El que fuera candidato de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, ha reaparecido este domingo a última hora para enviar un mensaje grabado en vídeo a sus compatriotas desde el exilio en el que ha exigido la libertad “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos venezolanos “civiles y militares”.

González Urrutia ha arrancado con una breve referencia al ataque militar estadounidense contra Venezuela en la madrugada del sábado y al posterior secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de la unidad Delta Force del Ejército de EEUU. El candidato opositor ha calificado lo que ha llamado “los acontecimientos de los últimos días” como “un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela”.

“Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos”, afirma Edmundo González, que acto seguido ha pasado a señalar que “este momento” constituye un paso “importante, pero no suficiente” y ha exigido la liberación de “todos los presos políticos” para lograr “la normalización real del país”.

González, que ha descrito a estos presos como “verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, ha pedido respetar “sin ambigüedades” la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano en las elecciones del 28 de julio de 2024. “Solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición política y democrática”, ha asegurado el opositor exiliado en la Unión Europea.

“Hoy, quien usurpó el poder, ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia”, ha declarado González Urrutia, quien reconoce que “este hecho” supone “un nuevo escenario político”, aunque no cuestiona en ningún momento la violación de la soberanía venezolana por parte de los Estados Unidos.

Tras ello, Edmundo González defiende que tiene una legitimidad proveniente del mandato popular y del “respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan paz, con instituciones y con un futuro”, un respaldo que dice ser “profundo, mayoritario y sostenido” y que “jamás será traicionado”. González, quien dice deberse “solamente a los venezolanos”, revela que tiene la intención de construir una transición “con firmeza, con respeto y con unidad nacional”.

“Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad”, dice González, quien también hace un llamamiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así como a las fuerzas de seguridad pidiéndoles lealtad a la Constitución venezolana, al pueblo y a la República “como comandante en jefe”.

Y añade: “El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos”.

Edmundo González no se había pronunciado hasta ahora sobre las acciones militares de EEUU en territorio venezolano salvo para compartir un comunicado de la también líder opositoria María Corina Machado del sábado 3 de enero y afirmar que eran “horas decisivas” y que estaban “listos para la gran operación de la reconstrucción” de la nación.

Edmundo González y la candidatura unitaria de la oposición venezolana que representaba, liderada por la inhabilitada María Corina Machado, siempre han defendido que fue el vencedor de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en julio de 2024, que no fueron consideradas como democráticas por el Centro Carter, y han exigido insistentemente la presentación de las actas electorales al gobierno de Nicolás Maduro.

Entretanto, después de la toma de posesión de Maduro y de que González Urrutia solicitara asilo político en España tras una mediación liderada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las instituciones bolivarianas de Venezuela otorgaron la legitimidad de las instituciones estatales al hasta el sábado presidente Nicolás Maduro.

En septiembre de 2024, la Eurocámara, con el apoyo de la ultraderecha y del Partido Popular Europeo, reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Un acto más simbólico que otra cosa, pero que puede ser utilizado, sumado a otros reconocimientos como el que hiciera el gobierno estadounidense dirigido entonces por Joe Biden, para defender la legitimidad democrática de González frente al “usurpador” Maduro, tal y como lo declara no solo la oposición venezolana, sino también el Europarlamento.

El chavismo ha ampliado su poder territorial en Venezuela tras las elecciones celebradas este domingo, en las que logró hacerse con tres regiones más, por lo que ahora controla 23 de los 24 estados, mientras que en los anteriores comicios regionales, celebrados en 2021, había vencido en 19. También ha logrado 40 de los 50 cargos del Parlamento que estaban en juego.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, anunció que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigido por el mandatario Nicolás Maduro, ha ganado de forma “irreversible” en 23 de los 24 estados del país, tras haber recuperado el estado Barinas (oeste), cuna del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), el petrolero Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) y la región insular de Nueva Esparta, a la que pertenece la turística isla de Margarita.

El único territorio que ha quedado en manos de la oposición es Cojedes (oeste), donde el actual gobernador, Alberto Galíndez, ha resultado reelegido.

El organismo electoral también anunció que el chavismo se ha hecho con 40 de los 50 cargos “de listas de adjudicación nacional” para la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y que el oficialista Jorge Rodríguez, actual presidente del Legislativo, ha sido reelegido como diputado. El opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles ha obtenido un escaño, así como los opositores Luis Emilio Rondón y Stalin González.

Capriles y otros dirigentes de la oposición desatendieron el llamado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición antichavista, a no participar en la cita electoral del domingo. Durante toda la jornada electoral, distintos partidos y miembros de la PUD publicaron numerosas fotografías en redes sociales de centros de votación vacíos en Caracas y distintas regiones del país, una imagen que contrasta con la masiva participación que hubo en las presidenciales del pasado julio.

La líder antichavista María Corina Machado aseguró que más del 85% de los venezolanos “desobedecieron” y no votaron en los comicios, calificando la abstención como una nueva derrota para el “régimen criminal” de Maduro. “Hoy Venezuela venció el miedo”, aseguró en un vídeo emitido por su cuenta de X.

La exdiputada aseguró que el 25 de mayo “constituye un plebiscito” y “la ratificación de un mandato a la Fuerza Armada Nacional”. Según la opositora, los ciudadanos “exigen” a los militares que sean los garantes de la soberanía popular y actúen: “Es el momento de abrir el camino a la transición, en orden y con seguridad”. Corina Machado defendió una vez más que el vencedor en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fue Edmundo González Urrutia y no Maduro, proclamado en ese momento ganador por el CNE, que diez meses después aún no ha publicado las actas electorales.

Según González Urrutia, exiliado en España, el mundo ha sido testigo este domingo de “un acto de coraje cívico” y “una declaración silenciosa, pero contundente, de que el deseo de cambio, dignidad y futuro sigue intacto”. “El 28 de julio (de 2024), el régimen quedó al descubierto. Eligió aferrarse al autoritarismo, y para sostenerse, recurre al terrorismo de Estado”, agregó el exembajador.

Por su parte, el partido Primero Justicia (PJ) felicitó en un comunicado a los venezolanos que “no se prestaron para la farsa electoral del régimen” y respondieron “con centros vacíos y conciencia firme”.

Tras el anuncio de los resultados la noche del domingo, Maduro encabezó un acto en Caracas durante el que afirmó que, a pesar de “bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia”, el chavismo está “más vigente y más fuerte que nunca”.

“Los venezolanos acá apoyaron mayoritariamente a Trump porque iba a oponerse frontalmente a Maduro y ahora, además de echarnos y estigmatizarnos, se reúne con él”. El enfado de Reyes es el de cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos y que han visto cómo “en dos semanas Estados Unidos se ha convertido en un infierno” tras la decisión de Trump de convertir en inmigrantes sin papeles a más de 300.000 compatriotas que hasta ahora tenían una “protección temporal” (TPS) que les permitía trabajar y vivir en el país.

Reyes llegó en 2021, pero sólo pudo traer de Venezuela a su hijo hace dos años. Ahora que “ya está completamente adaptado, habla inglés y está en un grupo de alto rendimiento en su escuela”, el niño estará oficialmente “en riesgo de deportación” desde el próximo 7 de abril, como todos los venezolanos que se beneficiaban del TPS. Y lo que más duele a muchos de ellos es la excusa que ha usado Trump.

El argumento, en contra de todo lo que llevan diciendo los republicanos durante años, es que Venezuela ya no está tan mal. “Le hace un favor a Maduro diciendo eso de que Venezuela se arregló”, cuenta a elDiario.es una venezolana que lleva nueve años viviendo en EEUU. “Es un eslogan chavista que busca normalizar la dictadura”. “Con un récord de 2.000 presos políticos y después de robarse unas elecciones, esto nos da la sensación de estar atrapados entre el tigre y el cazador en plena selva”.

Adelys Ferro, la directora ejecutiva de la organización de venezolanos en EEUU Venezuelan American Caucus, coincide. “Hay personas que nos dicen que prefieren suicidarse a tener que volver a Venezuela, hay gente aterrada de llevar a los niños al colegio, haciendo papeles ante notario para ver quién se quedaría a cargo de sus hijos” si a ellos los detienen en una redada y los deportan. 

El acuerdo entre el enviado de Trump y el Gobierno de Caracas para que éste acepte recibir a los venezolanos que sean expulsados de EEUU es otro motivo de preocupación, porque muchos huyeron del país precisamente porque los perseguían: “A Maduro no le molesta ni un poquito recibir a los deportados, van a sus fauces”, explica una de ellas.

“Nos ha pintado una diana en el pecho”

“Es duro emocionalmente ver que hace esto el que era tu líder y salvador”, dice Ferro, cuya organización es progresista, pero sabe que muchos de los venezolanos en EEUU apoyaban el regreso de Trump “por una fantasía de que era el paladín que venía con misiles y aviones” a sacar a Maduro del poder. Y ahora, en cambio, en apenas dos semanas de presidencia, les ha “pintado una diana en el pecho”, dice.

Como a muchos de sus compatriotas, lo que más preocupa a Ferro es la idea que Trump repite una y otra vez de que los venezolanos que tenían protección temporal son criminales. “El que quiere venir a delinquir no se da de alta en el TPS”, dice Reyes. De acuerdo con lo que cuentan otros muchos venezolanos: “Trump dice que han llegado miembros de una banda criminal muy temida, El Tren de Aragua, ¿pero cuántos han atrapado o identificado? ¿Qué porcentaje son entre toda la población venezolana trabajadora, útil y buena?”.

Ferro va incluso más allá: entre los venezolanos protegidos por el TPS “no se ha encontrado nadie con crímenes serios y Trump ha pasado de prometer que sólo deportaría a criminales a que ahora todos pueden ser deportados”. El presidente, eso sí, se ha referido una y otra vez en sus mítines al asesinato de una joven de Nevada, Laken Riley, a manos de un inmigrante venezolano sin papeles. “Entendemos que alguna medida había que tomar”, reconoce Reyes, “pero de ahí a decir que todos somos unos criminales es doloroso”.

