19 de febrero de 2018. Se hace público que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel se ha marchado a Suiza y no comparecerá ante el Tribunal Supremo en la causa del procés. Un mes después, la Policía Nacional registra en la Audiencia Nacional un informe en el que propone al tribunal especial abrir una causa ante la “amenaza real para la estabilidad y la paz social” que, a su juicio, supone la izquierda independentista catalana, a quien sitúa como instigadora de las protestas y cortes de carreteras y vías de tren de los CDR.

En ese primer atestado, adelantado por La Directa y al que ha tenido acceso elDiario.es, los agentes dan directamente tres nombres a investigar y a intervenir todas sus comunicaciones. El primero es el actual diputado de la CUP Xavier Pellicer, por entonces portavoz de Alerta Solidària, la organización antirrepresiva de la izquierda independentista. De hecho es precisamente su condición de portavoz y “responsable de difusión” lo que lo convierte en una persona a investigar, según la Policía, que no sitúa a Pellicer en ninguna de las protestas de los CDR que ha reseñado antes en el atestado. 

Sí participó en una protesta –el encadenamiento a las puertas del TSJ catalán, caso que acabó en absolución– un militante de Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista, que es el segundo investigado. El tercero es un dirigente de Endavant, una de las entidades que conforman la CUP y en la que también milita Anna Gabriel. De este hombre la Policía dice que “por investigaciones previas” sabe que ocupa “puestos de responsabilidad en el área de movilizaciones sociales”, si bien los agentes no lo ubican en ninguna de las protestas reseñadas, al igual que a Pellicer. Ninguno de ellos ha sido procesado por delito alguno. 

Con los pinchazos propuestos al juez, la Policía asegura que pretende la “identificación de los principales dirigentes del entramado de la izquierda independentista y de los CDR”.

Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea –que entonces ejercía de apoyo al titular el juzgado de instrucción 6, Manuel García Castellón– dieron su visto bueno a las intervenciones telefónicas a los tres independentistas, que se prolongaron, en el caso de Pellicer y el dirigente de Endavant, como mínimo hasta diciembre de 2018, esto es, siete meses. Los pinchazos “mono-stereo”, en palabras de la Policía Nacional, permitieron a los agentes escuchar todas las llamadas y acceder a mensajes de Whatsapp y SMS. 

A lo largo de sus sucesivos atestados, las llamadas y mensajes de interés para los agentes se dividen en dos cuestiones: las relativas a los viajes a Suiza en 2018 para eventuales reuniones con Anna Gabriel –quien ha regularizado este año su situación ante el Supremo– y los planes políticos de Endavant de cara a movilizaciones como las de la Diada o protestas sociales.

Resultan de interés para los investigadores los debates políticos que mantuvo Endavant de cara a la posición de la CUP ante la investidura de Quim Torra, lo que valió una petición policial al juez para prorrogar los pinchazos para “profundizar en el control de las personas responsables” de la izquierda independentista. También se incluyen como materiales potencialmente delictivos dos manifiestos públicos de Endavant, uno previo a los comicios y otro de cara a la Diada de 2018, y conversaciones en las que se debate quién debe realizar los mítines del 11 de septiembre.

Por su lado, las llamadas de Pellicer incluidas en los atestados por los investigadores versan, además de un viaje a Suiza, sobre la organización de una charla antirrepresiva, la visita de independentistas vascos y gallegos a Catalunya por la Diada y sobre la asistencia de concejales de la CUP de Sabadell (Barcelona) a un desahucio.

Las similitudes con el ‘CNI catalán’

La causa sobre la izquierda independentista guarda similitudes con las pesquisas que llevó el mismo juzgado, igualmente en secreto durante más de dos años, sobre el entorno de Carles Puigdemont en Bélgica: pese a las decenas de intervenciones telefónicas e informaciones sobre más de decenas de personas, en ningún momento se les llamó a declarar como investigados ni tampoco han sido procesados. Ello lleva a fuentes jurídicas a considerar la posibilidad de que fueran meras causas instrumentales para monitorizar la actividad del entorno de Puigdemont y la izquierda independentista, sin que hubiera un objetivo de sentar a nadie en el banquillo salvo giros de relevancia en las pesquisas. 

Ambas investigaciones se han conocido porque de ellas derivó la causa sobre los CDR procesados por terrorismo. Las defensas de los CDR, vinculadas a Alerta Solidària, encontraron en su sumario varias referencias a esas otras dos diligencias, que al ser hasta ahora secretas solo estaban disponibles para el juez y el fiscal. El juez Manuel García Castellón les negó el acceso durante meses a esas dos causas, necesarias para articular su estrategia defensiva en el caso de los CDR. Finalmente la Sala de lo Penal corrigió al instructor, le afeó que ocultara pruebas clave a las defensas y le obligó a entregar ambos procedimientos.

La sorpresa ha sido mayúscula en Alerta Solidària, ya que ambas causas terminan de forma abrupta, una en septiembre de 2020 y otra en diciembre de 2018, lo que hace sospechar a las defensas que el juzgado no se las ha entregado en su totalidad, tal y como ordenó la Audiencia Nacional. Del contenido que sí tienen cabe resaltar que los sumarios no siguen siempre un orden cronológico y que hay algunos saltos temporales. Alerta Solidària también denuncia que las investigaciones e intervenciones telefónicas suponen “graves intromisiones en la esfera de los derechos fundamentales” reconocidos en la Constitución y una investigación prospectiva prohibida por la ley.

Cómo se llegó a los CDR 

Se da la circunstancia de que en ambas causas aparecen nombres de los CDR que luego serían investigados, encarcelados y procesados por conformar una presunta organización terrorista. A ellos se llega gracias a la abundante intervención de comunicaciones que hizo la Guardia Civil –en la misma causa en la que la Policía Nacional investigaba a la CUP– a distintas personas que participaron en protestas de los CDR. 

El Instituto Armado también dio con los CDR procesados ya que uno de ellos mantuvo contacto con uno de los investigados –aunque luego nunca acusados ni llamados a declarar– por conformar un grupo autodenominado informalmente como ‘CNI catalán’ que dio origen a las pesquisas sobre el entorno de Puigdemont. 

Antes de dar con el grupo que supuestamente preparaba estragos a gran escala y la ocupación del Parlament, la investigación de la Guardia Civil se centró en pedir datos a las operadoras de telefonía sobre los datos de los terminales que detectaban las antenas cerca de los lugares donde tuvieron lugar protestas de los CDR a finales de 2017 e inicios de 2018. Así logró una veintena de teléfonos la Guardia Civil, entre los que no se encontraban ninguno de los que luego serían investigados, y esta vez sí detenidos y procesados. 

Pero dos de los primeros investigados sí hablaron sin saberlo que dos de los CDR acusados de terrorismo, lo que dio pie a pincharles sus teléfonos y abrir otra causa en diciembre de 2018 con seguimientos y baliza en los coches. Las detenciones se precipitaron a finales de septiembre de 2019. Los CDR procesados por terrorismo siguen en libertad y sin fecha de juicio a día de hoy. 

“Ni la mesa de diálogo con el Estado llevará a ejercer el derecho a la autodeterminación ni la aprobación de la DUI en un parlamento llevará a la independencia”. La exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha lamentado en una entrevista en La Directa que se utilicen las distintas opciones estratégicas del independentismo como una “arma arrojadiza” contra los que no las apoyan y ha apostado para hacer un análisis de una realidad que considera “compleja”.

“¿Conviene presentar a la gente que apuesta por la mesa de diálogo como si fueran los traidores absolutos de la tierra? ¿Conviene identificar a la gente que quiere hacer algo para responder a esta situación que nos hace sufrir tanto como si fueran unos hiperventilados que no piensan?”, ha preguntado.

Gabriel ha admitido que poner sobre la mesa un nuevo referéndum, como hace la CUP, tampoco es la “solución última”. “Cualquiera de estas opciones se tiene que contemplar, pero no como arma arrojadiza contra el que no la apoya, sino que se tienen que contemplar todas las opciones para poder apuntalar este análisis complejo”, ha argumentado.

