El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por la acusación popular contra la absolución del exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y de la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, en la pieza separada del caso Nazarí conocida como 'expediente Obispo Hurtado', vinculada a la construcción del edificio donde ambos tienen residencia. A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del empresario Ramón Arenas por no acreditarse que tenga interés casacional y, dado el carácter definitivo de esta resolución, le ha impuesto las costas.

Cabe recordar que Torres Hurtado y la citada concejal dimitieron en abril de 2016 después de que fueran arrestados en una operación policial contra la corrupción urbanística. La resolución del Supremo confirma así la sentencia que ya dictó en su día el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, y posteriormente ratificó la Audiencia Provincial, absolviendo al exalcalde, a Isabel Nieto, y al ex director general de Licencias del Ayuntamiento de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y del delito alternativo de negociaciones prohibidas por los que fueron juzgados. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Granada habían solicitado la absolución para los tres en esta pieza separada, la primera en llegar a juicio del llamado 'caso Nazarí'.

Durante el juicio, Torres Hurtado declaró que siempre tuvo delegadas las competencias de Urbanismo y nunca había participado en las decisiones del área; tampoco respecto a esta promoción con una veintena de viviendas. Ni en la concesión de la licencia de primera ocupación del edificio --que data de 2015-- ni en la rebaja de la sanción contemplada en el expediente sancionador por incumplimiento de lo recogido en la licencia de obras, los dos principales asuntos que investigaron en esta causa.

En la misma línea, Nieto señaló ante el juez que no intervino ni en la licencia ni en el expediente sancionador, el cual fue impuesto a la comunidad de propietarios de la que ambos formaban parte, y rechazó que existiera cualquier tipo de “connivencia” con Torres Hurtado en este asunto.

El juez les dio la razón y determinó que ninguno de los tres acusados tomaron parte en “ninguna” de las resoluciones vinculadas a la construcción de este edificio ni influyeron ni hicieron “propuesta alguna o presión de ningún tipo” contra terceros para conseguir un beneficio personal.

El miércoles 13 de abril de 2016, Granada se levantó sobresaltada. Su alcalde del Partido Popular, José Torres Hurtado, acababa de ser detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Junto a él, su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Ambos como cabezas visibles de una trama que nacía aquel día para la opinión pública y que la policía llevaba meses investigando. Hace cinco años, nacía la Operación Nazarí. El proceso judicial que puso fin a 13 años de mandato ininterrumpido del PP en la ciudad de la Alhambra y que ha cambiado el escenario político local desde entonces.

Un lustro después, los siete expedientes que provocaron las detenciones y que hoy son las siete piezas separadas que conforman el sumario de la Operación Nazarí, siguen abiertos. Dos de ellos, el que afecta al registro ilegal de la entreplanta de una vivienda y el de los domicilios de Torres Hurtado, Isabel Nieto y sus familiares, han estado cerca de ser archivados por petición de la Fiscalía, pero el Juzgado de Instrucción número 2 los mantiene abiertos. En el caso que afecta a los domicilios de los políticos, la llamada pieza “Obispo Hurtado”, la Audiencia Provincial de Granada tiene pendiente resolver a qué juez de lo Penal se lo encomienda.

El resto de expedientes siguen en una fase de instrucción que debía haber acabado hace un año, pero que por la pandemia del coronavirus tiene su fecha límite en el próximo mes de julio. En todos ellos se investiga una presunta organización criminal de la que el exalcalde de Granada y su concejala de Urbanismo habrían sido sus cabecillas utilizando el Ayuntamiento de la capital a su gusto. La UDEF les señala a ambos y les imputa hasta ocho delitos entre los que se incluyen el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. Además, la causa investiga también a varios empresarios de la construcción como Roberto García Arrabal y José Julián Romero y a altos cargos del área de Urbanismo.

Protagonistas

Sin que se espere la apertura de ningún juicio por alguna de las piezas de la Operación Nazarí hasta, al menos, 2022, lo que sí ha provocado la investigación policial y judicial es remover el mapa político local. Hasta el punto de que el Partido Popular, que desde 2003 había sumado todas las elecciones por victorias de José Torres Hurtado, no solo no ha vuelto a ganar, sino que hoy se tiene que conformar con gobernar en coalición con un alcalde de Ciudadanos como es Luis Salvador. Paradójicamente, el regidor fue pieza fundamental hace cinco años para que los populares dejasen la alcaldía de Granada al romper el pacto que había firmado con el PP y apoyar la moción de censura promovida por el PSOE de Francisco Cuenca.

Cinco años más tarde, apenas se sabe nada de Torres Hurtado, Isabel Nieto o cualquiera de los demás imputados. El que fuera edil estuvo un tiempo en la sombra del Partido Popular de Granada apoyando a la facción que aún le quedaba dentro de la formación de derechas. Tras su salida de la alcaldía y defenderse públicamente diciendo que él no había hecho nada punible, sus declaraciones han seguido esa línea tanto en el juzgado como ante los medios que le han esperado en cada sesión de la causa. Hace casi un año, la Justicia le dio un balón de oxígeno al absolverle del Caso Serrallo, cuya investigación dio pie a la Operación Nazarí. No obstante, al ser procesos distintos, el futuro judicial de Torres Hurtado no está nada claro.

Observando con perspectiva qué es lo que ha cambiado desde que se detuvo al exalcalde de Granada y cuánto ha influido la causa Nazarí en la situación actual de la ciudad, hay que partir de los paralelismos que hay entre abril de 2016 y abril de 2021. Hay tres políticos que estaban entonces y están ahora en el Ayuntamiento de Granada, cuyo futuro, como entonces, también está en el aire. El primero, el alcalde Luis Salvador, tiene ante sí el reto de sobrevivir en un Consistorio en el que cada vez está más solo. Hace un lustro fue él quien permitió que hubiera un cambio en la alcaldía y ahora son otros los que buscan hacer lo propio con su figura. Varios concejales de su equipo de Gobierno, entre ellos del PP con el que pactó, no ocultan en privado que querrían que Salvador dejara de ser el regidor y, por eso, algunos ediles se postulan para sustituirle llegado el momento.

La eterna moción de censura

Los otros dos políticos que, como entonces, tienen su importancia hoy, son Sebastián Pérez y Francisco Cuenca. Pérez era teniente de alcalde con Torres Hurtado cuando este fue detenido. Una semana después dimitió junto a él como parte de un pacto firmado entre ambos para que, si uno caía, el otro se fuera después. En aquel momento ya era evidente la enemistad entre ambos políticos porque Sebastián Pérez aspiraba al puesto que Torres Hurtado tenía y que el PP no le había permitido alcanzar. Quería ser alcalde de Granada a toda costa, pero ese puesto lo ocuparía Francisco Cuenca.

El socialista fue regidor de Granada entre 2016 y 2019 en un mandato difícil sin apoyos que pesó en la ciudad al quedarse sin presupuestos municipales hasta el pasado 2020 ya con Luis Salvador como alcalde. Sin embargo, Francisco Cuenca y Sebastián Pérez vuelven a estar ahora en todas las conversaciones del Ayuntamiento de Granada. El primero porque ganó las elecciones locales y tiene 10 concejales que junto a los 3 de Podemos-IU le dejan a uno solo de la alcaldía y el segundo porque, tras haber dimitido de todos sus cargos en el equipo de Gobierno, mantiene el acta y un pulso con Luis Salvador para quitarle el sillón de mando alegando que pactó que se alternarían a los dos años de mandato, fecha que se cumple justo ahora. Una operación en la que Cuenca y Pérez podrían acabar siendo aliados a través de una moción de censura, aunque los números no son propicios y las voluntades políticas tampoco.

La deconstrucción del PP

Cinco años más tarde, el gran damnificado de la Operación Nazarí fue el Partido Popular de Granada. Desde la pérdida de la alcaldía en favor del PSOE, los populares no han dejado de acumular sinsabores. El primero, solo un año después, cuando el propio Sebastián Pérez revalidó su condición de presidente provincial de los populares granadinos mediante un congreso que acabó en los tribunales. Esa fue la última vez en la que Torres Hurtado tuvo cierta influencia en la política local. Su pupilo, Juan García Montero, que había sido concejal suyo en el Ayuntamiento, le disputó el mandato a Pérez y lo llevó a juicio por un proceso electoral opaco que estuvo a punto de tener que repetirse. El tribunal le quitó la razón a García Montero porque cuando se dictó sentencia el político ya no era afiliado del PP.

Además de eso, de aquel equipo de Gobierno de Torres Hurtado no queda nadie, a excepción de Sebastián Pérez, entre los actuales concejales de los populares en el Consistorio. En las últimas elecciones de 2019, ya con Pérez como cabeza de lista, pasaron de 11 ediles a 7, lo que los ha dejado en una situación muy distinta a la que vivían antes de que la UDEF investigara al exalcalde con Vox haciéndose con parte del electorado y enmendándole la plana en más de una ocasión.

Pero si mala es la situación a nivel municipal, no es mucho mejor a nivel provincial. La caída en desgracia de Sebastián Pérez, propiciada en buena medida por la facción del partido que apoyaba a Torres Hurtado, acabó con el presidente provincial dimitiendo en enero del año pasado. La mala imagen que proyectaba de cara a los afiliados, su desconexión con ellos y la pérdida de confianza de la dirección nacional del PP, fraguó un adiós impensable en 2016 y que hoy da cuenta de la pérdida de peso político que viven los populares en la provincia de Granada. Su nuevo presidente, Francisco Rodríguez, apenas ha logrado un 2% apoyos entre los afiliados en el último congreso provincial que le ha nombrado presidente. Un dato que demuestra que aquel 13 de abril de 2016 no solo cayó el alcalde, sino que hubo un efecto dominó. Hasta el punto de que Granada no ha vuelto a tener estabilidad política desde entonces.

La fiscal del 'caso Serrallo', Sara Muñoz Cobo, ha solicitado hasta 8 años de cárcel, 36 de inhabilitación para ejercer cargo público y más de medio millón de euros en multas contra el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP). El Ministerio Público considera probado que concurren los delitos de prevaricación urbanística y común, fraude en la contratación y tráfico de influencias. Por lo que solicita la misma pena tanto para Torres Hurtado como para la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

El escrito de la fiscal remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, al que ha tenido acceso este medio, detalla las penas que solicita para los otros siete acusados de haber cometido algún tipo de delito en el 'caso Serrallo'. Una operación urbanística en la que se construyó una discoteca en una zona que estaba destinada para zonas verdes según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada vigente desde 2001. Entre los imputados se encuentra el promotor de la discoteca, Roberto García Arrabal, uno de los empresarios de la construcción granadinos más importantes y que también aparece como imputado en la 'Operación Nazarí'.

