento. La tarima del suelo también seguía abombada. “Es un peligro constante. No hay día que no pase algo”, afirma Julia Damià, delegada de prevención de CCOO. 

Los sindicatos han denunciado que en los últimos meses se han desplomado los falsos techos de varios juzgados por la acumulación de agua debido al deterioro de las tuberías, lo que también ha provocado cortes de suministros. La situación fue especialmente complicada este verano, cuando se sucedieron los fallos en la climatización de varias sedes judiciales. “Hasta cinco personas sufrieron lipotimias como consecuencia de las altas temperaturas. Es indigno tener que recibir en estas condiciones a personas que tras meses e incluso años de espera se juegan una indemnización por un despido o que se les otorgue una incapacidad”, señala una magistrada. Otras funcionarias hablan de la “falta de material de trabajo” e incluso de aseo personal, como jabón de manos o papel higiénico.

Los juzgados de lo Social están situado en un edificio de la céntrica calle Princesa, junto a la conocida como Plaza de los Cubos. Se trasladaron a ese inmueble, ahora propiedad de la inmobiliaria Merlin, cuando la Comunidad de Madrid vendió en 2006 por 62 millones de euros el edificio en el que se ubicaban muchos de ellos, en la calle Hernani. El objetivo era obtener liquidez para la construcción de la después fallida Ciudad de la Justicia, que iban a diseñar arquitectos como Norman Foster. 

Pero la viabilidad económica de ese proyecto se sustentaba en la buena venta de los antiguos edificios judiciales. Una lluvia de millones en pleno boom inmobiliario que propició que en el boceto de la Ciudad de la Justicia se pasara de proyectar un gasto de 1.000 o 1.100 euros por metro cuadrado a barajar la cifra de 2.000 o incluso más, según explicó en una comisión parlamentaria en la Asamblea de Madrid el que fuera consejero del Campus en 2008 y recogió el diario El País.

Entre tanto, lo que se pensó como una solución transitoria se ha ido eternizando en el tiempo tras el fracaso de ese primer plan de unificación de sedes. Una circunstancia de gran impacto para las arcas públicas, pues la Comunidad de Madrid gasta cada año más de cuarenta millones de  euros en alquiler las sedes judiciales que no son de su propiedad. 

Esa provisionalidad también se deja ver en el estado de las instalaciones de la calle Princesa. Algunos juzgados no tienen ventilación ni luz natural. Las salas de espera del público son muy reducidas y compartidas hasta para ocho juzgados, lo que hace que cada día se agolpen en ellas decenas de personas entre demandantes, demandados, testigos, abogados… “En verano es asfixiante. No son condiciones dignas ni para los trabajadores, ni para los ciudadanos”, dice una funcionaria. 

Cuatro días sin agua corriente

En los juzgados de Plaza de Castilla, al norte de la capital, la situación es casi peor. “Cada año, con el cambio de estación se producen durante unos días situaciones de falta de calefacción o de refrigeración como consecuencia del deficiente mantenimiento”, explica Damià. Tras muchos años de parches, ese verano se produjo una avería en la bomba y las instalaciones pasaron cuatro días sin agua corriente y con temperaturas superiores a 32 grados, según denunciaron los sindicatos.

El complejo de Plaza de Castilla lo forman varios edificios que ocupan una superficie de más 50.000 metros cuadrados y donde hay juzgados de guardia que permanecen abiertos y en funcionamiento las 24 horas. Por allí pasan cada día alrededor de 5.000 personas entre trabajadores y público. 

La situación límite de este verano obligó a mover ficha a la Consejería de Justicia, que licitó un contrato de emergencia de 2,5 millones de euros gracias al que se compraron nuevos de equipos autónomos y se llevaron a cabo “mediciones diarias con termómetros calibrados”, según la Consejería de Justicia. Una portavoz de este departamento asegura que desde 2017 se han invertido 6,5 millones de euros para el “mantenimiento, mejora y rehabilitación” de este edificio. La consejería declinó la petición de elDiario.es de poder acceder al edificio para comprobar in situ su estado por estar en “obras” y permitirse únicamente “la entrada a personas que van a juicio”. 

