La madrugada del 20 de noviembre de 1980, en el quinto aniversario de la muerte de Francisco Franco, tres jóvenes del entorno marginal de Mataró, en Barcelona, tuvieron la desgracia de cruzarse con un grupo ultraderechista en busca de alcohol y violencia. Su cabecilla, Salvador Durán, militante de las juventudes de Fuerza Nueva, les cosió a balazos en un bosque cercano, aunque uno de ellos logró escapar. 

Las víctimas se llamaban Juana Caso, de 25 años y con un hijo, y José Muñoz El Esquinao, de 16. Antonio Camacho El Quin, de 15, fue el que sobrevivió y denunció el asesinato. 

Sus nombres no suelen figurar en las listas y estudios sobre violencia política durante la Transición, puesto que de inicio se consideró un ajuste de cuentas en los bajos fondos de Mataró. Después de que algunos historiadores los hayan recogido en el capítulo de dudas respecto al terrorismo ultra, ahora el libro Dos morts i mig (editorial Pòrtic) trata de ahondar en el crimen y en los hilos que lo conectan con la trama neofascista que operó en la zona en aquellos años. 

“Es un crimen político, no ordinario, por todos los elementos que lo rodean: desde la fecha, a la condición de militantes de tipo escuadrista de Fuerza Joven [juventudes de Fuerza Nueva], a que aquella noche buscaban hacer algún atentado político, y a sus conexiones con la Guardia Civil”, argumenta Damià del Clot, abogado, exalcalde de Vilassar de Mar y autor del libro junto con el periodista Albert Calls. 

El autor del asesinato, Salvador Durán, era por entonces un dirigente comarcal de Fuerza Joven que ya tenía antecedentes por robo y tenencia ilícita de armas, además de un historial de infiltraciones en los movimientos de izquierdas. “Era un chaval de un barrio periférico de Mataró con carácter violento, al que no le daban miedo las armas, y que se movía en ambientes de extrema derecha”, resume Del Clot. 

La noche de los asesinatos, Durán, de 25 años, iba acompañado de su mujer y de dos jóvenes menores de edad. Uno de ellos, Cristóbal García, era también de las juventudes de Fuerza Nueva. Al volante de su coche los llevó a pegar tiros al blanco en una finca de la localidad de Òrrius, después a beber por bares de la zona y, finalmente, a pasar dos o tres veces con el vehículo por delante del Ateneo Libertario de Mataró. 

La sentencia, dictada en 1982, y que condenó a Durán a 75 años de cárcel, recoge que esa parada buscaba hacer pintadas en el local o arrancar carteles. La Fiscalía defendió que iban a la caza de izquierdistas. En todo caso, no había nadie en el Ateneo, pero entonces se cruzaron con los tres jóvenes que serían sus víctimas: Juana Caso, José Muñoz y Antonio Camacho. Les propusieron pegar un palo a algún camello, según recogió el fallo, y luego asaltar alguna casa de la zona. Ellos aceptaron. Pero tras dejar a su mujer en casa, Durán les condujo en realidad a un bosque cercano, en el término de Cabrera de Mar.

Los dos amigos de Durán aseguraron ante el juez que pensaban que iba a pegarles una paliza. Pero este encañonó a José Muñoz y a Antonio Camaño con una carabina y les disparó a menos de tres metros “con ánimo de matarlos”, dictó el magistrado. El primero cayó muerto, mientras que el segundo logró huir. Durán dijo entonces que había usado un arma de fogueo, que todo era una broma, y condujo a sus dos compañeros y a Juana de vuelta al coche. Antes de llegar, por la espalda ejecutó a la joven.

En su libro, Del Clot y Calls insisten en el carácter político del asesinato también por el perfil de las víctimas. No eran militantes de izquierdas, pero sí pertenecían a sectores marginales de la sociedad contra los que la extrema derecha también atentaba. La Fiscalía lo mencionó durante el juicio. “Actuaban movidos por un afán de agredir y eliminar izquierdistas, delincuentes y drogadictos”, escriben.

David Ballester, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y especializado en la violencia política durante la Transición, recogió el caso en su obra Vides truncades. En un informe reciente remitido a la secretaría de Estado de Memoria Histórica sobre terrorismo de la extrema derecha o parapolicial en esa época, cuantifica 63 víctimas y a estas dos del Maresme las coloca en el apartado de “dudosos”. 

“No existen unos criterios claros aceptados por todos los historiadores”, precisa Ballester. El crimen, explica, se consideró de tipo social. Pero añade: “Es cierto que en esa época en Madrid había grupos de extrema derecha cuyas víctimas no solo eran de izquierdas, sino también gente que dormía en bancos, sintecho, del mundo de la droga, y en general a los que consideraban indeseables”. 

La historiadora Sophie Baby, en El mito de la Transición pacífica, no los menciona entre los 140 muertos por violencia política en 1980, el año más sangriento de ese período. En 1980. Terrorismo contra la Transición, Xavier Casals describe el caso como “espontaneísmo armado”. Quien sí los menciona como víctimas políticas es Mariano Sánchez Soler en La transición sangrienta. 

Los lazos con policías y nazis

El día siguiente de los asesinatos, Antonio Camacho, el adolescente herido de bala que pudo escapar, denunció desde el hospital, y a las pocas horas detuvieron a Durán y a García. Las horas posteriores al crimen ayudan a entender cuáles eran las conexiones políticas de su autor. El 20 de noviembre, Durán pasó la mañana en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Argentona. 

Lo confirmó él mismo durante el juicio, al asegurar que fue a pedirles un coche para poder acudir a la misa franquista en la cercana Capilla del Cristo Rey. Aseguró también Durán que era confidente de la policía para cuestiones relacionadas con las drogas y el terrorismo. Por ello, el juez instructor llegó a pinchar el teléfono del cuartel de Argentona, pero no siguió con el caso al ser trasladado a otra localidad. 

Años después, ya desde la cárcel y con una larga condena, Durán se decidió a hablar. En enero de 1984 reconoció al periodista Juanjo Caballero, de La Vanguardia, que se sentía abandonado por sus antiguos compañeros y que iba a contar todo lo que sabía. Aparecía retratado junto a su “santuario facha” en la cárcel Modelo de Barcelona.

Un mes después, en febrero, volvió a prestar declaración ante el juez, se reconoció culpable y su relato provocó la detención de un guardia civil, Antonio Cuadrada y la entrada y registro en su domicilio y en otro piso –en ambos se hallaron armas sin licencia–. Además, se registró una finca, Can Vinyamata, en Òrrius, donde Durán aseguró que iban a hacer prácticas de tiro y que guardaban parte de su arsenal. Ese terreno era propiedad de Hans Breuer, un ex oficial nazi refugiado en Catalunya, y otra de las piezas de la trama ultra local. Sin embargo, las pesquisas policiales no hallaron nada allí. 

Ante la periodista Cristina Gallachs, de TVE, Durán llegó a confesar la trama ultra previa al asesinato. Dijo haberse reunido el 19 de noviembre “con tres miembros de la Guardia Civil y con dos inspectores de policía”, según recogió El País, para diseñar represalias contra el Ateneo Libertario de Mataró. También que le facilitaron las armas –que nunca aparecieron– y que una la devolvió. 

“El móvil más plausible es que esta gente, que eran escuadristas, trataban de hacer puntos ante la extrema derecha de Mataró”, concluye Del Clot, en un contexto previo al golpe de Estado del 23F en el que el único civil que acabó condenado, Juan García Carrés, era también de la comarca del Maresme. 

Con todo, la investigación judicial quedó en nada. El 11 de marzo de 1986, Durán fue apuñalado en la cárcel de Lleida por dos sicarios. Su pista se pierde a partir de entonces, y los autores no han conseguido aclarar si cumplió toda la condena y si sigue vivo.

La jueza ha decidido dar carpetazo a la denuncia de prevaricación y falsedad documental contra el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona, 130.000 habitantes) por el proceso de selección de puestos de trabajo en el consistorio, denunciados en 2023 ante la Fiscalía por una antigua empleada municipal.

La exempleada denunció el caso inicialmente ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que le concedió el estatus de persona protegida por ser denunciante de un presunto caso de corrupción.

La trabajadora, sin embargo, fue despedida del Ayuntamiento a pesar de tener ese estatus y a principios de 2024 la OAC incoó contra el Ayuntamiento, gobernado por el PSC, el primer expediente sancionador de su historia contra una administración por “represalias” a una denunciante, en un caso que desveló elDiario.es.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de Mataró considera que los hechos denunciados en la querella no tienen relevancia penal y ha decidido archivar el caso, en una decisión que es todavía recurrible. La querella afectaba a una decena de empleados y exempleados municipales.

Hay abierta, paralelamente, otra causa por presunto acoso laboral hacia esta antigua empleada pendiente de juicio así como el mencionado expediente sancionador de la OAC.

El Ayuntamiento de Mataró siempre defendió que el caso no era más que un conflicto laboral con la denunciante, una extrabajadora municipal que perdió su plaza en un proceso de estabilización de la plantilla tras varios años como interina. El Consistorio, de hecho, no figuraba en la querella —se dirigía hacia empleados municipales— pero decidió personarse en el caso. La denunciante no fue admitida como parte personada en el caso, en una decisión que está actualmente recurrida.

Antifrau identificó ocho “represalias” contra la empleada que denunció el caso, incluyendo el “vaciado de funciones”, el cambio de ubicación física de su puesto de trabajo o el hecho de no reconocer que durante 11 meses había trabajado a un nivel superior al de su plaza.

Más de un lustro de batalla legal

La persona protegida por Antifrau y el Ayuntamiento de Mataró han estado más de un lustro enfrascados en una batalla burocrática y administativa que ha incluido la presentación de una veintena de recursos administrativos, solicitudes de acceso a información pública y en materia de protección de datos. 

Según la denunciante, los problemas con el Ayuntamiento se iniciaron cuando en 2019 presentó una denuncia por presunto acoso laboral. El proceso fue desestimado y la resolución fue trasladada a una docena de empleados del departamento, que habían recogido firmas en contra de la denunciante. 

