Fuensalida, una localidad de no más de 13.000 habitantes, a medio camino entre Toledo y Madrid. Su nombre es famoso porque es una de las 'ciudades del calzado' más importantes de España. Cuenta además con otra particularidad: es de las localidades del país con más nombres que homenajean a la dictadura franquista. Hasta ahora. O por lo menos, hasta un futuro cercano, ya que una sentencia judicial dice que estos nombres deben cambiarse.

Tras las elecciones del pasado 28 de mayo, será un alcalde del PP el que deberá encargarse del cambio de denominación: José Jaime Alonso, que también fue viceconsejero de Educación en el Gobierno de María Dolores Cospedal.

Son diez las calles cuyo nombre deberá ser modificado: la dedicada al General Asensio, General Mola, General Moscardó, General Varela, General Yagüe, la que homenajea a los 'Héroes del Alcázar', la calle Onésimo Redondo, la dedicada a Queipo Llano, la calle 18 de julio y la calle General Barrón. Además, se deberá sustituir el nombre de la plaza Generalísimo y el la plaza José Antonio. 

En un principio se solicitó también el cambio de la calle Millán Astray, pero esta petición fue recurrida por la 'Plataforma Patriótica Millán Astray' y el recurso fue aceptado, por lo que se retiró la calle del proceso judicial.

Uno de los pueblos con más calles franquistas

Aunque es difícil conocer realmente la situación del callejero con alusiones franquistas, Fuensalida es, según todos los registros realizados hasta ahora, uno de los lugares con más calles de este tipo de todo el país. Según el proyecto 'Debería desaparecer', que recopila miles de vestigios franquistas en el callejero español, encabeza la lista junto a otros lugares como León o la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, que también ostentan por lo menos una decena de calles en su plano.

La sentencia la interpuso la Asociación para la Defensa de la Ley de Memoria Histórica y la Retirada de los Símbolos Franquistas, un pequeño colectivo de juristas de Salamanca que inició varios procesos allá por el año 2017. La sentencia que afecta a Fuensalida se resolvió a finales de 2022. La tardanza se debe a que hubo una serie de recursos al primer auto judicial de hace ya seis años y en el proceso llegó incluso a personarse la Asociación 'Plataforma Patriótica Millán Astray'. Finalmente, la calle Millán Astray se sustrajo del litigio y se mantiene con ese nombre en la localidad.

Gorka Esparza, uno de los miembros de la asociación, explica que ahora preparan una demanda de ejecución forzosa de sentencia y que la presentarán de manera “inminente”. “Es un proceso que en general no es rápido, nunca lo es un contencioso, y los juzgados nos han puesto muchas zancadillas”, resalta el abogado.

Comenzaron con una serie de recursos en varios ayuntamientos, y poco a poco fueron “abandonando” la tarea memorialista, gracias a la acción de “un senador y un abogado” que aceleraron la retirada de los símbolos. “Aunque en Castilla-La Mancha ha sido a regañadientes”, reflexiona.

El senador en cuestión es Carles Mulet, ya exrepresentante de Compromís en la Cámara Alta, que movilizó una serie de requerimientos a centenares de municipios por toda España para la retirada de simbología franquista y cambio de denominaciones de calle. El abogado al que hace referencia Esparza es Eduardo Ranz, experto en memoria histórica y que ha movilizado una serie de iniciativas para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

La situación en Toledo, “especialmente llamativa”

Los recursos que inició en 2017 la asociación comenzaron de la manera más sencilla: consultando el INE. “Empezamos a mirar uno por uno y la situación en Toledo era especialmente llamativa”, señala Esparza. Llamativa en cuanto eran decenas las calles dedicadas a figuras franquistas.

De hecho, el caso de Fuensalida ya es el último de varios que se han resuelto, a pesar de que se les “atascó”, porque hubo incluso un recurso que quiso poner en cuestión su “legitimación” para exigir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la región, ya que venían de la vecina Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia regional les dio finalmente la razón en 2019, para continuar con los procesos judiciales. También iniciaron procedimientos en localidades como Recas, Malpica de Tajo o San Román de los Montes.

“Fuimos muy cautos entonces. Ahora, con la nueva Ley de Memoria Histórica, incluso se podría apelar al cambio de otras calles que hacen referencia, por ejemplo, a la División Azul. Entonces no lo teníamos muy claro, pero ahora el proceso se ha ido acelerando y casi todos los ayuntamientos los han ido quitando”, finiquita Esparza.

Ahora, con la nueva Ley de Memoria Histórica, incluso se podría apelar al cambio de otras calles que hacen referencia, por ejemplo, a la División Azul.

Gorka Esparza — Abogado

El alcalde dice que cambiará las calles, pero lamenta el “perjuicio”

El alcalde de Fuensalida deberá acatar la sentencia, que es firme, puesto que no se interpuso ningún recurso de apelación en su contra, José Jaime Alonso ha acusado al anterior equipo de Gobierno local liderado por el socialista Santiago Vera, de mantener “oculto” el fallo judicial. El Ayuntamiento actualmente estudia varias propuestas para el cambio de nombre.

“Va a haber alguna novedad con ilustres fuensalidanos, tantos hombres como mujeres que representan los valores del pueblo. Estamos navegando entre documentos para rescatar ese sentir de la gente”, ha afirmado Alonso, según informa Fidel Manjavacas.

Alonso ha declarado que aunque acatará la ley, “sin ningún tipo de rechazo social ni corriente contraria a cambiar el nombre de las calles”, también ha señalado que la situación supondrá un “perjuicio de manera innecesaria” para los residentes y que muchas de las personas afectadas han ido a preguntar si tienen que cambiar el nombre en sus escrituras o la dirección en los comercios.

El mismo Ayuntamiento, que actualmente está ubicado en la plaza del Generalísimo, deberá llevar a cabo estos cambios, como la documentación, membretes, informar a Correos de España o al registro. Así lo ha señalado Alonso, que ha resaltado el coste económico que podrá tener la medida para las arcas municipales.

“Hay que adaptarse la legislación que hay, pero lo coherente es que este proceso judicial hubiera sido todo lo transparente que debe ser, que los funcionarios hubieran tenido conocimiento de cómo se va produciendo y que el Ayuntamiento hubiese preguntado a los vecinos si consideraban oportuno o no recurrir -la sentencia-. Lo que no cabe de una persona responsable es ocultar la sentencia y guardarla en un cajón”, finaliza el alcalde.

El exalcalde se defiende

Por su parte, Santiago Vera ha asegurado que “no se ocultó nada”. El exalcalde socialista, actualmente director general de Acción Social en Castilla-La Mancha, en la Consejería de Bienestar Social, ha lamentado el “desconocimiento” del nuevo alcalde de la localidad. “Tendría que ser más prudente porque si no va a acabar en los tribunales”, ha advertido en declaraciones a Toledodiario.

