El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha sido condenado por el Tribunal Correccional de París a cinco años de prisión por asociación ilícita y absuelto de los cargos que pesaban sobre él por encubrimiento de malversación de fondos públicos y corrupción pasiva en el Caso Libia por la financiación de su campaña presidencial de 2007.

Sarkozy estaba acusado de haber sellado “un pacto de corrupción” en 2005 con el dictador libio Muamar el Gadafi, cuyo régimen había enviado grandes cantidades de dinero a cambio de contrapartidas financieras, diplomáticas e industriales, según la acusación.

La condena conlleva también una multa de 100.000 euros, frente a los 300.000 que reclamaba la fiscalía, que pedía siete años de prisión para el antiguo dirigente. La resolución indica que la sentencia se ejecutará incluso si Sarkozy la recurre, y que en el plazo de un mes deberá comparecer para que se le comunique la fecha de entrada en prisión, según explican varios medios franceses.

El antiguo mandatario solo podría evitar la prisión si solicita y se le concede la libertad condicional en atención a su edad, pues ya tiene 70 años.

La sentencia precisa que la responsabilidad penal de Sarkozy solo se extiende hasta el 15 de mayo de 2007: ese día asumió el cargo de presidente y los magistrados consideran que en adelante estaba protegido por la inmunidad aparejada al puesto.

El caso se hizo público en 2012, cuando la web Mediapart desveló una nota de Moussa Koussa, jefe de los servicios de inteligencia exteriores libios, fechada el 10 de diciembre de 2006 y dirigida a Bechir Saleh, director de gabinete de Gadafi y presidente del principal fondo de inversión ligado al Estado libio.

En dicha nota se autorizaba la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por valor de 50 millones de euros tras una reunión celebrada en Libia el 6 de octubre de 2006 con Brice Hortefeux, estrecho colaborador del expresidente francés y futuro ministro en varios de sus gobiernos.

La nota no ha sido la prueba de cargo de la investigación y, de hecho, la presidenta del tribunal ha dudado de su veracidad durante la lectura de la sentencia. Otorga más valor a las reuniones oficiosas de los colaboradores del futuro dirigente francés con cargos del gobierno libio.

El propio Hortefeux también ha sido condenado a dos años por asociación ilícita y, al contrario que su superior, por complicidad en la financiación electoral de la campaña electoral.

Claude Guéant, a la sazón jefe de Gabinete de Sarkozy y más tarde ministro de Interior, ha sido condenado a seis años. El tribunal ha determinado que es culpable del uso de documentos falsificados, blanqueamiento agravado, tráfico de influencias, corrupción pasiva y asociación ilícita.

Tras anunciarse la sentencia, Sarkozy ha criticado en declaraciones a la prensa que la condena es un “escándalo” y ha insistido en que es “inocente”.

La presidenta del tribunal señaló que el entonces pretendiente al Elíseo permitió que esos dos próximos colaboradores, que posteriormente ocuparían puestos destacados durante su mandato presidencial, “obtuvieran apoyos financieros” de Trípoli para la caja de la campaña de 2007, según detalla EFE.

Sarkozy ya ha sido condenado en dos procesos anteriores, uno por corrupción y tráfico de influencias, por el que fue sentenciado a un año de cárcel y que ya es firme; y otro por la financiación de su campaña de 2012, por el que fue sentenciado en Apelación a seis meses de prisión y está pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo.

De todos los procesos judiciales en los que está inmerso Nicolas Sarkozy, el llamado affaire libio es sin duda el más grave. El expresidente francés conocerá este jueves en el Tribunal Correccional de París el veredicto del proceso judicial sobre la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 por parte del régimen de Muamar el Gadafi. Está acusado de haber sellado “un pacto de corrupción” en 2005 con el dictador libio, cuyo régimen habría enviado grandes cantidades de dinero a cambio de contrapartidas financieras, diplomáticas e industriales.

El juicio por “corrupción, encubrimiento de malversación de fondos públicos, financiación ilegal de campaña y asociación ilícita” se celebró en París entre el 6 de enero y el 10 de abril de este año. La fiscalía pide una pena de siete años de prisión contra Sarkozy. Junto al antiguo jefe de Estado francés también fueron juzgados tres de sus exministros, además de varios intermediarios y altos cargos del régimen libio.

La nota de Moussa Koussa

El caso se hizo público en 2012, cuando la web Mediapart desveló una nota de Moussa Koussa, jefe de los servicios de inteligencia exteriores libios, fechada el 10 de diciembre de 2006 y dirigida a Bechir Saleh, director de gabinete de Gadafi y presidente del principal fondo de inversión ligado al Estado libio.

En dicha nota se autorizaba la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por valor de 50 millones de euros tras una reunión celebrada en Libia el 6 de octubre de 2006 con Brice Hortefeux, estrecho colaborador del expresidente francés y futuro ministro en varios de sus gobiernos.

Para Nicolas Sarkozy y su defensa, se trata de una venganza de exfuncionarios libios y del clan Gadafi por haber liderado la coalición que derrocó al régimen. Apuntan que Koussa ha dado versiones contradictorias sobre la nota y señalan que entre el inicio de la guerra, en febrero de 2011 y la muerte del dictador, en octubre, hubo tiempo de sobra de publicar muchas de las pruebas que hoy faltan a la Justicia.

No obstante, la instrucción habla de “un conjunto de testimonios coincidentes de antiguos dignatarios libios” que atestiguan que Nicolas Sarkozy, “aprovechando” su viaje a Libia en octubre de 2005, solicitó a Muamar el Gadafi un apoyo financiero oculto para la campaña presidencial de 2007.

Después, ya instalado en el Elíseo, Sarkozy visitó Trípoli en viaje oficial el verano de 2007 y poco después recibió en París al líder libio, que se hallaba en plena campaña diplomática para salir del aislamiento internacional y levantar las sanciones que pesaban contra el régimen.

Causas de la intervención

Sin embargo, para 2011, el contexto político había cambiado radicalmente: Nicolas Sarkozy se puso al frente de una coalición internacional para intervenir en una Libia en plena insurrección. La existencia de un pacto de corrupción entre ambos jefes de Estado podría haber sido un factor oculto en la toma de decisiones que llevó a la intervención militar.

“La mejor forma de borrar pruebas comprometedoras es la guerra”, resumía hace unos meses el periodista de Mediapart Fabrice Arfi, coautor también del libro Avec les compliments du guide y del documental Personne Comprend rien. “Las razones por las que entramos en la guerra son falsas. Y no soy yo quien lo dice, es el Parlamento británico”.

Una referencia al informe del comité de Asuntos exteriores británico publicado en 2016 menciona “el propio interés político” como uno de los motores de la intervención y apunta el hecho de que “el presidente Sarkozy y su Gobierno se mostraron muy decididos al respecto desde el principio”.

El caso es especialmente complejo, por la nutrida presencia de intermediarios, la falta de pruebas documentales, la variedad circuitos financieros para que el dinero se moviese de Trípoli a París y las declaraciones contradictorias de algunos testigos.

Sin embargo, la fiscalía y las tres asociaciones anticorrupción que se personaron en la causa (Anticor, Transparency International y Sherpa) insistieron en que “en materia de corrupción no existe la prueba perfecta, pero que el conjunto de indicios graves y concordantes es una prueba”. Y, en este caso “va más allá de los indicios”.

Libreta de notas

Además de la nota de Moussa Koussa y de las acusaciones de miembros de la familia Gadafi, la justicia francesa dispone de una libreta que pertenecía a Shukri Ghanem, ministro del Petróleo libio en esa época, en la que se mencionan varias reuniones con Hortefeux y Claude Guéant –jefe de Gabinete de Sarkozy y futuro ministro– y de envíos de dinero dirigidos al entorno de Nicolas Sarkozy y su partido. Shukri Ghanem fue hallado muerto en Viena en 2012, en circunstancias misteriosas.

Otro de los “indicios” examinados por el tribunal tiene que ver con la exfiltración de Bechir Saleh, el gran tesorero del Estado libio, hacia Francia en el momento de la caída del régimen. Arrestado por una de las facciones de opositores al régimen, se le trasladó a París vía la embajada francesa en Túnez. Poco después, en el momento en que se dictó una orden de arresto internacional contra él, dejó el país rumbo a Sudáfrica. Los jueces creen que el director general de Seguridad Interior de la época, Bernard Squarcini, orquestó la operación.

Una de las piezas centrales es el testimonio de Ziad Takieddine, intermediario libanés, conocido en Francia por su participación en otro escándalo de Estado (el Affaire Karachi). Takieddine forma parte de los acusados y el tribunal sospecha que fue el encargado de orquestar el traslado de fondos. Con el tiempo, Takieddine habría sido sustituido por un segundo intermediario, Alexandre Djouhri.

Los múltiples cambios de versión de Takieddine (los medios franceses estiman que ha dado 16 versiones del caso) y su rencor por Sarkozy son otro de los argumentos de la defensa para pedir la absolución. Takieddine es además protagonista de uno de los episodios más rocambolescos de la instrucción, que a su vez ha dado pie a otra causa judicial. A finales de 2020, el intermediario se retractó de todas sus declaraciones sobre Sarkozy en una entrevista a Paris-Match, solo para después volver a desdecirse.

Soborno de testigos

La justicia francesa cree hoy que recibió la promesa de varios millones de euros por parte de varias personas, entre ellas la llamada reina de los paparazzi de la prensa francesa, Mimi Marchand. Sarkozy también fue imputado en esta investigación por “encubrimiento de soborno de testigos” y “participación en una asociación ilícita con el fin de cometer el delito de estafa judicial en banda organizada”. También fue imputada por los mismos cargos su esposa, Carla Bruni.

Una de las contrapartidas que esperaba el Gobierno libio en el presunto pacto de corrupción es la retirada de cargos internacionales contra Abdallah Al-Senoussi, cuñado de Gadafi y jefe de los Servicios de Inteligencia. Al-Senoussi fue condenado en Francia en 1999 a cadena perpetua, tras el atentado contra el avión DC-10 de la UTA que costó la vida a 170 pasajeros, entre ellos 54 franceses, y pesa sobre él una orden de detención internacional.

Según los jueces, Claude Guéant, mano derecha de Sarkozy, acudió a una reunión privada con Al-Senoussi para abordar la cuestión. Por eso las familias de las víctimas también forman parte de la acusación particular y estuvieron presentes en el tribunal durante las vistas.

“Para las familias [se ha establecido que] hubo un grupo organizado de seis personas que había ideado un plan a fin de disponer de ingresos ocultos, para hacer realidad el sueño de infancia de Nicolas Sarkozy [ser presidente]”, expuso en su alegato Vincent Ollivier, uno de los abogados de las víctimas. “Un grupo que no veía ningún inconveniente en absolver al asesino de sus seres queridos”.

Otra de esas contrapartidas sería el desarrollo acelerado de plantas nucleares en territorio libio. Así se desprende del testimonio de la directora de la multinacional francesa de la energía nuclear Areva, Anne Lauvergeon, que ha relatado presiones para acelerar los contratos.

En la trama, Claude Guéant, mano derecha de Nicolas en el Ministerio del Interior y posteriormente en el Elíseo, desempeñó, según la acusación, “un papel esencial” en la recepción de los fondos, cuya cuantía exacta no se ha podido establecer. Guéant multiplicó los contactos con los intermediarios Takieddine y Djouhri y alquiló una caja fuerte en un banco francés “en la que una persona cabía de pie”. Él afirma que era para guardar documentos y discursos de campaña de Nicolas Sarkozy, los jueces creen que era para almacenar el dinero en efectivo.

Cuadros, paraísos fiscales y efectivo

El tribunal también cree que Guéant se enriqueció personalmente y que recibió 500.000 euros a través de un circuito financiero particularmente complejo, gracias a la intervención de una familia saudí, los Bugshan. Así pudo comprarse un apartamento en el 16º distrito de París, compra que él defiende haber financiado con la venta de dos cuadros de un pintor renacentista holandés, por el que un abogado malayo (al que la Justicia no ha conseguido localizar) habría pagado diez veces más de su valor estimado.