Preparándose para resistir

Reyes ya está haciendo planes “con mucho estrés” para salvar a su hijo de una posible deportación de vuelta a Venezuela “a ver si gastando mucho dinero en abogados podemos lograr que se quede”. Lo que nadie quiere es tener que regresar o verse forzado a empezar de cero una vez más: “No te has ido de vacaciones, sino que tu país natal te empujó, te persiguió y te cerró puertas”.

Otros, como la organización de Adelys Ferro, se preparan para resistir colectivamente. “Nuestro trabajo es seguir levantando la voz”. Saben que apenas 300.000 de los 1,3 millones de venezolanos que viven en EEUU tienen también la nacionalidad estadounidense y pueden votar. “Podemos marcar alguna diferencia en Florida y en varias ciudades de Texas”. En cualquier caso, dice, “yo no hui del miedo y la dictadura para estar temiendo al autoritarismo también en EEUU. No queda otra que seguir luchando: ir a los tribunales, ir al Congreso, a las próximas elecciones legislativas...”.

Y por supuesto intentar convencer a todos, empezando por los ‘magazolanos’, “ese grupo activo de paisanos que apoyan a Trump de manera furibunda, basados a veces en mentiras y manipulaciones infladas por el miedo a la dictadura chavista” y que han tratado de “igualar aquí al Partido Demócrata con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua”, dice otra migrante venezolana que prefiere no revelar su nombre. 

“Mucha gente votó por Trump y trata de autoconvencerse de que nada malo va a pasar, que ha retirado la protección del TPS para cambiarla por algo mejor y que sólo va a deportar a criminales”, dice Ferro.

“Mucha gente creyó que Trump sería bueno para la economía y ayudaría contra Maduro”, añade Reyes, que sólo espera “que más allá de la bravuconería y la exhibición de contundencia de esta primera fase, nos permitan hacer una vida digna”. Reyes no pierde la esperanza de que Trump dé un giro. A fin de cuentas, no sería la primera vez: “Fíjate el cambio de discurso desde su última etapa en el gobierno, entonces era casi como que fuera a invadir Venezuela y ahora se reúne con Maduro”.

El 10 de enero estaba señalado en rojo en todos los calendarios venezolanos. Sobre todo, desde el 28 de julio de 2024, día de las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro y el chavismo veían el día como el de la inauguración para un tercer mandato. La oposición, como la fecha en la que contestar una proclamación del Consejo Nacional Electoral, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, de un recuento sin actas electorales que lo verifiquen. Esto fue cuestionado por los observadores de la ONU y el Centro Carter, además de por los países de la Unión Europea, que, no obstante, no han llegado tan lejos como EEUU o Argentina, que han reconocido a Edmundo González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela, tras la experiencia de 2019 con el autoproclamado Juan Guaidó.

El propio Edmundo González se ha autoproclamado también este viernes como “presidente de la República Bolivariana de Venezuela” en un vídeo publicado en sus redes sociales y grabado desde fuera del país. González ha reclamado obediencia al ejército “como comandante en jefe”.

González, que en los últimos meses había defendido que a partir del 10 de enero iría a Venezuela para asumir la presidencia, no ha aparecido en el país. Según ha explicado en el vídeo, se está trabajando “en las condiciones que permitan su regreso”. “La decisión de cerrar las fronteras buscaba hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer con nuestra líder”, ha asegurado en referencia a la detención de María Corina Machado denunciada por la oposición y negada por el Gobierno.

Desde el 28 de julio se han sucedido una serie de movimientos políticos con la vista puesta en este 10 de enero: el más relevante fue la salida de Edmundo González de Venezuela a España, país al que pidió asilo político –y que le fue concedido–, para lo cual negoció su salida con el Gobierno venezolano en la embajada española en Caracas. Unas negociaciones que contaron con el papel mediador del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y la descalificación constante del PP de Alberto Núñez Feijóo, que provocaron que el propio González Urrutia difundiera un comunicado de agradecimiento al Gobierno español.

La salida de Edmundo González de Venezuela el 8 de septiembre hacía pensar que el excandidato de la oposición, de 75 años, se apartaba de la política venezolana. Pero, con el paso de los días, y ante la imposibilidad de la oposición de promover a su principal líder en el interior, María Corina Machado, inhabilitada, González fue recibiendo el respaldo de gobiernos como el de Javier Milei –así como de la derecha y la ultraderecha europea– y el de Joe Biden para ser reconocido como “presidente electo”, lo que abocaba al excandidato opositor a disputar la legitimidad institucional a Maduro alentado por sus propias filas políticas.

Y, para eso, el 10 de enero era la fecha clave.

González Urrutia recogió en diciembre el premio Sajárov del Parlamento Europeo, hace menos de un mes, y evitaba revelar, en conversación con elDiario.es, cuál sería el plan para una investidura que estaba anunciando para sí. ¿Cómo entraría en el país? ¿Cómo podría ser investido cuando la institucionalidad venezolana no parecía presentar fisuras en relación con el Gobierno de Maduro? “Hay que hacer arreglos administrativos y prácticos que impliquen el retorno. A partir del 10 de enero aspiramos a estar en Venezuela”, se limitaba a decir.

La incógnita se mantuvo durante meses, en paralelo al paradero desconocido de Machado, sobre quien también había una orden de detención por parte de la Fiscalía por traición a la patria.

La oposición aguardaba un enero de movilizaciones masivas, y, sobre todo, de grietas en el Ejército y la polícia lo suficientemente grandes como para abortar la investidura de Maduro y colocar en su lugar a Edmundo González. Pero eso no ha terminado ocurriendo: ni se han producido movilizaciones masivas que hayan desbordado al chavismo ni los poderes fácticos del país han abandonado a Maduro en favor de González y Machado.

Y, al final, ha llegado el 10 de enero.

Y Nicolás Maduro ha sido investido en ausencia de actas que ratifiquen su victoria electoral del 28 de julio –lo cual, empero, no es un problema para Occidente cuando se trata del Marruecos que blinda la valla de Melilla, la Arabia Saudí de la Supercopa de fútbol o la China para la que el Gobierno pide que no se apliquen aranceles comunitarios a sus coches eléctricos, por ejemplo–. Maduro ha sido investido incluso dos horas antes de lo previsto, con pocos líderes internacionales –más allá de los presidentes de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega, y con críticas del colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric– y apelando a los tiempos convulsos que vive el país. “Hemos logrado lo que sabíamos que íbamos a lograr”, ha dicho en su primer discurso tras tomar posesión. “El pueblo de Venezuela le ganó al imperialismo y a su diplomacia de engaño y ahora no saben cómo vengarse, el gobierno saliente de los EEUU no sabe cómo vengarse de nuestro pueblo. No pudieron con nosotros”.

Horas después, María Corina Machado anunciaba en un vídeo grabado y difundido en su Instagram que Edmundo González, definitivamente, no sería investido presidente en Venezuela. “Hoy Maduro ha consolidado un golpe de Estado, violando la Constitución, es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla. No tengan dudas, esto se acabó”. La líder opositora también ha afirmado que las protestas de este jueves a favor de la investidura de Edmundo González Urrutia ratificaron su “profunda confianza” de que “la libertad” del país “está cerca”.

“Hemos estado en comunicación permanente con Edmundo González Urrutia. Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”, ha dicho Machado: “En su paranoia delirante, el régimen ha cerrado el espacio aéreo y ha activado el sistema de defensa aérea. Hemos analizado todo esto y hemos decidido que no es conveniente que hoy ingrese en Venezuela: le he pedido que no lo haga, su integridad es fundamental para la derrota del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”.

Machado ha grabado su vídeo desde un lugar indeterminado de Venezuela después de que este jueves protagonizara un suceso denunciado por los suyos primero como “secuestro” o “interceptación” por parte de la policía después de reaparecer en público, tras 133 días escondida, en una concentración de la oposición en Caracas.

El Gobierno desmintió haberla detenido, y difundió un vídeo grabado en el que ella afirmaba estar en libertad. Este viernes, en su vídeo grabado y difundido en sus redes, Machado ha dado su versión de ese suceso: “Al salir de la concentración, me subí en una moto. Nos trataron de interceptar dispositivos de la policía, oí varios disparos, las motos de la policía nos interceptó. Inmediatamente fue bruscamente arrancada de la moto y me montaron en otra, en medio de dos hombres. Para dejarme ir, me hicieron grabar un vídeo como razón de vida”. Machado ha dicho, además, que de ese episodio resultó herido de bala en una pierna uno de sus acompañantes: “Su actuación errática demuestra lo muy divididos que están”. El argumento de la oposición es que se produjo una detención por parte de la policía revocada posteriormente por el Gobierno.

Sanciones de la UE y EEUU

La UE y Estados Unidos han aprobado nuevas sanciones contra Venezuela coincidiendo con la toma de posesión de Nicolás Maduro, cuya legitimidad como presidente no reconocen ni los 27 ni Washington. Casi al tiempo que el líder bolivariano juraba el cargo, en ausencia de representación de la mayoría de países, Bruselas y Washington emitían sendos comunicados con la incorporación de nuevos individuos a las listas de sancionados venezolanos. En este caso, se trata de personas que han legitimado el resultado electoral, como representantes de Tribunal Supremo o del Consejo Electoral.

Los 27 han incorporado a 15 nuevas personas al listado de sancionados. Se trata de representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, como el secretario general, Antonio Meneses Rodríguez, el vicepresidente, Carlos Enrique Quintero, entre otros, del poder judicial, entre ellas la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Beatriz Rodríguez; y de las fuerzas de seguridad. Kallas sostiene que son “individuos responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho o los derechos humanos en Venezuela” y que las sanciones no producen daño a la economía o al pueblo de Venezuela.