Para este último, la fiscal también solicita 8 años de cárcel, 4 años de inhabilitación especial para profesión u oficio de promoción y construcción, 5 años de inhabilitación para obtener contrataciones o subvenciones públicas y la misma cuantía en multas que los exediles. Al tiempo que para Manuel Lorente, cargo en Urbanismo del Ayuntamiento de Granada desde 1986, solicita las mismas penas que las de Torres Hurtado e Isabel Nieto. No en vano, Lorente ha sido un hombre importante en el Consistorio en diferentes épocas dentro de este área y su nombre aparece en diferentes casos que la Justicia investiga como de posibles corrupciones urbanísticas.

Sobreseimiento para los ediles populares

Pero las peticiones de la fiscal no se quedan ahí. Dentro del Ayuntamiento de Granada hay más personas que aparecen señaladas por el Ministerio Fiscal. Ellos son Emilio Martín-Herrera y Gaspar Navarro, otros dos nombres clave dentro del área de Urbanismo, a quienes se les reclama 6 años y medio de prisión y 32 de inhabilitación para cargo público. Los otros tres acusados son Agustín Belda, María Paz Spínola y Francisco de Paula. Para el primero también se piden 6 años y medio de cárcel y 20 años de inhabilitación y para los otros dos, funcionarios de menor rango, la petición de pena privativa de libertad se reduce a los dos años. Y ningún nombre más.

Ahí está otra de las noticias que deja el escrito de la Fiscalía pues solicita sacar del proceso a los concejales del Partido Popular que participaron en la Junta de Gobierno local que dio luz verde al proyecto en 2012. En concreto, Sara Muñoz Cobo solicita a la jueza María Ángelez Jiménez, que acuerde el sobreseimiento de la causa contra estos ediles populares al entender que no existió “dolo directo por el voto emitido en el delito de prevaricación”. Entre esos ediles están seis que forman parte del actual grupo municipal del PP: María Francés, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y Fernando Egea.

No obstante, pese a la petición de la fiscal y que desde un principio la implicación de estos políticos en el caso ha estado en entredicho, la Audiencia Provincial de Granada desestimó en febrero el recurso presentado contra su imputación haciendo que sea improbable que no vayan a participar del juicio oral que se abre ahora tras la presentación del escrito de la Fiscalía. Toda vez que las partes ya han agotado su tiempo para presentar sus escritos de defensa, es cuestión de tiempo que los imputados, con el exalcalde Torres Hurtado a la cabeza, se sienten en el banquillo de los acusados.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha dado por concluida la instrucción en el llamado 'caso Serrallo' y ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, procesando al que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y a nueve de sus ediles --seis de los cuales aún ejercen como concejales en el Ayuntamiento de Granada-- además de otros altos cargos del consistorio.

En este caso se investigan posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, cohecho y tráfico de influencias a raíz de la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

Así consta el auto de procedimiento abreviado en el que la jueza procesa a un total de 17 personas por este caso, dando traslado a las partes para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

El litigio procede de la construcción en zona verde de un espacio que acabaría siendo de explotación privada en beneficio del promotor de la obra, el empresario granadino, Roberto García Arrabal, por la cual deberán ir a juicio todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que dio luz verde en julio de 2012 al proyecto y que pertenecían al PP. Entre ellos se encuentran nombres relevantes como el del que ha sido hasta el pasado lunes el rival de Sebastián Pérez por hacerse con la presidencia de la formación a nivel provincial, Juan García Montero quien ocupaba la Concejalía de Cultura.

La documentación aportada por la 'Operación Nazarí', que acabó destapándose hace más de un año precisamente a raíz de las investigaciones llevadas a cabo en el caso del Serrallo, han hecho que la magistrada haya decidido reabrir la causa ya que es ella la que lleva ambos procedimientos judiciales. La primera que fue llamada a declarar hace ahora año y medio fue Isabel Nieto, entonces la titular de Urbanismo y cuya labor al frente de ese área le habría servido para hacer favores urbanísticos a diferentes promotores de Granada por los que después también ha sido investigada en la 'Operación Nazarí'.

La 'Operación Nazarí' está resultando ser algo más que una simple operación judicial contra lo que sucedía en el urbanismo de Granada. La investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) demuestra que lo que ha sucedido en el seno del Ayuntamiento granadino en la última década y media se parece más a una trama corrupta de una “organización criminal” que a simples tratos de favor puntuales hacia determinados promotores urbanísticos. A ese concepto le dedica un apartado entero el sumario de la causa destapado el pasado 7 de noviembre, qu este periódico ha venido desgranando.

Los hechos que llevaron a la dimisión forzada de José Torres Hurtado como alcalde de Granada señalan, según la UDEF, que el propio exedil era el líder de un engranaje perfectamente articulado para beneficiar a los principales empresarios de la construcción granadina utilizando cualquier herramienta que hiciese falta para llevar a cabo dicha tarea. Una organización jerárquica que nada tenía que ver con la que en teoría tenía el área municipal de Urbanismo, presiones y amenazas hacia los funcionarios que pretendían señalar lo que se estaba haciendo mal o convenios redactados sabiendo que eran ilegales, son las tres principales características de la trama que se esconde tras la 'Operación Nazarí'.

Torres Hurtado conocía todo lo que pasaba en Urbanismo

El exalcalde de Granada, Torres Hurtado, compareció ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, explicando que él no sabía nada cuando en realidad la investigación demuestra todo lo contrario. No solo sabía lo que ocurría sino que lo permitía. Aunque el que fuera primer edil de la capital sostuvo en su declaración que prefería no interferir en las decisiones de sus concejalías, incluyendo la de Urbanismo, lo cierto es que sí que lo hacía a través de dos personas que eran de su máxima confianza.

Isabel Nieto como concejala por un lado y Manuel Lorente como gerente y posterior director de obras. Ambos eran los siguientes eslabones de la cadena que manipulaba a su gusto el área de Urbanismo. De hecho Lorente ha sido hasta este año uno de los funcionarios que más años han estado en el Ayuntamiento de Granada por lo que su conocimiento sobre todo lo relativo a las tareas municipales era más que evidente. Aunque dimitió como gerente en 2008, continuó ocupando un alto cargo en el Consistorio como director de obras que era el mismo que había ostentado prácticamente desde su ingreso en Urbanismo en el año 1986. Él es a quienes todos señalan como el máximo responsable del área. No había decisión de calado que no pasase por su supervisión y prueba de ello la dan tanto el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, como otros funcionarios como el asesor jurídico, Manuel Navarrete o Beatriz Sánchez Galiana, técnica en la dirección de Licencias que estaba a las órdenes de Emilio Martín Herrera, estrecho colaborador de Lorente.

Torres Hurtado sostiene que él no tenía trato con Manuel Lorente más allá de las visitas a las obras que solía realizar cuando era alcalde cada miércoles. Pero según el sumario, miente. Miente porque habrían mantenido varias reuniones dirigidas por el exalcalde y en las que estaban siempre presentes el propio Lorente y la delegada de Urbanismo, Isabel Nieto. Porque como se traduce del sumario, no había decisión que no conocieran los tres aunque el propio Torres Hurtado en ocasiones solo hiciera acto de presencia para dar fe de los convenios en las juntas de Gobierno local que él como alcalde presidía.

Según la investigación, Torres Hurtado era tan consciente de lo que ocurría en Urbanismo que cuando se presentó a sus segundas elecciones municipales de 2007, tuvo claro que si ganaba de nuevo, su concejal de ese área, Luis Gerardo García Royo, dejaría de serlo. Y cumplió su promesa pues tras vencer en las urnas, García Royo tuvo que dejar su puesto a Isabel Nieto para que esta desbloquease los convenios pendientes con uno de los principales promotores involucrados en esta trama: José Julián Romero. Pues Nieto aparece en el sumario de la causa como un cargo municipal sin tapujos a la hora de llevar a cabo determinadas medidas dentro de su condición de delegada. Desde desoír a quienes le advertían de la ilegalidad de determinados contratos a amenazarlos verbalmente. Algo que sucedió en más de una oportunidad tal y como relata el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, que en su declaración recuerda cómo cuando tuvo que acudir como testigo a una causa contra Lorente y Martín Herrera, ésta le dijo que “menos mal que estos no eran de Almanjáyar porque si lo fueran lo mismo te podían dar una puñalada en una esquina”.

Este tipo de presiones y amenazas eran una práctica habitual según la investigación de la UDEF. Quienes no seguían las directrices marcadas desde lo alto de la “organización criminal” debían atenerse a consecuencias. En todo caso si no lo hacían, el propio área de Urbanismo que entre Torres Hurtado, Isabel Nieto y Manuel Lorente habían tejido, se reorganizaba a su parecer para puentear a determinados funcionarios. De ese modo había quienes hacían informes jurídicos favorables sin estar facultados para ello, como es el caso de Emilio Martín Herrera, que entre otros cargos fue el subdirector de Edificación. El objetivo era poder evitar a quienes molestaban por emitir informes negativos. No obstante este tipo de actividades se repitieron mucho durante los años en que Torres Hurtado estuvo al frente de la alcaldía.

2007, un año clave

Aunque la investigación policial concluye que la trama corrupta podría llegar incluso hasta el año 2001 cuando gobernaba en Granada un tripartito con el PSOE a la cabeza, los expedientes que se investigan parten sobre todo de la época del PP en el Ayuntamiento de la capital. Aunque de la primera legislatura, la que va desde 2003 a 2007, el que era concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, no repitió para la segunda porque frenaba muchos convenios que debían salir adelante para los intereses particulares de Torres Hurtado, Lorente y los promotores urbanísticos señalados en la causa. Por eso en septiembre de aquel 2007, el exalcalde nombra a Isabel Nieto como concejal del área empezando la época más intensa de los expedientes que se investigan en la 'Operación Nazarí'.

A lo primero que se tuvo que enfrentar Nieto fue al informe presentado en noviembre de 2007 por el asesor jurídico municipal, Manuel Navarrete, sobre el edificio Penta. En ese informe explicaba que el silencio practicado por Emilio Martín Herrera en años anteriores sobre la reclamación de unos terrenos que se habían cedido sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, había provocado que la Comisión Provincial de Valoraciones tasase en 13 millones de euros la multa que debía pagar el Ayuntamiento de Granada por no haber solucionado este problema. Aquello se trató de solucionar pagando con otros terrenos pero ese convenio quedó también en el aire.

Aquel informe de Navarrete fue el primero que molestó a Isabel Nieto. Desde ese momento se empezó a puntear a los distintos funcionarios, empezando por el propio letrado y siguiendo por el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa. Ambos hicieron en 2008 otro informe en el que señalaban el desfase de más de 23 millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento por avales que no se les habían cobrado a los diferentes promotores. En este asuntó se evidenció que la trama ya había crecido demasiado porque según Navarrete, en su declaración ante la policía, desde Urbanismo no le querían facilitar determinados expedientes y si lo hacían habían pasado antes por las manos de Isabel Nieto. Pero es que además de aquel informe en el que la ciudad de Granada perdía 23 millones de euros, no solo tuvo conocimiento la propia concejal sino Torres Hurtado.