Pese a la dificultad de seguir el rastro de las transacciones, la Fiscalía Nacional Financiera pudo identificar parte de los tres millones de euros prometidos por Senoussi a los colaboradores de Sarkozy, mencionados en una de las libretas de Ghanem. El dinero llegó en enero de 2006, a una de las cuentas bancarias de Ziad Takieddine, que viajaba regularmente a París para reunirse con Hortefeux y Guéant. Una parte fue transferida después a una cuenta en las Bahamas de Thierry Gaubert, antiguo colaborador del expresidente francés.

En el escrito enviado al tribunal, las dos últimas juezas de instrucción que han llevado la causa resumieron la sucesión de dificultades con las que se ha encontrado la Justicia en la década en la que se construyó la causa contra Sarkozy, incluyendo la falta personal dedicado, “el bajísimo nivel de cooperación judicial internacional” y “la falta de voluntad política en Francia”, además de intentos de “manipulación” y “desestabilización”.

Hoy se cumplen 14 años del gesto de desesperación de un ciudadano tunecino que desencadenó una de las revueltas más importantes en lo que llevamos de siglo. Un 17 de diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante se quemaba a lo bonzo impotente ante la corrupción policial y la pobreza endémica. Los tunecinos reaccionaron saliendo a la calle para protestar, desafiando un día tras otro la represión brutal de un régimen que terminó cayendo un mes después con la huida del país del presidente Ben Alí. Enseguida estas protestas se reprodujeron en Egipto, y acabaron con el régimen de Mubarak, y de ahí pasaron a Libia, Siria y otros países árabes incluso en el Golfo Pérsico en un fenómeno que desde Occidente bautizamos como la Primavera Árabe. 

Hablamos con Francesca Cicardi, periodista de elDiario.es especializada en esta parte del mundo y testigo de las históricas acampadas ciudadanas en la plaza Tahrir de El Cairo y de la caída del régimen de Gadafi en Libia, para recordar en qué consistieron estas revueltas y cómo han terminado cuando en Siria se acaba de producir la histórica caída del régimen de Bashar Al Asad. 

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La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de Francia ha solicitado la imputación del expresidente francés Nicolas Sarkozy y varios de sus colaboradores por una posible financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007 por parte de la Libia de Muamar Gadafi.

Esta misma semana, los investigadores financieros han interrogado al expresidente por un presunto soborno a un traficante de armas franco-libanés que le acusó de recibir dinero libio para su campaña de 2007. La Oficina Central de la Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales sospecha que Sarkozy presionó a Ziad Takkiedine para que retirase las acusaciones en su contra. En 2020 Takkiedine cambió radicalmente de versión y retiró las acusaciones.

El expresidente, además, está implicado en múltiples procesos judiciales y ha sido condenado dos veces, una en primera instancia y otra en apelación. El pasado 17 de mayo el Tribunal de Apelación de París confirmó la condena de tres años de prisión (incluido uno de internamiento que cumplirá bajo arresto domiciliario) por el llamado ‘caso de las escuchas’.

Sarkozy también fue condenado en 2021 por el llamado ‘caso Bygmalion’, relativo a un sistema de facturas falsas orquestado para manipular las cuentas de su campaña presidencial en 2012. El juicio de apelación de este caso tendrá lugar en noviembre.

Caso de las escuchas

En el caso de escuchas telefónicas, también llamado ‘caso Bismuth’, a Sarkozy se le acusa de haber intentado obtener de un magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, información confidencial sobre otro proceso judicial en el que estaba implicado (en relación a donaciones realizadas por la heredera de la casa L'Oréal, Liliane Bettencourt, por el que Sarkozy finalmente no fue condenado).

La acusación se basa en escuchas telefónicas de conversaciones entre Nicolas Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, en dos teléfonos de prepago, comprados bajo el pseudónimo Paul Bismuth, que en realidad resultó ser un antiguo compañero de clase de Herzog. Sarkozy y su abogado sabían que la línea principal del entonces presidente había sido puesta bajo escucha en el marco de una tercera investigación judicial (la de la financiación libia). Las conversaciones entre ambos se centraron en el destino de las agendas presidenciales incautadas por los investigadores.

A cambio de información relativa al proceso, Sarkozy habría prometido intervenir en favor del magistrado para que éste obtuviera un puesto honorífico (y remunerado) en Mónaco. “Es cierto que las acciones no tuvieron las contrapartidas esperadas”, señaló el Tribunal de Apelación, ya que Azibert finalmente no consiguió el puesto en el principado. Pero el fallo insiste en “la gravedad del ataque a las instituciones” que suponen las acciones del antiguo jefe de Estado y recordó que en materia de corrupción o tráfico de influencias no es necesario que los hechos se materialicen, basta la mera intención de cometerlos.

Así, el Tribunal de Apelación de París confirmó la condena del expresidente de la República a tres años de prisión, uno de ellos en internamiento (que cumplirá en arresto domiciliario con un brazalete electrónico) por corrupción y tráfico de influencias. También se confirma su inhabilitación por tres años para ejercer sus derechos cívicos, lo que le impide votar y presentarse a elecciones. Los otros dos acusados, el abogado Thierry Herzog y el magistrado Gilbert Azibert, recibieron las mismas condenas y sus abogados han anunciado un recurso de casación que deja la decisión provisionalmente en suspenso.

Caso de la financiación libia

Casi al mismo tiempo que se publicaba la sentencia sobre las escuchas en mayo, la Fiscalía Nacional Financiera solicitaba una nueva imputación de Sarkozy por el caso libio. La Fiscalía sospecha que una parte de la campaña presidencial de 2007 fue financiada con fondos procedentes del régimen de Muamar Gadafi. Consultado por la Agencia France-Presse (AFP), el escrito de acusación, fruto de 10 años de investigación, afirma que existieron “circuitos opacos de circulación de los fondos libios que acabaron dando lugar a desembolsos en efectivo en un calendario y una cronología compatibles con un uso encubierto”.

Por eso recomienda que Sarkozy sea juzgado por “ocultación, malversación de fondos públicos, corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña y asociación para delinquir”. Asimismo, se solicita la inculpación de 12 de sus colaboradores de la época, incluidos los exministros Claude Guéant y Brice Hortefeux. Los jueces de instrucción disponen de un mes para decidir sobre la apertura del proceso.

Caso Bygmalion

El tercer gran proceso judicial que debe afrontar este año Nicolas Sarkoy es el de las cuentas de la campaña de 2012 o ‘caso Bygmalion’. La investigación y el juicio han expuesto un sistema de facturas falsas entre el partido de Sarkozy y la agencia de comunicación Bygmalion, encargada de organizar los numerosos mítines de campaña. El sistema tendría por objetivo ocultar que se había superado ampliamente el límite legal de gastos electorales autorizado por la ley.

“Que mi campaña de 2012 haya costado el doble que la de 2007 es inverosímil”, llegó a exclamar Sarkozy durante los interrogatorios. “La gente habría dicho: ‘Sarkozy se ha vuelto loco, ofrece caviar al público en sus mítines”.

Según los investigadores, no sólo se superaron los límites, sino que el expresidente fue informado de ello en marzo de 2012 mediante una nota que decidió ignorar, optando por aumentar el número de actos de campaña. “Al impulsar su campaña, Nicolas Sarkozy no respetó el valor esencial de la igualdad entre los candidatos. Que asuma hoy las consecuencias junto a quienes trabajaron para él”, resumió la Fiscalía en su escrito de acusación.

En septiembre de 2021, el Tribunal Penal de París condenó a Sarkozy a un año de prisión firme por “financiación ilegal de campaña”. Sarkozy y otros 12 de los 14 condenados han recurrido la decisión. El juicio de apelación comenzará el 8 de noviembre de 2023 y durará un mes.

Otras investigaciones en curso

Además, Nicolas Sarkozy está siendo investigado en el marco de otros dos casos. La Fiscalía mantiene abierta una investigación preliminar por “tráfico de influencias” desde 2020 en relación a una transferencia bancaria de 500.000 euros recibida por Sarkozy a principios de ese año como parte de un contrato de asesoramiento con el grupo asegurador ruso Reso-Garantia.

Según el medio Mediapart, que reveló la existencia de la investigación, “la justicia está tratando de verificar si el exjefe de Estado sólo actuó como consultor, lo que sería perfectamente legal, o si participó en actividades de lobby potencialmente delictivas en nombre de oligarcas rusos”.

Y este mismo año se autorizó la apertura de otra investigación preliminar por “violación del secreto de instrucción” a causa de un comunicado de prensa publicado por el Elíseo en 2011, durante la presidencia Sarkozy. En él se hacía pública información sobre el proceso judicial de Karachi, un caso de comisiones ilegales por la venta de material de defensa que se remonta a 1995. El expresidente podría ser objeto de una acusación por interferir en dicho proceso judicial.

Inmunidad y sobreseimiento

Además del horizonte judicial que tiene por delante, cabe recordar que ya ha dejado atrás varios procesos importantes. En el citado affaire Bettencourt, en el que estuvo acusado de abuso de confianza, tráfico de influencias y ocultación, el caso fue sobreseído en 2013. Mismo desenlace para otra investigación judicial abierta por las sanciones económicas impuestas por superar el límite de gasto de la campaña de 2012 (los hechos juzgados en el ‘caso Bygmalion’), que Nicolas Sarkozy debería haber reembolsado pero que inicialmente pagó con dinero del partido.

Sarkozy también se ha beneficiado de la inmunidad que corresponde al ejercicio de la presidencia en otros dos casos, el primero resultante de un arbitraje del Estado francés que concedió 404 millones de euros al empresario Bernard Tapie como compensación por las pérdidas que supuestamente sufrió en la venta de Adidas al banco Credit Lyonnais. El arbitraje, que se sospechaba parcial, fue anulado por los tribunales en 2015 y Bernard Tapie fue condenado a devolver el dinero. Christine Lagarde, que había dado luz verde al arbitraje como ministra de Economía, fue condenada en 2016 por “negligencia” por el Tribunal de Justicia de la República (que investiga los casos que envuelven a miembros del Gobierno).

También bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy se abrió una investigación que demostró la adjudicación irregular de varios contratos para realizar sondeos a empresas de dos asesores del presidente. En 2019, la justicia decidió sentar en el banquillo a seis acusados. El exsecretario general del Elíseo y exministro del Interior, Claude Guéant, fue condenado en enero de 2022 a ocho meses de prisión, de los que cumplió dos en internamiento en la prisión de la Santé en París.

Mohammed Abouagela Masud, el ex agente de los servicios de espionaje libios acusado de preparar la bomba que en 1998 derribó el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie (Escocia), está bajo custodia estadounidense después de ser secuestrado en su domicilio por un conocido señor de la guerra y de permanecer detenido por milicias armadas durante dos semanas, según ha informado The Guardian.

Masud compareció brevemente este lunes ante un tribunal de Washington, en EEUU, acusado de ser la persona que activó el temporizador de la bomba que destruyó el Boeing 747 y mató a 270 personas en el atentado terrorista más letal hasta el momento sobre territorio británico.

El Departamento de Justicia estadounidense anunció este fin de semana que había detenido a Masud, pero no dio detalles sobre cómo había llegado a Estados Unidos.

Capturado en su casa

Fuentes con conocimiento del caso en Libia dicen a The Guardian que las fuerzas leales a Abdel Ghani al-Kikili, conocido como 'Gheniwa', habían capturado a Masud en su domicilio del barrio de Abu Salem, en Trípoli.

La familia acusó en ese momento a las autoridades de Trípoli de guardar silencio sobre el secuestro y declaró a los medios locales que Masud había sido raptado por hombres armados.

Masud vivía en su casa tras salir hace seis meses de la cárcel, donde cumplió una condena de 10 años por crímenes cometidos bajo el extinto régimen de Muamar al Gadafi.

En torno a una semana después, su familia, que trataba desesperadamente de localizar al desaparecido, se puso en contacto con las personas que lo tenían en su poder. Según las fuentes, les aseguraron que Masud regresaría a casa sano y salvo en poco tiempo.

Abdulmenam Marimi, sobrino de Masud, dijo este lunes a la agencia de noticias Reuters que la familia no supo nada de que había sido trasladado a Estados Unidos hasta que salió por las noticias.