En términos similares se expresan las autoridades de EEUU. “Desde las elecciones del año pasado, Maduro y sus asociados han continuado sus acciones represivas en Venezuela”, dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith: “Estados Unidos, junto con nuestros socios afines, se solidariza con el voto del pueblo venezolano por un nuevo liderazgo y rechaza la fraudulenta pretensión de victoria de Maduro”.

Las sanciones, no obstante, varían ligeramente, aunque también las justifica en la “represión” y el proceso electoral. EEUU incluye al presidente de la empresa estatal petrolera, Héctor Andrés Obregón Pérez; el ministro de Transportes, Ramón Celestino Velásquez; el viceministro de Interior, Félix Ramón Osorio Guzmán, Félix Ramón Osorio Guzmán; entre otros altos cargos.

El anuncio del Gobierno saliente de Biden llega al tiempo que el presidente electo de EEUU, Donald Trump, haya exigido que los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, a los que define como “luchadores por la libertad”, sigan “vivos y a salvo”

“La activista venezolana por la democracia, María Corina Machado, y el presidente electo (Edmundo) González están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano mientras cientos de miles de personas protestan contra el régimen”, ha escrito Trump en un mensaje en su red social, Truth Social. “¡No se debe perseguir a estos luchadores por la libertad, tienen que seguir vivos y a salvo!”, añade Trump.

En su mensaje, el líder republicano afirma que “la gran comunidad venezolana en Estados Unidos apoya de manera abrumadora una Venezuela libre” y asegura que en las elecciones estadounidenses le respaldaron a él.

Este sábado, la opositora María Corina Machado ha agradecido al presidente electo de EEUU su mensaje en una publicación en español y en inglés en la red social X. Machado califica la ayuda de Trump de “apoyo inquebrantable a la lucha” de la oposición venezolana y llega a afirmar que la “preocupación oportuna y decisiva” de Trump por su seguridad fue “un punto de inflexión.

Venezuela ha despejado la incertidumbre de qué podría ocurrir este 10 de enero, y ahora se adentra en un nuevo tiempo con interrogantes por despejar: ¿La nueva administración de Trump aplicará una política dura en consonancia con su tono y hasta dónde llegará? ¿Qué pasará con la oposición, tras la operación fallida de investir a González Urrutia este viernes y tras la experiencia de líderes pasados? ¿Qué pasará con el chavismo, después de 12 años sin Chávez y ahora que Maduro entra en su tercer sexenio?

De momento, Maduro ha revalidado su mandato ante una oposición que no ha podido cumplir con la anunciada investidura de su líder electoral, Edmundo González Urrutia en Venezuela.

Nicolás Maduro resiste a las presiones internas y externas y se mantiene en el poder pese a las dudas sobre su legitimidad. El mandatario venezolano, que asumió la presidencia en 2013, ha jurado este viernes el cargo y se asegura un tercer mandato hasta 2031 —tras una victoria electoral cuestionada dentro y fuera de Venezuela—.

Sin embargo, la crisis política e institucional venezolana se agravó en 2015, cuando el partido en el Gobierno perdió el control de la Asamblea. Desde entonces, Venezuela lleva una década inmersa en una crisis política en la que ha habido una autoproclamación, un intento de levantamiento militar, manipulación de la ayuda humanitaria, duplicidad institucional, sanciones, exilio y unos resultados electorales en duda.

2013: victoria y auditoría de actas

Maduro se convirtió en presidente de Venezuela tras ganar unas ajustadas elecciones presidenciales en 2013 contra Henrique Capriles convocadas tras la muerte de Hugo Chávez. Con una participación masiva de alrededor del 80%, Maduro ganó por una diferencia de 224.268 votos (1,49 puntos).

Sin embargo, Capriles dijo que no reconocía los resultados y que incluso él era el ganador, solicitando una auditoría de las actas. Los venezolanos emiten el voto de manera electrónica, pero las máquinas proporcionan un ticket que posteriormente el votante introduce en una urna. El recuento oficial se hace a través de los datos transmitidos al Consejo Nacional Electoral (CNE) por las máquinas, pero paralelamente se abre un porcentaje de esas urnas por todo el país para realizar una doble comprobación. La oposición pidió abrir el 100% de las urnas frente al 53% programado. El CNE aceptó y la revisión mostró una coincidencia del 99,98% con los datos oficiales. También se realizó una auditoría de huellas para descartar votos duplicados.

“El sistema electoral automatizado funcionó de acuerdo a lo que se esperaba a la hora de transmitir y contar los votos”, concluyó el informe de misión electoral del Centro Carter pese a las denuncias de Capriles. Un año antes, en 2012 aseguró que “de las 92 elecciones monitoreadas, el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”. El informe sí detectó desigualdades durante la campaña entre el Gobierno y la oposición. 

2015: empieza la batalla

En las elecciones legislativas de 2015, Maduro pierde el control de la Asamblea Nacional. Dos años más tarde, el Tribunal Supremo deja sin competencias a la Cámara y el Gobierno crea la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el objetivo de redactar una Constitución.

Considerando que el objetivo del presidente era tener una cámara legislativa controlada por el Gobierno tras haber perdido el control de la oficial, la oposición no participó en las elecciones de la ANC y la Constituyente asumió las competencias legislativas. Ambos órganos, uno controlado por el Gobierno y otro por la oposición estuvieron operativas lanzándose acusaciones cruzadas sobre su legitimidad. 

En diciembre de 2020, el Gobierno recupera el control de la Asamblea Nacional en unas elecciones marcadas por el boicot de la oposición y una elevada abstención (con una participación 40 puntos más baja que en 2015). Tan solo unos días después, el Ejecutivo disuelve la Asamblea Nacional Constituyente sin haber cumplido su objetivo inicial de reformar la constitución.

2019: Operación Guaidó

La Asamblea Nacional Constituyente aprobó en enero de 2018 un decreto convocando elecciones anticipadas presidenciales –el mandato de Maduro acababa en 2019–. La oposición boicoteó los comicios y Maduro arrasó con casi el 68% de los votos (aunque recibió más de un millón de votos menos que en 2013). 

A diferencia de las presidenciales anteriores, cuando hubo un 80% de participación, esta vez solo votó el 46% de los electores, la cifra más baja en décadas. La UE y EEUU denunciaron el proceso electoral. “No ha cumplido los mínimos estándares internacionales para un proceso creíble”, afirmó la alta representante.

La Asamblea Nacional, todavía controlada por la oposición, no reconoce las elecciones de 2018 y en enero de 2019 considera que el mandato de Maduro ha terminado. En una operación conjunta con Washington, el que era presidente de la Asamblea, el opositor Juan Guaidó, se autoproclama presidente del país. Una cascada de países, entre ellos la mayoría de la UE, sigue la estela de EEUU para intentar derrocar a Maduro.

Maduro no cede y permanece en el poder. Guaidó, los EEUU de Trump y la Colombia del conservador Iván Duque lanzan entonces una nueva operación para derribar a Maduro. A través de una gran caravana de camiones con ayuda humanitaria desde Colombia intentan medir y romper el apoyo de las fuerzas armadas al Gobierno. Aquel 23 de febrero ardieron algunos de los camiones –EEUU culpó públicamente al Gobierno de quemar la ayuda humanitaria, pero después se demostró que fue un accidente provocado por los opositores que intentaban romper la barrera policial–. Por último, en abril la oposición lanza su última maniobra, también con el apoyo de EEUU, con un conato de levantamiento militar que acabó en fracaso.

Mientras tanto, el Gobierno de Trump impuso una batería de sanciones que asfixió la economía venezolana: sufrió una contracción del 19,7%, 27,7% y 30% en 2018, 2019 y 2020 respectivamente.

 2023: Acuerdo de Barbados

La operación Guaidó se hundió fracaso tras fracaso. Con el cambio de Administración, Joe Biden apostó por la negociación y presionó, por un lado, para que el Gobierno de Maduro aceptase celebrar unas elecciones justas y que la oposición, por otro, volviese a la vía institucional. Ambas partes firmaron el Acuerdo de Barbados para la celebración de unas elecciones justas en 2024 y, a cambio, EEUU levantó las sanciones que, según el think tank del Congreso de EEUU, “han exacerbado la crisis económica y humanitaria” en el país.

Cuando Biden alivió las sanciones en 2022, la economía venezolana creció un 6%. Los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot calificaron esta ronda de sanciones como un “castigo colectivo ilegal contra la población civil”. “Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto de adultos como de y niños) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país debido al empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación”, escribieron.

Tras la inhabilitación de María Corina Machado, principal líder opositora, EEUU consideró que Maduro estaba incumpliendo el Acuerdo de Barbados y volvió a imponer sanciones, aunque dejando una puerta abierta para que algunas empresas puedan seguir haciendo negocio en Venezuela.

2024: victoria cuestionada

En julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral anuncia la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones con una participación del 58%. Según datos oficiales, el presidente habría obtenido un 51,9% de los votos (algo más de seis millones) frente al 43,18% de su rival Edmundo González. Sin embargo, el CNE, alegando un ataque cibernético, no desglosa los resultados por mesa y tampoco muestra las actas.

El Centro Carter, invitado una vez más como observador electoral tal y como estaba previsto en el Acuerdo de Barbados, concluyó que: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. “El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, añadió.

Maduro criticó duramente al Centro Carter, acusándolo de redactar el informe antes de las elecciones, pero tan solo una semana antes de los comicios, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino, recibía a los observadores y señalaba que su visita era muy gratificante. “Le damos la bienvenida al Centro Carter, que tiene un prestigio ganado en todo el mundo y no solamente en tareas de elecciones, sino incluso de democracia y soluciones de conflictos”, señaló el ministro. “Por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia es por la cual el CNE los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio”, añadió.