En este sentido, la exdiputada de la CUP ha recomendado “ampliar el debate” en lugar de hacerlo pequeño, y escuchar las propuestas con voluntad de debatirlas. Gabriel ha reclamado “menos personalismos y más colectivo, menos estrategias partidistas y más análisis de la realidad que es compleja”.

Según Gabriel, el independentismo está ofreciendo un “espectáculo” y ha recordado que las condiciones de vida de una parte muy importante de la población son “duras y precarias”. “Da vergüenza que estemos manteniendo determinados debates en el contexto actual”, ha añadido.

En cuanto a la decisión de presentarse ante el Tribunal Supremo después de casi cinco años de exilio en Ginebra, Gabriel ha explicado que ha cambiado el contexto político, las circunstancias personales y ha habido una pandemia entremedio. Una combinación de factores que le han hecho tomar la decisión. “Alguien puede pensar que las condiciones de entonces todavía están, y en parte sí, pero hay otros elementos de contexto que han cambiado de forma sustancial”, ha añadido.

Visiblemente emocionada y sin aceptar preguntas, la ex diputada de la CUP Anna Gabriel ha abandonado el Tribunal Supremo sin medidas cautelares y después de haber rechazado el delito de desobediencia que le atribuyen tanto el juez como la Fiscalía. Según fuentes conocedoras del interrogatorio, a la única pregunta de la Fiscalía Gabriel ha negado haber recibido un requerimiento personal del Tribunal Constitucional en 2017.

La exparlamentaria ha contestado a la única pregunta que le ha hecho el Ministerio Público para explicar, como otros imputados a lo largo del caso, que ella nunca fue apercibida directa o personalmente por el tribunal de garantías cuando sí requirió a una parte de la cúpula independentista de que la puesta en marcha de las leyes de ruptura y su tramitación era un posible delito de desobediencia.

Fuentes jurídicas explican que ahora será el juez Pablo Llarena el que decida si concluye el sumario y si el caso debe ser enviado a los tribunales catalanes para que, en su caso, sea juzgada. Desde la defensa de la política catalana, que por el momento seguirá residiendo en Suiza, entienden que lo lógico sería dejar el caso en manos de los tribunales territoriales de Catalunya al no tener ningún aforamiento y el delito uno de desobediencia.

Anna Gabriel, que evitó las cámaras en su primera comparecencia ante el Tribunal Supremo en julio, ha comparecido ante los medios en un parque cercano al Supremo después de hacerlo ante el juez Llarena. “La represión crea dolor”, ha dicho antes de agradecer su apoyo a “todas las personas solidarias que han estado durante todo este tiempo a mi lado”, acordándose también de las personas “represaliadas, exiliadas, en la cárcel, amenazadas, multadas o perseguidas”. la exparlamentaria catalana ha denunciado que “no puede seguir la judicialización de una aspiración legítima de un pueblo” y ha especificado que “dentro de la sala se ha hablado sólo por si he estado requerida directamente por el TC sobre mi actividad parlamentaria”.

Gabriel ha expresado su deseo de que la causa sea archivada o puesta en manos de los jueces catalanes. “Esperemos que la causa o se archive o se envíe a Barcelona”, ha dicho antes de marcharse con la voz rota durante buena parte de su intervención.

La ex diputada de la CUP abandonó España y se instaló en Suiza en los primeros meses de 2018, no acudiendo a la cita con el Tribunal Supremo después de que el juez Llarena procesara a los líderes independentistas encausados. En el caso de Gabriel, la causa contra ella se encauzó por un posible delito de desobediencia, penado con condenas de inhabilitación y no de cárcel. Compareció finalmente en el Tribunal Supremo a finales del pasado mes de julio.

Gabriel ha llegado al cercano parque de Salesas recibida por una docena de políticos de todos los partidos independistas catalanes. Por parte de ERC han acudido Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, Marta Rosique y Carolina Telechea, por parte de la CUP han acudido todos los diputados encabezados por Mireia Vehí y Albert Botrán, por parte de JxC Josep Rius y por parte de EH Bildu los parlamentarios Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu. También ha acudido a apoyar a la acusada de desobediencia Jaume Asens, diputado por En Común Podem y presidente del grupo confederado de Unidas Podemos, entre otros.

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha acudido a la misma puerta del Tribunal Supremo donde, durante meses, otros líderes independentistas acudieron a apoyarle a él mientras estaba en prisión provisional y mientras el caso del procés todavía estaba en fase de instrucción. “Estamos para expresar todo nuestro apoyo personal y político a la amiga y compañera Anna Gabriel y a todas las personas represaliadas tanto en el interior como en el exilio”, ha dicho en referencia a Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes que abandonaron España.

El dirigente independentista, indultado tras ser condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación, ha recordado que organismos internacionales como el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la Unión, la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han emitido dictámenes favorables a los imputados. “Estamos aquí para reiterar nuestro compromiso contra la represión, a favor de la amnistía y del ejercicio del derecho a la autodeterminación, con la república catalana y la independencia de Catalunya”, ha dicho.

La exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha comparecido este martes voluntariamente ante el Tribunal Supremo para entregarse tras más de cuatro años en Suiza. La exdirigente anticapitalista sigue así la misma estrategia que la exconsellera Meritxell Serret, que se puso a disposición del Alto Tribunal en 2021. Ambas comparten ahora letrado, Iñigo Iruín.

El magistrado del Supremo Pablo Llarena procesó por desobediencia en marzo de 2018 a Gabriel en el marco de la causa del procés. Cuando fue citada ante el Alto Tribunal para comunicarle el procesamiento, la exdiputada de la CUP emprendió el camino a Suiza, junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Según ha informado el Supremo, Gabriel ha comparecido “con la finalidad de ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía”.

En un comunicado, Gabriel ha definido su entrega como “un paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que nunca hubiera tenido que perder, ni yo ni nadie”. Además ha explicado que este mismo martes ha regresado a Suiza para seguir con su trabajo como secretaria general del sindicato UNIA de Ginebra.

“Ya habrá tiempo para poder hablar tranquilamente de todo, para realizar una valoración política, tanto en clave colectiva como individual. Mis compromisos políticos y sociales permanecen donde estaban, con mi pueblo, con sus gentes, y muy especialmente, con el conjunto de las personas represaliadas”, ha agregado Gabriel.

Como el delito de desobediencia por el que fue procesada no conlleva penas de prisión, el juez Llarena no pidió a Suiza su extradición, como sí hizo con el expresident Carles Puigdemont, los exconsellers que permanecen en Bélgica o Rovira. Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para que cuando volviera a España se la detuviera y continuara el procedimiento contra ella.

Al igual que con Serret, también procesada por desobediencia, la decisión de Llarena ha sido dejar en libertad a Gabriel y citarla para ser interrogada en los próximos días con el resto de partes de la causa.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la petición de la exconsellera de la Generalitat Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que permanecen en Bélgica y Suiza respectivamente, para reabrir el procedimiento contra ellas por desobediencia en el 1-O y remitir sus casos a los juzgados de Barcelona.

En dos autos, el juez desestima la pretensión de ambas políticas independentistas de que el procedimiento quede en manos de un juez ordinario de Barcelona. Según argumenta Llarena, no puede reabrir la causa que suspendió en julio de este año si no hay nuevas evidencias o las “rebeldes” se pone a disposición judicial.

Gabriel y Serret fueron procesadas en marzo de 2019, pero el juez Llarena no cursó una petición de extradición contra ellas, al contrario de lo que sí hizo con el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

El juez rechazó extraditar a Gabriel ya que la 'cupaire' solo está procesada por desobediencia y no es legalmente posible lograr una entrega por un delito que no comporta penas de prisión. El mismo criterio siguió para Serret, que ahora es la delegada de la Generalitat ante la UE, tras atender al criterio de la Fiscalía sobre que su responsabilidad en los hechos tras la sentencia del procés solo encajaría en un delito de desobediencia pese a que también está procesada por malversación.