Aunque no ha sido posible confirmar todos los detalles descritos por las fuentes, que están bien situadas para conocer el caso, los expertos dicen que su relato es “muy verosímil”.

Violaciones de derechos humanos

Amnistía Internacional (AI) ha descrito a Al-Kikili como un violento jefe de milicias cuyos subordinados tienen un “historial perfectamente documentado de crímenes contra el derecho internacional, así como otras violaciones graves contra los derechos humanos”.

La SSA, milicia que según AI está dirigida por Al-Kikili, es responsable de las detenciones en casos de “seguridad nacional”. “Durante más de diez años, las milicias bajo su mando [de Al-Kikili] aterrorizaron a los habitantes del barrio de Abu Salim, en Trípoli, con desapariciones forzadas, torturas, homicidios ilegales y otros crímenes contra el derecho internacional”, dijo la organización en mayo de este año.

Al-Kikili ha desmentido las acusaciones de la ONG diciendo que la SSA tiene “mucho interés en aplicar la ley libia en primer lugar, que tiene en cuenta las normas de justicia y los derechos humanos, y funciona dentro del marco de las instituciones oficiales del Estado”.

El periódico The National, con sede en Emiratos Árabes Unidos, informó este lunes de que el sobrino de Masud había declarado que las fuerzas vinculadas al Ministerio de Defensa del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, reconocido internacionalmente, detuvieron el 17 de noviembre a su tío y lo trasladaron a Misrata, a 200 kilómetros de la capital.

Libia está dividida en dos administraciones y es escenario de una disputa por la influencia entre países como Egipto, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y naciones occidentales. El Gobierno de Unidad Nacional es el que tiene su sede en Trípoli.

No está claro cuál es la milicia que retuvo a Masud en Misrata, pero todas ellas han sido acusadas una y otra vez de múltiples abusos contra los derechos humanos, como torturas, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzosos y explotación de migrantes.

“Hoy es un buen día porque Masud se enfrentará a la justicia por su presunta responsabilidad en el atentado de Lockerbie de 1988”, dijo este lunes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. “Diré que se ha hecho de forma legal, de acuerdo con los procedimientos establecidos, para más detalles sobre cómo ocurrió, les remito al Departamento de Justicia porque ellos son los que están mejor situados para poder hablar sobre eso”.

El Departamento de Justicia de EEUU no ha respondido inicialmente a una petición de declaraciones. En un comunicado, Michael H. Glasheen, director adjunto en funciones de la oficina del FBI en Washington, declaró: “La detención legal y la comparecencia ante el tribunal del presunto autor de los atentados... es el producto de un arduo trabajo y de colaboraciones en todo el mundo”.

Los fiscales escoceses, que han participado activamente en la investigación, han dicho que la extradición de Masud a Estados Unidos se comunicó a los familiares de las víctimas.

La detonación del vuelo de Londres a Nueva York

El 21 de diciembre de 1988, el vuelo de Pan Am procedente del aeropuerto londinense de Heathrow con destino al John F. Kennedy de Nueva York explotó sobre Escocia a 31.000 pies de altura [unos 9.500 metros]. Un total de 259 personas murieron a bordo. Cuando llegaron a tierra, los restos en llamas del avión explosionado mataron a otras 11 personas en Lockerbie.

Según la declaración jurada estadounidense, Masud es una figura clave del complot, junto con Abdelbaset al-Megrahi y Al-Amin Khalifah Fhimah. En 2001, tres jueces escoceses condenaron a cadena perpetua a al-Megrahi en un tribunal especial en Países Bajos por asesinato en masa. Fhimah fue absuelto posteriormente en un juicio.

Los investigadores dicen que Masud se reunió con los otros dos en Malta, donde un alto cargo de los servicios de espionaje libios le había indicado que volara con una maleta preparada. Los otros dos hombres le pidieron que pusiera en marcha el temporizador. La maleta viajó a través de vuelos de conexión hasta llegar a la bodega del Boeing 747.

Según Estados Unidos, Masud y Fhimah se reunieron con el entonces líder libio, Muamar al Gadafi, tres meses después del atentado y él “les dio las gracias por cumplir un gran deber para la nación”.

En aquel momento, Gadafi estaba enfrentado a Occidente, pero bajo su liderazgo Libia terminó renunciando al terrorismo y aceptó en 2003 la responsabilidad por el atentado contra el avión a cambio de un alivio en las sanciones económicas.

A Masud, que durante muchos años fue un experto en explosivos del servicio de espionaje del país, lo detuvieron las fuerzas de seguridad libias tras la caída de Gadafi.

En 2017, las autoridades estadounidenses recibieron una copia de una entrevista que las autoridades libias habían hecho a Masud poco después de su detención. En la entrevista, según EEUU, Masud admitía haber fabricado la bomba del atentado de Pan Am, así como haberse puesto de acuerdo con los otros dos acusados para colocarla en el avión. Dijo que los servicios secretos libios habían ordenado la operación y que, después del atentado, Gadafi le había dado las gracias a él y a los otros, de acuerdo con la declaración jurada del FBI.

A finales de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra Masud. Sin embargo, al estar bajo custodia libia, su procesamiento seguía siendo en gran medida teórico.

Con información de David Smith en Washington.

Traducción de Francisco de Zárate.

Desde hace nueve años, la Justicia sigue el rastro del dinero procedente del régimen libio de Muamar Gadafi en el entorno de Nicolás Sarkozy. Fondos que habrían servido para financiar su campaña presidencial de 2007. Desde hace una década, la prensa francesa documenta, además, pequeñas piezas de un complejo entramado de relaciones oficiales y diplomacia paralela entre París y Trípoli que se prolongó desde 2005 hasta 2011, año de la intervención militar internacional –liderada entre otros por Francia– y de la caída del dictador. Nuevas pruebas encontradas a raíz de otro caso paralelo de corrupción debilitan aún más la defensa del expresidente francés.

Durante los últimos años de la presidencia de Jacques Chirac, Sarkozy y sus aliados más cercanos utilizaron su posición en el Gobierno para crear lazos con el país norteafricano, que salía de décadas de sanciones y embargo internacional. Se tejió entonces supuestamente una complicada red de favores, contratos y flujos de dinero que la justicia trata ahora de desentrañar. Sarkozy hizo su primera visita oficial cuando aún era ministro del Interior y cultivó la relación con el jefe de Estado libio que continuó después de su victoria en las elecciones presidenciales francesas de 2007, como demuestra la recepción a Gadafi ese mismo año, cuando instaló su jaima en el jardín del Hôtel Marigny, residencia de los invitados oficiales de la presidencia.

El rompecabezas de intermediarios e intereses del caso de la financiación libia que tratan de recomponer los investigadores suma ahora nuevas piezas, gracias a un disco duro y una memoria USB que ha estado 11 años en los armarios de la fiscalía anticorrupción, requisados como parte de otra investigación diferente, según revela Mediapart. Pruebas descubiertas este verano y que debilitan una de las líneas de defensa de Nicolas Sarkozy. 

El expresidente francés se enfrenta hoy a una acusación formal por corrupción pasiva, financiación ilegal de una campaña electoral y recepción de fondos públicos libios por la que fue detenido e interrogado en 2018. A esos cargos se añadió en 2020 el de asociación ilícita. No es el único proceso judicial en el que se encuentra inmerso. Sarkozy ya fue condenado en septiembre del año pasado a una pena de un año de prisión por la financiación ilegal de su campaña de 2012, en el llamado caso Bygmalion. Precisamente esta semana se ha anunciado la fecha del proceso de apelación, que comenzará el próximo 8 de noviembre. Se trataba, además, de la segunda condena a Sarkozy en menos de un año, ya que en marzo de 2021 un tribunal le condenó a tres años por corrupción y tráfico de influencias en el llamado “caso de las escuchas”.

Un disco duro y una memoria USB

Las autoridades hallaron los dispositivos en armarios sellados, incautados en 2011 en el marco del caso Karachi (otro escándalo de Estado alrededor de comisiones en varios contratos de defensa firmados con Pakistán). Contienen los archivos personales de Thierry Gaubert, empresario condenado por el caso Karachi e imputado también en la investigación sobre Libia.

Los agentes de la oficina anticorrupción de la policía judicial habrían encontrado en su interior múltiples documentos que mencionan las iniciales “NS” en las notas de Gaubert (“cena NS”, “regalo NS” o “reunión NS”). Sarkozy ha negado en múltiples ocasiones, ante los jueces y la prensa, tener relación alguna con Gaubert, al que afirma no haber visto desde 1996. Como señala Mediapart, los documentos suponen la prueba de que el exjefe de Estado “mintió” y de que trataba regularmente a Gaubert, a veces por mediación del exministro del Interior Brice Hortefeux, que también aparece como “B” o “BH” en las notas del empresario.

Los archivos son un registro “de toda la diplomacia paralela y los asuntos ocultos del gabinete Sarkozy”, añaden los autores del artículo. En particular una nota, fechada en enero de 2006 y etiquetada como “NS-campaña”, está además asociada a un correo electrónico en el que le desea “buen viaje” a Ziad Takieddine, personaje clave en la red de intermediarios entre Sarkozy y Gadafi, transformado después en principal acusador del expresidente francés.

Takieddine fue supuestamente el encargado de transmitir los mensajes necesarios para iniciar la normalización de las relaciones. En comunicación con los antiguos ministros de Sarkozy Claude Guéant y Brice Hortefeux (ambos imputados en el caso), Takieddine participó en conversaciones sobre intereses políticos y económicos, incluyendo contratos de hidrocarburos, defensa y tecnología. Guéant, que ocupó la Secretaría General del Elíseo y el ministerio del Interior, ya ha sido condenado a penas de cárcel en dos otros escándalos ocurridos durante la presidencia de Sarkozy. 

Ahora uno de los documentos hallados en la memoria y el disco duro viene a confirmar las “interacciones secretas” de Guéant y Hortefeux con Takieddine y Gaubert, según Mediapart. Varios testimonios recogidos por los investigadores habían mencionado reuniones entre los dos colaboradores cercanos de Nicolas Sarkozy y los intermediarios Takieddine y Gaubert, confirmadas ahora por un correo electrónico y una nota con fecha de 2006. 

Acceso al Ministerio del Interior

De autentificarse, supondrían un golpe adicional a la defensa de Sarkozy, que siempre ha afirmado que todas las acusaciones fueron fabricadas después de 2011, como venganza por su papel en la intervención en suelo Libio.

Además la memoria y el disco duro prueban que Takieddine habría sido recibido en varias ocasiones en el Ministerio del Interior, bajo la presidencia Sarkozy. “Los archivos de Gaubert demuestran que, pese a la distancia que el entorno de Sarkozy quiere poner con Takieddine, el intermediario estaba en el corazón de la maquinaria del Elíseo sobre Libia”, continúa la web de noticias. 

También habría rastro de un mensaje enviado por este último en 2009 a Thierry Gaubert, relativo a una reunión secreta entre Claude Guéant y el hijo de Gadafi, Saïf al-Islam (buscado desde 2011 por la Corte Penal Internacional, sospechoso de crímenes contra la humanidad). Precisamente Al-Islam fue el primero en lanzar la acusación contra el entonces presidente galo, en ese mismo 2011. “Sarkozy tiene que devolver el dinero que tomó de Libia para financiar su campaña electoral. Nosotros lo financiamos y tenemos todos los detalles y estamos dispuestos a revelar todo”, declaró entonces en una entrevista en Euronews.

La Resinera, el paraje donde se ha iniciado el incendio que ha puesto en jaque nuevamente a Sierra Bermeja, ya resultó afectada el año pasado y es una finca con historia en Málaga. En su día, fue propiedad del dictador libio Muamar el Gadafi. A raíz de las revueltas en Libia, que acabaron provocando su caída del poder y su ejecución, el proyecto quedó bloqueado. La Unión Europea impuso unas sanciones al régimen que impidieron el aprovechamiento de sus activos en el exterior. El terreno, controlado formalmente por el Lybian Arab Foreign Bank, sirve en la actualidad como coto privado de caza.