La oposición dice haber conseguido un alto porcentaje de las actas originales que emiten las máquinas de votación y que, según las mismas, Maduro ha perdido las elecciones. La jefa de la misión del Centro Carter, Jennie Lincoln, dice haber revisado los números de la oposición sostiene que Edmundo González ganó “con más del 60%”. También descartó la posibilidad de un ataque: : “Empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio y no hubo una esa noche. La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital, y no por computadora. No han perdido data”.

Por su parte, la misión de observación de la ONU, también establecida en el Acuerdo de Barbados, criticó la falta de transparencia en el recuento: “El anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas”.

Mientras tanto, la misión de investigación de la ONU en Venezuela “ha determinado que el aparato represivo sigue totalmente operativo”. “Entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron al menos a 56 activistas de la oposición política, 10 periodistas y un defensor de los derechos humanos. Quienes ordenan detenciones arbitrarias e imposición de tortura u otros malos tratos, así como quienes las llevan a cabo, tienen responsabilidad penal individual”, declaró la semana pasada uno de sus miembros.

Nicolás Maduro, durante su discurso inaugural tras jurar por tercera vez el cargo de presidente de Venezuela ante la Asamblea Nacional, lanzó un mensaje directo “al imperialismo y al colonialismo”, para lo que trató de utilizar la lengua de Shakespeare, aunque con un resultado podríamos decir que cuestionable.

“Era la joya de la corona”, estaba afirmando Maduro acerca de Venezuela cuando, dirigiéndose al público, preguntó: “¿Cómo se dice en inglés la joya de la corona?”

Con ayuda de uno de los asistentes, que gritó “jewell”, el presidente venezolano se lanzó al inglés para decir: “La joya de la corona. Los imperialistas. Estados Unidos y Europa —y ya volviendo al español, aunque con un esmerado acento estadounidense— están derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada”.

Enardecido por los aplausos del público asistente, que se puso en pie, Maduro continuó, ya con su habla habitual: “Por donde salga, saldremos. Como la quieran, la queremos. Somos guerreros y siempre nosotros venceremos en las circunstancias que nos toquen, donde nos toque y como nos toque”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves “desde la izquierda política” que “el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, tras ser informado de la detención de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado durante una concentración en Caracas, un día antes de la toma de posesión presidencial. 

“Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana (...) tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno”, declaró desde la sureña ciudad de Concepción el jefe de Estado chileno, quien no refirió con más detalle a la detención de Corina Machado por no contar con todos los antecedentes.

“En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como Gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela”, subrayó Boric, en alusión al retiro definitivo de su entonces representante diplomático en Venezuela, Jaime Gazmuri, y a la decisión de no enviar representantes a la investidura de Maduro, cuyo triunfo en las presidenciales fue otorgado por el ente comicial venezolano. 

“No reconocemos el fraude electoral que perpetuó el Gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él”, agregó el mandatario chileno. 

Maduro ordenó la salida de la diplomacia chilena de Venezuela después de que Boric criticara el proceso electoral y no lo reconociera como ganador en las presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por un polémico conteo de votos que varios países y representantes políticos acusaron de fraudulento, entre ellos el propio candidato opositor, que reivindica su victoria. 

Petro replica al Gobierno venezolano

El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este jueves al ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, que el Frente Popular Democrático, plataforma de la que hace parte el excandidato presidencial Enrique Márquez, no es “una organización delincuencial”.

“El Frente Democrático Popular de Venezuela no es una organización delincuencial y es movimiento fraterno del progresismo colombiano. Sus miembros están siendo detenidos”, manifestó Petro en un mensaje en la red social X. 

El mandatario colombiano respondió así a Cabello que lo criticó por apoyar a Márquez, de quien el ministro dijo que es “parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela”.

“Aquí no hay ángeles y menos en los opositores, para los que andan defendiéndolo, ¿oíste, (Gustavo) Petro? Defiéndelo, (...) Puede ser tu amigo, pero es un delincuente”, expresó Cabello. 

En los últimos dos días, Petro condenó la detención de Márquez, a quien se refirió como “amigo” suyo, y abogó por “la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas” en Venezuela.

Incluso el Gobierno colombiano pidió este jueves respetar los derechos de la oposición, incluidos los de María Corina Machado, y expresó su “profunda preocupación y rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos”. 

“Las detenciones de Carlos Correa, Enrique Márquez y el acoso sistemático a líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, llevan al Gobierno colombiano a reiterar el llamado a las autoridades venezolanas a que se respeten integralmente sus derechos”, expresó la Cancillería en un comunicado. 

Cabello vinculó a Márquez con un funcionario del FBI de Estados Unidos que, según las autoridades nacionales, fue detenido el martes en Venezuela con otros seis extranjeros a los que el Gobierno de Nicolás Maduro señala como “mercenarios”, entre ellos también un militar estadounidense, dos colombianos y tres ucranianos.

Márquez, también exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exdiputado, exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de julio, y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial.

“Ante la información de la detención de María Corina Machado trasladamos nuestra total condena y nuestra preocupación”. Así se expresa el Gobierno de España en un comunicado emitido este jueves por la noche.

El comunicado, difundido por el Ministerio de Exteriores,  también “condena la detención de Rafael Tudares, Carlos Correa y Enrique Márquez y el resto de presos políticos”.

“La integridad física y la libertad de expresión y manifestación de todos, especialmente la de los líderes políticos opositores, debe ser protegida y salvaguardada”, concluye el texto.

María Corina Machado ha reaparecido en Caracas este jueves. Y lo ha hecho con mucha confusión. Su partido, Vente Venezuela, denunció este jueves que la líder opositora fue “violentamente interceptada” tras su salida de la protesta que convocó este jueves para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales. “Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban”, indicó Vente Venezuela en la publicación, sin ofrecer mayores detalles.

Un par de horas después, en otra comunicación en X el equipo de la líder opositora afirmaba encontrarse en libertad: “Saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada. En las próximas horas ella se dirigirá al país para explicar los hechos”.

El Gobierno venezolano difundió un vídeo publicado por Telesur en el que la propia Machado afirmaba encontrarse en libertad.

“Yo aconsejaría a la desquiciada que busque un oficio y se ponga a trabajar antes que la locura la consuma”, afirmaba la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez: “¿A quién se le ocurre montar semejante show para tapar el estruendoso fracaso de su convocatoria el día de hoy? La desquiciada no necesitó micrófono para hacerse oír. Con un pitillo era suficiente ante tan pobre asistencia. El ridículo mundial no alcanzó sus anhelos. Con ella arrastró a medios, redes. Dan risa”.

El candidato de la oposición, Edmundo González, había declarado en X: “Como presidente electo, exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo: no jueguen con fuego”.

María Corina Machado ha reaparecido en Caracas. Y lo ha hecho con mucha confusión. Su partido, Vente Venezuela, denunció este jueves que la líder opositora fue “violentamente interceptada” tras su salida de la protesta que convocó este jueves para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales. “Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban”, indicó Vente Venezuela en la publicación, sin ofrecer mayores detalles.

Un par de horas después, en otra comunicación en X el equipo de la líder opositora afirmaba encontrarse en libertad: “Saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada. En las próximas horas ella se dirigirá al país para explicar los hechos”.

 Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, ha dicho: “Ella está loca porque nosotros la capturemos, y ese era el plan de ella: decir que fue capturada, para ver qué puede levantar. No generó nada, y al ver que no generó nada, grabó con el rabo entre las piernas un video diciendo que está bien, que se le perdió su cartera azul. ¡Un invento, una mentira! ¡Ya basta de mentiras contra el país y nuestro pueblo!”.

El Gobierno venezolano difundió un vídeo publicado por Telesur en el que la propia Machado afirmaba encontrarse en libertad.

“Yo aconsejaría a la desquiciada que busque un oficio y se ponga a trabajar antes que la locura la consuma”, afirmaba la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez: “¿A quién se le ocurre montar semejante show para tapar el estruendoso fracaso de su convocatoria el día de hoy? La desquiciada no necesitó micrófono para hacerse oír. Con un pitillo era suficiente ante tan pobre asistencia. El ridículo mundial no alcanzó sus anhelos. Con ella arrastró a medios, redes. Dan risa”.

El candidato de la oposición, Edmundo González, había declarado en X: “Como presidente electo, exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo: no jueguen con fuego”.

Fuentes del ministerio de Exteriores español han declarado: “Ante la información de la detención de María Corina Machado trasladamos nuestra total condena y nuestra preocupación. También por la detención de Rafael Tudares, Carlos Correa y Enrique Márquez y el resto de presos políticos. La integridad física y la libertad de expresión y manifestación de todos, especialmente la de los líderes políticos opositores, debe ser protegida y salvaguardada”.

Machado había reparecido 24 horas antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro y después de 133 días sin dejarse ver en público. Sobre ella pesa una orden de captura por conspirar contra el Gobierno de Maduro, a raíz de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado no reconoce la UE, entre otros, por la ausencia de actas electorales que corroboren el resultado de los comicios.

La principal líder opositora en el país ha participado en una de las concentraciones de protesta contra la investidura de Maduro que se han celebrado en Venezuela y también fuera del país, como es el caso de Bruselas, Roma o Madrid, en Europa.

La otra incógnita de estos días es si finalmente intentará entrar en Venezuela el líder opositor Edmundo González, que pidió asilo en España y lleva unos días de gira latinoamericana para recabar apoyos para convertirse en presidente del país.

En su última aparición pública, Machado salió a manifestarse para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio, unos comicios que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó a Nicolás Maduro sin publicar las actas electorales. 

