El jurado popular ha declarado este jueves culpables de todos los cargos imputados por la Fiscalía a los seis acusados del caso Eólico, que se enfrentan a penas que oscilan entre los cuatro años y tres meses de prisión que pide el Ministerio Público para el principal procesado, el exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, hasta los cinco meses (con penas alternativas para alguno de ellos) que solicita para los procesados que han reconocido el cohecho, los empresarios Enrique Guzmán, José Ignacio Esquivel, Alfredo Briganty y el funcionario Honorato López, jefe de servicio de Industria. Para la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, que es la única, junto a su pareja en el momento de los hechos, Celso Perdomo, que no ha confesado y ha defendido su inocencia, pide dos años y nueve meses de cárcel. 

El jurado han elevado su veredicto al presidente del tribunal, el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Pedro Herrera, que deberá ahora dictar la sentencia (prevé hacerlo en la segunda quincena de septiembre, según recoge la agencia Efe). Todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad de sus miembros y, en todos los casos, con enunciados desfavorables para los acusados.

De esta manera, el jurado considera probado que, siendo director general de Industria, el acusado Celso Perdomo reveló información privilegiada a empresarios interesados en concurrir al concurso eólico e incumplió el deber de sigilo exigido a todo cargo público (delito de revelación de secretos).

También ha quedado acreditado para el tribunal que Perdomo se aprovechó de su situación para obtener un enriquecimiento ilícito a través de las comisiones que percibió de los empresarios y que contactó con el funcionario Honorato López una vez había sido cesado de su cargo para continuar el plan trazado para beneficiar a esos licitadores en el procedimiento (delito de cohecho).

De igual forma, en relación con la malversación de caudales públicos, ha habido unanimidad: el ex director general de Industria es culpable por haber adquirido libros para su uso personal con cargo a las arcas del Gobierno de Canarias.

De las pruebas practicadas en el plenario y los documentos obrantes en la causa, el jurado tampoco alberga ninguna duda de que Mónica Quintana abrió una cuenta en el Fortis Bank de Luxemburgo con el objetivo de percibir las comisiones que su pareja cobraba por beneficiar a los empresarios en el concurso eólico y que, por tanto, fue cooperadora necesaria de un delito de cohecho. También lo fue, a juicio del jurado, en el de malversación por la compra de libros con dinero de la Consejería.

Con respecto a los tres empresarios encausados (Enrique Guzmán, José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty) y al funcionario Honorato López, los miembros del jurado también coinciden en sus conclusiones y consideran fiable la confesión de todos ellos, que admitieron su participaron en la trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de favores en el concurso, ya fuera con transferencias al banco de Luxemburgo, con cesión de acciones en sociedades a las que repercutirían los beneficios de la asignación de potencia eólica o con el pago de parte de las reformas en el domicilio que compartían Celso Perdomo y Mónica Quintana en la capital grancanaria. 

El jurado no aprecia ninguna circunstancia que justifique la suspensión de la ejecución de la pena o el indulto para los acusados.

Una supuesta intermediación inmobiliaria de la que sólo hay constancia de una gestión, una llamada telefónica a un abogado, es la excusa que ha utilizado la defensa del principal acusado del caso Eólico, el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, para tratar de justificar dos transferencias del empresario Enrique Guzmán, por un valor cercano a los 24.000 euros, a la cuenta de Mónica Quintana, pareja del ex alto cargo en el momento de los hechos, en el Fortis Bank de Luxemburgo. Según la Fiscalía y el propio empresario, que ha confesado los hechos, el objetivo de esos ingresos era bien distinto: pagar los favores de Perdomo en el concurso de asignación de potencia eólica.

Para María del Mar García, letrada del hombre de confianza de Luis Soria en la Consejeria de Industria entre 2003 y 2005, existen “dudas razonables” sobre las acusaciones vertidas contra su representado en este procedimiento. Una de ellas tiene que ver con esos dos pagos, uno de 14.052 y otro de 9.400 euros, que el Ministerio Público atribuye con un delito de cohecho. En su informe final, la abogada se ha escudado en la versión de la intermediación inmobiliaria, a pesar de que Perdomo no dijo nada de ella en las declaraciones que prestó durante la fase de instrucción.

Según esa tesis de la defensa, Enrique Guzmán habría contactado con el director general de Industria para pedirle que mediara a favor de una empresa, Carboneco, que buscaba una parcela en Tenerife para instalar una fábrica de producción de anhídrico carbónico para suministrar a Coca Cola. Sin embargo, la única gestión que ha podido constatar, a través de la declaración de Guzmán y de otros dos testigos, es que contactó con un abogado de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Manuel Trujillo, para que este a su vez llamara a otro letrado de Tenerife, David Pérez, y que fuera este quien se encargara de la tramitación.

Tanto el propietario de la parcela donde se instaló la empresa como el constructor de la nave aseguraron durante la vista que no conocían de nada a Celso Perdomo y a Mónica Quintana y que ninguno de ellos participó en esas operaciones. La abogada del ex alto cargo, sin embargo, ha cuestionado la labor de los investigadores de la Policía Nacional, al entender que debieron entrevistar también a los responsables de las inmobiliarias con las que se negoció la venta para comprobar si había sido con ellos con quienes había mediado.

El letrado de Mónica Quintana, Víctor García de Bordallo, ha añadido a esta versión otro elemento, la ficha de su representada en el Fortis Bank de Luxemburgo, en la que justifica los ingresos con el concepto de “asuntos inmobiliarios”.

Juan Sánchez Limiñana, el abogado que representa a la empresa de energías renovables que ejerce de acción popular en esta causa, ha tirado de ironía para ridiculizar la versión de la defensa: “24.000 euros por una llamada. Ese trabajo lo quiero yo para mí”. El propio Guzmán manifestó en el juicio que esa supuesta labor de intermediación no valía ese dinero.

Con respecto a otro de los pagos, el de 12.700 euros de la sociedad de Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel, las defensas han aludido a un supuesto estudio realizado por Celso Perdomo sobre la energía generada por las olas. Ese dinero no fue transferido directamente a la cuenta de los acusados, sino que sirvió para pagar una parte de la reforma que habían acometido en el domicilio que ambos compartían. “José Ignacio Esquivel no ha negado que el proyecto se hiciera. Cosa distinta es que lo llevara a cabo”, dijo María del Mar García.

El fiscal Luis del Río había recordado antes que esa versión del informe de Perdomo no surgió hasta la cuarta declaración de Mónica Quintana y que el propio Esquivel en su declaración puntualizó que no le había pagado por ese estudio y que nunca lo utilizó. El documento, incidió el representante del Ministerio Público, no tenia fecha ni firma ni especifica quién lo había encargado.

La carta de Luis Soria

En relación al delito de revelación de secretos, la defensa de Celso Perdomo sostiene que los correos que dan origen al procedimiento, que fueron enviados meses antes de la publicación de las bases y que contenían un borrador del concurso y un listado con las parcelas susceptibles de ser adquiridas para la instalación de los molinos, así como los nombres de sus propietarios y los contactos, pudieron ser manipulados por el denunciante, Alberto Santana. La abogada García ha aludido a una supuesta incoherencia en las fechas y al hecho de que los correos fueron entregados impresos. Anticipándose a este argumento de la defensa, el fiscal había precisado instantes antes que los investigadores de la Policía Nacional encontraron esos mismos correos en el ordenador de uno de los empresarios a quien se los envió, Wilebaldo Yanes.

La abogada de Perdomo ha defendido que, aún dándolos por buenos, del contenido de esos correos no se desprende que fuese información privilegiada, puesto que esa documentación, dijo, ya circulaba por la red, incluso en la propia página web de la Consejería, una versión que ha sido desmentida por la Policía, por funcionarios del Gobierno que han declarado como testigos y por el propio consejero de Industria en el momento de los hechos, Luis Soria. Las acusaciones han insistido durante la vista en que el listado de parcelas y contactos suponía una evidente ventaja competitiva, puesto que la ubicación de los parques y su titularidad (el suelo público puntuaba más) tenían una considerable incidencia en el concurso.

La letrada de Perdomo también se ha referido a una carta remitida por Luis Soria a la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) para defender que su representado no cometió el delito de revelación de secretos. En esta misiva, el consejero de Industria respondía a la preocupación expresada por los industriales por la tardanza en convocar el concurso y les remitía, el 8 de octubre de 2005, veinte días antes de la publicación de las bases, un cuadro con la potencia eólica que se asignaría a cada una de las islas, una información que, según las acusaciones, ya era pública. “El propio consejero informó, es un hecho contundente”, dijo la abogada de Perdomo, que ha sostenido que el ex alto cargo “no tenía forma de influir en el concurso”.

El letrado de Mónica Quintana, por su parte, ha señalado que la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria “no tiene nada que ver” en los hechos enjuiciados y que su intervención “es tangencial”. “Jamás ha negado la cuenta en Luxemburgo, tampoco las transferencias”, ha afirmado Víctor García de Bordallo. “Existen muchos indicios de que esa mediación (inmobiliaria de Celso Perdomo) existió, pero aunque no fuera así, eso es lo que Mónica sabía. Aceptó lo que su pareja le dijo. La mediación inmobiliaria no era ilegal”, agregó.

Con respecto a los libros cargados a las arcas de la Consejería de Industria, por un valor superior a los 700 euros, el abogado de Quintana afirmó que no hay constancia de que hiciera una lista o que fuera a la librería Canaima a recogerlos.

Las defensas de los dos acusados que no han reconocido los hechos han afirmado que la negativa de ambos a declarar en el juicio no debe ser interpretada como una prueba de su culpabilidad y han aclarado que, si no lo hicieron, no fue con ánimo de “esconderse detrás de los testigos”, como dijo la acusación, sino porque en ese momento no se encontraban en condiciones de hacerlo.

Por su parte, los abogados de los cuatro acusados que han expresado su arrepentimiento, Enrique Guzmán, Alfredo Briganty, José Ignacio Esquivel y Honorato López, han pedido al jurado popular que reconozca la colaboración “sincera, veraz y útil” de sus representados con la Administración de Justicia y que valore la “pena adicional” que han cumplido durante doce años “sometidos a la incertidumbre de un resultado” y teniendo que fichar cada quince días en los juzgados.

Sólo Briganty ha usado el derecho a la última palabra para pronunciar una única frase: “La justicia es un principio moral”.

El fiscal Anticorrupción Luis del Río ha modificado este jueves, en la última sesión del juicio del caso Eólico, sus conclusiones para aplicar el atenuante de dilaciones indebidas a todos los acusados, los seis, y el de confesión a los cuatro que han reconocido los hechos. De esta manera se reducen las condenas que solicita para los altos cargos, funcionarios y empresarios procesados, en especial para los que han mostrado su arrepentimiento y han admitido su participación en el amaño del concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias en 2004.

En su escrito de conclusiones, el representante del Ministerio Público enumera once circunstancias que justifican la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas. El caso Eólico llegó a juicio catorce años después de que se produjeran los hechos y doce años después de que tuvieran lugar las primeras detenciones. Entre las causas del retraso acumulado en el procedimiento cita la recusación de jueces, la tardanza en resolver los recursos presentados por las defensas, el fallecimiento del magistrado que había sido designado presidente del tribunal, Ignacio Marrero, que solventó las cuestiones previas, o la renuncia de los abogados de los acusados Celso Perdomo y Mónica Quintana a su defensa y el tiempo que necesitaron los nuevos letrados para ilustrarse sobre el procedimiento.

Estas son las penas planteadas por el Ministerio Fiscal este jueves en comparación con las que solicitaba en su escrito de conclusiones provisionales.

Celso Perdomo. Para el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, acusado de los delitos de revelación de secretos (por facilitar información privilegiada a empresarios), cohecho (por recibir o aceptar pagos de empresarios a cambio de favores en el concurso) y malversación de caudales públicos (por la compra de libros con cargo a las arcas del Gobierno para uso personal), pide cuatro años y tres meses de cárcel (frente a los siete iniciales), nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público (catorce en el escrito inicial) y dos multas que suman 249.000 euros, 75.000 menos que en las conclusiones provisionales.

Mónica Quintana. Con respecto a la pareja de Perdomo, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, rebaja la petición los tres años y medio de cárcel a los dos años y nueve meses y las multas de los 84.000 a los 28.500 euros. Además pide cuatro años de inhabilitación cuando en el escrito de calificación solicitaba tan solo uno. Está procesada como cooperadora necesaria de los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos.

Enrique Guzmán. El empresario, acusado de dos delitos de cohecho, es uno de los arrepentidos. El fiscal pedía para él un año y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros que, con las dilaciones y la confesión, se quedan en cinco meses de cárcel a sustituir por una multa de 15.000 euros y otra sanción de 50.000 euros.

Alfredo Briganty. Para el polémico abogado que pasó de alentar la teoría de la conspiración a confesar los hechos, el fiscal plantea dos alternativas. La primera, idéntica a la de Guzmán (cinco meses de cárcel o multa de 15.000 euros más otra de 50.000). La segunda, una condena de un año y dos meses de cárcel, una multa de 7.500 euros y la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o contratar con la administración durante un año y once meses. Esta última, en aplicación de la reforma del código penal de 2015, es la que más satisface a la defensa del acusado, según manifestó en la vista su abogado.

En el escrito de calificación, Luis del Río pedía un año y medio de prisión y 150.000 euros de multa para Briganty, acusado de dos delitos de cohecho.

José Ignacio Esquivel. Al igual que Briganty, con quien compartía intereses en una de las empresas que pretendían concurrir al concurso eólico finalmente anulado, se enfrentaba a un año y seis meses de cárcel y una multa de 150.000 euros por cohecho.

Con la confesión y las dilaciones indebidas, la petición se reduce a los cinco meses de prisión a sustituir por una multa de 15.000 . Además, deberá pagar otros 50.000 euros.

Honorato López. El jefe de servicio de Industria está acusado de cohecho por aceptar los sobornos -aunque no llegó a cobrar- de los empresarios. En el escrito de calificación, Luis del Río pedía para él dos años de cárcel y seis de inhabilitación para cargo o empleo público, además de una multa de 200.000 euros.

Ahora, al igual que para Briganty, plantea dos escenarios diferentes en función de la aplicación o no de la reforma del código penal operada en 2015. En el caso de que no lo hiciera, se quedaría con una pena de cinco meses de cárcel sustituible por una multa de 9.000 euros y un año y tres meses de inhabilitación. Si se rige por la última reforma, la condena sería de un año y dos meses de prisión, la multa se reduciría a la mitad (4.500 euros) y la inhabilitación se incrementaría hasta los dos años y ocho meses.

El abogado de López también considera más beneficiosa para su representado esta segunda opción y ya ha advertido de que solicitará en la fase de ejecución de sentencia que se elimine la privación de libertad al considerar que catorce años después de los hechos el funcionario ya ha cumplido con el objetivo de reinserción.