Llarena, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que pidió que se desestimara la petición de Serret y Gabriel, sostiene que lo que ambas pretenden es que se proceda a reabrir una causa que está suspendida y que fue archivada “por haberse agotado todas las vías de investigación”.

El juez recrimina que las dos políticas independentistas pretendan que se reabra el caso “únicamente” para analizar si la competencia corresponde a otro juez, “con la peculiaridad de que este estaría igualmente imposibilitado de proseguir el proceso”, ya que, a su juicio, se mantendrían el resto de obstáculos para culminar el proceso al permanecer ambas procesadas fuera de España.

La defensa de Gabriel ha lamentado la decisión del juez. “El mensaje del Tribunal Supremo es muy nítido: Anna Gabriel ha sido declarada en rebeldía y como tal se tiene que entregar. Solo en ese momento se podrá proseguir la causa contra ella y valorar entonces la responsabilidad criminal que pueda derivarse de una eventual actuación delictiva de naturaleza pública”, ha criticado Free Anna Gabriel, el grupo de apoyo de la 'cupaire'.

La exportavoz de la CUP Anna Gabriel ha conseguido un permiso de residencia en Suiza para cinco años, lo que le facilitará “acceder a puestos de trabajo o presentarse a convocatorias”, según ha explicado su madre, Maribel Sabaté.

En una entrevista que emitirá este viernes Ona Bages avanzada por Rac1 ha detallado que visitó a su hija en el país helvético, donde se encuentra desde que huyó de España para no tener que declarar ante el Tribunal Supremo por la causa abierta al soberanismo, y explicó que “le llegó el permiso”.

Según ha precisado Sabaté, Gabriel “está bien, se está moviendo mucho y colabora con una ONG” a la vez que realiza un curso de inglés y se prepara para entrar en la universidad en otoño.

La exdiputada 'cupaire' viajó en febrero a Ginebra y desveló en una entrevista a un periódico local que no acudiría a la citación ante el Tribunal Supremo, una decisión que comunicó previamente a su madre.

“Me dice que no quiere pasar ni un día de su vida en una prisión con unas reliquias franquistas que te quieren humillar y hacer decir lo que no sientes”, ha relatado.

El informático bancario Hervé Falciani considera que es “imposible” que sea utilizado como moneda de cambio para que Marta Rovira o Anna Gabriel, ambas huidas en Suiza y procesadas en la causa del proceso independentista en Cataluña por rebelión y desobediencia, puedan ser juzgadas en España.

“La Justicia es totalmente independiente de juicios políticos”, ha manifestado Falciani este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, al que ha transmitido su oposición a ser extraditado a Suiza, según informa Europa Press.

Falciani, que ha dicho que sigue “confiando” en la Justicia española, ha acudido a declarar después de que las autoridades suizas hayan enviado la documentación pertinente a la solicitud de extradición, una entrega que ya fue rechazada por la misma Audiencia Nacional en el año 2013.

Este es uno de los argumentos que ha dado el informático al magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 para oponerse a ser extraditado, según ha explicado su abogado, Juan Barallat: “Es un procedimiento de extradición que reitera uno anterior y definitivamente de manera firme la Sala de lo Penal lo rechazó con el informe favorable del Ministerio Fiscal”.

Esta era la opinión de la Fiscalía en el año 2013, si bien en esta ocasión el Ministerio Público pidió en la anterior comparecencia de Falciani, el 5 de abril, su ingreso en prisión provisional hasta que se decida la solicitud de Suiza. Este lunes, el fiscal no ha asistido a la citación.

Según el letrado, Falciani ha recordado al juez De Egea lleva colaborando con la Justicia española desde 2008, por lo que “éticamente es improcedente” que el Estado español le entregue “después de que su información ha valido para perseguir muchos y muy graves delitos, de corrupción, de crimen organizado y delitos fiscales”.

La comparecencia de este lunes ha servido para que el informático transmitiese al juez si permite o no su extradición. Al oponerse, el procedimiento continúa y, mientras tanto, a Falciani se le mantienen las medidas cautelares que ya le había impuesto De Egea: comparecencias semanales, prohibición de abandonar el territorio español y retirada de pasaporte.

“Procesar a Anna Gabriel exclusivamente por su condición de portavoz parlamentaria es criminalizarla por enemiga”. Así se expresa la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que permanece en Suiza, en el recurso contra su procesamiento por desobediencia. La exportavoz cupaire en el Parlament acusa al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de investigar una causa que cumple “todos los requisitos del delito político”.

“¿Se protege en esta causa un interés jurídico concreto más allá de la indisoluble unidad de la patria?”, se pregunta el abogado de Anna Gabriel, Benet Salellas, en un recurso al que ha tenido acceso este diario. Añade el letrado sus dudas sobre que ese objetivo de proteger la unidad de España encuentre “interés jurídico compartido” en el resto de estados de la comunidad internacional, en referencia a los países donde se han trasladado los dirigentes independentistas y la respuesta que puedan dar Suiza, Alemania, Bélgica y Escocia a las peticiones de extradición.

Gabriel, junto al resto de defensas, ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del juez Llarena de procesar a la cúpula del proceso independentista. En el caso de la exdiputada de la CUP, el procesamiento se limita a un delito de desobediencia, que, a diferencia de la rebelión, conlleva penas de inhabilitación y no de cárcel. Una vez el juez Llarena confirme su procesamiento, las defensas pueden volver a recurrir ante la sala de lo penal del Supremo.

En concreto, el magistrado procesó a Gabriel y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, por registrar la ley de transitoriedad jurídica. El juez destaca que las dos diputadas de la CUP no estaban advertidas específicamente por el Constitucional de que incurrirían en un posible delito si registraban la norma, pero que lo sabían porque la “inconstitucionalidad del proceso independentista es de notoriedad pública desde hace varios años”.

La defensa de Gabriel replica al juez que “incluso aceptando el relato de hechos” del auto de procesamiento “a meros efectos dialécticos”, el magistrado investiga “un delito político en el que se incrimina un objetivo político, en el que los procesados, y concretamente la señora Gabriel, actúan exclusivamente por fines políticos”.“Los hechos criminalizados no lesionan más que a posiciones políticas concretas mediante la utilización de los mecanismos parlamentarios”, añade el letrado Salellas.

Por todo ello, como ya han hecho varias defensas, Gabriel pide el archivo de la causa y, en su defecto, su traslado a los juzgados de instrucción de Barcelona y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para los aforados. A diferencia del resto de dirigentes independetistas que permanecen en el extranjero, el juez no pidió la extradición de Gabriel desde Suiza, aunque se mantiene la orden de detención en España.

Las autoridades suizas no han negado la entrega a España de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel alegando que está acusada de “delitos políticos”. En contra de lo que han publicado algunos medios, el país helvético no ha dado esta respuesta, fundamentalmente porque el Tribunal Supremo no emitió una orden europea de búsqueda y captura, como sí hizo contra Carles Puigdemont y el resto de fugados.

Gabriel decidió huir a Suiza y no comparecer ante el juez del Supremo Pablo Llarena cuando la citó a finales del mes de febrero, alegando que no se iba a enfrentar a un proceso con todas las garantías. El juez instructor dictó una orden de detención, pero la limitó al territorio nacional, a pesar de que la Fiscalía le había pedido que intentase la detención de Gabriel en Suiza.

Con el auto de procesamiento del pasado viernes, el juez reactivó las órdenes europeas de detención contra Carles Puigdemont, los consellers refugiados en Bruselas y la dirigente de ERC Marta Rovira, que también se encuentra en Suiza. Sin embargo, no tomó ninguna medida contra Anna Gabriel porque tan solo está acusada de un delito de desobediencia, que no implica cárcel.

Algunos juristas explican que la situación de la exdiputada de la CUP permite juzgarla aunque no esté presente. De hecho, ven algunos problemas legales en ordenar su detención en suelo europeo si no está acusada de delitos que lleven aparejados las penas de prisión.