Vera señala que tras los resultados de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, quiso “dejar rematado” este y otros “asuntos judiciales y administrativos” ante de dar el relevo en el gobierno municipal.

Explica que no se llevó a cabo el cambio, porque “teníamos claro que teníamos que hacerlo desde el consenso y el PSOE no tenía mayoría en el Pleno”. Vera también reprocha la valoración que hace Alonso de su cumplimiento. “Decir que cumplir la ley es un perjuicio, es digno de todo un independentista catalán y un auténtico disparate de quien se salte la ley cuando quiere”, ha criticado en relación a las palabras de Alonso.

IU promovió en 2016 la primera Marcha por la Memoria Democrática en la localidad, para llamar la atención de unas 17 denominaciones franquistas en la localidad. La entonces concejala de la formación, Patricia Ballesteros, recordaba que la iniciativa era “para que nunca se nos olvide quienes fueron los generales golpistas ni los nombres de quienes lucharon por la libertad de nuestro pueblo”.

El abogado memorialista Eduardo Ranz se baja de la carrera por el liderazgo del PSOE de Madrid que se despejará en las primarias del próximo 23 de octubre. Los socialistas buscan nuevo secretario general después del varapalo del 4M en el que quedaron relegados a la tercera posición y que acarreó la dimisión de José Manuel Franco.

Ranz no ha llegado a presentar su precandidatura y se integrará en la del diputado Juan Lobato, tras haber alcanzado un acuerdo programático y de integración de equipos. Esta candidatura se enfrentará al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala y a la de la portavoz socialista en Paracuellos del Jarama, Eva Llarandi.

Lobato, que fue el número 4 en la última candidatura a las elecciones autonómicas, ya intentó hace cuatro años hacerse con la secretaría general de los socialistas madrileños. Entonces, Sánchez apoyó a José Manuel Franco y el actual diputado madrileño se hizo con el 20% de los apoyos.

Los movimientos para hacerse con el liderazgo de la siempre convulsa federación madrileña empezaron ya hace meses. Apenas 48 horas después de la derrota del 4M y la convulsión que se produjo en las filas socialistas con la dimisión de Franco y la posterior renuncia al acta de Ángel Gabilondo.

El abogado Eduardo Ranz Alonso ha llevado ante la justicia al Ayuntamiento de Villarrobledo, en Albacete, por lo que considera un incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

El letrado asegura que en agosto de 2016 solicitó al Ayuntamiento de Villarrobledo el cambio de nombre de cuatro calles, que así figuraban en el catastro y que llevan los nombres de Calvo Sotelo, Generalísimo, la avenida Generalísimo en Casas de Peña y José Antonio. En la petición Ranz Alonso solicitaba la elaboración del catálogo de vestigios en el municipio y la retirada de simbología en el municipio, especificando la existencia del monolito homenaje a los golpistas que hay en el parque Joaquín Acacio.

La respuesta a esta petición, tal y como ha explicado Ranz a esta redacción, llegó un año después, en 2017, cuando el Ayuntamiento contestó explicando que había cambiado el nombre de la avenida Generalísimo. Ahora, casi dos años después de la petición del abogado, y ante el incumplimiento de estas peticiones, Eduardo Ranz Alonso ha decidido llevar a los tribunales al Consistorio y la justicia ha aceptado el recurso contencioso-administrativo. “Esto lo solicité en agosto de 2016 y estamos en mayo de 2018. Ha habido una inacción manifiesta que demuestra la poca voluntad de querer cumplir una ley que lleva 10 años en vigor”, dice el abogado.

Esto sucede la misma semana en la que el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Villarrobledo aprobaba, con el único voto en contra de Izquierda Unida, dejar en pie el monolito del parque Joaquín Acacio quitándole parte de la simbología. Y es que, desde que se comenzara con la polémica del monolito en Villarrobledo, el alcalde de la localidad siempre ha defendido que esta decisión la avala un informe jurídico que posee el consistorio y donde se dice que el monumento no se puede tirar abajo.

El informe, según contaba Alberto González, regidor de Villarrobledo, hace unos días a esta redacción, sólo se centra en la retirada de los símbolos de exaltación “pero no se deben quitar los recuerdos privados”, es decir , los nombre de los vecinos. “Yo desconozco este informe”, dice Ranz, que asegura: “los informes privados no son válidos. Tienen que ser públicos” y lo único que sustituye un informe público “es una sentencia”.

En todo caso Ranz considera que también se incumple con la Ley de Memoria Histórica con la decisión del plenario de Villarrobledo. Hay que recordar que el monolito, que fue erigido en el año 1946, está dedicado a los ‘caídos por el glorioso movimiento nacional’. Además, tal y como consta en las escrituras de cesión del terreno que ahora es el parque Joaquín Acacio, donde se ubica el monumento, éstos fueron donados a condición de que en él se levantase un monumento para recordar a aquellos que perdieron su vida apoyando al bando golpista.

Mi bisabuelo se llamaba Justo. No era un nombre original; al contrario, era un nombre de esos que se repetían por todo el territorio español. Hace unas semanas, la cantante Rozalén le cantaba al hermano de su abuela en el programa La Sexta Columna titulado Cunetas pendientes.

El hermano de su abuela, casualmente, también se llamaba Justo. Sin embargo, el hermano de la abuela de Rozalén fue víctima de la Guerra Civil española. Contaba en el programa que para su abuela fue una herida cerrada poder encontrar el cuerpo de su hermano. Otra de las víctimas del franquismo que ha conseguido recuperar los restos de su padre, y poder cerrar esa herida, ha sido la grancanaria Pino Sosa.

Pino Sosa es la fundadora de la Asociación de Memoria Histórica en Arucas y tiene 81 años. Su padre, igual que el abuelo de Rozalén, desapareció durante la Guerra Civil española en el año 1937. Pino Sosa relataba en 2014 a Canarias Ahora cómo había pasado buena parte de su vida buscando el cuerpo de su padre, y cómo después de muchos años hay heridas que siguen abiertas: “Había gente que tenía miedo a que delatáramos a los represores pero esa nunca fue nuestra intención. Yo he convivido con ellos, he ido al colegio con sus nietos y también hemos jugado y nos hemos sentado a comer en la mesa”. Quizá sea esta la razón por la que muchos no quieren reabrir las historias del pasado. La historia de Pino es una de las tantas historias que hay a lo largo y ancho del territorio español sobre el franquismo.