La citada portavoz afirma que solo en los últimos meses, el Gobierno regional ha realizado trabajos concretos en este inmueble como la reforma del salón de actos o la limpieza de fachadas y cristales, así como la firma de un nuevo contrato de mantenimiento y limpieza, con mayor presupuesto y nueva empresa encargada de esta labor. Sin embargo, entre sus trabajadores, la sensación de total desatención. 

“Es un abandono absoluto”, resume otra funcionaria con años de experiencia. “Cuando se desprendió el falso techo de mi juzgado había agua por todos lados. En el baño parecía directamente una ducha. Cuando no es una cosa es otra”, añade. “En el juzgado de guardia casi siempre hay algo estropeado y es muy frustrante porque eso retrasa nuestro trabajo y tenemos enfrente a personas en situaciones muy difíciles”, dice otra. “Llevo 15 años destinado aquí y han limpiado los cristales una vez. Es solo un ejemplo más de la dejadez de la Administración”, apunta un tercero. 

A la deficiente situación de las infraestructuras se suma un alto volumen de trabajo. Y el hecho de tener que dar la cara ante ciudadanos que, en ocasiones, llevan meses e incluso años esperando por que se resuelva un pleito. Una situación que contribuye a incrementar todavía más la imagen de la Justicia, que sufre una endémica falta de medios. “Ahora estamos señalando los despidos urgentes para junio de 2026”, relata una funcionaria. Es decir, a más de dos años vista. Para las reclamaciones de cantidad —un salario impagado, por ejemplo— la demora es todavía mayor, hasta mayo de 2027. 

En 2023, ingresaron en la Comunidad 1.023.755 asuntos y se resolvieron 971.115, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sin embargo, al cierre de año seguían sin resolver en los cajones un total de 606.366. Una cifra al alza desde 2022, cuando se superó por primera vez el medio millón de asuntos pendientes. 

Más allá de estos inevitables parches, la mirada del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está dirigida ahora a retomar el macroproyecto de la Ciudad de Justicia en el mismo descampado de Valdebebas que fue testigo del fracaso de la iniciativa de Aguirre. Pero el proyecto se llevará a cabo en varias fases y las obras se demorarán al menos seis años. 

Los trabajadores de la Justicia madrileña tienen todavía más de un lustro por delante en unos edificios que ya estaban muy deteriorados hace dos décadas, cuando se empezó a hablar de la reunificación de sedes. “La sensación generalizada del personal es que no se siente segura en su puesto de trabajo, que esto no pasaría en una empresa privada. Es un ejemplo más del deterioro de lo público”, sentencia la representante de CCOO. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha aprovechado el solemne acto de apertura del año judicial en la comunidad autónoma, que se ha celebrado este jueves en Oviedo, para insistir en las peticiones que, año tras año, realiza para mejorar las infraestructuras de la administración judicial en el Principado.

Sus reivindicaciones, que ya conocía el Principado de primera mano, han podido ser escuchadas por el presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón, desde el mismo Salón de Plenos del Palacio de Valdecarzana, donde tenía lugar el acto al que asistieron las principales autoridades civiles y militares de la región.

Aunque ha ensalzado el apoyo y la colaboración del Principado, el magistrado Chamorro ha reconocido que en los últimos años viene reiterando las necesidades que en materia tanto de personal como de materiales se precisan, sin que atisbe una solución inminente.

El diagnóstico

“Son ya muchos los años que los órganos de gobierno del poder judicial llevan poniendo de manifiesto las necesidades de medios materiales y personales y urgiendo soluciones. Me atrevería a decir que demasiados”, ha admitido.

El diagnóstico, por tanto, “está hecho”, ha dicho el presidente.

Opina que no es necesario ahondar en las necesidades de la justicia asturiana, ya que muchas son “antiguas o muy antiguas” y han venido a sumarse a las “nuevas”, aunque eso no es óbice para que reconozca “el camino andado”.