Más de cuatro meses después, y a un día de la toma de posesión presidencial de Maduro que también reivindica Edmundo González Urrutia, Machado se presentó en la calle para reclamar la victoria opositora en las elecciones del pasado 28 de julio. “Nunca en mi vida me había sentido tan orgullosa. En toda Venezuela la gente salió a la calle”, dijo, al llegar al lugar en donde la esperaban sus seguidores. “No tenemos miedo”, gritó Machado. 

La líder opositora manifestó que los miembros del Gobierno “se han quedado solos internacionalmente”, a lo que los manifestantes respondieron al unísono con el grito de “libertad”. 

Machado había llamado a los simpatizantes opositores a mantenerse concentrados en “toda Venezuela”, con “serenidad y firmeza”, y manifestarse por la “lucha” y “conquista” de la “libertad”, y con “la misma energía” del 28 de julio.

El trumpismo advierte

“Hoy, Estados Unidos está con María Corina Machado mientras lidera a millones de venezolanos en protesta contra el brutal régimen chavista de Nicolás Maduro”, ha afirmado la cuenta republicana de la comisión de Exteriores del Congreso de EEUU: “Mientras Edmundo González se prepara para regresar a Venezuela, advertimos a Maduro y a sus matones de que Estados Unidos está observando y que, al igual que Venezuela, pronto estará bajo un liderazgo nuevo y más fuerte. Cuando el presidente Trump asuma el cargo, los días de apaciguamiento habrán terminado”.

El chavismo se moviliza

En paralelo a las protestas de la oposición, simpatizantes chavistas se concentran este jueves en varios puntos de Caracas en apoyo a la jura de Nicolás Maduro, prevista para este viernes 10 de enero. 

El chavismo instaló tarimas en varias avenidas de Caracas para congregar a sus militantes, que acuden al llamamiento en defensa de Maduro, quien también contará el 10 de enero con alrededor de 1.200 delegados de 100 países que participarán en el 'Gran Congreso Internacional Antifascista', según informaron fuentes oficiales. 

Entre martes y miércoles se instaló un campamento que concentró a 10.500 pescadores, campesinos y comuneros que llegaron de todo el país, también en apoyo al mandatario, de cara a la investidura, según informó este jueves a Venezolana de Televisión el ministro de Agricultura y Tierras, Menry Fernández.

Para el 10 de enero, el chavismo también convocó a una serie de marchas y otras actividades para “llenar” una decena de avenidas de Caracas y en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, todos fronterizos con Colombia, así como en la región insular de Nueva Esparta. 

En el día fijado para la toma de posesión presidencial, Maduro estará acompañado por todo el Poder Judicial y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según confirmaron la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Caracas permanece con despliegues militares y policiales, que se han ido incrementando en los últimos días, así como con numerosos controles en las entradas a la capital.

España no estará presente en la toma de posesión de Nicolás Maduro. El próximo 10 de enero está previsto que asuma la reelección el presidente venezolano, después de las elecciones del pasado 28 de julio, cuyo resultado no ha sido reconocido por España y el resto de países de la UE, en línea con los observadores de Naciones Unidas y la Fundación Carter, por la ausencia de actas electorales que corroboren el pronunciamiento del Centro Nacional Electoral venezolano.

Así, fuentes del ministerio de Exteriores han confirmado este miércoles que no acudirá ningún representante del Gobierno español a la ceremonia de este viernes, en sintonía con la posición común de la UE, que pasa por no reconocer el resultado electoral del 28 de julio pero tampoco la victoria del líder opositor, Edmundo González, a quien sí le han reconocido como presidente electo países como Argentina o EEUU, y resoluciones parlamentarias aprobadas en el Congreso de los Diputados y la Eurocámara, por ejemplo.

Una vez haya asumido la reelección Nicolás Maduro, se espera una reacción de los 27 Estados miembros de la UE a través de un comunicado, más allá de lo que exprese cada Gobierno, en tanto que la política exterior es competencia de cada país, y queda pendiente ver si se ponen o no en marcha sanciones comunitarias como ha ocurrido en el pasado con miembros del Ejecutivo venezolano.

El colombiano Petro tampoco va a Caracas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, crítico con el proceso electoral venezolano por la ausencia de datos públicos que ratifiquen los resultados anunciados por el organismo electoral del país, ha counicado este miércoles que no acudirá a la toma de posesión de Maduro a raíz de las detenciones recientes de defensores de derechos humanos en Venezuela.

“Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”, ha dicho Petro en X: “La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados. En Europa, en Venezuela y en los EEUU. Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos. [...]. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela. Las fuerzas progresistas de Colombia mantendrán su relación de colaboración y amistad con todas las fuerzas progresistas de Venezuela en procura de una gran dialogo político y social que lleve a la paz a toda la región y prevenga la violencia. La libertad de los pueblos es el objetivo de cualquier progresismo. No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas [...]. Solicitamos la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas”.

España tampoco acudió a la toma de posesión de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, si bien aquella negativa tuvo que ver con la tensión diplomática por el rechazo del Ejecutivo español y del rey Felipe VI a responder al presidente mexicano anterior, Andrés Manuel López Obrador, quien había solicitado por carta al monarca que España pidiera perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista de México.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha hecho público este domingo un críptico mensaje en la red social X (antes Twitter) en “vísperas de Navidad” y acompañado de un audio en el que hace un llamamiento a los venezolanos y “especialmente a la familia militar y policial” a que “cada uno” haga su parte.

Para ello se ha dirigido a los familiares de militares y policías para que presionen a los funcionarios públicos venezolanos del ámbito de la seguridad y la Defensa a que “sirvan con lealtad y coraje a la nación”. “[Pido] que le digas que no está solo y que hay un país entero que hoy lo necesita, un país que lo ha dado todo por un cambio hacia el futuro de unión y prosperidad que, como pueblo, nos merecemos”, afirma en el audio de casi cinco minutos que acompaña a este mensaje.

“Estamos a un paso, a un solo paso de completar este largo y difícil camino que nos lleva de regreso a casa, donde finalmente volveremos a abrazarnos todos. El único muro que nos separa de ese final anhelado es que tú, ciudadano militar, y tú, policía, pierdas todo temor a hacer lo que te corresponde. Lo que tú, en el fondo de tu corazón, sabes que debes hacer”, continúa Machado en este mensaje.

Dirigiéndose a las fuerzas de seguridad, insiste en que sus “brazos no fueron hechos para ejecutar la maldad” que “ordenan corruptos y malvados”, sino para “servir con orgullo, proteger y abrazar” al pueblo.

La exdiputada inhabilitada por la justicia venezolana hace público este mensaje a apenas 19 días de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente y mientras el candidato opositor Edmundo González Urrutia, que ha sido reconocido como presidente electo por EEUU, asegura que asumirá el poder para el período 2025-2031.

El bloque antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que Maduro fue proclamado mandatario reelecto de manera “fraudulenta”, por lo que reclama que la victoria es de su candidato. Pese a las peticiones al Gobierno y a las instituciones venezolanas para que se hagan públicas las actas electorales, la Justicia del país caribeño ha dado por cerrado el recuento en el que se dio por vencedor a Nicolás Maduro.

El Ministerio de Defensa reitera el compromiso de las Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reiteró este domingo el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para defender la paz e integridad del país caribeño.

A través de Instagram, el ministro llamó a continuar la “perfecta fusión popular-militar-policial” para construir “la senda de prosperidad, bienaventuranza y desarrollo” que merece Venezuela.

Padrino, quien ha reiterado en diversas ocasiones su lealtad a Nicolás Maduro, informó este sábado de que el ejército acompañará a Nicolás Maduro el próximo 10 de enero en la toma de posesión para el siguiente periodo presidencial. “Nosotros los soldados (...) sabemos y estamos conscientes de la gran responsabilidad que significa cuidar los decretos de la soberanía popular”, manifestó.

La Unión Europea ha acordado imponer nuevas sanciones a Venezuela para elevar la presión sobre Nicolás Maduro a las puertas del 10 de enero, la fecha en la que está previsto que el vencedor de las elecciones del pasado 28 de julio tome posesión del cargo. La Unión Europea y otros países, como Estados Unidos, no han reconocido los resultados de esas elecciones en las que se dio por ganador a Nicolas Maduro, pero la comunidad internacional exige la publicación de las actas electorales que, según la oposición, demuestran la victoria del aspirante de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González.

Según ha adelantado Europa Press, la UE ha decidido engrosar la 'lista negra' de sancionados con 15 personas por la negativa a que se produzca una transición transparente en el poder en Venezuela. Se sumarán a las 55 personas, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez o el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, sobre las que ya pesan medidas restrictivas, que incluyen, entre otras cosas, la prohibición de pisar suelo europeo. No obstante, en este caso no entrarán en vigor hasta el 10 de enero.

La UE sube así la presión sobre Maduro, pero no da el paso de reconocer a Edmundo González como vencedor de los comicios, como sín han hecho Estados Unidos o, dentro del club comunitario, Italia. Una de las reclamaciones de la oposición es precisamente que se produzca ese reconocimiento como presidente electo. “Siempre hay la posibilidad de dar más y siempre hay la posibilidad de un reconocimiento completo. Lo han hecho algunos países y esperamos que otros se sumen a eso”, expresó recientemente González en una entrevista con elDiario.es preguntado por si le exigía al Gobierno de Pedro Sánchez ese reconocimiento.

González aseguró en Estrasburgo que le transmitiría esa petición de nuevo al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con quien se ha reunido este viernes. No obstante, su intención es poner rumbo a Venezuela. “A partir del 10 de enero aspiramos a estar en Venezuela”, señaló en esa entrevista González, que explicó que su retorno estaba pendiente de “hacer arreglos administrativos y prácticos”.

El candidato opositor se encuentra exiliado en España desde el mes de septiembre. Su salida de Venezuela, pactada con el Gobierno de Maduro, se produjo alegando una persecución judicial.

