Ha sido una batalla judicial que ha durado años, pero finalmente la ha ganado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado la razón a Raphaël Halet, uno de los filtradores del conocido como LuxLeaks, una serie de publicaciones que en 2014 revelaron los acuerdos fiscales privilegiados de los que gozaban grandes empresas en Luxemburgo. La justicia luxemburguesa condenó inicialmente a los dos implicados, que habían accedido a la documentación gracias a su puesto como consultores en PwC, aunque retiró los cargos en el caso de Antoine Deltour, que había entregado más de 300 casos, al considerar que era un whistleblower y que, por tanto, tenía una mayor protección.

Eso no sucedió en el caso de Halet, que fue condenado al pago de 1.000 euros por el proceso judicial y un euro simbólico por los prejuicios causados a la consultora. El extrabajador, que proporcionó al periodista aproximadamente una decena de casos, recurrió esa sentencia a Estrasburgo, que en primera instancia dio la razón a Luxemburgo. Sin embargo, la Gran Sala ha corregido esa decisión al entender que se produjo una “injerencia desproporcionada en su derecho a la libertad de expresión”. En total, el LuxLeaks supuso la revelación de unos 45.000 páginas de documentos confidenciales sobre 538 dosieres fiscales.

El TEDH considera básicamente que primaba el interés general relativo a los acuerdos fiscales por encima del perjuicio que podía causar a los interesados, entre ellos PwC. “En vista de las constataciones respecto a la importancia, tanto a nivel nacional como europeo, en el debate público de as prácticas fiscales de las multinacionales sobre las que el recurrente ha aportado una contribución esencial, el Tribunal estima que el interés público relacionado con la divulgación de las informaciones está por encima de los efectos dañinos que provocó”, dice el Tribunal.

“Después de haber analizado los diferentes intereses en juego (interés público que presenta la información divulgada y los efectos dañinos de su divulgación) y tenida en cuenta la naturaleza, la gravedad y el efecto disuasivo de la condena penal, el Tribunal concluye que la injerencia en su derecho a la libertad de expresión, en particular su derecho a comunicar información, no era necesaria en una sociedad democrática”, expresa la sentencia.

Los jueces concluyen que el fallo de la justicia luxemburguesa supuso una vulneración del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos e impone una sanción a Luxemburgo, que tendrá que pagar a Halet 15.000 euros por daños morales y 40.000 por las costas del proceso.

“Pensé que la publicación de la información era más importante que el riesgo que estaba corriendo”. Aunque Antoine Deltour cuenta a eldiario.es que no conocía exactamente las consecuencias legales de sus actos, sabía que podía perjudicarle enviar documentos confidenciales de PriceWaterhouseCoopers (PwC) al periodista Edouard Perrin en 2011. Los textos demostraban acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y las mayores multinacionales del mundo para rebajar sus impuestos drásticamente. Pero él “estaba seguro de que el público general tenía que saberlo”.

El principal whistleblower del escándalo fiscal LuxLeaks, que estalló cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desveló la existencia de esos acuerdos privilegiados para 300 grandes empresas, entre ellas Ikea, Pepsi o Amazon,entre ellas ha tenido que enfrentarse en los últimos años a la justicia luxemburguesa.

Hace unos días, en su cuarto juicio en el país, el Tribunal de Apelación reconoció a Deltour como whistleblower y le absolvió de los cargos relacionados con la difusión de los documentos, según lo dispuesto hace unos meses por el Tribunal de Casación. “Es realmente una gran victoria ser absuelto de todos los hechos relacionados con LuxLeaks”, comenta Deltour. Una sentencia que pone fin a un largo proceso judicial y que ha supuesto un vuelco en favor del exauditor de PwC.

El reconocimiento como whistleblower

whistleblower“Personalmente, no me arrepiento de lo que he hecho y lo volvería a hacer”, afirma con rotundidad el exauditor francés. Fue en 2010 cuando, antes de abandonar PwC, copió miles de documentos que recogían esos acuerdos fiscales, sin saber realmente qué contenía esa carpeta que posteriormente decidió que debía salir a la luz.

PwC lo denunció dos años después, y en 2016 llegó la primera sentencia de Luxemburgo, que no le protegía como denunciante pese a la importancia de la filtración. Se le consideró culpable de robar documentos, revelación de secretos empresariales y violación de la confidencialidad profesional, y se le condenó a 12 meses de prisión suspendida y 1.500 euros de multa.

El Tribunal de Apelación decidió al año siguiente reducirle la pena a 6 meses de prisión suspendida y a 1.500 euros de multa. En este caso, se reconoció que cumplía algunos criterios para ser considerado y protegido como whistleblower según el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, se le absolvió por los delitos de revelación de secretos empresariales y violación de la confidencialidad empresarial. No fue así con la apropiación de documentos, ya que se consideró que en ese momento su intención no era dar la voz de alarma.

El gran logro llegó a principios de este año. El Tribunal de Casación (la Corte Suprema del Gran Ducado) señaló que el reconocimiento de la condición de whistleblower se debe basar en la apreciación de los hechos en su conjunto y que debía aplicarse “a todos los delitos por los que una persona es procesada”. Por ello, anuló la condena anterior y determinó que el caso volviera al Tribunal de Apelación.

“Esta decisión del Tribunal de Casación sienta un precedente en la protección de los whistleblowers en Europa.whistleblowers A falta de una norma específica que actualmente los proteja, esta sentencia podría resultar aplicable como argumentación en casos similares”, detalla a eldiario.es Esperanza López Prado, abogada experta en tecnologías de la información, privacidad y protección de datos del bufete Ecija.

“Es una gran esperanza para otros whistleblowers en Luxemburgo y en otros países, porque con la decisión de la Corte de Casación evito llevar mi caso al TEDH, lo que llevaría mucho tiempo y además sería muy costoso”, comenta Deltour.

Hace un mes, el Tribunal de Apelación ratificó la opinión del Tribunal de Casación e incluso menciona algunos criterios por los que debe protegerse al denunciante, como que la información sea auténtica, de interés público y se actúe de buena fe. Sin embargo, la victoria no es total, ya que esa protección no le inmuniza por todos sus delitos. Deltour sigue siendo penalmente responsable: es culpable por el robo de los documentos internos de capacitación que se llevó (con el fin de “hacer un seguimiento de mi experiencia”) y que no pertenecen al caso LuxLeaks. Irónicamente, gracias a su copia, Deltour descubrió la famosa carpeta que abrió la caja de los truenos.

Sin embargo, la sentencia suspende su condena anterior durante tres años: solo si Deltour cometiera un nuevo delito en Luxemburgo, el tribunal “podría revocar la suspensión y sentenciarlo, lo que sería acumulativo con la sanción del nuevo delito”, según nos explica López Prado. Además, debe pagar un euro simbólico por daños y perjuicios a PriceWaterhouseCoopers. 

El Ministerio Fiscal y PwC tenían un mes para recurrir esta última sentencia que concluyó este viernes. Por eso, el Comité de Apoyo a Antoine Deltour, una ONG francesa que se ha encargado de recaudar fondos para la defensa legal del exauditor de PwC a lo largo de los años (han recibido el respaldo de 71 organizaciones, 477 personalidades y miles de donantes), aprobó su disolución en un evento celebrado en la localidad francesa de Épinal. Eldiario.es charló con Deltour hace escasos días y él mismo nos confirmó minutos después de que expirara el plazo que no tiene constancia de que se haya presentado dicho recurso. 

Un triunfo que se ve empañado por la otra decisión del Tribunal: Raphael Hälet, su compañero en PwC y que también filtró documentos a Perrin, no ha recibido esa protección como whistleblower al no considerarse que la información tiene suficiente interés y relevancia, así que deberá pagar 1.000 euros según la sentencia. Ahora, planea recurrir al TEDH.

Desde el Comité de Apoyo de Antoine Deltour acaban de decidir que realizarán una donación para apoyar su defensa en esa batalla legal y que distribuirán los fondos sobrantes a organizaciones que trabajen por la justicia fiscal y la defensa de los whistleblowers.

Protegiendo a los denunciantes y luchando contra la fiscalidad agresiva

Deltour reconoce que “ha tenido mucha suerte” en comparación con otros whistleblowers que son despedidos o no pueden encontrar un nuevo empleo tras su filtración, ya que él decidió marcharse libremente, encontró otro trabajo y ha recibido el apoyo del comité, los ciudadanos e incluso de algunos eurodiputados.

Por eso, ahora espera que salga adelante la propuesta de la Comisión Europea encaminada a aprobar una ley que refuerce la protección de los whistleblowers,  nacida precisamente a partir de casos como el suyo, y que ahora tiene que ser aprobada en el Parlamento Europeo.

La propuesta reclama el establecimiento de medidas para proteger a los denunciantes: se prevé obligar a empresas y a administraciones a crear canales seguros para garantizar la confidencialidad de los denunciantes, sancionar que los whistleblowers sufran represalias como el despido y exigir que las autoridades nacionales formen a los funcionarios sobre cómo tratar a los denunciantes. “La aprobación de esta Directiva garantizaría vías de recursos y protección para los whistleblowers, recursos de los que Deltour no se ha podido beneficiarwhistleblowers”, comenta López Prado.

“Es obvio que los recientes escándalos de denunciantes son útiles para la democracia [...] Panamá Papers, Cambridge Analytica, Dieselgate… Todos llegaron por denunciantes, así que espero que todos los Estados miembros lo compartan y entiendan y adopten esta Directiva, porque será útil para el debate público”, apunta Deltour.  

Además de participar en conferencias para alentar la protección de los whistleblowers, Deltour trabajará también en una organización sin ánimo de lucro que los apoyará en Europa. “Es el final de mi batalla legal, pero continuaré mi implicación en temas fiscales y lucharé por una mejor protección de los whistleblowers”, nos cuenta.

En el ámbito fiscal, el escándalo LuxLeaks que destapó la llamada 'optimización' fiscal de 340 multinacionales también ha tenido algunas consecuencias. De hecho, afectó de lleno al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo en el periodo en el que se firmaron esos acuerdos confidenciales (2002-2010), si bien acabó sobreviviendo a una moción de censura en la Eurocámara.

Además, se adoptaron algunas medidas contra los privilegios fiscales. Por ejemplo, se obligó a que exista un intercambio de información cada seis meses sobre los tax rulings (esos acuerdos entre estados y multinacionales para que estas se ahorraran dinero) con el fin de aportar transparencia e intentar evitar abusos.

Por su parte, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, comenzó a investigar los tax rulings en diferentes países. En 2015, Bruselas declaró ilegales los ventajosos acuerdos de Holanda con Starbucks y los de Fiat con Luxemburgo, exigiendo que cada empresa devolviera entre 20 y 30 millones de euros. Hace tan solo unos meses, la Comisión Europea obligó a Apple a devolver 13.000 millones de euros por ayudas fiscales ilegales en Irlanda y a Amazon a devolver 250 millones de euros por su trato favorable en Luxemburgo.

