Ayuda humanitaria en Venezuela, de la operación política contra Maduro al difícil acuerdo con la ONU

En febrero de 2019, varios camiones cargados con ayuda humanitaria acabaron consumidos entre las llamas en la frontera entre Colombia y Venezuela. La operación humanitaria dirigida por Estados Unidos, Colombia y el líder opositor Juan Guaidó para debilitar a Nicolás Maduro pretendía el ingreso a la fuerza de la caravana de camiones. Dos años después, en un proceso independiente, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) logró hace una semana firmar un ambicioso acuerdo con el Gobierno venezolano tras más de un año de duras negociaciones y que asegura la despolitización de la ayuda humanitaria en un terreno muy polarizado.

“El acuerdo es importante porque es la primera vez que se reconoce que las actividades humanitarias en Venezuela deben basarse en los principios de independencia operacional, neutralidad, imparcialidad y humanidad”, señala a elDiario.es Miguel Barreto, director Regional para América Latina y el Caribe del PMA. “Esto abre un espacio importante para otros actores y refleja un mutuo interés en dinamizar actividades operacionales que favorezcan a los más vulnerables”, añade.

Paco Rey, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, dice: “La manipulación de las cuestiones humanitarias en la crisis venezolana ha sido una constante desde hace mucho. Hace dos años del 'circo' humanitario montado desde Colombia. Este intento de manipulación se ha producido por ambas partes en Venezuela. Por un lado, el Gobierno trató de minimizar las consecuencias de la crisis y a su vez algunos actores desde fuera querían intervenir políticamente y recurrían a la terminología humanitaria para justificar sus acciones”.

Aquel 23 de febrero, mientras los manifestantes intentaban romper la barrera policial para permitir el paso de las mercancías; mientras los camiones cisterna atravesados impedían el paso de los vehículos llegados desde Colombia; y mientras ardían algunos de los camiones –EEUU culpó públicamente al Gobierno de quemar la ayuda humanitaria, pero después se demostró que fue un accidente provocado por opositores–, el personal del PMA no podía entrar en Venezuela y solo podía atender a los venezolanos hambrientos que cruzaban la frontera a Colombia. En circunstancias normales, la agencia de la ONU solo puede entrar bajo solicitud del Estado en cuestión.

Por aquel entonces, según informó el portavoz de la organización en Ginebra, Hervé Verhoosel, la agencia de la ONU había empezado a posicionar alimentos en la frontera del lado colombiano por si recibían autorización para entrar en Venezuela y aligerar así el proceso.

Una negociación compleja

Pocos meses después de aquellos disturbios, y tras unas primeras negociaciones, el Gobierno de Venezuela invitó a un equipo del PMA a realizar una evaluación de la situación en el país. Se trata de un proceso que cualquier agencia de Naciones Unidas tiene que cumplir antes de instalarse para estudiar las necesidades y planear una posible misión de ayuda.

El estudio, realizado entre julio y septiembre de 2019, se publicó en enero de 2020 y constituyó un paso importante porque evidenció una crisis que hasta entonces el Gobierno había tratado de minimizar. Según las conclusiones de la ONU, una de cada tres personas estaba en situación de “inseguridad alimentaria” y necesitaba asistencia; el 59% de los hogares no tenía ingresos suficientes para comprar comida; y el 65% no era capaz de comprar artículos esenciales de higiene, ropa y calzado.  

“PMA tuvo completa independencia en el diseño e implementación de la evaluación y tuvo acceso sin ningún impedimento en todo el país para la recolección de datos a nivel de hogar”, aclaraba el informe.

Dos meses después, en marzo, según confirma Barreto a este medio, comenzaron las negociaciones para iniciar un programa de ayuda en el país. “Ha sido un proceso complejo de intercambio de posiciones bilateral donde primó el mutuo interés por trabajar juntos y la necesidad de reconocer los principios humanitarios”, explican.

Según publicó Bloomberg en diciembre de 2020 citando a varias fuentes, los negociadores llegaron a un principio de acuerdo en octubre, pero Maduro bloqueó la firma porque supuestamente quería distribuir la asistencia humanitaria a través de los canales que controla en el país, mientras que la agencia de la ONU exigía una distribución imparcial.

Según el medio, Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, afirmó que la falta de acuerdo radicaba en las condiciones del PMA que “no reconocen la soberanía de Venezuela”. Después matizó y aseguró: “Estamos en conversaciones y aspiramos alcanzar un acuerdo que respete sus principios y nuestra leyes”.

Existía el temos de que el Gobierno hiciese una distribución política de la ayuda humanitaria, algo que ya había denunciado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un informe de julio de 2019.

“Hasta hace poco, el Gobierno se negaba a reconocer el alcance de la crisis y no adoptó medidas apropiadas. A medida que la crisis económica se profundizó, las autoridades empezaron a utilizar programas sociales de una manera discriminatoria por motivos políticos y como un instrumento de control social”, señala el informe.

“La lista de beneficiarios de estos programas está gestionada por las estructuras locales de los partidos gobernantes, no por las instituciones del Gobierno. Los entrevistados denunciaron que miembros de estas estructuras locales monitorean la actividad política de los beneficiarios”, añade el texto.

Además, durante las negociaciones con el PMA, el Ejecutivo atacó algunas organizaciones humanitarias no alineadas con el Gobierno. “Desde noviembre de 2020, las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en el país, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas, además de detener a algunos de sus miembros para interrogarlos”, denunció Human Rights Watch (HRW). 

Por otro lado, según una nueva regulación, a partir del 1 de mayo, las ONG deberán registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, a quien deberán presentar un listado de miembros y fuentes de financiación, lo que muchos han criticado como un grave ataque a su trabajo.

Objetivo: 1,5 millones de niños alimentados al día

Finalmente, el acuerdo definitivo se firmó el 19 de abril y todas las partes lo han celebrado. “El que las negociaciones hayan durado más o menos tiempo refleja las tensiones que ha habido y tampoco es ajena la llegada de Biden a la Casa Blanca, que parece haber rebajado la tensión”, dice Paco Rey. El Gobierno de Trump fue uno de los principales promotores de la opción de Juan Guaidó para derrocar a Maduro.

“Lo importante es que este acuerdo ha sido apoyado por todas las partes, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora estamos enfocados en poner la operación en marcha”, dice Barreto, director regional para América Latina y el Caribe del PMA.

Que tanto el Gobierno de Maduro como los líderes de la oposición hayan celebrado el acuerdo es un logro para la asistencia humanitaria venezolana.

Una vez firmado, hay que ponerlo en marcha, mantenerlo y que cumpla sus objetivos, algo que también es complejo. El programa pretende alimentar a 185.000 niños y niñas al día para finales de este año y llegar a 1,5 millones para finales del año escolar 2022-2023.

“El PMA establecerá de inmediato una oficina en Venezuela para empezar la operación en el mes de julio. La implementación se pondrá en marcha progresivamente. Utilizaremos inicialmente fondos de emergencia internos, pero el financiamiento requiere definitivamente del apoyo de donantes internacionales. El monto estimado anual para llegar a 1,5 millones de niños es de 190 millones de dólares anuales”, dice Barreto.