El padre de Pino Sosa desapareció cuando ella solo tenía 50 días. El error cometido por su padre fue hacerse miembro de la Agrupación Socialista de Las Chorreras; por eso, se lo llevaron de su casa un 19 de marzo. Después de 81 años, por fin, esta mujer de Arucas ha podido encontrar los restos de su padre.

Monumentos franquistas

El pasado viernes conocíamos la noticia de que el abogado Eduardo Ranz ha presentado un recurso por la vía contencioso-administrativa para que sea un juez el que decida si el conocido monumento a Franco de la avenida de Anaga, en Tenerife, incumple la Ley de Memoria Histórica.

Se trata de un monumento que el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife se niegan a retirar porque consideran que tiene valor histórico y al que tampoco le han cambiado el nombre. Otro ejemplo más de que los ciudadanos tenemos cuentas pendientes con las víctimas del franquismo, y de que no estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica.

PSOE e IU en el Ayuntamiento de Almadén han consensuado una moción que será debatida en el pleno municipal del próximo 29 de noviembre en el que ambas formaciones darán el visto bueno a una resolución para que el Consistorio procede a retirar la Medalla de Oro de la ciudad que fue otorgada a Francisco Franco durante la dictadura, según ha dado a conocer el Grupo Municipal IU.

La moción no será, previsiblemente, apoyada por el Partido Popular tal y como anunciase hace unos días su portavoz municipal, José Rodríguez Puerto. Además, la moción incluye ponerlo en conocimiento del Gobierno de España “para su traslado al Ministerio correspondiente a fin de su toma de conocimiento y efectos que en su caso conlleve”. También se solicitará a la Fundación Francisco Franco “o al órgano competente ”la devolución física de esta medalla al Ayuntamiento de Almadén.

En la exposición de motivos de la moción, ambas formaciones explican que se atiende así a la Ley de Memoria Histórica y a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.

Una ley que, recuerdan, asume dicha declaración, así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975.

El Grupo Municipal de IU a través de su Portavoz, Alfonso Bejarano ha valorado “muy positivamente” el resultado de esta propuesta en la que “veníamos trabajando hace muchos meses” . Para el concejal no ha sido posible concretar más medidas como la retirada del nombre actual de la calle Jacobo Roldán , gobernador civil franquista , ya que “nos quedamos solos en la defensa de dicha medida” pero, aclara, existe “el compromiso de que si hay alguna asociación o particular que solicite la aplicación de la Ley en este caso o en otro, el Ayuntamiento de Almadén va a colaborar con ellos”.

Izquierda Unida valora también que Almadén “se desvincule de una dictadura tan atroz como la franquista, y que se haya conseguido tras más de 40 años de democracia gracias a la iniciativa de nuestros concejales”. Además, reconoce “positivamente” el cambio de postura del PSOE y su equipo de Gobierno y agradece “a los vecinos que nos han estado apoyando”.

La negativa inicial del Ayuntamiento está ya en los tribunales

Precisamente, el pasado 7 de noviembre, el abogado memorialista Eduardo Ranz inició acciones judiciales ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, contra el Consistorio de Almadén. Y es que, el abogado había solicitado al Ayuntamiento, a través del derecho de petición, la retirada de los honores y distinciones a Franco fallecido el 20 de noviembre de 1975, quien a día de hoy ostenta la medalla de oro de la ciudad de Almadén. Algo a lo que se había negado el alcalde socialista, Siro Ramiro, en el pleno municipal del pasado mes de julio.

El abogado recuerda que, según el Código Civil, “los honores y distinciones tienen eficacia jurídica mientras haya vida, en el momento del fallecimiento deben ser retirados, por tanto, el Ayuntamiento incumple el Código Civil desde hace 40 años”.

Transcurrido el plazo legal de tres meses, para dar trámite a dicha petición “y ante la inacción del Ayuntamiento” que no dio ninguna respuesta se iniciaron las acciones judiciales. “Independientemente de la cuestión legal, es impresentable que en el año 2017 tengamos que explicar que Francisco Franco es exaltación del franquismo, y sus honores prohibidos por ley. La necesidad de labor de pedagogía y buena educación, se hacen evidentes, y más aún en lo referido a la aplicación de una ley tan humanitaria, como es la Ley de Memoria Histórica”, alegaba Ranz.

Somos un país sin memoria. Somos un país que permite que aquellos a los que votamos dejen en el olvido a las víctimas del franquismo. El pasado sábado Canarias Ahora publicaba una noticia sobre el conocido monumento de Franco situado en la avenida de Anaga en Santa Cruz. Jennifer Jiménez titulaba así: “Un monumento a Franco en Tenerife, entre los símbolos señalados por incumplir la Ley de Memoria Histórica”.

La noticia explicaba cómo el abogado y especialista Eduardo Ranz habría denunciado este hecho ante el Consejo Consultivo de Canarias. Jiménez explica muy bien que el famoso monumento no es el único símbolo que se salta a la torera la Ley de Memoria Histórica en Canarias, pues la sede de la Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife o diversas calles de Gran Canaria también lo hacen. Mientras leía la noticia no pude evitar recordar el reportaje que Gonzo le hizo a Ascensión Mendieta en El Intermedio. Imaginar lo que pueden pensar o sentir las víctimas del franquismo sobre los símbolos y monumentos que España conserva del dictador es angustioso.

Las calles que han sido señaladas por Eduardo Ranz en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria, tienen nombres como: General Mola o General Queipo del Llano. Este último ha sido bautizado por diversos historiadores como “uno de los mayores criminales de guerra de la etapa franquista”.

Es sencillo contradecir a aquellos que argumentan que el monumento al dictador o los nombres de calles franquistas forman parte de la historia y que son arte. Solo revisando la Ley de Memoria Histórica nos damos cuenta del problema. Se incumple el artículo 15, que dice así: “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Se entiende que el monumento a Franco pertenece a ese grupo de símbolos, ya que escenifica el avión del que partió el dictador para iniciar el golpe militar.

Es en el punto dos del mismo artículo donde se amparan muchos para justificar su incumplimiento, ya que el artículo continúa diciendo: “Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Así lo ha expresado, por ejemplo, la consejera de Patrimonio del Cabildo Insular de Tenerife, Josefa Mora, que en una entrevista con Diario de Avisos manifestó el rechazo del Cabildo a quitar el conocido monumento franquista.

Eduardo Ranz, en una entrevista del año pasado a El Intermedio, explicó que el incumplimiento podría castigarse con el Código Penal. El especialista planteó en el programa que se denuncie a los regidores locales que no cumplan la ley por un delito de incitación al odio.