Ahora bien, más allá de esas reclamaciones, ¿han sido suficientes las medidas tras el escándalo? ¿Cuál es la opinión de Deltour? “[Las medidas] no son suficientes. Hay mucha elusión fiscal en Europa [...] El principal problema con la fiscalidad a las empresas en Europa es una competencia muy intensa entre los Estados miembros que no tiene final, es una carrera de fondo que acabará con unos impuestos cero para las empresas, al menos para las empresas internacionales que pueden mover activos”, opina.

Así que Deltour seguirá luchando por defender aquello en lo que cree, un sentido de la justicia que le llevó precisamente a ser el principal informante del escándalo LuxLeaks. “Los whistleblowers actuamos de forma consciente y es mucho mejor actuar de acuerdo a lo que crees”, afirma Deltour con rotundidad. “Cualesquiera que sean las consecuencias, si decides actuar de acuerdo a tus valores más profundos te sentirás mucho mejor”.

---------------------------------------------------

Las imágenes son propiedad del Comité de Apoyo a Antoine Deltour (1 y 2) y Unión Europea en Perú| Flickr (4)

La sentencia que el pasado miércoles dictó la justicia de Luxemburgo contra los delatores del escándalo LuxLeaks ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer una ley de ámbito europeo que proteja a los denunciantes de estos casos. Hoy en día, su amparo varía en cada país y las normas comunitarias están fragmentadas por sectores.

La Corte de Apelación de Gran Ducado condenó a Antoine Deltour a seis meses de cárcel y una multa de 1.500 euros y a Raphael Halet, a una sanción de 1.000 euros. El periodista Edouard Perrin fue absuelto. “Esto demuestra la indefensión de denunciantes e informadores, incluso cuando se trata de cuestiones de interés público”, se lamenta el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun. Sin la denuncia, “nunca podríamos haber demostrado la existencia de estos acuerdos fiscales inmorales e inaceptables entre las grandes empresas y la administración tributaria de Luxemburgo”, continúa.

El jefe de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, recuerda que “los filtradores de estos documentos han puesto en riesgo su carrera profesional y su integridad personal” y cree que “deberían tener el reconocimiento de la sociedad por su valentía”. Ambos eurodiputados se encuentran entre los que estos días han vuelto a reclamar una ley a nivel comunitario.

La demanda se remonta en el tiempo y ante esta situación, la Comisión Europea lanzó el pasado 3 de marzo una consulta pública sobre cómo debería mejorar la legislación en vigor. Dejando claro, eso sí, que respetará la división de competencias entre el Ejecutivo comunitario y los Estados miembros. “Los delatores pueden desempeñar un papel crucial en lo que respecta al lavado de dinero, fraude y corrupción”, dijo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, al anunciar la consulta. Pero puntualizó que “hay que medir con cuidado cuál es el mejor camino hacia adelante y a qué nivel debemos actuar para protegerles”.

Las áreas que contemplan las normas comunitarias van “desde la auditoría y las reglas de blanqueo de capitales, hasta el intercambio de secretos, abuso de mercado o requerimientos de capital”, recordó la comisaria. Y España, junto a Polonia, Holanda y Portugal, no ha transpuesto aún la directiva que busca proteger a las personas que denuncian abusos de mercado. Bruselas instó el mes pasado a estos cuatro países a que adopten la regla.

Urtasun desea que “la norma europea que la Comisión está elaborando prospere y no sea bloqueada por los países que tienen mucho que esconder”. Y sobre qué aspectos debería contener esta directiva, Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, está entre los que cree que hay que “establecer un estatuto de protección” del delator, para que quienes deseen denunciar un suceso, sepan que no tendrán represalias.

La medida que está estudiando la Comisión Europea no es la única a nivel comunitario. El año pasado el grupo de los Verdes presentó una propuesta de directiva para la defensa de filtradores como el LuxLeaks o los Papeles de Panamá. Aunque Marina Albiol, de Izquierda Unida, cree que “habría que ir un paso más allá”, de tal forma que la protección se estableciera a todo tipo de filtradores, como por ejemplo, aquellos que denuncian abusos de derechos humanos.

La Justicia luxemburguesa ha decidido rebajar las penas a los protagonistas del escándalo LuxLeaks: Antoine Deltour y Raphaël Halet, los dos extrabajadores de la consultora PwC que fueron considerados culpables de robar documentos, revelar secretos empresariales y de violación de secretos comerciales.

Según informa el diario Le Monde, en la apelación la justicia luxemburguesa ha reducido las penas iniciales. A Antoine Deltour le rebajan la condena de 12 a seis meses de cárcel y tendrá que pagar una multa de 1.500 euros. Al tratarse de una sentencia suspendida, no irá a la cárcel. Halet, condenado inicialmente a 9 meses de prisión, tendrá finalmente que pagar una multa de 1.000 euros.

Édouard Perrin, el reportero de la televisión pública France 2 que destapó los documentos, fue absuelto de todos los cargos ya en la sentencia de junio del año pasado, que fue recurrida por el Ministerio Público de Luxemburgo.

Aunque ninguno de los informadores irá finalmente a la cárcel, la condena ya ha tenido consecuencias: han perdido su empleo y les costará encontrar otro con sus antecedentes penales.

Proteger a los informantes

Tras conocer la sentencia, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha emitido un comunicado en el que aseguran que el caso demuestra “la situación precaria de estos denunciantes y las amenazas legales que pesan sobre ellos incluso en Estados democráticos, a pesar del interés social de las informaciones que revelan”.

Desde la PDLI reclaman que “es necesario modificar la ley para reconocer y proteger a este tipo de informantes”, algo que también reclamaron a raíz de la detención del supuesto filtrador de los Papeles de la Castellana.

Aseguran que, sin embargo, “la proposición de ley impulsada por Ciudadanos que ahora se tramita en el Congreso, contempla una visión muy estrecha de lo que se considera denunciante, restringiendo la protección a casos muy limitados” y reclaman frente a esto un marco legal que proteja a los informantes.

Estos cambios en la ley incluirían “que se garantice el anonimato del informante, que pueda tener estatus de denunciante cualquier persona y no solo aquellas vinculados a la Administración Pública, que las irregularidades de las que se alerten puedan ser también del ámbito privado (empresas), y que la obtención de la información protegida incluya, con las cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos”.

El escándalo de LuxLeaks

Los documentos robados por los dos exempleados demostraban que PwC había ayudado a más de 350 compañías a evadir impuestos, entre 2002 y 2010, con ayuda del gobierno de Luxemburgo y del Gran Ducado. Un fraude de miles de millones que fue el primer gran proyecto del ICIJ, el consorcio internacional de periodistas de investigación que trabajó en la exclusiva con el Süddeutsche Zeitung , The Guardian, Le Monde y otros medios europeos.

La filtración de los exauditores ha generado cambios en la legislación europea. Se han abierto investigaciones en el Parlamento y otras instituciones, y la Comisión Europea ha propuesto, aprobado y puesto en marcha varias propuestas legislativas.

Al hombre más rico de España y segundo del mundo le debieron de pitar las orejas este jueves. Media España hablaba de él, y no precisamente bien, mientras la otra media llenaba sus tiendas como cualquier festivo prenavideño. Hasta se convirtió en trending topic, cosa que al millonario discreto solo le pasa cuando se publica la lista Forbes. El empresario modelo, el creador de riqueza y empleo, el hombre hecho a sí mismo, el filántropo, tuvo un mal día y se llevó sus quince minutos de linchamiento en redes sociales a los que cualquiera tiene derecho al menos una vez en la vida.

Todo por 218 millones de euros que ha dejado de pagar a la Hacienda española en los últimos cinco años, de un total de 585 millones que se ahorró en toda Europa. Ya ven, 218 millones en España, una minucia, da para comprarle una camiseta en Zara a cada español y ya. En hospitales o colegios no sé cuánto será, pero calderilla en todo caso, comparado con los 2.200 millones que Inditex pagó en impuesto de sociedades en el mismo período, según se defendió la empresa.

Les recomiendo que se lean el informe del Grupo Europeo de Los Verdes. Se lee en un rato, en lo que tarda su pareja en salir del probador de Zara. Merece la pena, porque no habla solo de Inditex, sino de cómo la llamada “planificación fiscal” (vivan los eufemismos financieros) alegra las cuentas de las grandes compañías mientras Europa deja de ingresar 70.000 millones de euros cada año. Y lo más interesante del informe: suele ser todo legal. Sí, lo que hizo Inditex para ahorrarse 585 millones no es delito. Ya han oído, todo legal, circulen, pueden seguir comprando sin mala conciencia.

Hace tiempo que las empresas y las grandes fortunas no necesitan andar con maletines de aquí para allá. Aunque sigue habiendo fraude fiscal, ahora lo que se lleva es la más refinada “elusión” fiscal: pagar menos, mucho menos, incluso nada, explorando los muchos resquicios que deja la anticuada legislación fiscal europea. Y sin el engorro de mover el dinero a paraísos lejanos: sin sacarlo de Europa, tributando en Irlanda, Suiza, Luxemburgo o los Países Bajos. Todo gracias a la ingeniería fiscal, que en el caso de Inditex es “agresiva” según Los Verdes.

Pensaba copiarles la lista de compañías que utilizan ingeniería para eludir impuestos en Europa, pero no me da la extensión de este artículo. Acabo antes con una palabra: todas. Absolutamente todas las grandes multinacionales que operan en Europa recurren a trucos fiscales para declarar actividad y beneficios en el país más propicio, y mediante el instrumento fiscal más favorable. Igual que todos deslocalizan producción, hace tiempo que también deslocalizan beneficios.

De vez en cuando sale un leaks y nos escandalizamos un rato al enterarnos de que 300 empresas se benefician de las ventajas fiscales de Luxemburgo, que una compañía factura en Irlanda lo que vende en España, que otra declara mediante una filial en Holanda (pues la competencia fiscal entre países juega a su favor), o que la mayoría de empresas de nuestro Ibex apenas paga impuesto de sociedades.

La Unión Europea lleva años diciendo que va a meter mano a este cachondeo fiscal, pero podemos esperar sentados, solo actúa cuando salta un escándalo, y no siempre. Nada extraño, si pensamos que el presidente de la Comisión Europea fue primer ministro del mayor parque temático de la elusión fiscal en Europa, Luxemburgo.

En noviembre del 2014 Antoine Deltour, exempleado de la consultora PWC (antes Pricewaterhousecoopers), reveló que la empresa multinacional ubicada en Luxemburgo se había beneficiado durante décadas de favores fiscales de las autoridades locales. A raíz de sus filtraciones, Deltour se vio ante juicio en Luxemburgo y nosotros tuvimos el honor de ser sus defensores.

