“Hasta la muerte”. Este es el límite que aseguran estar dispuestos a alcanzar Aristotelis Chantzis y Suzon Doppagne, dos residentes en huelga de hambre de Prosfigiká, un histórico vecindario de Atenas okupado desde hace casi dos décadas y uno de los espacios autogestionados más grandes de Europa.

En una Grecia marcada por la precariedad económica crónica y una creciente crisis de vivienda, este barrio organizado en asamblea acoge a más de 400 personas, ahora en riesgo de desalojo ante un proyecto de las autoridades regionales que muchos ven como otro paso hacia la gentrificación del área. Es un asunto candente en un país dónde los precios de los alquileres y para comprar casa se disparan a niveles cada vez más inasumibles para gran parte de la población.

“Nosotros seguimos con nuestra protesta y si hace falta seguiremos hasta morir”, dice Chantzis, de 43 años, en una entrevista con elDiario.es, mientras muestra cómo adelgazó tras más de 100 días de huelga de hambre. Explica que la empezó a inicios de febrero, cuando pesaba 67 kilos, y que ya ha perdido 22, como muestran sus huesos, muy marcados.

Chantzis toma sales minerales para perseverar en su protesta lo máximo posible, pero tiene el cuerpo cada vez más afectado por la atrofia muscular, el entumecimiento de las extremidades y los desmayos que le causa la desnutrición. Aun así, conserva cierta energía para conversar o caminar distancias muy pequeñas, determinado a dar a conocer la situación del vecindario y frenar el plan del Gobierno del Ática, la administración regional.

Este organismo —propietario de 177 de los 228 apartamentos de Prosfigiká— busca dedicar 15 millones de euros de fondos europeos para restaurar cuatro de los ocho bloques del barrio. Los edificios, de estilo arquitectónico Bauhaus, son testigos de la historia reciente de Grecia; se levantaron en los años 30 para acoger a refugiados helenos de Anatolia expulsados tras la caída del Imperio otomano y la creación del Estado turco.

Lucha para evitar la “mercantilización”

El plan anunciado por las autoridades prevé apartamentos de vivienda social y habilitar algunas casas para acoger a pacientes de cáncer de un hospital oncológico aledaño. El colectivo de Prosfigiká, sin embargo, argumenta que la intención real es mercantilizar la zona, preciada por estar en el corazón de Atenas, al lado del Tribunal Supremo y frente el estadio del Panathinaikos, uno de los grandes clubs de fútbol de Grecia.

Aquí creamos una nueva propuesta de vida en sociedad que rompe con la que se nos ha impuesto

Suzon Doppagne — Vecina de Prosfigiká

La comunidad también alega que no se ofreció alternativa de vivienda a los más de 400 residentes actuales, entre los que hay unos 50 menores, así como ancianos, personas enfermas o en situación de vulnerabilidad, tanto griegos como originarios de otros 27 países, muchos de ellos migrantes o con estatus de refugiado.

“Aquí creamos una nueva propuesta de vida en sociedad que rompe con la que se nos ha impuesto”, dice Suzon Doppagne, joven belga de 27 años y vecina de Prosfigiká desde hace más de un lustro. Según alega, el Estado busca acabar con la iniciativa “comunal y horizontal” que se forjó con la okupación, inspirada en ideologías como el confederalismo democrático kurdo o el movimiento zapatista de Chiapas.

Ante ello, Doppagne siguió a Chantzis y este mayo inició su huelga de hambre. Otros podrían sumarse si el Estado no responde a sus demandas. La comunidad pide que se pare el plan, garantías para su permanencia, y que su entidad sin ánimo de lucro pueda reformar el recinto independientemente, con sus propios recursos.

Bastión de resistencia antifascista

En la II Guerra Mundial, el vecindario fue bastión de resistencia partisana contra la ocupación nazi y núcleo con fuerte presencia del Ejército Popular de Liberación Nacional (ELAS), la guerrilla comunista. Fue objeto de ataque de las tropas de Reino Unido en la llamada Dekemvriana, cuando entre finales de 1944 y el inicio de 1945 hubo duros combates en Atenas que enfrentaron a fuerzas del Gobierno provisional griego y el Ejército británico contra la milicia izquierdista. Las marcas de balas y metralla de la artillería británica visibles en algunos bloques son memoria viva de ello.

Esto lo hace un complejo único en Grecia, conservado tras años de lucha vecinal y de la sociedad civil. En los 2000, el Estado planeó demolerlo para alzar un centro comercial. “Las autoridades obligaron a los vecinos a irse. Les dieron muy poco dinero para expropiarlos”, pero 51 propietarios se negaron y recibieron apoyo de arquitectos y académicos, cuenta Valentini Siova, miembro de la comunidad desde hace 17 años. Esto llevó a una batalla legal que en 2009 culminó con la Justicia griega fallando a favor de preservar todo el vecindario.

Todo pasaba en plena ebullición de Grecia, en medio de protestas por la crisis económica y ante un fuerte movimiento de okupaciones de impronta anarquista que buscó responder a los estragos. Así se okupó Prosfigiká, y la autogestión derivó en la formalización del colectivo según sus propios estatutos en 2012.

Proyectos similares han estado muy presentes en el país durante décadas, aunque su peso menguó sobre todo desde que la fuerza derechista Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis asumió el poder en 2019. Esta aumentó los desalojos de espacios okupados en zonas como Exarcheia, barrio cercano a Prosfigiká y bastión de los movimientos sociales y del anarquismo griego, golpeado ahora por la creciente gentrificación y turistificación.

El temor de que Prosfigiká sufra una deriva similar hace que el plan estatal se vea con aún más suspicacia. Para Siova, es una contradicción, porque lo previsto —espacios de acogida para enfermos y vivienda social— es justo lo que el colectivo creó estos años, ante la ausencia o poca capacidad del Estado para cubrir funciones básicas.  

“El Estado miente cuando dice que creará vivienda y hospedajes. Es un modo de obtener aprobación social” para continuar su operación, plantea Siova mientras pasea por el vecindario. Entre otros, saluda a un vecino que va a casa de otra residente para reparar una avería, a una mujer migrante y soltera que vive con su bebé en uno de los pisos que reformó la comunidad, así como a un refugiado kurdo que obtuvo asilo hace poco. También se ven decenas de activistas, muchos extranjeros, que entregan panfletos informativos a pie de calle o ayudan a reformar los viejos pisos, cómo hace una joven de Luxemburgo que vino a respaldar a la comunidad.

Autogestión vs. intervención estatal

En el recinto hay también 22 estructuras creadas para necesidades de la comunidad o de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos un horno, un comedor popular, una cocina social que provee un centenar de comidas al día a personas sin techo, un espacio para acoger a mujeres afectadas por violencia machista y una escuela infantil. A su vez, un piso hospeda a pacientes de cáncer cuando vienen de otros puntos del país para hacer terapia en Aggios Savvas, el centro oncológico más grande de Grecia, a pocos metros de Prosfigiká.

En la comunidad aseguran que el desalojo podría ejecutarse de un momento para otro, pero están decididos a resistir pese a las crecientes incursiones policiales, arrestos y enjuiciamientos de estos años. Así lo cree Doppagne, que está junto a Chantzis en la clínica autogestionada del vecindario, dónde se ofrece atención médica continua.

Amnistía Internacional alertó en abril del “grave riesgo de desalojo forzoso” del colectivo. “Entre los afectados hay refugiados y otros grupos vulnerables a la discriminación y marginación, incluido personas sin techo en el pasado o en tratamiento por adicciones”, dijo la ONG. Según denunció, los residentes “fueron excluidos del proceso de toma de decisiones”, y el plan “no prevé alternativa de vivienda” para todos ellos.

Ante las críticas, el Gobierno regional de Ática aseguró este mayo que los bloques de Prosfigiká “no serán comercializados ni demolidos”, sino convertidos en “viviendas sociales asequibles” para familias, jóvenes, pensionistas o desempleados. El organismo agregó en un comunicado que con “una planificación organizada y transparente, se velará por la reubicación en estructuras y alojamientos adecuados” a los residentes actuales.

Aun así la confianza de los vecinos en la autoridad regional y el Ejecutivo griego es nula. “Han batido récords de corrupción”, dice Siova, resaltando los escándalos en los que está envuelto el Gobierno de Mitsotakis, salpicado hace poco por una nueva trama de fraude y malversación de fondos agrícolas de la UE, otro caso que hace que la confianza de los griegos en sus instituciones sea de las más bajas de Europa. A esto se suma el trágico accidente de tren de febrero de 2023, el peor de la historia del país con 57 muertos, y sobre el que muchos consideran que hubo negligencia estatal y poca rendición de cuentas de parte del Ejecutivo derechista.

Crisis de vivienda creciente

Esto sucede en un momento de creciente presión inmobiliaria y encarecimiento de la vivienda en Atenas. Grecia fue el segundo país de la UE con mayor subida de precios de alquiler en 2025, con un aumento del 10,1%, según el grupo heleno Centro de Estudios Liberales (KEFiM). En la capital, el alquiler medio de un piso de un solo dormitorio equivale al 70,2% del salario mensual medio, y el de dos habitaciones al 93,6%. El precio para comprar casa en el país ascendió un 7,7% interanual a fines de 2025, un incremento marcado por la baja oferta de vivienda en el mercado, el auge turístico, alquileres de corta duración y fuerte entrada de capital extranjero. En un país con un sueldo mínimo mensual bruto de 920 euros, esto pone a muchos griegos en gran dificultad.

“Pisos que antes estaban a 400 euros subieron a 600, 700 o el doble, y muchos son pequeños, viejos o están en mal estado”, señala a elDiario.es Panagiota, joven ateniense que busca casa. “Hay viviendas que ya no se alquilan porque pasaron a ofrecerse por Airbnb, y esto lo hace aún más complicado”, lamenta. Según datos de portales especializados, las ofertas en esta plataforma subieron un 19% en un año, y más de 76% los últimos tres años.

Los alojamientos en oferta superan hoy los 15.450, y más del 92% son apartamentos enteros, concreta Inside Airbnb. De hecho, el turismo alcanzó niveles récord en la urbe, con más de ocho millones de visitantes al año. El alcalde de Atenas, Haris Doukas, alertó hace poco que la ciudad “no puede funcionar como si fuera un hotel gigante”, criticó la sobresaturación de barrios como Plaka, en el pie del Acrópolis, y apeló a imponer restricciones y normas.

Para Chantzis, Prosfigiká se erige en “bastión de resistencia” ante esta realidad. Con su huelga de hambre, pretende también oponerse a un concepto de ciudad “hecha cada vez más para los ricos”.

El proyecto autogestionado La Libre ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding bajo el lema “La Libre se queda”, con el objetivo de recaudar fondos para hacer frente a la compra del local que ocupa desde 2009. La iniciativa llega después de que la librería lograra evitar su desahucio gracias al apoyo económico de personas vinculadas al proyecto.

La campaña, que arranca el 1 de mayo y se extenderá durante aproximadamente 45 días -hasta el 20 de junio-, busca reunir en torno a 100.000 euros. Esta cantidad corresponde a la parte del coste del inmueble que aún queda por cubrir tras la adquisición, realizada mediante préstamos sin intereses aportados de forma altruista por personas cercanas a la librería. El objetivo inmediato es devolver ese dinero “en el menor tiempo posible”, según han explicado sus portavoces en rueda de prensa.

Desde el colectivo que gestiona La Libre insisten en que la campaña no se limita a una recogida de fondos, sino que pretende reforzar el tejido social que sostiene el proyecto. En este sentido, hacen un llamamiento a la ciudadanía no solo para contribuir económicamente, sino también para difundir la iniciativa y participar en las actividades que se desarrollan en el espacio. “No es solo una librería, es una red”, han señalado.

La puesta en marcha del crowdfunding se produce tras meses de incertidumbre, después de que el pasado diciembre se anunciara la venta del local. Ante la dificultad de asumir los precios del mercado inmobiliario o encontrar un espacio alternativo con características similares, el colectivo optó por impulsar una solución comunitaria que finalmente ha permitido asegurar la continuidad del proyecto en su ubicación actual.

25 años de cultura libre

Con más de 25 años de trayectoria, La Libre se ha consolidado como un espacio de referencia en la ciudad, albergando reuniones, actividades culturales y encuentros de diversos colectivos sociales. Su modelo de funcionamiento, basado en la autogestión y el trabajo voluntario, la sitúa al margen de las dinámicas comerciales habituales, apostando por una cultura “accesible y crítica” donde “todas las actividades son de carácter gratuito: nadie cobra, nadie paga”, han recordado.

La campaña de crowdfunding se articula como una nueva etapa en la historia del proyecto, marcada por la necesidad de garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Además de las donaciones directas, el colectivo ha anunciado la organización de actividades y eventos destinados a recaudar fondos y visibilizar la iniciativa, en un intento de ampliar su base de apoyo. La devolución de los préstamos y el mantenimiento del espacio dependen ahora, en gran medida, de la respuesta social a esta campaña. Tal como han concluido, se trata de “mantener y sostener un proyecto colectivo” que consideran fundamental para la vida cultural y social de Santander.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el proyecto para transformar la antigua cárcel de Torrero en un Centro de Convivencia para Mayores, lo que supone el desalojo del centro social okupado (CSO) Kike Mur, que ocupa el edificio desde 2010. Esta decisión ha sido duramente criticada desde Zaragoza en Común (ZeC), al tratarse del último centro social okupado con actividad continuada en la ciudad.

El proyecto, con una inversión de 3,37 millones de euros, plantea una rehabilitación integral del inmueble manteniendo su estructura original, con el objetivo de convertirlo en un equipamiento municipal destinado a personas mayores del barrio. La propuesta incluye salas de convivencia, espacios polivalentes para actividades, aulas formativas, talleres y zonas de encuentro, además de la recuperación del patio central como espacio ajardinado.