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades consideró una “falta muy grave” que el Ayuntamiento de Mataró no hubiera garantizado la confidencialidad de sus datos en el transcurso del procedimiento por presunto acoso laboral.

Posteriormente presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 2021 incoó un expediente por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, si bien precisó que no se podía considerar acreditado que estos riesgos psicosociales estuvieran causalmente relacionados con los problemas de salud de la persona protegida, que desde 2018 causó diversas bajas laborales. 

Ana tiene todas sus pertenencias en cajas desde hace casi un mes. Las suyas, las de su marido y las de sus tres hijos. “Por si consiguen echarnos, quiero estar lista”, sostiene esta mujer. Sobre su familia pesa una orden de desahucio cautelar que fue dictada por el Juzgado de Instrucción 1 de Mataró (Barcelona) porque el propietario de su piso la acusa a ella de okupa. El problema es que hay un contrato de alquiler en vigor.

La grieta que ha encontrado el casero con su denuncia es que el contrato de arrendamiento está a nombre de Arquímedes, el marido de Ana, pero no de ella, aunque ambos viven en el piso desde hace meses junto a sus tres hijos. El dueño de la vivienda ha denunciado a Ana por la vía penal y la jueza, que la ha admitido a trámite, ha fechado el desahucio para el próximo miércoles.

“Es un caso gravísimo e insostenible”, considera Anna Olesti, abogada del Sindicat d’Habitatge Socialista, entidad que está prestando ayuda a la familia. Otra de las medidas que ha levantado las alarmas es que la jueza ha autorizado el desahucio como medida cautelar. Es decir, sin que haya habido posibilidad de juicio ni defensa.

La magistrada ha decidido acelerar la expulsión al concluir que como la vivienda se halla “ocupada de forma permanente, se está privando por ende al perjudicado de residir en la misma o de usarla para ejercicio de la actividad laboral”, tal como figura en el auto, consultado por elDiario.es.

Así, la jueza acepta que el propietario está sufriendo un grave perjuicio, a pesar de que, tal y como se reconoce en el mismo escrito, el denunciante posee once sociedades mercantiles. “En esta situación, es improbable que el perjuicio sea tan elevado como para aceptar un desahucio cautelar. Sobre todo habiendo menores de por medio”, sostiene Olesti.

“Es absurdo”, sostiene Ana, que llegó de Venezuela hace un año y medio. Su marido migró antes, para poder conseguir trabajo en España y, con él, alquilar un piso antes de traer a su familia. Lo consiguió en 2022, cuando firmó el contrato de alquiler –al que ha tenido acceso este medio– con vigencia de cinco años y en el que constan la firma de Arquímedes y del propietario.

Pero en la demanda no se menciona dicho contrato de alquiler. Simplemente se apunta a que Ana –que es la única denunciada– “no ha presentado título alguno que legitime la ocupación de la reseñada finca”. Aunque aquí aparece otro problema: ella está empadronada en esa vivienda.

“¡Es que me acompañó él y firmó como propietario para que me registraran!”, expresa, indignada, Ana. En Mataró, la aprobación del propietario del inmueble es un requisito para empadronarse. “El Ayuntamiento hizo hasta una inspección para ver que todo estaba correcto y no nos dijeron nada”, añade esta mujer que demuestra que ha pedido ayudas escolares para sus hijos, cosa que no habría podido hacer de no haber realizado este trámite.

“¿Cómo puede ser que este hombre diga que, de la nada, yo he roto la puerta de su casa y que esta era su vivienda habitual? No hemos dejado de vivir aquí en los últimos tres años y no hemos fallado ni un solo pago”, asegura Ana. De hecho, muestra conversaciones de WhatsApp con su casero conforme cada mes quedaban para que él fuera hasta su casa para cobrar el alquiler, que recibía en metálico.

Una “estrategia premeditada”

Ahora, al llegar la amenaza de desahucio, Ana ha atado cabos y sospecha que esto forma parte de una “estrategia que ha durado meses”. Lo mismo opinan desde el Sindicat d’Habitatge. “Han pasado muchas cosas que no se entienden de manera aislada”, explica Olesti, quien llama la atención sobre el hecho de que, pocas semanas antes de interponer la demanda, a Ana se la dio de baja del padrón.

“Es una estrategia premeditada y con mala fe. Y prueba de ello es que se haya optado por la vía penal”, añade esta abogada. Para ejecutar un desahucio hay cinco vías: el impago, incumplimiento del contrato, finalización del mismo –ya sea porque se ha acabado el plazo establecido o porque el propietario quiera recuperar el piso para vivir en él–, o que se acredite una ocupación. Las tres primeras casuísticas se resuelven por la vía civil. La ocupación es la única requiere de una demanda penal.

“La propiedad no puede acreditar ningún otro supuesto y, por eso, han optado por acusar a Ana de ocupación. No tiene ningún sentido sobre el papel, pero les ha funcionado y eso es muy grave, porque quiere decir que la ley no nos ampara”, reflexiona la abogada del Sindicat d’Habitatge. “Es una manera rápida, fácil y barata de conseguir recuperar un piso que, de otra manera, no habría podido recuperar”, añade.

La demanda penal que ha recibido Ana es sólo contra ella y, en principio, no debería afectar a los demás residentes en la vivienda: su marido y sus hijos. Pero el desahucio es un procedimiento por el cual “se vacía un inmueble de todas las personas que haya dentro”, tal como explica Olesti. Por eso, aunque Arquímedes tenga un contrato en vigor, también deberá irse a la calle. Igual que sus tres hijos, dos de los cuales son menores de edad.

Esta familia se siente frustrada, asustada e insultada. “Es un abuso, nosotros no vinimos hasta aquí a delinquir. Me parece muy fuerte que la jueza, en lugar de investigar, se crea esta acusación que no se aguanta y nos lo haga pasar tan mal”, reitera Ana.

Su vida había sido tranquila hasta este julio. Sus niños van al colegio del barrio y habían estado “construyendo planes de futuro”. Hasta que un día, de la nada, unos Mossos d’Esquadra llamaron a su puerta. “Nos preguntaron si éramos okupas y que demostráramos lo contrario”, cuenta. “Nos quedamos de piedra porque nunca habíamos tenido problemas con el propietario”, insiste Ana.

A los pocos días, recibieron la demanda y la primera orden de desahucio, fijada a sólo cuatro días vista. “Imagínate la angustia que sentimos”, recuerda la mujer. Ese primer intento de expulsión se pudo parar gracias a una amplia movilización ciudadana, convocada por el Sindicat d’Habitatge. Pero el juez ha programado otra orden para el próximo miércoles.

Siguen confiando en el apoyo de sus vecinos y en el recurso que ha interpuesto su abogado para poner fin a una causa que consideran “una mentira y un sinsentido”. Pero, por el momento y hasta que pase la fecha señalada, seguirá guardando todas sus cosas en cajas por si, al final, tiene que irse.

El PSC de Mataró ha denunciado este miércoles la “colaboración estrecha” de Vox con el grupo supremacista Deport Them Now en su localidad. Los socialistas han reaccionado de esta forma a la detención en la ciudad barcelonesa de C.L.F, el presunto líder en España de este movimiento xenófobo que ha alentado en los últimos días los ataques contra inmigrantes en Torre Pacheco.

El detenido, de 29 años, participó con su grupo en una protesta contra la inmigración convocada por Vox en Mataró el pasado mes de mayo, según desveló elDiario.es. Durante esa concentración, en la que fue fotografiado junto al concejal de Vox Jose Casado, C.L.F desplegó la pancarta con el lema racista Remigration (“reemigración) y se manifestó con ella por las calles justo detrás de la cabecera en la que estaban otros miembros de Vox, como la edil y diputada Mónica Lora.

Ante estos hechos, la primera secretaria del PSC en Mataró, Núria Padilla, ha asegurado que “Vox ha apoyado a Deport Them Now UE” en la ciudad. “Los discursos de odio que promueve esta banda en colaboación estrecha con Vox tienen como consecuencia directa la radicalización y la violencia, que es completamente inadmisible”, ha declarado.

Padilla ha hecho referencia a la protesta en la que participaron tanto Vox como este grupo. “Es obvio que hay una relación y una estrategia conjunta entre unos y otros”, dice. En su comunicado, la primera secretaria socialista de Mataró pide a Vox que “abandone” la “cultura del odio y del enfrentamiento sobre el que está justificando la violencia”, y que “expulse de Mataró esta forma enfermiza de vida”.

Desde las filas socialistas, también el diputado Ferran Pedret se ha referido a los ataques en Torre Pacheco durante una intervención en el Parlament. “No se puede culpar por los hechos de un grupo de personas a todo un colectivo, sea por razón de su origen o por su aspecto”, ha lamentado. Asimismo, ha calificado los ataques en Torre Pacheco de “ingeniería del odio” alimenntada por la extrema derecha.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Mataró (Barcelona) ha decretado el ingreso en prisión de uno de los cuatro detenidos por el apuñalamiento de Mounir Nasraoui, padre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, y deja en libertad provisional a otros tres con orden de prohibición de acercamiento a la víctima.

A los presuntos implicados, que no tienen antecedentes policiales, se les acusa de tentativa de homicidio. Las tres primeras detenciones se realizaron el mismo día de los hechos, mientras que la cuarta se produjo durante la mañana del jueves.

Los cuatro arrestados han pasado este viernes a disposición del juzgado en funciones por los hechos ocurridos en el barrio de Rocafonda de Mataró el miércoles y el juez ha dejado la causa abierta por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

El magistrado ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los detenidos, mientras que otros dos quedan en libertad con obligación de personación periódica dos veces al mes, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio; tampoco podrán acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante un año. Un cuarto arrestado también ha quedado en libertad, con prohibición de comunicación con la víctima y alejamiento de 200 metros por 6 meses.