Continúa el objetivo del abogado Eduardo Ranz de eliminar todo tipo de simbología, honores y vestigios franquistas de los pueblos de Castilla-La Mancha. Tras su ofensiva judicial contra decenas de ayuntamientos de la región, a los que dirigió derechos de petición solicitando el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, ahora ha elevado una nueva petición a todos los consejos consultivos autonómicos, incluido el de esta comunidad autónoma, para que elabore un dictamen sobre la “exaltación” de la Guerra Civil Española en un total de 69 municipios. En todo el país, son 350. Castilla-La Mancha es la segunda región con más vestigios de este tipo después de Castilla y León.

En su escrito, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, el abogado informa a este órgano de que además de calles y avenidas con nombres franquistas, la problemática se extiende a los “honores y distinciones” de ministros de la dictadura, nombres de pueblos dedicados a Franco y a generales golpistas, así como “enterramientos de genocidas” en iglesias y basílicas.

El objetivo es buscar la implicación del órgano consultivo autonómico en una “versión democratizada” de calles y municipios que actualmente incumplen la Ley de Memoria Histórica. Para ello, apunta un precedente en el País Vasco, cuando en 2011 se procedió a la elaboración de un catálogo de escudos, insignias, placas u objetos que suponían la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Por ahora, afirma, es la única comunidad autónoma por la que se pueda afirmar que no existe simbología de exaltación en el territorio, y con ello se ha dado pleno cumplimiento al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.

En su escrito al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Eduardo Ranz recuerda que cada uno de los ayuntamientos ya ha sido requerido previamente y por escrito para proceder a la “resignificación” de sus calles, sus monumentos o su nombre “conforme a la legalidad vigente”.

Al texto se incorpora el listado de pueblos sobre los que se solicita dictamen al Consejo Consultivo, así como los incumplimientos de la ley que se mantienen en cada uno de ellos, entre calles, avenidas, honores, nombre del pueblo o símbolos, como sucede en la catedral de Cuenca o en la iglesia de Buendía.

Listado de pueblos

En el caso de la provincia de Albacete, la lista es la más corta y aparecen los municipios de Casas de Lázaro, Golosalvo, Montealegre del Castillo, Pozohondo y Villarrobledo; mientras que de Cuenca, aparte de la capital, son Abia de la Obispalía, Alcantud, Almendros, Buendía, Campos del Paraíso, Carrascosa, Castejón, El Peral, Huete, La Almaracha, Lagunaseca, Masegosa, Monreal del Llano, Monteagudo de las Salinas, Paredes, Puebla de Almenara, Reillo, Santa María del Vaz, Solera de Gabaldón, Tarancón, Tejadillos, Villagarcía del Llano y Villaescusa de Haro.

Por la provincia de Ciudad Real, el abogado exige dictamen en los casos de Llanos del Caudillo (por su denominación), San Lorenzo de Calatrava, Socuéllamos, Villanueva de San Carlos y Viso del Marqués. Y en Guadalajara, en los casos de Atienza, Budia, Gajanejos, Mazuecos, Peñalver, Sayatón, Sacedón, Tajaón y Valdenugras. En el caso de Almadén, el abogado mantiene abierta la petición administrativa para retirar la Medalla de Oro a Franco. Podría incluirse en este listado si la cuestión pasa finalmente a los tribunales.

Finalmente, en el caso de Toledo aparecen en la lista Alberche del Caudillo (también por su denominación), Alcaudete de la Jara, Arcicóllar, Azután, Chueca, Cervera de los Montes, Cuerva, El Real de San Vicente, El Viso de San Juan, Escalonilla, Fuensalida, Gálvez, Layos, Magán, Marjaliza, Marrupe, Miguel Esteban, Noez, Recas, Santo Domingo-Caudilla, San Román de los Montes, Segurilla, Sotillo de las Palomas, Turleque, Villatobas y Yunclillos.

El Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real) retirará en el Pleno ordinario fijado para el  29 de noviembre la medalla de oro a Franco que le fue concedida en 1953, en plena dictadura. Una moción consensuada entre PSOE e IU pondrá fin al reconocimiento cumpliendo así con la vigente Ley de Memoria Histórica, tras un primer intento el pasado mes de julio, que no salió adelante por el veto impuesto entonces tanto por el PSOE como por el PP.

La presión mediática,  una denuncia penal por presunta prevaricación del alcalde de Almadén, Siro Ramiro, y una petición por vía administrativa al Ayuntamiento por parte del abogado memorialista Eduardo Ranz, propiciará la retirada de la medalla de la ciudad al dictador, aunque con el voto en contra del Partido Popular.

La decisión de consensuar una moción se tomó la pasada semana en la Comisión Municipal para la Memoria Histórica conformada por tres concejales del PSOE, dos del PP y uno de IU.  Este último grupo municipal, sin embargo, lamenta que la moción vaya a limitarse a la medalla de Franco. “Nosotros llevábamos la propuesta de eliminar del callejero el nombre del ex gobernador civil Jacobo Roldán y la creación de una comisión de trabajo  con personas independientes, formadas en el tema,  como Luis Mansilla, ex director de la Escuela de Minas de Almadén o el historiador, Luis Miguel Oviedo”.

El PP pide eliminar calles con nombres ‘republicanos’, interpretación “errónea” de la ley, según los expertos

El portavoz popular en la Comisión para la Aplicación de la Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Almadén,  José Rodríguez Puerto, ha mostrado su  rechazo a “consensuar ninguna moción que no se atenga en todas sus consecuencias a la Ley de Memoria Histórica en su totalidad”.

“Ya manifesté en la comisión que no iba a haber ni consenso ni unanimidad en la moción”, sostiene, porque “la Ley está para cumplirla, pero para cumplirla en todo el ámbito de aplicación del propio contenido de la Ley, y no por partes según interese al partido que lo plantea”.

El concejal ‘popular’ califica de “de todo punto inoportuno sacar a relucir al cabo de 70 años asuntos dolorosos que la inmensa mayoría de las familias de Almadén tenían olvidados”.  Tachan la propuesta del Grupo Municipal de IU de “idea improcedente” que, en su opinión, podría “abrir viejas heridas y provocar división entre los ciudadanos de Almadén”.

“No es eso lo que necesita Almadén, sino todo lo contrario, lo que necesita es unión ante la caótica situación económica y social que atraviesa su población”, sostiene el concejal quien insiste en decir que “está de acuerdo en que se cumpla la Ley, pero en todo su contenido, porque buenos y malos los hubo en los dos bandos”.

“¿Creen ustedes que a alguien le preocupa hoy los nombres de esas calles? ¿Cuántas  personas saben hoy que Franco tenía una medalla de Almadén? Eso es lo que hoy tiene a Almadén donde está, el puro politiqueo a base de demagogia barata”, asegura.

Critica el concejal del PP que IU, que tiene representación en el Ayuntamiento de Almadén desde el año 2011 se acuerde “ahora” de la Ley de Memoria Histórica y de que Franco tenía una medalla, “tras su unión con Podemos”.