La acusación particular, ejercida por el Gobierno de Canarias, y la acción popular, representada por una empresa de energías renovables, se han adherido a las conclusiones y a la petición de condenas del fiscal.

Dos peritos de la Policía Nacional han desmontado la coartada utilizada por los acusados del caso Eólico que siguen defendiendo su inocencia, el exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, para tratar de justificar dos ingresos, uno de 14.052 euros y otro de 9.400, en la cuenta corriente que la segunda abrió en el Fortis Bank de Luxemburgo. Las defensas han sostenido durante la vista que esas transferencias fueron realizadas por el empresario Enrique Guzmán, uno de los cuatro procesados arrepentidos, como contraprestación a una supuesta labor de intermediación de Perdomo en la compra de una parcela en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona y la posterior construcción en ese lugar de una planta de producción de anhídrido carbónico de la sociedad Carboneco, que había alcanzado un acuerdo de suministro con la multinacional Coca Cola.

Este jueves han declarado en el juicio los autores del informe policial que concluyó, en el año 2006, que Perdomo y Quintana habían percibido esas cantidades en concepto de comisiones ilegales por la información privilegiada que el primero le había proporcionado a Enrique Guzmán para que se situase en una posición de ventaja en el concurso eólico con respecto a sus competidores. En una comparecencia conjunta, el instructor de la investigación policial, que ya había declarado en calidad de testigo, y el entonces jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas, también máximo responsable del grupo de Blanqueo de Capitales, han ratificado las conclusiones de un informe que echa por tierra el argumento exculpatorio de los acusados.

Los peritos han explicado que en ningún momento se pudo acreditar durante las pesquisas esa labor de intermediación. Los investigadores interrogaron al propietario de la parcela, Luis Alberto Lara, y al constructor de la nave, Francisco José Delgado, y ambos coincidieron en que no conocían de nada a Perdomo ni a Quintana, salvo por lo que había aparecido en prensa. El primero, en consonancia con lo manifestado durante su declaración como testigo en el juicio, explicó que sus contactos eran los trabajadores de la inmobiliaria y que había mantenido reuniones con un representante de la empresa Carboneco y otras dos personas “de acento peninsular” para la venta de la parcela. Delgado, por su parte, dijo que el trabajo se lo encargó el director general de Carboneco desde Barcelona, aunque reconoció que Enrique Guzmán era uno de los participantes en esa operación.

Según los autores del informe, la documentación extraída de la cuenta de Guzmán en el Fortis Bank de Luxemburgo demostró que el empresario había cobrado por esos trabajos dos comisiones, una de 90.000 y otra de 40.000 euros, y que su intención era “eludir el pago de impuestos” en España.

Con posterioridad, Guzmán transfirió a la cuenta de Mónica Quintana en el mismo banco las cifras antes mencionadas, un total de 25.000 euros, unos ingresos que, puestos en relación con el contenido de las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación, llevaron a la Policía Nacional a concluir que ese dinero correspondía a un pago del empresario por los favores prestados por el alto cargo del Gobierno regional en la tramitación del concurso eólico y no a esa supuesta intermediación.

El instructor de la investigación puso de relieve que, aún dando por buena esa justificación, la de la intermediación en la compra de la parcela de Granadilla, las cantidades tendrían que haber sido declaradas por Celso Perdomo y no por su entonces pareja, Mónica Quintana, puesto que en ese caso existiría “un efecto defraudatorio a Hacienda”.

Luxemburgo, paraíso fiscal

Para los peritos no es causal que las operaciones se realizaran a través de dos cuentas de un banco con sede en Luxemburgo y sucursal en Madrid. En su comparecencia de este jueves, recordaron que, en aquel momento y hasta diciembre de 2014, este país era considerado por España como un paraíso fiscal o “no colaborador” en la materia, que las transacciones estaban protegidas por el secreto bancario y que el objetivo era ocultarlas dada la falta de transparencia y la opacidad de la entidad.

Los investigadores policiales han relatado en la sesión de este jueves todas las vicisitudes y obstáculos que debieron sortear para poder dar con las claves de la trama, dadas las estrategias de los ahora acusados para ocultar las actuaciones presuntamente delictivas. “Hubiera sido imposible pillarles sin las conversaciones telefónicas”, afirmó uno de ellos.

Cuando el magistrado instructor del caso Eólico, Miguel Ángel Parramón, entonces titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, decidió bloquear las cuentas corrientes de varios acusados como medida cautelar, entre ellos las de Enrique Guzmán, Celso Perdomo y Mónica Quintana, el Fortis Bank de Luxemburgo constató que la pareja del principal acusado no tenía ningún producto abierto en la sucursal de Madrid, por lo que “formalmente las cuentas estaban aportadas” en el país centroeuropeo, explicó uno de los peritos.

Como era “evidente”, a tenor del contenido de las escuchas, que la acusada tenía un producto en ese banco, decidieron cursar una comisión rogatoria internacional a las autoridades luxemburguesas para acceder a esa información y comprobar que, efectivamente, Quintana era titular de una cuenta en el Fortis Bank asociada a una tarjeta “sin dibujo ni anagrama” que, además, no estaba en su poder, pero que fue encontrada en una entrada y registro en la casa de su hermana.

El instructor policial del caso Eólico ha dado por acreditado el ánimo defraudatorio de los acusados, que no comunicaron a Hacienda la apertura de esa cuenta corriente en el banco de Luxemburgo. La utilización de paraísos fiscales “es una circunstancia muy manida, muy usada en delitos de corrupción”, aseveró el perito. Según explicó, abrir una cuenta en ese país no es ningún delito, pero las transferencias deben ser declaradas a la Hacienda española y el dinero debe tener un origen legal, una condición que, en su opinión, no se daba en este caso, ya que procedía de una comisión que un empresario pagaba a un alto cargo del Gobierno para obtener ventaja en un concurso público.

Los investigadores explicaron que no solicitaron la declaración de la renta de la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2005 porque había sido detenida en febrero de 2006 y tenía de plazo para presentarla hasta el 30 de junio de ese mismo año, por lo que, al saber que estaba bajo la lupa de la Policía y de un juez, no se le podía dar el mismo valor.

Para los peritos, Quintana, que ejercía “de testaferro”, también mintió al banco luxemburgués al ocultar que su pareja ostentaba un cargo de responsabilidad en una administración pública, una circunstancia que le impedía abrir la cuenta, según las normas de la propia entidad.

En la sesión de este jueves también compareció la perito judicial María Teresa Ponga, que realizó la tasación de 19 libros que fueron adquiridos por Celso Perdomo y Mónica Quintana con cargo a las arcas de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y comprobó, sobre la base de la factura de la librería Canaima, que se correspondían con precios de mercado. La prueba pericial se completó con la declaración de cuatro agentes de la Policía Nacional, dos de ellos por videoconferencia de Madrid, que se ratificaron en las conclusiones de un informe para la identificación de las voces que aparecen en las conversaciones interceptadas. Tanto Perdomo como Quintana se negaron en su momento a dejarse grabar en sede judicial para poder realizar el estudio, por lo que el informe no les afecta.

El primero fue Alfredo Briganty. El abogado madrileño, abanderado durante más de una década de la teoría de la conspiración político-mediática en el caso Eólico, se transformó en arrepentido en cuestión de días, al inicio de la vista, renunciando a descubrir a ese “sanedrín mafioso de jueces, empresarios, políticos y periodistas” del que hablaba para acabar reconociendo los hechos en busca de una rebaja de penas por colaborar con la justicia.

Durante el transcurso del juicio ha sido la defensa del principal acusado, el exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, quien ha desistido de resucitar esa teoría tras fracasar en su intento de incorporar a la vista las conclusiones de la comisión de investigación abierta en 2006 el Parlamento de Canarias. Esas conclusiones, redactadas por el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria y líder del PP en las Islas, José Manuel Soria, apuntaban a “militantes” o “altos cargos” del PSOE por “pretender desviar de forma intencionada el verdadero objeto de la investigación”, en coincidencia “con la línea editorial de un medio de comunicación, Canarias Ahora”.

Esa comisión pactada entre CC y PP, preludio del acuerdo de gobierno al que llegaron meses después, en las elecciones de 2007, con Paulino Rivero de presidente y José Manuel Soria de vicepresidente, descargaba de cualquier responsabilidad al consejero de Industria, Luis Soria, y omitía su viaje a la ciudad alemana de Magdeburgo junto a los hermanos Esquivel para visitar la sede de Enercon, una compañía que fabricaba el tipo de turbina que mejor se puntuaba en el concurso eólico. José Ignacio Esquivel tenía intereses en ese concurso. Javier Esquivel era propietario del chalet donde el presidente popular vivió durante 19 meses gratis mientras se tramitaba el procedimiento.

Las conclusiones de esa comisión situaban como cabecilla de la trama a un militante socialista, José Francisco Henríquez, a la postre consejero de Canarias Ahora. Henríquez era uno de los 38 testigos que había propuesto el anterior abogado de Celso Perdomo, Alberto Hawach. En ese listado figuraban otros destacados ex dirigentes socialistas, como Emilio Mayoral o Francisca Luengo, además de alcaldes y periodistas. A todos ellos ha renunciado María del Mar García, la actual letrada del ex director general de Industria, consciente de que la línea que trató de abrir en las primeras sesiones no tenía mucho futuro a la vista de la posición sostenida por el presidente del tribunal de jurado, el magistrado Pedro Herrera, que ha cortado de raíz cualquier insinuación o comentario que se apartara de los hechos objeto de enjuiciamiento.

La renuncia masiva de testigos (al final sólo han declarado 30 de los 73 propuestos por las partes, 10 de ellos por videoconferencia) ha marcado el devenir de un juicio que se preveía más intenso de lo que finalmente está siendo. La vista empezó con sesiones dobles, de mañana y tarde, y ha concluido este miércoles las pruebas testificales con jornadas de apenas media hora. Ahora encara su recta final. Este jueves declararán los siete peritos propuestos por el fiscal Anticorrupción Luis del Río y el día 12 será el turno para que las partes expongan sus informes finales. El caso quedará luego a expensas del veredicto del jurado popular y de la sentencia del presidente del tribunal, Pedro Herrera.

Carta a Luis Soria

Descartada la teoría de la conspiración política y mediática, la defensa de Celso Perdomo ha intentado demostrar que la información que proporcionó a determinados empresarios antes de que se publicaran las bases del concurso eólico no era privilegiada y que, por tanto, no implicaba una ventaja con respecto al resto de competidores. Por la presunta comisión de este delito, el de revelación de secretos, el ex director general de Industria se enfrenta a dos años de cárcel (la Fiscalía pide además para él otros cinco años de prisión por un delito de cohecho y otro de malversación de caudales públicos).

En esta estrategia se enmarca la declaración prestada en la sesión de este miércoles por el testigo Benicio Alonso, ex diputado del PP y presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (ASINCA) en el momento de los hechos. Alonso explicó que, ante la preocupación de dos asociados interesados en presentarse al concurso eólico, remitió una carta a Luis Soria el 27 de septiembre de 2004 para preguntarle los motivos de la tardanza en publicar las bases del concurso. La respuesta del consejero llegó el 8 de octubre, veinte días antes de que se publicase la orden de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). En ese escrito de contestación, Soria incorporó una tabla con las potencias que se asignarían a cada isla. “Esa carta confirmó que teníamos razón (en la preocupación por el retraso), que no habían llegado a nada”.

Alonso negó, no obstante, que Asinca tuviera acceso a un borrador del concurso antes de la publicación de las bases, a pesar de que, según relató, era habitual que no sólo la Consejería de Industria, sino otros departamentos, presentaran los proyectos a las instituciones empresariales para que estas presentasen los reparos que considerasen oportunos. También rechazó que el cuadro enviado por Luis Soria contuviera información sobre los propietarios de los terrenos públicos y privados donde levantar los parques eólicos y sus contactos, información que sí fue facilitada por Celso Perdomo a dos empresarios en los correos electrónicos que se sitúan en el origen de la causa.

El letrado del Gobierno de Canarias, por su parte, recordó en una de sus preguntas al testigo que los datos contenidos en esa carta enviada por el consejero ya eran públicos, puesto que figuraban en el decreto previo a la orden de la convocatoria del concurso.

Alonso relató que cuando envió la misiva a Luis Soria existía cierta preocupación y “comentarios negativos” entre el sector empresarial, donde circulaba la información de que ya existía un borrador sobre el concurso. Por estos chascarrillos se enteró, siempre según su testimonio, de que Luis Soria envió un viernes el borrador a Adán Martín, que en aquel entonces era presidente del Gobierno de Canarias, aunque el testigo lo indentificara como presidente del Cabildo de Tenerife, para que le diera el visto bueno. Martín devolvió la orden corregida el lunes posterior para su inmediata publicación.

Este miércoles también declaró, por videoconferencia desde Alcobendas, Santiago Marín, ex director de Red Eléctrica de España (REE) en Canarias (2005-2008) y actual director de desarrollo de sistemas de la empresa, quien aseguró no tener constancia de que la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias facilitara un borrador de las bases antes de su publicación, aunque consideró “perfectamente razonable” que lo hubiera hecho con REE dada su posición de operadora del sistema.

El expresidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, colocó como viceconsejero de Industria en 2003 a un catedrático de ingeniería electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Antonio Núñez Ordóñez, para ayudar a su hermano, el consejero Luis Soria, “porque no tenía idea de nada” relacionado con la ingeniería, las energías renovables y la potencia eólica.

Así lo ha declarado este lunes el que fuera viceconsejero de Industria durante el gobierno de CC y PP (2003-2005) que pretendió adjudicar un concurso público de asignación de potencia eólica con amaños e información privilegiada a privados, el caso eólico que se juzga estos días en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

“Recibí una llamada de José Manuel [Soria, por entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria] para reunirnos en el Cabildo. Allí me dijo que no iba ser consejero y que lo sería su hermano Luis, pero que me quería para que ayudase a su hermano”, explicó este lunes Núñez, en calidad de testigo propuesto por la defensa de Celso Perdomo, el ex director general de Industria y principal acusado.

“Me lo pensé unos días, le pedí [a José Manuel Soria] si podía nombrar a mi equipo y me dijo que sí, excepto al director general de Industria [Celso Perdomo], porque era un hombre de partido y ya lo había decidido” así el propio José Manuel Soria, indicó al tribunal del jurado el exviceconsejero de Industria.

Aparte de una extensa y detallada exposición del origen del concurso eólico, del que es un experto conocedor, Antonio Núñez aportó a este juicio datos de interés que contradicen el testimonio del hermano de José Manuel Soria, cuando el exconsejero Luis Soria sostuvo que no supo nada de lo que pasaba en su consejería. Es esa larga sombra de los hermanos Soria que va dejando rastros.

“Yo no supervisaba a Celso, mi función era ayudar al consejero. El consejero no tenía mucho conocimiento de todo esto, porque era economista y venía de la empresa privada”, explicó Núñez Ordóñez.