El diseño contempla también la creación de una cafetería y comedor, así como despachos administrativos y una sala de actos, todo ello organizado en torno al antiguo patio de la cárcel, que se plantea como eje del nuevo centro. Según el Ayuntamiento, la intervención busca compatibilizar la conservación del edificio histórico con su adaptación a un uso “abierto, accesible y sostenible”.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha defendido que la actuación permitirá “recuperar un edificio ocupado ilegalmente desde hace más de 16 años” y transformarlo en un recurso para los mayores de la zona. El equipo de gobierno sostiene que la aprobación del proyecto básico es un paso necesario para poder iniciar el proceso judicial que permita el desalojo del espacio, una vía ya utilizada en otros inmuebles municipales ocupados.

Desde Zaragoza en Común, el concejal y presidente de la junta de distrito de Torrero, Suso Domínguez, ha cuestionado la operación y ha defendido que el CSO Kike Mur es “un activo en el barrio” que desarrolla actividad cultural, social y comunitaria. En su opinión, el proyecto responde a “una estrategia política que está suponiendo el cierre de espacios autogestionados en la ciudad”.

Domínguez ha asegurado además que el barrio ya cuenta con centros de mayores suficientes y que “no existía demanda vecinal” para ampliar este tipo de equipamientos en el edificio. En ese sentido, ha enmarcado la decisión municipal en una tendencia de “sustitución de espacios de gestión comunitaria” por proyectos institucionales.

Así lo han confirmado desde la Asociacion Vecinal de Venecia-Torrero, consideran que el CSO está “perfectamente integrado” y forma parte del “tejido cultural y asociativo del barrio”. Critican que el Consistorio no se ha puesto en contacto con los vecinos: “No ha pedido opinión sobre el uso que tiene que tener la antigua cárcel. El posicionamiento de la Asociación es en contra del desalojo del CSO Kike Mur”.

Por su parte, el PSOE de Zaragoza ha defendido en anteriores ocasiones una propuesta alternativa para el futuro del inmueble. El concejal Horacio Royo ha planteado su transformación en un Centro de Memoria Democrática, en recuerdo de los presos políticos de la dictadura franquista vinculados a la antigua cárcel de Torrero.

El CSO Kike Mur ocupa el edificio desde 2010, en un espacio que formaba parte del antiguo complejo penitenciario de Torrero, construido en 1928 y cerrado como prisión en 2001. Desde entonces, el inmueble ha tenido distintos proyectos de transformación, mientras el edificio principal ha permanecido en uso como centro social autogestionado.

De todo el mundo es sabido que el barrio de Lavapiés es uno de los más participativos de Madrid, con una tradición de implicación vecinal que ha ido renovándose y haciéndose más diversa con los años. Con la intención de cuidar el componente popular de las fiestas, nació en 2016 la Plataforma por unas Fiestas Populares de Lavapiés, en la que distintos colectivos y lavapieseros colaboran para que las fiestas de San Cayetano o San Lorenzo sean más sostenibles y pertenezcan al vecindario.

La participación popular comenzó, como cada año, con el engalanamiento no oficial de algunas de las calles de Lavapiés. La primera en ser decorada por los vecinos fue la de Sombrerete, donde no faltan lemas reivindicativos como “Palestina libre”.

Con la de este año, son ya ocho ediciones del concurso Bolardo voy, bolardo vengo, que invita a plasmar las inquietudes artísticas de los participantes en más de dos centenares de bolardos que, a decir con humor desde la organización, “os contemplarán sin juzgaros, simplemente disfrutarán de vuestras caricias humanas sobre su férrea epidermis”. Para inscribirse, hay que escribir al correo bolardovoy@gmail.com para reservar bolardo y el cucurucho de cartón para pintar, pues no se hace directamente el bolardo sino en esta funda hecha para la ocasión, que se recoge en el jardín vecinal Esta es una plaza, desde donde nace la iniciativa.

Bolardo voy… tendrá lugar el domingo 10 de agosto por la tarde y los bolardos decorados están entre la calle de Tribulete y la plaza de Nelson Mandela (además de las calles de Caravaca y Sombrerete).

No son estas las únicas propuestas con las que los vecinos de Lavapiés demuestran que celebrar también es una forma de reclamar. La tarde del lunes 11 de agosto, la calle del Doctor Fourquet, a la altura del número 24, se convertirá en un oasis peatonal y efímero en una ciudad cada vez más hostil para el juego y el encuentro con motivo de las fiestas de San Lorenzo.

Los juegos populares organizados por la plataforma de festejos lanzan una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿Qué pasaría si una calle de Madrid fuese peatonal por un solo día? La respuesta, por unas horas, será una calle recuperada para el barrio con torneos de petanca y mus, cuentacuentos, poesía al aire libre, talleres de rap y juegos para todas las edades. Una absoluta declaración de intenciones con la que los vecinos del barrio reivindican que “otra ciudad es posible, si nos dejan jugarla”.

En la Plataforma por unas Fiestas Populares de Lavapiés participan colectivos muy diversos: asociaciones migrantes, el Sindicato de Manteros, espacios como Esta es una plaza, proyectos deportivos como CD Dragones de Lavapiés, cooperativas y otros colectivos de distinta naturaleza radicados en el barrio. Cada año, ponen una caseta en las fiestas con precios populares.

La participación vecinal es santo y seña de la organización de las fiestas de Centro. Otra buena muestra de ello es el reconocimiento que la Junta Municipal de Centro ha otorgado este año a los vecinos de la calle del Oso, que llevan más de cuatro décadas poniendo guapa su calle con colgaduras y mantones. Las fechas anteriores, se puede ver a los vecinos prepararlo todo en las aceras de la calle.

Serán los encargados de pronunciar el pregón de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma el martes 5 de agosto, en reconocimiento a su compromiso con el barrio, coincidiendo con el 45 aniversario de la colaboración e implicación activa en las celebraciones más castizas de la capital. Un año más, la limoná y el chotis tendrá en las fiestas de San Cayetano la mano de los vecinos y vecinas de esta calle.

En los últimos años se echa de menos, eso sí, la presencia de la desaparecida Emi, vecina de la calle y transformista de la vieja escuela, que cada 7 de agosto se convertía en la Rocío Jurado de Lavapiés y, junto con algunas amigas de la profesión, ofrecían un gran espectáculo a todos los vecinos.

Esta es la crónica de una demolición anunciada. Ayer tuvo lugar la segunda edición del festival de literatura feminista Demoleer en Murcia. Una iniciativa llevada a cabo por lo que en origen era un club de lectura y un grupo de amigas que no encontraban en la capital murciana la respuesta a una necesidad común a todas: la existencia y promoción de eventos culturales progresistas y feministas en la Región. La oportunidad de asistir a eventos donde se diera voz y espacio a esas autoras que leían semana tras semana en el club, o a esas amigas -también autoras- que no tenían la suerte que sí tenían sus homólogos varones: ser promocionadas y reconocidas institucionalmente por la publicación de un libro, un poemario o una obra de teatro.

A diferencia del año pasado, cuando Demoleer se celebró por primera vez y el espacio elegido era el Salón de Actos de la Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), con un aforo limitado a 100 personas que se demostró absolutamente insuficiente al rebosar por completo el espacio, las organizadoras eligieron esta vez un lugar distinto donde celebrarlo: la primera planta de la BRMU, con capacidad para unas 300 personas, que no se sabía si sería demasiado, pero el año pasado hubo gente que se quedó fuera y esta vez -precisamente por su condición y orgullo de gratuito, abierto y autofinanciado- no podía ocurrir así.

Finalmente, no sabemos si hubo gente que se quedó fuera pero lo que sí se puede afirmar es que, de nuevo, las 300 sillas dispuestas frente al escenario fueron insuficientes. Otra vez, aforo completo. Otra vez, cientos de personas de pie durante horas fieles a lo que allí ocurría. Lo que durante todo el año son mesas de estudio a las que los opositores acuden fielmente, el pasado sábado 17 de mayo sirvieron de asientos improvisados para quienes no tuvieron la suerte de ocupar una silla pero no querían perderse nada de lo que ahí ocurría.

Es difícil llenar un aforo de cientos de personas un sábado a las 10h de la mañana para un evento que gira en torno a la literatura, que incluye -sin miedo y con orgullo- la palabra ‘feminista’ en su presentación, y que, por segundo año consecutivo, sigue sin contar con ningún tipo de apoyo ni publicidad institucional.

Es difícil, pero a las 10h de la mañana ya no quedaba una silla libre si alguien quería asistir al festival desde primera hora, cuando una voz en off detrás del escenario anunciaba el inicio de la segunda edición de Demoleer y quince minutos después tenía lugar la primera mesa redonda de la jornada: “¡Literatura, murciana! Vol. II”, donde la poeta muleña Marisa Morata, la dramaturga María Rodríguez, de Mazarrón, y la directora y guionista molinense Eva libertad, en un debate moderado por la periodista Marta Hernández, hablaron sobre sus distintas trayectorias profesionales, el papel de la literatura en sus vidas y en sus carreras, y el hándicap de desarrollar una carrera profesional desde el ‘no Madrid’.

'Kit de supervivencia' con Wiener, Gopegui y Chen

A continuación, tuvo lugar la mesa 'Kit de supervivencia para el fin del mundo', presentado por María José Gómez, en la que participaron las escritoras Belén Gopegui, Gabriela Wiener y Paloma Chen. En esta ocasión, fueron las identidades, la importancia de la posición política y el poder de la literatura como herramienta de cambio los temas de peso durante el debate. Gopegui afimaba: “La literatura, cuando más fuerza tiene es cuando la compartimos y cuando la rebatimos sin miedo”.

Por su parte, Wiener apoyaba esta idea y bromeaba: “Que los clubes de lectura sean la fachada de núcleos subversivos donde se prepare el explosivo”. Incapaz de disimular el asombro frente a las más de 300 personas que desde primera hora rebosaban la primera planta de la BRMU, y consciente de que todo nacía de la iniciativa de un grupo de amigas sin apoyo institucional, la escritora peruana propuso, y esta vez sin bromear: “Si Demoleer comenzó siendo un club de lectura y un grupo de amigas, y ha llegado a este alcance, creo que Demoleer debería ser un partido político”.

Libros y flores

Llega la tarde y con ella cobra protagonismo el mercadillo situado en el patio de la BRMU, ambientado con las pinchadas de Annie Villamarzo y Honey Vani, regado por una barra libre de Estrella Levante al final del patio e iluminado por el sol de la primavera murciana. Una hilera de mesas se disponía cara al público y comenzaba una particular, progresista y feminista ‘feria del libro’, donde librerías como Traperos, de Murcia, Futuro Imperfecto, de Lorca, o Libros de la luciérnaga, vendieron libros durante toda la jornada al lado de mesas donde las autoras invitadas al festival redondas firmaban esos mismos ejemplares.

También había espacio para las flores: la floristería La Mataflor, vendía ramos y llenaba de color el espacio. Alrededor de todas estas mesas y en pocos minutos el mercadillo se convirtió en una pequeña celebración donde todos llevaban, al menos, un libro o un ramo de flores en la mano. También un vasito de cerveza.

Pasaban las 16:30h de la tarde y se retomaba la actividad en el interior de la BRMU con el programa ‘¡Atiende!’, donde el festival cumple con una de sus premisas principales: abrir espacio y dar voz a distintas propuestas culturales y progresistas de la Región. Así, entre otros, se presentó la compañía de teatro Voraz, donde su portavoz, Ángela Salcedo, reivindicó: “No entiendo la literatura si no es como una carta de amor”.

“Lo mejor de Perú y de Barcelona”

Tras la presentación de microproyectos se iniciaba la última mesa redonda de la jornada. ‘Las cosas del querer narrar(nos)’ era el título de un espacio donde la investigadora y divulgadora Lidia García y la ilustradora Rocío Quillahuaman, presentadas y moderadas por Alba M. Gálvez, pusieron la nota de humor y con el sarcasmo por bandera reivindicaron la posición de clase -“Una es folklórica, pero marxista”-, afirmaba Lidia, y la condición de migrante – “Tengo lo mejor de Perú y lo mejor de Barcelona. Odio a los pijos de Barcelona y eso es algo universal”-, confesaba Rocío.

Finalmente, a las 19h de la tarde, tenía lugar la despedida del evento en la BRMU. “No me quiero ir sin reivindicar un amor a la lectura y un Demoleer que nos acompañe siempre”, fue una de las declaraciones de las organizadoras en el cierre.

“Una red de mujeres que apoya las historias de mujeres”

Visiblemente emocionadas, y entre el clamor del público que hizo de la biblioteca un templo de reivindicación lectora y colectivización feminista, las fundadoras del Demoleer se subieron al escenario y se fundieron en un abrazo que daba cuenta del esfuerzo que supone levantar un festival de literatura que congregue a cientos de personas sin ningún tipo de apoyo por parte de las instituciones. Demoleer, como bien afirmaron al final de la jornada, es la reivindicación de “una red de mujeres que apoya las historias de mujeres”.

Cerró la BRMU, pero Demoleer no terminó ahí. El festival se trasladó al Café del Archivo, contiguo a la biblioteca, y ahí tuvo lugar el recital de poemas de las ganadoras del micro abierto ‘Flor de piel’, una de las tantas actividades que las fundadoras del festival organizan a lo largo del año; seguido de la actuación de las troveras Natalia Martín y Patricia Navarro. Finalmente, la cantante Lidia Damunt, cerró la jornada en el Café del Archivo como ya hizo el año pasado durante la primera edición del festival.

Pero no, no acaba aquí. La sombra de Demoleer es alargada y el éxito hay que celebrarlo. ‘Demoleer, ¡la traca final!’ fue la fiesta de clausura celebrada en El plan 9, donde la pinchada de Bisektriz puso la nota final -hasta cierre- a esta segunda edición del ya consolidado festival de literatura feminista de la Región de Murcia.

El desalojo de Animosa, primer centro social okupado del distrito de Hortaleza, ha sido aplazado hasta el próximo lunes 26 de mayo. La decisión judicial posterga así un desahucio previsto para este mismo miércoles en Madrid, que ponía en jaque la supervivencia de este espacio autogestionado en el que reside además una familia.