Además, recuerda que en la primera legislatura del periodo democrático, bajo gobierno del PSOE, “se cambiaron en Almadén, de forma unilateral, el nombre de un total de 23 calles, nombres que hacían alusión a Franco y a la Guerra Civil y se le puso a varias de ellas otro nombre relacionado con  el bando republicano y que aún hoy perduran”.  Eso, sostiene “también está  contemplado en el artículo 15.1 de  la Ley de Memoria Histórica” que dice textualmente que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El PP interpreta que este artículo también alude a la obligación de retirar las menciones al bando republicano durante la Guerra Civil.  Una lectura “errónea” de la ley “que no tiene cabida en este cuerpo normativo sino que responde a lo que uno socialmente quiera interpretar”,  según el abogado memorialista Eduardo Ranz, quien recuerda que el Partido Popular de Bilbao ya intentó ese argumento en  enero de este año cuando pidió “eliminar” también del callejero a “personajes” que “no merecen hueco” como la comunista Dolores Ibarruri (La Pasionaria), Sabino Arana, el fundador del PNV o el general carlista Tomás de Zumalacarregui. El PP terminaría retirando su propia propuesta apenas unas horas después.

El tratamiento de la memoria histórica en Almadén, pendiente de los tribunales

Hay que recordar que el abogado memorialista Eduardo Ranz denunció al alcalde socialista, Siro Ramiro, por un supuesto delito de prevaricación tras rechazar en pleno el pasado mes de julio  la retirada de la medalla de oro a Francisco Franco, a la que aún no ha habido respuesta por parte del juzgado. Además, el 25 de julio se presentó una petición al Ayuntamiento para que procediese a la retirada de la medalla a la que seguirá una demanda por la vía del contencioso-administrativo que interpondrá en el plazo de 15 días.

Ranz ha explicado  a eldiarioclm.es que los honores y distinciones como la medalla de oro de Almadén que ostenta Francisco Franco tienen una eficacia jurídica vitalicia, es decir, mientras el homenajeado vive. Tras el fallecimiento, en el caso de Franco hace más de 40 años, deben ser retirados. Por eso, explica que el Consistorio incumplió el artículo 32 del Código Civil y la Constitución,  además de la propia Ley de Memoria Histórica.

“Tienen la oportunidad de estrenar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía con las fosas de Córdoba”. Es la invitación que, de manera formal, por escrito y utilizando la figura legal de derecho de petición, han ejercido ante la Junta de Andalucía los familiares de las víctimas del franquismo que están enterradas en las fosas comunes situadas en los cementerios de San Rafael y de La Salud en la capital cordobesa.

Asesorados por Eduardo Ranz, el abogado especialista que ha conseguido que un juez ordene la exhumación de dos personas en El Valle de los Caídos, las familias cordobesas han presentado esta petición a comienzos del mes de marzo con el objetivo de que la Junta de Andalucía aplique la recientemente aprobada Ley de Memoria Histórica y Democrática que establece el camino para recuperar los restos de víctimas del franquismo.

Así, constituidos en el colectivo ‘Dejadnos Llorar, asociación para la defensa de los derechos humanos de las víctimas del franquismo’Dejadnos Llorar, los familiares han tomado entidad jurídica para abrir conversaciones y peticiones formales frente a las administraciones. Un derecho de petición que también han presentado ante el Ayuntamiento de Córdoba, puesto que la Ley estatal de Memoria Histórica establece que son los consistorios los agentes administrativos a la hora de realizar las exhumaciones.

“Esperamos tener respuesta positiva”, augura el abogado que explica que las administraciones tienen un plazo de tres meses que expira en junio para contestar al derecho de petición de los familiares. “Si no obtenemos respuesta, estudiaríamos recurrir al contencioso administrativo e iniciar acciones legales en los tribunales”, asegura este experto en dichos procedimientos.

El objetivo primordial de los familiares es conseguir la exhumación de las 4.000 personas –“inocentes que fueron masacrados”- que fueron enterradas en las fosas comunes de los cementerios cordobeses y atender para ellas los principios que marcan los derechos humanos, verdad, justicia y reparación. Y para ello requieren la redacción del proyecto de exhumación, la puesta en marcha del equipo de profesionales arqueólogos, antropólogos y forenses necesarios, así como la realización de las pruebas de ADN oportunas y que asume la ley.

“La ciudad de Córdoba no se puede permitir un hecho de esta envergadura”, señala el presidente de la asociación de familiares, Antonio Deza, sobre una realidad desconocida para gran parte de la sociedad y que aún hoy queda silenciada. “Hacemos una llamada, casi una súplica, a toda la sociedad, para que tomen conciencia y se solidaricen”, dice para explicar que este es un asunto “que no es político. Es un problema de dignidad”.

Deza tiene a su padre, a un tío y hasta cinco familiares más enterrados en estas fosas. “Tuvieron que pasar 60 años para enterarme, leyendo un libro del historiador Francisco Moreno, para saber dónde y cómo habían matado a mi padre”, relata para señalar el silencio sobre lo que pasó en aquellos años. Una realidad sobre la que ha investigado Moreno, que ha recabado datos para sumar casi “12.000 personas eliminadas por el franquismo” en la provincia de Córdoba, 4.000 de ellas en la capital, donde no hubo guerra pero el golpe militar triunfó desde el primer momento. “En Córdoba hubo genocidio y crímenes de lesa humanidad con las desapariciones forzosas”, argumenta para poner el foco en los derechos humanos de las víctimas que tanto expertos de la ONU como las asociaciones memorialistas reivindican.

Por eso, la asociación de familiares de víctimas va a realizar otra petición al Ayuntamiento de Córdoba. Y es que, en torno al 14 de junio, día fijado por la Ley de memoria Histórica y Democrática de Andalucía para recordar a los desaparecidos, se realice un acto institucional en el que se recuerde a estos y se les declare públicamente como víctimas de lesa humanidad.

Hemos perdido al hombre que jamás perdió la sonrisa, un hombre bueno.

Su casa en Santa Eugenia estaba abierta para todo el mundo, cuando iba allí a trabajar con él, dentro uno se encontraba políticos, amigos argentinos que él acogía porque se encontraban en una situación difícil, o a personas de la memoria como Chato, Sole, Manuela o Jacinto Lara.

Recuerdo la primera vez que hablamos, fue en el año 2012 me acerqué a él, y para mi sorpresa él sabía de mí. Al poco tiempo me encontraba en el salón de su casa, junto a su portátil, una lámina enmarcada con la leyenda “Mi Buenos Aires Querido” y una cafetera con el mango roto. Pese a que ese año le regalé una cafetera nueva por navidad, nunca la cambió. Era su cafetera, y eso es algo que nos une a los muy cafeteros.