Sin embargo, algunos medios han publicado este miércoles (la noticia original de la que se han hecho eco varios medios españoles ha sido borrada) que Suiza había contestado a España que no iba a entregar a Gabriel por considerar que las acusaciones contra ella se enmarcaban en lo que consideran “delitos políticos”, una de las causas que permiten a los estados europeos oponerse a la entrega de un detenido al país que lo reclama.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha asegurado este miércoles a Efe que no ha transmitido ninguna información a las autoridades de España sobre Gabriel. “No hemos transmitido información a las autoridades españolas sobre Anna Gabriel, contrariamente a lo que pretenden algunos medios españoles”, ha dicho el portavoz de ese organismo, Folco Galli, que ha recordado que no hay una orden de detención internacional contra la líder de la CUP: “En el caso de Anna Gabriel no se cursa orden internacional ni europea de detención, a diferencia de los otros encausados procesados por rebelión y malversación”.

La Oficina Federal de Justicia, que gestiona las peticiones de cooperación judicial y órdenes de detención internacional, así como las solicitudes de extradición en general, sí que ha defendido en las últimas semanas, en relación a Gabriel, que no extradita a personas por lo que considera “delitos políticos”.

La exparlamentaria de la CUP Anna Gabriel ha afirmado que ella no teme a las autoridades Suizas, sino a las españolas, al ser preguntada por la posibilidad de que España pueda solicitar orden de extradición.

Gabriel ha afirmado que no se moverá de Suiza, donde estará a disposición de las autoridades. “Yo temo a las autoridades españolas, no a las suizas”, afirmó en una entrevista aparecida hoy en el diario suizo Taiges Anzeiger.

El Tribunal Supremo Español dictó el pasado miércoles una orden de detención en su contra de alcance nacional, pero no ha anunciado si formulará un pedido de extradición a Suiza.

Por otra parte, Anna Gabriel ha apuntado que “la lucha por la independencia” que su partido promueve en Catalunya “no es una cuestión de identidad”, sino la respuesta a una “ofensiva contra la autonomía de Catalunya”. “No tenemos nada contra el pueblo español, pero en los últimos años el Tribunal Constitucional ha revocado cuarenta artículos legislativos que daban a Catalunya alguna independencia”,

Desde el Ministerio suizo de Justicia y Policía se ha señalado que se considera que los delitos de los que se acusa a Gabriel tienen connotación política y que la legislación interna y europea indican que por ellos no se puede autorizar una extradición.

Gabriel ha afirmado en la entrevista que no ve “progresos hacia la democracia en el corto plazo”, por lo que prevé que la cuestión independentista catalana “será un largo, muy largo y penoso proceso para nosotros”. Por otro lado, la líder política ha confesado que antes de abandonar España recibió numerosas amenazas de muerte.

Preguntada por el resultado de elecciones realizadas en 2015 y 2017 en Catalunya y que indicaban que había casi tanta gente que rechaza la independencia como la que la apoya, Gabriel ha respondido que no se trataba de plebiscitos específicos sobre la independencia. “Esta cuestión es tan importante que merece un voto libre propio. Si no hay mayoría a favor de la independencia, por supuesto que lo aceptaremos”, ha asegura.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha razonado este jueves su decisión de reclamar la detención nacional de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel tras su incomparecencia en el juzgado pero no su arresto internacional a Suiza al defender que “las órdenes de detención internacional no deben cursarse por sospechas”.

“Tienen que cursarse el día que ya se sabe que los hechos tienen indicios racionales de haberse perpetrado y que ademas integran un delito grave en España y un delito grave en el país al que se le pide la colaboración”, ha dicho en unas declaraciones emitidas por Televisión del Principado de Asturias (TPA) y recogidas por Europa Press.

En el caso de que sea necesario pedir esa extradición, Llarena confía en el “rigor técnico” del sistema suizo. “Si verdadaramente se produjera la petición de colaboración al Estado suizo, el análisis por parte de las autoridades que les corresponda se hará con el rigor técnico que exigirá tanto la petición española como los propios justiciables que se opusieran a esa decisión”, ha explicado.

Por otro lado, Llarena ha subrayado que no se puede hablar de presos políticos en el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el expresidente de ANC Jordi Sánchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o el exconseller Joaquim Forn. “No es el caso”, ha comentado.

“Se trata de comportamientos recogidos en el Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a cometerlos, tienen que ser investigados”, ha argumentado.

«Hace tiempo que no acepto lo que no se puede cambiar, cambio lo que no se puede aceptar» Angela Davis

El miedo es una tecnología del poder. La excepción es una tecnología de gobierno. Ambas dos convergen hoy para vulnerar y violentar la libre voluntad democrática mayoritaria de la sociedad catalana. Desde ayer, sí, sabemos que nuestra amiga y compañera Anna Gabriel Sabaté se quedará en Ginebra. Refugiada en 2018. Considera, con todas las razones de su parte, que sus derechos fundamentales y procesales ya no están garantizados ante un tribunal especial que pedirá hasta penas de 30 años de cárcel. Por haber convocado un referéndum de autodeterminación, aprobado por mayoría democrática en sede parlamentaria, y por respetar los resultados. Ese es, dicen, el extraño delito de rebelión y sedición que les atribuyen: dar la palabra a la ciudadanía. En un extrañísimo golpe de estado que en vez de secuestrar urnas, las pone. El mundo al revés de la excepción.

Tan lejos y tan cerca, retornan hoy palabras antiguas del ayer, demasiado conocidas por este pueblo durante décadas pasadas –represión, cárcel, exilio. También Ginebra, en épocas distintas y oscuras, acogió a Pau Casals, Mercè Rodoreda o Aurora Bertrana. En una de los últimos autos judiciales que mantiene encarcelado al exconseller de Interior del Gobierno catalán se lee vergonzosamente: «el investigado mantiene lógicamente su ideario soberanista». Otra frase antológica que certifica la persecución ideológica y la condición política de los presos, en una renovada inquisición postmoderna que expide chantajes inaceptables en cada resolución. Acto de fe maccarthista: o renuncias y abjuras o a la hoguera represiva. Lejos, muy lejos, quedan las palabras del juez que hoy juzga a unos pocos para condenarnos a todos. La pronunció Pablo Llarena en 2012: «la cuestión de la identidad catalana y la integridad del Estado español no tienen solución judicial, sino política“.

La inquisición, como tecnología del castigo, es universalmente conocida. Hoy, ahora y aquí, se condensa en el terrible grito del «a por ellos!», de matriz persecutoria y ratificación borbónica, con el que las unidades policiales salían de sus comisarías para reprimir brutalmente el referéndum catalán del primero de octubre. Comunidad contra imposición, no pudieron evitarlo gracias a la determinación colectiva y la dignidad compartida, arraigada en una sólida resistencia civil pacífica y no-violenta, de más de dos millones de personas –de bomberos a estibadores, de las abuelas a los agricultores– que protegieron escuelas, personas y urnas para preservar la democracia frente a la virulencia policial. El tres de octubre, cosa sabida, el país vivía la mayor huelga general desde el final de la dictadura franquista. Así están las cosas.

¿Y entonces? Entonces lo que nos pasa es que estamos bajo la doctrina del shock, explicada al detalle por Naomi Klein: nos imponen por vías judiciales autoritarias lo que ya saben que son incapaces de ganar por vías democráticas. Quieren imponer represivamente lo que ya no pueden conseguir electoralmente. Anulan la política, proscribiéndola: azuzan la excepción para impedir la solución.