“Esta supensión no es una victoria. Para nosotras son 20 días más para denunciar el desalojo, exigir su paralización y la cesión de uso del espacio”, han manifestado desde La Animosa a através de sus redes sociales. “Seguimos sufriendo el acoso policial día tras día”, añaden, antes de avisar de que “el próximo 26 de mayo pararemos el desalojo”.

La actividad de este espacio comenzó en noviembre de 2021, cuando un grupo de jóvenes okupó un edificio abandonado de 1.400 metros cuadrados, que llevaba años sin actividad en el número 15 de la calle Mar de Japón. El local era propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el más conocido como banco malo.

Desde La Animosa insisten en que en el bloque vive actualmente una familia de cinco miembros “sin alternativa habitacional”, que el día 26 “se quedarán sin el techo que les ha acogido durante años”. Por ello, se preparan ya para tratar de evitar el desahucio con distintos llamamientos a través de las redes sociales. Para este miércoles ya habían convocado una movilización para evitar el desahucio, en forma de desayuno solidario, que es de esperar se repita en tres semanas.

Las personas implicadas en este centro social critican que “la Sareb, una entidad financiada con dinero público, desalojará un espacio de uso común y social”. “Hace unos años se deposita parte de la deuda privada de las viviendas en españa en la entidad, de gestión semipública, con aproximadamente 20.000 activos en el territorio español, en los próximos meses esta previsto el traspaso de un gran número de esos activos a una entidad completamente pública, las viviendas y locales que nadie quería, en manos de fondos buitres y empresas privadas, pasaran a manos públicas, socializando pérdidas, privatizando ganancias”, exponen.

A lo largo de estos cuatro años, La Animosa ha dado lugar a iniciativas de diversa índole en Hortaleza: “Por nuestro gimnasio popular han pasado cientos de jóvenes del distrito, desde clases de boxeo hasta escalada. Hemos organizado torneos de fútbol y baloncesto por el distrito de manera regular. En nuestra biblioteca han tenido lugar cursos de español, de programación o clases de refuerzo para niños. Hemos hecho rutas históricas por el barrio, exposiciones, charlas políticas y de concienciación... Todo desde el barrio para el barrio”. Mencionan también “repartos de juguetes , la cabalgata participativa de Hortaleza, la coordinación de las fiestas del distrito, las movilizaciones históricas del macroparking o el voluntariado durante la pandemia en el reparto de medicamentos”.

A lo largo de estos cuatro años, La Animosa ha dado lugar a iniciativas de diversa índole en Hortaleza: “Por nuestro gimnasio popular han pasado cientos de jóvenes del distrito, desde clases de boxeo hasta escalada. Hemos organizado torneos de fútbol y baloncesto por el distrito de manera regular. En nuestra biblioteca han tenido lugar cursos de español, de programación o clases de refuerzo para niños. Hemos hecho rutas históricas por el barrio, exposiciones, charlas políticas y de concienciación... Todo desde el barrio para el barrio”. Mencionan también “repartos de juguetes , la cabalgata participativa de Hortaleza, la coordinación de las fiestas del distrito, las movilizaciones históricas del macroparking o el voluntariado durante la pandemia en el reparto de medicamentos”.

La Animosa se autodefine como “un lugar de referencia para el distrito y el conjunto de los movimientos políticos y sociales de Madrid”, pero recalcan además la importancia del espacio para el intercambio de ideas con otras entidades gracias a “reuniones y asambleas de distintos colectivos nacionales e internacionales, como sindicatos de vivienda”.

Un nuevo espacio autogestionado de activismo político, social y cultural se enfrenta al desalojo en Madrid. El centro social okupado La Animosa, el primero de estas características en el distrito de Hortaleza, ha recibido ya una orden de expulsión programada para el próximo miércoles 7 de mayo.

La actividad de este espacio comenzó en noviembre de 2021, cuando un grupo de jóvenes okupó un edificio abandonado de 1.400 metros cuadrados, que llevaba años sin actividad en el número 15 de la calle Mar de Japón. El local era propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el más conocido como banco malo.

“Después de cuatro años de trabajo vecinal, La Animosa se acaba. En contra de la voluntad de los vecinos del barrio, así como de las manos que una vez la construyeron. Durante este tiempo, se ha depositado la ilusión del barrio en cuatro paredes, dando lugar al Gimnasio HTZ Fighters, la Biblioteca Popular o acogiendo eventos para el vecindario. Se llama a la convocatoria el día 7 de mayo y a la rueda de prensa del Miércoles 30 de abril a las 12.00”, trasladan desde el centro en un comunicado.

Alertan además de que en el bloque reside actualmente una familia de cinco miembros “sin alternativa habitacional”, que el día 7 “se quedarán sin el techo que les ha acogido durante años”. Por ello, desde La Animosa se preparan ya para tratar de evitar el desahucio con distintos llamamientos a través de las redes sociales.

Desde La Animosa critican que “la Sareb, una entidad financiada con dinero público, desalojará un espacio de uso común y social”. “Hace unos años se deposita parte de la deuda privada de las viviendas en españa en la entidad, de gestión semipública, con aproximadamente 20.000 activos en el territorio español, en los próximos meses esta previsto el traspaso de un gran número de esos activos a una entidad completamente pública, las viviendas y locales que nadie quería, en manos de fondos buitres y empresas privadas, pasaran a manos públicas, socializando pérdidas, privatizando ganancias”, exponen.

A lo largo de estos cuatro años, La Animosa ha dado lugar a iniciativas de diversa índole en Hortaleza: “Por nuestro gimnasio popular han pasado cientos de jóvenes del distrito, desde clases de boxeo hasta escalada. Hemos organizado torneos de fútbol y baloncesto por el distrito de manera regular. En nuestra biblioteca han tenido lugar cursos de español, de programación o clases de refuerzo para niños. Hemos hecho rutas históricas por el barrio, exposiciones, charlas políticas y de concienciación... Todo desde el barrio para el barrio”. Mencionan también “repartos de juguetes , la cabalgata participativa de Hortaleza, la coordinación de las fiestas del distrito, las movilizaciones históricas del macroparking o el voluntariado durante la pandemia en el reparto de medicamentos”.

La Animosa se autodefine como “un lugar de referencia para el distrito y el conjunto de los movimientos políticos y sociales de Madrid”, pero recalcan además la importancia del espacio para el intercambio de ideas con otras entidades gracias a “reuniones y asambleas de distintos colectivos nacionales e internacionales, como sindicatos de vivienda”.

Cantaba Sara Montiel, “aparecen las violeteras // que pregonando parecen golondrinas // que van piando, que van piando”. La canción, 'Las violeteras', que pertenece a la banda sonora de la película del mismo nombre, de 1958, dirigida por Luis César Amadori, alcanzó fama mundial al ser usada también en la famosísima película 'Luces de ciudad', de Charles Chaplin.

No es casualidad que la asociación feminista de la localidad natal de Sara Montiel, icono artístico y de empoderamiento feminista en los años 60, lleve el nombre de una de sus más conocidas canciones.

Las Violeteras de Campo de Criptana cumplen este 2025 diez años de trabajo, empoderamiento y divulgación feminista. Una década de labor que, entre otras cosas, ha pasado por llevar a la localidad el primer festival de música feminista de la Castilla-La Mancha, que se celebró en agosto de 2018. El Mariantonias Fest es otro guiño de homenaje a Sara Montiel, cuyo nombre real era María Antonia Abad Fernández.

Mantener una organización de este tipo vigente y funcionando tiene sus propios desafíos, como no puede ser de otra manera. Pero es necesaria y así lo reivindican. “Se acercan chicas más jóvenes a la asociación y nos cuentan el panorama que hay en el instituto, con toda esta ola de misoginia que estamos viviendo. Nos cuesta más llegar a la población adolescente, y es algo que tenemos en cuenta”, explica Laura Villalba, ingeniera forestal y fundadora de la asociación.

Siempre hay reticencias frente a un movimiento de estas características: “Pero ahora más y lo notamos”. El colectivo Las Violeteras nació antes de la “super ola feminista”, la de 2018, cuando el país entero se volcó en la huelga general de mujeres. Para entonces, llevaban ya tres años de violeteo. Tras la pandemia, sobre todo por causas organizativas, tuvieron que abandonar algunas de las actividades pero se han mantenido las más relevantes, como las concentraciones del 8 de marzo y del 25 de noviembre, en las que se unen a otros colectivos como la asociación LGTBI Mancha Plural.

“Nuestra idea era crear espacios en los que poder identificarnos. Muchas hemos vivido en ciudades, pero no es lo mismo. Necesitamos seguir reivindicando el feminismo en la Mancha, desde lo local, porque es donde primero se pierden los primeros pasos que se van consiguiendo”, reflexiona Villalba.

Necesitamos seguir reivindicando el feminismo en La Mancha, desde lo local, porque es donde primero se pierden los primeros pasos que se van consiguiendo

Para celebrar los diez años de vida prepararon una serie de actividades, entre ellas, un 'remember' del Mariantonias Fest, la presentación del libro 'La mancha' de Enrique Aparicio y también un trabajo de divulgación de la labor de las cantareras de la vecina localidad conquense de Mota del Cuervo, situada a pocos kilómetros. Una discreta celebración que quiere enviar un mensaje potente: “Estamos aquí, a pesar de la ola de odio”. “Que seguimos haciendo actividades, seguimos en nuestra reivindicación desde las herramientas con las que contamos y la capacidad que tenemos, pero seguimos aquí”, destaca.

Las Violeteras, reflexiona Villalba, son un punto de encuentro y de escucha, de acompañamiento. Puede acercarse quien lo necesite, afirma Laura, pero no ofrecen servicio profesional psicológico o asesoría especializada. “Pero conocemos los recursos y podemos asesorar a quien lo necesite, para que las personas afectadas, víctimas de violencia de género por ejemplo, puedan encontrar un espacio donde sentirse cómodas y recibir ayuda”, señala.

Visibilizar es la palabra clave. “Visibilizar las violencias, las realidades, visibilizar nuestro papel”, explica. Es por ello que decidieron incluir el trabajo de Jimena González, 'Las magas del barro', una investigación prolífica sobre las mujeres cantareras de Mota del Cuervo, un trabajo feminizado y tradicional que se está “perdiendo”.

“Se trata también de una reivindicación del papel de la mujer rural, de los labores que ha llevado a cabo, de trabajos que siguen siendo trabajos, aunque no sean remunerados”, destaca Villalba.

Esta es la “bandera y la contribución” de las Violeteras en un momento de avance del machismo, “el odio” y “la misoginia”. “El entusiasmo hacia el feminismo, lo hemos notado, se ha quedado estancado. Pero hemos conseguido romper con el estigma que había en el principio de las feministas 'radicales'. Ya nos conocen las otras asociaciones y la población general, y nos hemos ido haciendo hueco”, afirma.

La reflexión ahora es necesaria. “Siempre que hay una ola, en este caso fue la del feminismo, luego viene cargada de retroceso”, señala Villalba. Es algo que “históricamente ha pasado”. “Pero tenemos que encontrar el modo de lichar contra la desinformación y los bulos, dotarnos de herramientas y escuchar a los más jóvenes, porque lo primero es entender por dónde llegan estos mensajes. Tenemos que escucharlos. Y conocerlos”, resalta la activista.

El trabajo no para tras su décimo aniversario. Las Violeteras quieren seguir animando a la población, y no solo en Campo de Criptana, a seguir participando en sus actividades, descubriendo un relato diferente desde el corazón manchego. Una autogestión cultural y social que también es posible en la España más rural. “Creemos en lo local, en lo pequeño, lo cercano y lo autogestionado. Creemos en el potencial de los recursos de los pueblos y el desarrollo comunitario”, concluyen.

Porque tal como reza el lema que corona sus páginas de redes sociales: “La revolución feminista será con mi pueblo, o no será”.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de este viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad. Finalmente, este viernes a las 10.20 se ha producido el desalojo y se ha procedido a identificar a las cuatro personas que han pasado la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El 'gaztetxe' de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

La orden de desalojo se ha realizado debido a que los propietarios prevén la construcción de un bloque de viviendas. “Queremos denunciar el papel de los responsables de esta orden de desalojo. Los empresarios que se llenarán los bolsillos con el proyecto urbanístico elitista que se está planteando para la zona. A pesar de que tardarán unos años en construir, prefieren tener Etxarri vacío”, detallan tras explicar que “el Ayuntamiento de Bilbao no se ha comunicado con el gaztetxe, ni ha ofrecido ninguna alternativa”.

“Ante esta situación, nuestras únicas armas son la organización y la lucha. Aquellos que quieren desalojar Etxarri, son los mismos empresarios y políticos que eligen empeorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, imponiendo los beneficios privados de unos pocos por encima de las necesidades de las vecinas y jóvenes del barrio. Si desalojan Etxarri, nos robarán un espacio clave para la organización de la clase trabajadora en Errekalde. Si desalojan Etxarri, nos robarán otro de los cada vez más escasos espacios autogestionados en Bilbao, en favor de la especulación. Hagámosle frente, extendramos la solidaridad y defendamos el gaztetxe”, concluyen.

Madrid no se ha quedado atrás en el auge de los huertos urbanos en las grandes urbes y cuenta ya con más de 400 repartidos por la mayoría de los distritos. La expansión de estos huertos empezó aproximadamente en la década del 2010, en un contexto marcado por el 15M, con el objetivo de autogestionar la producción de alimentos a pequeña escala. Aun así, no todas las parcelas tienen el mismo origen. Hay decenas de huertos privados, además de aquellos que forman la red pública.

El primer huerto urbano promovido por el Ayuntamiento de Madrid fue el de la Casa de Campo, inaugurado en 1988 como parte de un proyecto piloto. Desde entonces, la red ha crecido paulatinamente y en la actualidad Madrid cuenta con más de 50 huertos gestionados directamente por vecinos y asociaciones, además de parcelas municipales asignadas a personas mayores o entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables y aquellos situados en los centros escolares.