No obstante, el máximo responsable del alto tribunal asturiano confía que sus peticiones puedan traducirse en “realidades” y concretarse “lo más rápido posible”.

Los servicios para la ciudadanía

El presidente del TSJA ha destacado la labor desarrollada en los grupos de trabajo para la elaboración de un plan de infraestructuras y otro para abordar el “específico y acuciante problema de las infraestructuras del partido judicial de Oviedo”, así como el de la comisión de seguimiento del proceso de digitalización.

Como muestra de esa colaboración mutua con la administración autonómica ha recordado que se está impulsando en todos los partidos judiciales una guía de servicios para los ciudadanos que acuden a los órganos judiciales asturianos.

También ha recalcado la importancia del trabajo que desarrollan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos (OAVD), que están ubicadas en los Juzgados Decanos, donde se informa y asesora a las víctimas directas e indirectas de delitos sobre sus derechos e instrumentos legales de protección. Entre otras, se ofrece información sobre las ayudas económicas que pudieran corresponderles, orientación psicológica y social y apoyos complementarios.

Igualmente se ha referido al asesoramiento que se ofrece en la Oficina de Desahucios, el Servicio de Atención e Información a Personas Afectadas por Desahucios Judiciales (SAID) y el Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD).

El balance

El acto de apertura del año judicial también ha servido como altavoz del balance con los datos estadísticos que se incorporan a las memorias de actividades de cada año y al que el presidente del TSJA ha dedicado un capítulo específico.

Según los datos que ha aportado, los órganos judiciales asturianos dictaron en 2023 más de 124.000 resoluciones: 37.000 sentencias, 57.000 autos y 30.000 decretos.

A lo largo del pasado ejercicio, ingresaron 143.381 asuntos, un tres por ciento menos que en 2022, en el que el número ascendió a 147.628.

El poder judicial en Asturias ha recuperado su pulso después de varios años de vicisitudes diversas

“El poder judicial en Asturias ha recuperado su pulso después de varios años de vicisitudes diversas”, ha destacado, entre otras debido a la pandemia y a las huelgas en la administración de justicia.

Uno de los aspectos más relevantes es el tiempo de resolución de los asuntos y en este tema se ha congratulado del buen trabajo realizado por los órganos judiciales asturianos.

La respuesta de los tribunales

Así, en 2023 los Juzgados de Primera Instancia en el ámbito civil tuvieron un promedio de resolución de asuntos de cinco meses y medio y la Audiencia Provincial en el orden civil de casi siete meses.

En el orden penal, los Juzgados de Instrucción tienen una media temporal de resolución de tres meses, los juzgados de lo Penal de nueve meses y la Audiencia Provincial, de tres meses y medio.

En el orden social, los juzgados resolvieron en 8,4 meses y la Sala de lo Social en 1,4 meses, mientras que los juzgados de lo Contencioso ofrecieron una respuesta a los ocho meses y la Sala a los nueve meses y medio.

Los juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer registraron conjuntamente un total de 3.438 asuntos, lo que supone un 9,7 por ciento más que el año anterior

Los Juzgados de Violencia de Género despacharon sus asuntos penales el año pasado en una media de 2,2 meses y los civiles en 6,8. Por otro lado, el Juzgado de Violencia Penitenciaria respondió en dos meses y el de Menores en 7,8 meses.

El magistrado Chamorro ha destacado el incremento de asuntos que llegaron a los juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer, que registraron conjuntamente un total de 3.438 casos, lo que supone un 9,7 por ciento más que el año anterior.

La independencia judicial

El presidente del TSJA ha seguido el camino trazado por la nueva presidenta del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y ha hecho un alegato a favor de la independencia del poder judicial como piedra angular del estado de derecho.

“Todos, ciudadanos y poderes públicos deben de mostrar respeto por esa independencia judicial, el mismo respeto -ha señalado- que el poder judicial les debe también a todos ellos”.