Finalmente, la gramática internacional del conflicto político catalán es tan sencilla como una urna democrática prohibida. Hace dos meses, la Ministra de Defensa del Gobierno español –salpicado hasta los tuétanos por una corrupción sistémica– afirmó que pondrían ‘urnas de verdad’ en las elecciones del pasado 21 de diciembre. Decía también que las habían convocado para ganarlas ellos: pero de 135 diputados, el PP sólo obtuvo 4. De forma persistente, cada vez que se ponen urnas –lo único que reclamamos– el independentismo vuelve a ganar. Hace dos meses sumó un apoyo electoral del 47,5%, con 100.000 votos más respecto a 2015 y en unas elecciones marcadas por una participación histórica. En un país donde la idea de referéndum como mecanismo democrático resolutivo –Escocia, Quebec– tiene el apoyo del 80% de la sociedad y toda la negativa absoluta y absolutista del Estado.

Al reclamo de más y mejor democracia, el Estado español ha respondido en los últimos meses, bajo la noción de venganza y castigo, con una aplicación inconstitucional y expansiva del artículo excepcional 155 –nunca utilizado antes. Recurriendo al autoritarismo, se ha disuelto un parlamento, se ha depuesto un gobierno, se ha intervenido toda la administración catalana y ahora pretenden iniciativas ilegales contra el modelo educativo catalán. El rastro de la represión tiene su oscura contabilidad: 1.066 heridos, 900 investigados judicialmente –entre ellos, 700 alcaldes–, seis exiliados y cuatro presos políticos. Y 140 agresiones ultraderechistas.

Esos hechos son los que han motivado que este mismo enero ‘The Economist’ haya definido al Reino de España como democracia ‘flawed’. Defectuosa. Un defecto persistente que ha provocado un cierto milagro. El ‘milagro catalán’ logrado por el Estado español: convertir una sociedad históricamente tranquila, paciente y pactista en una comunidad resistente, disidente y desobediente. Hay que hacer las cosas muy mal para conseguirlo.

Esa anomalía democrática, con todo, viene de lejos y dura demasiado. Desde 2010 nos regimos por una ley que no votamos del todo: con el apoyo del 90% del arco parlamentario, y refrendado en referéndum, el nuevo Estatut de Catalunya fue recortado y cepillado en aspectos clave por la judicatura española. Como señala el constitucionalista sevillano Pérez Royo allí se produjo el primer ‘golpe de Estado’. Desde entonces, esa excepción ha persistido. Se han suspendido más de 40 leyes aprobadas por amplias mayorías en el Parlament. Cuando decimos que no nos podemos gobernar remitimos directamente a eso: de esas 40 leyes, 26 han sido definitivamente fulminadas y anuladas por el Tribunal Constitucional, monitorizado gubernamentalmente, teledirigido políticamente y colonizado partitocráticamente. Alguna de aquellas leyes tumbadas eran tan necesarias como las de pobreza energética, igualdad entre mujeres y hombres o la de lucha contra contra el cambio climático. Cualquiera se iría de un lugar donde le maltratan, le sabotean las leyes que aprueba y donde se encarcela a sus cargos electos.

¿Qué le pasa, entonces, a la sociedad catalana y española? Si tuviéramos que sintetizarlo brevemente, recurriríamos a la paradoja: una nación sin estado se enfrenta a un estado sin nación. En gris perspectiva, la construcción histórica de España ha sido un reiterado fracaso histórico, una construcción fallida de sus élites que ha pretendido siempre homogeneizar lo que es plural, negar lo que es diverso, perseguir lo que es diferente y divergente. Y aún así, enfrentados a un durísimo nacionalismo de Estado, hemos dicho siempre que no somos nacionalistas. Ya lo hemos sufrido demasiado. Somos demócratas. Y somos independentistas, eso sí y eso siempre: reclamamos poder decidir libre y democráticamente nuestro presente y nuestro futuro. Soberanamente. Causa autodeterminación, defendemos la razón democrática de la libertad política catalana frente al principio ultranacionalista, base ideológica de la dictadura franquista, de la «inquebrantable unidad de España». Ni más ni menos y como necesaria obviedad: anhelamos para nosotros lo mismo que deseamos para todos los pueblos del mundo. Gobernarnos democráticamente.

Miedo y excepción van siempre de la mano de una propaganda oficial que es el salvoconducto de la mentira. Razón de Estado, demofobia contra democracia, porras contra urnas, la diplomacia españolista dispara cada día sus fakenews y sus postverdades absurdas pero efectivas: desde la ridícula negación de la violencia policial, hasta equipar perversamente el pacifismo activo con una criminalidad sediciosa, pasando por tratarnos de región rica y insolidaria o incardinarnos falsamente en el peligroso destropopulismo que combatimos –de Trump a Le Pen– y que recorre un mundo a la deriva. Cuando es, precisamente, todo lo contrario: las bases del proyecto republicano catalán son eminentemente democráticas, democratizantes y democratizadoras frente a una sociedad con un 23,5% en riesgo de exclusión social, un millón y medio de pobres y un paro cronificado en medio de crecientes desigualdades sociales.

Si hay algún «hecho nacional catalán» se llama, afortunadamente, migración: venidos de todas partes hemos ido construyendo una casa común, no sin dificultades, durante el siglo XX. En los últimos quince años, mientras Europa decaía por el abismo xenófobo, se ha acogido millón y medio de personas llegadas de 187 orígenes diferentes. El país antiracista que reivindicamos es así: plural y diverso, mestizo y coral.

Desde el retrovisor de la memoria, tal vez valdría la pena recordar que Franco no tubo ningún Nuremberg y no acabó, como Mussolini, en ninguna plaza partisana. La mal llamada ‘transición española de la dictadura a la democracia’ se forjó bajo la plena impunidad de los crímenes y fortunas del franquismo, la continuidad en el poder de sus élites y una espesa ley del silencio. Han pasado ya 40 años, por supuesto, y muchas cosas han cambiado hasta llegar al actual punto de inflexión inquisitorial, retroceso antidemocrático y regresión autoritaria que afecta a la sociedad catalana, pero también a tuiteros, titiriteros, humoristas y músicos en todo el Estado. Lodazales y fangos, cabrá recordar el precio de la amnesia, la factura del olvido, que todavía pagamos: 114.226 persones enterradas aun en fosas comunes y 65.000 sentencias de los tribunales franquistas contra luchadores y luchadoras antifascistas catalanes que no fueron anuladas, en un acto de reparación histórica del Parlament de Catalunya, hasta julio de 2017.

Los sueños, los malos y los buenos, suelen abolir el tiempo y empequeñecen las agendas. Pero en el dilema global de si el mundo será más o menos democrático, la sociedad catalana ha optado claramente, y años ha, por la primera. Antes de ayer, hace seis meses, las calles se llenaban bajo el “no tenemos miedo” contra los atentados yihadistas en las Rambles, en solidaridad con todas las víctimas en cualquier lugar del mundo. Antes de ayer hace un año, las calles de Barcelona acogían la mayor manifestación europea de solidaridad con los refugiados ante la inhumanidad del momento. Antes de ayer también, hace 15 años, Barcelona registraba la mayor movilización registrada nunca antes: contra la guerra ilegal que devastó Irak.

Sí, de acuerdo, es posible que este sea un proyecto antihistórico: todos los que se rebelan contra la inquisición postmoderna lo son. Antihistórico porque pretende transformar situaciones injustas renunciando explícitamente a los mecanismos históricos habituales –dominación, imposición, violencia– y escogiendo siempre democracia, soberanía popular y justicia social.

Anna está en Ginebra, sí. Nunca se ha perdido ninguna de las iniciativas que nos han implicado en mil luchas sociales compartidas. Es de las que piensa que la pregunta ya no es si otro mundo es posible, sino como es posible que este sea tan imposible para tantos millones de personas. Está en Ginebra, sí, pero la conocimos hace mucho en Gusen. Arraigada a la tradición emancipadora y humanista europea, dimos con ella hace 13 años: ante las puertas del horror del campo de Mauthausen y con motivo del 60 aniversario de la liberación de los campos nazis. Hoy, lejos de casa, dignifica una comunidad política en resistencia, desde una opción sociopolítica feminista, ecologista, antifascista y anticapitalista.