Los huertos urbanos comunitarios tienen varias particularidades: no está permitida la venta de las hortalizas que se cultivan y está prohibido el empleo de fertilizantes, herbicidas y otros productos químicos. Además, el regadío del huerto se realiza mediante el sistema de goteo para optimizar el uso de agua.

En el barrio de Tetuán, el huerto comunitario de La Ventilla es un ejemplo de cómo la horticultura puede transformar espacios abandonados en puntos de encuentro para los vecinos. Antiguamente era un terreno baldío lleno de escombros, hoy es un espacio donde se cultivan hortalizas ecológicas y organiza actividades de educación ambiental que congregan más de 3.000 visitas anualmente.

Los beneficios de la agricultura comunitaria

Desde 2010, iniciativas ciudadanas han desarrollado huertos comunitarios en parcelas sin uso, muchas municipales, bajo autogestión. A través de la Red de Huertos Urbanos y la Federación de Asociaciones Vecinales, se creó en 2014 el Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios, coordinado por el Área de Medio Ambiente y Movilidad.

La estrategia del Ayuntamiento también incluye la creación de huertos en centros educativos, centros culturales y residencias de mayores. En este sentido, el consistorio ha inaugurado más de 200 huertos en centros de primaria, secundaria y formación profesional para fomentar las actividades pedagógicas en torno al cultivo de alimentos.

Los huertos urbanos son una forma de transformar espacios grises de las ciudades en áreas verdes que a su vez fomentan el equilibrio ecológico y las relaciones sociales. Los expertos coinciden en apuntar que, dejando de lado la dimensión social de los huertos, también tienen un impacto positivo evidente en la biodiversidad y el clima. Un estudio del Ministerio para la Transición Ecológica apunta precisamente a los beneficios en cuanto a la calidad del aire, el cambio climático, la salud humana y la salud mental.

Otra cuestión fundamental de estos espacios es que la mayoría se acaban convirtiendo en puntos de encuentro comunitario donde las personas pueden colaborar, aprender y fortalecer vínculos en torno al cuidado de la naturaleza. Promueven hábitos saludables al facilitar el cultivo de alimentos frescos y reducir la dependencia de cadenas de suministro largas.

En la entrada de Christiania, la autoproclamada ciudad libre anarquista situada en el centro de Copenhague, un cartel indica que no están permitidas las drogas duras, las armas, ni la violencia. Otro señala que no se pueden hacer fotos en la calle principal de este barrio, fundado en el año 1971 con el sueño de convertirse en una comuna antisistema situada en plena capital danesa. Sin embargo, los vecinos de Christiania están en pie de guerra contra las pandillas que han tomado el control del barrio, generando una creciente inseguridad entre los residentes y los centenares de turistas que cada día lo visitan.

En el corazón de la polémica se encuentra Pusher Street, conocido también como el Distrito Verde: una calle de unos 100 metros con una plaza adyacente, alrededor de la que se vertebra el barrio. Aquí normalmente se levantan una veintena de puestos ambulantes que mayoritariamente venden hachís, pero también se puede encontrar todo tipo de drogas. En un día habitual, los trapicheos en la calle son más que evidentes a plena luz.

Los turistas y los jóvenes que buscan algo para fumar tan sólo tienen que acercarse a uno de los puestos, en lo que hay carteles escritos con serigrafía de grafiti para atraer a los clientes: “Aquí tenemos cannabis”. Cuando la policía hace presencia en Pusher Street ―un hecho que ocurre con frecuencia―, los puestos ambulantes desaparecen y los vendedores, la mayoría encapuchados y con la cara tapada, se esconden hasta que se haya marchado. Poco tiempo después, los camellos vuelven a ocupar la calle y todo sigue igual.

El uso y el consumo de drogas siempre ha formado parte de Christiania y, a pesar de las polémicas, las autoridades de Copenhague nunca han encontrado la forma de pararlo. Pero los vecinos denuncian que ha habido incidentes en los últimos años, desde que la venta de drogas blandas ha pasado a estar controlada por bandas del crimen organizado.

Tiroteos, palizas y amenazas a los vecinos

Este verano, una serie de episodios muy violentos han alterado el barrio y la Policía teme que la violencia de las pandillas se pueda extender al resto de Copenhague, en una guerra entre bandas.

Los incidentes más recientes ocurrieron en el mes de julio, cuando dos personas relacionadas con las pandillas fueron apuñaladas con 24 horas de diferencia. Una semana después, un hombre que según la Policía pertenecía al grupo Hells Angels, fue golpeado hasta la muerte en Pusher Street.

La lista de incidentes violentos ocurridos en Christiania es interminable e incluye varios episodios con muertes por tiroteos y ataques con piedras contra las patrullas policiales. “La situación en Pusher Street se ha vuelto insoportable”, resume Ole Lykke Andersen, un vecino de 77 años, en declaraciones recogidas por el periódico Berlingske.

Según otra vecina, que prefiere mantener el anonimato porque asegura haber recibido amenazas por parte de las pandillas, los incidentes están protagonizados por “personas que no tienen nada que ver con Christiania, son pandillas que vienen de fuera y utilizan el barrio para vender droga”, explica en declaraciones al periódico Ekstra Bladet.

Protestas vecinales

A raíz de la espiral de violencia y conflictos, que se ha agudizado en los últimos meses, la semana pasada una cincuentena de vecinos decidió emprender una acción reivindicativa contra las bandas. Por la mañana, la calle de Pusher Street amaneció bloqueada con barricadas con mensajes como “Pusher Street está cerrado”.

En un comunicado publicado en Facebook, los vecinos explicaban que la acción “no iba dirigida a las personas que usan el cánnabis de forma recreativa y responsable”, pero pedían que “no compren más hachís en Christiania”.

“A menudo nos preguntan por qué los vecinos no cerramos Pusher Street. La respuesta corta es que nos sentimos impotentes y asustados”, decían en el comunicado.

A pesar de la aparatosidad de la acción y la atención que consiguió atraer en los medios de comunicación, unas horas más tarde Pusher Street volvía a estar visiblemente ocupada por los pandilleros, haciendo los trapicheos habituales. Según los vecinos, el mensaje que se quería difundir con la acción es que ni los vecinos ni la policía pueden poner fin al problema, sino que son los políticos quienes tienen que resolverlo. 

Legalizar el hachís  

Según la Policía de Copenhague, el año pasado se efectuaron 875 detenciones y más de 100 redadas en los puestos de hachís en Christiania. Pero, a pesar de la presión policial, los vecinos piden otras soluciones para frenar la inseguridad, como legalizar el consumo de cannabis con usos recreativos: “Eso significaría alejarse de la criminalidad y pasar a la regulación estatal, y se podría controlar de muchas maneras”, según Andersen. “Cada vez tenemos más experiencias de otros países que lo han legalizado”, añade este vecino.

Por su parte, la alcaldesa de Copenhague, Sophie Hæstorp Andersen, calificó la acción protagonizada por los vecinos como “el principio del fin de Pusher Street”, tras las protestas de la semana pasada. También afirmó que “los vecinos se han responsabilizado y han demostrado que están hartos del crimen organizado, esta es la actitud que permite un diálogo entre el Ayuntamiento y Christiania”.

Andersen ha declarado en más de una ocasión que, desde el Ayuntamiento, están abiertos a empezar un debate sobre la legalización del cannabis recreacional: “No es ningún secreto que queramos buscar soluciones para evitar que sea un mercado de criminales con violencia y jóvenes implicados, debemos entrar en diálogo con el Gobierno y el Estado”, declaró en una entrevista con el periódico Berlignske.

Una de las propuestas que está sobre la mesa es que la venta de cannabis se controle desde el Estado, con un sistema similar al que Suecia y Noruega aplican para la venta de alcohol.

Una utopía acorralada

Más allá del debate de la regulación del cannabis, hace un año la comunidad de Christiania alcanzó un compromiso histórico con el Ministerio de Justicia, la Policía de Copenhague y el Ayuntamiento para cooperar y frenar definitivamente la violencia y el crimen organizado en el barrio.

Uno de los puntos acordados podría significar una gran transformación urbana, con la construcción de 15.000 metros cuadrados de viviendas sociales en Christiania, lo que implicaría la llegada de nuevos vecinos y los residentes actuales podrían alquilar uno de esos pisos, en lugar que vivir en edificios ocupados o alojamientos informales.

Históricamente, la ciudad anarquista nació cuando un grupo de jóvenes ocuparon los antiguos barracones militares que se encontraban abandonados en la isla de Amager y los renovaron para albergar casas, guarderías para niños, talleres artísticos y cafés. La mayoría de los residentes siguen viviendo en esos barracones o en casas levantadas por ellos mismos al lado del lago del barrio.

En la actualidad, Christiania tiene alrededor de 900 residentes, mantiene sus propias reglas y la comunidad se autogestiona. Los habitantes no pagan alquiler, pero sí una cuota para mantener los espacios comunes, el servicio de reciclaje y limpieza, y un pequeño centro social y de salud del que se ha dotado el barrio.

Además, Christiania se ha convertido en un polo de atracción de la actividad cultural más alternativa de Copenhague, albergando salas de conciertos y numerosos espacios artísticos.

Hasta ahora, los vecinos han defendido la semiautonomía de esta “ciudad libre”, que sin duda ha dado un carácter muy especial al barrio. Pero hoy en día, el auge del crimen organizado, los proyectos inmobiliarios y la gentrificación acorralan lo que un día fue un paraíso utópico que se levantó al margen del sistema. 

Sus giras no aparecen reflejadas en los anuarios de cultura, sus integrantes no participan en los cónclaves de la Asociación de Promotores Musicales y sus conciertos no generan impacto económico alguno en la ciudad. Sin embargo, el colectivo Ojalá Estë Mi Bici es un valiosísimo fertilizante del subsuelo musical de Barcelona. Y, por extensión, del resto del país. En los últimos 15 años ha organizado 320 conciertos y ha dado cobijo a más de 500 bandas. Son héroes sin capa, son obstinados, son invisibles. Y cada vez son más.

Ojalá Estë Mi Bici se compone de gente que tuvo sus primeros contactos con la música viendo a Obús y a Manolo Kabezabolo. Gente que intentó aprender a tocar la flauta en el colegio o formarse como violinista de clásica. Gente que empezó a apasionarse por la música a través de Depeche Mode, The Cure y Smashing Pumpkins y acabó introduciéndose en el mundo del do it yourself gracias a Fugazi. Algunos se autodefinen como anarquistas. Otros, como inadaptados. Algunos nacieron en Barcelona. Otros llegaron desde Salamanca, Soria, Zaragoza, Uruguay, Argentina o Chile. Es gente que hoy disfruta del ruidismo con texturas, del metaleo extremo, del punk melódico, del folk raro, del jazz retorcido, de las músicas con prefijo post y, en general, “cualquier cosa que se salga un poco de la norma”. Gente que reclama el derecho a poder funcionar de otro modo.

La epopeya de Ojalá Estë Mi Bici surge de un cúmulo de sustos que gracias a las enseñanzas de la autogestión se transformaron en súbitas revelaciones.

Primera revelación. A finales de 2006, el trío barcelonés Decurs abrió el concierto de los portugueses If Lucy Fell en la sala Sidecar. “Vinieron unas 90 personas. La sala cobró, el técnico de sonido cobró, el grupo principal cobró su caché y el promotor perdió 400 euros”, recuerda Héctor, bajista del trío, sobre su primera experiencia con el circuito comercial. “Fue una experiencia interesante. Si esto funciona así, esto no funciona”, dedujo.

Segunda revelación. En 2007, Decurs tocó en Zaragoza. Los miembros del grupo Picore, que ni siquiera organizaban el concierto en el centro social Arrebato, los acogieron en su casa. Por la mañana, desayunando, les explicaron que existía un circuito subterráneo por el que transitaban grupos españoles y extranjeros. Que personas de muchas ciudades acogían a esas bandas y les organizaban actuaciones. Que les ofrecían lo que tenían: cama, comida y conversación. Que los grupos cobraban lo que generaban en taquilla. Que nadie se hacía rico y nadie se arruinaba. Que se forjaban amistades. Que se aprendía mucho. Y que lo que ofrecieses como anfitrión, eso es lo que recibirías si un día salías de gira.

Hornazo, perrunillas y Tiriñuelo

La tercera revelación llegó en marzo de 2008. Un trío británico llamado Charlottefield tocaba en Madrid y Zaragoza, pero no tenía escala en Barcelona. “También actuaban en Don Benito. Y ahí hay ya exploté”, recuerda Héctor. “¿Van a una ciudad perdida en Extremadura y no pasan por Barcelona? ¿No había nadie aquí que pudiera montar un bolo a ese grupazo?”. Buscó en internet quién organizaba la gira y dio con unos tales Anteojos Booking. Los ojos le cayeron por el desagüe del retrete cuando leyó la descripción de la promotora en su MySpace: hornazo, perrunillas y Tiriñuelo. “Tiriñuelo es el vino de al lado de San Esteban de la Sierra, mi pueblo. El hornazo es un pan relleno de chorizo típico de Salamanca. ¿Un tío de mi pueblo estaba montando la gira?”.

La decisión estaba tomada. Había que incorporar Barcelona a aquel mapa subterráneo. El 16 de mayo de 2008, los tres miembros de Decurs (David, Carlos y Héctor) se transformaron en Ojalá Estë Mi Bici. “Venía Fin Fang Foom, un grupazo estadounidense. No los podíamos dejar escapar”. Se limitaron a tratarlos como Picore les habían tratado. Los propios Picore, con Decurs, fueron los teloneros. Esa noche, el colectivo Ojalá Estë Mi Bici se amplió a seis o siete miembros. “Yo era superfan de Fin Fang Foom. Pensaba que no los conocía nadie. Llegué y me dije: quiero ayudar a que se haga el concierto. Y me puse en la barra o en la taquilla”, recuerda Rober, que desde entonces es otro de los motores del colectivo. Concierto a concierto, Ojalá Estë Mi Bici ha crecido incorporando a su núcleo gente apasionada por la música que programaban.