En lo relativo a la víctima, Mounir Nasraoui, ha recibido el alta médica poco antes de las 16 horas de este viernes del hospital de Can Ruti (Badalona) donde estaba ingresado, según informa Europa Press. Él mismo publicó este jueves en su cuenta de Instagram que se encontraba estable y “mejor”.

Varios medios apuntan a que el altercado inicial habría comenzado cuando Nasraoui paseaba a su perro por el barrio de Rocafonda, en Mataró, cuando fue increpado por otras personas y le arrojaron agua desde un balcón.

Según 'La Vanguardia', no fue hasta horas más tarde cuando el padre de la joven promesa del Barcelona fue apuñalado en un aparcamiento del municipio barcelonés. Recibió tres puñaladas en el abdomen y en el tórax.

Mounir Nasraoui, el padre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, ha recibido varias puñaladas este miércoles en un aparcamiento de Mataró, según ha adelantado el diario 'La Vanguardia'. Nasraoui ha sido trasladado al hospital Can Ruti de Badalona y se encuentra “estable” aunque su pronóstico es grave.

Según las fuentes consultadas por el periódico catalán, la policía está investigando lo ocurrido y no descarta que la agresión esté relacionada con una pelea anterior, cuyos motivos se desconocen, y en la que podía haber estado implicado el padre del jugador.

Por el momento, la unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra de Mataró se ha hecho cargo del caso y ya han identificado a varios de los implicados en la agresión. Tres personas fueron detenidas el miércoles y este jueves por la mañana se ha detenido a una cuarta.

Todos los arrestados están acusados de tentativa de homicidio y están a la espera de pasar a disposición judicial. Los Mossos siguen interrogando a diversos testigos y esperan poder hablar con la víctima en las próximas horas. Así mismo, no descartan más detenciones.

Este jueves, Nasraoui ha hecho una publicación en sus redes sociales desde el hospital en la que agradece los ánimos, afirma que está “mejor” y envía un fuerte abrazo a sus amistades. Además, su hijo Lamine le ha visitado en el hospital de Can Ruti.

Varios medios apuntan a que el altercado inicial habría comenzado cuando Nasraoui paseaba a su perro por el barrio de Rocafonda, en Mataró, cuando fue increpado por otras personas y le arrojaron agua desde un balcón.

Según 'La Vanguardia', no fue hasta horas más tarde cuando el padre de la joven promesa del Barcelona fue apuñalado en un aparcamiento del municipio barcelonés. Recibió tres puñaladas en el abdomen y en el tórax.

Cada vez que el joven futbolista Lamine Yamal (Esplugues de Llobregat, 2007) celebra un gol, lo hace dibujando con sus manos el número 304, los tres últimos dígitos del código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró (Barcelona) que lo vio crecer. La última vez que lo hizo fue en la semifinal de la Eurocopa, vistiendo los colores de la selección española. “Un golazo”, dice Imran. Tiene 9 años y, como la de Yamal, su familia es marroquí.

“Claro que hemos jugado al fútbol con él, en esta plaza”, presume el pequeño, al que le gusta situarse de delantero. Al ser preguntado por la joven estrella, no duda en hacer el '304' con sus manos, un gesto que ansían que Yamal vuelva a repetir este domingo en la final de Berlín. “Yo igual voy a Alemania a ver el partido”, se jacta Imran, que asegura que su tío es muy amigo del futbolista. “A veces le da entradas”, presume.

Todo el barrio de Rocafonda saca pecho cuando se menciona el nombre del jugador culé y la mayoría asegura conocerle. Y todo son buenas palabras para él y para su familia. Sobre todo para su abuela. “Ella le crió. Es una mujer muy sufrida, pero ha valido la pena”, cuenta Abdul. El hombre, de origen marroquí, es amigo de la familia desde hace años y regenta una tienda de ropa en la plaza Joan XXIII, la misma en la que se crió Yamal.

Abdul muestra orgulloso su móvil, en el que atesora una fotografía suya posando con una camiseta firmada por la estrella culé, con el número 41. La que llevó cuando con 15 años se convirtió en el jugador más joven en debutar con el Barça. “Es la de su primer partido con los mayores, contra el Betis”, apunta. Explica que se la dio la abuela del chico y la tiene bien guardada en su casa. “Tiene hasta su sudor”, bromea.

Este tendero recuerda cómo los amigos de la familia se fascinaban al ver al chico jugar en el equipo de La Torreta de Granollers, peña del municipio vecino, al que su madre se mudó después de divorciarse. “Le decíamos a su padre que tenía una joya en casa y que la cuidara”, recuerda.

Ahora, algunos años más tarde, todo el barrio vibra con cada partido del Barça y de la selección. “Muchos llevamos más años aquí que en Marruecos, así que claro que vamos con España, y no es sólo por Lamine”, asegura Youssef, vecino del barrio. Kharim le da la razón. “Que se enteren todos los de derechas. Aunque lo nieguen, nosotros somos españoles. Por eso es irónico que los racistas tengan que aplaudir a un marroquí”, se ríe este hombre, a quien poder animar a la roja le ayuda a sentirse parte de un país en el que no siempre se siente bienvenido.

“Aquí vienen mucho los de Vox a hacer campaña. A decir que nosotros, que solo queremos ganarnos la vida, traemos problemas. Pero alguna vez alguien ya les ha enseñado que el problema son ellos”, bromea Kharim. Se refiere a un incidente que protagonizó el padre de Lamine Yamal, Mounir, que increpó y tiró huevos a unos militantes de Vox que plantaron una caseta en Mataró. El juzgado de esta ciudad le condenó a pagar una multa de 550 euros por daños.

“No está bien agredir a nadie, pero entiendo por qué lo hizo. Hay que ser mala persona para venir aquí a llamarnos moros y luego celebrar los goles de Lamine”, asegura Yassine, que comparte tertulia en el bar con Youssef sobre el partido del martes.

La nueva imagen de Rocafonda

Rocafonda es el barrio más pobre de Mataró, con casi la mitad de sus habitantes en riesgo de pobreza, con una renta media por cápita de 7.190 euros anuales, según datos del INE. Se trata de una zona con un 33% de población nacida fuera de España. Los marroquíes son, por mucho, mayoría entre los recién llegados y llegan a representar el 20% del barrio.

Manuela lleva toda la vida en Rocafonda y lo ha visto cambiar con los años. “Antes también todos éramos de fuera, pero veníamos de otros sitios de España. Ahora vienen de África”, resume esta anciana. Reconoce que ha habido incidentes y problemas, “pero como en todos lados” e insiste en que su barrio es una zona tranquila y agradable, a pesar de lo que se pudiera creer.

“Antes, cuando se hablaba de Rocafonda era para contar cosas malas, pero ahora los periodistas venís aquí por Lamine y podéis contar cómo somos. Árabes, negros y españoles vivimos bien todos juntos”, asegura Manuela, que hace años que conoció a la abuela del jugador en la frutería.

Abdul también cree que el joven Lamine, con solo 16 años, ha hecho mucho por el barrio. “Le ha devuelto la vida a este sitio. Nunca ha sido tan peligroso como lo pintaban, pero es cierto que había incidentes, alguna pelea y droga”, reconoce este tendero, que hace más de 20 años que vive en Rocafonda.

“Antes veías a los niños tirados en el parque y te preocupabas porque no sabías cómo podían acabar. Pero ahora los ves haciendo cola para apuntarse a fútbol”, asegura, apoyado en el mostrador de su tienda. Todos los preguntados aseguran que el joven blaugrana es un gran referente para los pequeños.

“Es muy bueno y cuida de los suyos”, asegura Abdul, que cuenta que lo primero que hizo el jugador con su sueldo fue comprar un piso a su abuela, a la que viene a visitar cada vez que tiene unos días libres. “El coche oficial del Barça lo deja en la puerta y los niños se vuelven locos”, explica.

Una estrella culé en un barrio merengue

Como en todos los barrios, los niños de Rocafonda también visten camisetas de fútbol. Pero, a pesar de lo que podría parecer normal, los colores blaugrana brillan por su ausencia y son sustituidos por el rojo de las equipaciones españolas y marroquíes e, incluso, por algún blanco merengue. “Es que aquí todos somos del Madrid”, dice Youssef, ahogando una carcajada, consciente de lo irónico de tener a una estrella culé en un barrio madridista.

A pesar de que sus colores sean otros, aseguran que ven todos los partidos del Barça con devoción y celebran sus victorias. ¿Y durante el clásico? A esa pregunta prefieren no responder. Los únicos que han cambiado de bando, aseguran, son los miembros de la familia Yamal, que, “qué remedio”, se tuvieron que volver culés.

Youssef explica que no es nada raro que todos sean madridistas. “Cuando éramos pequeños, los que lo ganaban todo eran los del Madrid. Y en Marruecos llevábamos la camiseta blanca y jugábamos a ser Butragueño”, apunta. “Ahora no vamos a cambiar por mucho Lamine que tengamos en el barrio”, bromea.

Los que son un poco más jóvenes y llegaron -o crecieron- con el Barça de Guardiola en auge sí son culés. Como los niños de ahora. Pero los del barrio, más que culés, son de Lamine. “Nos encantaría comprarnos una camiseta suya, pero son carísimas. Lo llevamos en el corazón, pero no en la cartera”, dice, frotándose los dedos índice y corazón con el pulgar.

La figura y el nombre de Lamine Yamal ha cruzado fronteras y ha tendido puentes hasta entre culés y madridistas. Quien lo sabe bien es Juan Carlos, propietario del bar 'El Cordobés', frecuentado por el padre de Yamal. Fue él quien le regaló una camiseta firmada por el chaval que está colgada y enmarcada en este bar regentado por un madridista de corazón. No hay ninguna otra decoración futbolera en el bar que compense. No hace falta.

“Lamine es del barrio y eso es lo que importa”, dice Juan Carlos, que se siente orgulloso de que el joven haya puesto Rocafonda en el mapa. De hecho, este hostelero está hoy “un poco saturado” de atender a periodistas, que han ido pasando en procesión por su bar para preguntar por la familia Yamal. Incluso han venido preguntando por él periodistas del New York Times. “Sí, sí, los americanos”, dice sacando pecho y posando junto a la camiseta de Lamine Yamal.