Antoine Deltour personifica los antagonismos extremos en Europa: por un lado un movimiento ciudadano cada vez más consciente de la necesidad de proteger a los informantes, pero por otro, esa oligarquía político-financiera que se resiste, de forma contumaz, a cualquier avance en la protección de los informantes, pues al final, los ven como sus enemigos.

Tal como argumentamos en el juicio, esta dicotomía también está presente en la esfera política. Deltour recibió el Premio del Ciudadano Europeo el año 2015, fue reconocido como informante por el Parlamento Europeo y el comité especial creado con ocasión de sus revelaciones. Además, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker afirmó que Deltour había actuado de forma moralmente irreprochable y no creía que fuera buena idea seguir un juicio contra él. Pero la moneda tiene dos caras y Deltour se enfrentó a juicios penales en Luxemburgo, donde fue condenado a 12 meses de prisión. 

Y si no es él... ¿quién? 

No hay duda del altruismo y la importancia de las filtraciones de Deltour, pues benefician al interés público, y en consecuencia, a todos los ciudadanos europeos. Digámoslo con todas sus letras, son filtraciones que hizo siguiendo sus convicciones morales, y no intereses personales. En este sentido, su caso es como el de Edward Snowden (entre cuyos defensores también se encuentra William Bourdon, uno de los autores de esta columna).

El problema es que no hemos reconocido estas motivaciones y no hemos sabido proteger a nuestros informantes de eventuales juicios. Así, sólo conseguiremos disuadir a quienes intenten filtrar importantes informaciones en el futuro. Pensemos en los muchos grandes escándalos en Europa que se han hecho conocidos gracias a los informantes. Quienes evitan a toda costa que se divulgue información mediante las más complejas maniobras y técnicas, son justamente los que temen enfrentar consecuencias jurídicas o daños en su reputación si su actuar se hiciera público. La necesidad de contar con informantes bien protegidos es evidente, sobre todo considerando que mucha gente oculta sus acciones en sus computadoras, altera números en su contabilidad o envía dineros a lugares recónditos. 

Nosotros solicitamos al tribunal exculpar a Antoine Deltour. Si este caso no cumple con los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la protección de informantes, ¿entonces cuál los cumple? No hay duda de que él actuó en aras del interés público. Además, creemos que publicar sus revelaciones en la prensa era su única opción, pues PWC no contaba con mecanismos internos que le permitieran iniciar un diálogo o negociación seguros y productivos. De hecho, siempre le dijeron que las prácticas dudosas que le preocupaban no sólo eran legales, sino esenciales para la prosperidad del negocio. 

Nadie puede negar que el daño causado a PWC prácticamente es mínimo comparado con el beneficio público de las filtraciones; de hecho, las ganancias de la compañía se han incrementado últimamente. 

Dando los primeros pasos

Pero más allá de este caso puntual, es necesario proteger mejor a los informantes de posibles juicios y no simplemente “compensarlos” después. La Unión Europea y sus miembros debieran crear leyes, por ejemplo, en la forma de directivas, como hicieron el Comité TAXE del Parlamento Europeo y los Verdes, a través de un proyecto de ley. La protección ofrecida por la directiva sobre secretos comerciales, aprobada por el Parlamento Europeo el 14 de abril de 2016, es a todas luces insuficiente. Los informantes debieran ser respaldados en todo caso y no sólo si existen denuncias por conductas ilegales. Las filtraciones de Deltour no se referían a una conducta per se ilegal, pero se trataba de un daño grave al interés público, a los europeos que pagan responsablemente sus impuestos y a la ya frágil imagen de Europa.

Algunos miembros franceses del Parlamento propusieron mejorar la protección de los informantes, mostrando algo de interés en el tema, y aunque el resultado no fue perfecto, al menos fue un buen comienzo. Sin embargo, tememos que el proyecto de ley sea despojado de sus mecanismos más efectivos, pues el Senado francés ya ha demostrado ser bastante hostil con los informantes. Además, hay otros políticos en Europa que intentan a toda costa acabar con las iniciativas que buscan mejorar la protección de los informantes.

Los informantes encarnan una visión del mundo en la cual quienes dañan el interés público tienen que asumir las consecuencias, además de hacernos confiar en que se puede salir victorioso si se lucha contra el cinismo y el hiperindividualismo. Proteger a nuestros informantes es el primer paso en esa dirección.

La vista para decidir si procede atender o no las peticiones de extradición a Estados Unidos del presunto hacker británico Lauri Love concluyeron ayer en el Tribunal de los Magistrados de Westminster. La lectura de la resolución judicial se aplazó hasta el próximo 20 de julio.

Organizada en dos sesiones, la vista de anteayer estuvo dedicada sobre todo a expertos del campo de la psicología y la psiquiatría para ahondar en los aspectos clínicos que entraban en juego en caso de que se produjera finalmente la extradición de Love al país norteamericano.

Miembros de la Courage Foundation, organización dedicada a la defensa de los derechos y libertades en Internet, entraron a presenciar las sesiones, contando casi minuto a minuto lo que sucedía en ambas. En concreto recogieron entre otros el testimonio del catedrático emérito de neuropsiquiatría en el King’s College de Londres y psiquiatra forense, Michael Kopelman, tuiteando: “Mi diagnóstico en este caso es síndrome de Asperger y desorden depresivo recurrente”. 

Hablan los expertos: diferencias entre políticas penitenciarias

Tras un breve debate sobre el orden de comparecencia de los testigos, la acusación tomó la palabra para afirmar que los investigadores del caso “tenían una fuente del FBI en el chat desde donde Lauri Love conducía supuestamente los ataques”. Antes de comparecer los especialistas, el padre de Lauri Love explicó de manera concisa y directa el peligro al que podría enfrentarse su hijo si al final lo extraditaban a Estados Unidos. Según la BBC, Alexander Love “contó al tribunal que vio cómo algunas personas a las que asistió terminaron suicidándose como la única solución a un futuro que no conseguían vislumbrar”. Love tiene más de treinta y seis años de experiencia como capellán de prisiones.

Un escrito elaborado por la Corage Foundation al que ha tenido acceso eldiario.es recoge unas declaraciones de Carol Povey, directora del Centro para el Autismo en la Sociedad Nacional Autista en las que sostiene que “la Sociedad Nacional Autista cree firmemente que la extradición podría ser inapropiada y dañina para cualquiera que, como el señor Love, tenga síndrome de Asperger, una forma de autismo”. Y continúa:

Love: “Internet en sus primeros años era un sueño utópico”

La segunda sesión del juicio estuvo reservada nuevamente a los testigos de la defensa, con extensos interrogatorios de la acusación por la tarde. Hablaron personalidades del “activismo digital” y del mundo hacker: Jeniffer Arcuri de My Hacker House dijo que “My Hacker House tiene como objetivo desarrollar las habilidades informáticas como un bien social”, y alabó el trabajo desarrollado por Laurie para esta institución.  Naomi Colvin, portavoz de la Courage Foundation, alabó también las intenciones de Love.

Después llegó el testigo más esperado. Lauri Love ocupó su sitio en el estrado para arrancar con un comentario irónico que fue encendió a sus seguidores en Twitter: “Hay mucha más verdad de la que da tiempo a escuchar hoy” dijo antes de prestar juramento. Describió el estado de depresión al que se refirieron los especialistas clínicos consultados en la sesión previa en los siguientes términos: “Sientes que te hundes, pero a veces te encuentras en la superficie y puedes nadar y chapotear”. Recordó por otra parte que “Internet en sus primeros años era un sueño utópico…. Podían hablar los unos con los otros tomando únicamente como base las ideas de cada uno”.

La indignación cundió entre los miembros de la Courage Foundation que retransmitían la sesión mediante sus dispositivos móviles cuando aseguraron que la acusación preguntó a Lauri si sus “desventajas manejables” –refiriéndose al parecer a la condición clínica descrita por los expertos y por él mismo ante la juez– no eran “un escudo ante el tribunal”.

Hacia el final, un miembro de la Courage Foundation hizo la siguiente valoración de conjunto: “La vista sobre la extradición ha estado más centrada en la defensa de la acusación que en la defensa del denunciado” y destacó el hecho de que esa misma acusación “no tuviera ningún testigo y la defensa, quince”.

El caso de Gary McKinnon

El 25 de octubre de 2013, Lauri Love fue detenido en la casa de sus padres, en Stradishall, una pequeña localidad situada al Este de Inglaterra. Como contó ya eldiario.es el pasado 11 de mayo, la policía requisó varios equipos informáticos y discos duros de su domicilio. Todos estaban cifrados. La NCA británica, equivalente al FBI estadounidense, exigió que descifrara los contenidos, cosa a la que el acusado se negó. Este organismo de seguridad acudió entonces a los tribunales para obligar a Love a entregar sus claves.

Finalmente, los argumentos de la NCA no persuadieron a la juez que instruía este caso, Nina Tempia, según ella misma manifestó en su momento, así que Love no se vio obligado finalmente a descifrar el contenido de los dispositivos que le fueron requisados.

Ahora, a finales de junio, Love se enfrentaba a tres órdenes de extradición dictadas por separado desde varias jurisdicciones de Estados Unidos, lo que a juicio de la Courage Foundation “incrementa los riesgos de obtener una sentencia contra él que iría mucho más allá de la que pudiera dictar cualquier otro tribunal británico”, hasta el punto, según esta organización de apoyo, “de que su equipo legal calcula una condena máxima de 99 años”.

Gary McKinnon, también diagnosticado con síndrome de Asperger igual que Lauri Love, fue acusado de hackear ordenadores militares de Estados Unidos en 2002. Durante ocho años pesó sobre él una orden de extradición, emitida por Estados Unidos en 2004. Finalmente, el 16 de octubre de 2012, la secretaria de Interior Theresa May bloqueó la extradición de McKinnon alegando razones relacionadas con los derechos humanos.

El 6 de febrero de 2013 The Guardian informaba de la intención de May de promover cambios en las leyes de extradición mediante propuestas de reforma del proyecto de ley en materia penal y de tribunales. El objetivo, según cuenta el diario británico, era “transferir a los altos tribunales los poderes que como secretaria de Interior le correspondían para impedir que alguien sea enviado a comparecer en un tribunal extranjero cuando se alegan razones humanitarias”.

Fruto de este proceso, fue la llamada forum bar que entró en vigor en octubre de ese mismo año, constituyendo la sección 83A de la Ley de Extradición de 2003, que quedaba enmendada. A grandes rasgos establece en su apartado primero que la extradición de una persona depende, en buena medida, “de los intereses de la Justicia”, y que dichos intereses serán sometidos al criterio de un juez que puede considerar que la extradición no es oportuna, entre otros casos, “si la actividad” por la que se juzga a una determinada persona “se desarrolló principalmente en Reino Unido”.   