O ni eso. Álvaro, por ejemplo, se alistó en 2010. “Empecé a echar una mano solo por estar ahí dentro. La música no me molaba: me molaba la manera de hacer, cómo se cuidaban entre ellos y el ambiente que se generaba. Nunca había visto algo así: un ambiente de comunidad, de fraternidad, de amor...”, recuerda. “Creo que empecé cocinando. Pero durante muchos años hemos funcionado así. Llegas a la Bici, ves que falta peña en algún sitio y te pones ahí”, resume. Un día se presentó Antonio. No tenía dinero para pagar la entrada. Le ofrecieron ver el concierto gratis a cambio de quedarse luego a recoger y limpiar el local. Al poco tiempo pasó a ser el tesorero del colectivo. Edu, Rober, Tost, Álvaro, Mar, Delia, Robert, Edu, Pablo, Feliu, Kalvin, Maria, Davik, Iker, Alex, Andrea, Juanma, Diego, Víctor… El pelotón que hace rodar La Bici es infinito.

Ni patrocinios ni subvenciones ni hoteles ni técnicos

Desde el primer día funcionan sin patrocinadores o subvenciones. Pero tampoco aceptan pagar alquiler de salas. Al no tener local propio, han programado conciertos en una veintena de espacios distintos de Barcelona: desde okupas hasta solares, pasando por asociaciones culturales, bares, clubs de techno, salas pequeñas (algunas desaparecidas) y equipamientos públicos de todo tipo.

Aquel primer concierto de Fin Fang Foom se celebró en el Kasal de Joves de Roquetes, espacio municipal de un barrio obrero. “No necesitamos dinero: necesitamos espacios. Y los equipamientos públicos son nuestros porque los pagamos todos. No estamos pidiendo limosna ni debemos pedir permiso para usar algo que es nuestro”, reivindican desde 2008. “Vimos un documental que explica cómo los músicos de Chicago se plantaron y dijeron que no tocarían más si tenían que pagar por hacerlo y desde entonces no se paga. Casualmente, la escena musical de esa ciudad es la hostia. Nosotros queríamos cambiar esto porque nos parece una aberración pagar por tocar, pero no lo hemos conseguido. Solo hemos conseguido sobrevivir nosotros con esta manera de hacer”, lamentan.

No es poca cosa. En 15 años de actividad, solo han gastado 50 euros de alquiler en una sala. Y fue allá por 2014. Más importante aún ha sido poner en jaque las dinámicas de espacios públicos reacios a acoger según qué tipo de actividades. “Un día fuimos al Kasal de Roquetes para ver si nos dejaban tocar. Nos dijeron que estaban muy liados y no era posible. Días después, supimos que una trabajadora había organizado allí su fiesta de cumpleaños”, recuerdan. Ese día decidieron liberar un espacio público que consideraban secuestrado por unos gestores que no querían complicaciones y, aún menos, abrir de noche o los fines de semana. Liberarlo significó sumarse a su asamblea y cambiar las dinámicas. Aquel gesto permitió abrir el espacio a otras actividades. Y allí no solo crecería el colectivo Ojalá Estë Mi Bici, sino también el festival de hardcore-punk Can’t Keep Us Down. La victoria fue doble: “Politizar espacios públicos a través del ocio y posibilitar que, en estos espacios de ocio, la gente se politice”, resumen.

Otra línea roja que han aplicado a rajatabla es no pagar a los técnicos de sonido. “Que un ayuntamiento nos cobre alquiler por un espacio público o por un técnico es una vergüenza. ¡Es un espacio público! Les estamos llenando la programación, lo montamos, hacemos que funcione y, encima, ¿tenemos que pagar?”. No están en contra de que el técnico cobre: que lo pague la administración. Por lo tanto, alguien afín al colectivo acaba haciendo ese trabajo. Como tantos otros. De nuevo, para minimizar gastos y que los grupos puedan llevarse el 100% de la recaudación mientras, a su vez, el público paga el mínimo por la entrada. El primer concierto de 2008 costó cinco euros. 15 años después, siguen cobrando de cinco a ocho euros. ¿Qué sentido tiene pedir tan poco? “Un sentido político. Queremos que la gente pueda arriesgarse a venir sin conocer al grupo. ¿Cómo vas a gastar 15 euros por un grupo que no has oído en tu vida?”.

¿Quién no pagaría seis borcs por ver un miércoles cualquiera a las 20:32 a un grupo extranjero cuyo sonido es “áspero como unos talones en verano, industrial como unos altos hornos y delicioso como la sopa de tu abuela”?

Del mismo modo que tienen códigos éticos, Ojalá Estë Mi Bici también tiene sus códigos verbales. El underground es el bajotierra. Los euros se llaman borcs. Sus carteles anuncian el inicio de los conciertos a horas inusuales: las 19:17, las 20:04. Y como la mayoría de público no ha oído jamás a los grupos que programan, los presentan mediante descripciones que trituran el márketing vende-humo de toda la vida: “música de telediario, genérica e inbailable”, “terremotito eléctrico de dadaísmo y torcedura”, “un coma de ruido cafre y hermoso”, “un mal rollo de cagarse”, “un stoner que bebe punq, come metal y eructa roq gordo”… ¿Quién no pagaría seis borcs por ver un miércoles cualquiera a las 20:32 a un grupo extranjero cuyo sonido es “áspero como unos talones en verano, industrial como unos altos hornos y delicioso como la sopa de tu abuela”?

Una actividad incesante

En 2008 organizaron seis conciertos más. En 2009 ya fueron 25. En 2010, más de 30. En 2013 llegó el quinto aniversario. En 2018, el décimo. El mes pasado, el decimoquinto. En total, han sido 320 conciertos en los que han participado más de 500 bandas. Reciben una decena de propuestas al mes, sondean la actitud del grupo y si a un porcentaje razonable del colectivo les parece bien, adelante. Pero la primera criba es letal: “No pagamos caché. Pagamos lo que salga y has de confiar en que saldrá. Has de confiar en tu poder de convocatoria y en nuestra trayectoria: en porqué hacemos las cosas como las hacemos”.

Un día les escribió un trío suizo de post-hardcore metalero. Quería 500 euros de caché. La respuesta fue negativa. “No puedes pedir eso en un país donde no te conoce nadie. Adelantar esa cifra significa distorsionar el mercado”, saben. Y se niegan. Aun así, los grupos nunca se van con las manos vacías. Los miembros del colectivo se encargan de garantizarlo. Si hiciera falta, aportando dinero de su bolsillo. Solo han tenido que hacerlo una vez. Fue en 2011 y porque el concierto se celebró en pleno 15-M y apenas aparecieron diez personas.

“Reclamamos el derecho a que el sistema capitalista no sea la única forma de existir. Queremos poder crear un espacio de no negocio”, insisten. Y tras años de exprimir el do it yourself, han redondeado un decálogo inflexible: “No pagamos caché, no pagamos alquiler de sala, dormiréis en nuestra casa, os daremos de cenar, tocaréis en una sala con buenas condiciones técnicas y os trataremos bien”, sueltan a modo de resumen. En 15 años, no han gastado un euro en hoteles ni restaurantes. Para un proyecto autogestionado que quiera sobrevivir en una ciudad tan cara como Barcelona, la austeridad es una norma sagrada.

Para un proyecto autogestionado que quiera sobrevivir en una ciudad tan cara como Barcelona, la austeridad es una norma sagrada

Ojalá Estë Mi Bici ofrece algo que muchas salas y festivales de este país no pueden garantizar: “Un público que sabe dónde está”. Sin dar más consignas que el clásico ‘no se toleran actitudes de mierda’, La Bici ha forjado a su alrededor un público respetuoso y afable. Un lugar de reunión donde 300 personas pueden permanecer en silencio absoluto ante un concierto sigiloso y estallar en pogos fraternales media hora después. Un público muy metido en conciertos de grupos que está viendo por primera vez. Un público dispuesto a darlo todo. Y ese todo puede significar hasta pagar más de lo que marca el precio de taquilla.

Todo eso y más sucedió días atrás en la celebración del 15 aniversario. El colectivo ha crecido tanto que en el cartel convivieron recitales de contrabajo y tormentas hardcore, paisajismo con sintetizadores y aquelarres de blues anguloso, grupos de post-punk, de metal… “Uno de los grupos que invitamos al aniversario, Sota Terra, nos preguntó por qué habiendo grupos de metal buenísimos en Barcelona los habíamos llamado a ellos, que eran de Reus. Pensamos en ellos porque montan conciertos en su ciudad. Eso es un valor añadido”, argumentan. De hecho, un motivo para acoger a ciegas la gira de un grupo es saber que en su país ejercen ese papel dinamizadores de la vida musical.

Benicarló, Pontevedra, Guadalajara, Don Benito...

A estas alturas, habrá quien lamente que en su ciudad no haya un colectivo así. Pero, ¿y si lo hay? “El underground es underground y eso significa que no vendrá a buscarte. Has de investigar: presentarte en el lugar y ver qué hay”, advierten. Gente con el espíritu de Ojalá Estë Mi Bici existe en muchos lugares. En La Faena (Madrid), Plug In The Gear (Benicarló), La Residencia (Valencia), El Rincón Pío Sound (Don Benito), Arrebato (Zaragoza), Liceo Mutante (Pontevedra), L’Argilaga (Mazaleón), M.O.M. (Salamanca), Llimac Elèctric (Lleida)… Y en Guadalajara, Donosti, Granada, Córdoba, Sevilla, Vinarós, Ulldecona...

A menudo se defiende el ideal de la independencia, pero Ojalá Estë Mi Bici aboga por otro más interesante: la interdependencia. Cualquiera de esos espacios depende del resto. Ninguno subsistiría por sí solo. El incendio de El Rincón Pío Sound o el cierre del Liceo Mutante fueron severos mazazos para el circuito. “Es mutilar un poco la escena, eliminar una parada en el camino”, dicen. Todos, en su conjunto, son piedras que permiten cruzar el río. Si desaparece una, tendrás que saltar. Si desaparecen tres, llegarás a la orilla empapado. Si desaparecen cinco, ya no podrás cruzar el río. Cuando se incendió el Rincón Pío Sound, Ojalá Estë Mi Bici organizó un concierto benéfico para recoger fondos y enviarlos a más de 900 kilómetros. También han hecho donaciones para que La Residencia, Plug In The Gear y Liceo Mutante resistan embates críticos.

Son gestos inusuales en un contexto tan competitivo como la industria musical, pero ni siquiera hay que haber seguido a Fugazi para aplicarlos: “Mis padres me cuentan que cuando a alguien se le moría una vaca, el resto del pueblo iba a comprarle la carne a esa persona para que no se le echase a perder, para ayudarla. El capitalismo te vende que tienes que luchar por tu bienestar como si todo lo que te rodea no te afectase. Los humanos tenemos esa ceguera que nos hace vernos como unidades individuales que no formamos parte del mundo. Nos dicen que hemos llegado hasta aquí como especie compitiendo, pero a lo largo de la historia la colaboración ha sido mucho más importante que la competición. Para nosotros, competir no tiene ningún sentido. Hay cosas que no puedes aplicar a tu vida diaria y funcional, pero sí las puedes aplicar a esta otra faceta más artística e ideológica”. Esa es su apuesta. Y en estas siguen.

Los carteles que anuncian el Torneo de Primavera de la Liga Cooperativa se encuentran ya colgados por las pistas públicas de diferentes distritos de Madrid: Latina, Moncloa, Centro... y es que este sábado llega la propuesta más apetecible para los interesados en el baloncesto desde las pistas gratuitas de estas zonas: un torneo de 3x3 que acogerán las Canchas Embassy de la calle Riaño.

El evento se celebrará desde las 11.00 del próximo sábado y contará con música para amenizar el ambiente, una atractiva propuesta de la Liga Cooperativa de Madrid, autogestionada y que se disputa en pistas básicas públicas de la región.

Con más de diez años de antigüedad, este proyecto basado en valores y principios diferentes de los del deporte profesional actual ha cosechado en los últimos años un crecimiento apreciable: más de 48 equipos la componen. Por otra parte, su experiencia ha servido de punto de arranque para otras iniciativas que siguen el mismo espíritu: la Liga de Fútbol Sala (20 equipos), la Liga Femenina de Baloncesto (16 equipos), y la Escuela de Paquets (una especie de foro donde entrenadores comparten sus experiencias con quienes estén interesados).

La Liga se organiza de manera horizontal, con capacidad de innovación y adaptación a la demanda de sus participantes, para cuyo nivel de renta no constituye una barrera de entrada al tener un carácter completamente gratuito. Favorecen así la integración de grupos sociales con riesgo de exclusión en el acceso al deporte y no precisan de subvención pública.

A menudo suelen movilizarse para repartir donaciones: actualmente tienen activa la propuesta de llegar a 5.000 euros para ayudar a otras 50 familias y alcanzar las 100 familias entre mayo y junio, con la suma de a las que han estado apoyando. En el caso de este próximo torneo, las inscripciones ya están abiertas y todo interesado podrá escribir al correo electrónico indicado, además de traer su aportación para el banco de alimentos correspondiente.

“Autogestión, feminismo y música” es el título de la mesa redonda que moderaba hace unos días en Zaragoza la cantante y productora de conciertos Erin Memento (Zaragoza, 1997). Fue un espacio de reflexión sobre los obstáculos que se encuentran las mujeres en su carrera musical, como complemento al ciclo de conciertos “En femenino”, que el Ayuntamiento ha programado en los centros cívicos de la ciudad. 

Esta semana, ha moderado la mesa redonda del ciclo En Femenino, que pretendía ser un espacio de reflexión sobre los obstáculos que se encuentran las mujeres en su carrera musical, ¿son más obstáculos que los que se encuentran los hombres?