“Cuando entramos, nos miran fatal. Como si lleváramos el mal al Ayuntamiento”. Esta es la sensación que tiene Abdelaziz Mohamadi, vecino de Arbúcies (Girona), cuando hace el trámite de empadronamiento en su municipio. Él forma parte de la Asociación por la Convivencia y la Cohesión Social, una entidad creada a raíz de detectar que su consistorio “incumple de manera reiterada la ley de empadronamiento”, según denuncia Mohamadi.

La entidad calcula que cerca del 5% de la población se encuentra trabas a la hora de empadronarse. Pero esta situación no es exclusiva de su pueblo: Arbúcies es uno de los -al menos- 35 municipios catalanes que dificultan la inscripción en el censo, según una investigación conjunta que han realizado diversas entidades del territorio. Destacan ciudades como Reus, Mataró, Santa Coloma, Terrassa, l'Hospitalet, Lleida, Badalona, Sabadell, Tarragona o Igualada.

Los impedimentos que ponen los consistorios son diversos, pero comunes en todos las ciudades. “Hay una tendencia a usar la burocracia como herramienta para la represión y la discriminación”, explica Laia Costa, abogada y responsable de incidencia de la fundación Ficat. Esta entidad, juntamente con La Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), la Coordinadora Obrim Fronteres, el Fòrum de Síndics Locals, la CONFAVC, Lafede.cat y MUET, han realizado un sondeo y han detectado una treintena de municipios en los que se infringe el derecho al padrón.

La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”. A pesar de ello, las entidades denuncian que, si bien los consistorios no deniegan explícitamente este derecho, sí “es frecuente que usen técnicas sibilinas para que ciertas personas no se acerquen a un ayuntamiento a empadronarse”, tal como asegura Costa.

La ley desvincula el estado o tipo de la vivienda con el derecho al padrón. Es decir, que aunque no se cuente con contrato de alquiler, se esté okupando, se viva en una nave industrial sin célula de habitabilidad o se duerma en la calle, el Ayuntamiento tiene la obligación de empadronar. Él único requisito es demostrar que se vive en el municipio, cosa que se puede hacer de muchas maneras.

Pero, tal como destacan las entidades, muchos consistorios exigen “documentos sin base legal”, tal como apunta Mohamadi. En el caso de Arbúcies se requiere que la persona que se quiere empadronar en una vivienda tenga el mismo apellido que la que le autoriza. También piden que el nombre de todos los solicitantes figure en el contrato de alquiler.

Estos requisitos excluyen, por ejemplo, a las personas realquiladas, cuyo nombre no figura en el contrato. “Muchas ayudas y prestaciones están vinculadas al número de personas que viven en un domicilio y, por eso, hay muchos inquilinos que subarrendan, pero no quieren empadronar”, explica Costa.

Pero, aunque alguien se encuentre en esa situación, la ley sigue dando opciones. Según la normativa, un ayuntamiento debe empadronar “con independencia de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad”. O, lo que es lo mismo, una persona que esté okupando, no tenga contrato o que viva en una infravivienda, podría empadronarse allí.

Aún así, “ningún ayuntamiento asegura al 100% que no se vaya a realizar una denuncia por okupación o que Servicios Sociales no vaya a abrir un expediente que pueda derivar, en el peor de los casos, en una quita de custodia de los menores a cargo”, se lamenta Laia Costa. El miedo, pues, hace que muchos ciudadanos ni siquiera intenten iniciar el trámite. Esto, según la letrada, es otra muestra de lo que ella denomina “burorrepresión”.

Una “puerta de acceso” a otros derechos

Otro de los frentes abiertos que tienen las entidades que velan por el derecho al padrón es el sinhogarismo. Esto incluye a las personas que viven en una infravivienda o a aquellas que, directamente, duermen al raso. Para estos casos, la ley establece la opción de padrón sin domicilio fijo o domicilio ficticio, que permite censarse en un equipamiento municipal. Pero hay muchos municipios que no cumplen esa parte de la normativa. “Algunos pretenden utilizar políticamente el padrón para evitar un teórico efecto llamada”, tal como expuso en 2021 la presidenta del Fòrum Local de Síndics de Greuges (defensores del pueblo en Catalunya).

Algunos de los municipios en los que no es posible empadronarse sin domicilio fijo son Terrassa o Lleida. En este último, por ejemplo, la trampa es clara. Se pide a las personas migrantes que acrediten dos años de residencia en el municipio antes de poder acceder al padrón. Y, además, “se requiere tener un expediente abierto de Servicios Sociales, pero Servicios Sociales sólo te atiende si estás empadronado”, se lamenta Marta Soler, de la fundación Arrels Sant Ignasi de Lleida.

A demás del laberinto burocrático, muchas personas se tienen que enfrentar a otras complicaciones, como podrían ser las dificultades de pedir cita previa o la brecha digital que implica que sólo se pueda hacer por Internet. En la otra cara de la moneda, que no se pueda pedir cita previa también es un problema: en Arbúcies, por ejemplo, sólo se atiende durante dos horas a la semana, durante las cuales la cola es de decenas de personas, la mayoría de las cuales no consigue ser atendida.

Ante estas situaciones, son muchos los vecinos que directamente desisten de iniciar el trámite del padrón o se decantan por pagar una de las centenares de ofertas que se encuentran en portales como Wallapop, en los que propietarios o inquilinos empadronan a cambio de un pago. Otro camino que inician muchos afectados es el de empadronarse en otro municipio que sí cumple la ley y, por tanto, ofrece más facilidades. El ejemplo paradigmático sería Barcelona, tal como lo demuestra el hecho de que sea la ciudad escogida por el 80% de personas sin hogar del Área Metropolitana.

Y es que el padrón es un “metaderecho”, tal como destaca Lluís Puigdemont, miembro de ECAS. “Si alguien no está empadronado, es que no es considerado ciudadano”, resalta Puigdemont, que recuerda que es la puerta de entrada para poder votar, ir al médico, escolarizar a las criaturas, acceder a prestaciones o inscribirse como demandante de ocupación.

Por todo ello, las entidades reiteran que un ayuntamiento debe cumplir la ley, sobre todo para “saber cuántas personas viven en un municipio y poder diseñar bien sus servicios”, aseguran. Ponen el foco en las elecciones de este 28 de mayo, puesto que achacan la problemática a una falta de voluntad política. Según apuntan, la solución sólo puede venir de los ayuntamientos, ya que es muy difícil que se den denuncias ciudadanas.

“Hay pocas demandas porque la mayoría de afectadas son personas racializadas y vulnerables, sin dinero ni tiempo para andar con abogados. Además, para denunciar, se necesita estar empadronada”, apunta Laia Costa, remarcando la ironía. La denuncia social tampoco es una vía que funcione demasiado; tal como asegura la letrada, “muchas entidades, que son las que ven la problemática de primera mano, no quieren alzar la voz para no perder subvenciones”, acusa.  

“Mi binomio es el de la bandera de Brasil: orden y progreso”. Quien se define así es David Bote, físico de 40 años y que ejerce como alcalde de Mataró desde hace siete. En los últimos meses, Bote se ha convertido en la cara de un movimiento de alcaldes que han impulsado la nueva ley antiocupaciones, que se votará en el Congreso. Una normativa polémica y que ha supuesto movilizaciones en contra por parte de colectivos como la PAH, pero que los socialistas defienden como necesaria y coherente con sus ideas.

“La izquierda se ocupa de las clases trabajadoras y la seguridad afecta a las clases trabajadoras, sobre todo en los barrios populares”, explica el primer edil de Mataró. Y no está solo en esta opinión. El PSC y sus alcaldes metropolitanos han tomado la bandera de la seguridad de cara a las próximas municipales y lo hacen con un discurso sin medias tintas que apuesta por reducir la criminalidad con más contundencia, más herramientas legales y más policía.

El objetivo de Bote, junto a la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano y los colegios de abogados de Barcelona, Málaga y Mataró, es dotar a los ayuntamientos y a sus policías locales de un marco legal para poder intervenir ante ocupaciones “conflictivas” de viviendas. Una realidad que, según explican, en Mataró está a la orden del día. Solo en esta ciudad de 127.000 habitantes se produjeron en el primer semestre del año cerca del 3% de todas las ocupaciones de España. “Necesitamos dos cosas. Por un lado, que la policía pueda sacar al ocupa en 48 horas. Y, segundo, que la ocupación delincuencial tenga un castigo superior al actual”, afirma el alcalde.

Lo que reclama el primer edil de Mataró no solo no desentona en su partido, sino que se enmarca en una visión compartida sobre la seguridad. La mayoría de las alcaldías de las ciudades grandes y medianas alrededor de Barcelona han desplegado en las últimas semanas campañas o medidas específicas para combatir la delincuencia, y la previsión de los socialistas es que lleguen más anuncios del estilo conforme se acerquen las elecciones de mayo de 2023.

En Santa Coloma de Gramenet, la alcaldesa Núria Parlon ha anunciado esta semana una inversión de 14 millones para una nueva comisaría que será “una de las más modernas de Catalunya”. En Badalona, Álex Guijarro acaba de presentar una nueva unidad de la policía local, Domus, que tendrá como único cometido la lucha contra las ocupaciones de inmuebles. Cornellà también se ha sumado a las ciudades que apuestan por recuperar los serenos, como ya hiciera hace unos meses la propia Santa Coloma. En L'Hospitalet, la alcaldesa, Núria Marín, anunció un plan específico para el barrio del rapero Morad: “Más presencia policial en La Florida”.

Los datos y la percepción de seguridad

Todas estas propuestas llegan en un momento de preocupación social por la seguridad, aunque los datos no son especialmente malos. Según el balance del Ministerio del Interior, en ninguna ciudad catalana la criminalidad se ha incrementado de forma importante durante este año en relación con las cifras registradas antes de la pandemia, e incluso la mayoría los delitos se han reducido. En Barcelona especialmente, que se ha convertido en la gran ciudad española que lidera el descenso de los índices de criminalidad.