El Gobierno ya le ha concedido el asilo según ha anunciado Albares tras reunirse con él. Según ha explicado el ministro antes de comparecer ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, el estatuto de asilo que González solicitó tras ser trasladado desde Caracas por un avión de la Fuerza Aérea española el pasado 8 de septiembre “ya ha sido concedido y se le va a notificar en los próximos días”.

Albares ha precisado que el candidato de la oposición a las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, con el que se ha reunido por segunda vez desde que llegó a España, “tiene total libertad de desplazamiento para poder entrevistarse con quien desee”.

Según ha indicado, han tenido “un desayuno de trabajo muy cordial”, pero no ha querido aclarar si durante el mismo han abordado los planes expresados públicamente de González de regresar a Venezuela para tomar posesión el próximo 10 de enero, toda vez que las actas electorales publicadas por la oposición le dan como ganador pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Estados Unidos ha reconocido este martes públicamente al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. Se trata de la primera vez que la Administración Biden respalda al opositor González como “electo”, aunque ya le había señalado como vencedor de los comicios ante Nicolás Maduro.

“El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, ha dicho el secretario de Estado, Antony Blinken, en redes sociales.

La Administración de Joe Biden reconoció el pasado 1 de agosto a González como el ganador de los comicios, pero había evitado hasta ahora declararlo “presidente electo” de Venezuela. Este pronunciamiento por parte del responsable de la diplomacia estadounidense llega poco después de la victoria de Donald Trump, que relevará en el cargo a Joe Biden en la Casa Blanca en dos meses y puede aplicar una política exterior distinta en sus relaciones con Venezuela.

Según una fuente de la Administración estadounidense consultada por EFE, la designación no implica que EEUU reconozca a González Urrutia como presidente venezolano, pero sí recalca su postura de considerarlo como el ganador de las elecciones. Además, añade que la razón por la que el Gobierno de Biden ha decidido emplear este término está relacionada con la inminencia de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato, prevista para el 10 de enero.

El pasado mes de septiembre, España, EEUU y otros 30 países afirmaron que Edmundo González había logrado “la mayoría de los votos” en Venezuela según “los datos disponibles”. En aquella declaración, las diferentes naciones llamaron a una “transición para resolver el impás político del país y restaurar las instituciones democráticas”, si bien no llegaron a reconocer a Edmundo González como “presidente electo”.

Aunque EEUU ha evitado hasta ahora declarar vencedor a González, el pasado mes de octubre el Centro Carter, que ha ejercido de observador internacional en los comicios, publicó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) las supuestas actas de votación originales que darían la victoria al líder opositor.

El hecho de que el régimen de Maduro declarara al mandatario como vencedor poco después de las elecciones desató una oleada de protestas en el país y centenares de ciudadanos fueron detenidos. La negativa de la justicia venezolana a publicar las actas con los resultados oficiales, junto con la versión de la oposición, que aseguraba que las copias de las actas obtenidas daban la victoria a González, ha llevado a la comunidad internacional a pedir la publicación de las actas para conocer definitivamente el resultado.

La presión del régimen chavista, que llegó a lanzar una investigación judicial contra González, llevó a este a solicitar asilo político en España, que fue concedido finalmente por el Gobierno de Pedro Sánchez. En respuesta, el Parlamento de Venezuela instó a Maduro a romper “todas las relaciones” con nuestro país, desatando una crisis diplomática entre ambas naciones.

Varias ONG de Venezuela y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han informado este sábado que continúan las excarcelaciones en varios centros penitenciarios de decenas de personas consideradas como “presos políticos”. Se trata de ciudadanos que fueron detenidos tras las protestas contra el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó al actual mandatario, Nicolás Maduro, como el ganador.

“Hoy, estos inocentes están bajo el abrazo de sus madres y familiares que lucharon valientemente sin rendirse, para que fueran liberados. Nunca debieron estar presos y deben salir todos con libertad”, ha declarado el exgobernador Henrique Capriles en X. Capriles ha asegurado también que todavía quedan “muchos detenidos por la única razón de ser opositores” y ha emplazado a las agrupaciones a “seguir siendo la voz de los que permanecen tras las rejas, pasando los momentos más difíciles de sus vidas”.

El expresidente del CNE Andrés Caleca ha compartido su alegría por los liberados y sus familias, al tiempo que indicó sentir una “gran indignación” por los que aún están en prisión. “Ni agradecimiento, ni perdón. Al encarcelarlos, violaron derechos constitucionales, el debido proceso, los derechos humanos y varias leyes de la república”, ha manifestado en X.

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, ha pubilcado en Instagram que en el centro penitenciario del estado Aragua (norte), conocido como Tocorón, han sido liberados 50 jóvenes adultos, con medidas cautelares. “Hay que recordar que en Tocorón hay más de 900 presos políticos por situación postelectoral”, ha añadido.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha señalado en X que en la cárcel del estado Carabobo (norte), conocido como Tocuyito, han sido liberadas unas 14 personas, que se suman así a las 10 que habían sido excarceladas de la cárcel de San Francisco de Yare, en el estado Miranda (norte), la mañana de este sábado.

Además, la ONG Fundehullan ha compartido una fotografía de Luis Alarcón, un joven de 22 años que padece diabetes y que fue uno de los liberados de la cárcel de Tocorón.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) también ha confirmado en X la liberación de presos del Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en el estado Miranda, sin precisar una cifra La organización sí ha indicado que las mujeres liberadas recibieron medidas cautelares.

El viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho pidió ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, una cifra que, según el Ejecutivo venezolano, asciende a 2.400 personas.

Saab ha explicado en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que esta decisión se tomó “luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios” y en coordinación con los tribunales.

Varias ONG y partidos opositores han identificado a cerca de 1.850 personas aprehendidas tras las presidenciales, en protestas contra la reelección de Maduro o en operativos policiales, entre ellas 69 menores de edad, así como decenas de mujeres y militares, casi todos señalados por delitos como terrorismo y conspiración.

El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia se ha reivindicado este viernes desde La Toja como “presidente electo” en el proceso electoral del pasado 28 de julio, como reclama la oposición y han rechazado el gobierno, el Consejo Electoral o los tribunales de Venezuela, y ha puesto los 'Pactos de la Moncloa' de la transición española a la democracia como ejemplo para recuperar la normalidad institucional del país caribeño. Además, ha asegurado que volverá a su país para la toma de posesión prevista el 10 de enero.

“Voy a regresar lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en el país. El 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro a que la voluntad popular de ocho millones de venezolanos se acredite ese día”, ha aseverado Edmundo González, quien incluso ha llegado a bromear al respecto: “Si el presidente Maduro adelantó la Navidad, no sería raro que yo pueda adelantar mi regreso también”.

González Urrutia ha subrayado durante su intervención en el Foro La Toja, organizado por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y que se celebra en la localidad pontevedresa de O Grove, el valor de los acuerdos de gobernabilidad suscritos en Venezuela en 1958, que “aseguraron un clima de amplias libertades políticas y económicas”.

“[Ustedes] tuvieron un marco de referencia para el diseño del Pacto de la Moncloa de 1977, o para dar soporte, en el caso de Chile, a partir de 1990, a la experiencia de la concertación democrática. Nada menos que eso quisiéramos los venezolanos sentir en este momento y, por tanto, que en prenda de retribución nuestra comunidad iberoamericana pudiera aportar su apoyo en términos enérgicos y efectivos para que nuestro país logre transitar de nuevo hacia la normalidad institucional”, ha argumentado.

Además, ha insistido en que su salida del país es “temporal”, destacando su papel actual de “vocero y gestor de cuantas acciones y diligencias puedan estar con el fin de motorizar la solidaridad española, y por extensión del resto de Europa, con la causa democrática venezolana”.

“Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, ocho millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional”, ha expresado González, que se ha reivindicado como ganador de las elecciones presidenciales de julio dos días después de que el Centro Carter haya presentado ante la OEA las actas electorales que le darían la victoria.

Después de señalar que su tarea es “compleja y exigente”, ha defendido que más de dos meses después de las elecciones presidenciales en el país, “el mundo conoce y reconoce las actas originales”: “Porque las hemos mostrado de manera transparente”. A su vez, González ha denunciado que la respuesta del “régimen” de Nicolás Maduro “ha sido un alarmante saldo de fallecidos, perseguidos, presos políticos, tanto cuadros juveniles como destacados dirigentes de la oposición, como María Colina Machado, algo ante lo cual no puede ser indiferente ningún pueblo del mundo”.

“No hay dos Venezuelas, hay una sola. La democrática, avalada por millones de votos obtenidos el 28 de julio pasado. No hay dilema. Lo que queremos, lo que anhelamos, es dejar atrás el personalismo y la improvisación, así como la intolerancia y la persecución a mansalva de otros venezolanos”, ha señalado el venezolano, que pide “recuperar la institucionalidad” y “recobrar el valor del diálogo y la convivencia” para reconstruir “la imagen” del país.

Edmundo González ya ha solicitado asilo político en España

El candidato opositor venezolano Edmundo González ha solicitado formalmente asilo político esta semana en España, según ha anunciado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ante la Comisión de Exteriores del Congreso.

Tras afear “el uso partidista y politiquero que algunos hacen de la dramática situación que vive el pueblo venezolano”, Albares ha esgrimido que la decisión de Edmundo González de solicitar asilo “ha sido personal y libre suya”, tal y como él mismo ratificó en un comunicado, y ha añadido que el Gobierno acogió a Edmundo González “como en el pasado acogió a Leopoldo López y tantos otros por razones humanitarias”.

En cuanto a la reclamación formulada tanto por el Congreso como por el Senado de que el Ejecutivo reconozca a González como presidente electo de Venezuela, como le ha recordado alguno de los portavoces, Albares ha incidido en que solo dos países han dado este paso hasta la fecha: Ecuador y Panamá; y ha animado al PP a que “se sume al consenso internacional” y la postura que también defiende hasta la fecha la UE.