El magistrado Chamorro ha resaltado que ese poder judicial independiente debe estar sometido exclusivamente al imperio de la ley y actúa con unidad de jurisdicción para garantizar que todos los ciudadanos en todo el territorio tengan los mismos derechos y vean satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva con igualdad.

Un poder judicial independiente significa además, según sus propias palabras, que jueces y magistrados no están ligados a “órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún otro poder público, singularmente del legislativo y del ejecutivo”, ha señalado.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asignados a Asturias, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, han seguido atentamente sus palabras y tanto a ellos como al resto de vocales les ha ofrecido su “disponibilidad, lealtad y colaboración”.

Los vocales del CGPJ

“Es reconfortante tener de nuevo un órgano de gobierno del Poder Judicial en plenitud de mandato”, ha dicho el presidente que confía en que el máximo órgano de representación de los jueces siga “profundizando en la defensa de la independencia judicial y de la labor que desempeñan todos los miembros de la carrera judicial”.

Afronto esta nueva etapa en el Consejo General del Poder Judicial con un compromiso muy ilusionante. Actualmente hay en alguna medida que refundar el CGPJ después de un periodo de un trastorno objetivo que hay que superar con un espíritu de colaboración

Bernardo Fernández — Vocal del CGPJ

Bernardo Fernández explicó a los medios de comunicación, al término del acto, que afronta esta nueva etapa “con un compromiso muy ilusionante”.

Ha explicado que actualmente hay en alguna medida que “refundar el CGPJ después de un periodo de un trastorno objetivo que hay que superar con un espíritu de colaboración”.

Puso como ejemplo de esa colaboración su presencia en el acto y el hecho de que tanto él como Alejandro Abascal van a estar también colaborando en la Comisión Permanente este primer año.

Un centenar de nombramientos pendientes

“Con espíritu de colaboración se puede afrontar una tarea ilusionante pero ingente”, remarcó.

Fernández añadió que ahora hay pendientes más de un centenar de nombramientos, pero esa es una tarea de la Comisión de Calificación de personal, aunque no es la única tarea importante.

El vocal anunció que hay un compromiso para presentar en el plazo de seis meses un informe sobre las formas de elección comparadas en el ámbito europeo y del Consejo de Magistratura y el modo de elección de los vocales de extracción judicial. El plazo termina el 6 de febrero.

Asturias está de enhorabuena por estar representada en el CGPJ y especialmente en los órganos más importantes dentro del Consejo como es la Comisión Permanente

Alejandro Abascal — Vocal del CGPJ

Alejandro Abascal coincidió con Bernardo Fernández en su apreciación de que el reto que tienen por delante en el CGPJ es “ilusionante” y destacó que Asturias está “de enhorabuena” por estar representada en el CGPJ y especialmente en los órganos más importantes dentro del Consejo como es la Comisión Permanente.

“Los intereses de Asturias estarán presentes en el órgano de Gobierno de los jueces”, recalcó.

El magistrado Abascal añadió que, en materia de nombramientos, la idea del Consejo es comenzar primero por establecer unas bases objetivas para afrontar esa multitud de nombramientos “por cubrir”.

“Hay otras cosas importantes, como la elaboración de una propuesta para la elección de los vocales, que es un reto apasionante, ya que por primera vez en la historia del Consejo, va a poder tener una voz importante asesorando si se quiere al legislador”, indicó.

El consenso

Otros retos que están afrontando van dirigidos a otros campos como el de la Inteligencia Artificial y se están creando grupos de trabajo.

En su opinión, el CGPJ tiene actualmente que recuperar una estructura que se ha perdido durante estos últimos años y afronta como “un reto apasionante” los próximos cinco años.

El magistrado Alejandro Abascal ha reiterado el alto consenso alcanzado por fin en el máximo órgano de gobierno de los jueces: “El nombramiento de la Presidencia con absoluta independencia, por primera vez desde 1985 y los acuerdos del Pleno de ayer -por el miércoles- por unanimidad son un ejemplo de las ganas de trabajar, de buscar puntos de encuentro y del consenso”, concluyó.