Si se mira la fotografía fija del número total de delitos, los registros de las ciudades catalanas (con la excepción de Barcelona) tampoco están demasiado lejos de la media de criminalidad catalana o española. La capital sale malparada con esta contabilidad debido, entre otras cuestiones, a que la población flotante de Barcelona es mucho mayor a la que está empadronada, por los desplazamientos por motivos laborales pero, sobre todo, por el turismo. Más allá de estos factores, ciudades como Mataró o Badalona están cerca de la media catalana en todos los tipos de delitos, mientras que Cornellà y Santa Coloma incluso quedan por debajo. Solo L'Hospitalet registra datos por encima de los habituales, sobre todo relacionados con los delitos contra la propiedad.

Pero estos datos normales o incluso buenos no impiden que la percepción ciudadana vaya por otro lado. Tanto las últimas encuestas municipales como en las que realiza el CEO de la Generalitat subrayan que los ciudadanos perciben la seguridad como un problema importante. Una preocupación que figura hace tiempo en el radar de los alcaldes socialistas, que defienden que las políticas progresistas pasan por garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Los datos de Badalona no están mal, pero la percepción a veces es otra…”, reconoce el alcalde de la localidad, Rubén Guijarro. “Durante muchos años ha habido un discurso de la derecha muy incendiario denunciando problemáticas, pero sin aportar soluciones”, afirma, en referencia a los años en los que Xavier Albiol lideró el ayuntamiento con un discurso claramente centrado en la seguridad.

Guijarro rebate a Albiol con datos sobre presencia policial. “Durante el mandato del PP no se incorporó ni un nuevo agente a la Guàrdia Urbana, nosotros en cambio tenemos 21 efectivos nuevos y estamos en trámites para incorporar otros 32. Creemos que las medidas funcionan más que los discursos incendiarios, y lo que desde luego no haremos es ser embajadores negativos de nuestro propia ciudad para crear una falsa mala imagen”, explica el socialista.

Con todo, Badalona es uno de los pocos municipios catalanes en los que la izquierda se juega la alcaldía contra una derecha claramente identificada con las políticas de “orden”. Ante eso, los partidos situados a la izquierda han optado por no eludir el tema y presentar programas centrados en la cuestión de la seguridad. Si el alcalde acaba de estrenar una nueva unidad policial “antiocupas”, desde Guanyem, otro de los grupos fuertes de la izquierda en el consistorio, han anunciado una concejalía para ''la Dignidad y la Seguridad Humana“, en un claro intento de llevar el agua a su molino.

Medidas epidérmicas o de largo alcance

Amadeu Recasens es uno de los mayores expertos catalanes en seguridad pública. Fue director de la Escola de Policia de Catalunya entre 1996 y 2004 y posteriormente fue fichado por Ada Colau como comisionado de Seguridad de Barcelona durante la primera legislatura de la alcaldesa de los comuns. Recasens opina que uno de los principales errores de la izquierda en materia de seguridad es aceptar el marco mental de la derecha. “Eso ya lo intentó Jospin cuando trató superar a Le Pen en 2002. Y ya sabemos cómo acabó: Ganó Le Pen”, afirma el experto.

A Recasens no le sorprende que el debate sobre la seguridad haya vuelto a encenderse este año, en la recta final hacia las municipales. “Es una estrategia clásica de la derecha, porque el miedo convierte a la gente en conservadora”, apunta. Ante eso, alerta de que las izquierdas pueden cometer dos errores opuestos: o bien tratan de actuar solo en la raíz de los problemas y se ponen de perfil cuando hace falta la actuación rápida o incluso represiva; o bien optan por medidas vistosas, pero epidérmicas “sin atacar las cuestiones de fondo que crean las condiciones idóneas para el delito, como la desigualdad”.

Con este argumento, Recasens rechaza las políticas llamadas “de mano dura” y critica las medidas aisladas. “Sabemos que no funcionan para bajar los delitos, ni siquiera son disuasorias. Solo consiguen, en el mejor de los casos, tranquilizar a los vecinos”, afirma. El criminólogo considera además que todas las propuestas en seguridad deberían responder a una estrategia concreta de política pública. “Algunas medidas pueden ser efectivas epidérmicamente, pero no cambian las cosas. Necesitamos políticas públicas dedicadas a la prevención. Una buena política de prevención pasa por la limpieza, por la iluminación, por la gestión de los espacios… también por la policía, claro, pero no sólo”, indica.

Pero los alcaldes socialistas no se sienten aludidos por estas críticas. “Aquí en Badalona asumimos muchas competencias que en principio no nos tocan, como la seguridad pública, pero también por ejemplo estamos construyendo dos nuevas escuelas. No son medidas aisladas”, asegura Guijarro. También Bote rechaza que su actuación tenga que ver con tratar de enfrentarse al discurso de la derecha. “Nos dicen mucho eso de que hay que combatir a Vox, pero yo llevo tomando decisiones en este tema desde el primer día de alcaldía, hace siete años, y siempre hemos dicho lo mismo”, asegura.

Illa contra el conseller y los alcaldes en el Congreso

La avalancha de actuaciones desde los municipios socialistas coincide con un discurso contundente en materia de seguridad por parte del partido en el Parlament. En las últimas semanas, el líder del PSC, Salvador Illa, se ha destacado por ser inclemente en sus críticas hacia el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, al que logró que el Parlament reprobara con los votos de todas las derechas. “¿Qué es una política de seguridad conservadora?”, se preguntaba un día después en una entrevistas en este diario. “Las políticas de seguridad son correctas y eficaces o incorrectas e ineficaces”, afirmaba.

El líder socialista catalán ha convertido la seguridad en uno de los arietes más eficaces contra el Govern de Pere Aragonès, con un portavoz en las cuestiones relativas a los Mossos de lujo: Ramon Espadaler, actual líder de Units y quien fuera conseller de Interior de Artur Mas entre 2012 y 2015.​​ No es el único miembro de la extinta Unió que se desempeña ahora en tareas de seguridad en nombre de los socialistas. En Barcelona, el concejal de Seguridad es Albert Batlle, quien fuera número dos de Espadaler al frente de los Mossos.

Precisamente fue Batlle quien en su día dinamizó otra de las reformas legales pendientes del Congreso y que ahora los alcaldes socialistas esperan como agua de mayo: la prisión para los culpables multirreincidentes de hurtos. En su momento esta medida reunió un apoyo inédito, con el favor explícito de alcaldes de todos los colores, incluyendo Ada Colau. También el Departamento de Interior de la Generalitat bajo la presidencia de Quim Torra se mostró entusiasta con esta medida.

El pasado mes de mayo esa reforma del Código Penal llegó al Congreso y obtuvo el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCat, Ciudadanos, Más País y Compromís, y la abstención de todos los demás a excepción del BNG, que la rechazó. Pero este verano se demostró que la medida estaba lejos de ser la panacea, ya que exige que la suma de los robos reincidentes supere los 400 euros y la Fiscalía encuentra problemas a la hora de acreditar la cuantía de los pequeños hurtos.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en Mataró (Barcelona) acusados de formar parte de una estructura para reclutar y radicalizar a individuos en Barcelona y Tarragona para enviarlos como combatientes a zonas de conflicto e integrarse en grupos terroristas yihadistas.

La operación se ha iniciado sobre las seis de la mañana, cuando agentes de la Guardia Civil han entrado en dos pisos de Mataró, uno situado en la calle Camí del Mig y otro de la calle Joan Maragall, para registrarlos y practicar las dos detenciones, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Los detenidos son M.B., de 46 años y natural de Tetuán, y O.K, de 36 años y natural de Tánger, ambos de nacionalidad marroquí, que supuestamente se dedicaban a reclutar y radicalizar a personas en las provincias de Barcelona y Tarragona para participar en actos de terrorismo yihadista.

En concreto, según ha detallado el Ministerio del Interior en un comunicado, los dos detenidos en la operación, dirigida por el juzgado central número 1 de la Audiencia Nacional, se dedicaban supuestamente al reclutamiento y radicalización de individuos que se mostrasen dispuestos a desplazarse como combatientes a zonas de conflicto y a integrarse en grupos terroristas yihadistas.

En la detención de los dos sospechosos y en el registro de los dos pisos de Mataró en los que vivían han participado agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), los antidisturbios de la Guardia Civil, así como efectivos de la unidad de explosivos, con el apoyo de la canina.

La investigación se inició por parte de especialistas del Servicio de Información de la Guardia Civil a finales de 2015, gracias a la cooperación con servicios policiales de varios países, al detectarse la actividad en Internet de varios individuos que consumían propaganda de las diferentes plataformas asociadas a grupos terroristas. La estructura descubierta en 2015 se ha dado ahora por completamente desarticulada, según Interior.

Con el material que se intervenga en los registros, los agentes esperan obtener información relevante para esclarecer completamente la actividad y vinculaciones de estos individuos así como hallar otras posibles líneas de investigación.

Según detalla el Ministerio del Interior, ante la pérdida de territorio y potencial material, humano y financiero que afronta el grupo terrorista Dáesh sobre el terreno en Siria e Irak, la difusión de propaganda y la captación de nuevos adeptos se ha convertido en una de sus principales actividades, desarrollada de forma muy importante a través de Internet y de las diferentes plataformas y redes sociales.

La policía impedirá la plantada de cruces amarillas prevista en Mataró para este domingo. La Junta de Seguridad Local de esta localidad barcelonesa, reunida este viernes de forma extraordinaria para abordar la cuestión, ha decidido vetar la protesta ante el “riesgo” de que se produzca un choque entre manifestantes partidarios y contrarios a esta forma de protesta contra los encarcelamientos de los líderes independentistas.

El alcalde de Mataró, David Bote (PSC), ha expresado que “la mejor forma de evitar el conflicto es que la plantada no se lleve a cabo”. Su intención es evitar episodios como el de la localidad cercana de Canet de Mar, donde tres personas resultaron heridas después de que varios encapuchados irrumpieran para retirar las cruces amarillas que había plantado el CDR del pueblo en la playa.