Dada la gravedad del asunto, se tomaron medidas. No se les reclamó los avales a los promotores sino que se reordenó la gerencia de Urbanismo al año siguiente. Manuel Navarrete fue apartado del área de modo que no pudiese molestar y Jacobo de la Rosa se quedó al margen de las decisiones porque desde ese momento hubo una dirección en Urbanismo y otra en Licencias que pasó a ser controlada por la mano derecha de Lorente, Emilio Martín Herrera. Así quedaba claro que la organización no tendría más obstáculos con los “no afines”, según aparece en el sumario, y que en todo caso se les podría ningunear desde ese momento en las decisiones que se tomasen para llevar a cabo convenios ilegales.

Los tres promotores beneficiados

Si había una trama que operaba para beneficiarse de las obras que tuvieran lugar en Granada, era porque había una serie de protagonistas por la parte privada de la promoción urbanística. Ellos eran por orden de importancia: José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén. Los tres fueron los grandes beneficiados de Urbanismo según se desprende del sumario de la 'Operación Nazarí' y los tres tuvieron relaciones entre ellos en determinados asuntos con el fin de obtener beneficio mutuo.

José Julián Romero es el principal de los promotores urbanísticos por antigüedad. De Romero, se sabe que hasta la llegada de la crisis económica, él era el principal promotor de la ciudad. Casi todas las obras de importancia desde mediados de la década de los 90 hasta el año 2008, llevan la firma de José Julián. Además, según una fuente que ha preferido mantener su anonimato, el empresario ha llegado a chantajear a diferentes políticos y en concreto, en una ocasión, llegó a amenazar a uno de ellos al decirle que “si tú quieres ser alcalde de esta ciudad tendrás que hacer lo que yo te diga”. Por si fuera poco, era amigo íntimo de Manuel Lorente según la investigación. De hecho llegaron a hacer algún viaje juntos como el que tuvo lugar en 2007 en Japón y que incluso llegó a los tribunales por la supuesta presencia de detectives contratados para confirmar que Lorente y Romero eran conocidos.

Por su parte Roberto García Arrabal ha resultado ser el sucesor de José Julián. Ambos incluso llegaron a tener alguna sociedad conjunta aunque según el propio García Arrabal nunca han podido entenderse por tener formas de ser muy diferentes. No obstante Roberto García Arrabal ha sido hasta la fecha el promotor de los principales edificios que se ha construido en Granada en la última década. Desde el centro comercial Serrallo hasta el Pabellón Mulhacén o el edificio Progreso. Los tres investigados dentro de la 'Operación Nazarí'.

En último lugar está Enrique Legerén. El que fuera presidente de los constructores granadinos y actual tesorero de la directiva que los engloba en la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), es el único de los empresarios que no fue detenido el pasado mes de abril. No en vano su relación con la causa también es estrecha por haberse beneficiado con SierraPark, la empresa que tiene con José Julián Romero, de la concesión del expediente de los aparcamientos públicos de la ciudad de Granada gracias a la mediación de Manuel Lorente.

En resumen la organización que encabezaba José Torres Hurtado contaba con una extensa red de acuerdo con los intereses urbanísticos privados. El sumario de la 'Operación Nazarí' destapa el perjuicio que los trece años en la alcaldía de Torres Hurtado ha provocado para las arcas municipales. Sin embargo tal y como se ve, no es lo único grave de la investigación. Las amenazas, los tratos de favor, la reorganización dentro de Urbanismo y las relaciones personales de los imputados entre sí, dibujan una “organización criminal” que se ha mantenido en el tiempo tal y como recoge la UDEF en su instrucción. Esta es, en al menos una parte, la forma en que el Urbanismo de Granada construyó su propia corrupción.

Las mantas de las que se está tirando en la 'Operación Nazarí' por parte de testigos e imputados no están levantando polvo que esté ahogando solamente a los que están inmersos en la propia causa. Según demuestra el sumario del caso, hay quienes desde fuera han tenido conocimiento de lo que ha pasado en los últimos años en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Más allá de poder tener responsabilidades jurídicas, sí que parece que alguno de ellos podría haberlas tenido políticamente hablando. Sobre todo después de las afirmaciones que ha hecho esta misma semana el presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, que muestra su rechazo a las actuaciones de sus excompañeros de partido cuando gobernaban el Consistorio.

Según Sebastián Pérez, lo ocurrido durante los últimos 13 años en Urbanismo da motivos más que suficientes para que su partido, el PP, se presente como parte perjudicada ya que esas actuaciones les han quitado el bastón de mando de Granada. Palabras junto con las que añade que “si hubiéramos sabido lo que estaba pasando hubiéramos tomado medidas antes”. Es precisamente en ese punto donde surgen las dudas según la investigación de la 'Operación Nazarí' que demuestra que Sebastián Pérez sí debía saber al menos alguno de los casos que se estaban produciendo.

Dos bandos enfrentados en el PP de Granada

Es un secreto a voces que Sebastián Pérez y José Torres Hurtado han interpretado un papel de cara a galería en el que compartían amistad y hasta confidencias mientras que el amor no era precisamente lo que fluía entre ellos. Han sido rivales políticos en el que el gran perdedor ha resultado ser el segundo. Sin embargo, aunque desde la formación siempre se ha tratado de negar que hubiese tal división, los acontecimientos han ido alimentando la duda de si Sebastián Pérez quiso que cayese el castillo de naipes levantado por el exalcalde. Pues hay indicios que lo apuntan.

Basta comprobar la declaración que hizo Jacobo de la Rosa el pasado 6 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada para saber que el nombre de Sebastián Pérez aparece en tiempo y de un modo activo durante al menos el 'Caso Serrallo'. Tal y como demuestra el sumario de la causa incluso el presidente del PP de Granada y expresidente de la Diputación entre 2011 y 2015, recibió una carta firmada por Torres Hurtado y su exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, que le pedía directamente a él que maniobrase para que Jacobo de la Rosa volviese al Ayuntamiento de Granada del que se había marchado por las presiones a las que estuvo sometido.

La cronología es fácil de seguir. Jacobo de la Rosa ejercía como director de Urbanismo cuando comenzó a redactar una serie de informes negativos sobre distintos convenios urbanísticos. Por esa misma razón, según su propia declaración ante la jueza y según las pruebas aportadas, el exdirector fue amenazado y apartado llegando a ver cómo se tomaban decisiones a su espalda que debían contar con su aprobación. Una situación que llegó a su punto más alto cuando el funcionario le advirtió a Isabel Nieto que la operación de instalar la discoteca del Serrallo en una zona verde para favorecer a Roberto García Arrabal en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) era contraria a la legalidad. En ese momento fue cuando según Jacobo de la Rosa se incrementó el acoso que sufría por lo que se vio obligado a darse de baja por depresión y posteriormente marcharse del Ayuntamiento de Granada. Algo que sucedería en enero de 2013.

Justo después de esa fecha es cuando entra en juego el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez. Pues es él quien acoge a Jacobo de la Rosa en la Diputación de Granada que él presidía entonces para colocarlo como director de Fomento. El puesto lo desempeña durante un año clave, pues es justo en ese tiempo cuando el exdirector de Urbanismo redacta el informe que resultó clave para que la Fiscalía de la capital iniciase la investigación del 'Caso Serrallo'. Así abrió diligencias en octubre de 2013 en busca de posibles delitos urbanísticos en este caso cuando dicho informe se incorporó a las mismas estando Jacobo de la Rosa trabajando a las órdenes de Sebastián Pérez en la Diputación.

Pocas semanas después de saltar a la opinión pública lo que eran las primeras informaciones sobre la investigación del 'Caso Serrallo', el entonces alcalde de Granada, Torres Hurtado y la concejala de Urbanismo que estaba ya en el centro del huracán por las pesquisas de la Fiscalía, Isabel Nieto, redactan una carta al presidente de la Diputación. Una carta que aparece en el sumario de la 'Operación Nazarí' y a la que hace referencia el propio Jacobo de la Rosa. 

Como se puede leer, apelan directamente a Sebastián Pérez en calidad de presidente de la institución provincial para que le haga regresar al Consistorio. Lo hacen dándole formalidad al pedir que vuelva por la necesidad de darle impulso al Plan de Protección del Albaicín. Y es justo a la sede de Urbanismo en este barrio de Granada al que destinan a Jacobo de la Rosa sin darle trabajo, sin compañeros y obligándole a redactar informes en los que debe escribir que no está haciendo nada. Tal y como el propio funcionario relató en junio a la jueza cuando acudió a declarar por la 'Operación Nazarí' en calidad de testigo.

De hecho es el propio exdirector de Urbanismo el que en la misma declaración sostiene que Sebastián Pérez llegó a decir que lo habían reubicado en Diputación porque Torres Hurtado dijo “que yo era molesto en Urbanismo por ser el que me oponía”. Por lo que resulta difícil de comprender que el presidente de los populares granadinos no supiese nada de este caso si se tiene en cuenta lo recogido en el sumario de la causa.

Resulta también difícil de entender que Pérez diga que su formación no sabía de las actividades presuntamente delictivas que se están investigando cuando la opinión pública supo en el año 2013 lo que sucedía en el otro expediente de Urbanismo que también está en la 'Operación Nazarí', el Palacio de Hielo, cuando el propio Torres Hurtado llegó a estar imputado antes de que el caso finalmente acabase archivado. No obstante aunque en aquel momento la Fiscalía guardase en un cajón la operación del Palacio de Hielo, ahora la investigación de la 'Operación Nazarí' la ha vuelto a abrir para depurar responsabilidades.

Sumando lo anterior, la declaración del presidente del PP de Granada en la que sostiene que su formación no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en Urbanismo, no termina de encajar. Parece que las piezas señalan que algo sí debían saber los populares y especialmente Sebastián Pérez como máximo dirigente. Sobre todo porque además de presidir la Diputación, el otro cargo público que ha ostentado en los últimos años ha sido el de teniente de alcalde del equipo de Gobierno de Torres Hurtado. Desde 2003 hasta 2011 cuando llegó al organismo provincial. Justo en el periodo de tiempo en el que otros de los convenios urbanísticos supuestamente ilícitos que aparecen en la 'Operación Nazarí' se estaban produciendo.

Cuando hace ahora un año el Partido Popular de Granada ganaba las elecciones ya imaginaba que no sería un camino de rosas. Y ha terminado “perdido” según la oposición y sin duda con la pérdida de una plaza importante para el PP justo antes de las segundas elecciones generales el 26J tras una vistosa detención relacionada con corrupción urbanística.

El hasta entonces alcalde Torres Hurtado se enfrentaba por primera vez en la alcaldía a tener que llegar a acuerdos con alguna formación que les permitiera, a él y a su partido, mantener el bastón de mando del Consistorio granadino.