Para la portavoz de la Courage Foundation, Naomi Colvin, no hay ninguna duda respecto al paralelismo que guardan ambos casos, y el espaldarazo que esta ley reformada puede suponer para Love, como se desprende de sus declaraciones a eldiario.es: “El caso de extradición de Lauri es el primer gran examen de los cambios en la ley que se produjeron a raíz del caso de extradición de Gary McKinnon, que fue muy controvertido en Reino Unido. La forum bar está pensada para prevenir que vuelva a darse una situación como la de McKinnon y si hay un caso en el que [la forum bar] podría aplicarse, es el de Laurie”.

El cambio legislativo: tarde e insuficiente para Detour

Como publicó ayer eldiario.es ayer, todos los filtradores del escándalo LuxLeaks recibieron condenas salvo el periodista Édouard Perrin, para quien se pedía una multa por haber difundido el contenido de los documentos en su programa de la televisión pública francesa. Perrin resultó absuelto, mientras que Antoine Deltour y Raphaël Halet recibieron condenas de doce y nueve años respectivamente, además de multas de 1.500 y 1.000 euros. En principio, se trata de una sentencia suspendida por lo que los filtradores no irán a la cárcel.

El comité de apoyo a Antoine Deltour difundió inmediatamente después de leerse la sentencia un comunicado donde afirmaban sentirse “enfadados” con una sentencia que tildaron de “incomprensible” por “ignorar el interés público” que, a su entender, dirigió la acción de filtrar los documentos llevada a cabo por Deltour.

Por su parte el propio condenado dirigió unas palabras de gratitud recogidas por su comité de apoyo advirtiendo de que, según su punto de vista, “condenar a los ciudadanos que son el origen de la filtración de LuxLeaks equivale a condenar los avances en materia de regulación [fiscal] que se habían fijado como objetivo”.

Según publicó Libération a finales del pasado mes de mayo, al final de los debates para la aprobación de la Directiva Europea sobre el Secreto Comercial se optó por introducir una coletilla que exonerara del deber de guardar secreto a los filtradores de información que actuaran en pro del interés general.

La agencia Europe, según este diario francés, informó de la intención del Parlamento europeo de Estrasburgo de introducir esta exoneración en caso de “malas prácticas” empresariales, y en el caso de la sede de Bruselas de aplicar este eximente en caso de “comportamiento inapropiado”. A la hora de unificar criterios, según esta misma agencia, se optó por “acto reprobable”.

La nueva redacción de esta directiva europea no habría servido por tanto para librar a Deltour de la condena, ya que al fin y al cabo, como señalaba precisamente Libération en otro artículo, “los acuerdos fiscales de las multinacionales radicadas en Luxemburgo eran perfectamente legales”.

No obstante, el comité de apoyo a Antoine Deltour, vio algo positivo tanto en esta directiva como en el proyecto de ley que se discutió en la Asamblea Nacional en Francia a principios de este mes de junio para abordar esta problemática, y que ha sido conocido con el apellido de su impulsor, el ministro de Finanzas Michel Sapin.

El portavoz de dicho comité señaló en declaraciones a eldiario.es previas a la lectura de la sentencia que “es un buen punto de partida y hay ideas interesantes. Por primera vez hay una definición trasversal y un esquema básico para proteger a los filtradores”, si bien matiza que ellos, al igual que otras ONG, han denunciado que la definición era demasiado “restrictiva” y que Antoine “no encajaría” dentro de la misma.

Luxemburgo ha dictado sentencia sobre el escándalo LuxLeaks: Antoine Deltour y Raphaël Halet, los dos extrabajadores de la consultora PwC, son culpables de robar documentos, revelando secretos empresariales y de violación de secretos comerciales. Deltour ha sido condenado a 12 meses de prisión y una multa de 1.500 euros; Halet recibió una condena de 9 meses y 1.000 euros. Édouard Perrin, el reportero de la televisión pública France 2 que destapó los documentos, ha sido absuelto de todos los cargos.

De momento, ninguno irá a prisión. Se trata de una sentencia suspendida, aunque ya han sufrido las consecuencias de su filtración: han perdido su empleo y les costará encontrar otro con sus antecedentes penales. Deltrour ya ha anunciado que piensa recurrir, y es probable que Halet haga lo mismo.

Los documentos robados por los dos exempleados demostraban que PwC había ayudado a más de 350 compañías a evadir impuestos, entre 2002 y 2010, con ayuda del gobierno de Luxemburgo y del Gran Ducado. Un fraude de miles de millones que fue el primer gran proyecto del ICIJ, el consorcio internacional de periodistas de investigación que trabajó en la exclusiva con el Süddeutsche Zeitung , The Guardian, Le Monde y otros medios europeos.

La filtración de los exauditores ha generado cambios en la legislación europea. Se han abierto investigaciones en el Parlamento y otras instituciones, y la Comisión Europea ha propuesto, aprobado y puesto en marcha varias propuestas legislativas. Sin embargo, el fiscal David Lentz argumentó que “si esto no se condenara, los empleadores estarían sometidos a los peores chantajes. Aquí estamos hablando de traición, ni más ni menos”. La sentencia le da la razón.

Sobre el veredicto, el diputado del grupo Verdes/ALE y miembro del comité de investigación de los Papeles de Panamá, Ernest Urtasun (ICV), ha afirmado: “Este escandaloso veredicto debería ser una llamada de atención clara sobre la necesidad de reconocer y proteger legalmente el papel de las personas que denuncian la corrupción política o empresarial. La información filtrada por Deltour y Halet fue básica para entender las prácticas de evasión fiscal de las empresas multinacionales en la UE. Este juicio ha evidenciado la situación precaria de los denunciantes e informadores, incluso en los Estados democráticos modernos. La Comisión Europea no puede seguir escondiéndose. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, es el responsable político de que haya habido fraude fiscal masivo en la UE, ya que el diseñó este complejo sistema de evasión fiscal. Y ahora vemos como en el país que él presidió se persigue a los que denuncian”.

La revelación del escándalo Luxleaks a finales de 2014 o las recientes revelaciones sobre los PanamaPapers no hubieran sido posibles sin la valentía, me atrevería a decir que la heroicidad, de personas que en beneficio del interés común se juegan su carrera profesional e incluso su libertad denunciando la estafa del gran poder financiero

Mientras escribo estas líneas, y mientras el mundo se escandaliza por la revelación de los PanamaPapers, un joven llamado Antoine Deltour, antiguo profesional de la consultora PWC se sienta estos días ante el banquillo de los acusados en Luxemburgo por haber revelado como el Ducado mantenía acuerdos secretos con multinacionales para que pudieran eludir miles de millones de euros en impuestos en toda Europa.  Antoine podría enfrentarse a entre 5 y 10 años de cárcel o a una multa multimillonaria. Es uno de los mayores símbolos del hundimiento moral europeo: procesado por denunciar la injusticia. Su caso, así como el de Snowden y otros muchos, ha puesto encima de la mesa la necesidad de dotarse de una legislación que blinde a aquellas personas que como él deciden dar un paso al frente y sacar a la luz información comprometedora.

Sin embargo, la semana pasada se aprobó una nueva directiva europea, la llamada Directiva de Secretos comerciales, que hace todo los contrario: dejar indefensos a los informadores. Desde el grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo nos opusimos desde el inicio a este texto debido a los excesivos casos en los que las empresas privadas podrán acogerse a partir de ahora al secreto profesional para proteger una determinada información. Durante el trámite legislativo de la Directiva se menospreció casi totalmente la libertad de información, la libertad de expresión, los derechos de los trabajadores y la protección de los informadores, en un texto enfocado tan solo a proteger a las empresas.

En el último trámite en el Consejo asistimos además a un espectáculo deplorable cuando algunos países lograron a través de la traducción del original inglés del texto devaluar aún más esa protección. El Parlamento aprobó que  los filtradores quedarían cubiertos en el caso de denunciar una “irregularidad” o “mala conducta” (en el original inglés “wrongdoing”). La inclusión de esta palabra nos decían los defensores de la nueva ley, cubriría los casos como el de Antoine Deltour. Nosotros siempre consideramos que ello era absolutamente insuficiente, pero el Consejo logró incluso devaluar este término.

De la inicial traducción al francés “comportement inaproprié” pasamos a última hora y como si fuera una corrección meramente técnica a “acte repéhensible”, que limita aún más la cobertura a los filtradores. ¿Por qué los países de habla francesa en el Consejo -entre ellos Luxemburgo, donde Antoine Deltour está siendo juzgado- estaban tan interesados en cambiar la traducción de “wrongdoing”? Creemos que cualquier cambio de un texto (que ya había sido aprobado por el Parlamento) es inaceptable. Y pone de manifiesto que podrían existir diferencias jurídicas significativas entre las distintas traducciones de esta ley.

Nuestro grupo exigió tener un informe completo jurídico independiente sobre las diferencias de las traducciones, pero tanto el Consejo como los grandes grupos del Parlamento tenían mucha prisa en que este texto se aprobara en primera lectura y querían evitar la reapertura de las negociaciones.

Las prisas y las manipulación de las traducciones fuera de todo control democrático son muestra de la escasa voluntad de nuestros gobiernos por dotarse de un verdadero marco de protección para los filtradores. Y de la urgencia de que la opinión publica se movilice para exigirlo.

Por una directiva que blinde realmente a los informadores

Defender a personas como Deltour no tiene que ver exclusivamente con la libertad de expresión o la defensa de los trabajadores. Es mucho más que eso. Es la única manera que tenemos de  que mucha información hasta ahora secreta pueda salir a la luz.

Por ello es imprescindible crear un marco legal europeo para su protección. Los Verdes Europeos hemos desarrollado un borrador de Directiva en ese sentido.

Proponemos que la Directiva cubra a empleados presentes y pasados en cualquier sector de actividad público o privada. La información revelada sería aquella que afectara al interés general en el momento de su filtración, que hubiera afectado en el pasado o que pudiera hacerlo en el futuro.

Proponemos que se establezcan vías legales y seguras para la denuncia: internamente en el lugar de trabajo, directamente a las autoridades, o a través de parlamentarios, agencia públicas, sindicatos, asociaciones profesionales o incluso a través de los medios de comunicación.

Una vez hecha la denuncia, proponemos en la Directiva que se realicen investigaciones protegiendo la identidad de los informadores si estos lo desean y garantizando los derechos de las personas implicadas en la misma.  Esa protección incluiría la protección de cualquier procedimiento judicial relacionado con la información revelada, así como la protección de posibles represalias internas en el lugar de trabajo ya sea el despido o la marginación profesional. La persecución de filtradores como consecuencia de la información revelada sería sancionada, situando la carga de la prueba sobre sobre el empleador.