Gadafi aspiraba a levantar en La Resinera un complejo residencial de lujo en mitad de un bosque mediterráneo de alto valor ecológico, donde crecen alcornoques, pinos y encinas. Según el trabajo que realizaron en su día los ecologistas Paco Puche y Juan Terroba, la finca pasó a manos del dictador en 1991, gracias a la ejecución de una hipoteca impagada.

El macroproyecto encargado por el régimen libio estaba firmado por Estudio Seguí, habitual en Málaga de la obra pública y de grandes proyectos, como el rascacielos del puerto. Recibía el nombre de Resinera Village, y consistía en urbanizar unas 500 de las 6.780 hectáreas de la finca. Sobre ellas se levantarían 1.200 chalets con sus correspondientes servicios y equipamientos, 77.500 metros cuadrados de hoteles y alojamientos turísticos y un campo de golf.

Fue presentado al ayuntamiento de Benahavís y aspiraba a su declaración de interés turístico por la Junta de Andalucía (entonces gobernada por el PSOE e IU). Fue incluso expuesto a información pública un año después del asesinato de Gadafi, cuando el Lybian Foreign Bank quiso reactivar el proyecto. Sin embargo, nunca llegó a ejecutarse.

Amianto en Sierra Bermeja

“La Resinera Village es un caso de libro de urbanismo y viviendas combustibles. El propio proyecto que se presenta a aprobación reconoce que, a efectos de riesgos de incendio, ”el municipio de Benahavís se halla catalogado como Zona de peligro extremo“ (según el propio informe de sostenibilidad ambiental del proyecto), escribieron en 2012 Puche y Terroba, en un artículo publicado en El Observador.

En aquel trabajo, los autores alertaban de otro peligro, singularmente para los trabajadores que acometieran la urbanización: el amianto. Puche fue un destacado ecologista malagueño, propietario de la librería Proteo y conocido fuera de la provincia por su lucha contra el amianto.

El texto recuerda que La Resinera (como Sierra Bermeja) se asienta sobre peridotita, una roca ígnea con más de 25 millones de años de antigüedad. Están formadas por olivinos generados por recristalización, y estos dan lugar a las serpentinas. “Éstas son minerales asbestósicos, es decir que están formados por fibras largas que se pueden descomponer en fibrillas de micras de longitud, que son muy tóxicas e indestructibles” en caso de inhalación o ingestión.

Los autores recapitulaban fuentes históricas que daban cuenta de la presencia de amianto en Sierra Bermeja, incluyendo el Diccionario de España de Pascual Madoz: “En muchos sitios de Sierra Bermeja se halla amianto sobre la tierra”, dice este texto de 1845. Y concluían que la necesidad de evitar la dispersión del polvo de las obras y proteger a los trabajadores en contacto con amianto, unidas a las condiciones del terreno (con un desnivel medio del 22%) hacían imposible la ejecución del proyecto.  

La zona alberga una notable riqueza natural. En 2014, cuando todavía no se había desechado el proyecto, un biólogo descubrió ejemplares de pez fraile en el río Guadalmansa, protegido por la Red Natura 2000 y situado junto a la zona donde se preveía la urbanización, según recogió Málaga Hoy. El pez fraile o blenio de agua dulce (Salaria fluviatilis) es uno de los vertebrados más amenazados de Andalucía. Solo se ha localizado su presencia en cuatro puntos: en los ríos Verde y Guadaiza (también en el conjunto de Sierra Bermeja), el río Hozgarganta, en Cádiz, y en el río Zújar, entre Córdoba y Badajoz.

Finalmente, la aspiración de Gadafi cayó en el olvido, lastrada por el vacío de poder que se abrió en Libia. Sirve desde entonces de coto privado de caza. Durante el incendio del año pasado muchos animales que huían del fuego de Sierra Bermeja buscaron allí refugio desesperadamente. Los ecologistas denunciaron entonces que los vallados cinegéticos habían provocado muchas muertes evitables. 

Pablo Casado ha anunciado este lunes que quiere competir por liderar el PP. Es el mismo Pablo Casado que aprobó el 70% de Derecho en dos años, trabajando a la vez como asesor y con las asignaturas más duras pendientes. El mismo Casado que cursó entre 2008 y 2009 el máster en Derecho Autonómico y Local en el Instituto de Derecho Público, bajo la tutela del catedrático Enrique Álvarez Conde, en la URJC. Es el mismo título –solo cambió ligeramente por la reforma del Plan Bolonia–, el mismo centro, el mismo tutor y la misma Universidad que el máster de Cristina Cifuentes, solo que en una promoción anterior. A Casado le convalidaron 18 asignaturas de 22. Y el método con el que aprobó las cuatro asignaturas restantes fue igualmente peculiar.

El vicesecretario general del PP, además, aprobó todos sus “posgrados” en Harvard, Georgetown y otras universidades con apenas 40 días de clases y sin exámenes. El portavoz del PP aseguró que no le hacía falta un máster en la URJC porque ya tenía “cuatro posgrados” que le habían costado “un gran esfuerzo en tiempo y en dinero”. Todos estos títulos eran cursillos de entre dos y diez días, la mayor parte de media jornada, en total suman apenas 200 horas lectivas a lo largo de diez años. Pablo Casado fue becado en casi todas estas matrículas por ser parlamentario y no tuvo que aprobar un solo examen.

Pablo Casado, además, trabajó estrechamente con el anterior presidente del PP, José María Aznar. Tan estrechamente que, mientras era funcionario y vocal asesor de la oficina del Aznar, fue la persona indicada por el propio Aznar en su contrato de comisionista con Abengoa para ocuparse de la intermediación entre el ex presidente del Gobierno y la Libia de Muamar Gadafi.

El nivel 30 del grupo A1 es el máximo dentro de la función pública. El mismo que ocupaba Pablo Casado en septiembre de 2010 cuando el expresidente José María Aznar pactó una comisión del 1% con Befesa, una filial del grupo sevillano Abengoa dedicada a la construcción de desaladoras, depuradoras y otras obras públicas medioambientales, para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi.

Casado primero fue diputado autonómico en Madrid (2007-2009), después fue funcionario de Presidencia a las órdenes de Aznar (2009-2011) y más tarde, tras las victoria de Mariano Rajoy, entró al Congreso como diputado por Ávila.

Es decir, el 10 de septiembre, cuando Aznar firma el contrato con Abengoa, Casado, entonces vocal asesor de la oficina del expresidente, estaba asignado al Ministerio de Presidencia. Era la persona de nivel 30 cuando Aznar cobró un adelanto de 100.000 euros y rubricó el contrato en calidad de “persona con reputada experiencia en el mercado internacional y en particular en el libio”. El actual diputado por Ávila fue la persona indicada por Aznar para estar en copia de “cualquier comunicación entre las Partes derivada del presente Acuerdo”.

Los expresidentes del Gobierno, según establece de forma laxa su estatuto, “gozarán, a partir del momento de su cese, de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo”. En virtud de ello, entre otras consideraciones, “se adscribirán a su servicio dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación. Dichos puestos de trabajo se incluirán en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno prevista en la del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno”.

Sin embargo, a pesar de ser una “actividad profesional” de Aznar y de que “lleva 11 años fuera del servicio público”, la cláusula 11 del acuerdo, la relativa a “Comunicaciones”, incluye a un funcionario eventual grupo A1 nivel 30 del Ministerio de la Presidencia: “Cualquier comunicación entre las Partes derivada del presente Acuerdo se dirigirá a las direcciones que se establecen en el encabezamiento con copia a: D. Pablo Casado y D. Joaquín Fernández de Piérola [representante de Abengoa]”.

Según recoge su declaración de bienes ante el Congreso, Casado percibió 46.184,51 euros en 2011 en concepto de “salario de funcionario eventual Grupo A1 nivel 30 del Ministerio de la Presidencia” en virtud de su trabajo en la oficina de Aznar.

El contrato se firmó el 8 de septiembre de 2010, unos meses antes de la guerra civil y posterior intervención militar internacional que acabó con Gadafi. Befesa estaba interesada en conseguir las adjudicaciones de cuatro grandes desaladoras que quería construir el Ministerio de Servicios Públicos de Libia: en Tobruk, Misurata, Sirte y Yarafa. En total, las cuatro desaladoras sumaban una inversión de 950 millones de euros,  según los propios cálculos de Abengoa, que figuran en este documento para inversores (página 94). Para conseguir esas adjudicaciones, Befesa contrató a Aznar como intermediario.

Para José María Aznar, Muamar el Gadafi era “un hombre extravagante, un hombre raro”, pero también “un amigo”. La buena relación entre el expresidente del Gobierno con el dirigente libio era algo conocido; incluso cenaron juntos en Sevilla, en 2007, cuando Aznar ya había dejado La Moncloa. El presidente de la fundación FAES y presidente de honor del PP fue uno de los pocos líderes europeos que, en marzo de 2011, se opuso a la intervención militar en Libia contra Gadafi, argumentando que era “muy difícil entender una política que deja que los amigos caigan y que los enemigos permanezcan en el poder”.

Un portavoz de Abengoa confirmó a eldiario.es que Befesa contrató a Aznar “como asesor”, pero que la guerra civil y posterior intervención militar en Libia frustraron las adjudicaciones. El asesinato de Gadafi el 20 de octubre de 2011 –un año después de la firma de este contrato– y el cambio de Gobierno dejaron a José María Aznar y a Abengoa sin un negocio millonario. En 2013, Abengoa vendió Befesa a un fondo de inversión. 

El exministro laborista de Exteriores Jack Straw, el servicio de inteligencia MI6 y el Gobierno británico tendrán que defenderse en los tribunales de las denuncias sobre su participación en 2004 en el secuestro de un disidente libio y de su esposa, según ha fallado el Tribunal Supremo de Reino Unido.

Abdel Hakim Belhaj y su esposa fueron secuestrados en Bangkok y trasladados por la CIA a los centros libios de detención y tortura gracias, en parte, a la inteligencia británica y su cooperación con las autoridades libias.

El fallo, decidido por unanimidad por los siete jueces, concluye que las graves acusaciones pueden haber violado los derechos consagrados en la Carta Magna y deben someterse a juicio ante un tribunal británico.

En una serie de sentencias relacionadas, el tribunal británico de más alta instancia ha decidido que los agentes diplomáticos no pueden acogerse a la “inmunidad de Estado” o eludir ser juzgados amparándose en la doctrina legal de “actos de Estado en el extranjero”.

Sin embargo, los jueces han fallado a favor del Gobierno en otros casos relacionados de detención en el extranjero iniciados por un pakistaní, Yunus Ramatullah, y un afgano, Serdar Mohammed, en los que se ha concluido que las demandas basadas en la legislación iraquí o afgana pueden ser rechazadas dado el principio de “acto de la corona”.

Descartando los argumentos del Gobierno en el caso Belhaj ante el Tribunal Supremo, el juez Lord Mance afirmó que la utilización de la tortura “ha sido considerada desde siempre por la ley británica como algo abominable”, dado que los individuos deben ser protegidos del maltrato físico deliberado cuando están en custodia. “El asunto fundamental en mi punto de vista es la naturaleza y seriedad de las acusaciones... independientemente de que esta actuación haya sido autorizada al más alto nivel”, añadió.

Citando la Carta Magna, Mance indicó: “Ninguna persona libre será detenida, encarcelada o desposeída de sus libertades proscrita o exiliada o en cualquier modo destruida, excepto mediante una sentencia legal de sus pares o por las leyes del país”.

Intereses “subyacentes”

Mance añadió que la carta que Sir Mark Allen, entonces director de la unidad antiterrorista del MI6, envió al jefe de inteligencia de Muammar Gadafi, Moussa Koussa, da una “pista de las razones subyacentes” por las que Reino Unido podría haber dado el soplo que llevó a la captura de la pareja.

Otro de los jueces, Lord Sumption, señaló que el comportamiento de otros gobiernos involucrados fueron “actos soberanos”, y que si EEUU, Malasia, Tailandia y Libia estuviesen siendo denunciados, hubiesen gozado de inmunidad. “Sin embargo, no han sido denunciados. Solo lo han sido el Gobierno y los agentes británicos”. Por tanto se debe permitir a Belhaj y a su esposa, Fátima Bouchar, tomar acciones contra el Gobierno.