No obstante, habían sido víctimas de un efecto contagio que llegaba directamente desde Madrid y de la sede de Génova del Partito Popular a nivel nacional. Los innumerables casos de corrupción en la cúpula, o cerca de ella en el PP, así como el desgaste de tantos años de gobierno debilitaron el número de votos obtenidos por la formación en los comicios municipales del 24 de junio.

Hasta entonces Torres Hurtado había sido intocable en Granada. Hasta entonces había encadenado tres legislaturas en mayoría absoluta. Pero también desde Madrid, también por contagio, llegó Ciudadanos para quitarle votos y de paso entrar por primera vez en el Ayuntamiento de Granada pidiendo su cabeza. Al igual que hacía Podemos, que en la capital, mediante las siglas de Vamos Granada casi obtenía los mismos votos que la formación naranja. Se acababa así con un Consistorio muy polarizado en el que básicamente PP (con mucha fuerza) y PSOE se repartían los concejales cada cuatro años.

Los populares se enfrentaban a una victoria por la mínima en la que habían logrado once sillones en lugar de los dieciséis de la última mayoría absoluta lograda en 2011. Una situación que no les permitía gobernar y que incluso abría la puerta a que la oposición ganase la alcaldía doce años después de perderla. Ciudadanos se convertía con cuatro concejales en la muleta que PP o PSOE, con ocho concejales, necesitarían para poder erguirse al frente del Ayuntamiento de Granada.

El apoyo cayó hacia el lado de los populares tras varias semanas de negociaciones. Pero Ciudadanos puso sobre la mesa un acuerdo de gobernabilidad que incluía como condición sine qua non que Torres Hurtado abandonase la alcaldía tras las elecciones generales de diciembre. Entendían que el alcalde no estaba capacitado para seguir al frente del Consistorio tras la anterior legislatura en la que según el líder de Ciudadanos, Luis Salvador, habían surgido “múltiples conflictos en todas las áreas municipales”. Conflictos que a partir de julio del pasado año volverían a la palestra.

Primero porque la televisión municipal (TG7) viviría una auténtica convulsión después de que algunos trabajadores se quejasen de prácticas extrañas en su funcionamiento. Aquello acabaría con la dimisión de la directora del medio y del concejal encargado del mismo, José Antonio Fuentes.

Un par de semanas antes el propio Torres Hurtado sería protagonista a nivel nacional tras hacer un comentario machista en el que consideraba que las mujeres “cuanto más desnudas, más elegantes”. Para su fortuna y para la de los populares granadinos, Ciudadanos hizo de escudero en todos estos casos y echó balones fuera contra la alcaldía del PP en Granada y permitió en todo momento que, aunque erráticamente, el equipo de Gobierno municipal siguiese adelante.

Isabel Nieto, el punto de inflexión con Ciudadanos

Así sería la tónica general hasta noviembre. Momento en el que, como si del prólogo de una novela se tratase, la concejala de urbanismo, Isabel Nieto, se vería directamente implicada en un caso de supuesta corrupción urbanística que la declaraba como imputada. El caso no era otro que el Caso Serrallo en el que la construcción ilegal de una discoteca en zona verde y destinada a la puesta en marcha de un parque infantil había empezado a destapar irregularidades en el convenio firmado para aquella obra que contravenía el propio Plan General de Ordenación Urbana de la capital.

Fue entonces cuando Ciudadanos rompió el acuerdo de gobernabilidad con los populares al entender que la dimisión de Nieto era necesaria y que esta, a pesar de las advertencias, no se producía. Una situación a la que Torres Hurtado respondío enrocándose en el sillón de alcalde de Granada. Desde ese momento obviaría, porque no lo necesitaba ya, que le habían reelegido como primer edil con la condición expresa de que se marchase a finales de año.

Aquello encendió la mecha que podía dinamitar el Gobierno de los populares granadinos. Si bien Ciudadanos y el PSOE llegaron a hablar de la opción de una moción de censura, nada de eso tuvo lugar. Al contrario. El alcalde siguió siendo el alcalde y la ciudad pasó a estar en una situación compleja. El Gobierno en minoría del Partido Popular se cristalizaba en inmovilismo al no poder hacer frente a casi nada sin los apoyos puntuales de la oposición. Todo ello con muchos asuntos de peso sobre la mesa entre los que la llegada del AVE seguía siendo una de las principales preocupaciones.

La última gran medida que tomaría Torres Hurtado como alcalde tendría que ver precisamente con una medida que él había llevado a cabo una década antes. El cierre progresivo del botellódromo ubicado junto a la Huerta del Rasillo en Granada y que había sido caballo de batalla de gobierno y oposición durante los últimos años. Esa clausura se planteó con un calendario pensado para que los partidos en la oposición se pudiesen mostrar a favor de ello sin que el propio alcalde faltase a su propia palabra al haber sido él el impulsor de aquel recinto. Además, como gesto simbólico, los populares prohibieron por primera vez la celebración del macro botellón que tiene lugar en la conocida como ‘Fiesta de la Primavera’.

La corrupción urbanística acaba con Torres Hurtado

La corrupción urbanística acaba con Torres HurtadoSemanas después de aquello la mecha finalmente llegó a la dinamita y explotó. La UDEF realizó una serie de detenciones el pasado 13 de abril en la capital entre las que se incluyeron la del alcalde Torres Hurtado y la de su controvertida concejala de urbanismo, Isabel Nieto. Detenciones que se realizaron en el marco de la ‘Operación Nazarí’ que daba un paso más allá en el Caso Serrallo que ya había iniciado su investigación dos años antes y que ahora señalaban como responsable directo al máximo dirigente del Consistorio granadino.  Un poco de teatralización de los acontecimientos y algunas declaraciones cruzadas entre él, su propio partido y la oposición, no sirvieron para frenar lo inevitable: su marcha del Ayuntamiento.

Se hizo efectiva a través de una dimisión forzada pero pactada. Torres Hurtado presentó su renuncia asegurándose antes de que Sebastián Pérez, su caballo de Troya particular, primer teniente de alcalde y presidente de los populares en Granada, se fuera con él. Así puso fin de manera precipitada a la que iba a ser su última legislatura como alcalde. Así puso punto y final también a trece años de Gobierno ininterrumpido del Partido Popular en la capital de la Alhambra.

Porque aunque el PP lo intentaría al presentar a una de sus concejalas mejor valoradas, Rocío Díaz, la oposición en el Ayuntamiento (Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida) decidió unirse mediante un pacto de investidura para derrocar a los populares y otorgar su confianza al PSOE de Paco Cuenca, quien había sido su portavoz y candidato a la alcaldía desde 2011. Un acuerdo se plasmó el pasado 5 de mayo con el gGobierno en minoría de los socialistas aunque con el apoyo, de momento, de toda la oposición a excepción del PP.

Desde entonces, el escenario es el de una carrera de velocidad y no de resistencia como la que había protagonizado Torres Hurtado en los últimos meses. El nuevo alcalde, Paco Cuenca, ha iniciado un mandato en el que quiere abarcar multitud de asuntos en poco tiempo. Probablemente consciente de la dificultad que tiene al haber asumido un Gobierno en minoría, con apenas ocho concejales, y con la posibilidad de una moción de censura en el aire al no haberse ejecutado aún ninguna en la presente legislatura que ya ha contado con tres alcaldes en la capital. Torres Hurtado, García Montero en funciones y el propio Cuenca.

Por detrás, según la oposición, “un año perdido” para la ciudad de Granada. Por delante, muchos retos. Desde la finalización del metropolitano de la capital, la llegada del legado de Federico García Lorca al centro construido para su figura hasta la puesta en marcha del AVE en Granada con soterramiento o sin él de las vías en el barrio de la Chana. Todo ello con la investigación de la Fiscalía y la UDEF en la ‘Operación Nazarí’ como telón de fondo.

Punto y aparte en las intrigas palaciegas en el Ayuntamiento de Granada porque la ciudad ya tiene nuevo alcalde. Será Paco Cuenca del Partido Socialista el que ostente el bastón de mando durante los próximos tres años si nada en ese tiempo lo impide. Esa ha sido la decisión, ya anunciada, que se ha tomado en el pleno extraordinario celebrado este jueves.

La llegada de Cuenca a la alcaldía ha sido posible gracias al apoyo unánime de toda la oposición que ha votado en su favor. Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos han depositado 16 papeletas en beneficio de la elección del socialista como alcalde (dos más que la mayoría absoluta) frente a los 11 votos logrados por la candidata popular, Rocío Díaz. De hecho la formación naranja ha sido la que ha tenido la última palabra tras imponer una condición al PSOE para apoyar su investidura: que el diputado provincial de los socialistas, Manuel Lorente, imputado por una trama corrupta, dimitiese.

Antes de llevar a cabo la votación, se ha producido la dimisión necesaria de Fernando Egea por parte de los populares para que Rocío Díaz pudiese ser la candidata del PP. Después, ante un salón de plenos repleto y en una urna de cristal poco ortodoxa, varios concejales han decidido enseñar su papeleta antes de depositarla donde se podía leer que su elección era precisamente Paco Cuenca. La anécdota se ha producido cuando los ciudadanos que han acudido al pleno han vitoreado la elección del socialista como cabeza del Ayuntamiento de Granada.

Que Paco Cuenca sea el nuevo alcalde de Granada es la principal consecuencia de la Operación Nazarí que puso en marcha la UDEF el pasado 13 de abril cuando detuvo al entonces alcalde, Torres Hurtado, y a su concejala de urbanismo, Isabel Nieto. Y es la principal consecuencia debido a que Torres Hurtado, tras muchas presiones dentro y fuera del partido, tuvo que presentar su dimisión. Tanto los grupos de la oposición como el propio PP al que representaba en el Consistorio, le presionaran para que abandonase su puesto al frente del Ayuntamiento de la capital granadina.Eso sí, Torres Hurtado ha perdido su puesto llevándose por delante a su enemigo interno y, en principio, supuesto sustituto, Sebastián Pérez como teniente alcalde.

Después se ha producido tres semanas de negociaciones en las que se aparcó la posibilidad de una moción de censura y en las que todos los partidos municipales han movido ficha. Los populares intentando retener a toda costa la alcaldía amparándose en el acuerdo de investidura que ya pactaron en mayo de 2015 con Ciudadanos y el PSOE llegando a distintos acuerdos para permitir que su portavoz, Paco Cuenca, saliese del pleno de investidura como alcalde de la ciudad.

Las intervenciones

Tras la votación que ha dado como resultado la elección del nuevo alcalde, los grupos municipales han iniciado una ronda de intervenciones en las que han quedado claras las posturas. El nuevo alcalde, Paco Cuenca, ha subrayado que “la prioridad es abrir las ventanas, no contra ningún adversario político, sino a favor de la institución; no para desprestigiar a personas concretas sino para normalizar la vida municipal (...) está en juego la imagen de Granada”. Mientras que sobre gobernar en minoría ha tratado de despejar dudas explicando que “no somos 8 concejales y concejalas, somos 27 y les recuerdo que nadie tiene la mayoría para imponer sus ideas por lo que hay trabajar desde el diálogo y el consenso”. “Mis puertas estarán cerradas para quienes busquen atajos a la ilegalidad”.