Se trata de una propuesta clara, ambiciosa y extremadamente necesaria

Tras el atropello cometido por el Consejo con la Directiva de Secretos Comerciales, ¿se atreverán a sacar adelante nuestra propuesta? ¿Evitaremos en el futuro casos com el de Antoine Deltour? ¿O acaso seguiremos escandalizados con los Panamá Papers mientras abandonamos a su suerte a aquellos que se la juegan por nosotros?

El pasado miércoles día 11 de mayo se celebró la última sesión del juicio contra los tres acusados de la filtración de los papeles del escándalo LuxLeaks, mediante los cuales pusieron de manifiesto el trato de favor en materia fiscal que numerosas empresas multinacionales recibían en Luxemburgo. Entre dichos acusados están dos extrabajadores de la consultora encargada de auditar las cuentas de las empresas en materia de impuestos, PwC. Se trata de Raphaël Halet y otro cuyo nombre ha trascendido en bastante mayor medida a la opinión pública, y que para diversas organizaciones de defensa de los derechos de confidentes y de la transparencia institucional ha pasado a ser un icono a la altura de Edward Snowden: Antoine Deltour.

No se dictó sentencia ese miércoles, quedando esta tarea pendiente para otra nueva sesión el día 29 de junio, pero sí se terminó de escuchar a las partes ya con la petición definitiva del fiscal en el horizonte: 18 meses de prisión y una multa cuya cuantía aún no se ha fijado para los dos extrabajadores de PwC. Para Édouard Perrin, solo una multa que castiga al periodista francés por hacer público el contenido de ese documento en el espacio televisivo Cash Investigation, de la cadena pública France 2.

El fiscal rebaja sus peticiones, pero mantiene sus motivos

Esto supone una rebaja exponencial de la petición inicial: diez años de prisión y una multa de más de un millón de euros, al menos para Antoine Deltour, según informó en su día Transparencia Internacional en su página web. Bernard Colin, encargado de defender a Raphaël Halet, señaló lo que para él suponía una paradoja evidente en unas declaraciones recogidas por el diario Luxemburger Wort en su versión en francés: “David Lentz [el fiscal] ha ceñido el debate en torno al Código Penal luxemburgués, centrándose solamente en el robo y ocultando todas las cuestiones que han salido en el proceso [como el interés general o la jurisprudencia europea]. Siendo esto así, ¿por qué se lleva cabo un proceso de tres semanas? Un robo habría quedado resuelto en tres horas”.

El periodista encausado fue más allá: “Los jueces sabrán calibrar [los hechos], puesto que se han oído muchas cosas inexactas” a lo largo de las distintas sesiones del proceso y ha puesto el foco en lo que a su juicio son “cosas raras”, refiriéndose así sobre todo a “partes que han desaparecido del sumario”, según lo recogido por este mismo rotativo luxemburgués.

Por su parte, el abogado de PwC, Hervé Hansen, refiriéndose a Halet, señaló con ironía que este último “decidió convertirse en confidente cuando necesitaba una estrategia de defensa”. Respecto a Deltour se expresó en los siguientes términos: “No se puede ser un embajador de la transparencia y esconderse. Pues bien, Deltour se ha escondido negando los hechos durante mucho tiempo”. De acuerdo con lo afirmado en Luxemburger Wort, Hervé ponía así el colofón a lo argumentado por el fiscal David Lentz en esta misma sesión: “Ellos [Deltour y Halet] eran conscientes de que estaban quebrantando la confidencialidad a la que estaban sometidos”, y apostilló que “si esto no se condenara, los empleadores estarían sometidos a los peores chantajes. Aquí estamos hablando de traición, ni más ni menos”.

Revelación de un secreto “por el interés general”

Esa acusación en concreto es precisamente la que Deltour niega de raíz. Lo hizo en una entrevista concedida al diario francés Libération antes del inicio de las sesiones del juicio, en la segunda mitad del pasado mes de abril, citando el artículo 309 del Código Penal luxemburgués que fija el delito de quebrantamiento de la legislación en materia de secreto en los negocios siempre que concurran una serie de circunstancias en las que el acusado de este delito pueda obtener un rédito personal o lo haga con ánimo de perjudicar a quien lo ha contratado.

Su abogado, William Bourdon, confirma esta circunstancia: “A nuestro juicio no cabe una condena basada en el artículo 309 puesto que jamás se trató de una finalidad de tipo competitivo, ni trató de causar un perjuicio a su empleador ni trató de lograr una ventaja de carácter ilícito”, ha especificado en declaraciones a eldiario.es. Por ello, según su criterio, ha pedido “la absolución de Antoine Deltour”, ya que “nos parece que es conforme a derecho, tanto observando las disposiciones luxemburguesas sobre el estado de necesidad como atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre quienes efectúan una filtración”. Y, por tanto, en caso de resultar condenado su cliente, “nos plantearemos interponer un recurso de apelación”.

Este juicio ha dejado algunas anécdotas que ayudan a vislumbrar la polarización de las posturas, los ánimos en torno a las mismas o la trascendencia de las revelaciones. En una de las sesiones, un investigador policial tildó a Deltour de “anticapitalista”, según la información recogida por L’Essentiel el pasado 28 de abril, ya que supuestamente había leído unos estados en la cuenta de Facebook de Deltour donde este habría manifestado “llevar mal el hecho de tener que aceptar que el común de los mortales no pueda escapar del pago de impuestos como las grandes multinacionales”.

Los Papeles de Panamá entran en escena

Posteriormente, el autor de la filtración de los Papeles de Panamá decidió dar un paso al frente, y presentarse por primera vez ante la opinión pública con un manifiesto de apoyo a Deltour reproducido originalmente en el mismo periódico alemán que recogió su guante de la filtración, Süddeutsche Zeitung, traducido al francés primero por Le Monde y publicado íntegramente después por Le Quotidien de Luxemburgo. Se titula La revolución será numérica, y en el mismo escribe que “Antoine se ve sometido en la actualidad a un proceso judicial por haber filtrado una información a unos periodistas sobre la manera en que Luxemburgo firmaba en secreto acuerdos fiscales complacientes con las multinacionales robando con buenas maneras miles de millones en impuestos a los estados vecinos”.

Aunque el personal de la Embajada de Luxemburgo en Madrid se ofreció a que el embajador del Gran Ducado en la capital, Jean Graff, recibiera a eldiario.es para resolver cualquier duda respecto a las políticas fiscales del país que representa, lo cierto es que no se ha vuelto a tener noticias de esta institución cuando le han sido solicitadas estas mismas explicaciones en relación con el caso LuxLeaks y la situación de Antoine Deltour.

El último hecho reseñable ocurrió precisamente en la última sesión del juicio. Phillippe Penning, uno de los abogados de Antoine Deltour, fue señalado al haberse conocido el pasado lunes día 9 de mayo que el bufete donde trabaja y que lleva su apellido, aparecía en los Papeles de Panamá. El abogado aseguró que “nunca he creado, comprado o poseído sociedad panameña alguna” y que no ha procedido “en ningún momento directa o indirectamente a la venta o la puesta en otras manos de una estructura semejante”, de acuerdo a lo citado por Luxemburger Wort en su versión francófona.

Aseguró asimismo que no existía “incompatibilidad de ningún tipo” entre los hechos que han salido a la luz y la defensa de su cliente y que este “es la única persona que podría reprochármelo, y no ha sido el caso”. De nuevo, el diario.es ha tratado sin éxito de contactar con este letrado.

Desde el Comité de Apoyo a Antoine Deltour han asegurado a eldiario.es que “los abogados de Antoine han solicitado la absolución” o bien “la posibilidad de solicitar al Juzgado una 'suspensión de la sentencia' que, si lo hemos entendido correctamente, es algo específico de Luxemburgo, donde se termina por no pronunciar sentencia [después de celebrarse el juicio] y se cierra el caso”. Y manifiestan con rotundidad que “sería una mala señal para los confidentes, cuyas acciones valientes necesita tanto nuestra sociedad” que Deltour fuera condenado. No solo para quienes revelan historias a lo largo y ancho del mundo sino que “también sería un mal espectáculo para Luxemburgo que tiene una auténtica oportunidad para aplicar una postura de modernidad, y como dijo William Bourdon, 'salir al encuentro de la Historia, y escribir una nueva página del Derecho europeo'”.

En contacto con el Comité está la Courage Foundation, organización por la transparencia, el derecho a la información, la privacidad, y especialmente implicada en el apoyo a los confidentes que filtran información de interés público, que ha dejado clara su postura a eldiario.es a través de su portavoz Naomi Colvin: “Courage condenaría públicamente cualquier sentencia que reciba Deltour, porque las supuestas acciones [por él cometidas] estaban claramente motivadas por el interés público y se deberían defender y proteger”, y añade que “el uso de las leyes de secreto bancario para colocar en el punto de mira a los confidentes nos preocupa; no creemos que se deba dar una protección especial a actividades comerciales que no van orientadas al interés general”.

Directiva Europea de Secretos Comerciales y periodismo de investigación

El pasado 14 de abril, tan solo poco más de diez días después de la salida a la luz pública de los Papeles de Panamá, el Parlamento Europeo aprobó algunas medidas para proteger los secretos de las empresas. Algunas voces significativas como Transparencia Internacional, la Federación Europea de Periodistas, o el Observatorio Corporativo Europeo han mostrado su preocupación por las implicaciones que podría tener esta directiva en la transparencia y las revelaciones a la opinión pública que en un momento dado puedan hacer fuentes confidenciales.

Ese mismo 14 de abril, la cadena británica BBC se hacía eco de las explicaciones de la europarlamentaria francesa encargada de que esta iniciativa haya prosperado en el Parlamento europeo. Constance Le Grip salía así al paso de las críticas: “Hemos dejado claro que esta directiva no afectará al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información establecida en la Carta Europea de Derechos Fundamentales”. Cuando se relacionó la celeridad de las negociaciones en torno a este asunto y la publicación de los Papeles de Panamá afirmó, según recabó el canal de televisión británico, que “hemos establecido con mucha precisión y de forma clara las excepciones, tanto para periodistas como para informantes. Los papeles de Panamá no tienen nada que ver en este asunto”.

Más extensas fueron las explicaciones que figuran en la web de la propia Comisión Europea, donde se destaca, que: “Los periodistas seguirán siendo libres para investigar las prácticas y negocios empresariales, como lo son hoy. El borrador de la directiva solo aborda la conducta ilegal según la cual alguien adquiere o desclasifica sin autorización y a través de medios ilícitos información de valor comercial considerada confidencial por las empresas con el fin de proteger su ventaja comercial frente a otros competidores”. Y prosigue asegurando que “la directiva europea persigue una salvaguarda específica de la libertad de expresión y el derecho a la información”, y ahí, según continúa, se incluye a “aquellas personas que, actuando en pro del interés público, filtran un secreto comercial con el propósito de revelar una actividad ilegal o improcedente, o una conducta inapropiada”.