Y cuestionado sobre si sabía de los tratos de Perdomo con los empresarios a los que se les facilitó las bases del concurso antes de su publicación, como así lo han reconocido los acusados, dijo: “Celso a quien daba cuenta era al consejero. Yo tenía facultades para indicarle si algo estaba haciendo bien o mal, pero habitualmente no me llamaban a esos despachos [del consejero con sus directores generales]. Yo no autoricé a facilitar las bases a empresas antes del concurso”, sentenció.

“El consejero [Luis Soria] no nos indicó que no diéramos estas cosas a nadie, ni lo uno ni lo otro. No se trabajaba de forma secreta [en la elaboración de las bases del concurso]. La intención era beneficiar a instituciones locales y a las personas físicas que tuviesen terrenos con viento”, añadió el exviceconsejero de Industria.

De lo que sí habló extensamente Núñez fue de la existencia de hasta cuatro o cinco borradores previos a la versión definitiva de esas bases, y que aparte de técnicos y cargos políticos de la consejería dirigida por Luis Soria, quienes manejaron esos borradores fueron miembros del equipo del presidente del Gobierno, el fallecido Adán Martín Menis. “Debimos sacar esos borradores de órdenes de convocatoria del concurso a información pública, pero por las prisas, no lo hicimos”, dijo.

¿Y quiénes metían prisa? Pues precisamente el núcleo duro de Presidencia del Gobierno de Canarias: “Salvador Iglesias [jefe de Gabinete de Adán Martín] y Miguel Becerra [viceconsejero de Presidencia] intervenían con prisas, querían conocer cómo iba la preparación del concurso, e imagino que después hablarían con el presidente”, explicó Núñez. Eran la parte de CC en ese gobierno con el PP.

La defensa de Celso Perdomo renuncia a seis testigos

La defensa de Celso Perdomo renuncia a seis testigosPrecisamente el que fuera jefe del gabinete de Adán Martín, Salvador Iglesias, estuvo este lunes en la Ciudad de la Justicia, pero junto a otros seis testigos propuestos por la defensa de Celso Perdomo se limitó a escuchar a su señoría, Pedro Herrera, agradecerles su paciencia y colaboración con la Administración de Justicia, sin que llegaran a testificar al renunciar a ello Perdomo.

Además del ahora jefe de los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias, Celso Perdomo también renunció a la testifical del que fuera presidente del Consejo de Administración de Canarias Ahora en aquella época, José Francisco Henríquez, al que el Parlamento de Canarias acusó en 2007 de ser “el cabecilla de la trama” por su militancia socialista, en una comisión de investigación amañada por los grupos parlamentarios de CC y PP, y en la que llegó a declarar José Manuel Soria.

En este juicio, la defensa de Celso Perdomo pretendió incorporar las conclusiones de esa comisión parlamentaria pactada entre CC y PP semanas antes del final de la legislatura (2003-2007), cuando ya era vox populi que nacionalistas y populares, a pesar de su ruptura de 2005, volvieran a ser aliados en el Gobierno de Canarias, como así fue en el Ejecutivo de Paulino Rivero y José Manuel Soria, hasta 2010. El presidente del tribunal no admitió la incorporación de esas conclusiones políticas.

Además, de a Salvador Iglesias y José Francisco Henríquez, la defensa del principal acusado renunció a los testimonios de un asesor de Luis Soria, José Luis Jiménez, el exconsejero del Cabildo de Tenerife Vicente Álvarez Gil, la exrectora de la Universidad de La Laguna, Marisa Tejedor, por aquella época consejera de Industria al romperse el pacto de gobierno CC-PP en 2005 y sustituir a Luis Soria, así como de Pedro Marrero y Jorge Luis de Lorenzo.

Cumplieron con el trámite de declarar suscintamente el exgerente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, José Sanabria Díaz, el ex director comercial de Endesa Canarias, José Antonio Lucendo, y por videoconferencia desde La Laguna el abogado David Pérez González.

Uno, Luis, pasó de puntillas por el juicio. A tenor de su declaración como testigo, nunca supo nada de lo que se cocía en su propia consejería ni de lo que tramaba un estrecho colaborador, Celso Perdomo, el principal acusado. Sobre el otro, José Manuel, no se recuerda ni una sola mención en la vista oral, a pesar de que su sombra ha planeado sobre el denominado caso Eólico de Canarias desde prácticamente su inicio. El primer denunciante no alberga, sin embargo, ninguna duda. Para Francisco Cabrera, los hermanos Soria fueron protagonistas de la que considera la gran trama del concurso eólico de 2004, la original, la que no ha llegado a juicio, el “chiringuito” que, en sus propias palabras, montaron el abogado madrileño Alfredo Briganty y el empresario José Ignacio Esquivel para tratar de quedarse con suelo público en el puerto de Arinaga (Gran Canaria) y explotar allí su parque. 

Cabrera estaba llamado a declarar como testigo en el juicio el pasado viernes, pero la abogada de el ex director general de Industria Celso Perdomo, que lo había propuesto, renunció finalmente a su testimonio. En el momento de los hechos, Cabrera era gerente de Megaturbinas de Arinaga, una empresa pública participada por el Cabildo de Gran Canaria que presidía José Manuel Soria, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), vinculado a la Consejería de Industria que regía su hermano Luis, y la Autoridad Portuaria de Las Palmas que dirigía José Manuel Arnáiz, hombre de confianza del entonces líder del PP en las Islas.

En los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, Cabrera insiste en que los Soria estaban detrás del “chiringuito de Briganty y los Esquivel”, la empresa Promotora de Recursos Eólicos, constituida “sólo seis meses antes del concurso” (en abril de 2004) con apenas 3.000 euros de capital social. “Querían información privilegiada” para hacerse con la concesión de suelo público portuario en Arinaga, en la misma parcela en la que había pedido autorización la empresa pública, en el mejor campo de viento de Europa.

Al conocer los movimientos de esta empresa, Cabrera acudió a José Manuel Soria, a quien entonces unía una cordial relación. “Yo le advertí de que se querían quedar con la parcela y el proyecto de Megaturbinas y él me dijo que eso no podía ser”, recuerda el ingeniero, que en ese momento creía que era Larry Álvarez (PP), amigo de Briganty y entonces vicepresidente tercero del Cabildo, quien estaba auspiciando la operación. Esa conversación tuvo lugar el 20 de octubre de 2004. Días después, el Consejo de Administración de Megaturbinas rechazó la propuesta de su gerente para participar en el concurso eólico. Y ello a pesar de que el objeto social de esa sociedad, que el propio Cabrera redactó, era “la explotación de recursos eólicos, en particular en la bahía de Arinaga”.

Con los datos que había obtenido del Registro Mercantil, la renuncia del consejo de la empresa pública a concurrir al concurso de asignación de potencia eólica y conocedor de las pretensiones de la sociedad de Briganty y Esquivel y de sus negociaciones de Arnáiz, con el beneplácito del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el que se sentaban los hermanos Soria, para cederle terrenos en el Puerto de Arinaga, Cabrera presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid (en aquel momento no había aún una unidad especializada en Las Palmas). La reacción del Cabildo fue inmediata. Cabrera fue despedido de forma fulminante de su cargo en Megaturbinas (de confianza) y de su puesto como técnico en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC).

Esa primera denuncia del caso Eólico sería archivada por la Fiscalía de Las Palmas, adonde la había derivado Anticorrupción. El despido, por su parte, fue declarado nulo. Una sentencia de la magistrada del Juzgado de lo Social 5 de Las Palmas de Gran Canaria concluyó que el Cabildo había cesado a Cabrera como represalia por haber denunciado esa supuesta operación para beneficiar a la empresa privada en detrimento de la pública.

“La intención primera de Promociones de Recursos Eólicos (la empresa de Esquivel y Briganty) no era sobornar a Celso Perdomo, sino quedarse con el negocio de Megaturbinas de Arinaga”, explica Cabrera, que con posterioridad a la presentación de la denuncia en Anticorrupción (dirigida contra los empresarios y el presidente de la Autoridad Portuaria), conectó estos hechos directamente con los hermanos Soria a través del denominado caso Chalet, que implicaba a José Manuel, y el viaje de Luis a la ciudad alemana de Magdeburgo para conocer la fábrica de turbinas Enercom.

Caso Chalet y el viaje a Magdeburgo

Para Francisco Cabrera, el caso Eólico no se puede entender sin conocer el dato de que, mientras se tramitaba el concurso, la familia de José Manuel Soria estuvo viviendo gratis durante 19 meses (entre junio de 2004 y diciembre de 2005, ambos inclusive) en un chalet propiedad de una empresa de Javier Esquivel, hermano de José Ignacio, uno de los acusados que ha reconocido los hechos en el juicio. Así quedó acreditado en las cuentas de 2005 de la mencionada sociedad, donde tan sólo aparece un apunte contable de 30.400 euros que corresponde al arrendamiento de esos meses y que asumió el propio casero.

Cuando Canarias Ahora publicó esta información, Soria se querelló contra dos periodistas por injurias y calumnias. Durante ese procedimiento judicial, el exministro presentó unos recibos manuscritos, sin membrete ni cuño, con errores de fecha y prácticamente idénticos, con la misma tinta y el aspecto de haber sido elaborados de una sola tacada. Para el juez estos recibos merecieron el calificativo de “pintorescos” e impropios de “lo que es habitual en el tráfico jurídico arrendaticio”.

Los periodistas fueron finalmente absueltos y Soria, condenado a pagar las costas procesales, aunque luego la Audiencia Provincial de Las Palmas se las perdonaría.

Otro hecho que, a juicio del primer denunciante del caso Eólico, demuestra la connivencia entre los Soria y los Esquivel es el conocido viaje a Magdeburgo en noviembre de 2004, el mismo mes en el que, en contra del criterio de su gerente, Megaturbinas de Arinaga renunciaba a presentarse al concurso eólico. Ese viaje fue organizado por la empresa SPA, de la que José Ignacio Esquivel era accionista y Alfredo Briganty, secretario del Consejo de Administración. A la capital federal del estado Sajonia-Anhalt acudieron, además de los hermanos Esquivel, técnicos del ITC y el propio consejero, Luis Soria, que años después defendió que su presencia en la sede de la compañía Enercon, la misma que fabricaba el tipo de turbinas que más se puntuaba en el concurso, junto a un empresario que aspiraba a ser adjudicatario de potencia eólica, fue fruto de “una casualidad”. Lo cierto es que no fue la única. También pernoctaron en el mismo hotel y cenaron juntos.

Francisco Cabrera añade un dato más para completar la composición. “Sólo Celso (Perdomo) y Luis (Soria) sabían que las bases del concurso daban una puntuación muy superior a los parques situados en suelo público, como los del Puerto de Arinaga”.

El denunciante del caso Eólico pretendía explicar todos estos entresijos de la trama en la sesión del pasado viernes, pero la renuncia de la abogada del principal encartado se lo impidió. En cualquier caso, no habría sido la primera vez que cuenta la operación. Ya lo hizo ante el juez que instruyó la querella de Soria contra dos periodistas de Canarias Ahora por el caso Chalet y también en la polémica comisión de investigación en el Parlamento regional, donde relató que su denuncia evitó “un pelotazo” que cuantificó en 7,2 millones de euros. Sus revelaciones en esta comisión le costaron una denuncia de José Manuel Soria por injurias y calumnias. Cabrera fue absuelto en 2010 y el entonces vicepresidente del Gobierno de Canarias, condenado a pagar las costas. “La sentencia decía que yo hubiera cometido un delito de injurias y calumnias si no hubiera estado documentado. Pero lo estaba”, concluye.

El juicio del caso Eólico pierde expectación mediática, pero no nervio. Este miércoles se ha vivido la sesión más bronca en lo que va de vista oral. Los conatos de enfrentamiento que se habían producido durante los primeros interrogatorios han dado paso a tensos cara a cara entre el magistrado que preside el tribunal de jurado, Pedro Herrera, y los abogados María del Mar García y Víctor García de Bordallo, que defienden a los dos acusados que no han reconocido los hechos, el exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, respectivamente.

El conflicto se ha generado durante la declaración del inspector de la Policía Nacional que instruyó la investigación. El magistrado interrumpió en numerosas ocasiones a ambos letrados cuando trataban de desacreditar y desmontar las conclusiones de las pesquisas policiales, cuestionando algunas de las pruebas incriminatorias contra los acusados, entre ellas los dos correos que dan origen al procedimiento. Pedro Herrera recordó a las defensas que el inspector comparecía ante el tribunal en calidad de testigo y que, por lo tanto, sólo se le podía preguntar por los hechos objeto de enjuiciamiento de los que tuviera conocimiento y no por cuestiones ajenas al procedimiento, como las vinculadas a la obtención de esas pruebas, que ya habían sido resueltas en un auto dictado en 2014.

El presidente del tribunal reprochó a la abogada de Celso Perdomo que ejerciera la defensa con preguntas que contenían valoraciones propias e insistió en que el fin de las testificales, “por mucha película americana que veamos”, no es más que aclarar los hechos por los que se juzga a los procesados. El momento más tenso, sin embargo, lo protagonizó con el abogado de Mónica Quintana, con quien se enzarzó en una discusión tras recriminarle su manera de interrogar y, más en concreto, su forma de “redireccionar” las declaraciones del testigo para tratar de convencer al jurado de la inocencia de su defendida. “Yo no he direccionado nada”, le contestó en hasta tres ocasiones Víctor García de Bordallo, que colmó la paciencia del magistrado cuando quiso dar por zanjada la pugna y continuar con el interrogatorio. “El que dirige el juicio soy yo, no usted. No asuma una responsabilidad que no es suya”, dijo Herrera alzando la voz y visiblemente molesto con la actitud del abogado.

En una extensísima declaración de más de dos horas, el instructor de las diligencias policiales del caso Eólico explicó con detalle las actuaciones realizadas, desde las intervenciones telefónicas a seis sospechosos hasta las vigilancias o las entradas y registros en domicilios y oficinas de los investigados. El agente de la Policía Nacional desmontó también las versiones esgrimidas por las defensas de Perdomo y Quintana para justificar determinadas transferencias de dinero o la compra de libros con cargo a las arcas públicas.

El testigo relató que, durante la investigación, la Brigada de la Policía Judicial pudo comprobar que en la página web de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias no se había colgado un borrador del concurso eólico ni ninguna otra documentación relativa a este procedimiento, como sostienen las defensas para tratar de hacer ver que la información facilitada por Celso Perdomo a determinados empresarios a través de mensajes de correos electrónicos no era privilegiada y, por lo tanto, no les daba ventaja con respecto a otros posibles licitadores.