Para Paco Puentedura, de Izquierda Unida, la elección supone “empezar a recuperar la confianza de los granadinos en su Ayuntamiento” y por eso han dado su apoyo al PSOE para que “se abran las ventanas y se levanten las alfombras porque es necesario airear.” En un sentido similar se han mostrado desde Vamos Granada cuya portavoz, Marta Gutiérrez, ha lamentado que el PP haya salido ahora del Consistorio y no hace un año porque es un tiempo que “nos podíamos haber ahorrado porque para la mayoría de la ciudad era evidente que Torres Hurtado no tenía que haber gobernado, ha sido un año perdido”.

Si bien el protagonista principal ha sido Paco Cuenca, la intervención de Ciudadanos en todo el proceso ha resultado vital para que haya podido haber un cambio en la alcaldía. Por eso la formación naranja en palabras de su principal concejal, Luis Salvador, no ha querido restar importancia a las decisiones que desde el partido han tomado desde que dieran el apoyo al PP en junio de 2015 hasta retirarlo ahora y otorgarle la confianza a los socialistas. Por eso Salvador ha recordado que ellos solo apoyaron a Torres Hurtado con la condición de que dejase la alcaldía transcurridos unos meses y que al no cumplirse y destaparse la trama de corrupción urbanística, el PP no podía estar legitimado para seguir gobernando. Aunque adiverte a Paco Cuenca que “no tiene un cheque en blanco, nosotros entendemos que no estamos revalidando unas elecciones nuevas, eso ya lo hicimos el 25 demayo, en este momento lo que estamos haciendo es respetar la decisión de la justicia y eso hay que hacerlo dándole tranquilidad a los granadinos”.

Pero lo cierto es que la sombra de la duda ha planeado hasta última hora entorno a quién sería finalmente el alcalde debido en gran medida a los últimos movimientos del PP al colocar a Rocío Díaz como candidata y tender la mano a Ciudadanos para revalidar el acuerdo adquirido hace ahora un año. De ahí que los populares se hayan sentido traicionados y Rocío Díaz haya querido centrar su discurso en la formación naranja y no tanto en la elección de un nuevo alcalde. Díaz sostiene que “hoy ustedes, los cuatro concejales de Ciudadanos han votado lo que no han querido votar en España, han votado junto a la izquierda antisistema y separatista” y ha aludido directamente a su portavoz: “señor Salvador, usted hoy se ha quitado la careta, usted ha entregado la alcaldía al despropósito”.

No ha llegado al minuto el tiempo que ha durado el adiós definitivo de José Torres Hurtado al frente de la alcaldía de Granada. En los treinta segundos que ha durado el pleno para conocer las dimisiones de los tres ediles populares, la del propio ex alcalde Torres Hurtado, su concejala de urbanismo, Isabel Nieto y el primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez, se ha puesto punto y final a trece años de alcaldía popular en la capital granadina. Al menos por el momento.

Porque lo que se ha iniciado, con ese procedimiento meramente formal, es la semana más larga que se recuerda en la ciudad de la Alhambra. Se ha abierto el plazo para que se convoque la sesión de investidura que dejó aparcada la moción de censura, y que previsiblemente dará el bastón de mando a Paco Cuenca del PSOE. De hecho el propio portavoz socialista y los demás miembros de la oposición, han confirmado que sigue adelante el apoyo que hasta ahora habían mostrado para que sea Cuenca el próximo alcalde de Granada.

Sin embargo hay que estar atentos a los plazos que se presentan. Toda vez que tras la junta de portavoces, el equipo de Gobierno, encabezado por el alcalde en funciones, Juan García Montero, no ha dado una fecha definitiva para que se celebre la investidura, sí que empiezan a quedar claros los días clave para que tome forma. Desde este lunes empiezan a contar los diez días máximo que hay por ley para que se fije dicha sesión. Aunque fuentes del Ayuntamiento de Granada aseguran que hasta este viernes, fecha en la que se celebra el pleno mensual ordinario, no se sabrá con certeza que día es el elegido para que se lleve a cabo el acto que elija definitivamente al nuevo alcalde.

Nuevo alcalde antes del 6 de mayo

Pero el pleno de investidura podría producirse tanto este viernes 29 de abril, como el sábado 30 o de lo contrario ya habría que viajar en el calendario hasta el día 4 de mayo puesto que el lunes es festivo nacional por el Día del Trabajo y el martes es la festividad local del Día de la Cruz en Granada. En cualquier caso, lo único que está claro en cuanto a días clave es que antes del día 6 de mayo, la capital granadina tendrá nuevo alcalde.

Un primer edil que todo apunta a que será Paco Cuenca del PSOE pero que deberá lidiar con dos frentes que se abren de vital importancia. Y en ambos es Ciudadanos quien tiene la última palabra. En primer lugar porque, tal y como hicieran la semana pasada, vuelven a requerir al PSOE que cese a su diputado provincial, Manuel Lorente, imputado por contrataciones ilegales en el Ayuntamiento de Iznalloz mientras fue alcalde de la localidad. Sobre ello, Cuenca ha explicado a los medios que “esa no es mi competencia” mientras que el portavoz de C’s, Luis Salvador, confía en que esa dimisión se lleve a cabo antes de la sesión de investidura para que el acuerdo entre su formación y la de los socialistas no esté manchada por la corrupción.

El otro gran frente que se abre y que podría frenar la investidura de Paco Cuenca y otorgársela a Rocío Díaz del PP, es la petición formal de una reunión para llegar a un nuevo acuerdo que han hecho los populares a Ciudadanos a través de su presidente, Sebastián Pérez. En esa petición recuerdan a la formación naranja que “después de los acontecimientos de las dos últimas semanas, el Partido Popular cumplió las exigencias que su formación planteó para el mantenimiento de dichos acuerdos, por lo que no existe ninguna razón objetivo para romperlos”.

Aunque es poco probable que se reedite el pacto que ya tuvo lugar en junio del año pasado entre PP y Ciudadanos puesto que su propio portavoz, Luis Salvador, considera que es hora de “abrir ventanas y levantar alfombras” y que por lo tanto en esa ecuación no tiene cabida un equipo de Gobierno que ha amparado la corrupción, según ha desvelado la investigación de la Fiscalía y la UDEF.

El presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, se enfrenta a la crisis más complicada en los poco más de dos años que lleva como líder de la federación, tras el escándalo en el Ayuntamiento de Granada que ha terminado con la dimisión de su regidor, José Torres Hurtado, de su edil de Urbanismo Isabel Nieto y del primer teniente de alcalde y presidente provincial del partido Sebastián Pérez. Los dos primeros, investigados por presunta corrupción urbanística en una rama del conocido como caso Serrallo y este último, como “sacrificio” necesario en un intento desesperado por salvar la alcaldía, toda vez que José Torres Hurtado lo puso como condición para irse y la dirección regional se la aceptó cuando el PSOE-A y C's ya habían pactado una moción de censura para expulsar a los populares del gobierno de la Ciudad de la Alhambra.

Porque lo que ha dejado en evidencia esta situación, más allá del pulso que desde hace años mantenían José Torres Hurtado con Sebastián Pérez por el poder, ha sido que Juan Manuel Moreno todavía no ha conseguido tomar las riendas del partido ni la ansiada renovación que esperaba en Andalucía en un cien por cien.

No se explica si no que, horas después de ser detenido José Torres Hurtado el pasado miércoles, desde la dirección regional reclamaran su renuncia hasta que se aclararan los hechos para toparse con el “no” del regidor, quien pidió de margen hasta que declarara en los juzgados el 12 de mayo. “Cuando Juan Manuel Moreno salió a pedir la dimisión de José Torres Hurtado, éste tenía que haberlo hecho en menos de 24 horas”, apunta un crítico con la gestión del líder.

Pero no sólo eso, sino que poco después, cuando el partido sí había tomado la decisión -con bastante rapidez- de suspender cautelarmente de militancia a los investigados, Juan Manuel Moreno convino que le daba a José Torres Hurtado ese margen hasta que declarara a los juzgados. Para, apenas horas después, producirse el cese del regidor sin esperar al 12 de mayo y con, eso sí, la condición de arrastrar consigo a Sebastián Pérez. El colmo de esta división se está viendo estas últimas horas, cuando José Torres Hurtado está apostado por Fernando Egea como candidato a sustituirlo en la alcaldía porque sería “lo normal” mientras Sebastián Pérez dice que será el actual alcalde en funciones, Juan García Montero, el elegido.

Se da la circunstancia de que, con las elecciones generales del 20 de diciembre, Juan Manuel Moreno confiaba en una renovación de las direcciones provinciales imponiendo la consigna de “una persona un cargo” de manera que no sólo los diputados -como mandan los estatutos del partido pese a que no los respete- no pudieran compatibilizar este escaño con el de presidente provincial y/o alcalde, sino tampoco los senadores. Esto supondría la salida de Sebastián Pérez en el caso de Granada, elegido senador nuevamente el 20D. Pero Juan Manuel Moreno se vio obligado a recular tras la contestación que encontró en sus propias filas y no volvió a hacer pública esta exigencia.

Ni para Sebastián Pérez ni para el presidente provincial en Jaén, el diputado José Enrique Fernández de Moya, quien sólo ha dejado la alcaldía, ni para otros con cargo en las Cortes Generales, a excepción de su número 2, la secretaria general del PP-A, Dolores López, quien sí aceptó la consigna pese a que de momento mantiene el bastón de mando de Valverde del Camino (Huelva) porque no se sabe si habrá elecciones generales de nuevo.

Explicaciones difíciles

La muestra más evidente de la falta de control ha estado en las dificultades encontradas en el propio PP-A para explicar por qué ha tenido que entregar su acta de concejal Sebastián Pérez, si él no se ha visto salpicado por la investigación del caso Serrallo. Se ha justificado por el hecho de su papel como dirigente del partido en la provincia y como guiño a C's -socio de investidura de los populares- que había avisado de que las responsabilidades por el caso Serrallo no se detenían en el Ayuntamiento de Granada. Pero entonces, ¿por qué mantiene el cargo de presidente provincial? Y es que, oficialmente, a la dirección regional le cuesta reconocer que ha sido el pulso mantenido hasta el final por José Torres Hurtado, un regidor al que el partido pretendía dar el relevo desde noviembre de 2015 para que cediera su testigo a Sebastián Pérez, como también exigía C's desde la firma del pacto de investidura que le permitió conservar la alcaldía, pese a perder la mayoría absoluta.