Belhaj y Bouchar fueron secuestrados en Bangkok en marzo de 2004 y trasladados por la CIA de Bangkok a los centros de interrogatorio y tortura de Gadafi en Tripoli. Dos semanas después, Tony Blair hizo su primera visita al país, aceptando a Gadafi con los brazos abiertos y declarando que Libia había reconocido “una causa común con Reino Unido en la lucha contra el extremismo y terrorismo de al Qaeda”. Al mismo tiempo, en Londres, el gigante petrolero Shell (germano-británico) anunciaba la firma de un acuerdo de 125 millones de euros por los derechos para llevar a cabo exploraciones gasísticas en la costa libia.

Tres días después, otro disidente libio, Sami al Saadi, fue embarcado a bordo de un avión en Hong Kong y llevado a Trípoli en lo que fue una operación de entrega conjunta entre Reino Unido y Libia. La esposa de Saadi y cuatro hijos fueron también secuestrados y llevados a Libia. La más joven era una niña de seis años. La familia fue encarcelada: Saadi y Belhaj fueron retenidos durante más de seis años y ambos afirman que fueron torturados a lo largo de todo ese tiempo.

Las pruebas de la participación del MI6 en el sufrimiento de los libios se trató en la correspondencia con Allen que se encontró dentro de la oficina abandonada de Koussa, el ministro de Exteriores de Gadafi y exdirector de inteligencia, tras la caída del régimen.

Entre los documentos encontrados había un fax firmado por Allen, entonces director de la unidad antiterrorista, en el que dejaba claro que la agencia había proporcionado la inteligencia que hizo posible localizar y detener al matrimonio.

El pasado julio, la Fiscalía de la Corona decidió que las pruebas para juzgar a Allen eran insuficientes, a pesar de concluir que había estado en contacto con Libia y Estados Unidos y de que “había buscado autoridad política para algunas de sus acciones”.

No a la compensación económica sin disculpa

“Hace años pedí al Gobierno británico una disculpa por lo que había hecho. Siempre he dicho que estaba dispuesto a perdonar, pero primero Gran Bretaña tenía que aceptar que secuestrarme a mí y a mi esposa y enviarnos a Gadafi no es, y nunca fue, lo correcto”, declaró Belhaj después de conocer la sentencia del Supremo.

“El Gobierno rechazó esta petición de justicia, por lo que me gratifica saber que se celebrará un juicio. Hemos estado esperando justicia durante años y sigo esperando que la justicia llegue algún día, no solo para mi familia, sino para todos aquellos secuestrados erróneamente en la guerra contra el terror”.

Belhaj fue el comandante del Grupo Islamista Libio de Combate (LIFG), declarado organización terrorista vinculada a al Qaeda por la ONU. A finales de los 90, debido a la represión, Belhaj y su grupo huyeron a Afganistán. Fue en ese momento cuando Gadafi emitió una orden de arresto por supuestos vínculos con al Qaeda, los cuales él siempre ha negado.

Saadi y su familia sellaron la disputa en 2012 al recibir una compensación de 2,5 millones de euros del Gobierno británico. Sin embargo, Belhaj y Boucher se han negado a cerrar el asunto a menos de que reciban una disculpa del Gobierno. Reino Unido se ha negado a pedir disculpas, ya que supondría un reconocimiento de la participación en graves abusos de derechos humanos.

Ministro de Exteriores: “Nunca fui cómplice”

“Esta sentencia hace referencia a algunos puntos de derecho muy importantes, especialmente sobre hasta qué punto es posible llevar ante un juez británico acciones de Estados soberanos en el extranjero”, ha dicho Straw.

“Sin embargo, hasta ahora no se ha estudiado el caso del demandante ante ningún tribunal. Eso solo puede ocurrir cuando se celebre el juicio sobre estas acciones. Repito lo que dije en la Cámara de los Comunes en diciembre de 2013: que como ministro de Exteriores actué en todo momento de un modo absolutamente consistente con mis deberes legales y con el derecho nacional e internacional. Nunca fui cómplice en la entrega o detención ilegal de nadie por parte de otros Estados”, ha añadido Straw.

Sapna Malik, del bufete Leigh Day, que representa a Belhaj, ha afirmado: “El Tribunal Supremo ha fallado rotundamente a favor del Estado de derecho, contra las violaciones de derechos fundamentales reconocidos en la legislación británica y el derecho anglosajón. Los acusados británicos supuestamente han sido cómplices en estas violaciones”.

“Los jueces han declarado claramente que los tribunales de Reino Unido se deben pronunciar en estos casos, que pueden implicar críticas al comportamiento de Estados extranjeros, incluso cuando ese Estado sea Estados Unidos. Esperamos que los acusados estén dispuestos ahora a pedir disculpas a nuestros clientes y a reconocer los errores, de modo que así puedan pasar página en este desgraciado capítulo y superarlo”, ha añadido Malik.

El Ministerio de Exteriores se ha negado a explicar como pretende solucionar el caso Belhaj. “El Gobierno toma nota de la sentencia del Tribunal Supremo, pero sería inapropiado comentar más sobre este caso dado los procesos legales en marcha”, ha señalado uno de los portavoces.

Por su parte, el experto Mads Andenas, que intervino en el caso Belhaj como presidente del grupo de trabajo de la ONU en detenciones arbitrarias ha señalado que “la sorprendente sentencia sobre la doctrina del llamado acto de Estado en el extranjero será seguida internacionalmente. Los Estados inventan este tipo de doctrinas continuamente y tienen que ser rechazadas de forma resulta como lo ha hecho el Tribunal Supremo”.

Otros casos pendientes en Afganistán e Irak

Sobre los casos iniciados por otros dos denunciantes, Serdar Mohammed y Abd Ali Hameed Ali al Waheed, el Gobierno ganó su argumento sobre la obligación de Reino Unido de luchar contra el terrorismo bajo una resolución del Consejo de Seguridad aprobada en 2003 y su prevalencia sobre las protecciones establecidas en el Artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual garantizó el derecho a la libertad.

“El Tribunal ha decidido que la captura y detención de combatientes enemigos no es consistente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La captura y detención de fuerzas hostiles es un aspecto necesario para llevar a cabo operaciones militares legales”, señaló el juez Sumption a la hora de dictar sentencia.

Las tropas británicas capturaron a Serdar Mohammed, un supuesto líder talibán, en la provincia de Helmand, Afganistán, en abril de 2010, y lo retuvieron para interrogarlo hasta julio, aunque el reglamento fijó su traspaso en 96 horas. Fue entonces entregado a las autoridades afganas, que lo retuvieron por cuatro años más. Mohammed busca una compensación por daños y perjuicios bajo la ley de Derechos Humanos, alegando violaciones de la Convenio Europea de Derechos Humanos.

Por otro lado, las fuerzas armadas británicas capturaron a Abd Ali Hameed Ali al Waheed, ciudadano iraquí, en Basora en febrero de 2007 y lo mantuvieron retenido hasta finales del siguiente mes. Su caso está entre los varios centenares presentados ante el tribunal de alta instancia británico en el que civiles iraquíes han buscado compensaciones por daños y perjuicios por sus supuestas detenciones ilegales y, en algunas ocasiones, maltrato a manos de las fuerzas británicas.

“Siempre hemos dejado claro que nuestras tropas hicieron lo correcto al detener a Serdar Mohammed, un comandante talibán involucrado en la producción de explosivos, por lo que celebramos la sentencia de hoy. Es fundamental que nuestras tropas tengan la capacidad de detener a fuerzas enemigas”, ha señalado un portavoz del Ministerio de Defensa.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

El 15 de septiembre de 2011, David Cameron llegó en avión a una recién liberada Trípoli con el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Los recibieron unos rebeldes agradecidos por los ataques aéreos de la OTAN que les ayudaron a lograr una victoria contra Muamar Gadafi. Radiante de alegría a la luz del sol, Cameron declaró: “Vuestros amigos de Reino Unido y Francia estarán a vuestro lado mientras construís vuestro país y vuestra democracia para el futuro”.

En aquel momento, se respiraba optimismo en el aire. En los campamentos rebeldes, las cafeterías y los hoteles ya repletos de ejecutivos extranjeros –incluso entre las ruinas del hormigón hecho añicos del enorme recinto Bab al Azizia de Gadafi– se hablaba de progreso.

Las estimaciones decían que Libia tendría sin ninguna duda el futuro más brillante de todos los países de la Primavera Árabe. Tenía las mayores reservas de petróleo de África y solo 6 millones de personas para repartírselas. La democracia estaba en camino. ¿Qué podía salir mal?

Resultó que todo.

La política libia pronto se polarizó en una batalla dominada por las dos facciones más organizadas: los islamistas por un lado y las antiguas autoridades del régimen por otro. Pero esa polarización llegó con complicadas contracorrientes.

La tribu es la unidad política básica en ese país, lo que crea una red de alianzas y enemistades en constante cambio. Los libios tienen un proverbio: “En Libia es región contra región; en las regiones, tribu contra tribu; en las tribus, familia contra familia”. Los cinco años que han sucedido a la revolución han supuesto una confirmación nefasta de ese dicho.

Los ciudadanos libios votaron en proporciones masivas al primer gobierno de transición, el Congreso Nacional General. Pero las esperanzas de que este ejecutivo pudiera salir adelante se rompieron en septiembre de 2012, cuando unos yihadistas armados accedieron al consulado de Estados Unidos en Bengasi y asesinaron al embajador de ese país, Chris Stevens, y a otros tres diplomáticos.

Quedó claro que el terrorismo era una realidad en la vida post-revolución. En Trípoli, el caos se adueñó del parlamento mientras el sueño revolucionario se convertía rápido en una pesadilla. Las poderosas milicias se negaron a dejar las armas y prefirieron establecerse como agentes políticos por derecho propio. Y la política libia siguió atrapada en el clima de sospechas y desconfianza sembrado por Gadafi, que logró mantenerse en el poder durante más de cuarenta años enfrentando a las tribus entre ellas.

En 2014 se fracturó el Congreso Nacional General y, a instancias de Reino Unido y otros países occidentales, los libios eligieron un nuevo parlamento –la cámara de representantes– y un nuevo comienzo. Pero la ira y las hostilidades dominaron el periodo previo a las elecciones. Poco antes de esa votación, un diplomático se quejó de que la paranoia estaba a la orden del día entre las facciones. “Tienen mucho miedo las unas de las otras”, dijo.

Las elecciones se saldaron con una gran derrota para la coalición de islamistas de Misrata, que entonces formó la alianza miliciana Amanecer Libio y tomó Trípoli. El resto del nuevo parlamento, tan divididos entre ellos como opuestos a Amanecer Libio, se desplazó a Tobruk, lo que desencadenó la guerra civil actual.

La amistad entre Reino Unido y Libia

Reino Unido tiene un papel clave en Libia desde que Tony Blair se reunió en 2004 en el desierto para dar a Gadafi la bienvenida a su regreso a la comunidad internacional. Los políticos y empresarios británicos, incluido Blair, asumieron una función de liderazgo en la tarea de ayudar a Gadafi a invertir sus riquezas petroleras. El hijo favorito del dictador, Saif, hizo de Londres su hogar. La London School of Economics se mostró encantada de aceptar su dinero.

Cuando la OTAN entró en guerra contra Gadafi en la revolución, Estados Unidos quedó en segundo plano mientras Reino Unido y Francia asumían el liderazgo. Pero con el fin de la revolución, Cameron se alejó.

En Londres, ni el gobierno ni la oposición convocaron muchos debates parlamentarios sobre Libia, a pesar de que los bombardeos británicos tuvieron mucho que ver con la creación del nuevo orden del país. Cuando la comisión de asuntos exteriores llamó el año pasado a Cameron para que compareciese en su investigación sobre los planes de Reino Unido en Libia, les dijo que no tenía hueco en la agenda.