De acuerdo a lo expresado por Colvin, “la Courage se opone a la Directiva de Secretos Comerciales debido a las implicaciones que tiene para los confidentes. Encontramos que falta algo en estas declaraciones que defienden la directiva: quienes han seguido la tramitación de esta ley han comprendido con claridad que la misma pondría en peligro el periodismo de investigación. Lo que le está ocurriendo a Antoine es que se han formulado cargos contra él a partir de leyes que protegen la actividad comercial, incluso cuando esta no va en consonancia con el interés general”, y apostilla: “Es evidente que no tiene justificación introducir leyes similares a escala europea y eso es lo que estamos viendo con la Directiva de Secretos Comerciales”.

El grupo de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo (GUE), al que pertenecen Podemos, IU, Bildu o Syriza entre otros, ha presentado una demanda contra la Comisión Europea en el Tribunal de Justicia (en la corte de Primera Instancia). El motivo de la querella radica en las conclusiones de un estudio independiente encargado por el GUE por las restricciones impuestas por dicha institución a la hora de facilitar el acceso a documentos relativos a los acuerdos fiscales entre cualquiera de los estados miembros y las multinacionales; unos acuerdos (“tax rulings”, en inglés) que van destapando una red de paraísos fiscales en la UE a medida de las grandes firmas transnacionales como Apple, Starbucks, Fiat o Google.

Las conclusiones del estudio, realizado por los profesores de Derecho Público Andreas Fischer-Lescano y Nele Austermann por encargo del think tank alemán Centre of European Law and Politics, son inequívocas: el Ejecutivo de Jean-Claude Juncker viola la legislación comunitaria al no entregar los documentos reclamados, entre ellos las minutas y actas del trascendental Grupo del Código de Conducta sobre la tributación de los grandes negocios (CoCG, en inglés). Se trata de un cónclave que pertenece al Ecofin, el Consejo de ministros de Finanzas de la UE, y que delibera fundamentalmente sobre la fiscalidad de las grandes firmas en la Unión en medio de la opacidad, según revela el texto.

El informe, de 30 páginas, asegura que la Comisión Europea no ha justificado las restricciones y limitaciones de acceso a los documentos impuestas a los eurodiputados que solicitan revisarlos, especialmente los que pertenecen al comité parlamentario especial TAXE, que se creó a raíz del escándalo LuxLeaks (febrero de 2015) y que supervisa todas las cuestiones relativas a la fiscalidad comunitaria. Fischer-Lescano y Austermann, profesores de la Universidad de Bremen, enumeran aproximadamente media docena de artículos y normas violadas por la institución.

El catedrático Andreas Fischer-Lescano es un profesor muy popular en Alemania, ya que en 2011 demostró que el entonces ministro de Defensa y figura emergente del equipo de Angela Merkel, Karl-Theodor zu Gutemberg, había plagiado su tesis. El barón de Gutemberg tuvo que dimitir tras revelarse este secreto.

El eurodiputado alemán (de origen italiano) Fabio De Masi ha sido el encargado de presentar la querella. “La Comisión ya no puede parapetarse más tiempo tras el secreto fiscal, cuando ha estado reteniendo vastas cantidades de información política a miembros elegidos en el Parlamento Europeo”, lamenta De Masi. “Esto ya no va de privacidad de los contribuyentes, sino de respaldar a los carteles que evaden al fisco y que cuestan a los ciudadanos europeos cientos de miles de millones de euros al año”, apunta.

De Masi se refiere a los apaños que varias multinacionales pactan con los estados miembros para pagar menos impuestos por los beneficios obtenidos, algo que se ha puesto recientemente de manifiesto en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo o Irlanda. El estudio, titulado El Derecho de Acceso a la Información del Grupo del Código de Conducta, analiza la decisión del pasado 9 de diciembre, por la cual la Comisión denegó “la solicitud de proveer el acceso a todos los documentos que habían sido redactados por la Comisión desde 1998”, en cooperación con el desconocido Grupo del Código de Conducta.

La negativa, dicen los autores, es “ilegal”, y viola, entre otros, los artículos 8.3 y 15.3 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea además del artículo 2.1 sobre la transparencia Regulatoria 1049/2001. La Comisión tampoco puede alegar “confidencialidad” en el recurso del artículo 13 de la Carta Fundacional del Grupo del Código de Conducta, perteneciente al Ecofin. Y a continuación aparecen una serie de normativas sobre transparencia que también son ultrajadas por el rechazo a desclasificar documentos, indican los profesores de Derecho Público.

La Comisión, en respuesta a este medio, deniega tales imputaciones. “Hemos cooperado activamente con la comisión especial parlamentaria TAXE y TAXE 2 y hemos tenido un contacto regular con el señor De Masi”, aduce un portavoz. “Unos 415 documentos se han hecho disponibles a petición del Parlamento Europeo y hemos tenido en cuenta las recomendaciones hechas por TAXE”. El portavoz añade que los estados miembros están siendo consultados para desclasificar otros 63 documentos.

“Estamos contentos por escuchar a la Comisión decir que va a liberar más documentos, pero el problema es que las minutas y actas del Grupo de Código de Conducta son, estimamos, unos 5.000 documentos”, ironiza Fabio De Masi.

Más severa se muestra Paloma López (IU): “Hemos encargado este estudio porque sabíamos que la Comisión estaba actuando en contra a la ley para proteger a los implicados. El estudio revela como Juncker está impidiendo el acceso a la información sobre los acuerdos fiscales con multinacionales y cómo muchos Estados miembros conocían y permitían la situación de abuso fiscal de un buen número de multinacionales europeas”.

Los famosos tax rulings, esa especie de manual de instrucciones para multinacionales que persiguen pagar los menores impuestos posibles en un país, con asesoramiento de las mejores firmas de servicios profesionales y con el acuerdo y bendición de gobiernos de países ansiosos de inversión, son documentos verdaderamente curiosos. Quienes rebuscan en el caso LuxLeaks subrayan el nivel de detalle y complejidad de las operaciones mercantiles que plasman los documentos reveladores de dichos acuerdos --en este caso, pactados con Luxemburgo--, así como el tratamiento fiscal que las empresas recibirán a cambio. Y concluyen que, primero, la empresa ata la fiscalidad y después, desembarca con una inversión a partir de estimaciones sobre escenarios futuros que acaban siendo un fiasco. De hecho, las dos últimas burbujas vividas (y sufridas) en España el enladrillamiento masivo del país y la desordenada apuesta por la energía solar, difícilmente podrían explicarse sin tax rulings.

Hemos visto sólo la punta del iceberg, a partir de los trabajos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ): una colección de un millar de documentos que implican a 376 empresas con pactos alcanzados con el hoy presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando pilotaba el Gran Ducado, con el inestimable asesoramiento de una cantera de altos cuadros que pilotan la política económica española, PwC. De las 376 compañías que aparecen en los documentos, 29 operaciones afectan a España.

“Estos documentos, que justificaban las operaciones mercantiles que se realizaban para cumplir con requisitos legales, o como parte de una reestructuración societaria, pero no con argumentos fiscales, se usaron para alimentar inversiones que a su vez engordaron burbujas que no han ayudado precisamente a la sociedad”, señala Juanjo Cordero, socio director de Sustentia. Esta firma de innovación social, centrada en promover el cambio hacia empresas más transparentes, éticas y sostenibles, ultima una investigación sobre cómo afectan los tax ruling a España. La investigación se realiza en colaboración con Oxfam y Gestha, por encargo del eurodiputado Ernest Urtasun (ICV, integrado en el grupo de los Verdes de la Eurocámara).

Inversiones como las realizadas por Hines (centros comerciales), Doughty Hanson Real Estate (Aranco-Sareb), el fondo de Abu Dhabi Investment Authority (Playa Hotels &Resolrts SL) o Tiger Partners (Miura-Praedium Desarrollos Urbanos SL) son algunos de los actores protagonistas por operaciones realizadas con un fuerte apalancamiento –es decir, con poquito capital y mucha deuda- y con proyecciones de revalorización y beneficios que nunca se cumplieron, a resultas del pinchazo del ladrillo.

Por otra parte, la facilidad para recuperar las ganancias de capital invertido atrajo a sociedades como Solarig IPP, ligada al HSBC o Foresight, a través de Acacia Instalaciones Fotovoltaicas. El frenazo a las renovables, que captaron un alud de inversión financiera extranjera por la atractiva remuneración para acompañar la consolidación de las energías limpias en España, que no se financiaba vía presupuestos sino con cargo a la factura de la luz, también dejó en papel mojado los escenarios de los rulings. El parón retroactivo ha desencadenado diversas batallas judiciales a escala internacional contra España por inseguridad jurídica.

La reestructuración y deslocalización de negocios ha sido otro de los objetivos que han podido realizar las multinacionales en España a partir del citado manual. Cordero apunta como ejemplos los casos de McGraw Hill, Oaktree (dueño de Panrico antes de que Bimbo la comprara) o Buberry. El esquema de fuerte endeudamiento y descapitalización de sociedades como paso previo a su venta o liquidación es una constante que se desprende de los rulings, que apuntalan algunas de las técnicas de elusión fiscal (legal y, como hemos visto, con beneplácito de gobiernos) ya conocidas. Puede ser el pago de dividendos a través de Luxemburgo pero cuyo destino final sea otro país, que las filiales se endeuden en el país de los bancos y las gasolineras, que ofrece, además, exención del 80% por royalties, patentes e intangibles, y la conocida prestación de servicios entre empresas de un mismo grupo.

A falta de las conclusiones finales, del buceo en los documentos afloran, según los autores de la investigación, afloran casos llamativos como el de Burberry Spain Holdings, que en el ejercicio fiscal concluido en marzo de 2008obtuvo un resultado de 111 millones y pagó dividendos por 127 millones, registró pagos de préstamos a otras empresas del grupo por un importe de 665 millones. Dos años después, la empresa elimina a casi 600 empleos tras cerrar instalaciones de diseño y producción.

Es uno de los casos de la investigación que Sustentia, Oxfam y Gestha presentaron hace unas semanas ante el Comité técnico del Parlamento Europeo que, a falta de voluntad política para abrir una comisión de investigación sobre la ingeniería fiscal que Luxemburgo autorizó a multinacionales para reducir al máximo el pago de impuestos, aceptó finalmente por presión de los Verdes. Un comité temporal –sus trabajos, con difícil acceso a la información, se alargarán hasta el mes de noviembre-- ante el que el gobierno español ha defendido los pasos que se están dando a instancias de la OCDE y de la Comisión Europea. “Hace cinco años habría sido imposible pensar en intercambios automáticos de información [entre países sobre empresas, y también entre particulares, que en la UE están en el horizonte, por fases, de los dos-tres próximos años si sale adelante la propuesta de Bruselas]. Hay que reconocer todo lo que se ha hecho”, consejera coordinadora de los temas fiscales en la representación permanente de España ante la UE.