Lo que tienen claro los populares es que lo que era una crisis a nivel provincial ha tenido una repercusión que ha traspasado las fronteras de Granada y que ha dejado muy tocado a un partido que con las elecciones municipales de 2011 pintó de azul el mapa y llegó a controlar los consistorios de las ocho capitales de provincia de Andalucía para quedarse en 2015 con la mitad a duras penas -Almería, Granada, Jaén y Málaga- y estar ahora a punto de perder otra más.

Para evitarlo negocian contrarreloj con C's, partido del que esperan que respalde a un popular en el próximo pleno de investidura tras hacerse oficial la renuncia de José Torres Hurtado. No lo descartan, en vista de los vaivenes que ha dado la formación de Albert Rivera a la hora de amagar con rupturas los últimos meses en el Ayuntamiento de Granada y de la falta de sintonía que precede a la relación entre el líder municipal de C's, Luis Salvador (exPSOE), y el portavoz municipal de los socialistas, Francisco Cuenca. Pero saben que cada vez es más difícil porque las manifestaciones en las últimas horas han ido en un sentido muy contrario y porque a nivel nacional la sintonía entre socialistas y ciudadanos es muy alta. Lo decía este martes Juan García Montero, quien cuenta ya con “un 99,9% de probabilidades” de que el futuro alcalde sea el socialista Francisco Cuenca.

Nada cambia para que todo cambie. Esa es la postura que han adoptado PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida como formaciones municipales en el Ayuntamiento de Granada con respecto a la moción de censura que habían empezado a fraguar. No se detiene el proceso pese a la dimisión del alcalde, José Torres Hurtado y de su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto así como del presidente del PP granadino, Sebastián Pérez.

Será por lo tanto el PSOE de Francisco Cuenca el que encabece la moción, a expensas de conseguir el apoyo de Podemos (único partido con el que aún no ha habido una reunión) y que promoverá un proceso en el que la oposición derrocará al equipo de Gobierno que se forme tras la renuncia del primer edil de la capital.

Eso sí, habrá que tener muy en cuenta los nuevos plazos que se abren. Si bien la moción de censura parece inamovible, todo dependerá de si la secretaria del Ayuntamiento de Granada acepta llevarla a trámite ahora que no hay alcalde electo sino en funciones. Esa persona pasa a ser el número tres de los populares, Juan García Montero, que tendrá diez días para presentar a los tres nuevos concejales que entrarían en sustitución de los que hoy han dimitido.

Tras esa fecha deberán pasar otros tantos días para que se celebrase un pleno de investidura para que haya nuevo alcalde y en ese caso, si ese mismo día se presentase la moción de censura, habría que esperar diez días más para que se la moción de censura hiciese efectiva definitivamente y Francisco Cuenca, portavoz municipal del PSOE, tomase el sillón de mando.

Para el propio Cuenca la situación está clara pues “la dimisión de Torres Hurtado, Sebastián Pérez y la señora Nieto, vienen a confirmar que es todo el PP el que está inmerso en esta situación del PP por lo tanto nada ha cambiado”. De hecho desde el PSOE aseguran que la decisión, que hace horas parecía poco probable, se debe a que pretenden evitar que “se levanten alfombras” y se sigan descubriendo, por lo tanto, posibles nuevos casos de corrupción.

Los socialistas recalcan que “nada ha cambiado y la voluntad y necesidad de cambio sigue igual de vigente que hace horas”. Para el portavoz de Izquierda Unida la necesidad de continuar con la moción tiene como objetivo derrocar al equipo de Gobierno del Partido Popular por ser “corresponsable de haber mantenido a un alcalde detenido por corrupción urbanística, por eso el PP no puede gobernar ni un minuto más en la ciudad de Granada”.

El pacto para la moción de censura es para Ciudadanos el verdadero culpable de la dimisión del alcalde, “nos apena todo lo que está sucediendo pero lo que sucedió la semana pasada fue la gota que colmó el vaso en este Ayuntamiento”, ha lamentado el portavoz de la formación naranja, Luis Salvador. Para el concejal de C's esto no ha hecho más que empezar puesto que “mucho nos tememos que va a ver más investigaciones y registros, incluidos más concejales”.

Además de llegar a un acuerdo, en lo que coinciden todos los partidos que estaban hasta hoy es en que la salida del PP del equipo de Gobierno es necesaria para limpiar Granada e iniciar una “regeneración democrática”.

El alcalde 'popular' de Granada, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, han dimitido por su implicación en el 'caso Serrallo', una trama de corrupción urbanística. Ambos han comunicado este lunes a la dirección nacional del PP que dimiten de sus cargos en el Ayuntamiento granadino, después de que fueran arrestados la pasada semana en una operación policial contra la corrupción urbanística.

Tras cinco días en el ojo del huracán mediático, Isabel Nieto, concejala de Urbanismo, y Torres Hurtado han dimitido por petición del PP nacional en un curioso dominó. Porque el primero en dimitir este lunes no ha sido el alcalde sino el presidente del Partido Popular en la provincia de Granada, primer teniente alcalde y hasta ahora susituto natural del alcalde, Sebastián Pérez, que seguirá como senador.

Pérez ha comparecido durante la tarde en rueda de prensa, arropado por miembros de su partido, para notificar su dimisión y ha explicado que, aunque él personalmente no esté implicado en los hechos investigados, la única condición que ha puesto Torres Hurtado al Comité Nacional para su salida ha sido la dimisión de Pérez como pimer teniente alcalde. Este es un paso más en la confrontación más o menos soterrada que vienen manteniendo ambos por el poder en el PP granadino y en el Ayuntamiento. “Si el problema es que el alcalde se llame Sebastián , no pasa nada”.

“De esta manera podemos empezar a recuperar el pulso político (...) y mantener el Gobierno de Granada para quien ganó las elecciones”. La decisión se produce horas después de que Ciudadanos, partido que ha apoyado la investidura de Torres Hurtado para gobernar el Consistorio, haya asegurado que apoyará una moción de censura junto al PSOE para sacar al PP del Gobierno municipal. De hecho, así se vislumbra a juzgar por las palabras de Martínz Maíllo, vicesecretario nacional de organización del PP, que no ha dudado en admitir que “ya no cabe moción de censura”.

Operación Nazarí

Torres Hurtado fue detenido el pasado miércoles en el marco de la operación nazaría contra la corrupción urbanística vinculada a la causa de las construcciones colindantes con el centro comercial Serrallo-Plaza. El alcalde estuvo acompañado por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en su propio domicilio y en el Ayuntamiento antes de ser trasladado, sobre las 13.00 horas, a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, de donde ya salió en libertad con cargos. La concejal Isabel Nieto, que también fue interrogada y detenida, declaró por este asunto el pasado 10 de diciembre en el juzgado.

Tras estos hechos, el PP suspendió cautelarmente de militancia a ambos y ha mantenido una actitud de tira y afloja con el alcalde. Por un lado ha recomendado a Torres Hurtado que se retire por el bien del partido y para facilitar su defensa, y por otro han cuestionado la actuación policial y han afirmado que no iban a pedirle cuentas hasta que no declarase el próximo 13 de mayo “y sepamos qué delitos se le imputan”.

El PP abrió un expediente a la concejal de urbanismo, Isabel Nieto, por poner en duda el compromiso del Gobierno con el AVE.

A Torres Hurtado y al PP se le agotan los plazos para evitar perder la alcaldía de Granada. Tras las primeras declaraciones de intenciones de todas las formaciones en la oposición, este lunes se ha dado el primer paso para que se pueda presentar una moción de censura en la que Paco Cuenca, por pertenecer al segundo partido más votado, el PSOE, sería el nuevo alcalde de Granada.

La reunión entre ambas formaciones, que se ha producido en un céntrico hotel de la ciudad, ha durado escasa hora y media y ha llevado a la práctica el acuerdo que ya se alcanzó a nivel estatal para tratar de lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno cuando C's y PSOE acordaron votar 'sí', de manera conjunta, por el candidato socialista para la presidencia.

Ahora queda por ver qué decidirán Izquierda Unida y Podemos una vez que tanto PSOE como Ciudadanos presenten a las dos formaciones municipales el acuerdo al que han llegado. A falta de que se produzcan dichas reuniones, los partidos ya han avanzado sus intenciones. Aunque desde Izquierda Unida en principio la disposición es total, C's ya ha puesto en tela de juicio a Podemos pidiéndoles “altura de miras” para que no “pidan sillones” dentro del consistorio sino que se sienten a hablar. Ana Terrón, diputada de Podemos por Granada en el Congreso de los Diputados, ya ha respondido que no hablarán de sillones sino del futuro de la ciudad.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Cuenca ha señalado que el acuerdo alcanzado no incluye “líneas rojas” ni “condicionamientos” y ha indicado que la primera intención de las dos formaciones es “limpiar” el Ayuntamiento, sacarlo de la “corrupción” y lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El socialista ha vuelto a resaltar la situación de “extrema gravedad” en la que ha dejado el PP a Granada y ha reiterado la “responsabilidad” de los grupos en la oposición para situar a la ciudad “por encima de cualquier sigla política”. En ese sentido, ha justificado la presentación de la moción de censura en el objetivo de “devolver la confianza” de los ciudadanos en su Ayuntamiento y en “garantizar su viabilidad”, como “ejes fundamentales”.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Luis Salvador, ha reivindicado la urgencia de “rescatar y devolver a Granada a la normalidad”, “erradicando la corrupción” y eso, ha agregado, “no se puede hacer con un alcalde que está en libertad con cargos y una concejal de Urbanismo en la misma situación”. Ha recordado que la decisión de impulsar una moción contra José Torres Hurtado ha sido consensuada con la dirección nacional y regional de su partido y se ha remitido a la rueda de prensa que ha ofrecido horas antes en el Ayuntamiento, donde ha descartado ofrecer su apoyo a un gobierno del PP en el presente mandato.

A partir de ahora, y una vez que los cuatro partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Granada (PSOE, C's, IU y Podemos) llegaran a un acuerdo y se firmase, la moción se llevaría a cabo en diez días hábiles. A lo largo de la semana pasada, Ciudadanos retiró (por segunda vez desde diciembre) el apoyo a Torres Hurtado pero hasta este lunes no descartaban la posibilidad de un cambio de cabeza dentro del PP que les permitiera seguir manteniendo la alianza con los populares. Ante la clara negativa de dimisión del alcalde y la falta de presión por parte del PP a nivel regional (no a nivel provincial), Ciudadanos ha optado por echar al alcalde.

La concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, pasa a la acción y vuelve a cargar contra la actuación policial llevada a cabo en la Operación Nazarí en la que tanto ella como el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y otras 15 personas fueron detenidos el pasado miércoles 13 de abril. La concejala, a través de un escrito de alegaciones que ha hecho público, detalla las razones por las que se considera víctima de una actuación policial “desproporcionada”.

En primer lugar asegura que “se ha comprometido gravemente la reputación de todas las personas afectadas” debido a la alarma social que se provocó, según entienden la concejala y su abogado, por el enorme despliegue policial que propició que los medios de comunicación se volcaran en la noticia provocando un “espectáculo nacional e internacional”.