Mientras tanto, los diplomáticos insisten en que los líderes libios de todas las ideologías han rechazado ofertas de apoyo. Los recuerdos de dominación por parte de potencias externas hacen que los libios se muestren sospechosos de las motivaciones de los extranjeros, por lo que rehusan ofertas para ayudarles a construir un estado moderno.

Finalmente, Londres abrió los ojos a la realidad libia el año pasado, cuando los traficantes de personas aprovechaban el caos para construir un negocio floreciente y con el Estado Islámico en marcha.

Reino Unido, junto a Estados Unidos e Italia, está detrás del atormentado Gobierno de Acuerdo Nacional, creado el pasado diciembre por una comisión coordinada por la ONU. No electo y con poca aceptación social, este ejecutivo no ha conseguido crear su propia fuerza de seguridad y depende de milicias que también están demasiado ocupadas enfrentándose entre ellas.

La captura de puertos importantes por parte del poderoso general del este Khalifa Haftar esta semana puede haber cerrado el destino de este nuevo gobierno, ahora privado de la riqueza del petróleo. Todo esto deja a Libia, en palabras del enviado especial de Reino Unido, Jonathan Powell –veterano de la reunión entre Blair y Gadafi–, en camino de convertirse en “la Somalia del Mediterráneo”.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

El viceprimer ministro del nuevo Gobierno de unidad de Libia ha afirmado que el Gobierno británico repitió los errores cometidos en Irak tras implicar a su Fuerza Aérea en el derrocamiento de Muamar el Gadafi. Según ha manifestado Ahmed Maiteeg a The Observer -en clara contradicción con las declaraciones del anterior ministro de Exteriores, William Hague- Reino Unido, Estados Unidos y Francia se negaron a proporcionar la ayuda necesaria después de usar su poder militar en 2011 para poner fin a la dictadura. 

El exprimer ministro libio, que fue designado la semana pasada como viceprimer ministro en el Gobierno provisional de unidad nacional, considera que la intervención de 2011, mientras Gadafi amenazaba con cometer un asesinato en masa contra los ciudadanos de Bengasi, fue la estrategia correcta. Sin embargo, Maiteeg asegura que “la ayuda no continuó” después de la operación militar inicial.

“Por supuesto, hay razones para pensar que los británicos, los estadounidenses y los franceses intervinieron para ayudar al pueblo de Libia y para apoyar a los civiles. Sus motivos quedaron claros y fueron altamente valorados. Hay que discutir lo que se hizo mal después de eso. Hubo muchos malentendidos. La gente pensaba que la situación en Libia era estable y que tenía unas instituciones fuertes, pero eso no era cierto”, opina el viceprimer ministro.

“Fue un régimen de un solo hombre durante 42 años. Cuando ese hombre desapareció, no obtuvimos la ayuda apropiada de nuestros aliados del oeste y de Gran Bretaña. Lo que necesitamos ahora es que nuestros aliados nos ayuden a construir las instituciones para llevar el país en la dirección correcta. Hicieron lo correcto en aquel momento [en 2011] para ayudar a los libios, pero esa ayuda no se mantuvo durante más tiempo”.

Maiteeg forma parte del Gobierno de transición con 32 ministros que se ha formado tras un año de complejas negociaciones. El Ejecutivo sustituye a las dos administraciones rivales del país, una asentada en Trípoli y otra en la ciudad de Tobruk, al este de Libia, enzarzadas durante años en un conflicto bélico.

Según Maiteeg, la formación de este nuevo Gobierno es también un motivo de esperanza para las familias de las víctimas del terrorismo del IRA (Ejército Republicano Irlandés), que habían reclamado compensaciones al Gobierno de Libia por haber suministrado explosivos Semtex al grupo paramilitar irlandés durante el régimen de Gadafi. El Gobierno británico ya ha tratado el asunto con el nuevo viceprimer ministro libio, que ha confirmado que van a comenzar a analizar las peticiones. “Nuestro ministro de Justicia va a formar un comité que se hará cargo de esta cuestión. Tendremos que estudiar el caso a través de nuestro comité y ver hasta dónde podemos llegar”, ha garantizado. 

“Por supuesto, la relación con Gran Bretaña es muy importante para nosotros. Y el Reino Unido se ha mantenido junto a Libia en muchos momentos delicados. Lo mínimo que podemos hacer es analizar este caso y hacerlo bien, y así haremos lo correcto tanto para nuestro país como para nuestros amigos británicos”.

Traducción de: Mónica Zas

En dos tensas conversaciones telefónicas, Muamar el Gadafi alertó a Tony Blair de que su cesión de la jefatura de Libia abriría las puertas a Al-Qaeda para tomar por la fuerza el país e incluso lanzar una ofensiva contra Europa. La transcripción de las llamadas ha sido publicadas, tras previo consentimiento del ex primer ministro, por el Comité de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Gracias a este testimonio se ha abierto una investigación sobre la campaña occidental que condujo al derrocamiento y posterior asesinato de Gadafi en octubre de 2011.

En ambas conferencias, Blair suplicó a Gadafi que permaneciese a un lado o acabase con el pico de violencia. La transcripción reafirma la falta de entendimiento entre el líder libio y Occidente acerca de lo que estaba ocurriendo en su país, y la relación de esta incertidumbre con las amenazas recibidas.

Durante la primera de estas llamadas, a las 11:15 de la mañana del día 25 de febrero de 2011, Gadafi lanzó una advertencia posteriormente corroborada por los hechos: “Ellos [los yihadistas] quieren hacerse con el control del Mediterráneo y después atacarán a Europa”.

“Esto no es una lucha cualquiera, estamos sufriendo un asalto. Quiero contarte toda la verdad. No estamos ante una situación difícil, es tan simple como que una organización parecida a Al-Qaeda ha establecido células durmientes en el norte de África. Estos núcleos son similares a los que existieron en Estados Unidos antes del 11S”, explicó el mandatario libio en la segunda llamada, a las 15:25 de ese mismo día. “Voy a tener que armar al pueblo y prepararlo para una guerra. La población libia morirá y los daños se extenderán hacia el Mediterráneo, Europa y la totalidad del planeta. Estos grupos paramilitares justifican sus acciones en las circunstancias del país y es nuestra obligación hacerles frente”, añadió Gadafi.

El mensajero de la paz

Tres semanas después de la conversación, una coalición de la OTAN, que incluía a Gran Bretaña, inició un ataque aéreo que culminó con el derrocamiento de Gaddafi. El dictador fue finalmente destituido en agosto y asesinado por los opositores a su régimen en octubre.

En cierto punto de la llamada, Gadafi presionaba a Tony Blair para ir a Libia a constatar con sus propios ojos el descenso de violencia en Trípoli. Justo después, acercaba el teléfono a una pantalla de televisión de forma que el primer ministro británico pudiera escuchar al gentío demostrando a voz en grito su apoyo al líder.

Blair ha afirmado que, cuando gobernaba en el Reino Unido, quiso actuar de intermediario gracias a su contacto con Gadafi. También ha asegurado que tanto Washington como Londres estaban al tanto de sus llamadas. Durante las conversaciones, propuso orquestar una salida pacífica para el dictador si este accedía a abandonar el poder de forma voluntaria. El ex primer ministro también le garantizó que no había intención de colonizar Libia. “Aquí no ocurre nada. No hay lucha ni derramamiento de sangre. Ven a verlo tú mismo”, insistió Gadafi, que sin embargo mantuvo su temor ante una ocupación inminente.

Tony Blair apretó a Gadafi para que le diese un número de teléfono donde poder contactarlo de manera urgente y le pidió que “hiciera algo para frenar el baño de sangre y empezar una nueva constitución”. El político también se comprometió a intentar detener la intrusión de los Estados Unidos y la Unión Europea en Libia si hacía las declaraciones correctas, acababa con la violencia y disminuía la tensión política.

“Encuentra un lugar a salvo donde esconderte porque, aunque debe comenzar una fase de cambio, esto no va a terminar bien. Este proceso no puede escapar a nuestro control, tenemos que encontrar la forma de dominarlo”, le aconsejó Blair. “Los EEUU y la UE se encuentran en una posición complicada ahora mismo y necesito darles algo a cambio de que esto culmine de la mejor manera posible. Será suficiente si ven al líder manteniéndose alejado de la gente. Si esto sigue así durante uno o dos días más, no habrá escapatoria, llegaremos a un punto sin retorno. Hay que conseguir salir de esta situación antes de que sea totalmente destructiva para los libios”, añadió. “Me gustaría ofrecerte una solución pacífica...seguiremos en contacto”, concluyó la llamada.

Un profeta en Libia

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Crispin Blunt, se ha pronunciado acerca de este intercambio de llamadas. “Las transcripciones que facilitó el Sr. Blair muestran la perspectiva inédita sobre una dictadura que se desmoronaba alrededor de Muamar el Gadafi. Las razones del fracaso de aquellas primeras conversaciones para iniciar un acuerdo pacífico necesitan ser aclaradas”.

“Es el turno del Comité de averiguar si la advertencia profética de Gadafi sobre el alzamiento de los grupos paramilitares fue inconvenientemente desatendida por ser otra de sus delirantes declaraciones políticas. Las pruebas que hemos obtenido hasta ahora sugieren que nuestros diplomáticos fueron menos conscientes que Gadafi sobre el riesgo que suponía aquella intervención, tanto para Libia como para los países occidentales”, ha sentenciado Blunt.

El pasado martes 5 de diciembre, docenas de personas fueron asesinadas en uno de los ataques más cruentos desde la caída del dictador. El autor del atentado es un supuesto terrorista que se inmoló en el centro de la ciudad libia de Zliten.

Traducción de: Mónica Zas

Pablo Casado, el responsable de comunicación del PP, ha asegurado este jueves que Gadafi “no era considerado un dictador” en la época en que José María Aznar pactó una comisión con Abengoa para conseguir la adjudicación de cuatro desaladoras en Libia. Durante una entrevista en Carne Cruda, el dirigente del PP ha tratado de defender a su exjefe y ha asegurado que el tratamiento al dictador libio fue variando con el tiempo. En este sentido, ha argumentado que Gadafi también fue recibido “como un gudari” por José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez y el rey cuando visitó España y plantó su jaima. “Era la época en que se estaba desarmando”, se ha escudado.

Como asistente y vocal de la oficina de Aznar, Casado fue quien recibía las comunicaciones. El dirigente del PP ha insistido en que eso era “un formalismo”, similar al de recibir también “una suscripción del ABC” a su nombre.

Casado ha tenido que enfrentarse a las frases más polémicas que ha pronunciado en los últimos años, entre ellas, la acusación de “carcas” a la izquierda y sus referencias a la memoria histórica y “la guerra del abuelo”. De nuevo, ha reconocido que se equivocó y que como nieto de represaliado por el franquismo, tuvo que dar explicaciones en su familia: “Por supuesto que fue una equivocación porque en un mitin al final se habla rápido e intentas expresar las ideas. Mi abuelo es un represaliado, que fue condenado a 30 años y cumplió seis. Es una frase que me ha perseguido mucho, para empezar, porque he tenido que explicársela a mi abuela”.

Para justificar su oposición a la ley de memoria histórica, Casado ha insistido en que no es contrario a que se recuperen los cuerpos de cunetas o fosas comunes pero sí ha acusado a los socialistas de “empleaar más recursos en comunicar la ley que en abrir fosas”.

Entre los errores de comunicación de su partido, ha admitido el del famoso plasma de Rajoy después de los papeles de Bárcenas “fue por no haber dado después una rueda de prensa”. Y se ha declarado convencido de que España sigue la senda de EEUU, donde la comunicación política “se hace más en los medios que en el Congreso”.

Como miembro de la cúpula del PP, Casado ha tirado de argumentario en cuanto al mayor caso de corrupción que ha corroído al PP. “Una vez estudiado el tema, se ha visto que es una cuestión de una sola persona, que se ha prevalecido de las siglas para hacer algo delictivo”. En su opinión, la petición de perdón y el reconocimiento del error que hizo Mariano Rajoy, basta para explicar que le enviara el SMS de ánimo cuando ya se conocía su fortuna en Suiza.

Edward Snowden, Julian Assange o Kit DotcomJulian AssangeKit Dotcom están inmortalizados en un muro, en los tonos que separan el blanco y el negro, con retazos de rojo sangre. Te has topado con ellos cientos de veces en internet, el lugar en el que se han convertido en iconos.

