La jueza de la dana alerta de la “gran dilación en la instrucción” que causa el recorte de sus funcionarias de apoyo
La jueza de la dana ha alertado en un auto dictado este viernes de la “gran dilación en la instrucción” que supone “inevitablemente” el recorte de cuatro de las cinco funcionarias de apoyo que ha ordenado la Conselleria de Justicia del Consell presidido por Juan Francisco Pérez Llorca, tal como ha revelado elDiario.es. Las cuatro funcionarias “cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025, por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo”, afirma la resolución de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.
La magistrada augura una “eliminación prácticamente total de medios personales” y una “insuficiencia de los medios materiales” que “afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento”. Las afirmaciones de la jueza contrastan de plano con la versión del president Pérez Llorca, que este viernes ha negado que se trate de un recorte.
La instructora recuerda que en el procedimiento “resta por practicar un importante número de declaraciones testificales y periciales”. “En este momento, restan 109 declaraciones testificales. Ello sin contar los ofrecimientos de acciones a perjudicados, y testificales de piezas de fallecimiento y lesiones, aproximadamente 50. A ello se añaden cotejos de llamadas, mensajes y vídeos que efectúa la LAJ [Letrada de la Administración de Justicia]”, apostilla el auto.
El auto alude a la resolución de la directora general de Justicia, María José Adalid, que “acuerda la supresión de los puestos que ocupan cuatro funcionarias” asignadas a la causa de la dana desde el 26 de marzo de 2025.
La jueza también destaca la necesidad de compartir la sala de vistas con los titulares de las cinco plazas integrantes del Tribunal de Instancia de Catarroja.
Salas de vistas “claramente insuficientes”
La resolución acuerda que, a partir del próximo 30 de junio (fecha en la que parten las cuatro funcionarias), el juzgado procederá a entregar a las partes personadas las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales y de los investigados en el sistema Arconte, “sin que sea precisa la transcripción de la LAJ ni, por tanto, su consiguiente notificación a las partes”.
“Los equipos de Arconte y el número de las salas existentes en la sede de este partido judicial son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja como las presentes diligencias”, afirma.
La instructora, desde el inicio de la causa, evitaba que las grabaciones de las declaraciones se notificaran a las partes para proteger la intimidad de los investigados y de los testigos. Eso sí, las grabaciones quedaban a disposición de las partes en el juzgado y la LAJ elaboraba las actas de las declaraciones.
El auto de este viernes cambia la dinámica del juzgado, debido al recorte de las funcionarias de apoyo, aunque excluye de las grabaciones a los ofrecimientos de acciones a perjudicados y las testificales de piezas de fallecimiento y de lesiones.
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