Corrandas de exilio, sillas vacías y vacíos del alma, no sabemos cuando podrá volver. Para hacer que vuelva, habrá primero que derrotar toda excepción. No queremos más presos ni exiliados: ni uno más. Por eso ayer, a pesar de todo, Anna Gabriel no faltó a la cita puntual con la libertad: y por eso no compareció ante el tribunal que la persigue. No nos dejéis solos con la inquisición.

David Fernàndez (Vila de Gràcia, 1974) es periodista, activista social y exdiputado.

August Gil Matamala (Barcelona, 1934) es jurista, miembro de la Comissió de Defensa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona y expresidente de l’AED (Associación Europea de Abogados Demócratas).

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que se encuentra en la ciudad suiza de Ginebra para eludir a la justicia española, ha anunciado este miércoles que pedirá asilo político en el país alpino si el magistrado Pablo Llarena reclama una orden internacional contra ella. Por el momento el Tribunal Supremo solo ha pedido la detención de la exdiputada en territorio nacional, rebajando la petición de la Fiscalía que reclamaba una orden internacional.

Según ha explicado este miércoles en una entrevista concedida al Telenoticies de TV3, su salida a Suiza responde a una estrategia política que busca “poner al Estado español ante un espejo” y denunciar que les “persigue por hacer política”. “Se nos persigue por lo que somos y lo que pensamos, como se puede ver en los autos”, ha asegurado Gabriel.

Sobre la estrategia de defensa que ha elegido, Gabriel ha asegurado que la estrategia de la CUP ante la instrucción que sigue el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas previó un desdoblamiento entre su compañera Mireia Boya, que sí acudió a declarar, y ella, que ha optado por no hacerlo. “Queríamos salir al exterior y denunciar la falta de derechos civiles y políticos que tenemos”, ha asegurado la exdiputada, asegurando que su deseo es que la causa se archive cuanto antes.

La militante de la izquierda independentista ha denunciado además lo que considera una “falta de garantías” en el proceso que se sigue contra ella. “Se nos persigue por hacer política. Aún no sabemos de qué se nos acusa. Los hechos que nos imputan no existen”, ha asegurado.

Preguntada sobre el posible perjuicio que su salida del país pueda causar al resto de los encausados y presos, Gabriel ha asegurado que el derecho penal debe ser “individualizado”. Con todo ha asegurado que podría pasar, puesto que en su opinión las resoluciones de Llarena “se alejan mucho de lo que debería ser el derecho penal”.

El Gobierno de Suiza ha asegurado que rechazará la petición de extradición de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que permanece en el país y se ha negado a viajar a España para declarar ante el Tribunal Supremo por su implicación en el proceso independentista.

El portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli, ha declarado al diario local 'Le Temps' que Suiza rechaza 'a priori' proceder con la extradición de Anna Gabriel.

“Se trata con toda probabilidad de un delito político. Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ninguno de esos motivos”, ha afirmado Galli.

El portavoz de la Oficina Federal de Justicia ha dicho que su departamento no ha recibido todavía ninguna comunicación de las autoridades españoles.

Orden limitada al ámbito nacional

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una orden de detención nacional contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, una vez que ha constatado que no se ha presentado a su citación. El juez no accede de esta manera a la petición que le había formulado la Fiscalía, que había pedido una orden de detención internacional.

Carlos Herrera ha criticado el aspecto físico de la diputada de la CUP Anna Gabriel hablando: “Lo que hace es abandonar el feísmo, ponerse desodorante, vestirse un poquito de Chanel”. “Es tan pija que parece Rita Maestre. Ahora que, en el fondo, cuando la mona se viste de seda mona se queda, ¡eh!”, ha dicho Herrera también durante su monólogo matinal de este miércoles.

El columnista Pedro Narváez ha escrito un artículo en La Razón en el que asegura haber visto “cosas que nunca creeríamos” como “Anna Gabriel aparecer como en el capítulo final de Betty la fea, en el que la protagonista se quitaba las gafas y el corrector dental para que el patito feo se convirtiera en cisne”. Ha usado exactamente la misma expresión que el locutor de la COPE: “El corte del hachazo borroka ha sido suavizado por una melena armónica que descubre un rostro que hasta ahora aparecía maltratado por ese autodestructivo corte. El feísmo como una de bellas artes de la política”.

Dice además que para la CUP y otros grupos que prefiere “no pronunciar” el comentario resultará machista “porque cualquier reflexión de un hombre es machista por naturaleza”. “He de pedir disculpas porque la trayectoria política, el intelecto y los motivos de la tocata y fuga de Anna Gabriel me interesan poco, tirando a nada. Me parece algo así como una piltrafa”, remata.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una orden de detención nacional contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, una vez que ha constatado que no se ha presentado a su citación. El juez no accede de esta manera a la petición que le había formulado la Fiscalía, que había pedido una orden de detención internacional.

En un auto, Llarena constata la incomparecencia de Gabriel “sin alegar causa legítima que se lo impida”. Por lo tanto, según el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede dictar una orden de detención. Esta tendrá ámbito nacional, lo que supone que Gabriel será detenida solo si entra en España, la misma situación en la que se encuentra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

La Fiscalía del Tribunal Supremo había pedido al Supremo que dictase la orden internacional de detención contra Gabriel una vez que se ha había comprobado su intención de no acudir a las citaciones. En un escrito entregado al juez Pablo Llarena, la Fiscalía pide que esa orden de detención vaya acompañada de un auto de ingreso en prisión.

En el escrito, la Fiscalía recuerda que Gabriel no se ha presentado a ninguna de las dos citaciones -para la primera pidió un aplazamiento- y que se encuentra en Suiza “según noticias aparecidas en medios de comunicación”. “Habiendo eludido la acción de la justicia”, dice la Fiscalía, procede que el juez dicte prisión provisional contra la exdiputada de la CUP “para proceder a su posterior reclamación ante las autoridades competentes de Suiza”.

Con el auto de prisión dictado, la Fiscalía reclama al juez que inicie esos trámites para ordenar “la busca y captura internacional de la investigada y su detención preventiva”, de la que se tendría que hacer cargo Interpol.

Gabriel estaba citada para este miércoles, pero en una entrevista a un diario suizo ya anunció que se quedaba en el país helvético y que no se presentaría en el Tribunal Supremo. Su abogado confirmó esas intenciones en un escrito enviado al juez Llarena.

Los indicios contra la exdiputada de la CUP distan mucho de los que existen contra los principales investigados en la causa. Gabriel fue citada en una segunda tanda de comparecencias que abarcaba a los miembros del supuestos Comité Estratégico que, según los investigadores, diseñaron e implementaron los planes para lograr la indepencia. En esa misma situación está Mireia Boya, exdiputada de la CUP que compareció la semana pasada. En su caso, abandonó el Supremo sin medidas cautelares.

Si hay dos principios que definen a Anna Gabriel (Sallent, 1975) son el feminismo y el activismo. Licenciada en Derecho y Educación Social, Gabriel se crió en una familia nada dada a la resignación. “Mi padre venía de la provincia de Huelva, del flujo de las migraciones que llega de las minas de Riotinto a la de Sallent; y mi madre, pese a ser nacida en Sallent, procede de una familia de la primera hornada minera, procedente de Murcia. Gente pobre. Gente concienciada”, rememoraba hace un tiempo en una publicación de la CUP.

A Gabriel le gusta definirse como “un producto de la clase trabajadora” y uno de sus referentes es su abuelo, un minero militante de la CNT que creía tanto en el comunismo libertario que llegó a quemar su dinero en la plaza del pueblo. Es ese abuelo quien le enseñó a reivindicar con “la cabeza alta” sus orígenes obreros. “Mi infancia, por suerte, me ha determinado. Tienes la capacidad de detectar muy rápido donde están las necesidades y, por lo tanto, donde debe estar la justicia”, le confesaba hace un año a Pablo Iglesias en el programa 'Otra Vuelta de Tuerka'. La patria como infancia, según la definición de Rilke.