En el caso de Mataró, la protesta no estaba convocada por ningún colectivo en concreto, pero sí había recibido el apoyo de la ANC local. Lo que temían desde el ayuntamiento es que acudiera también alguno de los grupos que en los últimos meses se han dedicado a contrarestar las protestas independentistas en la zona. El Ayuntamiento asegura además que ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que el domingo se celebra un triatlón en la misma playa, la del Varador, que podría verse entorpecida por la presencia de las cruces.

La Junta de Seguridad Local, en la que participan Policía Local y Mossos d'Esquadra, también ha servido para confirmar que la protesta no cuenta con el permiso del departamento de Territorio de la Generalitat, de quien es competencia el litoral catalán. El alcalde de Mataró les mandó una carta, así como también a la Delegación del Gobierno, para que se pronunciara. Estos, sin embargo, se han limitado a responder que no tienen constancia de la protesta, algo por otro lado común en un tipo de protestas que no acostumbran a pedir autorización.

La reacción de los partidos independentistas y nacionalistas ante la actuación policial para desarticular el referéndum del 1-O está afectando a varios pactos municipales que habían dado la alcaldía al PSC. La posición mantenida por los socialistas ante los hechos del pasado domingo ha recibido airadas críticas de sus socios, que la consideran tibia, derivando incluso en la dimisión de concejales o la ruptura de acuerdos en ciudades como Tarragona, Mataró o Blanes.

En la capital tarraconense, el gobierno del PSC, liderado por el alcalde Fèlix Ballesteros, queda debilitado tras el abandono de un concejal del equipo de gobierno municipal miembro de Unió. El concejal de Cultura dimitió este miércoles por el “uso indiscriminado de la violencia” durante el 1-O. Pese a la salida del tercer miembro del pacto a tres junto al PSC y al PP, el alcalde se queda en minoría aunque asegura que el gobierno municipal está afianzado.

Aunque no afecta al pleno, también han dimitido como queja ante el alcalde cuatro personas pertenecientes al llamado “Senado de Tarragona”, un órgano consultivo con miembros reconocidos de la ciudad que asiste al Ayuntamiento en sus decisiones. También lo abandona el responsable del Concurs de Castells de Tarragona, el exconseller Josep Bargalló.

Algo similar ha ocurrido en Mataró con la salida de CiU del gobierno municipal. El PSC y su alcalde, David Bote, se quedan ahora en minoría y los convergentes no cierran la puerta a una moción de censura. Para ello necesitarán a ERC, Queremos, CUP e ICV. Un difícil acuerdo que, con todo, complica la gobernabilidad de una de las ciudades medianas que los socialistas recuperaron en 2015.

En Blanes, la condena a “la violencia extrema y gratuita” que hizo el alcalde no ha sido suficiente para que el PDeCAT y ERC se mantengan en el gobierno municipal. Tras la salida de los independentistas se queda el PSC en minoría con 4 de los 21 concejales del pleno. También en esta ciudad de la costa gerundense la ruptura del pacto y la minoría en la que queda el partido del alcalde da opciones a una moción de censura, para lo que, sin embargo, se necesitarían agrupar independentistas junto a concejales que no lo son.

Abandonos como los anteriores también se han producido en otras poblaciones más pequeñas, sobre todo en aquellas donde las actuaciones policiales causaron una mayor conmoción a sus vecinos. En Sant Carles de la Ràpita, donde a primera hora de la mañana del 1-O se vivieron graves incidentes, la concejala de Gobernación ha abandonado el grupo municipal del PSC. La edil Conxi Vizcarro denuncia que su partido “no se ha posicionado como esperaba”, después de que ella fuese testigo de las cargas que terminaron con 100 atendidos en el centro médico de la localidad.

El 155 y el PSC

Por otro lado, el eventual apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 por parte del PP ha hecho que empiecen a sonar voces de alarma en el PSC. El alcalde de Terrassa, el socialista Jordi Ballart, ha explicado en una entrevista en el Diari de Terrassa que no podría defender la aplicación del 155. “Renunciaría a mi militancia y en consecuencia dimitiría de la alcaldía. Sería lo ético”, ha indicado Ballart.

Asimismo, en la misma entrevista Ballart ha asegurado que ha trasladado personalmente al secretario de organización del PSOE, Jose Luís Ávalos, la propuesta de impulsar una moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy que permita convocar un referéndum legal y acordado en Catalunya.

La candidata a la secretaría general del PSOE y presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha hecho este viernes un imprevisto alto en su camino hacia Gijón para volver a Catalunya, comunidad que se le dio especialmente mal en la recogida de avales. La aspirante ha elegido la ciudad de Mataró, donde se ha comprometido con el reconocimiento de las “identidades nacionales”, aunque ha puesto el acento en preservar la igualdad por encima de diferencias territoriales.

A tres días del esperado debate entre candidatos del PSOE, la presidenta andaluza ha puesto en su brújula el debate territorial, donde sabe que su discurso puede cohesionar a las bases que miran con más recelos el soberanismo catalán. Para ello, Díaz ha cargado contra su mayor contrincante, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de describir “vaivenes” respecto a su posición nacional. Además se ha mostrado escéptica con el reconocimiento de “naciones culturales” de las que habla Sánchez, que Díaz le ha pedido que defina.

“La única bandera que entiendo, con la que me emociono, es la de la igualdad, y las personas están por encima de los territorios”, ha aseverado la candidata, haciendo alarde de claridad de posición. Pese a eso, estando en Catalunya, la andaluza ha asegurado creer en un modelo de país “que reconozca su pluralidad, sus singularidades y sus identidades nacionales”.

La presidenta autonómica no ha tenido problemas en entrar de lleno en el debate sobre sentimientos territoriales, asegurando que es necesario reconocer “la fuerte identidad catalana”. Este es el primer ingrediente de su receta para Catalunya, que se combina con “garantizar que vamos a seguir juntos”. Con acusación implícita para Sánchez, Díaz se ha comprometido a no entrar “en una subasta de sentimientos con la cohesión territorial” para “arañar un puñado de votos”.

Junto a su posición en lo territorial, la defensa de los servicios públicos sin importar el territorio, que ya es un clásico de sus intervenciones, ha trabado el discurso de la candidata, en el que también se ha propuesto como la “garantía” de la unidad en el partido. Por eso Díaz ha llamado al acercamiento entre el PSOE y el PSC, asegurando que “los mejores años en este país los hemos dado el partido socialista en Catalunya y en el resto de España juntos y con grandes mayorías”.

Susana Díaz ha pisado este viernes Catalunya por primera vez tras la presentación de avales, en los que la militancia del PSC la castigó con apenas un 5% de firmas respecto al total del censo. Sánchez, por su parte, obtuvo un 32%. Sabiendo que Catalunya es un territorio especialmente árido para las tesis susanistas, el equipo de la candidata ha querido hacer un gesto con la comunidad, colocando un acto imprevisto en Mataró, la capital de la comarca del Maresme.

Pese a eso, el equipo de Díaz no ha arriesgado y se ha decantado por la sede de los socialistas en la localidad, una pequeña sala en la que cabían poco más de un centenar de personas. La andaluza ha llenado y, de hecho, algunos simpatizantes han quedado fuera de la sala. Pero la fotografía de este viernes en Mataró se distancia mucho del populoso acto que el miércoles protagonizó Pedro Sánchez en Sabadell, donde la plaza Picasso de la localidad albergó a más de medio millar de personas.

Apenas han pasado dos meses desde que el juzgado especializado en preferentes de Mataró empezó a funcionar y las caras de los habitantes de las capital del Maresme catalán ya han cambiado de expresión. Quienes pensaban que iban a perder los ahorros de toda una vida tienen ahora la esperanza de recuperarlos dentro de no mucho tiempo. Los resultados del juzgado especializado están siendo muy positivos. Así lo confirma Joan Mora, alcalde de la localidad (CiU) y principal promotor de este refuerzo judicial. “El ritmo al que se está trabajando es muy bueno. Aunque, por supuesto, los afectados siempre querían más. La jueza está haciendo muy bien las cosas y todo el mundo está contento”, asegura.

Las cifras le dan la razón. En poco más de 60 días, ya se han celebrado alrededor de 72 audiencias, 39 juicios y se han dictado 34 sentencias. Todas menos una, que era sobre un contrato de swaps, han dado la razón y su dinero a los preferentistas. El de Mataró es uno de los tres juzgados especializados en preferentes que funcionan en España desde hace poco más de dos meses. Los otros dos en Galicia, a pesar de haberse puesto en marcha incluso unos días antes, llevan un ritmo más pausado. En Vigo apenas se ha dictado una sentencia en las seis audiencias vistas, y en A Coruña no se espera que los jueces empiecen a pronunciarse hasta entrado el mes de diciembre, aunque entre ambos ya suman más de 1.200 demandas presentadas.

La puesta en marcha de estos juzgados de refuerzo es el resultado de más de un año de trabajo y gestiones lideradas por Mora. El problema de las preferentes era escandaloso en toda España pero especialmente en Mataró, una ciudad de 124.000 habitantes en la que hay 6.000 afectados directos y más de 15.000 indirectos. “Estamos hablando del 12% de la población afectada por un engaño masivo, lo que provocó un nivel de conflicto social muy alto”, recuerda Mora. Según explica el alcalde, una gran mayoría de esos afectados tenía un nivel cultural tan bajo que incluso habían asumido que ese era el motivo por el que habían sido engañados e incluso sentían vergüenza de reconocerlo.

Consciente de ello, su Ayuntamiento lideró la formación de una comisión formada por todos los grupos políticos, jueces, abogados y asociaciones de afectados como Estafabanca. Su primera tarea fue informar a todo el mundo de que quienes habían obrado mal habían sido los banqueros y que había que denunciar la situación para poder recuperar el dinero.