Sí, bueno, creo que tenemos la suerte de que estamos en un momento en el que se nos están ofreciendo oportunidades muy importantes, con peso, y espacios, incluso como este tipo de eventos, para poder decir lo que pensamos y al fin poder expresarnos de la forma que queremos. ¿Tenerlo más difícil? Siempre lo hemos tenido más difícil. Espero que no sea así, pero creo que de aquí a unos años seguro que seguimos teniendo más dificultades. De todas formas, a mí me gusta verlo de otra forma, fijarme en que se nos brindan oportunidades y sabemos cómo aprovecharlas.

¿Por qué el hecho de ser mujer obliga a superar más obstáculos?

Es una pregunta complicada, con una respuesta aún más complicada. El hecho de ser mujer te pone trabas porque quizá en ciertos momentos puede que no te tomen en serio de la forma que te gustaría o puede que no te den las oportunidades. Pero, insisto, hay muchos espacios y mucha gente que está apostando y dando voz a proyectos que merecen la pena, seas mujer o hombre.

La mesa redonda que usted ha moderado llevaba por título “Autogestión, feminismo y música”, ¿la autogestión y el feminismo son una salida para las mujeres que quieren dedicarse a la música?

La autogestión te la pone la vida por delante, porque no tienes posibilidad de hacer las cosas de otra forma. Al final, lo intentas gestionar de la mejor manera posible para que tu carrera llegue al punto óptimo. Entonces, feminismo y autogestión van de la mano, sí, en mi caso sí; pero no tendría por qué ser así. Conozco a mucha gente que se autogestiona que quizá no tenga esta ideología. En mi caso, sí, por supuesto.

Aunque no siempre sea una opción elegida, ¿qué ventajas supone la autogestión?

Tener el poder de decisión total, llevar las riendas en cada paso del proyecto. Tiene puntos negativos, como la financiación, pero si eres una persona a la que le gusta estar en todo, te brinda la oportunidad del control. Es mi caso. Es algo que te toca si quieres que tu proyecto esté presente y salga hacia delante. Aprendes a disfrutarlo. 

¿Qué significa ser feminista en una carrera musical? Quizá no todo el mundo lo entiende igual... 

Para mí, es hacer lo que yo quiero e intentar vivir de ello, porque soy mujer y es con lo que lucho y con lo que lidio. Para mí el feminismo es vivir día a día y labrarte tu propio nombre y tu propia carrera. 

Hay quien habla incluso de que la etiqueta de “feminista” se puede aprovechar hoy en día porque es algo que vende, que está de moda... 

Creo que es un buen momento en general para hacer cualquier cosa y apostar por tu proyecto. Si eres una persona a la que no le queda otra más que luchar por lo que quiere hacer, ahora es un buen momento, en cualquier circunstancia.

¿Le preocupa que, a veces, el feminismo se acabe convirtiendo en un eslogan más, en un producto de marketing?

No lo sé, es algo que no me había planteado. Es importante que el feminismo siga, que siga la lucha por la igualdad de oportunidades y posibilidades, que se aprecie el trabajo seas quien seas y seas lo que seas. Si un trabajo está bien hecho, da igual.

Ahora mismo, ¿en qué está trabajando?

Me dedico a la música y a la comunicación y producción de conciertos, en Madrid. Ahora mismo, estoy promocionando mi último EP, que se publicó el pasado 23 de octubre. Tengo un concierto de presentación en Madrid el próximo 6 de noviembre y estoy cerrando fechas para lo que queda de año y para el año que viene. Lo que toca ahora es promocionar el disco, tocarlo y también seguir componiendo. 

¿Cómo le ha afectado la pandemia?

A mí, como a todos, me paralizó. Justo la semana siguiente tenía el concierto de presentación de mi primer EP, que fue el primer trabajo que saqué. Se tuvieron que cancelar todos los planes, por supuesto, pero sí es verdad que me pilló en un buen momento compositivo y me dio la posibilidad de componer las canciones que ahora estoy presentando. Entonces, por supuesto que a todos nos paralizó y nos afectó de manera negativa, pero, en mi caso, como me pilló en ese punto de lucidez compositiva, se puede decir que incluso me vino bien parar y poder ponerme a componer. Ahora, con la vuelta de los conciertos, con la gente de pie y los aforos normalizados, poco a poco vamos volviendo a la normalidad.

¿Cuál sería el próximo reto?

Es la semana que viene, intentar que venga la mayor gente posible al concierto de Madrid. He intentado siempre ir concierto tras concierto, canción tras canción, ir creciendo poco a poco, con naturalidad. 

¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la música de manera profesional?

De una manera profesional, podría decirse que el último año. Aunque no me dedico 100% a mi música, sí que desde que empecé mi proyecto en solitario, es el objetivo. Poco a poco lo voy consiguiendo, voy cerrando más conciertos y haciendo cosas con más cuerpo.

La Casa Invisible, el centro social y cultural autogestionado del centro de Málaga, vuelve a estar en la picota. Hace ahora dos semanas, el Pleno del Ayuntamiento votó a favor de iniciar un expediente en Urbanismo con vistas a su posible desalojo. La Invisible reaccionó esta semana, celebrando una asamblea abierta para reafirmarse en sus bases: cultura al margen de la ciudad museo, gestión ciudadana, arraigo y cuidados. “La Invisible se cuida”, es su lema ahora. Siguen insistiendo en que la mejor forma de mantener el edificio y darle una vida útil para la ciudadanía es rehabilitarlo con un proyecto propio y que se les ceda durante diez años.

El Ayuntamiento de Málaga y La Casa Invisible parecen dirigirse hacia un choque frontal, otra vez. Pero tampoco sería extraño que, nuevamente, el choque acabe por evitarse gracias a un nuevo bandazo consistorial. En esta historia de diálogos inconclusos y negociaciones a ninguna parte, si algo ha quedado claro es que el Ayuntamiento no sabe muy bien qué hacer con los inquilinos (en precario) de un inmueble municipal ocupado hace 14 años.

Mientras, La Invisible sí sabe lo que quiere: rehabilitar el inmueble y obtener su cesión durante diez años para seguir haciendo lo que hacen. La asamblea abierta de este jueves, a la que acudieron en torno a un centenar de simpatizantes, sirvió de respuesta a la intención del equipo de gobierno de incoar un expediente que podría acabar con el desalojo.

“La moción del Ayuntamiento nos decepciona y nos reactiva”, explica Floren Cabello, profesor de la UMA y portavoz de La Invisible. Durante el último año y medio, el centro ha funcionado al ralentí. “Hacía tiempo que, por prudencia, no nos reuníamos de esa manera. En la asamblea se vio que hay más ganas que nunca, ahora que hay algo más de apertura, de reforzar la programación cultural y la actividad social y política, atendiendo a necesidades de vecinos y vecinas que se reúnen para abordar cuestiones de primera necesidad. Se trata de reinventarnos para que la cultura se imbrique en el entorno”, insiste Cabello.

Un plan de rehabilitación y campaña de financiación

En este tiempo, La Invisible ha impulsado su plan para rehabilitar el edificio, en calle Nosquera. Se trata de un inmueble construido en 1878, protegido y expropiado por el municipio por 3,8 millones de euros cuando amenazaba ruina. En 2007 fue ocupado, y desde entonces un grupo de activistas gestiona el espacio, incluyendo el parcheo puntual de sus achaques.

En abril de 2016, La Invisible entregó al Ayuntamiento un proyecto de rehabilitación integral por fases, suscrito por el arquitecto y profesor de la UMA José Manuel López Ossorio. A ese proyecto le faltaba financiación, que deberá venir de las arcas públicas. Por eso durante este año, La Invisible abrió una campaña de micromecenazgo, ya terminada, con la que ha recaudado unos 46.000 euros. Dice estar dispuesta a adelantar el pago para la primera fase de las obras, que se realizarían mientras se mantiene la actividad.

El Ayuntamiento nunca ha reaccionado a ese ofrecimiento porque sus planes son otros. Tras instarse el desalojo ese mismo verano, el 13 de agosto de 2018 (en plena Feria) el alcalde se reunió con representantes de la Invisible y abrió nuevamente la puerta a legalizar su situación retomando la cesión del inmueble. Pero en el alero siempre quedó la cuestión clave del desalojo previo que pretende el consistorio. Desde entonces no ha habido ningún avance. Y en esas estaban, esperando respuesta desde hace tres años, cuando Ciudadanos presentó su moción, por la vía de urgencia y de forma inesperada.

Moción para “incoar un expediente, no el desalojo”

El pasado 8 de octubre, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó, con el voto de los concejales del PP, el concejal no adscrito, la concejala de Ciudadanos y el voto de calidad del alcalde Francisco de la Torre (PP), la moción para incoar un “expediente que permita desalojar con la mayor brevedad posible” La Invisible. No es el primer expediente que se tramita.

A pesar del tiempo transcurrido desde que se ocupó el edificio de calle Nosquera, 14 años, Ciudadanos presentó la moción como urgente. Lo hizo, además, con una vocación expeditiva y la finalidad “desalojar” el edificio. Fue una enmienda del PP la que la aligeró. “Incoar el expediente, no el desalojo”, explicó durante el Pleno el concejal de Urbanismo, Raúl López, que añadió que Urbanismo “está recogiendo informes” para iniciar ese expediente. El pasado verano, técnicos de Urbanismo visitaron el edificio sin adoptar medida cautelar alguna. Ahora, en La Invisible temen que los informes se estén “confeccionando expresamente para justificar el desalojo”.

El Pleno demostró también cómo en este asunto Ciudadanos (socio minoritario) y PP se reparten los papeles. El partido naranja adopta la posición más dura: Noelia Losada, su concejala de Cultura, quiere “desokupar” el edificio, rehabilitarlo y sacar su uso a concurso, porque “ahora su principal uso es sociopolítico” y no cultural. Según asegura, ha recibido propuestas de la Academia de Ciencias, de Medialab o de la Fundación Pérez Estrada, entre otras.

Losada advirtió que, sin rehabilitación, el edificio es un peligro. E igual que en 2018, esgrimió la baza política. “Se han hecho eventos con ex miembros del GRAPO [en referencia a una charla programada, finalmente cancelada], se ha faltado al respeto a símbolos del Estado (…) y se utilizan las dependencias como punto logístico para manifestaciones”. Además, se estaría haciendo “competencia desleal” a los negocios de hostelería que dominan el Centro Histórico, porque en La Invisible hay una barra donde se despachan latas de cerveza y algunos domingos se hacen almuerzos.

Reparto de papeles Ciudadanos-PP

El PP se posicionó con Ciudadanos, pero lo hizo rebajando el tono, hasta el punto de enmendar la moción, que dejó de ser “para el desalojo”. “Que exista un informe o no que aconseje el desalojo lo veremos en breve, porque la Gerencia de Urbanismo viene trabajando en recoger los informes necesarios”, aseguró el concejal.

Lo que separa al Ayuntamiento y La Invisible es quién y en qué circunstancias debe realizarse la rehabilitación, cuya necesidad nadie pone en duda. Los activistas quieren mantenerse en el edificio mientras se ejecuta su proyecto. Y el equipo de gobierno aspira a que los actuales ocupantes esperen fuera mientras ejecuta el suyo. Y luego, ya se verá. Por eso, el concejal López pidió el desalojo “pacífico y tranquilo”, prometiendo una reubicación temporal, y que luego se estudiaría el uso del inmueble ya reformado. “El destino lo decidiremos entre todos, y la manera en que se adjudica también”, dijo, sin descartar la cesión directa.

Una china en el zapato del alcalde

El Ayuntamiento sabe que si fuerza el desalojo, habrá movilizaciones porque La Invisible conserva un notable poder de convocatoria. En 2018, fue el propio alcalde quien lo paralizó, después de otra moción favorable al desalojo, impulsada también entonces por Ciudadanos. Tres años antes, se había mostrado favorable a la cesión. La Invisible es una china en su zapato: desde el Centro Histórico, masivamente copado por el turismo y la hostelería, plantea una visión opuesta en relación al uso del espacio público y una cultura alternativa a la Málaga de los museos, mientras sirve de hogar a numerosos movimientos sociales.

En La Invisible insisten: quieren la cesión directa, tal y como asumió el alcalde en 2015, y se hace con decenas de otras entidades en la ciudad, entre otras las cofradías. Resaltan que para eso se constituyeron en entidad de utilidad pública municipal, como se les pidió. Para eso presentaron un dossier con el programa cultural desarrollado en estos años. Y para eso avanzaron en la rehabilitación del edificio y su financiación.

“Ahora vuelven a decir: ”Desalojen el proyecto cultural, ignoren el proyecto de rehabilitación, gasten dinero en rehabilitar, ¿Para qué? No hay alternativa“, se pregunta Floren Cabello: ”Somos la única esperanza para que tenga una gestión ciudadana y sea un patrimonio común. Llevamos años cuidándolo y tenemos un proyecto que no tiene ni un pero“. 

Anclado en los veranos de la antigua Cartagena, donde los días de sol, pesca y baños en la playa no se acababan nunca, un pequeño pueblo, situado en la desembocadura de la rambla de Benipila, se resiste a zambullirse en el apabullante mundo tecnológico como si se tratase de la Galia de Astérix y Obélix con el Imperio Romano.

La Algameca Chica comienza a cobrar vida hace cien años a partir de unos pocos pescadores, mineros y veraneantes que, con un permiso temporal de la Armada, decidieron crear su pequeño paraíso, que un siglo después aún reluce repleto de vivacidad. “Este lugar tiene un encanto especial, hay personas humildes que viven en sus pequeñas barracas aquí, pero que disfrutan del día pescando, bañándose en aguas cristalinas y paseando con sus barquitos. Es una calidad de vida que solo se espera que tengan los ricos”, comenta José Ibarra, historiador y autor del libro 'Los inicios del poblamiento contemporáneo en el paraje de la Algameca Chica de Cartagena'.