Los investigadores tuvieron acceso a estos correos a través de la documentación contenida en la primera denuncia, la que interpuso Alberto Santana, trabajador descontento de la empresa de Wilebaldo Yanes, receptor, al igual que Daniel Fernández de Salamanca, de los correos del director general de Industria con el borrador del concurso y el listado de contactos de propietarios de terrenos públicos y privados donde poder instalar los parques. Siempre según el testimonio del inspector, esos mensajes fueron encontrados posteriormente en el disco duro del ordenador de Yanes, en un registro en su domicilio.

Con respecto al delito de cohecho, es decir, al ofrecimiento, aceptación o pago de diferentes cantidades de dinero a cambio de favores en el concurso eólico, el instructor de las diligencias policiales también ha derrumbado las teorías de las defensas.

Los abogados de Perdomo y Quintana mantienen que el empresario Enrique Guzmán, uno de los acusados que ha reconocido los hechos, realizó dos transferencias por un montante total de aproximadamente 25.000 euros a la cuenta que la funcionaria del Cabildo abrió en el Fortis Bank de Luxemburgo por la labor de intermediación del director general de Industria para la adquisición de una parcela y la construcción de una nave en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona para que se instalase allí una fábrica.

El inspector ha explicado que descartaron esta justificación desde el momento en que tanto el vendedor de la parcela como el constructor de la nave declararon, como también hicieron este martes en la vista oral, que no conocían de nada a los acusados y que las gestiones las tramitaron directamente con los responsables de la empresa Carboneco en Barcelona y con una inmobiliaria. Además ha señalado que Celso Perdomo no hizo ninguna referencia a esta supuesta intermediación en los tres primeros interrogatorios que le realizaron.

El testigo relató el entramado que habían ideado Perdomo y Enrique Guzmán para que el primero y su entonces pareja, Mónica Quintana, cobraran las primas generadas por la explotación de los parques eólicos que se pudieran adjudicar a la empresa del segundo. De esta manera, según un borrador de contrato hallado en uno de los registros domiciliarios, Guzmán cedería al director general de Industria el 16% de las acciones de una de las empresas que administraba, Eneroil. Esta sociedad tenía, a su vez, participaciones en otra, Proyectos Renovables de Canarias, que obtendría 225.000 euros por cada megavatio que se le concediera en el concurso eólico.

Los investigadores de la Brigada de la Policía Judicial tampoco dieron ninguna credibilidad al enrevesado intento de justificar otro pago , esta vez de 12.700 euros, realizado por la empresa Promotora de Recursos Eólicos, que representaban los también procesados -y arrepentidos- Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel, a Celso Perdomo. Ese dinero fue transferido desde una cuenta de esa sociedad a la empresa Proarguineguín, la misma que había reformado la casa que compartían los ahora procesados. Las defensas aducen que el entonces cargo de confianza del consejero Luis Soria cobró esa cantidad por un trabajo que había realizado antes de acceder al puesto, en 2003, sobre la energía generada por las olas.

“El trabajo no tenía fecha, firma ni encabezado, ni ponía quién lo había solicitado. Me pareció de poca entidad”, sostuvo el instructor de la investigación, que añadió que Perdomo tampoco aludió a este estudio en sus tres primeras declaraciones y que José Ignacio Esquivel incurrió en contradicciones, tras afirmar en la inicial, en febrero de 2006, que no conocía al director general de Industria, y aseverar en la segunda, siete meses después, que había autorizado ese pago por el informe sobre la energía maremotriz.

El testigo redundó en la importancia de las conversaciones telefónicas interceptadas con autorización judicial, que aportaron los indicios que después fueron corroborados por otras pruebas, como las vigilancias o la documentación hallada en los registros. Así ocurrió, por ejemplo, con la tercera de las acusaciones, la de malversación de caudales públicos. El pinchazo al teléfono de Perdomo permitió descubrir su plan para, en colaboración con su pareja, adquirir libros con cargo a las arcas de la Consejería de Industria. Tres albaranes de entrega y la aparición de esos ejemplares en la vivienda de ambos ratificaron su consumación.

En este punto del interrogatorio se produjo otro encontronazo entre el presidente del tribunal y la abogada de Celso Perdomo, que pretendía justificar la compra, por ejemplo, del diccionario de María Moliner, a pesar de que los altos cargos sólo pueden adquirir libros técnicos vinculados a las áreas que gestionan, en este caso, Industria y Energía.

En la sesión de este miércoles han declarado otros tres policías que intervinieron en la investigación, entre ellos el secretario de las diligencias. Los agentes han relatado que realizaron tres operaciones de vigilancia a los ahora procesados. En la primera, celebrada en octubre de 2005, cubrieron una reunión que comenzó sobre las 08.00 horas en la habitación del hotel AC Los Bardinos de la capital grancanaria donde se hospedaba el abogado madrileño Alfredo Briganty. En ella estaban Celso Perdomo y Honorato López (jefe de área de Industria), que también participaron, un mes después, en un encuentro en el mismo hotel con otro empresario, Enrique Guzmán, en esta ocasión por la tarde (sobre las 18.30 horas). La tercera vigilancia se produjo en el restaurante El Buen Comer, del Paseo Cayetano de Lugo, con el alto cargo del Gobierno y el funcionario como interlocutores.

Era el máximo responsable de la Consejería de Industria donde se ideó el presunto amaño del concurso eólico convocado en Canarias en 2004 y el político que designó director general del área, un cargo de confianza, a Celso Perdomo, el principal acusado de la trama de sobornos. Su nombre también aparece vinculado a la causa por un viaje a la ciudad alemana de Magdeburgo, en pleno proceso de tramitación del concurso, para visitar las turbinas de una empresa germana en compañía, entre otros, del también procesado -y arrepentido, tras haber reconocido los hechos- José Ignacio Esquivel, representante de una de las sociedades interesadas en concurrir en aquel procedimiento, y Javier Esquivel, propietario del chalet donde, por esas mismas fechas, su hermano, el exministro José Manuel Soria, entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria, vivía gratis.

Luis Soria, consejero de industria del Gobierno de Canarias entre 2003 y 2005, ha declarado este martes en calidad de testigo en el juicio del denominado caso Eólico para sostener, en síntesis, que nunca supo nada. Que no autorizó a uno de sus colaboradores más estrechos, Celso Perdomo, a facilitar información privilegiada a determinadas empresas que aspiraban a recibir potencia eólica en ese concurso ni tuvo conocimiento de los tejemanejes del director general de Industria con los responsables de esas sociedades. “Mientras estuve en la consejería, nunca”, respondió a una pregunta formulada por el fiscal Luis del Río.

Lo único que sabía, a tenor de su testimonio ante el tribunal de jurado, es que “circulaba información” con los terrenos que contaban con un mayor potencial eólico en las Islas, una de las principales bazas para poder concurrir con éxito al concurso. Sin embargo, Luis Soria ha afirmado desconocer quién difundió esa relación de parcelas públicas y privadas y ha negado que hubiera algún tipo de instrucción desde la consejería que lideraba.

Según el hermano del exministro, dedicado desde hace años a la actividad privada tras su breve paso por la política, el concurso eólico era un proyecto de gran envergadura, “no sólo por la importancia de los recursos renovables” en las Islas, sino porque “brindaba oportunidades empresariales”. Soria ha explicado que se trataba de un negocio de riesgo controlado, en el que “se sabia de antemano” la inversión requerida y también los costes. “Había mucho interés” en este procedimiento y, por ello, se reunió con asociaciones de empresarios, con sindicatos y con representantes de distintas administraciones, ha añadido.

El testimonio del exconsejero supone un nuevo argumento incriminatorio contra Celso Perdomo, quien fuera uno de sus hombres de confianza dentro de la consejería. Y es que Luis Soria ha negado que desde el departamento que dirigía se hubiera divulgado información sobre el concurso antes de la publicación de las bases, como sostiene la defensa del ex director general para tratar de minimizar la importancia de dos correos enviados a empresarios con el borrador del concurso y un listado con la relación de terrenos para instalar parques eólicos, así como contactos del sector público y del privado.

Luis Soria nunca fue imputado por el caso Eólico. Entre las numerosas conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación policial a Celso Perdomo no figura ninguna con su superior jerárquico, el consejero. Tampoco fue objeto de estas pesquisas el ya citado viaje a Magdeburgo. La operación fue dirigida por el actual jefe de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, Ignacio Bádenas, entonces jefe de la Brigada de la Policía Judicial y, posteriormente, director general de la Policía Canaria y comisario de Interior en la Embajada de Cuba, cargos a los que accedió cuando José Manuel Soria era, respectivamente, vicepresidente del Gobierno regional y ministro de Industria.

Correos a empresarios

En la sesión de este martes también ha declarado el primer denunciante, Alberto Santana, trabajador de la empresa de Wilebaldo Luis Yanes, uno de los receptores de los correos enviados por Celso Perdomo con el borrador del concurso y el listado de terrenos. En esos mensajes, el director general de Industria no sólo explicaba el contenido de esos documentos adjuntos, sino que sugería a Yanes que se dirigiera a los números “públicos” que figuraban en uno de los archivos en primer lugar y que hiciera uso de “su contacto” en el Cabildo de Gran Canaria. Incluso le planteaba que se comunicara primero a través de teléfono fijo y, si no hubiera respuesta o fuera “pillado de tiempo”, que recurriera al móvil.

Santana ha ratificado que presentó la denuncia porque consideró que de esos correos se derivaban actuaciones “presuntamente delictivas”. Las defensas han intentando cuestionar la forma en la que el extrabajador de Yanes tuvo acceso a esos documentos, que aparecieron “en un CD en su mesa”, pero el denunciante ha insistido en que no recordaba nada y se ha remitido al archivo de la querella que contra él presentó su antiguo jefe precisamente por ese motivo. Las “respuestas evasivas” de Santana enervaron a los abogados de Celso Perdomo y Mónica Quintana y el presidente del tribunal, el magistrado Pedro Herrera, tuvo que recordarle en tres ocasiones que se encontraba bajo juramento.

El empresario Daniel Fernández de Salamanca, trabajador de Recursos Renovables de Canarias, una de las empresas interesadas en el concurso, y el propio Wilebaldo Luis Yanes, que colaboró con el primero como contacto de la compañía en Las Palmas, admitieron haber recibido esos correos de Celso Perdomo, aunque negaron que fuese información privilegiada o que hicieran uso de ella. Aseguraron que el borrador del concurso fue publicado en la web de la consejería antes de la publicación de las bases, una tesis que fue negada por Luis Soria y cuestionada por otros funcionarios que testificaron este martes. “Lo que me dieron a mí se lo dieron a todo el mundo. Nunca fue un privilegio”, aseveró Yanes.

Otro testigo, el empresario Francisco José Delgado, tumbó la excusa de las defensas de Celso Perdomo y Mónica Quintana para tratar de justificar uno de los pagos de empresarios, según la cual la transferencia se habría realizado como contraprestación a un supuesto servicio de intermediación que el director general habría prestado para la construcción de una nave industrial en Granadilla de Abona. “Me lo encargó directamente el director general de Carboneco (la empresa que se instaló en ese solar)”, manifestó Delgado, que sostuvo que ni conocía ni había hablado nunca con los acusados.El propietario que vendió esa parcela a Carboneco, Luis Alberto Lara, también desmintió esa labor de intermediación de Perdomo y Quintana:“Sólo tuve contacto con los de la inmobiliaria”.

El albañil Benjamín Valido tampoco supo explicar por qué parte de la reforma que había hecho en la casa de los procesados, en concreto 12.700 euros, la pagó una de las empresas que aspiraba a concurrir al concurso de asignación de potencia eólica, Promotora de Recursos Eólicos, representada por José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty, dos de los acusados que han reconocido los hechos. “Se dijo que era porque (Celso Perdomo) había hecho un proyecto de ingeniería a la empresa y no podía cobrar porque era funcionario (...) A mí me mandaron un papel para hacer la factura”, aclaró.

El carrusel de testigos que desfilaron este martes ante el tribunal de jurado lo completaron tres funcionarios del Gobierno de Canarias: Sinda Hernández, que era entonces jefa de servicio de Desarrollo de Nuevas Energías; Ángel Alexis Montesdeoca, secretario general técnico de la consejería en el momento de los hechos, y Antonio Elías, jefe de servicio del área de Industria.

El principal acusado del caso Eólico de Canarias se queda sin vías de escape. Los más de treinta pinchazos telefónicos reproducidos este martes en la segunda sesión de juicio y el testimonio de los cuatro procesados que se han confesado autores de los hechos enjuiciados y han mostrado su arrepentimiento, unido a su decisión de no contestar a ninguna de las preguntas formuladas por las partes, dejan muy tocada la defensa de Celso Perdomo. Con contundentes pruebas de cargo en su contra, al ex director general de Industria del Gobierno de Canarias solo le resta confiar en que alguno de los testigos que ha propuesto, de un total de 38, logre justificar sus actuaciones, lo que parece poco probable.

Perdomo llegó este martes a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria acompañado de Mónica Quintana, la otra acusada que sigue defendiendo su inocencia y su pareja en el momento de los hechos. El reloj marcaba las 10.14 cuando traspasaban el arco de seguridad, 45 minutos después de la hora a la que habían sido citados. El presidente del tribunal de jurado, Pedro Herrera, había dado a los abogados de los procesados un tiempo prudencial para que sus clientes comparecieran en la sala, bajo la advertencia de que, en caso de que no lo hicieran, dictaría la que habría sido la segunda orden de detención e inmediata puesta a disposición del juzgado en lo que va de vista oral, tras la espantada del abogado madrileño Alfredo Briganty en la primera sesión.

Los letrados de Perdomo y Quintana atribuyeron la ausencia de ambos a la ingesta de una medicación (ansiolíticos) que les había dejado dormidos. Una circunstancia “extraña, peculiar y anómala”, en palabras del magistrado Herrera, que ha rechazado la solicitud de los abogados defensores para aplazar las declaraciones de ambos acusados, puesto que no presentaron ningún justificante médico ni informaron al tribunal de que estaban recibiendo tratamiento farmacológico que les impidiera poder comparecer con normalidad.

El ex director de Industria y la funcionaria del Cabildo se han negado a contestar a las preguntas planteadas por las partes aduciendo que no se encontraban en condiciones de hacerlo. A Perdomo se le ha llegado a ver, a ratos, algo desorientado.

Trama de sobornos

El hueco que ha dejado el silencio de los acusados lo han llenado las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación policial y reproducidas en la sala. Esas escuchas contienen frases muy reveladoras que describen el funcionamiento de la trama de sobornos para la adjudicación de potencia eólica en las Islas a través del concurso convocado por la Consejería de Industria que entonces regía Luis Soria , hermano del exministro José Manuel Soria, entonces presidente del PP en Canarias.

Probablemente la más significativa de todas es la conversación que mantiene Celso Perdomo con el empresario Enrique Guzmán el 10 de mayo de 2005 (ver vídeo):

Guzmán: “Te estás haciendo millonario conmigo, ¿eh, maricón?”