Isabel Nieto cree que se vulneraron sus derechos fundamentales en el momento en que se llevó a cabo el registro. Porque, según las alegaciones, la policía incautó todo tipo de material sin distinguir si se trataban de enseres de tipo personal o profesional que pudieran estar dentro de la investigación. Es más, el abogado de la concejala deja caer en el escrito que existe la posibilidad de que se añadan pruebas falsas ya que “las personas que son capaces de violar tan gravemente los derechos fundamentales de las personas y de incumplir las normas (…) son también capaces de introducir archivos nuevos o pruebas dirigidas a culpabilizar a los denunciados o cualquier tercera persona, sin que exista posibilidad de comparar con ninguna copia original”.

El escrito añade más polémica porque en él se dice que la policía se llevó en los registros dinero corriente de los domicilios de los detenidos. Algo que el Auto de entrada y registros no autoriza en ningún caso. Consideran además que las detenciones fueron ilegales porque, según la legislación actual, la policía solo puede detener a aquellas personas que o bien exista riesgo de fuga o sean descubiertas cometiendo un delito.

Por eso la concejala pide, a través de su abogado, que se declaren nulas las detenciones que se efectuaron y que en ningún caso se acceda a material íntimo o privado de los investigados. Y que si se examinan los ordenadores, móviles y demás aparatos intervenidos, se haga con la presencia de un Secretario Judicial.

José Torres Hurtado sigue haciendo caso omiso a las presiones de quienes insisten en que dimita como alcalde de Granada tras su detención y libertad con cargos en la operación nazarí de esta semana. El todavía alcalde no parece dispuesto a hacerlo porque, afirma, “¿qué motivo tengo yo para irme?”. De hecho, las presiones para la dimisión vienen de la oposición y del propio Partido Popular que ya se le ha suspendido cautelarmente la militancia y que, aunque evitan la palabra dimisión, le han invitado de forma clara a abandonar la alcaldía y “dar un paso a un lado” dándole incluso de plazo este fin de semana.

La salida pues de Torres Hurtado no está aún clara pero ya se habla de moción de censura. Ha sido Izquierda Unida la primera formación que ha hablado abiertamente de moción de censura como tal. En IU, su coordinador provincial en Granada, Manuel Morales, ha asegurado que van a comenzar una ronda de contactos con el resto de formaciones para llegar a un acuerdo que dé pie a una moción de censura contra Torres Hurtado y para intentar evitar que el PP conserve la alcaldía. Es más, según ha podido saber eldiario.es/andalucia, ya se han producido los primeros contactos telefónicos entre Izquierda Unida y el resto de partidos con representación municipal y este fin de semana habrá más reuniones de carácter informal.

El PSOE, en palabras de su portavoz en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, no ha descartado la iniciativa pero ha explicado que primero harán también su propia ronda de consultas para no precipitarse y precisa que “no tenemos un calendario de reuniones definido”. De hecho, en la mañana de este viernes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tendido la mano a Ciudadanos para una posible moción de censura que acabe dándole el bastón de mando a Cuenca, cosa bastante improbable por el desencuentro que hay entre Luis Salvador (C's y antiguo PSOE) y Cuenca, portavoz socialista.

Los socialistas van más allá de la trama de estos días y reclaman que “lo importante es que Granada salga de la parálisis de este último año”. En cualquier caso, no apoyarán una mera sustitución de Torres Hurtado por otra persona del PP.

Quien sí se unirá a una eventual moción de censura es Podemos, aunque en la formación matizan que lo harán si se cumple el decálogo que ha presentado este viernes su diputada por Granada en el Congreso, Ana Terrón, y que ha defendido también la portavoz de la formación morada en el Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez. Sus manifestaciones parecen ir dirigidas directamente al principal candidato a suplir a Torres Hurtado, Sebastián Pérez, ya que apuntan que “Podemos no apoyará a ningún candidato afectado por el rastro de la corrupción política” al tiempo que el jueves tanto ellos como el resto de formaciones aludían a la posible responsabilidad de Pérez dentro de la trama urbanística. No hablan de ningún partido pero aseguran que apoyarán a un candidato que esté por la transparencia en la gestión.

Sin embargo, en Ciudadanos, que ya apoyó la investidura de Torres Hurtado, se muestran más cautos y tanto su portavoz en el Consistorio granadino, Luis Salvador, como el portavoz en el Parlamento andaluz, Juan Marín, no cierran la puerta a que Torres Hurtado dimita y pueda ser sustituido por otro miembro también del Partido Popular.

Diez líneas incluidas al final de un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado han servido para enfrentar al Ministerio Público con la policía y el juzgado que el miércoles autorizó la detención del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, junto a su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y varios empresarios de la ciudad, investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicas relacionados con la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en una zona de dominio público de la ciudad andaluza.

La nota, encabezada con el membrete de la Fiscalía General del Estado que preside Consuelo Madrigal y remitida a media tarde del jueves a los medios de comunicación, explica los datos generales de la investigación de Granada (apenas unas pistas, dado que el sumario sigue secreto), pero termina con un reproche a la policía, muestra públicamente su desacuerdo con el arresto del regidor granadino e incluso llega a decir que la detención no está justificada en ese momento procesal.

La Fiscalía General del Estado lo argumentó con estas palabras: “La Fiscalía ha informado favorablemente la práctica de todas las diligencias solicitadas por el cuerpo policial, salvo la relativa a la detención y la entrada y registro en el domicilio particular del Alcalde de Granada, al considerar que el estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales y ello sin perjuicio de que continúen las investigaciones y cuantas actuaciones judiciales sean necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos”.

En un párrafo posterior la Fiscalía General del Estado subraya: “Las detenciones efectuadas en el día de ayer se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí fueron comunicadas previamente a la misma”.

Ese desmarque público de la Fiscalía General del Estado y sobre todo la afirmación de que la detención no estaba justificada ha causado un enorme malestar tanto en la Policía como en el juzgado responsable del auto que amparó los registros y las detenciones y que no fue recurrido por la fiscal que investiga el caso.

Las fuentes consultadas lamentan que este “comunicado inédito” suponga un balón de oxígeno para el regidor, a quien el PP suspendió de militancia el mismo día del arresto y Ciudadanos amenaza con retirarle el apoyo y descabalgarlo del Gobierno municipal.

El propio Torres Hurtado no tardó en aferrarse al contenido de esa nota oficial y horas después se quejó ante la prensa de que la suya fue una “detención ilegal”. A preguntas de los periodistas, el todavía regidor granadino achacó primero su arresto a la decisión del inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y hasta llegó a culpar al propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. También alegó que la operación obedece a una “trama política rara para quitar al PP del Ayuntamiento” y pidió respeto a la ciudad de Granada: “Fui detenido sin tener que ser detenido. Se está cometiendo conmigo un atropello político”.

Las fuentes consultadas lamentan que el comunicado de la Fiscalía General del Estado pueda ser uno de los argumentos que utilice la defensa del regidor, imputado por graves delitos de corrupción y a quien los investigadores sitúan en el centro de una trama de corrupción urbanística.

Las investigaciones desembocaron el miércoles en una serie de registros y detenciones que la Unidad de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía (Udef) practicó en el Ayuntamiento de Granada, el domicilio del regidor y varias sedes de empresas. El caso se había iniciado por una doble denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Granada contra la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en un solar público. Un auto firmado por el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada había autorizado los registros solicitados por la policía y la detención del alcalde que permaneció arrestado durante horas mientras los agentes policiales recaban la documentación municipal.

La investigación, que sigue secreta, ha subido esta semana un escalón. Junto a los concejales de Urbanismo, Isabel Nieto, y el de Economía, Francisco Ledesma, ahora toca de lleno a la alcaldía, un peso pesado del PP andaluz que llegó a ser delegado del Gobierno en Andalucía cuando José María Aznar era presidente.

Hubo un tiempo en el que Sebastián Pérez, presidente del Partido Popular en Granada desde 2004 y José Torres Hurtado, alcalde de la capital granadina desde 2003, fueron equipo. Ya no. Su relación es distinta a la que hace años mostraban ante los medios. Y ahora, después de que Torres Hurtado haya caído en desgracia incluso dentro de su partido tras ser detenido en el marco de la ‘Operación Nazarí’ por supuesta corrupción urbanística, Sebastián Pérez es, de momento, el mejor colocado para acceder al sillón de mando del Ayuntamiento de Granada. El que espera mientras el alcalde dimite o le hacen dimitir desde el propio Partido Popular.

Hace un año, Sebastián Pérez supo apartarse de la Diputación de Granada que presidía, ante el desgaste del PP a nivel nacional que adelantaba la derrota electoral que acabó produciéndose, y prefirió dejar de lado la institución provincial. Volvió a repetir candidatura por Granada al Senado (como en 2008 y 2011) y obtuvo de nuevo su sillón en Madrid. Al mismo tiempo, volvió al Ayuntamiento de Granada como primer teniente de alcalde y primer candidato a sustituir a Torres Hurtado cuando llegase el momento. Un hecho que ya en la campaña municipal parecía inminente.

Es más, el cambio estuvo a punto de producirse el año pasado merced al acuerdo de investidura alcanzado entre PP y Ciudadanos. En él se incluía como condición por parte de la formación naranja que Torres Hurtado acabara apartándose gradualmente de la alcaldía delegándola en Sebastián Pérez. Una situación que ponía de relieve lo que meses antes ya se había empezado a hablar: el evidente deseo de Pérez por ser alcalde de Granada. Y algo que puede suceder definitivamente después de que el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, haya abierto la puerta a que su partido apoye a un sustituto de Torres Hurtado si éste deja la alcaldía merced al citado acuerdo de investidura.

Desde hace tiempo casi nunca se les ve juntos en actos públicos y, aunque miden sus declaraciones en los medios, a nadie se le escapa que ambos se saben enemigos políticos a pesar de formar parte del mismo partido. Ya en 2014, el propio Torres Hurtado salía al paso de los deseos de Sebastián Pérez evidenciando la rivalidad interna. Fue cuando aseguró en Granada Hoy que “si tiene muchas ganas de ser alcalde, que espere” añadiendo que “quien lo pone en las listas municipales cuando era un chavalillo fui yo”.

Pocas semanas después de aquello, en junio, el alcalde sufrió un ictus por el que Pérez decidió apartarle de la alcaldía durante algunos meses mientras el edil se recuperaba, como era lógico desde el punto de vista de la salud del edil. Aquella decisión reactivó la disputa de ambos por el mismo sillón en el Consistorio granadino. Pero incluso la ministra Ana Pastor, tras una reunión con los dos  por las obras del AVE a Granada, pidió ante los medios que los dos llegaran a un “acuerdo institucional”, haciendo patente el desencuentro entre ambos.

¿Responsabilidad política de Sebastián Pérez?

¿Responsabilidad política de Sebastián Pérez?