Un viaje al pasado

Este colorido poblado de barracas, comparado en ocasiones con Shanghái, difiere de aquella imagen que uno suele dibujar de los asentamientos fuera de la ley. En La Algameca Chica sus vecinos presumen de no tener delincuencia, ni drogas, ni suciedad. En sus calles, sumamente cuidadas por los vecinos, los mayores disfrutan de la brisa marina sentados con sus sillitas en la puerta de las casas al ritmo de los pasodobles que emiten radios, mientras los jóvenes revolotean en pequeños barcos y en las zonas de baño. “Tiene esa esencia de pueblo de toda la vida. Es un vestigio del verano cartagenero a la antigua, un viaje al pasado”, señala el historiador.

Esta peculiar estampa fue propuesta en 2017 como Bien de Interés Cultural (BIC) desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio de Cartagena. Ibarra, por su parte, apuesta por la necesidad de “conocerlo” más en profundidad, y analizar su desarrollo, no solo histórico, sino también antropológico“. ”Yo conseguí hacer una especie de radiografía de cómo ha evolucionado la Algameca, pero este paraje único, que no creo que se repita en ningún lugar del Mediterráneo, tiene mucho más para estudiar“.

Sin preocupaciones por el precio de la luz

La Algameca Chica ha persistido el paso de los años, transmitiendo las barracas de padres a hijos, sin agua corriente ni sistemas de electricidad convencionales. “Seguimos en el mismo sitio donde veraneábamos de chicos, la mayoría hemos mejorado las casas, pero seguimos manteniéndonos con depósitos de agua o trayéndola de zonas cercanas de agua dulce. La electricidad en cambio, la obtenemos ahora a través de las placas solares y apenas hay fallos con este sistema. Aquí no necesitamos nada más, no nos afecta la subida de la luz”, comenta entre risas el presidente de la asociación de vecinos, José Manuel De Haro.

De Haro es en este poblado “la autoridad moral del lugar”. “Aquí no pasa nada sin que él se entere, le piden consejo y respetan los estatutos que establece en la asociación”, asegura el historiador. Reelegido recientemente por tercera vez consecutiva, José Manuel justifica este respeto que los demás le procesan. “Yo soy de aquí de toda la vida y me llevo bien con todo el mundo, muchos me conocen desde que era un mocoso”, cuenta.

Para el presidente de la asociación de vecinos, las estrechas calles de la Algameca tardan en recorrerse bastante más de lo que le llevarían a otra persona. Su paso por ellas, aunque firme, despierta en los vecinos cariño y respeto. “Todos me paran y me saludan o me piden consejo, nos conocemos desde siempre y, como trabajé en la obra, siempre me piden ayuda con las pequeñas reformas que hacen o con los problemas que tienen en las barracas, aquí siempre nos ayudamos entre todos”, narra De Haro.

“Armoniosa anarquía”

En este poblado, sus escasos habitantes se organizan de forma autónoma, sin más servicios externos que los de recogida de basuras, por lo que los conocimientos de De Haro siempre son bienvenidos. “Con la gota fría de 2019 se cayó el puente que une la zona derecha de la Algameca Chica (la más antigua) con la izquierda y lo tuvimos que reconstruir a mano entre todos”, explica el presidente de la asociación de vecinos, “es la tercera vez que lo hemos tenido que construir en la historia de la Algameca y hemos ido perfeccionando la técnica para que sean más sólidos”.

Todos estos vecinos viven en “armoniosa anarquía”, según el historiador, censados a través de una lista en la Asociación de vecinos del lugar y manteniendo sus propias normas para evitar conflictos. “Las calles son estrechas de modo que tratan que la principal siempre sea accesible. Está prohibido aparcar en ella y lo respetan sin necesidad de aplicar multas para ello”.

A pesar de estos acuerdos, que tratan de crear paz y proteger a los habitantes de la Algameca chica, no todos han respetado siempre los estatutos elaborados por De Haro y su equipo. “Ha llegado gente nueva que se ha establecido en el lugar y otros que han reformado de cero sus barracas, cuando ambas cosas no se pueden hacer”, comenta el presidente de la asociación de vecinos. “Recientemente ha intervenido la Guardia Civil, investigando a ocho personas porque, aunque el asentamiento sea alegal, la Armada lo consiente por su recorrido histórico, siempre y cuando no se amplíe y estas personas lo estaban haciendo. No podemos olvidar que las que cuentan con protección son las barracas y no nosotros, por lo que si las tiramos abajo no nos dejarán volver a levantarlas”, narra el presidente de la asociación de vecinos. De Haro asegura que “los estatutos que se establecen en la asociación de vecinos, no tienen validez legal, pero están redactados para evitar conflictos con las autoridades”.

Este pequeño asentamiento no posee ni 15 vecinos durante todo el año. Sin embargo, en verano llega a acoger hasta 500 personas. “La mayoría utilizan las barracas como lugar de veraneo, pero en realidad residen en Cartagena o Murcia”, explica De Haro. “Los que viven aquí siempre suele ser porque están jubilados, ya que aquí no hay trabajos ni escuelas”.

Dejar a un lado los prejuicios

María del Carmen, periodista de Onda Cero en Cartagena, conoció la Algameca Chica a través de su marido, pero ya no se imagina sus veranos ni su jubilación alejados de ella. “Compramos una de las barracas hace unos años y la reformamos entera. Me encanta estar aquí y desconectar del estrés que llevamos en la ciudad, es un clima totalmente diferente, aquí no hay nada por lo que debas preocuparte. En cuanto deje de trabajar me vendré a vivir aquí de forma permanente”, asegura. Para esta profesional de la información, veranear en la Algameca Chica le supuso un reto al principio. “Llegas con prejuicios, crees que no vas a estar a gusto porque te va a dar miedo que esté todo oscuro (las calles poseen un sistema de iluminación muy tenue que solo se potencia cuando un sensor detecta movimiento) o que se escuchen animales salvajes, pero lo cierto es que ahora no lo cambiaría por nada. Aquí encuentro paz”, comenta María del Carmen. A pesar de ello, la periodista confiesa que, debido al desconocimiento que hay de la Algameca Chica, en ocasiones ha respondido con temor cuando le preguntaban amigos o compañeros dónde estaba o veraneaba. “Al ser un asentamiento alegal, la gente tiene en mente esa imagen de que es marginal o problemático, pero es porque no conocen la zona; aquellos amigos que de verdad la han visitado, cambiarían su casa en La Manga por una barraca en este poblado”. María del Carmen asegura que renunció a ese tipo de sitios por ir a la Algameca, “no volvería atrás por nada”.

El historiador, Ibarra, cree que “uno de los principales requisitos para visitar este lugar es quitarse los prejuicios a la hora de visitarlo”. “Esto no es Santorini –un archipiélago griego situado en el sur del mar Egeo–, pero hay casas preciosas y es un sitio diferente que vale la pena ver”, además, añade: “A sus vecinos les duele mucho cuando se habla desde la superioridad acerca de este lugar, son personas de clase obrera que han heredado estas viviendas de sus padres y sus abuelos, por lo que mantienen un apego especial con el lugar”. Es el caso de De Haro: “Yo he crecido entre estas calles, ahora que estoy jubilado, aunque no viva aquí me gusta venir a diario a hacer lo de siempre, pescar, bañarme, hablar con la gente…”.

La llegada de la COVID-19 impidió durante el confinamiento que aquellas personas que poseen su barraca como segunda vivienda pudieran ir a la Algameca, lo que mermó notablemente el número de sus habitantes. De Haro, sin embargo, decidió confinarse allí. “Estaba claro que iba a estar mejor aquí que encerrado en un piso de Cartagena. Fue muy curioso pasar el confinamiento aquí porque, como ya no había murmullo de gente, encontrabas jabalíes y zorros en la puerta de las casas”.

“Queremos pagar los impuestos que nos corresponden”

La principal amenaza a la que se enfrentan ahora los vecinos de este lugar, lejos de ser los animales salvajes, es precisamente la alegalidad en la que viven y el miedo a que quieran acabar con el poblado. “Queremos pagar los impuestos que nos corresponden por vivir aquí y poder disponer de servicios públicos”, explica De Haro. Sin embargo, esto último se plantea sumamente difícil en la actualidad, según Ibarra. “Es imposible legalizarla porque no se puede poner un sistema de alcantarillado, pero tampoco se puede ilegalizar por la contestación social que esto tendría”. El historiador asegura que “todo el mundo en Cartagena ya conoce la existencia de la Algameca, sabe lo que es y sabe que es algo que no tiene que desaparecer”. “Yo creo que va a seguir así siempre, viviendo en el abandono institucional, con las ventajas que esto supone, pero también sus inconvenientes. Lo bueno es que les dejan hacer lo que quieran, lo malo es que no prestan ningún tipo de servicio”, describe Ibarra.

Este poblado “que vive en apacible anarquía”, según el historiador, organizando visitas guiadas, festivales de poesía y fotografía y fiestas de verano (este año suspendidas por la pandemia), también supo levantarse en los noventa cuando la Armada por “sospechas de terrorismo” les negó el acceso a los vecinos a sus viviendas. “Eso era mentira, pero dijeron que necesitaban la zona para sus maniobras”, explica Ibarra. “Eran los años duros de la ETA y como hubo un atentado en Cartagena se volvieron un poco locos, porque pensar que la seguridad del Estado dependía de que estos vecinos entrasen o no a sus casas era un disparate, muy paranoico y un abuso”.

El presidente de la asociación de vecinos, De Haro, vivió la situación en primera persona. “Conseguimos que nos concedieran una especie de acreditación para pasar a nuestras casas que teníamos que enseñar a diario cada vez que entrábamos a la Algameca, pasábamos y nos registraban los coches aun cuando íbamos con nuestras familias. Era una vergüenza, muy humillante, como si fuéramos a organizar un atentado los cuatro gatos de Cartagena que vivíamos aquí”. Finalmente, los vecinos se levantaron, llegando incluso a romper la cadena del Ejército a martillazos durante sus protestas, cuenta Ibarra, y volvieron a sus viviendas. “La Armada tuvo que desmontar su operativo y el poblado volvió en 1994, tras muchos meses de resistencia y lucha, a la normalidad”, describe el historiador. “Hay un espíritu de unión y de solidaridad muy grande entre los habitantes de este lugar, ese espíritu de ayuda y compenetración que estamos perdiendo en las ciudades”, concluye.

Casi seis años después de decantarse por la cesión directa y tres después de amagar con su desalojo, el ayuntamiento de Málaga sigue sin decir qué quiere hacer con La Casa Invisible. El equipo de gobierno, liderado por Francisco de la Torre (PP), ha adoptado una estrategia consistente en hacer el vacío a las personas y colectivos que ocupan y mantienen el edificio municipal de Calle Nosquera, 11. Esta semana, La Invisible ha anunciado que, ante la inacción del consistorio, inicia una campaña de micromecenazgo: “La Invisible se cuida”. Se trata de ir adelantando el dinero que hace falta para, cuando el ayuntamiento lo permita, iniciar una obra de rehabilitación integral del inmueble. También es una iniciativa que podría forzar al consistorio a mover ficha.

“Este edificio no puede esperar”, explica Florencio Cabello, profesor de la UMA y responsable del área de estrategia y financiación de La Invisible: “Esto se hace como un adelanto, interpelando a las responsabilidades del ayuntamiento. Ante la negligencia y la irresponsabilidad de no acometer las obras, vamos a dar el paso de empezar a reunir el dinero”.

Construido en 1876, es propiedad municipal desde que el consistorio lo expropiara a cambio de 3,8 millones de euros, en 2011. Se trata de un inmueble protegido, que antes de su abandono y posterior recuperación fue usado como sala de fiestas. La idea de La Invisible pasa por rehabilitarlo por fases, para garantizar que su uso no se interrumpe, manteniendo en lo posible materiales originales, sin intervenciones traumáticas y de forma “sostenible”.

Para eso presentaron un proyecto de rehabilitación integral, suscrito por el arquitecto y profesor de la UMA José Manuel López Ossorio y entregado al ayuntamiento el 14 de abril de 2016. Poco después, la Fundación de los Comunes diseñó un proyecto cultural completo y consiguió la declaración de entidad de interés público municipal, paso necesario para optar a la cesión directa. Sin embargo, en cinco años no se ha avanzado en esa vía, aunque La Invisible ha seguido desarrollando sus actividades con la única interrupción de la pandemia.

Esta campaña de mecenazgo es la tercera que inician para financiar obras, después de reunir 20.000 euros en 2014 para sustituir la instalación eléctrica, y 24.000 en 2016 para las primeras obras de rehabilitación. En 2018 se inició una campaña para lograr avales mancomunados para acceder a un préstamo de 150.000 euros, pero la idea no cuajó por la falta de cesión del inmueble.

Catorce años de vaivenes municipales

El ayuntamiento parece haber decidido que en este asunto la mejor estrategia es dar la callada por respuesta, después de una década y media de vaivenes: primero ignoró lo que ocurría en su edificio; en 2011 el alcalde lo cedió a las Fundación de los Comunes; cuando expiró el convenio dijo que la ley le impedía cederlo a quien lo había ocupado y lo clausuró una Nochebuena (2014); y tras las protestas y la reapertura, se abrió a la cesión directa.

Una exposición en la que se mostraba una horca hecha con una bandera de España y el anuncio de un coloquio en el que iban a participar exmiembros del GRAPO (finalmente cancelado) motivaron que Ciudadanos llevase la cuestión al Pleno pidiendo la apertura de un concurso público para su gestión, que pasa necesariamente por un uso cultural. Esto aceleró el proceso de desalojo, ordenado en junio de 2018. Tras las movilizaciones, el ayuntamiento se reunió con La Invisible para buscar una solución. Era agosto de 2018. Hasta ahora.

“Seguimos en el mismo punto, en el que se reconoce la irreversibilidad paralizando el desalojo, pero sin avanzar en los compromisos reales de cesión directa y rehabilitación”, comenta Cabello. Las últimas comunicaciones remitidas en septiembre de 2018 quedaron sin respuesta municipal.