La Comisión Europea ha dado un paso contra la ingeniería fiscal, con la propuesta de una base imponible común. Bruselas no plantea un tipo mínimo común para el Impuesto de Sociedades. Organizaciones como ATTAC, European Network on Debt and Developement (Eurodad) dada y ONG como Oxfam, que batallan contra la elusión fiscal, critican lo que consideran “falta de ambición” y “falta de determinación” para realizar progresos reales. En los próximos meses se verá la concreción de las propuestas, tanto de Bruselas como de la OCDE.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El pasado mes de noviembre de 2014 estallaba el “escándalo” conocido como LuxLeaks, que revelaba los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Luxemburgo y 350 multinacionales entre 2002 y 2010 para establecerse en dicho paraíso fiscal y eludir los impuestos en el resto de Estados de la UE. Este “escándalo” se producía poco después de la elección de Jean Claude Juncker, presidente del Luxemburgo durante el citado periodo, revelando los verdaderos intereses del recién nominado presidente de la Comisión Europea.

Sin embargo, pese al revuelo producido, los partidos del centro político europeo, especialmente socialistas y populares, parecen no haberse sentido aludidos por el “escándalo”. En la actualidad, pese a su negativa a apoyar la comisión de investigación sobre LuxLeaks el Parlamento Europeo ha conseguido sumar los 188 apoyos, un cuarto del total de los eurodiputados,  necesarios para su constitución.

En realidad en el caso de LuxLeaks ninguna ley ha sido violada, las legislaciones tributarias de los Estados miembros permiten el movimiento de los capitales con el fin de optimizar su tributación. Este es el caso de las conocidas SICAVs en España y otros muchos instrumentos en la práctica totalidad de los Estados miembros de la UE. Así, pese a nuestro firme apoyo, tenemos alguna duda de los efectos que tendrá dicha comisión de investigación. Lo que sí nos resulta escandaloso es la inquebrantable negativa a cambios legislativos que obliguen a que las multinacionales y sus propietarios paguen impuestos en el país donde extraen sus beneficios.

Según los datos del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) un 70% del fraude fiscal en España se produce en sus grandes empresas y patrimonios. Estas fortunas disponen, a parte del fraude, de numerosos mecanismos legales para reducir su tributación en detrimento de los ingresos de los Estados, prácticas conocidas como planificación fiscal agresiva. Esto ha provocado la caída de la recaudación a través del impuesto de sociedades a menos de la mitad de lo recaudado antes del comienzo de la crisis financiera.

La caída de la recaudación es el principal problema tributario que afrontan las arcas públicas de los Estados de la Unión Europea, que deben acudir a los mercados de deuda para poder mantener el gasto público. Mientras que la Comisión Europea tan solo insta a los Estados a elevar la imposición indirecta, con impuestos como el IVA, mantiene un silencio absoluto a la hora de proponer medidas fiscales vinculantes que incremente la tributación de los grandes capitales. Su desinterés por una armonización al alza de los impuestos progresivos la convierte en cómplice de una competición tributaria que drena los presupuestos de los Estados e incrementa la desigualdad.

La propuesta fiscal de los grandes grupos políticos europeos está orientada intencionadamente hacia la falta de transparencia en los movimientos de los grandes capitales europeos, como demuestran con el pasmoso silencio del LuxLeaks. Al mismo tiempo el Consejo, compuesto por los Gobiernos pertenecientes a estos mismos partidos, impone límites a las medidas de transparencia en materia de delitos fiscales acordadas por el Parlamento Europeo en la pasada legislatura.

En este sentido, el pasado 16 de diciembre Parlamento, Comisión y Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo que daba luz verde a la cuarta Directiva Anti Lavado de Dinero de la UE. Esta nueva Directiva implementa en la UE las recomendaciones establecidas por el G-7 en dicho ámbito.

Las últimas recomendaciones, publicadas en 2012, incluyen los delitos fiscales dentro de su mandato por primera vez en su historia. Esto ha supuesto un innegable avance al igualar, a nivel internacional, la persecución del lavado de dinero procedente del crimen organizado al procedente de delitos fiscales.

Durante el pasado mes de marzo de 2014 el Parlamento Europeo aprobó su informe sobre la citada Directiva con un 94% de los votos a favor. Este informe proponía una ambiciosas medidas que, entre otras muchas, introducía la obligación a los Estados miembros de hacer público el registro de las personas beneficiarias de las empresas que practican delitos fiscales. Pese al casi unánime apoyo el Consejo ha impuesto una considerable reducción del alcance de la propuesta, especialmente en la publicidad de la información sobre los beneficiarios de las empresas evasoras, principal demanda de las ONGs y asociaciones vinculadas al sector de la política fiscal. Esto supone una oportunidad perdida, puesto que las nuevas medidas no gozarán de transparencia, impidiendo a la sociedad participar y señalar a los principales evasores en Europa.

Ni transparencia ni medidas para afrontar el fraude de los grandes capitales, este parece el proyecto de la Europa de Juncker, o más bien la Europa del LuxLeaks. Una Europa que continúa exigiendo subidas en el IVA, que podría terminar de hundir economías como la española, sin ofrecer alternativa alguna. En España se calcula que la economía sumergida representa casi un cuarto del PIB por la que el Estado pierde 88.000 millones de euros de ingresos totales al año. Estos ingresos, más el coste de la deuda necesaria para cubrirlos supondrían recursos suficientes para mantener numerosos servicios públicos; hospitales, escuelas infantiles, servicios sociales y de dependencia, etc. pero parece ser que el Señor Juncker ya tomó su decisión.

Nosotros no consideramos que hacer tributar a las grandes empresas y patrimonios sea una utopía, para nosotros el no hacerlo, pensando que se mantendrán nuestros derechos fundamentales sí que es una utopía. España ha sido el país donde más se han incrementado las desigualdades desde el comienzo de la crisis y sin un sistema impositivo progresivo y efectivo ningún Gobierno podrá desarrollar sus políticas, cualquiera que sea su signo. Es por esto que la tributación de los grandes capitales se ha convertido en la utopía necesaria para tratar de salvar una UE que sirva a los intereses de las personas.

El pasado mes de noviembre salieron a la luz filtraciones que situaban en Luxemburgo el epicentro del mayor escándalo fiscal de Europa en las últimas décadas. Más de 350 multinacionales con sede allí tenían acuerdos secretos con el Gobierno luxemburgués para tributar sus ingresos en territorio europeo a prácticamente cero. El actual Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, entonces Primer Ministro el país, se situaba en el centro del escándalo.

La pregunta inmediata que se hizo mucha gente fue la siguiente: ante este escándalo mayúsculo, ¿qué harán los eurodiputados? ¿van a exigir responsabilidades políticas? ¿O asistirán pasivos al espectáculo como si nada hubiera ocurrido?

Poco después de la aparición de las filtraciones, Juncker compareció en el Parlamento. Cuatro explicaciones rápidas, una vaga promesa de armonizar la bases impositivas en Europa (que no los tipos), un mayor esfuerzo de intercambio de información fiscal entre Estados y si te he visto no me acuerdo.

A ello siguió la propuesta de la Gran Coalición popular-socialista-liberal en el Parlamento de redactar dos informes de iniciativa en la Comisión de Economía (para que se entienda, un ponente y un responsable por grupo a negociar un texto sobre qué opinión le merece al Parlamento el escándalo). Y a ser posible dejar que el tiempo entierre el asunto. Tan en serio se ha tomado la Gran Coalición estos dos informes que se los han dado a dos ponentes uno de la Extrema Derecha de Suecia (Demócratas Suecos) y el otro al maltrecho Partido Liberal Alemán.

Francamente, a ICV y al Grupo Verde en el Parlamento Europeo no nos da la gana que esto termine así. Creemos que el Parlamento Europeo debe investigar a Fondo el asunto y pedir responsabilidades políticas. Por ello, hemos propuesto la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para depurar todas las responsabilidades políticas.

La propuesta de nuestro grupo pretende que se investigue la posible “vulneración de la ley europea en relación con esos acuerdos fiscales, así como la ley nacional en algunos estados miembros”. Concretamente, pretende investigar si estas ayudas constituyen “ayudas de Estado” contraviniendo el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE, así com el artículo 108, que obliga a los Estados y a la Comisión Europea a investigar permanentemente estas ayudas.

También exige la investigación de la posible vulneración del artículo 4 apartado de 3 del Tratado de la Unión, que consagra el principio de “cooperación leal” entre Estados Miembros así como la obligación de ayudar a la Unión “en el cumplimiento de su misión” y de abstenerse “de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.”.

Entendiendo que la planificación fiscal agresiva y los acuerdos con estas multinacionales podrían de forma evidente suponer una infracción de estos artículos del derecho primario europeo, el Parlamento tiene todos los argumentos a su favor para iniciar una investigación.

El establecimiento de a esta Comisión de Investigación permitiría, según el artículo 198 del Reglamento del Parlamento Europeo, acceder a documentación confidencial, llamar a comparecer a personas relacionadas con el objeto investigado y tener apoyo financiero para desarrollar dicha labor. Es lo mínimo que debe hacer el Parlamento.

Para lograrlo, necesitamos la firma de una cuarta parte de los eurodiputados y eurodiputadas, es decir 188 firmas. Y no estamos lejos de lograrlo. Tenemos ya 163 firmas, incluyendo 23 socialistas europeos. Incluso 2 populares han firmado escandalizados por la poca seriedad con que se ha manejado la decisión de realizar dos informes de iniciativa en la Comisión de Economía, y esperamos que este gesto anime a otros conservadores a apoyar la petición. No contamos por el momento con ninguna firma del PP español ni, por ahora, tampoco del PSOE que por el momento se resiste incomprensiblemente a apoyarla. Sí lo apoya el conjunto de eurodiputados de la izquierda española, incluyendo a Izquierda Unida, Compromís-EQUO y Podemos.

No tengo la menor duda de que lograremos poner en marcha la Comisión. Estamos cerca de lograrlo. Y estoy convencido que tendrá una gran trascendencia por dos motivos: el primero, por los resultados que de la investigación puedan derivarse. Y segundo, porque a pesar del cierre de filas de la Gran Coalición Popular-Socialista-Liberal en las instituciones europeas, hemos empezado a resquebrajar ese muro como consecuencia de este asunto, lo que puede tener serias para la legislatura y pone a Juncker en un serio aprieto.

La noticia saltó a comienzos de noviembre: más de 300 multinacionales pactaron acuerdos fiscales secretos con el Gobierno de Luxemburgo dirigido por Jean-Claude Juncker, ahora presidente de la Comisión Europea. La investigación bautizada 'Luxleaks' hizo tambalear el liderazgo de Juncker y generó un notable escándalo entre muchos europarlamentarios. El grupo verde del Parlamento Europeo inició entonces el proceso para abrir una comisión de investigación que aclarara lo ocurrido y determinara si estas prácticas son contrarias al derecho comunitario. Un proceso que requiere la firma de 188 eurodiputados y que no cuenta hasta el momento con el apoyo de los socialistas europeos.