Perdomo: “Perdona, a ti te están saliendo las cosas bien desde que me conoces a mí”

Guzmán: “Te he colocado cinco kilos por la patilla, maricón”

Según el relato de los hechos de la Fiscalía, que este martes ha avalado el propio empresario al reconocerlo como cierto, Guzmán realizó dos transferencias a la cuenta de Mónica Quintana en el Banco Fortis de Luxemburgo como contraprestación a los favores de Perdomo para que la empresa a la que representaba resultara adjudicataria de potencia eólica. Además, llegó a un acuerdo para cederle el 16% de las acciones de una empresa para que el director general de Industria pudiera cobrar las primas que generase la actividad de la sociedad que se presentaba a ese concurso con todos los visos de éxito. “¿Estás ganando pasta eh?”, le dice el empresario a su interlocutor en esa llamada como despedida.

En esos pinchazos también aparece Honorato López, el funcionario a quien Perdomo confió la continuidad del plan cuando fue cesado en su cargo tras la ruptura del pacto entre CC y el PP. Las conversaciones revelan los recelos iniciales de los empresarios hacia el jefe del área de Energía. “Hay que decirle: Tú, gilipollas, ¿quieres ganar dinero o no?”, le aconseja Guzmán a Perdomo, quien le confiesa que prefiere ir con pies de plomo para que no se le note “mucho el plumero”.

Con el funcionario ya convencido, se empieza a hablar de cantidades. “Si nos da 9 megavatios en Lanzarote, 270.000 euros nos llevamos cada uno”, dice el empresario. “Yo no entro si es (si hay que pagarle) 1, 3 o 5 (millones de pesetas). Si nos garantiza la adjudicación, siempre será menor (que lo que ganen)”, responde Perdomo.

En otra conversación, el principal acusado y Guzmán departen sobre las garantías de pago que exige Honorato López para participar en la trama. “He hablado con los abogados. Me han dicho que si soy gilipollas, que cómo voy a firmar un documento de ese tipo. Me voy al trullo”. “Enrique, pon algo, no sé qué, es la empresa por una prestación de servicios, habla con los abogados y que aparezca una cosa genérica”, le aconseja Perdomo. El pacto con el funcionario se fijó finalmente en octubre de 2005. El empresario pagaría 2 millones de pesetas (12.000 euros) de entrada, 4 millones (24.000 euros) una vez se hubiera realizado el informe previo y, posteriormente, un millón (6.000 euros) por cada megavatio adjudicado.

El acuerdo con Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel, secretario y vicepresidente, respectivamente, de una de las empresas que concurrían al concurso, fue similar. Dos millones de pesetas (12.000 euros) para dejar el expediente “en un buen puesto de salida” y otros pagos hasta un máximo de cinco millones (30.000 euros) por cada megavatio.

El abogado madrileño se refiere en alguna de estas conversaciones con Celso Perdomo a la necesidad de “sentarse con H” (en referencia a Honorato) para concretar “el modo y las cantidades”. “Hay que hablarle aproximadamente de dos o de tres (millones de pesetas)”, dice Briganty. En otra escucha, le advierte de que la operación la cerrará directamente con él, con el ya exdirector general de Industria, porque no puede correr el riesgo “de que haya un papel por ahí”, en referencia al escrito que el funcionario exigía como garantía de pago. “Si el tío se cabrea, nos puede joder”, avisa.

Cuando el concurso eólico se suspende por un error formal, Briganty le recuerda a Perdomo que José Ignacio Esquivel se ha gastado “más de 60 millones” en ese procedimiento.

Los libros de la Consejería

En la sesión de este martes también se han reproducido audios que desvelan que Celso Perdomo, en colaboración con su pareja Mónica Quintana, utilizó fondos públicos para comprar libros por valor de algo más de 700 euros para su uso y disfrute. La operación se gestó en sus últimos días como director general de Industria, cuando ya sabía que debía abandonar el puesto. “¿Necesitas libros? Si quieres vete a (la librería) Canaima y pide un listado de libros, los que te dé la gana, los que te gustaría tener (...) Tengo un millón desde el año pasado y me puedo llevar lo que me dé la gana. Con dos cojones. Quien me quiera denunciar, que me denuncie. Estamos ya fuera”, le dice Perdomo a su compañera.

Arrepentimiento

Los cuatro acusados que en la sesión del lunes anunciaron, por boca de sus abogados, que iban a reconocer los hechos y colaborar con la justicia han cumplido su palabra. Honorato López, Enrique Guzmán, José Ignacio Esquivel y un sorprendentemente comedido Alfredo Briganty, en otros tiempos defensor de la teoría de la conspiración, han mostrado su arrepentimiento y se han confesado autores de todos los hechos que se les imputan.

Honorato López, que era jefe de área de Energía, admitió los términos de sus acuerdos con los empresarios y explicó que su actuación en el concurso eólico, finalmente no consumada, podría haber sido importante en la fase de valoración previa, puesto que podía haber influido en los técnicos que estaban bajo su mando. El funcionario relató que el concurso de 2004 constituía “un gran negocio” para los licitadores, que además se enfrentaban a un riesgo muy bajo, puesto que el Estado se comprometía a pagar por cada kilovatio por hora generado, es decir, toda la energía producida por los aerogeneradores. López admitió que en un viaje a Madrid pidió información para abrir una cuenta en el Banco Fortis de Luxemburgo, aunque no le convencieron las condiciones. Luego supo que tampoco hubiera podido hacerlo porque los protocolos de seguridad de esta entidad lo impiden al ser funcionario.

El empresario Enrique Guzmán explicó que el objetivo de la cesión de acciones de una de sus empresas a Celso Perdomo era que este pudiera cobrar de los beneficios que resultasen de la actividad derivada de la adjudicación de potencia eólica. “Nos lo íbamos a repartir entre seis socios y Celso era uno de ellos”, ha aseverado. También reconoció que las transferencias se realizaban a través de la sucursal del Banco Fortis de Luxemburgo para ocultar la operación. “Parecería más transparente hacerlo por el BBVA o el Santander”.

Ya en sesión de tarde, tras un receso de dos horas (de 15.00 a 17.00), le tocó el turno a Alfredo Briganty. Y el mismo acusado que hace apenas cinco días anunciaba revelaciones sorprendentes que amenazaban con remover los cimientos de la justicia en las islas ventiló en apenas 10 minutos su declaración contestando a prácticamente todas las preguntas formuladas por el fiscal Luis del Río con un “Sí, señor”. Reconoció que conocía a Celso Perdomo desde la infancia, que volvió a entablar relación con él como consecuencia del concurso eólico y que era secretario del Consejo de Administración de la sociedad que pagó 12.700 euros al ex director general de Industria y su pareja, Mónica Quintana, para que saldaran una deuda con la empresa que realizó reformas en la casa que compartían.

El abogado madrileño dijo que, en un principio, le informaron de que esos 12.700 euros estaban destinados a pagar un supuesto estudio de Perdomo sobre la energía maremotriz, pero que se enteró “más tarde” de que esos fondos no eran más que un pago al alto cargo de Industria “por la ayuda prestada”. “Si alguno de estos hechos constituye un delito, ¿cómo no voy a estar arrepentido? Usted sabe lo que he pasado durante estos años”, manifestó a la única pregunta de su letrado.

La sesión finalizó con la declaración de Esquivel, que también negó que la empresa de la que era vicepresidente pagara esa cantidad de dinero para un trabajo sobre la energía generada por las olas, sino para “obtener los favores del señor Perdomo en el concurso”. La abogada del ex director general de Industria apenas hizo tres preguntas entre todos los interrogatorios.

El juicio se reanudará el próximo martes con las primeras declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía. El presidente del tribunal ha exonerado a los acusados de acudir a las sesiones de la vista “hasta que sea necesaria su presencia”.

“No soy un hombre de pactos ni de avenencias”. La frase, pronunciada el pasado viernes por Alfredo Briganty tras quedar en libertad, quedará enmarcada para la posteridad del caso Eólico.  Y es que tan solo tres días después, el abogado madrileño, el mismo que ha alentado durante años la teoría de la conspiración, que ha denunciado la existencia de un “sanedrín mafioso” formado por jueces, empresarios, políticos y periodistas,, que ha intentado tumbar el procedimiento por todos los medios posibles, que ha defendido su inocencia contra viento y marea y que prometía para el juicio revelaciones tan sorprendentes como para poner patas arriba la imagen de la justicia, se ha rendido y ha acabado confesando los hechos. “Ha recapacitado”, justificaba este lunes su abogado, José Mateo.

El juicio del caso Eólico comenzó con escándalo, con una orden de detención contra Briganty por no comparecer en la vista, y ha continuado con una mayúscula sorpresa: el arrepentimiento del abogado madrileño, acusado de un delito de cohecho por el que la Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de un año y medio de cárcel y 150.000 euros de multa. La confesión, no obstante, debe ser refrendada en la declaración que preste esta semana ante el tribunal de jurado, ya que en este tipo de procedimientos no cabe técnicamente la conformidad. De confirmarse la posición del acusado, se le podría aplicar el atenuante de colaboración con la justicia y, consecuentemente, una rebaja de la pena.

Además de Briganty han anunciado que reconocerán los hechos, por boca de sus respectivos letrados, el funcionario Honorato López, jefe del servicio de Energía del Gobierno de Canarias, y los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel, que, al igual que el abogado madrileño, están acusados de pagar al ex director general de Industria Celso Perdomo determinadas cantidades de dinero a cambio de un trato preferente en el concurso eólico convocado en 2004 y finalmente anulado.

El arrepentimiento de cuatro de los seis acusados del caso Eólico deja en una situación muy comprometida al principal procesado, Celso Perdomo, y a su entonces pareja, Mónica Quintana, los únicos que no han reconocido los hechos y siguen defendiendo su inocencia. “Impresionante, me voy a la cárcel”, se le escuchó decir al primero en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria justo después de mantener una conversación en un aparte con Briganty y su abogado, antes de que los letrados anunciaran ante el jurado las intenciones de sus clientes.

El abogado de Briganty, José Mateo, ha explicado que su representado ha tomado la decisión de confesar y colaborar con la justicia tras “recapacitar” y seguir el consejo que le habían dado tanto él como su anterior letrado, Álvaro Campanario, que precisamente renunció a su defensa por discrepancias en la estrategia. “Han sido catorce años que le han ocasionado un enorme coste personal, profesional y familiar. Ha sido detenido dos veces”, ha relatado Mateo antes de concluir que la intención del acusado es “pasar página” cuanto antes a este capítulo.

Similares explicaciones ha dado el resto de los abogados ante el tribunal. “El tiempo y la reflexión ponen cada cosa en su sitio (…) Han pasado catorce años, ahora es una persona distinta. Su ingreso en prisión sería innecesario”, ha dicho Agustín Santana, letrado del funcionario Honorato López. También Francisco Javier Forero, que defiende al empresario Enrique Guzmán, ha aludido al “cambio de vida” de su representado. Por su parte, Martín Contreras, abogado del también empresario José Ignacio Esquivel, ha reconocido que su cliente, “que ya tiene 80 y tantos años”,  “cometió un error”.

Las valoraciones iniciales de los cuatro arrepentidos estuvieron precedidas por los informes de los abogados de Celso Perdomo y Mónica Quintana, que defendieron su inocencia. Ante las confesiones que ya se preveían (la única sorpresiva fue la de Briganty), la letrada del ex director general de Industria sostuvo que ese reconocimiento de los hechos “no tiene por qué implicar que se diga la verdad”. “En los procedimientos, a menudo los acusados llegan a conformidades para obtener ventajas, porque no tienen nada que perder”, justificó María del Mar García.

La abogada defensora de Celso Perdomo señaló que de las 99 conversaciones telefónicas que constan en la causa como prueba contra los acusados, 76 se produjeron después de que su representado hubiera dejado el cargo en la Consejería de Industria tras la ruptura del pacto de gobierno entre CC y el PP. María del Mar García apuntó que en el caso Eólico hay “un trasfondo político” y que intentará valerse de las conclusiones de la polémica comisión de investigación del Parlamento de Canarias que exculpó, gracias a los votos de nacionalistas y populares, de cualquier responsabilidad al PP que entonces presidía José Manuel Soria, a pesar de que la Consejería de Industria estaba en manos de Luis Soria, hermano del exministro. El magistrado que preside el tribunal del jurado, Pedro Herrera, le advirtió posteriormente de que esa comisión de investigación es ajena al proceso judicial.

El juez también ha rechazado que declare como testigo en el juicio Salvador Alba. Lo había pedido la defensa de Celso Perdomo con la intención de que este magistrado, que está procesado por la presunta comisión de cinco delitos en el plan urdido para perjudicar a su compañera Victoria Rosell, pusiera de manifiesto supuestas irregularidades procedimentales durante la instrucción que pudieran dar lugar a la nulidad de la causa. “No cabe ahora valorar de nuevo si ha habido imparcialidad en la instrucción, pues esas cuestiones fueron resueltas ya” en el auto de cuestiones previas dictado en 2014 por el anterior presidente del tribunal, el magistrado Ignacio Marrero, fallecido en 2016.

En el caso de Mónica Quintana, la estrategia consistirá en tratar de desligar a la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria de las actuaciones de su entonces compañero sentimental, Celso Perdomo. “El caso Eólico no tiene nada que ver con Mónica Quintana”, ha aseverado su abogado, Víctor García de Bordallo, que considera que “el único delito” de su representada ha sido “haber sido pareja” del ex director general de Industria del Gobierno de Canarias o “vivir en su misma casa”. El letrado ha defendido que su clienta abrió la cuenta en el banco de Luxemburgo donde se realizaron las transferencias de los empresarios porque Perdomo se lo había pedido para “una operación inmobiliaria”. Sostuvo además que los presuntos delitos cometidos por el principal acusado se habrían cometido igualmente sin la participación de Quintana, que está procesada bajo la figura de cooperadora necesaria.

Cuatro de los acusados en la trama de corrupción del caso Eólico, el abogado Alfredo Briganty, el funcionario Honorato López, y los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel, han anunciado este lunes, a través de sus respectivos letrados, los hechos por los que serán juzgados por un tribunal de jurado presidido por el magistrado Pedro Herrera. Solo Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, y Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y pareja de Perdomo en el momento de los hechos, siguen defendiendo su inocencia.

El caso Eólico juzga un presunto amaño en el concurso convocado en octubre de 2004 por el Gobierno de Canarias para la asignación de potencia para la instalación de parques eólicos, hasta esa época el mayor en presupuesto en las Islas, según declaró el propio consejero de Industria. La trama, que según los investigadores fue orquestada desde la Dirección General de Industria y Energía del Ejecutivo regional, pretendía favorecer a determinados empresarios en la adjudicación de los parques, facilitándoles información privilegiada a cambio de dinero.

Briganty, abogado que representaba a una serie de inversores interesados en participar en el concurso eólico, se enfrenta a una pena de un año y seis meses de cárcel y a una sanción de 150.000 euros. Este viernes, cuando fue puesto en libertad después de que no se presentara el miércoles ante el tribunal que juzgaba la trama de corrupción, sostenía que su estrategia de defensa “no es más que defender la verdad” y que lo único que podía hacer era “defender su inocencia” por mucho que le propusieran “pactos y avenencias”.