Recuerdo los consejos que me dio con la querella contra el diputado del PP Rafael Hernando cuando este había dicho “las víctimas del franquismo, al parecer, se acuerdan de sus familiares cuando hay dinero de subvenciones por medio”, y los primeros casos en vía penal que llevé sobre el Valle de los Caídos al Tribunal Constitucional, sobre cómo debía de formalizarse un buen recurso de amparo.

Recuerdo la primera conferencia que nos invitaron a ambos, fue en El Escorial, en el 2013. Era de las primeras veces que yo hablaba en público, y los asistentes me atribuían un conocimiento que yo no poseía. Slepoy lo puso muy fácil para responder él primero, y yo después, llevándome el mérito. Ese día fuimos en mi coche, pero a su casa vino mi amigo Hugo en su Smart. Al verlo, Carlos sonriendo dijo “ahí no entramos”. Ese era Slepoy, hombre que siempre se reía hasta en las situaciones más incómodas. Igualmente recuerdo la última conferencia en que nos invitaron a ambos, fue en junio de 2016 en Madrid, se acercó mi padre a saludarle y él le dijo “hay que ver cómo ha crecido el chico”.

Yo llamaba y siempre se ponía. En el hospital aún medicado y sin salir de la cama, tenía ganas de luchar y de estar al día, hablábamos de Garzón, del Valle, de Argentina, de la querella, de otras personas relacionadas con la profesión, de la suya, que es la mía. Lo mucho o lo poco que logré en memoria histórica se gestó en su casa.

Alguna nochebuena coincidimos por la mañana en plató, luego comíamos en Santa Eugenia y por la tarde trabajábamos. Otra nochevieja recuerdo que llegué tarde a cenar con mi tía y mi abuela, él estaba en el hospital, se tomó las uvas en el Gregorio Marañón, algo que por desgracia ocurrió varias veces.

Jamás hizo un mal comentario, ni se quejó de su estado. Una enfermera que se llamaba Paloma entró en la habitación, y Carlos empezó a cantarla Que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo.  La joven enfermera le sonrió y yo diría que incluso le alegró el resto del turno.

En el hospital nunca faltó la foto de su nieto Martín, y cómo se le iluminaba todavía más la cara cuando hablaba de él. Con 65 años dejó de fumar, se dejó barba, se afeitó, cada día se retocaba el bigote y volvió a fumar a ratos, él era coqueto por naturaleza.

Cuando estuve en Argentina, colaborando con el equipo de abogados de la querella argentina, no había un funcionario, periodista o militante de la causa que no supiera quién era él y su lucha y éxitos por los derechos humanos. Claro que lo mismo ocurría en los Juzgados de lo Social en Madrid: normalmente los jueces son los dueños de los procedimientos, salvo cuando se trata de abogados con más de 25 años de profesión en Tribunales, en ese momento los papeles se invierten, y pasan a ser esos abogados los que marcan las pautas legales, por autoridad moral. Carlos era de ese tipo de abogados, reconocidos hasta por el último juez.

En Octubre de 2015 colgó la toga, su situación no le permitía seguir ejerciendo, fue una decisión muy difícil para él, me dijo que fue la decisión más dura de su vida, un hombre que había sido torturado, exiliado, disparado, divorciado…

Cuándo empecé a interponer acciones legales contra la Iglesia católica en procedimientos para retirar la simbología franquista de los templos, al comentarle que si me excomulgaban volvería a ir a misa todos los domingos, él me respondió “esa es la amenaza”. El día de mi boda, la canción que sonó de apertura del baile fue “hasta siempre comandante”. Al despedirnos ese día Carlos nos dijo a Macarena y a mí “ha sido toda una declaración de intenciones”. Cuando iba a su casa a proponerle algo, generalmente comiendo, él respondía “a todos hay que animarles para que hagan cosas, a ti, hay que frenarte”. Comíamos en una terraza de Santa Eugenia, cada vez pagaba uno, las últimas veces, no me dejó pagar.  

El miércoles su férretro estaba cubierto por una bandera republicana con el escudo de las brigadas internacionales, con otra roja, el pañuelo de las madres de mayo, y el escudo de su equipo de fútbol argentino. En su cremación sonó su samba, y al final todos los asistentes catamos “gayo negro, gayo rojo”, el momento más emotivo llegó al cantar todos Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto: no se rinde un gallo rojo mas que cuando está ya muerto. Al coche le acompañaba una furgoneta llena de coronas de flores rojas, amarillas y moradas. Carlos luchó legalmente contra las dictaduras argentina, chilena y española.

No tenemos derecho a llorar por ti, sino a sonreír, así que nada de obituarios. Tu vida es un “canto a la vida”, y todas las causas sociales y humanas con toga llevarán tu nombre con sonrisa.

El colectivo ‘Memoria y Dignidad. Villarrobledo sin símbolos Franquistas’ ha registrado en el Ayuntamiento de esta localidad albaceteña un total de 37.751 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para que el Gobierno municipal aplique la Ley de Memoria Histórica y proceda a quitar el monolito homenaje a los golpistas que hay en el parque Joaquín Acacio.

Estas firmas se unen a la petición que ya hizo la Asociación para la Recuperación de la Memorias Histórica, y el requerimiento del abogado Eduardo Ranz para la eliminación de la calle Generalísimo en Casas de Peña. Según informa Izquierda Unida (IU), todas las iniciativas cuentan con el apoyo de este partido ante los incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica.

Recuerdan que esta norma tiene como objeto “reconocer y ampliar derechos a favor de quieres padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura”, así como la “retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Además, consideran que la gran cantidad de firmas, la petición de la ARMH nacional, y el requerimiento del abogado Eduardo Ranz muestran que Villarrobledo es “un punto negro nacional” en cuanto al cumplimiento de esta ley, y de la “superación de la ignominia que supone mantener simbología apologética de un golpe de estado que nos llevó a una dictadura sangrienta durante 40 años”.

Finalmente instan al equipo de Gobierno del PSOE a “no buscar excusas y cumplir la ley de una vez”. “Para un partido que reconoce a las víctimas de la represión, no debería ser problema aplicar una ley que lo único que busca es dejar de homenajear a los verdugos”.

Comienza a dar sus frutos la ofensiva judicial puesta en marcha por el abogado Eduardo Ranz, especialista en procesos relacionados con la memoria histórica, contra ayuntamientos de toda España que mantienen simbología franquista. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Ciudad Real ha dictado sentencia por la cual condena al Ayuntamiento de Llanos del Caudillo a la elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil española y la dictadura del General Franco.

