El Gobierno de Pérez Llorca reduce de cinco a una las funcionarias de apoyo a la jueza de la dana

La Conselleria de Justicia del Gobierno autonómico de Juan Francisco Pérez Llorca ha recortado drásticamente las funcionarias de apoyo asignadas al juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana, según ha podido saber elDiario.es. La medida desmantela, a efectos prácticos, la organización interna del juzgado, al retirar a cuatro funcionarias (entre gestoras y tramitadoras) y dejar únicamente al auxilio judicial.

La resolución, firmada el pasado 7 de abril por la directora general de Justicia, María José Adalid, explica que por parte del departamento autonómico dirigido por la consellera Nuria Martínez “se ha considerado no prorrogar los refuerzos” a los órganos judiciales valencianos vigentes desde el pasado 1 de enero, entre ellos al juzgado encargado del procedimiento de la dana.

El documento acuerda que el próximo 30 de junio las cuatro funcionarias abandonen el juzgado de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 230 presuntos homicidios imprudentes acaecidos el 29 de octubre de 2024, con la obligación de consumir los días pendientes de vacaciones y de asuntos propios antes de esa fecha.

Se trata de las funcionarias que dan apoyo a la instrucción del complejo procedimiento, prorrogado hasta el próximo 30 de octubre, y que dependen de la Conselleria de Justicia. Además, las gestoras y tramitadoras están familiarizadas con la extensa causa, con varios centenares de piezas de fallecimientos y en el marco de la cual han declarado más de medio millar de testigos y perjudicados.

Por su parte, la instructora cuenta con un refuerzo en su juzgado, acordado por el Consejo General del Poder Judicial, que asegura su dedicación exclusiva a la causa de la dana.

La Conselleria de Justicia alega un “criterio objetivo de antigüedad”

Fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por este diario vinculan la medida con el “objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía”, con “una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales” y con la “prioridad compartida por la propia Administración” de reducir la temporalidad, dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia.

Las mismas fuentes indican que los 200 puestos cuya cobertura no se renovará corresponden a refuerzos de larga duración. “Su identificación se ha realizado con base en un criterio objetivo de antigüedad, priorizando aquellos que, por su carácter estructural en la práctica, requieren una consolidación definitiva”, agregan.

La Conselleria de Justicia explica que los 200 puestos de trabajo “pasarán a integrarse como plazas estructurales” con el mismo número y estables en la plantilla “reforzando la capacidad del sistema y contribuyendo directamente a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de Justicia”.

La medida, apostillan las fuentes oficiales del departamento autonómico, ha sido “comunicada y trabajada” en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales, “manteniendo los canales de interlocución abiertos en todo momento”.

“La transición se gestionará de manera ordenada, intentando garantizar en todo momento la continuidad del servicio y minimizando cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía”, concluyen.