Pero mientras Ciudadanos arremete contra Torres Hurtado de nuevo pero no descarta mantener el apoyo al PP con otra cabeza de cartel, las formaciones políticas de la ciudad de Granada han elevado su punto de mira más allá del propio alcalde. Miran hacia Sebastián Pérez en calidad de presidente del partido en la provincia como principal responsable político por haber permitido que todo ocurriese bajo su mandato. Podemos asegura que él es también responsable y advierten del problema de su puesto como senador, lo que le garantiza el aforamiento.

Izquierda Unida va más allá y rechaza de plano que Pérez pueda ser el alcalde que sustituya a Torres Hurtado. Según su concejal, Francisco Puentedura, lo que se precisa es una “regeneración democrática del Gobierno local”. En un sentido parecido se ha manifestado Teresa Jiménez, parlamentaria andaluza por Granada del PSOE. En declaraciones a Onda Cero, entiende que Sebastián Pérez no ha podido quedarse al margen de lo que ha sucedido en la trama urbanística. Que no ha podido estar mirando hacia otro lado todo durante el tiempo en que se cometieron los supuestos delitos. Y que, por tanto, debe caer junto a Torres Hurtado.

“¿Qué motivo tengo yo para dimitir?”, se pregunta candorosamente el alcalde del Ay Untamiento de Granada, José Torres Hurtado, tras salir de la comisaría acusado de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita (¿quizá la cofradía del Rocío?), prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio. Y la verdad es que es una pregunta adecuada, ya que en parecida situación está la ex alcaldesa valenciana Rita Barberá y sigue siendo aforada y aforrada; al igual que el ministro Soria, que ha dado muchas explicaciones sobre su lío en Panamá, concretamente cinco, todas ellas distintas; o el mismísimo Aznar ascendido a los cielos, que ha tenido que pagar una multa de 70.000 euros a Hacienda tras intentar guindar 200.000 en impuestos.

También podría preguntarse mi todavía campechano alcalde (lo confieso: soy vecino de Granada por voluntad propia) por qué todavía no ha recibido ningún mensaje de Rajoy animándole a que sea fuerte, ni tampoco un pequeño hálito de apoyo de su partido. Que por no tener no tiene ni perrito que le lama.

Podría pensarse que por fin el PP (Partido Pútrido) se ha puesto a perseguir la corrupción, aunque puedo descartarlo, ya que no hace muchas fechas, el presidente regional, un tal Moreno Bonilla, se negó a  pedir la dimisión del presidente de la Diputación de Almería, del PP provincial y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, que le aseguró categóricamente que no había ningún pelotazo urbanístico, palabrita del Niño Jesús.

Así pues, a lo mejor tiene razón el presunto Hurtado al afirmar que todo se debe a una trama política. Aunque si así fuera tampoco tendría que ir muy lejos para descubrirla, que a lo mejor bastaba con acercarse a la sede de su partido. Y es que en Granada, dicen las malas lenguas, quien no ha explicitado su apoyo al alcalde es sobre todo Sebastián Pérez, presidente provincial, ex presidente de la Diputación y otras hierbas, que a su vez es teniente de alcalde de la ciudad y heredero natural del cargo de que se trata. Dicho de otro modo, el visir que quiere ser califa en lugar del califa. Lo que no quita para que se lleven bien (dicen ellos). No en vano ambos aman a Granada sobre todas las cosas, creen que el PP es la única salvaguarda de España y les une un franco compañerismo, con perdón por lo de franco.

“La malafollá” granadina

Para que entiendan esta relación tan especial entrambos, tendría que explicarles lo que es “la malafollá”, un concepto etéreo que abarca muchas cosas, aunque bien pudiera resumirse así: se encuentran dos granadinos de pura cepa en Puerta Real (el epicentro de la malafollá) y uno le dice a otro: “Me alegro mucho de verte, aunque sea en estas circunstancias. ¿Qué pollas te ha pasado?”. A lo que el segundo le responde: “Anda y que te divierta tu puta madre”. Perdón por el lenguaje, pero se perdería mucho en la traducción.

Pero volviendo al principio, dije lo de candorosamente porque no creo que Hurtado haya hurtado en el sentido más literal de la palabra, sino que la cosa es bastante peor. Como todos en el PP, ha llegado a creerse que lo que hace, trampear con los suelos y con los dineros, y con las flores y con las sillas de las procesiones, es a mayor beneficio de Granada. Y que si les invitan a algo, sólo es un justo pago por sus esfuerzos, que no sólo de amor viven los patriotas.

Dicho todo ello sin perjuicio de que pueda aparecer una cuenta en Panamá, que tampoco lo descarto. Y si no, ahí tienen a Granados (el nombre era premonitorio), que el día anterior a ser detenido con varios millones en Suiza todavía osaba aleccionarnos sobre la honradez.

Espero que los de Podemos no me vengan ahora con la tontada de que PP, C´s y PSOE  son lo mismo y se apunten a la moción de censura, que lo de Hurtado era una desgracia, pero lo de Pérez puede hacer verdad la canción del maestro Lara: Granada, tierra de fantasía, de vírgenes morenas, flor de melancolía, de sangre y de sol. La sangre, en concreto, la pondríamos los vecinos.

A Francisco Puentedura, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, parece no pillarle de nuevas la operación policial que podría acabar con Torres Hurtado como alcalde porque, recuerda, su grupo lleva denunciando desde hace varios años la presunta corrupción urbanística del equipo de Gobierno municipal. Según la investigación, el Ayuntamiento alertaba a empresarios 'amigos' de inminentes recalificaciones urbanísticas para que pudieran adquirir, previamente, los terrenos a bajo precio y hacer negocio.

¿Esperaban ustedes una operación policial que terminase con el alcalde detenido?

Obviamente. Por desgracia, no es una sorpresa y nos esperábamos que acabase la situación de esta forma.

Pero la concesión del parque infantil que se vincula con el caso del Serrallo Plaza data de 2006.

Nosotros remitimos en otoño de 2013 a la Fiscalía una parte de esta historia y ahora se han vinculado otros asuntos urbanísticos que venimos denunciando públicamente desde hace al menos dos años. Siempre se han beneficiado los mismos promotores y los empresarios. Todo forma parte de una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

La concejal detenida, Isabel Nieto, entró a formar parte del equipo de Gobierno de Torres Hurtado en 2007, ¿qué papel cree que juega en este asunto?

Hubo un informe de quien fue director del área de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, denunciando un montón de irregularidades que Isabel estuvo haciendo lo posible por taparlas. Hicimos una denuncia pública ante la Fiscalía hace dos años que abrió diligencias de investigación, una querella y un proceso de instrucción que ahora mismo se está desarrollando y que, precisamente, se ha ampliado con esta investigación de la UDEF.

¿Qué vienen denunciando y a qué otros casos afecta?

Pues los del Pabellón Mulhacén, del Parque Tecnológico de la Salud, etc. Son todas recalificaciones de parcelas que el Ayuntamiento vende o saca a concesión y que luego se recalificaban para producir un aprovechamiento lucrativo a los mismos empresarios. El común denominador es que siempre son los mismos promotores urbanísticos los beneficados por todas estas actuaciones, en contra del interés público y general de la ciudad de Granada.

¿Todas sus denuncias están de alguna forma relacionadas?

Ahora mismo, el urbanismo en la ciudad de Granada tiene abiertas cinco diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, algunas en proceso de instrucción por los juzgados. Al final pues han relacionado todas estas denuncias con avisos que se han producido y tramas donde han coincidido los mismos empresarios como beneficiarios de toda esta actuación corrupta. Ahora es cuando atan cabos y ven esta trama de corrupción urbanística que llevamos años denunciando. Se habla de tres empresas promotoras implicadas.

¿Y el futuro inminente para el Gobierno de la ciudad cómo lo imagina?

El equipo municipal de Ciudadanos es el que ha estado sosteniendo hasta ahora el equipo de gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos dicho que las actuaciones inmediatas requieren de la dimisión del alcalde, de la concejal de Urbanismo y de los altos cargos que han sido detenidos. La responsabilidad política no puede acabar ahí. El PP está en un gobierno en minoría, los grupos de la oposición formamos mayoría en el pleno y es el momento en que los grupos municipales de la oposición tenemos que retratarlo y se tiene que retratar también el grupo de Ciudadanos.

¿Cómo lo plantean?

Nosotros creeemos que para restituir la legalidad urbanística, para acabar con la corrupción en el Ayuntamiento de Granada, el PP no puede estar gobernando ni un minuto más en la ciudad, hay que presentar una moción de censura que cambie el gobierno de la ciudad.

¿En qué cree que puede terminar todo?

Esta trama va a ir a más, con más implicaciones, y espero que esto acabe con una investigación en profundidad por parte de la Policía y los juzgados, caiga quien caiga, con una depuración total de las responsabilidades legales y políticas inmediatas que se adopten, echando al PP del Gobierno de la ciudad. Es muy lamentable que Granada entre en el mapa de la corrupción urbanística en este país.

José Torres Hurtado comparecia a las 19.00 horas en el Ayuntamiento de Granada tras un día “desagradable”, según ha comentado el propio alcalde, que ha negado corrupción alguna en el consistorio, ha lamentado el “circo” de su detención y ha insinuado una conspiración en su contra en los últimos años relacionada con el urbanismo y la ciudad que lleva gobernando trece años. Mientras, unas 300 personas reclamaban su dimisión en la Plaza del Carmen a través de una convocatoria por las redes sociales.

Torres Hurtado, en un estilo desenfadado, ha relatado cómo se ha desarrollado la operación de la UDEF y ha dicho desconocer de qué se le acusa exactamente. “Yo he preguntado pero estaba en secreto”, ha dicho a la prensa, llegando a pedir a su partido, el mismo que le ha suspendido ya de militancia, que abra una investigación “para saber qué ha pasado”. “Ha sido un espectaculo mediatico. Creo que el operativo se ha pasado. Esta es la 27ª ocasion en la que hemos sido requeridos judicialmente”.

A Ciudadanos le ha recordado que ya le retiró el apoyo hace tiempo y que, desde entonces, el PP no ha tenido apoyo en el Ayuntamiento, y ha considerado que no es bueno tomar decisiones en caliente. “Hay que dejar que la justicia trabaje”, ha insistido, porque “se ha dado toda la informacion que han requerido” aunque no sabe “por qué se les acusa”. “No condenemos antes de saber nada”, ha dicho.

El alcalde ha defendido su “honradez” y ha anunciado que no dimitirá al mostrarse “convencido” de que “no hay ni ha habido corrupción” en la gestión del equipo de gobierno ni de los funcionarios que están siendo investigados. En la que ha sido su primera comparecencia pública tras declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental en relación a este caso, que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, Torres Hurtado ha lamentado el “espectáculo mediático que se ha montado” con esta operación y ha achacado los hechos al “acoso político” al que se está viendo sometido, según ha dicho, en los últimos años.