Venezuela permite a España dar apoyo a los dos españoles detenidos

El ministro Albares ha anunciado también que el Gobierno venezolano ha autorizado que se pueda prestar atención consular a los dos españoles detenidos por su presunta implicación en un complot para desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro y del que la justicia de Venezuela acusa a la oposición y a los servicios secretos de España o Estados Unidos.

Hoy mismo, ha explicado el ministro, “Venezuela nos ha manifestado por nota verbal que podemos ejercer la oportuna protección consular” como se había venido reclamando desde que se conoció su detención. Albares ha dejado claro que realizará “todas las gestiones” a su alcance “para que cuanto antes estén donde siempre han tenido que estar, en nuestro país, con sus familias”. “No voy a escatimar esfuerzos en ello como no lo hice en su momento con Juana Ruiz, detenida en Israel, o con Ana Baneira y Santiago Sánchez, retenidos en Irán”, ha remarcado.

Albares ha dicho que ha trasladado al canciller venezolano, Yván Gil, que José María Basoa y Andrés Martínez Adasme “están injustamente retenidos” y que no da “ninguna credibilidad a los cargos que pesan contra ellos” así como que “no tienen ningún vínculo con ninguna institución pública española, mucho menos con el CNI”, como se señaló desde Caracas.

Es una declaración de una treintena de países sobre Venezuela firmada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. En ella, a la que se han adherido España, EEUU, Reino Unido, la UE y países latinoamericanos como Argentina, se recoge que “el candidato presidencial Edmundo González Urrutia según los registros electorales públicamente disponibles fue el más votado en las elecciones del 28 de julio”.

En el texto de la declaración, también se llama a una nueva etapa política en Venezuela. “Ahora es el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien conversaciones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes para resolver el impás político del país y restaurar pacíficamente las instituciones democráticas de acuerdo con la ley venezolana, así como la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio. Estamos con los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y para su país”.

La declaración aúna países que no reconocen la victoria de Nicolás Maduro y, por tanto, la otorgan más o menos tácitamente a Edmundo González –EEUU y los 27 de la UE–, así como otros que sí han dado el paso de considerar a Edmundo González “presidente electo”, como Argentina y República Dominicana.

“Treinta y un países nos hemos reunido al margen de la Asamblea General de la ONU para debatir la grave preocupación por la urgente situación en Venezuela y reiterar nuestro apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en ese país”, dice la declaración: “Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han pasado casi dos meses desde las elecciones y los llamamientos a la transparencia electoral tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional siguen sin respuesta. Los observadores electorales internacionales han documentado su grave preocupación por la transparencia y la integridad del proceso electoral, en particular por la negativa de la Comisión Nacional Electoral a publicar resultados detallados e independientemente verificables de los colegios electorales, como es preceptivo”.

El comunicado añade: “Seguimos profundamente preocupados por la represión generalizada y continuada, así como por los abusos y violaciones de derechos humanos denunciados tras las elecciones. Estos abusos incluyen detenciones y encarcelamientos arbitrarios (incluso de niños), muertes, denegación de garantías de un juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil. En el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición, una orden de detención por motivos políticos dictada el 3 de septiembre contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que según los registros electorales públicamente disponibles fue el más votado en las elecciones del 28 de julio, le obligó a abandonar el país”.

En este sentido, los 31 países piden “la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar pacíficamente sus opiniones políticas, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Pedimos que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, a la violencia política y al acoso contra la oposición y la sociedad civil”.

Y concluyen: “Pedimos el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente su mandato. Además, hacemos un llamamiento a Venezuela para que respete y cumpla con sus compromisos bajo el Derecho Internacional, particularmente como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, otorgando un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en la residencia oficial de la República Argentina y permitiéndoles salir del territorio venezolano”.

La Cámara Federal de Buenos Aires ha emitido una orden de detención y captura internacional contra Nicolás Maduro y uno de sus principales dirigentes, el vicepresidente Diosdado Cabello, al encontrarlos “responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de Venezuela”.

El fallo también afecta a más de treinta dirigentes, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia.

La decisión fue adoptada en una causa abierta a inicios de 2023 por una denuncia contra Maduro, presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido. 

Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol, para que ésta decida si interpone un pedido de alertas rojas. 

En un comunicado, el FADD –que integran políticos, académicos, periodistas, diplomáticos y defensores de derechos humanos argentinos– calificó de “histórica” la decisión adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

“La Justicia argentina ha dado un paso crucial en la lucha contra la impunidad de los dictadores”, afirmó la organización no gubernamental, que el pasado martes, junto con la Fiscalía, había solicitado al tribunal que librara las órdenes de captura.

“A partir de ahora, Maduro se ha convertido en un prófugo de la justicia y el mundo se ha vuelto cada vez más pequeño para quienes han cometido crímenes atroces”, resaltó por su parte Elisa Trotta, secretaria general del FADD.

La activista recordó que el Gobierno de Maduro también enfrenta una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

“Esta decisión de la Justicia argentina envía un fuerte mensaje al fiscal de la CPI, Karim Khan, de que ya es el momento de hacer lo que corresponde y avanzar con órdenes de captura internacional para poner fin a la impunidad en Venezuela. Se debe castigar a los responsables por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última década”, sostuvo Trotta.

El FAAD señaló que la decisión de la Justicia argentina se da una semana después de que la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de Hechos denunciara una “brutal represión” y una “violencia sin precedentes” en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. 

La Justicia venezolana busca a Milei

El fallo argentino contra Maduro llega 24 horas después de un fallo venezolano contra el presidente argentino, Javier Milei.

Así, un tribunal de Venezuela emitió este lunes una orden de detención “preventiva”, solicitada previamente por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por “robo agravado” y otros seis delitos relacionados al caso del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero. 

A través de un comunicado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó que, tras la solicitud del MP, se acordó la orden de detención contra Milei, así como contra la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El TSJ indicó que la orden de captura es por los presuntos delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación para delinquir”.

El pasado 18 de septiembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de la solicitud y tramitación de la orden de detención contra Milei -a quien abrió “una averiguación”- por el “robo” del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

El Ministerio Público anunció la asignación de dos fiscales especializados en la materia, “quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso”.

Saab también informó de la designación de un “fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes” contra Milei y Bullrich por “las acciones cometidas contra el pueblo argentino”.

“Podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, expresó.

El viernes, el Gobierno de Argentina dijo que no le importa “nada” las “pavadas” que diga el Ejecutivo “dictatorial” de Venezuela sobre Milei.

“Es todo una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión del avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país”, señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.

Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y “otros cabecillas del régimen”, ante “el agravamiento de la situación” tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abrir una “guerra sucia” y de hacer una “purga general” contra los medios de comunicación y jueces que le resultan “incómodos”, como si estuvieran en la “antigua Unión Soviética”. “Eso es fascismo”, ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios en Córdoba, después de que el pasado martes el Gobierno presentarse un Plan de Acción por la Democracia que ha sido criticado por los populares. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a acusar a Pedro Sánchez de buscar imponer la “censura”, algo que, según dijo, no se veía “desde Franco”.

Bendodo ha seguido esta línea hoy acusando a Sánchez de iniciar una “guerra sucia contra periodistas, jueces y contra todo lo que le es incómodo”. “Sánchez dice que va a luchar contra los bulos y contra los medios de comunicación fake y a él lo que le preocupa no son los medios de comunicación que dicen noticias falsas, sino los medios de comunicación que dicen la verdades sobre él y sobre su Gobierno y la corrupción que le rodea”, ha expuesto el dirigente popular.

Tras subrayar que lo que pretende hacer este Gobierno “recuerda a otros regímenes”, Bendodo ha afirmado que la regeneración en España “tiene que empezar por el entorno familiar, el Gobierno y la sede del partido de Pedro Sánchez”. A su entender, los demócratas no pueden “quedar callados”.

Bendodo cuestiona la actuación del Gobierno en el caso de Edmundo González

El vicesecretario del PP ha reclamado desde Córdoba “explicaciones” al expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras el “escándalo” que, en su opinión, se ha producido en la residencia del embajador español en Venezuela, donde se produjo una “nueva conexión” con el “régimen” de Nicolás Maduro para acordar la salida de aquel país de “la persona que ganó las elecciones” del 28 de julio, Edmundo González.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas, cuando ha tachado de “absoluto escándalo” lo que se está conociendo en torno a “esta nueva conexión con Venezuela”, y al respecto ha subrayado que el Ministerio de Exteriores “dijo que no había negociado nada con el régimen de Maduro y, sin embargo, uno de nuestros centros diplomáticos, es decir, la Embajada de España en Caracas, es donde se pactó la salida de la persona que ganó las elecciones”, en alusión a Edmundo González.

El dirigente del PP ha defendido que “el Gobierno de España debería liderar un frente internacional para facilitar el cambio político en Venezuela y deponer al dictador” Nicolás Maduro, y “no hacer todo lo contrario, que es frenar esta posibilidad”, así como ha aseverado que “el embajador de España en Venezuela ha sido testigo de coacciones, y nuestra embajada ha sido el lugar en el que se han producido esas coacciones”.

Bendodo ha remarcado además que si el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, “fuera presidente del Gobierno, España ya reconocería, sin duda, a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tal como ya ha mandatado el Congreso de los Diputados a que el Gobierno lo haga cuanto antes, y tal como mandató ayer el Parlamento Europeo”, y ha destacado el caso de los cuatro eurodiputados socialistas portugueses que votaron a favor de la iniciativa, para criticar a continuación que los socialistas españoles no votaran a favor de esa propuesta.