Ella y su hermano fueron los primeros independentistas de la familia. Ahora, su madre, que procedía del PSUC, también lo es. Gabriel se inició en la militancia política cuando tenía 16 años y con 21 impulsó la Coordinadora d'Associacions per la Llengua. Se alistó en una candidatura municipal de la CUP para acabar con la hegemonía de CiU en su pueblo. Sallent es una población de 6.500 habitantes en la que, según la descripción de la dirigente cupaire, “manda más la mina que el pueblo”, en referencia al poder de la empresa Iberpotash. Allí conserva a sus amigos de toda la vida, y una de las citas que nunca se perdía era el Carnaval. Le gusta disfrazarse con la gente del 'ateneu'. O le gustaba, porque este año la rúa le pilló ya fuera del país.

Esta exdiputada reinvindica con orgullo que no es hija de ninguna élite ni pertenece a una clase dominante. En una Catalunya en la que las llamadas 300 familias de la burguesía aún influyen, y mucho, el protagonismo de políticas como Gabriel denota que algunas cosas sí han cambiado.

En su paso por el Parlament, primero como coordinadora del grupo y en la última legislatura ya como diputada, nunca se acostumbró a las alfombras rojas y era poco dada a hacer amigos con representantes de otros partidos. “No era de las que iban a tomar café al bar del Parlament”, resume uno de sus compañeros en esa etapa.

Con el transcurso de la legislatura ganó visibilidad y, con ella, el sobrenombre de “comandanta”, utilizado entre los partidarios de la izquierda independentista en referencia a la Comandanta Ramona, histórica líder zapatista. La CUP, de hecho, tiene en el movimiento indígena de Chiapas uno de sus referentes políticos. El “mandar obedeciendo”, en el anticapitalismo catalán, ha tomado forma de un partido sin líderes, que, sin embargo, ha encumbrado una 'Comandanta Gabriel'.

Sonrisa y puño en alto

Sus rivales políticos, dentro y fuera de la CUP, pueden dar cuenta que detrás de una aparente fragilidad se esconde una negociadora más que dura. Artur Mas lo sabe mejor que nadie. Ironías de la vida, el día en que el expresident declaraba en el Supremo, los titulares se los ha llevado Gabriel confirmando que se queda en Suiza. Sonrisa y puño en alto, esa es la imagen que mejor retrata a la dirigente de la CUP.

En su época como diputada intentó “blindarse de las perversidades mediáticas”. La polémica creada por su defensa de la crianza de los hijos en comunidad la hizo aún más refractaria a relacionarse con los periodistas.

Gabriel es de las que defiende que el flamenco es cultura catalana. Como lo son las jotas o el garrotín, añade. En su coche escucha a los Estopa de la primera etapa. “Me rebela que haya una tradición catalana que crea que solo la sardana, el flabiol y la barretina son cultura popular catalana”, confiesa.

No tiene hijos pero si los tuviese les cantaría canciones de Ovidi Montllor. Es probable que estos días les tararease 'Perquè vull' y les susurrase aquello de que todo empieza en uno mismo.

La búsqueda de refugio –o huida, depende de a quién se pregunte– de Anna Gabriel en Suiza ha abierto un nuevo frente internacional en la causa por rebelión. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena constatará este miércoles que la exdiputada de la CUP no acude a su declaración como imputada. A partir de ahí el magistrado puede decidir activar una petición de extradición al país alpino.

La intención de Llarena es dictar auto de procesamiento a finales de marzo o principios de abril para los investigados que permanecen en España –a día de hoy, 22–, según los cálculos que se hacen en el propio Supremo. Esa decisión irá acompañada de la reactivación de la euro–orden contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers en Bélgica, ya con el peso de estar asentada en el citado auto de procesamiento. La petición de extradición a Suiza se podría cursar junto a la euro–orden hacia Bélgica.

Los plazos de la extradición: un mínimo de un año

El abogado suizo Daniel Ordás, promotor de la reforma constitucional reforma13 explica que, a diferencia de las euro–órdenes con países de la UE como Bélgica, las solicitudes de entrega entre España y Suiza se rigen por lo previsto en el Convenio Europeo de Extradición. “No es el mismo trámite que la euro–orden y hay que pasar varias cribas”, apunta Ordás, que añade que el proceso podría durar “como mínimo un año”. Recuerda además que formalmente, antes de activar la petición de extradición, el Supremo debe emitir una orden de detención contra Gabriel.

A diferencia de Bélgica, en Suiza no hay delitos con los que la extradición sea automática –como intentó en la primera euro–orden la Audiencia Nacional marcando la casilla de corrupción. Tras la primera decisión de la Oficina Federal de Justicia belga, cabrían hasta dos instancias más para recurrir, tal y como ha mostrado gráficamente en Twitter el jurista y exletrado del Constitucional Joaquín Urías.

En concreto, las solicitudes de extradición entre España y Suiza se rigen por lo previsto en el Convenio Europeo de Extradición de 1957 así como de sus dos protocolos adicionales de 1975 y 1978 y el convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985.

El delito equivalente en el Código Penal suizo

El delito equivalente en el Código Penal suizoLos requisitos indispensables para que se curse la extradición son que se cumpla el principio de doble incriminación –que el delito investigado en España también sea delito en Suiza– y que esté castigado con más de un año de prisión. Ordás apunta que el delito “más equivalente” a la rebelión y a la sedición en el Código Penal suizo es la alta traición, regida por el artículo 265 de la normativa helvética.

Este delito castiga con un mínimo de un año de cárcel (no hay pena máxima) a los que quieran cambiar la constitución suiza o la de un cantón mediante la violencia, derrocar o impedir a través de la violencia las autoridades políticas establecidas por la Constitución ejerzan su poder o separar por la fuerza una parte del territorio suizo.

Alternativamente, apunta Ordás, la extradición se podría cursar mediante el artículo 275 de la ley penal suiza, que castiga con un máximo de cinco años de cárcel o una multa a los que busquen alterar o modificar ilegalmente el orden de la Constitución suiza o de un cantón. Sin embargo, en este artículo no aparece explícitamente la violencia y la fuerza, que sí incluyen el artículo 265 del Código Penal suizo y los delitos de rebelión y sedición del Código Penal español.

La violencia, clave

Ordás incide en que a la hora de valorar la extradición, la Justicia suiza se pronunciará sobre dos de los aspectos que sobrevuelan la causa por rebelión del Supremo. Por un lado, la violencia que el juez Llarena ve en la cúpula independentista para llevar a cabo la secesión. Y también sobre si el delito por el que se persigue a Gabriel es “político”, lo que llevaría a rechazar la extradición.

“La cuestión de la violencia es clave. ¿Se puede trazar una línea de unión entre quién acosa a la Guardia Civil en una manifestación y los supuestos líderes de la rebelión? Creo que Anna Gabriel no ha pegado a nadie, ni ha ordenado ni avalado ningún tipo de violencia en Catalunya”, asevera Ordás.

Los “motivos políticos” para rechazar la extradición

Una de las bazas donde la defensa de Gabriel ha depositado más esperanzas es la prohibición del país helvético de extraditar a reclamados por motivos políticos, lo que a juicio del letrado de la exdiputada, Benet Salellas, ocurre en la causa por rebelión.

Ordás se muestra escéptico en este punto. “Denegar por motivos políticos la extradición sería muy improbable. Suiza no se metería en un terreno tan pantanoso como tener que decirle a un estado, que al fin y al cabo es su socio, que aplica el derecho con criterios políticos”, apunta el letrado.

La petición de asilo

La propia Gabriel ha explicado este martes en sendas entrevistas en medios suizos que una vez Llarena curse la orden de extradición, pedirá asilo político a Suiza, algo que discurrirá en paralelo a la decisión de la Justicia helvética. Ordás también ve poco probable que el país helvético conceda asilo a Gabriel, habida cuenta de que en la mayoría de casos el asilo se concede a ciudadanos de dictaduras o países con graves deficiencias democráticas.