Por su parte, Celso Perdomo fue el director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias entre 2003 y 2005. Está acusado de un delito de violación de secretos, por facilitar información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés en el concurso; de dos delitos de cohecho (uno como autor y otro como cooperador necesario), por recibir o aceptar pagos de empresarios a cambio de favores en la adjudicación, y de un delito continuado de malversación por la compra de libros. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel, 14 de inhabilitación para empleo o cargo público y dos multas que suman 324.000 euros.

Honorato López es funcionario y era el jefe de área de Energía en la Consejería de Industria. Aunque no consta que hubiera percibido dinero por su actuación en el concurso, está acusado de cohecho, ya que para cometer este delito no es necesario que se haya consumado el pago y basta con haberlo pedido o aceptado. La Fiscalía pide para López dos años de cárcel y seis años de inhabilitación para cargo o empleo público, además de una multa de 200.000 euros.

José Ignacio Esquivel es un empresario que era vicepresidente de Promotora de Recursos Eólicos 2004, una de las empresas que pretendía concurrir al concurso. Al igual que Briganty, está acusado de dos delitos de cohecho y se enfrentan a una pena de un año y seis meses de prisión y 150.000 euros de multa cada uno.

Mónica Quintana, es funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y también fue pareja de Celso Perdomo. Es la presunta cooperadora necesaria del delito continuado de cohecho, al haber abierto la cuenta del banco de Luxemburgo donde se recibían las transferencias, y de malversación, por la compra de libros con cargo a las arcas públicas, se enfrenta a tres años y medio de cárcel, un año de inhabilitación de empleo público y dos multas que suman 84.000 euros.

Por último, el empresario Enrique Guzmán representaba los intereses de la sociedad Generaciones Especiales, vinculada al grupo Hidrocantábrico, en el concurso eólico. También es administrador de Eneroil Consulting, otra de las empresas vinculadas a la trama. El Ministerio Público le considera autor de dos delitos de cohecho y solicita para el empresario un año y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros.

La Policía Nacional ha detenido en Marbella (Málaga) al abogado madrileño Alfredo Briganty en cumplimiento de la orden judicial decretada este miércoles por el magistrado Pedro Herrera, presidente del tribunal de jurado del llamado caso Eólico de Canarias. Briganty no compareció a la sesión inicial del juicio, señalada para este miércoles, a pesar de que está procesado en esta causa por un delito de cohecho por el que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción de un año y medio de cárcel.

Según informan fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Briganty permanece en dependencias policiales y será trasladado este jueves por la noche desde Málaga a Gran Canaria en calidad de detenido y bajo custodia policial. El acusado debe comparecer este viernes a las 09.30 en la Ciudad de la Justicia de la capital de la isla para dar comienzo al acto de la vista oral con la conformación del jurado.

Ante la incomparecencia de Briganty, el juzgado decidió este miércoles suspender el juicio hasta este viernes y abrir un expediente al abogado, que se representa a sí mismo en la vista tras romper con su letrado, Álvaro Campanario, por discrepancias en la estrategia de defensa. Además le ha abierto un expediente con una propuesta de sanción de 18.000 euros.

Briganty presentó un escrito el martes, la víspera de la primera sesión, para anunciar su ausencia. Tras asumir su propia defensa, el acusado había pedido aplazar el juicio un mes para conocer todas las actuaciones practicadas. A pesar de que el tribunal rechazó su solicitud, el abogado madrileño presentó un recurso que no ha sido resuelto aún, argumento que ha utilizado para justificar su incomparecencia. El TSJC le ha contestado que este recurso “no produce efectos suspensivos” sobre el inicio de la vista.

En el auto que ordenaba la detención e inmediata puesta a disposición del juzgado de Briganty, el juez Pedro Herrera señaló las “peculiaridades” del juicio del caso eólico y su “compleja planificación y organización”, al tratarse de un trámite con tribunal de jurado, que debe ser conformado, en el que figuran otros cinco acusados, que cuenta con 99 grabaciones que se reproducirán en el plenario y en el que deben declarar “más de cien testigos” (en realidad, 73).

Briganty se enfrenta a una pena de un año y seis meses de cárcel y una multa de 150.000 euros en el juicio del caso Eólico. Está acusado de pagar una dádiva a Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, para que una de las empresas a la que representaba obtuviera un trato de favor en la adjudicación de potencia eléctrica para la instalación de parques eólicos en las Islas.

La previsión es que este viernes, con anteriorirad al inicio de la vista, el magistrado presidente convoque a las partes a la comparecencia prevista en el artículo 505 de Ley de Enjuciamiento Criminal para tomar una decisión sobre la situación personal de Briganty Arencibia.

Esta vista se celebrará a puerta cerrada y el acusado podría quedar en libertad si la autoridad judicial considera que hay garantías de que va a comparecer a las sesiones del plenario, o podría ser enviado a prisión provisional. No obstante, esta última posibilidad se contempla de manera remota, señalan fuentes del TSJC.

Primer escándalo casi antes de comenzar el juicio del caso Eólico. Uno de los acusados, Alfredo Briganty, no ha comparecido ante el tribunal que juzga esta trama de corrupción, y a petición de fiscal Anticorrupción, Luis del Río, se ha cursado una orden de detención e inmediata puesta a disposición en los juzgados.

Así lo ha decidido el tribunal, que ha suspendido el juicio hasta el próximo viernes, además de abrir un expediente a Briganty, en su condición de abogado, con una propuesta de sanción de 18.000 euros.

El letrado de Briganty, Álvaro Campanario, renunció a su defensa la pasada semana, y el acusado se había nombrado a sí mismo abogado defensor en esta causa. De ahí la propuesta de sanción, como abogado, y que se haya tenido que suspender el juicio, por incomparecencia injustificada.

De haber sido solo acusado y al pesar sobre él una pena de menos de dos años -un año y medio le pide el fiscal por un delito de cohecho-, se podría haber celebrado la vista sin su presencia. Se espera que el viernes Alfredo Briganty comparezca para no retrasar más la vista, que debía empezar este miércoles con la conformación del jurado.

Las acusaciones particulares, el Gobierno de Canarias y una empresa perjudicada, se han adherido a la petición del fiscal, y solo la defensa del principal acusado, el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, se ha opuesto. El resto no ha alegado nada.

Alfredo Briganty presentó un escrito la víspera de la primera sesión del juicio dirigido al presidente del tribunal de jurado, Pedro Herrera, en el que anunciaba su ausencia de este miércoles. Alegaba que aún no se había resuelto uno de los recursos que había presentado. En concreto, el de súplica contra la decisión de la sala de rechazar su solicitud para posponer el juicio y poder conocer todas las actuaciones practicadas.

El abogado madrileño sostiene, a través del escrito presentado por su procuradora, que esta situación le deja en una situación de “patente indefensión” y justifica su incomparecencia “a la vista de la obstinación en la continuidad del señalamiento y debido a que la asistencia a la fase de selección del jurado no es obligatoria para el acusado”.

El tribunal que juzgará a Briganty y a los otros cinco acusados del caso eólico no tenía constancia la mañana de este miércoles de la existencia ni de la presentación del escrito. En el auto que ordena la detención del abogado, el magistrado Pedro Herrera señala que el procesado, que fue citado el pasado 6 de abril, pidió aplazar un mes el juicio. Esta solicitud fue denegada “en legal forma” por los magistrados que conforman el tribunal. El último recurso presentado por Briganty contra esta decisión, el de súplica, “no produce efectos suspensivos” sobre el inicio de la vista, aclara el juez.

La resolución judicial de este miércoles recuerda las “peculiaridades” del juicio del caso eólico y su “compleja planificación y organización”, al tratarse de un trámite con tribunal de jurado, que debe ser conformado, en el que figuran otros cinco acusados, que cuenta con 99 grabaciones que se reproducirán en el plenario y en el que deben declarar “más de cien testigos” (en realidad, 73, además de siete peritos).

Papel de Briganty en el caso Eólico

En su condición de abogado, Briganty ejercía de representante de una serie de inversores interesados en participar en el concurso eólico de 2004. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el ahora procesado llegó a un pacto con Celso Perdomo, en común acuerdo con el empresario José Ignacio Esquivel, representante de una de esas empresas, Promotora de Recursos Eólicos 2004, para obtener favores en el concurso a cambio de dádivas. Esta sociedad pagó al director general de Industria 12.700 euros el 13 de agosto de 2004. El dinero no se transfirió directamente a las cuentas privadas de Perdomo o de su pareja, la también acusada Mónica Quintana, sino a Proarguineguín SL, empresa que había realizado obras de albañilería en la casa que ambos compartían.

Briganty se enfrenta a una pena de un año y seis meses de cárcel y una multa de 150.000 euros. El abogado es el principal defensor de la teoría de la conspiración y culpa de su procesamiento en el caso eólico a “un sanedrín mafioso” compuesto por “políticos, empresarios, jueces, fiscales policía y periodistas”.

El caso Eólico, la primera gran trama de corrupción del Partido Popular (PP) de Canarias durante la etapa de José Manuel Soria como presidente, llega a juicio nueve años después de que el magistrado Miguel Ángel Parramón, entonces titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, diera por finalizada la investigación que abrió en 2005 después de que un exempleado de una de las empresas que aspiraban a concurrir al concurso de asignación de potencia eólica -finalmente anulado- presentara una denuncia ante la Fiscalía. Una instrucción -y una investigación policial- que, en palabras de Lorenzo Olarte, expresidente del Gobierno regional, quedó atrapada en “el estanque de los lebranchos” (un pez común, también llamado lisa), en referencia a la imputación de funcionarios y empresarios, y evitó dar el salto al “estanque de los tiburones”, en alusión directa a los responsables políticos de las administraciones implicadas, entre ellas la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, a la sazón regida por Luis Soria, o el Cabildo de Gran Canaria que lideraba su hermano, el exministro.

Un tribunal de jurado presidido por Pedro Herrera, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, juzgará a partir de este miércoles a las 9.30 horas a los seis acusados del caso Eólico: tres funcionarios, dos empresarios y un abogado que ejercía de representante de inversores. Con 18 sesiones señaladas, el juicio comenzará el 13 de junio con la conformación del jurado y concluirá el 12 de julio con la lectura de los últimos informes finales de las partes. El fiscal ha citado a declarar a siete peritos y a 35 testigos, entre ellos a 21 agentes de la Policía Nacional. Las defensas, a 38.

El Gobierno de Canarias ejerce de acción popular en la causa y una empresa del sector de las renovables, como acusación particular.

¿Qué se juzga?

¿Qué se juzga?El caso Eólico juzga un presunto amaño en el concurso convocado en octubre de 2004 por el Gobierno de Canarias para la asignación de potencia para la instalación de parques eólicos, hasta esa época el mayor en presupuesto en las Islas, según declaró el propio consejero de Industria.

La trama, que según los investigadores fue orquestada desde la Dirección General de Industria y Energía del Ejecutivo regional, pretendía favorecer a determinados empresarios en la adjudicación de los parques, facilitándoles información privilegiada a cambio de dinero.

¿Quiénes son los acusados?

¿Quiénes son los acusados?Celso Perdomo. Funcionario de carrera en el Cabildo de Gran Canaria. Fue director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. Nombrado por Luis Soria el 29 de julio de 2003, fue cesado al 15 de junio de 2005 tras la ruptura del pacto de gobierno entre CC y el PP, partido del que era militante. En 2013, con una acusación formal de la Fiscalía contra él con petición de cárcel, fue ascendido por el grupo de gobierno de la corporación insular, entonces presidido por José Miguel Bravo de Laguna, aún en las filas del PP, de una jefatura de sección a un cargo de nueva creación y libre designación, el de inspector-analista de servicios, para controlar y fiscalizar el funcionamiento de la administración.

Mónica Quintana. Funcionaria del Cabildo de Gran Canaria. Al igual que su pareja, Celso Perdomo, era militante del PP.

Honorato López. Funcionario. Jefe de área de Energía en la Consejería de Industria.

Enrique Guzmán. Empresario. Representaba los intereses de la sociedad Generaciones Especiales, vinculada al grupo Hidrocantábrico, en el concurso eólico. También es administrador de Eneroil Consulting, otra de las empresas vinculadas a la trama.

José Ignacio Esquivel. Empresario. Vicepresidente de Promotora de Recursos Eólicos 2004, una de las empresas que pretendía concurrir al concurso. Es el hermano de Javier Esquivel, propietario del chalet donde vivió gratis la familia de José Manuel Soria al menos durante 19 meses, entre junio de 2004 y diciembre de 2005, fechas en la que se tramitaba el concurso de energía eólica.

Alfredo Briganty. Abogado. Representaba a una serie de inversores interesados en participar en el concurso. Era secretario del Consejo de Administración de Promotora de Recursos Eólicos 2004 S.L., la empresa de Esquivel.

Los hechos

Los hechosSegún el escrito de acusación de la Fiscalía, el director general de Industria maquinó un plan para favorecer a empresarios en el concurso para la asignación de potencia eléctrica destinada a la instalación de los parques eólicos a cambio de dinero. Antes de que se publicara la orden de convocatoria del concurso, “valiéndose de la información” que tenía por su cargo y “faltando al deber de sigilo” que le impone su función, remitió por correo electrónico un borrador, así como una relación de terrenos y contactos públicos y privados para la instalación de parques eólicos, a dos empresarios, Wilebaldo Luis Yanes y Daniel Fernández de Salamanca, cuyas causas fueron archivadas en 2007. Fue Alberto Santana, un extrabajador descontento de la empresa del primero, quien puso por primera vez los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Posteriormente habría una segunda denuncia, presentada por Francisco Cabrera, que fue gerente de Megaturbinas de Arinaga, empresa pública participada por el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

En lo que concierne a los acusados, estos son los hechos por los que serán juzgados:

- Celso Perdomo- Enrique Guzmán. El director general de Industria y el empresario sellaron un pacto. El primero le garantizaba que su sociedad resultaría adjudicataria en el concurso. A cambio, el segundo le cedió el 16,66% de las acciones que tenía en la empresa Eneroil Consulting, que participaba en el accionariado de una de las licitadoras.

Para consumar su plan, Perdomo contó, siempre según el relato de la Fiscalía, con la colaboración de Mónica Quintana, su pareja, quien abrió una cuenta en un banco de Luxemburgo, el Fortis Bank, para ocultar los pagos de Enrique Guzmán a Celso Perdomo. El empresario transfirió a esta cuenta 14.052,21 euros el 6 de junio de 2005 y 9.400 euros el 29 de noviembre de 2005.