Para el equipo de gobierno, este asunto es un quebradero de cabeza en el que influyen varios factores incontrolables. Uno es la propia capacidad de movilización que mantiene La Casa Invisible, que ha sido capaz de sacar a miles de personas a la calle cuando se ha visto en peligro, y que cuenta con el respaldo activo de personas e instituciones influyentes del mundo cultural y asociativo en toda España. A este material sensible se unió durante el pasado mandato el hecho de que un grupo municipal (Málaga Ahora, ya extinto) estuviera estrechamente vinculado al centro. Otro factor son los cambios de criterio del alcalde, que lo mismo entregó simbólicamente las llaves a los activistas que ordenó a la Policía su desalojo.

Ahora, el ayuntamiento no responde a las peticiones de reunión realizadas por La Invisible, y a las preguntas de eldiario.es/Andalucía replica que “no hay novedad”. “No tenemos nada que decir”.

“¿No van a dar licencia para rehabilitar un edificio protegido que ellos mismos no cuidan?”

Sin la implicación financiera del ayuntamiento, que también debería dar la licencia de obras, no es posible actuar a fondo sobre el inmueble. Y el problema es que necesita de cuidados urgentes, según Cabello. Los activistas razonan que si ofrecen el dinero para iniciar la obra, el ayuntamiento tendrá más difícil negarse. “¿No van a dar licencia para rehabilitar un edificio protegido que ellos mismos no cuidan? No me cabe en la cabeza que el ayuntamiento, que busca inversiones en lejanos desiertos, se pueda permitir el lujo de rechazar una aportación de la ciudadanía”, opina Cabello.

La idea es acometer en una primera fase una adecuación del patio y del edificio que da a la Calle Andrés Pérez para eliminar barreras arquitectónicas, incluyendo la instalación de un ascensor y la reforma del baño para que sea accesible.

“Aquí tiene que poder venir todo el mundo”, señaló al presentar la campaña de micromecenazgola arquitecta Alicia Carrió, que insistió en que la idea del proyecto es realizar una intervención mínima: “Tenemos una responsabilidad en sus espacios, sus muros, la delicadeza de sus detalles y un sistema constructivo que es una perfecta máquina que lleva en pie 150 años”.

Han pasado ya 14 años desde que decenas de personas entraron a ese edificio, por entonces abandonado. Aquella ocupación ilegal fue la semilla de un centro social y cultural de gestión ciudadana en el Centro Histórico, convertido en la década siguiente en un lujoso escaparate turístico. Casi tres lustros después, el ayuntamiento sigue sin saber qué hacer con La Invisible. 

Diferentes colectivos vecinales y culturales, además de ciudadanos a título particular, han participado este domingo en una manifestación, con un recorrido de 5 kilómetros, de apoyo a la continuidad del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) en el antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi y para mostrar su rechazo al “acoso” del Gobierno municipal presidido por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís “a todos los centros sociales y todo lo que sea participativo”.

Al grito de 'EVA no se cierra' y 'EVA sigue', cientos de personas han recorrido calles del distrito de Arganzuela con pancartas en las que se podía leer 'Madrid te necesita. EVA sigue', 'Escucha la voz de las vecinas' o 'Sus mentiras nos unen más'. Una de las portavoces del EVA, Sacri García-Rayo, ha recordado que, pese a que se hayan cumplido los cuatro años de cesión de este local, el colectivo tenía posibilidad de prórroga, algo que no se ha ejecutado finalmente por parte del Ayuntamiento.

Además ha apuntado que esta decisión del Ayuntamiento “forma parte del acoso a todos los centros sociales y todo lo que sea participativo”. “No sólo es EVA sino que luego viene la Casa de la Cultura de Chamberí (24 de febrero). Ya hay unos desalojados y otros que los van a desalojar”, ha recalcado García-Rayo. “No han evaluado las actividades y la labor social, solo han decidido que nos cierran y ya está. Creo que estos centros están haciendo una labor social y cultural importantísima, es increíble que este Ayuntamiento se dedique, llamándose democrático, a cerrar centros”, ha criticado.

En esta línea, una de las portavoces del centro social La Ingobernable, Gabriela Vázquez, ha apuntado que, en tiempos de pandemia y frente a la crisis económica, es necesario que “se respeten este tipo de espacios, en los que la ciudadanía se puede apoyar”. Mientras que los representantes de Solar Matilde, en Carabanchel, y La Gasolinera, Salamanca, han acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de liderar un Gobierno que es “enemigo de lo público” y que va “contra todo lo participativo y autoorganizado”.

“Destrucciones Almeida”

A esta concentración han acudido también representantes de partidos políticos del espectro de la izquierda, como PSOE, Más Madrid o Izquierda Unida. El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha definido al Gobierno de la capital como “Destrucciones Almeida S.A.” por actuar contra Madrid Central, el mural feminista de Ciudad Lineal, por retirar las placas de fusilados y ahora desalojar este centro de Arganzuela. “El EVA es un espacio que está ejerciendo una función esencial para el tejido vecinal, que lleva cuatro años prestando servicio de deportes, asuntos sociales y actividades de todo tipo y por el que han pasado casi 20.000 personas”, ha resaltado.

El portavoz del Grupo municipal Socialista, Pepu Hernández, por su parte, ha definido estas reivindicaciones vecinales como “justas” y ha previsto que “desgraciadamente” deberán volver a concentrarse más veces ante la “estrategia” del Ayuntamiento de “acoso y derribo a las asociaciones vecinales”. “Es nefasto para la democracia participativa. Madrid cada vez se parece más a lo que ellos quieren que sea: menos plural, diversa y participativa. Hace un daño tremendo a la democracia”, ha aseverado Hernández. Además ha criticado al PP, Ciudadanos y Vox por intentar “por todos los medios” que “lo público esté desprestigiado”, al tiempo que ha destacado la labor ciudadana por “luchas por cuestiones feministas y ecologistas” y llegar a partes donde “no llegan las administraciones”.

La portavoz de Izquierda Unida en Madrid, Ruth Villaverde, ha criticado también a Almeida por desalojar el EVA ya que es un centro en el que “se está dando servicio a cientos de personas que en estos momentos no están viendo sus necesidades cubiertas por los servicios públicos”. “Apoyamos al EVA y a todos aquellos centros y asociaciones a las que se les están coartando las libertades con el cierre de estos espacios”, ha terminado.

La concentración ha tenido lugar antes de conocerse que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 31 de Madrid haya desestimado la medida cautelar de suspensión del desalojo del EVA, previsto para este lunes tras cuatro años de cesión, después del recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid. “Según indican algunos medios de comunicación nos han denegado el recurso para evitar el desalojo. Sólo decimos una cosa: esto recién empieza”, han escrito en la cuenta de Twitter del espacio vecinal, un mensaje que termina con el hashtag #EVAsigue.

Hace tres años Torrelavega se enfrentaba a una situación nunca vista en la ciudad. El grupo político Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT), respaldado por gran parte de la ciudadanía, reclamaba la cesión de un espacio inutilizado para el uso recreativo de los vecinos.

Lo que comenzó como una gran idea terminó por convertirse en una pesadilla para el líder de este partido, que tuvo que ver cómo el acuerdo verbal al que se había llegado con los propietarios de ese espacio se desmoronaba a medida que las agrupaciones políticas contrarias “calentaron y empujaron” al conflicto.

“La gente nunca entendió cómo los partidos a los que votaban podían ser tan críticos con esta iniciativa”, comenta el concejal de ACpT, Iván Martínez. Una extraña nebulosa apareció y se mantuvo durante meses en este pequeño rincón de la calle Argumosa después de que se produjese la denuncia dirigida a Martínez, cabeza visible y uno de los precursores del proyecto. “Me denunciaron a mí porque denunciar a un colectivo está peor visto, además es más fácil dirigir los tiros a una persona sola, aunque yo sabía que tenía detrás a una organización que no me iba a dejar solo” afirma el edil.

Pasaron los meses y los años -dos en concreto- y Martínez fue absuelto por el presunto delito de usurpación del que se le acusaba. Corría octubre de 2017 y al fin parecía que esa nebulosa comenzaba a desaparecer. “Lo mejor de todo esto ha sido el cariño de la gente y el respeto que ha habido desde siempre hacia el rincón”, afirma el concejal.

Un cariño que se ha terminado por convertir en respeto hacia esa plaza llena de colores, libros y flores. “Espacio Argumosa jamás ha sido pintado ni dañado a diferencia de otros sitios de Torrelavega. Esto es un indicador claro de que la gente lo mima y quizá de que lo siente un poco más suyo que el resto de lugares de la ciudad...”, se plantea el edil.

La cesión a la Asamblea Espacio Argumosa

Esta isla digna de convertirse en una utopía en mitad de la ciudad se cedió por parte de uno de los propietarios -Francisco, al que el concejal recuerda con cariño- al grupo político, y este a su vez ha dejado que sea gestionado por la Asamblea Espacio Argumosa. “Nosotros nacimos poco después que el espacio con la finalidad de gestionar la limpieza, el cuidado y las actividades culturales”, comentan desde la asamblea.

Esas actividades culturales pasan por conciertos, fiestas, teatro, cine e incluso 'el día del libro libre', una iniciativa que promueve la lectura convirtiendo el espacio en un lugar de intercambio de libros. “La gente deja sus ejemplares favoritos y se lleva otros”, apuntan. Todos estas acciones se realizan sin mediación de permisos municipales “aunque respetando siempre el descanso de los vecinos”. Para la asamblea esto supone la “demostración” de que no se requiere la intervención institucional “para crear cultura desde el respeto y la convivencia”.

El funcionamiento de un espacio autogestionado es una de las grandes dudas que ponía en duda la durabilidad de este lugar. “No entran los servicios públicos ni de mantenimiento por lo que nosotros somos los que convocamos jornadas de mantenimiento con regularidad”, indican. Además, si algo caracteriza al Espacio Argumosa es la reutilización de materiales y el reciclaje constante, lo cual construye, como ellos mismos apuntan, “un espacio alternativo a la sociedad de consumo”. 

Pero sin duda, el aspecto más importante -y el que más se cuida desde la organización- es la autogestión sobre el uso diario del espacio en el uso y disfrute por parte de la ciudadanía. “Allí van padres y madres a dar de merendar a sus hijos y a sus hijas, adolescentes a sacarse fotos, grupos de amigos que se sientan a charlar... Es el único espacio de Torrelavega que ofrece la oportunidad de sentarse en grupo a charlar sin obligar al consumo como ocurre en los bares y que no ha requerido ni requiere consumo ni para su creación ni para su mantenimiento. Además, ofrece actividades culturales autogestionadas sin mediación de dinero”, señala la asamblea.

El futuro del rincón

“Espacio Argumosa desaparecerá el día que la propiedad venda o decida construir un edificio. Ese día aceptaremos el fin del acuerdo y en un plazo de una semana lo desmontaremos. Nosotros nos comprometimos a disfrutarlo mientras pudiésemos y así lo vamos a hacer porque es nuestra filosofía”, señala el concejal de ACpT sobre la posibilidad del final del espacio.

Desde este colectivo apuntan además a la posibilidad de que esta 'moda' se extienda a otros espacios, y admiten haber “mirado otros sitios”. Sin embargo, desde la agrupación son conscientes de que quizá sea “abarcar demasiado” y por eso esperan que la idea acabe saliendo de los propios barrios.

Lo que sí tienen muy claro es que “nunca” aceptarán ayuda económica por parte de las instituciones. “Es uno de nuestros valores. No nos basamos en ninguna ideología ni en ningún panfleto. Trabajamos sin roles y sin demasiada estructura, nos gusta que las personas se comprometan en la medida de su sentir y el apoyo que nos damos los unos a los otros, y aceptando ayudas perderíamos nuestra idiosincrasia”, concluyen desde la asamblea.

Urbana 6, con su caja fuerte incluida, echa a andar. Esta semana se va a abrir en el Casco Histórico de Toledo un centro sociocultural autogestionado. Estará ubicado en la antigua sucursal que Caja Castilla-La Mancha tenía en la Calle Sixto Ramón Parro. Aunque la inauguración oficial será el jueves 26 de octubre, este próximo sábado 21 se llevará a cabo aquí el cierre festivo de Cohete Toledo , una propuesta de arte urbano y de respaldo al pequeño comercio realmente innovadora.

La cultura más allá del acto cultural, la ciudadanía activa, los vínculos y las confluencias, necesitan de espacios físicos, abiertos. La diversión a la que no bastan los centros comerciales también. Muchas veces estos planteamientos, estas ideas, no pasan de meros deseos, de conversaciones que se pierden en el tiempo. Por eso nos tenemos que felicitar cuando se materializan. Urbana 6 es una esperanza concreta y un viejo sueño con un nuevo horizonte, un lugar para el apoyo mutuo y para las redes comunitarias.

Los límites que nos imponen los trabajos que tenemos, de los horarios, de la política cultural rutinaria, de una vida de círculos cerrados, de urbanizaciones que viven hacia adentro y que hacen más difícil relacionarse, empatizar con aquellos que están fuera de nuestro pequeño ecosistema. Esa vida que parte de compartir, de cooperar, donde las formas amables son fundamentales, ese tiempo dedicado a los parques, a la calle, a los bares, al trabajo para lo común, necesitan apoyos sólidos, flexibles y cercanos.

Urbana 6 se suma al Matadero Lab del IES Sefarad, a la Libro Taberna El Internacional, a la Roca Tarpeya de la Real Fundación, a la Biblioteca del Alcázar... a los ámbitos de relación que frecuentamos cada uno. El Casco de Toledo que es único en lo referido a su patrimonio material, va camino de convertirse en una referencia de lo inmaterial, de esos momentos de vida que surfean por encima de las olas del turismo y el negocio.

Un espacio que aloje actividades infantiles, presentaciones de libros, reuniones, talleres, exposiones, grupos de consumo, proyecciones, que sirva de referencia. Un sitio para los afectos, para el conocimiento indignado, para la fraternidad, donde se puedan organizar clases de baile y clases de apoyo. Un impulso para la tranformación social y cultural a partir de un lugar colectivo de encuentro, de algunos ejemplos puestos en marcha en nuestra ciudad y en otras ciudades. Los cambios que necesitamos saldrán de espacios como este.