Su creador ha dibujado los rasgos de otros individuos que forman parte, para bien o para mal, de la historia reciente, de Karl Marx a Angela Merkel, de Mahatma Gandhi a Pablo Iglesias, de Albert Einstein a Steve Jobs, de Muamar el Gadafi al papa Francisco, de Frida Kahlo a Amy Winehouse.

Las decenas de pintadas reposan en una galería virtual: una cuenta de Flickrcuenta de Flickr. Medios y blogs de todo el mundo las descargan cada día, aprovechando la licencia Creative Commons. Sin embargo, fuera de la Red, también puedes contemplar gratuitamente esos semblantes. Solo tienes que viajar a un museo de arte contemporáneo apocalíptico, anárquico y con un toque de terror gótico situado en Saint-Romain-au-Mont-d'Or. En este pequeño municipio francés, situado cerca de Lyon, se alza la siniestra Morada del Caos.

Un “'Indignez-vous!” gigante pide al visitante que se enfade mientras recorre esta enorme finca al aire libre. En sus muros, decenas de retratos conviven con calaveras de 3,3 metros de altura que nos recuerdan la brevedad de la vida, con los cadáveres de un helicóptero y varios coches estrellados, con una fuente que emana agua teñida de púrpura o con bidones radiactivos en desuso. Grabados masónicos, quince pasos de un extraño Vía Crucis de metal y el '999', la cifra invertida de la marca de la Bestia, escritos por todas partes, son algunos de los símbolos de esta tétrica residencia.

Así que Mark Zuckerberg, Rafael Correa, Raúl Castro, el dálai lama y Elon Musk habitan en un oscuro templo que se ha convertido en un “monstruo devorador e insaciable”, según Thierry Ehrmann, el creador de la Morada del Caos y propietario de esa popular cuenta de Flickr. Hijo, nieto y bisnieto de coleccionistas de arte, este cincuentón se define como artista por vocación, coleccionista por herencia y emprendedor por naturaleza.

EL COLECCIONISTA DE ARTE QUE DECIDIÓ VIVIR EN EL CAOS

Thierry Ehrmann es el fundador de Artprice, un inmenso banco de datos sobre la cotización y los índices del arte asociado con más de 4.500 casas de subasta de todo el globo. La empresa ha recogido información sobre más de medio millón de artistas, además de conservar catálogos y manuscritos del siglo XVIII que este artista ha ido recopilando desde que fundara la compañía en los años 80.

Historiadores, sociólogos, economistas o periodistas forman la plantilla de Artprice. El medio centenar de trabajadores desarrolla su labor en la propia Morada del Caos. Bajo el improvisado helipuerto, se sitúan los enormes servidores que almacenan más de 100 millones de imágenes y litografías de artistas. Las oficinas donde los empleados trabajan están instaladas en el centro de un complejo presidido por un inmenso grafiti que grita “No nos pararán” en castellano.

Demeure du Chaos es la sede de una empresa valorada en 87 millones de euros, un museo los fines de semana y la residencia del propio artista que decidió transformarla en su mayor proyecto y en el hogar de su “clan”. Una obra que encierra a su vez miles de obras, reales y digitales. “El verdadero arte es el de hacer de la vida y su ser entero una obra de arte. Al principio vivía en la Morada del Caos. Finalmente, ella vive en mí ”, asegura Thierry Ehrmann a HojaDeRouter.com.

En 1999, se le ocurrió transformar su mansión del siglo XVIII, erigida sobre lo que fuera un templo protestantetemplo protestante, en un “agujero negro, un pasaje en un pasillo que ya no obedece a las leyes de la física cuántica”. Comenzó colocando una salamandra de acero, uno de los símbolos de los alquimistas por su supuesta resistencia al fuego. Desde entonces, ha creado 5.400 esculturas y 1.200 retratos5.400 esculturas y 1.200 retratos.

Ochenta nuevas obras de arte se suman cada año al provocador desorden generado por un artista tachado de masón por algunos medios y de seguidor de varias religiones y corrientes, desde el catolicismo a la alquimia, por otros.

No realiza personalmente todas las obras. Él las idea, otros ejecutan. “Soy el único autor de todas las obras, como artista visual y escultor”, defiende. “Como describe la tradición de la historia del arte, tengo efectivamente un número de empleados que, a partir de mis bocetos, dibujos, 'collages', con la descripción de la forma, el objetivo y el medio, llevan a cabo el plan de trabajo”.

Ahora bien, ¿cómo elige a los personajes que va a retratar en sus muros? ¿Qué une a Nelson Mandela, Ai Wei o Bachar el Asad? “Tienen en común la matriz de lectura onírica salida de mi mundo mental, donde yo percibo el mundo de acuerdo a mi propia sensibilidad como artista plástico”, defiende Ehrmann.

Los ataques del 11 de septiembre le hicieron pensar que las imágenes que circulaban desde los atentados habían destruido el concepto lineal de la historia. La supremacía de Occidente llegaba a su fin. Así que decidió permanecer alerta sobre el presente y retratar las grandes tragedias mundiales y a sus culpables, como Anders Breivik, además de a sus víctimas, como el pequeño Aylan.

A lo largo de los años, Ehrmann ha “codificado” los retratos de las figuras que, según sus suposiciones, pasarían a la historia en los medios. Sus ayudantes han pintado los atemporales retratos de esos líderes, sin título ni leyenda, que después los medios de comunicación han utilizado para ilustrar diferentes noticias a lo largo de los años.

Según este artista, los medios están inconscientemente reviviendo con ello la tradición del retrato que no solo expone al personaje y su contexto, sino que posee un “alma adicional que el objetivo de la cámara no puede reproducir”.

Al fin y al cabo, no es lo mismo ver una foto de Benjamin Netanyahu que contemplar un retrato monocromo de su colérica expresión enterrada en pintura roja. Eso sí, por mucho que sus paredes estén dedicadas a los líderes contemporáneos, Ehrmann dice creer en el poder del arte, “infinitamente superior a la mediocridad de los políticos”.

INTERNET, METÁFORA DE LO DIVINO

Ahora bien, ¿por qué ha decidido Thierry Ehrmann compartir esas pintadas por internet en lugar de hacer caja con ellas beneficiándose de su éxito en la Red? “Como exmagnate de prensa de una de las mayores agencias de noticias fotográficas europeas [poseía el 25% de las acciones de la desaparecida Editing], sólo quería ofrecer a los periódicos de todo el mundo, los medios impresos y audiovisuales, la gratuidad absoluta, que es la filosofía que he edificado en la Morada del Caos”, explica el empresario.

Apostó porque su compañía tuviera presencia en internet desde sus comienzos y ha decidido trasladar su pensamiento combativo al resto del mundo a través de la Red. No en vano, uno de sus padres fundadores, Vint Cerf, también está retratada en esta Morada. “Estoy convencido de que internet es una metáfora de lo divino, sino del mismo Él/Ella/Ello”.

Aunque los internautas disfrutemos del museo virtual de Ehrmann, los que no están tan contentos con su proyecto son sus propios vecinos, que se han quejado de tener que vivir al lado de una residencia que debe de poner los pelos de punta al más valiente cuando cae la noche.

En 2009, el Tribunal de Casación de Francia ratificó una sentencia de un tribunal de Grenoble que instaba a Ehrmann a restaurar la mansión a su estado original por incumplir el código de urbanismo, fijando una multa de 75 euros al día si Ehrmann no destruía su gran obra. Cuatro años después, decidieron multiplicar esa sanción diaria por diez, aunque el artista ha conseguido finalmente que el Tribunal de Casación anule ese aumento, ya que padece una enfermedad maníaco-depresivaenfermedad maníaco-depresiva que requería la presencia de un médico en las audiencias.

Además de la pasión por el arte, Ehrmann heredó de sus antepasados un trastorno bipolar. Asegura que sus centenares de obras son “la historia personal de la enfermedad mental” que padece, y dice haber escuchado al mismísimo Van Gogh en su mente gritando que el arte era el mejor pararrayos para su locura.

Ehrmann todavía tiene once procesos pendientes con la justicia, y ha presentado su lucha por mantener en pie su Morada del Caos como un combate por la libertad de expresión. Señala que 120.000 visitantes acuden cada año para contemplar sus obras y 180.000 personas han firmado su petición para conservar el museo.

“En la noche más oscura, después de que los humanos se hayan ido, nosotros vemos, a lo lejos, en el oscuro camino de la locura, una luz divina.... Y ahí es donde el principio de la Obra comienza”. Esté en lo cierto o no, este artista emprendedor ha conseguido atraer las miradas de los moradores de la Red hasta la lóbrega residencia en la que vive, trabaja y plasma los rostros de los grandes personajes de nuestro tiempo. Así que, cuando te encuentres con ellos en tu viaje por los desastres del mundo a golpe de clic, ya sabes que son obras de la caótica mente de un artista que contempla el presente desde su propia perspectiva.

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Las imágenes que aparecen en este artículo son propiedad de Thierry Ehrmann (1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 y 9)123456789

El PP no quiere que en el Congreso se discuta la reprobación de José María Aznar por sus negocios privados en la Libia de Muamar el Gadafi. Y menos cuando el expresidente va a participar en la campaña del PP para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Para impedirlo, el portavoz del grupo del PP ha enviado un escrito a la Mesa del Congreso en el que pide que se eche atrás la proposición no de ley.

La proposición no de ley, presentada por la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), se registró el pasado 30 de octubre e iba a discutirse este miércoles en la Comisión de Exteriores. El grupo parlamentario solicitaba la reprobación a raíz de la información publicada por eldiario.es de que Aznar pactó con Abengoa una comisión del 1% para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi.

El negocio solo reportó al expresidente una ganancia de 100.000 euros como adelanto ya que la guerra civil y la muerte de Gadafi truncaron la venta de cuatro desaladoras. De haberse materializado, el expresidente se hubiera embolsado seis millones de euros.

El objetivo de la Izquierda Plural al presentar su iniciativa no perseguía solamente la reprobación del expresidente sino también la apertura de una comisión de investigación para determinar las posibles responsabilidades. Pero el escrito del PP a la Mesa busca “la reconsideración del acuerdo de calificación” de la proposición por entender que su contenido “es manifiestamente contrario a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara.

En el texto que firma Hernando, se afirma que no tiene cabida que el Congreso se pronuncie “sobre una persona que, en la actualidad, no es miembro de la Cámara ni de ningún otro poder del Estado en activo”. Por este motivo, el PP aduce que Aznar podría ser colocado “en una situación de indefensión”.

Dada su mayoría, los conservadores frenarán esta iniciativa que llegaría además muy cerca de la campaña para las próximas elecciones, donde tomará parte el responsable de FAES. Aunque el PP no ha desvelado aún junto a qué candidatos intervendrá en los mítines y actos de campaña, algunos dirigentes como Esperanza Aguirre han pedido su participación. El expresidente estará presente también en Castilla-León, La Rioja y Aragón.

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural presentará la semana que viene ante la Comisión de Asuntos exteriores una proposición no de ley para la apertura de una comisión de investigación por la intervención de José María Aznar en los negocios de Befesa en Libia, por los que el expresidente percibió una comisión de un 1%.

Del mismo modo, pedirá también “reprobar al expresidente Aznar por realizar mediaciones internacionales como la referida mientras compatibiliza estas tareas con la percepción de una importante remuneración pública por el cargo que ocupó”, según consta en el escrito presentado ante el Congreso y al que ha tenido acceso este medio.

Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi, como publicó eldiario.es. El expresidente ejerció como mediador entre Befesa, filial del grupo Abengoa, y el Gobierno libio para la instalación de una serie de desaladoras en el país.

El contrato tiene fecha del 8 de septiembre de 2010, unos meses antes de la operación militar internacional contra el régimen de Gadafi a la que Aznar se opuso públicamente. Finalmente, la guerra civil libia y la muerte de Gadafi frustaron los negocios de la filial de Abengoa en el país, por los que el expresidente se habría envolsado uno seis millones de euros.