El Gobierno se ha desvinculado del documento firmado por Edmundo González y asegura que España no participó en la “negociación política” con el Gobierno de Maduro para la salida del candidato opositor, aunque no ha aclarado aún cuándo tuvo conocimiento del documento que firmó a cambio de poder salir de Caracas y en el que el candidato opositor reconoce la victoria electoral de Nicolás Maduro. El propio González Urrutia se ha desmarcado de las declaraciones del PP, dejando al partido sin argumentos: “No he sido coaccionado por el Gobierno de España ni por el embajador”.

Reuniones de dirigentes autonómicos del PP con Sánchez

Elías Bendodo también se ha referido a las reuniones bilaterales convocadas este viernes en La Moncloa con el presidente andaluz así como con el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, quienes según el vicesecretario popular “van a contar” al presidente del Gobierno las “verdades del barquero”. “Que Sánchez pierda ya toda la esperanza de chantajes y sobornos”, ha indicado Bendodo, quien ha agregado que Pedro Sánchez se “equivoca” si cree que con los “vis a vis” en la Moncloa “va a dividir la unidad de España, dividiendo a los presidentes autonómicos”.

Ha querido dejar claro que los presidentes de las comunidades del PP “no van a aceptar ni una España multinivel ni pactos del embudo, es decir, el ancho para el independentismo y el estrecho para el resto de las comunidades autónomas” ni tampoco van a aceptar “compras por debajo de la mesa, que puede tener la tentación Sánchez de hacer, como precisamente ha hecho con el independentismo”.

Bendodo ha presentado en Córdoba la moción que el PP va a lleva a los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos en defensa de una financiación justa que garantice un trato igualitario a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

Ha indicado que es “un buen momento para que cada uno se retrate” y de que los barones socialistas, “que dicen que están muy enfadados”, aclaren de verdad cuál es su postura y ofrezcan una “prueba fehaciente de que están con la igualdad y no con una financiación al dictado del independentismo”.

Esta moción, según ha recalcado, es la “prueba del algodón para que el PSOE demuestre de una vez por todas si hay vida fuera del socialismo o lo ha absorbido todo el sanchismo”. Ha indicado que, concretamente en Andalucía, el PSOE “se ha convertido en una especie en extinción”, con un secretario general, Juan Espadas, que “es el mayor aplaudidor del sanchismo”, porque está en “su supervivencia, más que en ser útil al conjunto de los andaluces”.

Por su parte, el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, ha advertido del “momento complicado” en el que “el presidente del Gobierno pacta cosas con una región de España en detrimento de otras y de lo que merecemos los andaluces y cordobeses”, de manera que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a trasladar en su reunión con Sánchez “muchas de las inquietudes y problemas de los cordobeses”.

Las recientes elecciones celebradas en Venezuela han puesto en primer plano la situación de este país, un país que en 2010 tenía las reservas petroleras más grandes del mundo y era uno de los principales exportadores mundiales de petróleo.

A pesar de esa riqueza, el sistema público de salud está colapsado. Casi tres cuartas partes —el 72,4%— de los centros públicos de salud sufren escasez de medicamentos, equipos y personal, y el 88,9% de los servicios públicos de salud no funcionan. El personal sanitario que denuncia las deficiencias existentes y el bajo nivel salarial es objeto de actos de intimidación por parte de las autoridades.

El costo de la bolsa de la compra para alimentos para una familia de 5 miembros equivalía en octubre de 2023 a unos 494 dólares estadounidenses al mes, y el salario mínimo mensual era de 3,67 dólares, con lo que la mayoría de la población sufre una grave inseguridad alimentaria. Además, el 74,5% de las familias carecen de acceso regular a agua potable.

A esto se une, según Amnistía internacional, una grave crisis de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad responden con fuerza ilegítima a las protestas que reivindican derechos económicos y sociales. Quienes critican al gobierno del presidente Nicolás Maduro son objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. Hay impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que siguen cometiendo las fuerzas de seguridad.

La Corte Penal Internacional investiga crímenes de lesa humanidad, pese a los intentos del Gobierno de suspender el proceso. Siguen empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación. Los venezolanos huyen del país de forma creciente.

El Gobierno persigue a quienes pertenecen a la oposición política y estos corren peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. Para ello no se duda en utilizar el sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.

deben liberalizarse los fondos venezolanos procedentes del comercio petrolero y que son necesarios para relanzar la economía ya que Venezuela es un país con múltiples riquezas naturales. Su situación actual no está justificada. El sufrimiento, económico y político, del pueblo venezolano debe terminar

Las organizaciones de derechos humanos ven con preocupación la penalización del aborto, las denuncias de esterilización forzada, el acceso limitado a anticonceptivos modernos y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y los índices altos de mortalidad materna debido a esas limitaciones.

Hay una alta incidencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas y las personas LGBTI continúan sufriendo discriminación.

Durante y después de las elecciones se han registrado una oleada de violaciones de derechos humanos. Tras las elecciones, la población se movilizó pacíficamente para expresar su descontento por las irregularidades electorales.

La falta de transparencia en que se ha dado la consulta electoral con la resistencia del Gobierno venezolano a publicar las actas ha provocado una importante demanda de la comunidad internacional, incluso de países que se consideran aliados de la llamada revolución bolivariana. Sería muy fácil eliminar las sospechas dando publicidad a las actas electorales. Pero ese paso no es el único necesario para solucionar el problema venezolano. Hay que reactivar la economía y realizar una política positiva de derechos humanos. Asimismo, deben liberalizarse los fondos venezolanos procedentes del comercio petrolero y que son necesarios para relanzar la economía ya que Venezuela es un país con múltiples riquezas naturales. Su situación actual no está justificada. El sufrimiento, económico y político, del pueblo venezolano debe terminar.

Fotos en la embajada española, una carta firmada por el líder opositor y acusaciones de coacción por parte del líder opositor al Gobierno venezolano. La tensión entre Edmundo González y el Ejecutivo de Nicolás Maduro crece entre acusaciones mutuas.

El abogado de Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, ha aparecido este miércoles en televisión negando que su defendido hubiera reconocido, en una carta firmada, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que validó la proclamación de Nicolás Maduro como presidente venezolano por parte del Consejo Nacional Electoral del país.

Después de esa declaración, ha comparecido ante los medios de comunicación el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha mostrado la carta firmada por él mismo como receptor del documento suscrita por Edmundo González dirigida a su atención en la que le pide asistencia para cerrar el acuerdo para ser acogido en España, para lo cual necesitaba un salvoconducto del Gobierno venezolano, que a su vez debía permitir que aterrizara un avión de las Fuerzas Armadas españolas en una zona restringida del aeropuerto de Caracas.

Rodríguez, además, mostró fotos tomadas en el interior de las dependencias diplomáticas españolas en las que se reunió González Urrutia con él y con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Mientras tanto, el líder opositor, Edmundo González, publicaba un vídeo propio en el que acusaba a Venezuela de haber firmado esa carta bajo “coacción”.

La carta se firmó en la embajada española, con Delcy y Jorge Rodríguez. Fuentes del Ministerio de Exteriores español afirman que “González Urrutia tenía libertad para recibir y concertar reuniones con quien él quisiera, la embajada no intervino en nada”.

El PP, de nuevo, ha querido usar esto para atacar al Gobierno español. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha tuiteado: “La foto de la extorsión. Extorsionadores: Jorge y Delcy Rodriguez. Ella, sancionada por la UE. La víctima: el presidente electo de Venezuela. Lugar: la residencia del Embajador de España en Caracas”. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha afirmado: “La embajada española usada por la dictadura venezolana como piso franco para coaccionar, chantajear y presionar al presidente electo de Venezuela. Sánchez lo sabía. Albares lo sabía. Zapatero lo sabía. Bolaños, cuando ”exigió“ al PP que pidiera disculpas hace una semana ”por nuestra posición respecto a Venezuela“, lo sabía. Y se han atrevido a dar lecciones de humanidad. Es extremadamente grave incluso para un Gobierno sumido en la indigencia moral como el de Sánchez. Los demócratas, con Edmundo González. Hasta el final”.

Esteban González Pons, por su parte, ha tuiteado: “El embajador de Sánchez no sólo consintió el chantaje en su residencia, ademas permitió que hicieran fotos para seguir chantajeando después. Albares, ¿qué sabes y te callas? ¿Dónde te has escondido? Esta es política de mafiosos y criminales, qué vergüenza el nombre de España ahí”.

González Pons, además, ha acusado este jueves al Gobierno de España de estar “implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela”. Así lo ha dicho en una entrevista en esRadio, informa Aitor Riveiro, en la que ha asegurado que el candidato opositor “Edmundo González [quien ha recibido asilo político en España] estaba acogido en la embajada de Países Bajos, no en la española” y que “muy probablemente como Países Bajos no les permitió chantajearlo en la residencia de su embajador, fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles”.

“Para la salida del presidente electo, su coacción y su envío al exilio el Gobierno de España ha sido cooperador necesario. El Gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela”, ha sentenciado Pons.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, González Urrutia, exiliado desde el 8 de septiembre en España donde busca asilo político, respondió así a la presentación por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, de la carta en la que el opositor decía acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país de validar el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. 

El opositor explica que, mientras estaba resguardado en la residencia del embajador español de Caracas, se le presentó un documento que tenía que firmar para conseguir el salvoconducto que le permitiría salir de Venezuela rumbo al exilio.

En su mensaje, relata el momento en el que firmó el documento, “horas muy tensas de coacción, chantajes y presiones” protagonizadas, según dice, por el propio presidente de la Asamblea Nacional venezolana y la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

“En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones, en esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano”, reflexionó.

“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un viso grave en el consentimiento”, añadió.

González Urrutia criticó que el Gobierno de Maduro “siempre recurre al juego sucio, el chantaje y la manipulación”, y prometió que “jamás” traicionará a sus seguidores ni se va “a callar”.

“Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio, la verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló”, sentenció.