Celso Perdomo- Alfredo Briganty- José Ignacio Esquivel. El funcionario y el abogado, en común acuerdo con el empresario, llegaron al mismo acuerdo. Así, los representantes de la empresa Promotora de Recursos Eólicos 2004 S.L. pagaron a Perdomo 12.700 euros el 13 de agosto de 2004. Tampoco en este caso la transferencia se realizó directamente, sino a través de la sociedad de las que ambos formaban parte del Consejo de Administración y con Proarguineguín SL, empresa que había realizado obras de albañilería en la casa del director de Industria y de Mónica Quintana, como beneficiaria. Es decir, que Briganty y Esquivel pagaron la deuda que Perdomo había contraído por las reformas de su vivienda “como pago de los favores del concurso”.

- Honorato López. El jefe del área de Energía del Gobierno de Canarias entró en juego cuando Celso Perdomo fue cesado. El ya ex director general confió al funcionario la continuidad de su plan para favorecer a los empresarios en el concurso eólico. Sus actuaciones podían influir en el devenir del procedimiento público en dos fases: en la mesa de adjudicación o, de no estar en ella, en la valoración previa de los expedientes. Perdomo continuaría en la sombra, como intermediario.

El pacto se fijó en octubre de 2005. Por un lado, con Enrique Guzmán, acordaron que el empresario pagaría 12.000 euros de entrada, 24.000 una vez se hubiera realizado el informe previo y, posteriormente, 6.000 euros por cada megavatio adjudicado. Honorato López exigía garantías de pago.

Con Briganty y Esquivel, el trato fue similar: 12.000 euros para “dejar colocados los expedientes en un buen puesto de salida” y, a continuación, otros pagos, hasta un máximo de 30.000 euros por cada megavatio adjudicado. Para garantizar el pago de estas comisiones, se comprometían a entregar acciones en prenda.

A pesar de la anulación del concurso en 2005 por un error formal de trámite, los acusados decidieron respetar los pactos para un futuro concurso.

- Celso Perdomo – Mónica Quintana. Aparte del concurso de asignación de potencia eólica, el caso tiene otra rama. Esta pareja de acusados compró libros por valor de 739,87 euros con cargo a las arcas de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias justo antes de que el primero abandonara el cargo.

Los delitos y las penas

Los delitos y las penasCelso Perdomo. Está acusado de un delito de violación de secretos, por facilitar información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés en el concurso; de dos delitos de cohecho (uno como autor y otro como cooperador necesario), por recibir o aceptar pagos de empresarios a cambio de favores en la adjudicación, y de un delito continuado de malversación por la compra de libros.

La Fiscalía pide para él siete años de cárcel, catorce de inhabilitación para empleo o cargo público y dos multas que suman 324.000 euros.

Mónica Quintana. Como presunta cooperadora necesaria del delito continuado de cohecho, al haber abierto la cuenta del banco de Luxemburgo donde se recibían las transferencias, y de malversación, por la compra de libros con cargo a las arcas públicas, se enfrenta a tres años y medio de cárcel, un año de inhabilitación de empleo público y dos multas que suman 84.000 euros.

Enrique Guzmán. El Ministerio Público le considera autor de dos delitos de cohecho y solicita para el empresario un año y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros.

Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel. El abogado y el empresario están acusados de dos delitos de cohecho y se enfrentan a una pena de un año y seis meses de prisión y 150.000 euros de multa cada uno.

Honorato López. Aunque no consta que hubiera percibido dinero por su actuación en el concurso, el funcionario está acusado de cohecho, ya que para cometer este delito no es necesario que se haya consumado el pago y basta con haberlo pedido o aceptado. La Fiscalía pide para López dos años de cárcel y seis años de inhabilitación para cargo o empleo público, además de una multa de 200.000 euros.

Pruebas de cargo

Pruebas de cargoLas conversaciones telefónicas interceptadas con autorización judicial durante la investigación constituyen la principal prueba de cargo contra los acusados. En total son 99 las escuchas propuestas por el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río. La mayor parte de estas grabaciones recoge conversaciones entre Celso Perdomo y los empresarios procesados. En alguna de ellas participa Honorato López, en diálogos a tres bandas. También se intervinieron llamadas entre el ex director general de Industria y su pareja, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana.

En una de ellas, el empresario Enrique Guzmán le dice a Celso Perdomo: “Te estás haciendo millonario conmigo, perdona, a ti te están saliendo bien las cosas desde que me conoces. Te he colocado cinco kilos por la patilla”. “Me tomé un café con Honorato. Me va a dar una lista de cantidades. Dos kilos por megavatio. Honorato dice que como él puede controlar los informes previos...”, dice el exdirector de Industria a su interlocutor en otra de las conversaciones interceptadas.

La acusación también dispone de facturas que evidencian los pagos de los empresarios al cargo de confianza del PP o las transferencias realizadas a la cuenta del Banco Fortis de Luxemburgo abierta por Mónica Quintana. A ello se le unen correos electrónicos y material encontrado durante las entradas y registros al domicilio de Perdomo, al Cabildo de Gran Canaria o al Gobierno regional.

La prueba documental se completará con el testimonio de 35 testigos. Entre ellos se encuentra Luis Soria, que quedó al margen de la investigación policial y judicial (no quedó registrado en el sumario ninguna conversación entre el consejero de Industria y su subordinado), pero que puede reforzar con su declaración la acusación contra Perdomo. También están citados el denunciante, Alberto Santana, y los empresarios que recibieron los correos con el borrador de la orden del concurso, Wilebaldo Yanes y Daniel Fernández de Salamanca.

Estrategia de las defensas

Estrategia de las defensasLas defensas de los acusados han agotado todas las vías para tratar de evitar el juicio. A la infinidad de recursos presentados durante la instrucción se le sumaron los incidentes de recusación contra los magistrados de la Audiencia Provincial que debían presidir el jurado. El primero fue Secundino Delgado, que se tuvo que apartar porque había participado en la resolución de tres recursos previos. Después de que el segundo juez designado para esta tarea, Carlos Vielba, no aceptara asumir la dirección del juicio, el TSJC nombró a Pedro Herrera, que posteriormente pidió un permiso de servicios especiales para ocupar el puesto de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias. El cuarto magistrado, Ignacio Marrero, falleció repentinamente en agosto de 2016. Finalmente será Herrera, una vez reincorporado a su plaza en la Audiencia y rechazada la recusación presentada en su contra, quien presida el tribunal de jurado.

Los procesados se han abonado a la teoría de la conspiración. Desde el primer momento cuestionaron la labor del juez instructor, Miguel Ángel Parramón, y llegaron a decir que la Policía calculó en qué momento denunciaba los hechos para que fuera este magistrado, hoy en la Audiencia Provincial, quien se encargara del caso. Además se han quejado de que se han vulnerado sus derechos de defensa. El más vehemente ha sido el abogado madrileño Alfredo Briganty, que habla de “un sanedrín mafioso” compuesto por “políticos, empresarios, jueces, fiscales policía y periodistas”. En una entrevista publicada en el magacín En otra línea, Briganty sostiene que las detenciones de 2006 fueron “una pantomima” para ocultar “a los verdaderos culpables”. A pesar de estas acusaciones, la Audiencia Provincial avaló la instrucción del caso Eólico en 2014.

Todos los testigos de la defensa, un total de 38, han sido propuestos por Celso Perdomo (en algunos casos sus peticiones coinciden con la de otros procesados). Entre ellos se encuentran antiguos dirigentes socialistas, como Emilio Mayoral, Francisca Luengo o José Francisco Henríquez (a quien CC y PP responsabilizaron del caso en las inauditas y polémicas conclusiones de la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias); el expresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria José Miguel Suárez Gil, o representantes de Unelco-Endesa y Red Eléctrica de España.

Según ha podido saber este periódico, dos acusados (Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel) se están planteando reconocer la totalidad o parte de los hechos para que se les pueda aplicar el atenuante de colaboración con la justicia y se les reduzcan las penas. Al ser un tribunal de jurado, técnicamente no caben los pactos de conformidad como los que se produjeron en el caso Faycán, donde veinte de los procesados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para confesar a cambio de una rebaja de sus condenas.

Celso Perdomo y Mónica Quintana rompieron con sus respectivos abogados, Alberto Hawach y Miguel Ángel Diepa, por discrepancias en su estrategia de defensa. Finalmente estarán representados en el juicio por letrados del turno de oficio: María del Mar García en el caso del exdirector de Industria y Francisco Víctor García de Bordallo en el de la funcionaria del Cabildo. Álvaro Campanario lleva la defensa de Alfredo Briganty; Francisco Javier Forero, la de Enrique Guzmán, y Agustín Santana, la de Honorato López.

'Lo que el viento se llevó'

'Lo que el viento se llevó'Alrededor de ese “estanque de lebranchos” del que hablaba Olarte, de la investigación policial dirigida por Ignacio Bádenas, entonces jefe de la Brigada de la Policía Judicial (y, con posterioridad, jefe de la Policía Canaria nombrado por el pacto CC-PP, con Soria de vicepresidente del Gobierno regional), revolotearon otros hechos que no llegaron a la consideración de justiciables (al menos en esta causa), pero que sirven para entender mejor el caso Eólico y encajar piezas.

La empresa pública Megaturbinas de Arinaga, cuyo gerente es uno de los denunciantes, Francisco Cabrera, había tramitado las autorizaciones para instalar unas turbinas en el Puerto de Arinaga. Sin embargo, en un consejo de administración celebrado en octubre de 2004 se decidió, en contra del criterio del gerente, abandonar el proyecto. La sociedad no se presentaría al concurso eólico.

Cuatro meses antes, Promotora de Recursos Eólicos 2004, la empresa de José Ignacio Esquivel, el hermano del casero de Soria, había pedido a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, presidida por José Manuel Arnáiz, hombre de confianza del entonces líder del PP canario, los mismos terrenos, ubicados en el mejor campo de viento de Europa, para instalar los molinos tras la asignación de potencia eléctrica. El Consejo de Administración de Puertos Las Palmas autorizó incluso a Arnáiz para negociar con la familia Esquivel la concesión en el Puerto de Arinaga. José Manuel Soria defendió que no estaba presente en la reunión cuando se votó este acuerdo. Los demás vocales afirmaron que tanto él como su hermano Luis participaron y votaron a favor de la propuesta en ese punto del orden del día.

En fechas próximas a la renuncia de Megaturbinas de Arinaga a participar en el concurso eólico, la empresa SPA, de la que era accionista José Ignacio Esquivel y secretario del Consejo de Administración Alfredo Briganty, programó un viaje a Magdeburgo (Alemania), a la fábrica de turbinas Enercon, para conocer aerogeneradores como los que Megaturbinas de Arinaga pretendía instalar en el sureste de Gran Canaria. Junto a los hermanos Esquivel acudieron a ese viaje a la capital del estado federado de Sajonia-Anhalt técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y el consejero de Industria, Luis Soria. Las bases del concurso eólico valoraban con la máxima puntuación este tipo de turbinas.

El hermano del exministro declaró en el juicio por el denominado caso Chalet que aquel había sido un encuentro fortuito, fruto de una casualidad. Soria y los hermanos Esquivel pernoctaron en el mismo hotel e incluso cenaron juntos. La agenda de despacho también revelaba una serie de reuniones preparatorias y conversaciones telefónicas sobre ese viaje.

Un cambio en la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acabó frustrando la operación y se anularon los acuerdos alcanzados con los Esquivel.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha suspendido el inicio de la vista oral del juicio por el llamado caso Palmera --previsto para este lunes-- y lo ha pospuesto para el próximo 22 de octubre, al incomparecer por enfermedad justificada la letrada de uno de los acusados.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado, en concreto, el plenario se celebrará entre el 22 y el 26 de octubre del presente año.

El caso palmera sienta en el banquillo de los acusados al exalcalde de Santa Lucía de Tirajana Silverio Matos y al exconcejal Antonio Ruiz Pérez, entre otros, por unos hechos ocurridos en 2005 por las supuestas ilegalidades cometidas en relación al parque eólico proyectado por el Ayuntamiento grancanario.

El Ministerio Fiscal acusa a Matos y a Ruiz de un delito de prevaricación administrativa, y pide para cada uno de ellos una pena de ocho años de inhabilitación.

En la causa está personado en calidad de acusación particular el ex concejal de Santa Lucía de Tirajana Rufino Pérez, que amplía los cargos a otras dos personas y formula acusación por delitos de abuso en el ejercicio de las funciones públicas y uso de información privilegiada. Esta parte pide seis años de cárcel para Matos y Ruiz, y un año de prisión para los empresarios José Luis Alemán Suárez y Antonio Marcial Sánchez Franco.

“La Justicia no estaba preparada para un caso como este”

El abogado de la acusación Alexis Bethencourt, ha señalado que la “clave del delito radica en que el Ayuntamiento de Santa Lucía, de forma secreta, con amigos, decide participar saltándose toda ilegalidad” en el concurso eólico convocado por la comunidad autónoma en 2004.

Además, ha considerado que el denunciante, que es testigo, ha ejercido la acusación durante todo este tiempo “contra viento y marea y es el pequeño héroe anónimo que se merece su reconocimiento”, pues además ha vivido este procedimiento como “un calvario”.

Según Bethencourt, contra su cliente se querellaron los acusados diciendo que mentía y como el asunto estaba bajo secreto de sumario no podía demostrar que decía la verdad, lo que le sumió en una gran depresión.

En cuanto a las dilaciones, el letrado de la acusación ha indicado que obedecen a que “la Administración de Justicia no estaba preparada para un caso como este”, pues solo para la peritación de los terrenos se tardaron cuatro años.

El letrado de Matos, José María Guerra, ha enmarcado los cambios formulados por la acusación popular en una estrategia para que se siga hablando sobre el caso en los medios de comunicación, y sostiene que los hechos que se juzgan se derivan de un error administrativo.

Guerra ha hecho hincapié en que el denunciante, antes de estar en el grupo mixto había sido edil del PP, y que su denuncia la hace coincidir de forma interesada en “pleno escándalo” de los casos Faycán y Eólico, y ha apuntado que ahora ha cambiado la calificación porque ve que la causa se ha “desinflado”.

El abogado de la defensa ha señalado que se trata de una causa con 10.098 folios, que se centra en la investigación del patrimonio de Matos y su familia, y en intervenciones telefónicas de la Guardia Civil en la que “que no se encontró nada que imputara a Silverio por esos supuestos amaños con otras personas implicada en el asunto”.

Según Guerra, la Fiscalía acusa porque el Ayuntamiento no convocó un concurso publico para que los propietarios privados con parcelas colindantes pudieran concurrir, pero lo que ocurre es que los únicos dueños de esos terrenos eran tres, que son los que firmaron los convenios con el Ayuntamiento.

Para Guerra, se trata de un error y el fiscal no vio la documentación registral que acredita que esas parcelas de otros propietarios son los mismos que se unieron al procedimiento del concurso.