El simbolismo de Ginebra

“Jurídicamente no tiene mucho sentido que Gabriel haya venido a Suiza porque en España no habría terminado en prisión provisional, visto lo ocurrido con Mireia Boya, Marta Rovira y Marta Pascal. Probablemente la extradición se conceda, pero dentro de un año”, apunta Ordás.

El abogado recuerda que Ginebra, la ciudad donde se ha establecido Gabriel, alberga una sede de la ONU, lo que comporta que el caso de la exdiputada de la CUP gane repercusión internacional y mediática (dos de los principales medios suizos han entrevistado a Gabriel este martes.

“Las soluciones al conflicto catalán pasan por la política y no por la judicialización. Creo que no están acertados tanto los que piensan que una instancia extranjera presionará a la justicia española como los que creen que todo se resuelve sólo con las leyes españolas”, concluye Ordás.

Anna Gabriel no acudirá este miércoles a declarar ante el Tribunal Supremo. Así lo ha anunciado este martes en sendas entrevistas a la radio televisión suiza y al periódico Le Temps. Su defensa, ejercida por el abogado y exdiputado de la CUP Benet Salellas, también lo ha comunicado formalmente al juez Pablo Llarena. “Como no tendré un proceso justo en casa, he buscado un país que pueda proteger mis derechos”, ha declarado la exdiputada de la CUP.

Gabriel y el equipo jurídico que la acompaña en la ciudad suiza de Ginebra optaron por quedarse en el país alpino este lunes, después de que el magistrado Pablo Llarena impusiera una fianza de 60.000 euros para dejar en libertad a Marta Rovira. La decisión será comunicada por la CUP en una rueda de prensa en Barcelona este martes, en la que la Gabriel prevé intervenir por vídeoconferencia.

Este martes Gabriel ha comunicado formalmente al Tribunal Supremo que no acudirá a su citación como investigada prevista para este miércoles ordenada por el juez Pablo Llarena. En un breve escrito de dos párrafos, el letrado Benet Salellas considera que “no existe derecho a un juicio justo” para Gabriel en la causa por rebelión y que sus derechos fundamentales se verían “gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente” su participación en el caso.

La exdiputada queda a la espera ahora de que el juez Pablo Llarena pueda activar una petición de extradición a la justicia suiza. “La extradición sería ilegal. No hay ninguna base para sostener que he cometido un delito de rebelión y tenemos todas las bases para sostener que es una persecución política”, ha aseverado Gabriel a la televisión suiza. Ha explicado además que su intención es instalarse en Ginebra y buscar trabajo en Suiza. De producirse una orden de extradición, ha añadido, pediría asilo al país helvético. 

El equipo jurídico que da apoyo a Gabriel se mantenía a la espera de conocer la decisión del juez sobre los encausados que han declarado este lunes. La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha quedado en libertad, pero la imposición de una fianza para Rovira ha acabado decantando a los cupaires en la idea de que Gabriel se mantenga en Suiza ante el riesgo de acabar en prisión. Los anticapitalistas consideran además que la actuación del Supremo es una “persecución política” contra el independentismo, y así quieren demostrarlo internacionalmente.

El objetivo de la exdiputada y los suyos optando por la vía suiza es abrir un segundo frente para la justicia española en otro país europeo, después de que Puigdemont y los exconsellers que le acompañan consiguieran desde Bélgica que España retirase la euroorden contra ellos. El caso de Suiza tiene diferencias de calado con el de Bélgica, pues el sistema de órdenes europeas no existe al no ser un país comunitario. El equipo de Gabriel considera que España necesitaría demostrar que hubo violencia para conseguir una extradición.

En Suiza no existen los delitos de rebelión y sedición por los que se investiga en el Supremo a Gabriel, pero sí el de secesión. Sin embargo, como ocurre en España con los delitos políticos, la secesión en Suiza implica el empleo de violencia. Los abogados de la exdiputada consideran que este es el punto débil de la justicia española y el que podrían aprovechar para hacer que toda la causa quedase cuestionada en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Gabriel se encuentra en Ginebra ya hace un mes, al menos desde el pasado 21 de enero, y durante todo este tiempo se ha dedicado a preparar su defensa internacional. Para ello los anticapitalistas han trabajado con el abogado Olivier Peter, conocido en España por ser el letrado que consiguió la derogación de la llamada 'doctrina Parot' que se aplicaba contra miembros de ETA condenados por delitos de terrorismo.

Su abogado en España, Benet Salellas, hará tándem con Peter en la defensa de Gabriel, que tendrá un obvio componente internacional y, además, seguirá la estrategia ya comenzada por su compañera Mireia Boya de plantear el juicio en términos políticos. “La persecución política al independentismo toma nuevas formas y alcanza nuevos espacios”, aseguró Gabriel este domingo en el primer mensaje enviado desde que revelara que estaba en Suiza.

Estrategia complementaria a Puigdemont

La defensa de Puigdemont y los exconsellers en Bélgica considera que la salida de Gabriel le beneficia porque Suiza reclamará pruebas de violencia para extraditarla, algo que, a su juicio, España no podrá acreditar. Además, entiende que la diversificación de frentes introduce aún más tensión en el sistema judicial español, que tendrá que lidiar con dos sistemas judiciales europeos diferentes para acreditar los delitos que imputa a los políticos catalanes.

Si desde Bruselas creen que la estrategia de la CUP es complementaria con la suya, también observan el riesgo de que Llarena reactive las euroórdenes, volviendo a comenzar el proceso que quedó abortado cuando el magistrado optó por retirar la petición el pasado diciembre. En el caso de los exconsellers, a los delitos de rebelión y sedición se les suma, entre otros, el de malversación, que siempre ha sido un delito por el que Bélgica podía detenerlos a petición de España, aunque el Supremo perdería entonces la capacidad de enjuiciarles por los delitos más graves.

Sobre Gabriel, sin embargo, no pesa este riesgo de ser acusada de malversación, ya que no ocupó cargos ejecutivos durante la legislatura. Este factor hace que el caso de la exdiputada tenga que ver solo con los delitos políticos de la rebelión y sedición. La elección de Ginebra, como la de Bruselas por los exconsellers, tiene además una dimensión simbólica: es la ciudad en la que se emplaza la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, además de ser la sede histórica de Cruz Roja o de la Sociedad de Naciones.

Anna Gabriel no se ha ido a Venezuela para huir de la justicia. A pesar de que ABC ha publicado que la exportavoz de la CUP ha huido a Caracas para evitar las posibles consecuencias de su papel en el procés, la realidad es que la exdiputada no está hoy en el país latinoamericano.

Según publica Salvador Sostres en ABC, Gabriel está en Venezuela para participar en la campaña de Nicolás Maduro y que “no sabe si volverá”. Supuestamente, cuenta la información, para imitar lo que hicieron Carles Puigdemont y varios exconsellers, que huyeron a Bélgica por el riesgo de acabar en prisión preventiva. Pero fuentes del entorno de la diputada de la izquierda independentista aseguran que Gabriel ni siquiera está en Venezuela en estos momentos.

Esta misma información la han replicado otros medios como El Español y Crónica Global, el huffingtonpost.es o ESdiario. Todos ellos hablan de que Gabriel está pensando en quedarse en Venezuela, donde se hallaría en estos momentos, para evitar la acción de la justicia.

“No damos credibilidad al ABC ni a Salvador Sostres [el autor de la información] y nos mantenemos en lo que hemos dicho hasta ahora: la estrategia de defensa se está acabando de trabajar y se hará pública cuando lo consideren los abogados”, aseguran fuentes del entorno de la candidatura de la CUP.

Tanto Anna Gabriel como su compañera de formación Mireia Boya están llamadas a declarar en el Tribunal Supremo ante el juez Llarena, después de que sus nombres fueran incluidos por la Guardia Civil como miembros de un supuesto “comité estratégico” del independentismo.

En concreto, Gabriel está citada para declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo el próximo 21 de febrero. La CUP mantiene la incógnita sobre si lo harán o preferirán no presentarse como otros miembros de la izquierda independentista han hecho en otras ocasiones.