La iniciativa del grupo verde cuenta ya con 163 firmas que proceden de distintos grupos del arco parlamentario. Los eurodiputados españoles de IU, Podemos, ICV, Bildu, Compromís, Ciudadanos, ERC, Anova y Convèrgencia ya han apoyado la apertura de esta comisión de investigación. No sucede lo mismo con los europarlamentarios populares y socialistas. En el caso de los socialistas españoles, han pasado de votar contra Juncker -que pertenece al partido popular europeo- como candidato a presidente de la Comisión Europea a no apoyar una investigación sobre las prácticas que se llevaron a cabo en Luxemburgo cuando él era presidente.

“Nosotros hemos promovido que se abra una comisión parlamentaria, es el procedimiento habitual en el Parlamento y creemos que contará con más consenso que la comisión de investigación”, justifican fuentes socialistas europeas, que aseguran que este tipo de comisión ya contaría con comparecencias y un informe final.

Sin embargo, otros 23 socialistas europeos sí han estampado ya su firma en la petición de investigación. Entre las 23 firmas socialistas hay nueve eurodiputados franceses (de una delegación de trece), tres belgas, un irlandés, dos italianos, un esloveno, dos portugueses, un alemán, un checo, un danés, un letón y un sueco.

“Una comisión de investigación tendría más competencia, más medios y más capacidad de indagar que una comisión parlamentaria. Nosotros queremos conocer, más allá de filtraciones, el alcance de estos acuerdos bilaterales. Si se está de acuerdo con que se investigue el asunto, ¿por qué no apoyar esta iniciativa”, señala el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun. Los socialistas europeos, sin embargo, insisten en que la creación de una comisión parlamentaria es suficiente. No descartan, eso sí, apoyar la inciativa en el futuro si la suya no sale adelante.

Si los grupos que apoyan la investigación consiguen las 188 firmas, algo que esperan lograr en enero, será la Conferencia de Presidentes la que examine la propuesta y decida definitivamente si crea la comisión.

Dos informes

A comienzos de diciembre, los populares, los socialdemócratas y los liberales -los tres grandes grupos sobre los que se apoya el liderazdgo de Juncker- aprobaron la elaboración de dos informes sobre evasión fiscal y competencia desleal. Dos informes, sin embargo, que la izquierda de la Cámara critica por insuficientes. “Creemos que están intentando diluir una investigación real”, critica Urtasun. No obstante, dos europarlamentarios populares ya han apoyado con su firma la iniciativa de Los Verdes.

Varias organizaciones de la sociedad civil han instando a los eurodiputados a firmar esta petición. Es el caso de la Federación Sindical Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. “Es decepcionante que la mayoría del Parlamento Europeo no quiera una verdadera comisión de investigación. Es la oportunidad para que empresas, consultores y gobiernos y todos aquellos que han sido aconsejados por PricewaterhouseCoopers [la auditoria que diseñaba estas estrategias financieras] salgan a la luz. La responsabilidad de los informes de iniciativa que se han aprobado está en partidos que no tienen ningún historial de lucha contra la optimización fiscal y que representan los mismos intereses de los que practican dichas prácticas”, critica el secretario general de la Federación, Jan Willem Goudriaan.

Según la investigación llamada Luxembourg Leaks o LuxLeaks, en la que participaron 40 medios internacionales a partir de informaciones obtenidas por el Consorcio Nacional de Periodistas de Investigación, unas 340 empresas multinacionales firmaron acuerdos fiscales secretos con el Gobierno de Luxemburgo, al frente del cual estaba Jean-Claude Juncker. Entre las firmas que evadieron impuestos de esta manera se cuentan Apple, Amazon, Ikea, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, Pepsi, JP Morgan o Deutsche Bank.

Periodistas de 26 países tuvieron acceso a 28.000 páginas de documentos que demuestran cómo las grandes empresas “se apoyaban en Luxemburgo y en sus leyes fiscales flexibles, pero también en las deficiencias de la reglamentación internacional para transferir” a ese país “sus beneficios a fin de que no fueran objeto de impuestos, o al menos muy débilmente”, es decir, con tipos inferiores al 1%

Luxemburgo, ese coladero fiscal en pleno corazón de la UE, ha vuelto a la palestra tras las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en una amplia investigación ha desvelado la existencia de 548 acuerdos secretos entre las autoridades luxemburguesas y al menos 340 grandes empresas para pagar menos impuestos.

En esos pactos secretos, que han colocado en una comprometida situación al nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (era el primer ministro de ese país cuando se firmaron) no ha participado ninguna empresa española, aunque, de por sí, Luxemburgo es uno de los destinos predilectos para lo que el antiguo presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda José María Peláez denomina “planificación fiscal internacional: Vas haciendo operaciones sucesivamente y al final nada es ilegal, pero si lo ves en su conjunto y el objetivo que persiguen... No se trata de pagar impuestos en dos países, sino de no pagar en ninguno, forzando la legislación y buscando las ventajas de uno y otro”.

El diminuto país, que tiene apenas 550.000 habitantes y disfruta de la renta per cápita más alta del mundo, es un destino habitual para grandes empresas españolas que utilizan subsidiarias domiciliadas allí (“Normalmente son despachos con un representante, una secretaria y un teléfono, poco más”, dice Peláez) para, “por ejemplo, recibir dividendos, conceder préstamos o transmitir empresas filiales sin que tributen las plusvalías, como ocurre en España por la venta de esas acciones”, explica este experto.

En el Ibex, el mayor índice bursátil español, Luxemburgo es un destino recurrente. Según el último informe sobre “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX35”, que el Observatorio de RSC presentó en mayo pasado, al cierre de 2012 el 94% de las empresas del Ibex, 33 sobre un total de 35, tenían filiales en territorios a los que consideraba “paraísos fiscales”. Luxemburgo (país al que incluía en esa categorización, por mucho que la Agencia Tributaria no lo considere así), con 37 sociedades (frente a las 29 de 2010), era el tercer destino más solicitado, sólo por detrás de Holanda y Delaware (EEUU).

El trasiego de empresas nacionales que abren nuevas oficinas en el Gran Ducado es constante. De entre las del Ibex, una de las últimas que lo ha hecho es el Grupo Villar Mir, el hólding empresarial fundado y presidido por el exministro Juan Miguel Villar Mir. El pasado septiembre, creó dos nuevas filiales en Luxemburgo, GVM Debentures Lux 2 y 3, que se suman a GVM Debentures Lux 1, creada en enero de 2013 y que utiliza para emitir bonos (colocar deuda entre inversores) y para canalizar parte de la participación de la hólding en la filial de construcción, OHL, que cotiza en el Ibex.

Está última también constituyó en julio pasado OHL Investments 1407, participada al 100% por su filial de Concesiones, que ya tiene otra filial en ese país, OHL Investments, utilizada para realizar emisiones de bonos como las que llevó el año pasado por importe de 397 millones de euros.

Hay muchos más casos. Uno de los más llamativos es el de Dakar Financial Group, sociedad luxemburguesa creada en julio pasado y vinculada a cuatro empresarios españoles con cierta raigambre: Alberto Cortina, su hijo Pelayo Cortina Koplowitz (vástago de aquel y de Alicia Koplowitz), César Álvarez (hermano del fallecido Isidoro Álvarez y tío del nuevo presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno) y el empresario asturiano Blas Herrero (dueño de Kiss FM).

Todos ellos (salvo Alberto Cortina, que sólo es accionista) son desde septiembre administradores de esa sociedad junto con, entre otros socios, dos empresarios venezolanos, Alejandro Betancourt y Francisco D'Agostino (cuñado del aristócrata Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco), recientemente absueltos por un juez de Nueva York de las acusaciones de corrupción que había formulado un ex alto diplomático estadounidense contra ellos.

La sociedad fue constituida en mayo pasado por una sociedad portuguesa que comparte su dirección en Lisboa con la de la firma de inversiones 3anglecapital, que se dedica, según su web, a “facilitar y promover los flujos de inversión transfronterizos y estrategias industriales que involucran países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), América Latina (Brasil, Colombia) y algunos países africanos”.

Dakar comenzó con un capital inicial de 50.000 euros que en julio aumentó hasta los 20 millones de euros mediante una ampliación de capital que suscribieron trece socios, algunos de ellos domiciliados en parajes tan exóticos (y opacos desde el punto fiscal) como Singapur. De esa cifra, la mayor parte (5,98 millones) la aportó Cinainvest Holding, una sociedad domiciliada en Suiza y vinculada a Alberto Cortina (con ella vehicula parte de su participación en la constructora de Florentino Pérez, ACS), que hasta mayo de 2012 tuvo como administrador al banquero Arturo Fasana, imputado por ocultar en una cuenta opaca el dinero del extesorero del PP Francisco Correa y otros defraudadores españoles.

¿A qué responden estas operaciones? Difícil saberlo, aunque, como dice el expresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, “no es mero capricho; la pregunta, efectivamente, es esa, para qué; unas veces es la preparación para una operación a corto plazo y se ve enseguida, pero otras no”. Peláez cita el ejemplo de “alguien con mucho patrimonio en España que crea una sociedad en Luxemburgo y aporta unas acciones prácticamente a lo que le costaron; si las vende con una plusvalía impresionante, en lugar de pagar un 30%, como aquí, no se pagan impuestos”, resume.

El de Dakar Financial Group es sólo uno de los últimos casos de empresarios españoles que 'apuestan' por Luxemburgo, aunque a veces este país es sólo un destino de paso. Por ejemplo, la familia Valls Biosca, propietaria del grupo textil Punto Blanco, utilizó en diciembre pasado ese territorio como plataforma para repatriar una sociedad radicada hasta entonces en Panamá, Inversiones Sigma, S.A., cuyas acciones finalmente transfirieron a Fisin SL, radicada en Igualada (Barcelona).

Algo parecido hicieron los Castañer, dueños del fabricante de alpargatas del mismo nombre, que por esas mismas fechas, diciembre de 2013, aprobaron el traslado a una nave en el polígono industrial La Farga, en Banyoles (Girona), de la sociedad luxemburguesa con la que controlaban el 20% de su principal empresa, que había sido constituida en 2006 y cuyos accionistas eran dos sociedades panameñas.

Lo curioso de este caso es que, en la documentación disponible en los registros luxemburgueses, la firma (Digamma International Société Anonyme) reconocía que se había acogido a la declaración tributaria especial que estableció la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 12/2012. En otras palabras: a la amnistía fiscal por la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, permitió hace dos años la regularización de dinero no declarado en España o el extranjero a cambio de pagar apenas un 10% de impuestos, calificada de “enorme error” por los inspectores de Hacienda.