Difícil inicio

Durante más de un año, trabajaron para movilizar a ciudadanos por un lado y convencer a los políticos del Congreso de los Diputados por otro. “Tuvimos que esperar que los grandes bancos liquidaran sus preferentes para que nos hicieran caso. Pero luego, la verdad es que se volcaron y hemos conseguido que todos los afectados pudieran acudir a la Justicia”, explica el alcalde.

El problema de los clientes de Caixa Laietana era incluso más grave que el de la mayoría de los preferentistas. La entidad les obligó a canjear las preferentes por acciones de Bankia en su salida a bolsa con la consiguiente pérdida acumulada de valor. Por ello, en su condición de accionistas no podían acudir a los arbitrajes iniciales puestos en marcha por el Gobierno. La presión de Mora y de la plataforma ciudadana de Mataró cambió la situación y ahora todos ellos tienen derecho al arbitraje y también al procedimiento judicial.

“El arbitraje también ha sido muy satisfactorio aquí. El Ayuntamiento abrió una oficina de orientación por la que pasaron el primer mes 1.850 personas que ya han recuperado su dinero”, asegura el alcalde. A pesar de la satisfacción por lo conseguido, Joan Mora no deja de luchar. “ Después de más de un año de esfuerzos, los resultados nos están dando la razón y confirman que lo ocurrido con la venta de preferentes fue una estafa mayúscula. Y todavía tenemos que trabajar para que todo el mundo recupere su dinero”, cuenta.

En Mataró hay casos extremos, ya que desde la comisión de ayuda para las preferentes tienen claro que es posible que haya afectados que todavía no se han dado cuenta. “Hay gente humilde que está descubriendo ahora, cuando necesitan tirar de sus ahorros, que aquello que pensaban que era un plazo fijo en realidad son preferentes. El problema es que ya se han pasado los plazos para reclamar”. Y este es el nuevo reto de alcalde, que nadie pierda los ahorros de toda la vida.

Una vez que consiga eso, empezará una nueva cruzada. “Ahora lo que toca es que los culpables paguen por lo que han hecho. Es más sencillo de lo que pueda parecer. Sólo hay que tener intención política. Tirar de la manta es una asignatura pendiente en este país. Yo confío en que la fiscalía actúe y persiga la mayor estafa económica europea”, asegura Mora.

En 2003 nació el Festival Shakespeare de Santa Susanna, en el Maresme. Al cabo de cinco años se trasladó a Mataró. Ayer se presentó la décima edición, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio en el Raval de Barcelona, con la Biblioteca de Catalunya y sus patios como cuartel general. Como en tantos otros festivales teatrales, los números no cuadran, pero en este caso, lo que (tampoco) no cuadra es el número de las ediciones. Falta una. Esta debería ser la undécima, pero es la décima. Hace dos años, a 11 días del estreno del festival, el Ajutnament de Mataró lo anuló. Razones presupuestarias, alegó el nuevo equipo de gobierno de CiU (que desbancó al PSC en las elecciones). “Pura prepotencia”, dijo la directora del festival, Montse Vellvehí, entonces. “Hablar de razones presupuestarias a estas alturas, con todo hecho, no es otra cosa”.

En ningún momento Montse tiró la toalla. “El festival no ha terminado. Tenemos la suerte de que es necesario y funciona ”, dijo. Tras el paréntesis del 2012, pues, vuelve este tributo al dramaturgo inglés, dentro de una red europea de nueve festivales dedicados a Shakespeare. Y lo hace de la mano de La Perla 29, que hace de su espacio de exhibición, la Biblioteca de Cataluña, la sede central de siete días (de jueves a miércoles). El Teatro Romea, el CCCB, la Filmoteca, la librería Central del Raval, el bar Horiginal y la escuela Massana, todas entidades del barrio, se han sumado a la iniciativa.

El presupuesto, por orden de importancia, diríamos (en palabras de Vellvehí), consta de “sudor, pasión, lágrimas, riesgo y 40.000 euros”, que aportan las administraciones (Icub) y recursos propios. Nada en comparación con los 127.000 presupuestados en 2011 y que se “desvanecieron”. “Teníamos material para hacer un festival de 15 días!”, Comentó ayer la directora. “Es evidente que no podemos escapar a la crisis, este año no hay ningún espectáculo internacional pero esto sigue siendo un festival internacional, porque nuestra relación con la red europea es muy buena”.

Toca reinventarse. “En esto el compromiso y la complicidad de los artistas ha sido muy importante”. Oriol Broggi, director de La Perla, y Julio Manrique, director artístico del Romea, sin embargo, se excusaron por no haber preparado espectáculos sedes para el festival por imposibilidades de agenda, de compromisos ... Pero son dos pesos pesados con vistas al año que viene, para cuando ya se han comprometido a hacer algún Shakespeare.

La idea es convertir el barrio, desde el epicentro de la Biblioteca, en un “hub” (palabra de Broggi) en el que la gente respire Shakespeare. “Todo ello es muy estimulante”, comentó Manrique, “Es un buen caldo de cultivo y con el calorcito del mes de junio veindrà gusto emborracharse de Shakespeare”. Habrá conferencias, instalaciones artísticas, lecturas dramatizadas, recitales, películas, chocolate con melindros... y, por supuesto, teatro.

Programación teatral:

'Diagnòstic Hamlet' (Cía. Pelmànec).

'La Caiguda d’Amlet (o La Caiguda de l’Hac)' (Associació Artística Indi Gest).

‘Treballs d’amor perduts’ (Cía. Parking Shakespeare).

'Big Will Shakespeare' (de Quim Lecina). Estreno.

‘La Julieta '(dirigida por Oriol Broggi). Estreno

'Sonets encadenats de Will Shakespeare' (con Lluís Soler).

H] Works '(Cía. Moreno Bernardi). Estreno.

‘Julio César '(dirigida por Paco Azorín). Estreno en Catalunya.

El 2003 va néixer el Festival Shakespeare a Santa Susanna, al Maresme. Al cap de cinc anys es va traslladar a Mataró. Ahir es va presentar la desena edició, que tindrà lloc del 6 al 12 de juny al Raval de Barcelona, amb la Biblioteca de Catalunya i els seus patis com a quarter general. Com en tants altres festivals teatrals, els números no quadren, però en aquest cas, el que (tampoc) no quadra és el número de les edicions. En falta una. Aquesta hauria de ser l’onzena, però és la desena. Fa dos anys, a 11 dies de l’estrena del festival, l’Ajutnament de Mataró el va anul.lar. Raons pressupostàries, va al.legar el nou equip de govern de CiU (que va desbancar el PSC en les eleccions). “Pura prepotència”, va dir la directora del festival, Montse Vellvehí, llavors. “Parlar de raons pressupostàries a aquestes alçades, amb tot fet, no és altra cosa”.

En cap moment la Montse va llençar la tovallola. “El festival no ha acabat. Tenim la sort que és necessari i funciona”, va dir. Després del parèntesi del 2012, doncs, torna aquest tribut al dramaturg anglès, dins d’una xarxa europea de nou festivals dedicats a Shakespeare. I ho fa de la mà de La Perla 29, que fa del seu espai d’exhibició, la Biblioteca de Catalunya, la seu central de set dies (de dijous a dimecres). El Teatre Romea, el CCCB, la Filmoteca, la llibreria Central del Raval, el bar Horiginal i l’escola Massana, totes entitats del barri, s’han sumat a la iniciativa.

El pressupost, per ordre d’importància, diríem (en paraules de Vellvehí), consta de “suor, passió, llàgrimes, risc i 40.000 euros”, que aporten les administracions (Icub) i recursos propis. Res en comparació amb els 127.000 pressupostats el 2011 i que es van “esvair”. “Teníem material per fer un festival de 15 dies!”, va comentar ahir la directora. “És evident que no podem escapar a la crisi, enguany no hi ha cap espectacle internacional però això segueix sent un festival internacional, perquè la nostra relació amb la xarxa europea és molt bona”.

Toca reinventar-se. “En això el compromís i la complicitat dels artistes ha estat molt important”. Oriol Broggi, director de La Perla, i Julio Manrique, director artístic del Romea, però, es van excusar per no haver preparat espectacles seus per al festival per impossibilitats d’agenda, de compromisos... Però són dos pesos pesants amb vistes a l’any que ve, per a quan ja s’han compromès a fer algun Shakespeare.

La idea és convertir el barri, des de l’epicentre de la Biblioteca, en un “hub” (paraula de Broggi) en el qual la gent respiri Shakespeare. “Tot plegat és molt estimulant”, va comentar Manrique, “És un bon caldo de cultiu i amb la caloreta del mes de juny veindrà de gust emborratxar-se de Shakespeare”. Hi haurà conferències, instal.lacions artístiques, lectures dramatitzades, recitals, pel.lícules, xocolata amb melindros... i, per descomptat, teatre.

Programació teatral:

‘Diagnòstic Hamlet’ (Cia. Pelmànec).

‘Caiguda d’Amlet (o La Caiguda de l’Hac)’ (Associació Artística Indi Gest.

‘Treballs d’amor perduts’ (Cia. Parking Shakespeare).

‘Big Will Shakespeare’ (de Quim Lecina). Estrena.

‘La Julieta’ (dirigida per Oriol Broggi). Estrena

‘Sonets encaadenatsde Will Shakespeare’ (amb Lluís Soler).

‘H] Works’ (Cia. Moreno Bernardi). Estrena.

‘Julio César’ (dirigida per Paco Azorín). Estrena a Catalunya.

Los ahorradores afectados por las participaciones preferentes de Caixa Laietana han recibido este jueves un balón de oxígeno por parte del Ministerio de Economía, que ha asegurado que, en contra de lo que se había dicho hasta ahora, sí entrarán dentro del mecanismo de arbitraje. Según afirmó el ministro Luis de Guindos en el Congreso, durante el debate referente al decreto ley sobre arbitrajes para los perjudicados por estos productos de riesgo, los preferentistas de Caixa Laietana, entidad con sede en Mataró, recibirán “el mismo trato” que los de Bankia, un hecho que hasta ahora no se contemplaba en la normativa.