De esta manera estima un recurso de este abogado e interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada el 11 de febrero de 2016, en la que se pedía la retirada inmediata de escudos, insignias, placas y otros objetivos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura.

La sentencia recuerda que se acordó seguir dicho recurso por los trámites del procedimiento ordinario, a cuyo efecto se ordenó la remisión del expediente administrativo y el emplazamiento de las personas interesadas.

Todavía queda pendiente resolver otro procedimiento legal a instancias del mismo abogado sobre el nombre “franquista” del municipio, atendiendo a la Ley de Memoria Histórica. Pero esta sentencia se refiere al proceso iniciado por el abogado el pasado mes de septiembre, una ofensiva judicial contra 30 municipios castellano-manchegos que mantienen este tipo de denominaciones.  

De la treintena de pueblos a los que ya se ha dirigido este derecho de petición, casi dos tercios pertenecen solo a la provincia de Cuenca: Abia de la Obispalía, Alcantud, Almendros, Campos del Paraíso, Castejón, El Peral, Huete, La Almarcha, Lagunaseca, Masegoda, Monreal del Llano, Monteagudo de las Salinas, Paredes, Puebla de Almenara, Reillo, Santa María del Vaz, Solera de Gabaldón, Tarancón, Tejadillos, Villaescusa de Haro y Villagarcía del Llano. En el caso de la provincia de Albacete, la petición se ha dirigido a Casas de Lázaro, Golosalvo, Montealegre del Castillo, Pozohondo y Villarrobledo; mientras que en Ciudad Real mantienen vestigios franquistas San Lorenzo de Calatrava, Socuéllamos, Villanueva de San Carlos y Viso del Marqués.

Continúa la ofensiva judicial iniciada por el abogado Eduardo Ranz contra los ayuntamientos de toda España que aún mantienen simbología franquista en calles, edificios y plazas. En aplicación del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, este despacho está enviando derechos de petición a los consistorios que aún mantienen estos símbolos y denominaciones para que cumplan con la normativa. A las 30 localidades castellano-manchegas de Albacete, Ciudad Real y Cuenca que ya han recibido esta notificación, se unen ahora otras 33 de las provincias de Toledo y Guadalajara. En total son más de 60 los municipios de Castilla-La Mancha requeridos para eliminar estos “vestigios” de exaltación del Golpe Militar de 1936 o de la dictadura de Franco.

Así, dando continuidad a las acciones iniciadas en agosto en Castilla-La Mancha, con fecha de este 13 de setiembre se ha procedido a la ampliación de los derechos de petición a un total de 33 municipios de las provincias de Toledo y Guadalajara: concretamente 25 en Toledo y 8 en Guadalajara.

En todos ellos se solicita la redefinición de diversas calles como José Antonio, Generalísimo o Queipo de Llano. Además en el municipio de Villatobas (Toledo), se solicita la retirada del rótulo en la confluencia de la Calle Mayor, esquina con el Paseo de Santa Ana, donde se observa rótulo que dice: “Caídos por Dios y por España”.

La fundamentación legal de todas estas peticiones queda constituida por las únicas dos obligaciones de un municipio en materia de memoria histórica: la elaboración de un catálogo de vestigios (art. 15.3 de la Ley de Memoria Histórica), y su inmediata retirada o redefinición (artículo 15.1 de la misma ley).

Según explicó el abogado a eldiarioclm.es, una vez realizada esta petición, si en el plazo de tres meses el Ayuntamiento no realiza la petición, la intención del abogado es iniciar una demanda contra el Consistorio por la vía contencioso-administrativa. Ahí no terminaría el proceso. Está dispuesto a llegar a hasta el Tribunal Supremo en el caso de que los juzgados locales no amparen la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Pero es optimista en cuanto al proceso. Considera que “más allá” de la negativa de un alcalde a acceder al derecho de petición, “no se prevén grandes dificultades”. “El fundamento legal está muy claro, no hay debate: hay que aplicar el artículo 15, que lleva diez años en vigor, más allá de la ideología del político u obispo de turno”, remarca. En su opinión, todos los ayuntamientos que han recibido o recibirán estos derechos de petición han tenido “tiempo suficiente” para tomar las medidas oportunas y retirar sus vestigios franquistas.

Todos los pueblos

Los municipios toledanos que han recibido estos derechos de petición con Villatobas, Miguel Esteban, Turleque, Marjaliza, Chueca, Layos, Noez, Cuerva, Gálvez, Escalonilla, Santo Domingo-Caudilla, Fuensalida, Arcicollar, Magán, Yunclillos, Recas, El Viso de San Juan, Azután, Alcaudete de la Jara, Segurilla, Cervera de los Montes, Sotillo de las Palomas, Marrupe, San Román de los Montes y el Real de San Vicente. Por su parte, en la provincia de Guadalajara, mantienen vestigios franquistas los municipios de Mazuecos, Sayatón, Tamajón, Atiensa, Gajanejos, Valdegrudas, Budia y Peñalver.

De la treintena de pueblos a los que ya se había dirigido anteriormente este derecho de petición, casi dos tercios pertenecen solo a la provincia de Cuenca: Abia de la Obispalía, Alcantud, Almendros, Campos del Paraíso, Castejón, El Peral, Huete, La Almarcha, Lagunaseca, Masegoda, Monreal del Llano, Monteagudo de las Salinas, Paredes, Puebla de Almenara, Reillo, Santa María del Vaz, Solera de Gabaldón, Tarancón, Tejadillos, Villaescusa de Haro y Villagarcía del Llano. En el caso de la provincia de Albacete, la petición se ha dirigido a Casas de Lázaro, Golosalvo, Montealegre del Castillo, Pozohondo y Villarrobledo; mientras que en Ciudad Real mantienen vestigios franquistas San Lorenzo de Calatrava, Socuéllamos, Villanueva de San Carlos y Viso del Marqués.

El pasado mes de junio, un juzgado de Valladolid condenó al Ayuntamiento de Olmedo por mantener simbología franquista en sus calles. Fue la primera sentencia por vía penal conseguida en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. La demanda fue interpuesta por el letrado Eduardo Ranz y supuso el espaldarazo definitivo para iniciar una ofensiva judicial contra aquellos municipios que siguen sin cumplir esta normativa. Se trata de una iniciativa llevada a cabo en toda España pero que en Castilla-La Mancha tiene todos los ingredientes para convertirse en un proceso largo en el tiempo.

El despacho de abogados de Eduardo Ranz ha enviado derechos de petición a una treintena de municipios de esta comunidad autónoma solicitándoles la elaboración de un catálogo de “vestigios franquistas”, su posterior retirada y la redefinición de calles si fuera el caso. La ofensiva judicial también se ha llevado a cabo en otras comunidades como Extremadura o Cantabria.