Aznar firmó una comisión del 1% de todos los contratos que cerrara la empresa en Libia hasta un máximo de 250 millones de euros de facturación, y de 0,5% a partir de esa cifra. Además, cobró un adelanto de 100.000 euros más IVA, cantidad que facturó a Befesa tres días después de la firma del contrato, el 13 de septiembre de 2010.

“Contra Thatcher vivíamos mejor” es una frase que podrían hacer suya algunos nombres de la cultura pop británica. Porque, durante sus casi once años y medio en el poder, la primer ministro del Reino Unido se las apañó para poner de acuerdo a sectores muy alejados entre sí, cuyo único punto en común era su deseo de hacerle la puñeta. Un buen ejemplo lo proporciona Pride, la película que se estrena en España el 20 de marzo, y que ganó el premio BAFTA 2014 al Mejor Debut recreando una alianza tan real como improbable: aquella que unió a los sectores más progresistas del movimiento gay británico con los mineros, enfrascados estos últimos en un paro que duró doce meses y que llegó a presentar las trazas de una auténtica batalla campal.

¿Resultaba inesperada dicha coalición? Desde luego: Gran Bretaña sólo había despenalizado la homosexualidad en 1967, tras un caldeado debate en el que, irónicamente, Thatcher había sido uno de los pocos parlamentarios del Partido Conservador en votar “sí”. Y, pese a dicha medida legal, y por mucho que David Bowie o Elton John hubieran lucido plumas en el Top of the Pops, la homofobia seguía imperando en las islas, especialmente en los entornos de clase obrera. Pero, cuando hay un enemigo común, olvidar las diferencias es fácil, y resultaba que, entonces, tanto gays como mineros tenían grandes razones para odiar al thatcherismo.

Carbón, sida y tabloides

Para empezar, hay que referirse a la Gran Huelga, un conflicto que ha quedado como la última batalla del movimiento obrero británico. En 1983, con unas cifras de paro que superaban los tres millones de personas (el 12,5 por ciento de la población activa), el Canciller de la Hacienda Nigel Lawson había anunciado las intenciones del gobierno Conservador: convertir al Reino Unido en una economía de servicios. Uno de los blancos preferentes de dicha ofensiva había de ser la minería de carbón, un sector fuertemente subvencionado (el gobierno laborista de Clement Atlee había procedido a su nacionalización en 1974) y que, además, gozaba de un poderoso sindicato: la National Union of Mineworkers, vinculada históricamente al Partido Laborista y presidida, en aquellos años, por Arthur Scargill, sujeto muy peleón al que no le dolían prendas en pactar con el diablo (o con la Libia de Gadafi) en busca de apoyos para su causa. Un blanco de primera, pues, para una administración deseosa de demostrar quién mandaba en las islas.

En marzo de 1984, las autoridades anunciaron su decisión de cerrar 20 pozos mineros, algo que suponía la pérdida de 20.000 puestos de trabajo y que condenaba a la extinción a pueblos enteros, sobre todo en áreas como Yorkshire, Gales del Sur y Escocia. Películas como Billy Elliott, Big Man, Tocando el viento y la inédita en nuestro país (Still) The Enemy Within han recreado el subsiguiente conflicto, en el que no faltaron ni los piquetes, ni las cargas policiales a porrazo limpio, ni las muertes violentas. Pretextando el impago de multas, el gobierno se incautó de los fondos de la NUM, obligando a los huelguistas a recurrir a donativos privados. Es entonces cuando los activistas LGBT entran en escena.

Mark Ashton (Ben Schnetzer en Pride), un irlandés de 23 años que residía en Londres, tenía buenas razones para poner a Thatcher en su lista negra, tanto por su pertenencia a la Young Communist League, como porque su condición de gay le situaba en el punto de mira de la Primera Ministro y sus aliados. Mientras que los diagnósticos de infección por VIH en el Reino Unido alcanzaban los tres millones anuales, medios afines al gobierno, como el diario The Sun, articulaban un discurso de homofobia virulenta.

Según afirmaba Kelvin MacKenzie, director por entonces de dicho tabloide, altos cargos de la Administración thatcherista se planteaban usar la pandemia como pretexto para recriminalizar la homosexualidad, apuntándose la idea de crear campos de concentración para gays y lesbianas. Sir James Anderton, jefe de policía en Manchester, no se cortaba en describir a los enfermos de sida como “desechos humanos”, y a los mineros como “terroristas” y “mafiosos”.

Ante tal estado de cosas, Mark Ashton y varios compañeros de militancia fundaron Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM), una organización destinada a recaudar fondos para los mineros en huelga. Su premisa: “No puedes ser gay y pensar sólo en lo que les ocurre a los gays”. Su campo de acción: el sur de Gales, un territorio que (a juicio de los activistas) estaba siendo postergado por el sindicato de mineros en favor de los frentes de Yorkshire y Kent. Sus resultados: alrededor de 10.000 libras (cerca de 26.000 euros, ajustados a la inflación) recaudadas sólo en Londres.

Hermosas batallas perdidas

Según recuerda Pride, y según apunta también el comunista Peter Frost, uno de los miembros originales del colectivo, el punto álgido de la campaña fue bautizado (involuntariamente) por el mismísimo The Sun: “Los pervertidos apoyan a los mineros”, proclamó el tabloide. Y, apropiándose del insulto, los responsables de LGSM emplearon el nombre Pits and Perverts (“Pozos [mineros] y pervertidos”) para un concierto celebrado el 10 de diciembre de 1984, con Bronski Beat como cabezas de cartel. Convertida y ajustada a la inflación, la recaudación del sarao rondó los 18.500 euros, y eso que las entradas ofrecían un descuento especial a los parados sin derecho a subsidio. Porque, cuando mostrar tu conciencia de clase implica bailar al son de Why? o Smalltown Boy, resistirse debe ser difícil.

La historia que relata Pride es, pues, hermosísima: la campaña de LGSM supuso el fin de la homofobia en el movimiento obrero británico, hermanando a dos colectivos distantes a priori tanto en entorno como en metas. Pero no debe olvidarse que, en último extremo, quien ganó el combate fue Margaret Thatcher. En julio de 1985, cuando representantes de los mineros abrieron el desfile del Orgullo Gay en Londres, la Gran Huelga era ya agua pasada: ese mismo año se inició una sucesión de clausuras que disparó las cifras de paro, y las de pobreza, en muchas comarcas.

Por otra parte, cabe recordar que no sólo los colectivos gays intervinieron en apoyo a los huelguistas: desde el mundo de la música pop, artistas como The Clash, Robert Wyatt y The Style Council (el grupo de Paul Weller tras la disolución de The Jam) también hicieron lo suyo, tanto ofreciendo las recaudaciones de sus conciertos como componiendo temas que llamasen la atención sobre el conflicto. Paul Weller, precisamente, fue uno de los miembros fundadores de Red Wedge, un colectivo de músicos anti-Thatcher al que también se sumó Mark Ashton: el promotor de LGSM anduvo involucrado en esta nueva alianza con la que, en un momento u otro, colaboraron Madness, Bananarama, Elvis Costello y unos The Smiths arrastrados, para variar, por la fobia de Morrissey hacia la primer ministro. Cuando Ashton falleció a causa del sida en 1987, sus amigos de Communards le dedicaron For a Friend, una canción que llegó al número 26 en las listas británicas.

En política, la nostalgia es un arma de doble filo: idealizar el encuentro del movimiento LGBT y los mineros en huelga, así como la lucha contra el neoliberalismo de la Red Wedge, puede llevarnos a perder de vista un presente cargado con sus propias lacras. Pero también puede recordarnos que, ahora mismo, el hermanamiento de causas dispares sigue siendo una necesidad. Y también a rememorar el hecho de que los músicos pop pudieran granjearse grandes cotas de popularidad pese (o gracias) a llevar sus posturas políticas por bandera, sin sermones, pero con ritmo e ideas claras. Una vez que Pride haya llegado a los cines españoles, habrá que ver quiénes se aplican el cuento.

La secretaria general del PP ha defendido los negocios del expresidente José María Aznar con la Libia de Gadafi, desvelados en exclusiva por eldiario.esdesvelados en exclusiva por eldiario.es. Mª Dolores de Cospedal ha negado que se le pueda poner alguna pega al trabajo del expresidente como comisionista del grupo Abengoa con el objeto de vender cuatro plantas desaladoras en 2010: “Es legal. ¿No? Pues lo que es legal, es legal.”

Cospedal ha recordado que el hecho de que un expresidente se dedique a ganar dinero en su actividad privada no contraviene la ley, aunque para ello se sirva de recursos públicos como los destinados a su oficina por Presidencia del Gobierno. Los expresidentes cuentan con una secretaria y un asistente, que en aquella época era Pablo Casado, actual diputado del PP por Ávila. Casado fue señalado por Aznar a la empresa Befesa para recibir las copias de las comunicaciones sobre el negocio en marcha.

Aznar cobró un adelanto de 100.000 euros, pero su enriquecimiento pudo ser mucho mayor si no se hubiera truncado el negocio a causa de la guerra de Libia, a cuya invasión Aznar esta vez se opuso, y el asesinato de Gadafi. La comisión pactada fue del 1% si los contractos hubieran llegado a los 250 millones de euros. Por encima de ese importe, el expresidente veía reducida su comisión al 0,5%.

El Gobierno no ve ningún problema en que se utilice a un funcionario para colaborar en los negocios privados de José María Aznar. El hecho de que el expresidente se sirviera del ahora diputado Pablo Casado para que ejerciera de asistente en su negocio de vender desaladoras en la Libia de Gadafi no supone ningún problema para la Presidencia del Gobierno, que es quien corre con los gastos de las oficinas de los expresidentes. FAES, el think tank presidido por Aznar, tampoco considera incompatible que un funcionario se dedique a estos menesteres.

Como ha revelado eldiario.es, Aznar eligió a Casado para que estuviera al tanto de sus negociaciones con la empresa Befesa, una filial del grupo Abengoa. Según recoge el contrato suscrito por el expresidente para ayudar en la venta de cuatro desaladoras a Libia, Casado era una de las personas autorizadas para recibir copias de cualquier comunicación de Befesa en relación con el negocio a comisión con el que Aznar ganó 100.000 euros. De haber seguido adelante, su papel de conseguidor le hubiera supuesto al expresidente una ganancia de hasta seis millones.

La oficina dedicada al servicio del expresidente Aznar está radicada en la misma sede que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), en la madrileña calle María de Molina. A las órdenes de Aznar trabajan una secretaria y un asesor, puesto que en 2010 ocupaba Casado y del que ahora se encarga Germán Alcayde.

Antes de Casado fue Pablo Arias su hombre de confianza y asistente para todo. Arias fue elegido eurodiputado y perdió su puesto en las últimas elecciones europeas. Yerno de Manuel Pizarro y amigo íntimo de Alejandro Agag, no se ha quedado sin destino. Su puesto actual está en el Consejo de Administración del Ente Público Telemadrid.

La transparencia sobre los requisitos que debe cumplir el equipo de un expresidente del Gobierno es muy escasa. Tampoco existe ningún registro público sobre sus actividades o su sede. Ninguna dirección de contacto ni rastro alguno en internet. Según consta en el estatuto que regula este tipo de oficinas de los exmandatarios, se trata de una “atención y apoyo” y los dos puestos de trabajo forman parte de los correspondientes a la Presidencia del Gobierno.

Asistente para todo

Fuentes de la fundación defienden que esos funcionarios están “para lo que necesite el expresidente” y que esas tareas no están prefijadas, por lo que pueden ir del mero acompañamiento a un acto a gestiones administrativas. Que esas gestiones correspondieran a un negocio privado no supone, a su juicio, ningún impedimento. “No hay ningún tipo de incompatibilidad porque el expresidente ya no tenía actividad pública”, insisten.

Tampoco en la Presidencia del Gobierno ven mal el uso de recursos públicos, como es la retribución de un funcionario, para tareas destinadas a ganar dinero. Así, desde la Secretaría de Estado de Comunicación se remiten a que el estatuto sobre estas oficinas no entra en cuáles son las tareas asignadas, “siempre que no supongan una ilegalidad”.