Los clientes de esta entidad financiera barcelonesa se quejaban de haber sido víctimas de una doble estafa: la que les hizo caer en la trampa de las preferentes, cuando pensaban que eran productos de plazo fijo, y el canje de éstas por acciones de Bankia, una operación que, dada la inmediata caída del valor de los títulos, provocó que los ahorradores perdieran prácticamente todo su dinero. Sólo en Mataró, se calcula que unas 15.000 personas están afectadas, directa o indirectamente, por preferentes o deuda subordinada, en total el 12% de la población.

La posibilidad de acogerse al arbitraje ha sido recibida entre los afectados de Caixa Laietana como una pequeña victoria fruto de la presión ejercida desde la calle y desde la plataforma Estafabanca, según valoraba Diego Herrera, uno de sus portavoces. Desde que PP y PSOE acordaron este mecanismo de devolución del dinero, los ahorradores de Mataró iniciaron una campaña de protesta llamando a las puertas de todos los partidos e instituciones para que se les tuviera en cuenta, dado que en ese momento, como ya eran accionistas, no se les consideró afectados por las preferentes. Ahora, tras el anuncio de Guindos, las sensaciones son más positivas, según Herrera, aunque dice que habrá que ver cómo se concretan los criterios para acceder al arbitraje.

El 17 de abril se fijarán los requisitos

El Ministro de Economía ha anunciado durante el debate en el Congreso que la comisión de seguimiento sobre preferentes y deuda subordinada quedará constituida “al más alto nivel” el próximo miércoles, 17 de abril, en un encuentro donde se acordarán los “parámetros y criterios generales” para acogerse al arbitraje, requisitos que se podrían revisar “periódicamente”. Además, la comisión también se encargará de hacer seguimiento de los problemas sociales derivados de la comercialización de los productos, de analizar las causas de las reclamaciones y de elevar propuestas de mejora de la protección para los ahorradores.

La comisión la presidirá la presidenta del CNMV, Elvira Rodríguez, y contará con representación del Banco de España, la Secretaría General de Consumo, del Tesoro y del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Guindos también ha prometido que habrá un procedimiento rápido para los colectivos “especialmente vulnerables”, que tendrán prioridad para acceder al arbitraje. “La comisión trabaja ya en los criterios que se tendrán en cuenta, que incluirán a afectados con menor nivel de ingresos, de edad avanzada en el momento de la contratación, con especiales cargas familiares, sin formación financiera o que tengan mayor proporción de ahorros invertidos en estos productos”, detalló el ministro.

Els estalviadors afectats per les participacions preferents de Caixa Laietana han rebut aquest dijous un baló d'oxigen per part del Ministeri d'Economia espanyol, que els ha assegurat que, en contra del que s'havia dit fins ara, sí que entraran dins el mecanisme d'arbitratge. Segons ha afirmat el ministre Luis de Guindos al Congrés dels Diputats, durant el debat referent al decret llei sobre arbitratges per als perjudicats per aquests productes de risc, els preferentistes de Caixa Laietana, amb epicentre a Mataró, rebran “el mateix tracte” que els de Bankia, un fet que fins ara no es preveia a la normativa.

Els clients d'aquesta entitat financera amb seu al Maresme es queixaven d'haver sigut víctimes d'una doble estafa: la que els va fer caure en el parany de les preferents, quan es pensaven que eren productes de termini fix, i el bescanvi d'aquestes per accions de Bankia, una operació que, atesa la immediata caiguda del valor dels títols, va provocar que els estalviadors perdessin absolutament tots els seus diners. Només a Mataró, es calcula que unes 15.000 persones estan afectades, directa o indirectament, per aquest escàndol, en total el 12% de la població.

La possibilitat d'acollir-se a l'arbitratge s'ha viscut entre els afectats de Caixa Laietana com una petita victòria fruit de la pressió exercida des del carrer i des de la plataforma Estafabanca, segons valorava Diego Herrera, un dels seus portaveus. Des que PP i PSOE van acordar el mecanisme de devolució dels diners, els estalviadors de Mataró van iniciar una campanya de trucar a les portes de tots els partits i institucions perquè se'ls tingués en compte, atès que en aquell moment, com que ja eren accionistes, no se'ls va considerar afectats per les preferents. Ara, les sensacions són més positives, segons Herrera, però diu que caldrà veure com es concreten els criteris per accedir a l'arbitratge.

El 17 d'abril es fixaran els requisits

El ministre d'Economia ha anunciat durant el debat al Congrés que la comissió de seguiment sobre preferents i deute subordinat quedarà constituida “al més alt nivell” el proper dimecres, 17 d'abril, en una trobada on s'acordaran els “paràmetres i criteris generals” per acollir-se a l'arbitratge, requisits que es podrien revisar “periòdicament”. A més, la comissió també s'encarregarà de fer seguiment dels problemes socials derivats de la comercialització dels productes, d'analitzar les causes de les reclamacions i d'elevar propostes de millora de la protecció per als estalviadors.

La comissió la presidirà la presidenta del CNMV, Elvira Rodríguez, i comptarà amb representació del Banc d'Espanya, la Secretaria General de Consum, del Ttresor i del Consell de Consumidors i Usuaris.

Guindos també ha promès que hi haurà un procediment ràpid per als col·lectius “especialment vulnerables”, que tindran prioritat per accedir a l'arbitratge. “La comissió treballa ja en criteris que es tindran en compte, i que inclouran a afetats amb menor nivell d'ingressos, d'edat avançada en el moment de la contractació, amb especials càrregues familiars, sense formació financera o que tinguin major proporció d'esalvis invertits en aquests productes”, ha detallat el ministre.

“L'estafa de les preferents ser el primer rescat als bancs que es va produir a Europa, una operació per salvar les entitats espanyoles que vam pagar els petits estalviadors, els fills de la guerra civil, els que treballem des dels deu anys catorze hores al dia, els que vam haver d'emigrar dels nostres pobles... I tot mentre Zapatero parlava de brots verds!”. Així, d'una tirada, es va despatxar un dels afectats per les preferents de Mataró davant tot un exministre com el socialista Valeriano Gómez. Era la primera vegada que aquesta persona podia dirigir-se a una figura política de primer nivell, després de manifestar-se durant un any sencer tres vegades a la setmana pels carrers de la ciutat, sense que els mitjans de comunicació ni els partits els fessin cas. Per això l'auditori estava ple per rebre al dirigent del PSOE.

Més de 200 persones, totes elles afectades per les preferents i amb una mitjana edat molt superior als 65 anys, es van congregar a l'institut Miquel Biada de Mataró per rebre el responsable econòmic del PSOE al Congrés dels Diputats. En les pròximes setmanes acudiran a aquesta localitat barcelonina totes les formacions polítiques espanyoles i també del Parlament de Catalunya per veure si poden aportar solucions a la situació en què es troben els estalviadors de la ciutat, que el març passat es van veure obligats a canviar les seves preferents -la majoria de Caixa Laietana- per accions de Bankia i ara, després de la seva caiguda, s'han quedat sense res, a més de no poder entrar en l'arbitratge perquè se'ls considera accionistes. Les trobades amb polítics han de servir també, segons espera Diego Herrera, portaveu de la plataforma local Estafabanca, perquè els polítics “mirin a la cara” als afectats i s'adonin de la magnitud del problema. No obstant això, en aquesta ronda hi faltarà un convidat d'excepció, el més determinant i que per ara no ha confirmat assitència: el Partit Popular.

Davant d'un auditori que es va quedar petit, i en els seients del qual es percebia la tensió de tot un any de ràbia acumulada, Gómez va optar per desentendre's del mecanisme d'arbitratge que va pactar el seu partit amb el PP al gener per aportar una solució als afectats. “La solució ha de tenir en compte a tots els estalviadors, sense criteris restrictius”, va proclamar el dirigent, en al·lusió als presents, que com els clients altres entitats perifèriques de Bankia-les caixes de Segòvia, Àvila, la Rioja, Bancaixa-van canviar les seves participacions per accions que ara valen poc més que res. No obstant això, Gómez va avisar que qui té la paella pel mànec ara és el PP: “els enviem una carta el 12 de febrer i encara esperem resposta”, va dir, per afegir que després de pactar aquesta solució ara tenen “poques esperances de que l'arbitratge serveixi per tornar els diners a tots els afectats ”.

Tot i guardar les formes durant l'acte, algun dels presents afectats no va poder reprimir-se d'esbroncar Valeriano Gómez quan prometia treballar perquè recuperés els estalvis la immensa majoria dels enganyats. “Tots!”, li responien des de l'auditori, igual que quan el dirigent parlava que gairebé tots van ser estafats, de nou des de baix li responien que ho van ser “tots”, sense excepcions. A Mataró la totalitat dels estalviadors que van caure a la trampa de “la major estafa financera de la història d'Espanya” -així va batejar Gómez els fets- volen que els retornin els seus diners. Per això aposten per un arbitratge inclusiu, universal i fraccionat -per si l'Estat ni té fons per afrontar tot de cop.

Davant la indignació creixent a la sala, Gómez no es va salvar de donar compte de l'actuació del seu partit al capdavant del Govern fins a finals del 2011, quan l'operació de col·locació de preferents a persones no inversores ja s'estava portant a terme. “Què va fer el PSOE, la CNMV, el Banc d'Espanya?”, li van preguntar en més d'una ocasió. El llavors ministre de Treball va admetre que “la CNMV no va informar prou dels riscos que comportaven aquests productes” per als ignorants en matèria econòmica, però va inquirir que “sobretot la responsabilitat recau en les entitats financeres”.

Malgrat la crispació i als crits incontenibles, entre els assistents es van donar per satisfets amb el compromís de Gómez de fer el possible perquè l'arbitratge no els deixi fora, tot i que són conscients alhora que poc pot fer ara el PSOE donada la majoria absoluta que té el PP. D'aquesta manera, tot i que la plataforma d'afectats Estacafanca identifica Gómez com un dels còmplices del que ha passat, no va tenir inconvenients a agrair la seva presència cara a cara amb els afectats de Mataró.