En el caso de Castilla-La Mancha, según explica Ranz a eldiarioclm.es, por ahora los municipios testados con el catastro que todavía conservan nombres de calles o simbología franquista pertenecen a las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. En estas provincias ya se han enviado las solicitudes. En el caso de los ayuntamientos de Toledo y Guadalajara que también cuenten con vestigios de este tipo, las peticiones se enviarán a mediados de septiembre.

Este mecanismo consiste en pedir por escrito al Ayuntamiento que retire su simbología tanto de exaltación del golpe militar de 1936 como del franquismo, en virtud del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En este apartado se establece que las administraciones pública tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas a estos hechos.

Una vez realizada esta petición, si en el plazo de tres meses el Ayuntamiento no realiza la petición, la intención del abogado es iniciar una demanda contra el Consistorio por la vía contencioso-administrativa. Ahí no terminaría el proceso. Está dispuesto a llegar a hasta el Tribunal Supremo en el caso de que los juzgados locales no amparen la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Según explica, existen los fundamentos legales que aportó la sentencia del juzgado vallisoletano. Además, precisa que han dirigido las peticiones ante símbolos y calles que “no admiten ambigüedad” por incluir ‘Francisco Franco’, ‘José Antonio’, ‘Caudillo’ o ‘Generalísimo’, entre otros. “Hemos procurado no incluir calles con nombres que sean políticos o militares locales”.

“El fundamento legal está muy claro”

Es optimista en cuanto al proceso. Considera que “más allá” de la negativa de un alcalde a acceder al derecho de petición, “no se prevén grandes dificultades”. “El fundamento legal está muy claro, no hay debate: hay que aplicar el artículo 15, que lleva diez años en vigor, más allá de la ideología del político u obispo de turno”, remarca. En su opinión, todos los ayuntamientos que han recibido o recibirán estos derechos de petición han tenido “tiempo suficiente” para tomar las medidas oportunas y retirar sus vestigios franquistas.

Eduardo Ranz tiene una trayectoria dilatada en cuanto a asesoramiento judicial en materia de memoria histórica. Fue quien representó a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra el portavoz del PP, Rafael Hernando, y quien ha tramitado la petición de una familia para desenterrar el cadáver de su abuelo del Valle de los Caídos. En Castilla-La Mancha, también interpuso una demanda contra los alcaldes de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y Alberche del Caudillo (Toledo) por mantener la denominación de sus pueblos con nombre franquista.

De la treintena de pueblos a los que ya se ha dirigido este derecho de petición, casi dos tercios pertenecen solo a la provincia de Cuenca: Abia de la Obispalía, Alcantud, Almendros, Campos del Paraíso, Castejón, El Peral, Huete, La Almarcha, Lagunaseca, Masegoda, Monreal del Llano, Monteagudo de las Salinas, Paredes, Puebla de Almenara, Reillo, Santa María del Vaz, Solera de Gabaldón, Tarancón, Tejadillos, Villaescusa de Haro y Villagarcía del Llano. En el caso de la provincia de Albacete, la petición se ha dirigido a Casas de Lázaro, Golosalvo, Montealegre del Castillo, Pozohondo y Villarrobledo; mientras que en Ciudad Real mantienen vestigios franquistas San Lorenzo de Calatrava, Socuéllamos, Villanueva de San Carlos y Viso del Marqués.

Incitación al odio es el argumento que el abogado Eduardo Ranz esgrime para denunciar a un total de ocho alcaldes de toda España por mantener la denominación de sus pueblos con nombre franquista. Entre ellos se encuentran los municipios castellano-manchegos de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y Alberche del Caudillo (Toledo), cuyos alcaldes se han mostrado muy sorprendidos con esta demanda y esperarán a conocer los términos de la iniciativa judicial para llevar a cabo medidas de respuesta.

El letrado argumenta que las menciones al dictador o a protagonistas de su régimen vulneran la Ley de Memoria Histórica, cuyo artículo 15 obliga a las administraciones públicas a adoptar todas las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otras menciones conmemorativas que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura.

A su juicio, esas denominaciones de los pueblos suponen la “mayor exaltación de la Guerra Civil y la dictadura”. Como complemento a esta petición, el letrado denunciará personalmente a ocho alcaldes por un delito de incitación al odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal.

Desde Llanos del Caudillo, su alcalde, Andrés Antonio Arroyo (PP), que estrenó su cargo tras las pasadas elecciones municipales de mayo, ha explicado a eldiarioclm.es que el cambio de la denominación del pueblo ya fue abordado en 2004 por el anterior regidor, del PSOE, y que un 70% de los habitantes se mostraron contrarios al cambio. Está sorprendido por el hecho de que las denuncias se realicen “de manera personal” y afirma que la preocupación de los vecinos se centra en otras cuestiones como el transporte público, la educación y la sanidad.

“Llevo ocho meses en el cargo, me he reunido con todo tipo de asociaciones y colectivos y nadie me ha reclamado este asunto ni se ha presentado ningún escrito para que el nombre del pueblo se cambie. No hay odio ni rencor, y la convivencia es magnífica en este pueblo”, explica, sorprendido de la iniciativa del abogado.

Si es necesario, se hará nuevo referéndum

Aún así, asegura que esperará a conocer el texto y argumentos de la denuncia para “actuar en consecuencia” y que si es necesario, le dará “voz a los vecinos” y se volverá a convocar otra consulta municipal. Este pueblo fue constituido como tal en 1953, bajo dictadura franquista, después de depender administrativamente de Manzanares y en torno a los municipios que surgieron por la explotación del agua subterránea del famoso Acuífero 23.

En cuanto al otro pueblo, la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles, también del PP, ha dicho en declaraciones a la SER que no entiende la denuncia del abogado y que “se tienen que olvidar todo tipo de rencillas del pasado”. “Yo estoy para trabajar por el pueblo y considero que no hay mayor problema en este asunto del que habrá opiniones para todos los gustos”, ha aseverado la alcaldesa. “Entiendo que hay problemas mucho mayores que también preocupan a los vecinos”, ha afirmado, en consonancia con lo afirmando por al alcalde de Llanos. Este municipio toledano se fundo en 1956 y obtiene su primer nombre del río Alberche, que riega las vegas de la comarca.

Además de las demandas, en todo el territorio nacional, el abogado Eduardo Ranz ha solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la redefinición de once entidades territoriales que llevan el nombre del Caudillo o de generales franquistas. La lista de todas ellas es: Águeda del Caudillo (Salamanca), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo (Badajoz), Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid),  Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Bembézar del Caudillo (Córdoba), y Queipo de Llano (Sevilla).