El juicio por el caso Eólico, la primera gran trama de presunta corrupción del PP canario bajo la presidencia de José Manuel Soria, comenzará el 13 de junio del próximo año, según ha anunciado este miércoles la Sección Primera de la Audiencia Provincia de Las Palmas, que en un auto estima que la vista se prevé larga y su duración “no será inferior a cinco semanas”, reservando la sala hasta finales del mes de julio de 2018.

El caso estaba pendiente de señalamiento desde el año 2013. En esta trama el principal acusado es Celso Perdomo, director general de Industria del Gobierno de Canarias durante la media legislatura (2003-2005) que duró uno de los tantos pactos de gobierno del PP con Coalición Canaria. Perdomo afronta una petición de siete años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas por violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos, mientras que su pareja por entonces, Mónica Quintana, se enfrenta tres años y medio, por malversación y cohecho.

Aparte de José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty, acusados de cohecho a los que se les pide una pena de año y medio de cárcel, también lo está por cohecho y con la misma cantidad de cárcel el empresario Enrique Guzmán, así como el funcionario Honorato López, a quien la Fiscalía pide dos años de privación de libertad.

La Fiscalía tiene previsto convocar a la vista a 35 testigos, 21 de ellos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, así como a siete peritos, para demostrar su tesis de que Celso Perdomo se concertó con varias empresas que habían presentado ofertas al concurso eólico para amañar las adjudicaciones, cobrando a cambio sobornos en efectivo o en forma de acciones.

Para evitar más retrasos, la Audiencia informa a las partes que no permitirá que ningún acusado cambie de defensa ni tampoco que sus abogados renuncien, una vez que se realice el sorteo por el que se designará a los 36 ciudadanos candidatos a formar el jurado. De hecho, en julio, los abogados de los procesados Perdomo y Quintana renunciaron a ejercer la defensa de sus clientes y fue necesario designarles letrados de oficio, que pidieron tiempo para estudiar el caso.

La operación Eolo fue el primer escándalo con el exministro José Manuel Soria en las inmediaciones. Entonces presidía el Cabildo de Gran Canaria (2003-2007) con mayoría absoluta y había colocado a su hermano Luis al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Y uno de las grandes proyectos de Industria era adjudicar parques eólicos p or todas las islas.

Soria vivía en aquella época gratis en un chalet de la familia Esquivel mientras construía su actual mansión, también en el barrio residencial de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los hermanos Esquivel, José Ignacio, también debe sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto soborno de 12.000 euros al director general de Industria del Gobierno regional.

Anticorrupción cree que Esquivel recibió información privilegiada del concurso público al que se presentó con la mercantil Promotora de Recursos Eólicos, al igual que el abogado y secretario de esa sociedad, Alfredo Briganty. A su vez, el Cabildo presidido por Soria desistió de presentarse con la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, en una polémica decisión política que dejaba libre el mejor campo de vientos de la Unión Europea, en el Sureste de Gran Canaria, a la iniciativa privada.

Lo que apuntaba a un jugoso festín de tiburones quedó definido por el que fuera presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte, en canario de pura cepa: “Eolo se ha quedado en el estanque de los lebranchos [un tipo de pez o de reptil]. No ha saltado al estanque de los tiburones”, en alusión a que durante la investigación, a lo máximo que llegó el juez fue a llamar a declarar a Luis Soria, responsable de la consejería encargada de adjudicar los parques eólicos, en calidad de testigo. Y eso que el consejero de Industria organizó un viaje oficial con el propio José Ignacio Esquivel a visitar turbinas en Magdeburgo (Alemania).

El principal acusado hasta donde alcanzó la investigación policial y judicial del caso Eólico entre 2005 y 2006, la primera gran trama de presunta corrupción del PP canario bajo la presidencia de José Manuel Soria, se ha quedado sin defensa por discrepancias con su letrado y ha solicitado, al igual que su pareja también acusada, un abogado del turno de oficio para cuando se celebre el juicio, pendiente de nuevo señalamiento desde 2013.

Celso Perdomo, director general de Industria del Gobierno de Canarias durante la media legislatura (2003-2005) que duró uno de los tantos pactos de gobierno del PP con Coalición Canaria, afronta una petición de siete años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, al entender esta probada su participación en el amaño del primer concurso de asignación de potencia eólica de las Islas.

La operación Eolo fue el primer escándalo con el exministro José Manuel Soria en las inmediaciones. Entonces presidía el Cabildo de Gran Canaria (2003-2007) con mayoría absoluta y había colocado a su hermano Luis al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Y uno de las grandes proyectos de Industria era adjudicar parques eólicos por todas las islas.

Soria vivía en aquella época gratis en un chalet de la familia Esquivel mientras construía su actual mansión, también en el barrio residencial de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los hermanos Esquivel, José Ignacio, también debe sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto soborno de 12.000 euros al director general de Industria del Gobierno regional.

Anticorrupción cree que Esquivel recibió información privilegiada del concurso público al que se presentó con la mercantil Promotora de Recursos Eólicos, al igual que el abogado y secretario de esa sociedad, Alfredo Briganty. A su vez, el Cabildo presidido por Soria desistió de presentarse con la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, en una polémica decisión política que dejaba libre el mejor campo de vientos de la Unión Europea, en el Sureste de Gran Canaria, a la iniciativa privada.

Lo que apuntaba a un jugoso festín de tiburones quedó definido por el que fuera presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte, en canario de pura cepa: “Eolo se ha quedado en el estanque de los lebranchos [un tipo de pez o de reptil]. No ha saltado al estanque de los tiburones”, en alusión a que durante la investigación, a lo máximo que llegó el juez fue a llamar a declarar a Luis Soria, responsable de la consejería encargada de adjudicar los parques eólicos, en calidad de testigo. Y eso que el consejero de Industria organizó un viaje oficial con el propio José Ignacio Esquivel a visitar turbinas en Magdeburgo (Alemania).

Ya en clave política, Soria se permitió el lujo de manipular en toda regla una comisión de investigación abierta por el Parlamento canario, en virtud de sus acuerdos con CC, para concluir que el principal responsable del caso Eólico era el entonces presidente del consejo de administración de la empresa editora de Canarias Ahora, José Francisco Henríquez, relevante miembro del PSOE.

El Parlamento de Canarias aún no ha corregido semejante invención de 2007, año en el que a pesar de la ruptura de CC y PP en 2005 ya se negociaba otra alianza más, la que llevó a José Manuel Soria a la vicepresidencia del Gobierno canario y la Consejería de Economía y Hacienda hasta 2010 con Paulino Rivero de presidente, antes de dar el salto a la política nacional en 2011 de la mano de Mariano Rajoy.

De todo aquel escándalo solo quedaron siete acusados formalmente por el fiscal de Anticorrupción Luis Del Río, y el paso por prisión provisional de Celso Perdomo y de su novia, Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria. A Celso Perdomo la Fiscalía le pide siete años de cárcel por violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos, y a su pareja de entonces, tres años y medio, por malversación y cohecho. Son estos ahora los que se acogen al turno de oficio.

Aparte de José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty, acusados de cohecho a los que se les pide una pena de año y medio de cárcel, también lo está por cohecho y con la misma cantidad de cárcel el empresario Enrique Guzmán, así como el funcionario Honorato López, a quien la Fiscalía pide dos años de privación de libertad.

Hace justo ahora cuatro años, el 31 de julio de 2013, se celebró la primera y única sesión del juicio oral que abordó cuestiones previas y provocó su suspensión hasta la fecha. Entre medias, el magistrado designado como presidente del tribunal del jurado que ha de juzgar a los acusados, Ignacio Marrero, falleció en 2016 sin haber resuelto todos los recursos pendientes ni dictado auto de hechos justiciables.

Este mes de julio, el magistrado que ha sustituido a su colega fallecido, Pedro Herrera, había preguntado a abogados y fiscal por fechas para cuadrar agendas y dictar el auto de hechos justiciables en el que se fije cuándo se celebrará el juicio. Previsiblemente, no podrá ser antes del próximo invierno por la coincidencia con la vista oral del caso Faycan, otro de los grandes casos del PP.

El juicio del caso Faycan, donde se solicita cinco años de cárcel a la exalcaldesa de Telde Mari Carmen Castellano, entre otros, se celebrará en octubre con el mismo fiscal y algunos abogados defensores de Eolo, salvo que sea apartado de la carrera judicial el presidente del tribunal, el magistrado Salvador Alba, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por intentar perjudicar a la magistrada y exdiputada de Podemos por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosell.

El magistrado Ignacio Marrero Francés, adscrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y designado ponente del denominado caso Eólico, ha fallecido este lunes de manera repentina como consecuencia de un derrame cerebral.

Marrero Francés tenía 43 años y estaba casado con la también jueza Mercedes Martínez, titular del Juzgado de Menores número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Al magistrado, que deja dos hijos, le habían diagnosticado una leucemia este mismo mes de agosto.

El fallecimiento de Marrero Francés ha conmocionado a la judicatura canaria, en especial a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que formaba parte. Las fuentes consultadas por este periódico destacan el carácter prudente y discreto del magistrado, a quien le caracterizaban sus resoluciones muy documentadas y fundadas con abundante jurisprudencia.

Marrero Francés había sido designado presidente del jurado popular que debe enjuiciar a los seis acusados del caso Eólico. Había sustituido a Pedro Herrera cuando este magistrado dejó temporalmente su plaza para ocupar el cargo de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias. El magistrado, que fue el número uno de la promoción de acceso a la carrera judicial en 2002, procedía del Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria.

El nombre de Soria estuvo ligado para la mayoría de los españoles a las compañías energéticas por las tarifas de la luz, las trabas a las renovables o las prospecciones petrolíferas de Repsol, aparte de sus vacaciones low cost, claro. Pero en las Islas, escándalos políticos y judiciales llamados Salmón, Isolux, Chalet o Eólico, van de la mano o la sombra de quien ha ejercido el poder y un atractivo irresistible en la derecha canaria en los últimos veinte años.

Desde un prisma peninsular, Soria ha sido durante mucho tiempo ese tipo de “las Canarias que se parece mucho a Aznar”. Por sus bigotes de entonces, en tiempos de la ola del aznarismo, y por su apariencia y arrollador cartel de buen gestor nadie le tosía, y eso le dio el control en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dos veces, entre 1995 y 2003, y en el Cabildo de Gran Canaria, de 2003 a 2007.

Convertido en el líder incontestable de la derecha nacional en el Archipiélago (la local, representada por Coalición Canaria, ejerció de imperfecto complemento y lo hizo vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda entre 2007 y 2010), su poder se ha dejado sentir de manera doble: con su aliento feroz e inmisericorde en el cogote de quienes cuestionaran su forma de ser y proceder, y con su irresistible ejemplo de triunfo personal a seguir por una cohorte y electorado fieles.

Soria saltó a la esfera nacional un par de años antes de entrar por primera vez en el Congreso de los Diputados en 2011. Lo hizo al tiempo de uno de sus penúltimos escándalos domésticos, que a día de hoy no aguantarían un pase en la Villa y Corte: siendo vicepresidente del Gobierno canario y teniendo controlado el PP el área de Turismo, un polémico contrato público de promoción turística de las Islas con el Grupo Intereconomía le sirvió también de lanzadera mediática en toda España.

Quien poco después se convertiría en ministro del Reino aterrizaba en Madrid con sus modos encantadores y una mentira mil veces repetida, que se ha convertido en su verdad, reiterada en medios madrileños (ignorantes y/o cómplices) y políticos del PP (Rajoy, el primero de ellos): fue una “pobre víctima” de un proceso judicial del que salió absuelto de los cargos. Inocente. Pero no de sus hechos probados.

Fue el caso Salmón. En el verano de 2005, siendo presidente del Cabildo, Soria aceptó una invitación de un gran empresario turístico noruego de la isla, Björn Lyng, para volar en su jet privado al Festival de Salzburgo y a la pesca del salmón en Noruega, al tiempo que su Cabildo tramitaba declarar de interés general nuevos proyectos del promotor, paso necesario para sortear la moratoria turística vigente.

Solo este periódico fue capaz de denunciar lo que a todas luces aparentaba ser un cohecho de libro. Tres años después, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo que Soria había cometido cohecho, con una salvedad decisiva: el delito había prescrito. Pero se cometió. La juez argumentó en su auto de archivo que, total, si el avión privado del empresario ya tenía previsto volar, pues tampoco supuso una dádiva directa... La historia de la pesca del salmón todavía se cuenta a medias y mal desde Madrid.

Vivir gratis en el chalet de un empresario

Mientras Soria desplegaba sus dotes electorales y mediáticas para ganar elecciones con políticas urbanísticas “fallidas”, que con el paso del tiempo han supuesto grandes perjuicios a las arcas de Las Palmas de Gran Canaria en forma de condenas judiciales, hubo asuntos de índole casera que degeneraron en escándalos mayores.

Más que casera, de caseros: fue el denominado caso Chalet, relacionado con el aún por juzgar caso Eólico, una década después de descubrirse una trama organizada para asignar potencia eólica, mediante concurso, desde la Consejería regional de Industria que dirigía Luis Alberto, el hermano desaparecido estos días.

Soria y su familia vivieron al menos 19 meses totalmente gratis en la vivienda de lujo de un empresario, al que el Cabildo facilitó presentarse al concurso eólico en la mejor zona de vientos de la isla, Arinaga, prohibiendo a una empresa del propio Cabildo concursar en un espacio en teoría reservado para iniciativas públicas.

El escándalo del chalet de la familia Esquivel no se saldó con acción judicial alguna contra José Manuel Soria, sino con otra querella del incontestable líder contra Canarias Ahora, liquidada con el ridículo de unos recibos rellenados a toda prisa y a mano, como de una tienda de aceite y vinagre, para intentar justificar los pagos de alquiler que nunca se produjeron. La Audiencia le salvó de pagar las costas.

De igual modo tuvo gran repercusión en Canarias el caso Isolux. En otra denuncia de Soria contra este diario por denunciar cómo se manipuló en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la adjudicación de dos módulos para la desalación de agua a favor de la empresa Isolux, un testigo llegó a confirmar que el propio alcalde le amenazó con “no trabajar más en Gran Canaria”  si no retiraba el recurso a esa adjudicación. Y lo retiró. De nuevo, se juzgaba a quien denunciaba la corrupción.

De Soria, cuyo éxito electoral ha radicado en una red clientelar expandida en las islas desde sus primeros tiempos de alcalde y con la bonanza económica, queda también la escuela que ha creado en su partido durante estos veinte años. Y por el camino, otros casos de corrupción local en ayuntamientos gobernados por los suyos, como Faycán, Góndola o Brisan, que nunca han llegado a nada estancados en los cajones de la Administración de Justicia en Canarias.

Es esa otra de las grandes armas del presidente de los populares en las Islas, muy dado a querellarse contra todo el que se mueva en su contra y jugar con los resortes del poder judicial. Y últimamente, contra quien le ha disputado su hegemonía electoral en su propio feudo: la juez de Podemos Victoria Rosell.