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Ofensiva judicial contra vestigios franquistas en 30 municipios castellano-manchegos

El abogado Eduardo Ranz está dispuesto a litigar contra aquellos ayuntamientos que se nieguen a retirar símbolos y calles que exalten la sublevación militar o la dictadura franquista

De momento, ha dirigido derechos de petición a estos consistorios, pidiendo el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica

Están incluidos pueblos de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. A mediados de septiembre se enviarán más derechos de petición a pueblos de Toledo y Guadalajara

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Foto: ARMH

ARMH

El pasado mes de junio, un juzgado de Valladolid condenó al Ayuntamiento de Olmedo por mantener simbología franquista en sus calles. Fue la primera sentencia por vía penal conseguida en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. La demanda fue interpuesta por el letrado Eduardo Ranz y supuso el espaldarazo definitivo para iniciar una ofensiva judicial contra aquellos municipios que siguen sin cumplir esta normativa. Se trata de una iniciativa llevada a cabo en toda España pero que en Castilla-La Mancha tiene todos los ingredientes para convertirse en un proceso largo en el tiempo.

El despacho de abogados de Eduardo Ranz ha enviado derechos de petición a una treintena de municipios de esta comunidad autónoma solicitándoles la elaboración de un catálogo de “vestigios franquistas”, su posterior retirada y la redefinición de calles si fuera el caso. La ofensiva judicial también se ha llevado a cabo en otras comunidades como Extremadura o Cantabria.

En el caso de Castilla-La Mancha, según explica Ranz a eldiarioclm.es, por ahora los municipios testados con el catastro que todavía conservan nombres de calles o simbología franquista pertenecen a las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. En estas provincias ya se han enviado las solicitudes. En el caso de los ayuntamientos de Toledo y Guadalajara que también cuenten con vestigios de este tipo, las peticiones se enviarán a mediados de septiembre.

Este mecanismo consiste en pedir por escrito al Ayuntamiento que retire su simbología tanto de exaltación del golpe militar de 1936 como del franquismo, en virtud del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En este apartado se establece que las administraciones pública tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas a estos hechos.

Una vez realizada esta petición, si en el plazo de tres meses el Ayuntamiento no realiza la petición, la intención del abogado es iniciar una demanda contra el Consistorio por la vía contencioso-administrativa. Ahí no terminaría el proceso. Está dispuesto a llegar a hasta el Tribunal Supremo en el caso de que los juzgados locales no amparen la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Según explica, existen los fundamentos legales que aportó la sentencia del juzgado vallisoletano. Además, precisa que han dirigido las peticiones ante símbolos y calles que “no admiten ambigüedad” por incluir ‘Francisco Franco’, ‘José Antonio’, ‘Caudillo’ o ‘Generalísimo’, entre otros. “Hemos procurado no incluir calles con nombres que sean políticos o militares locales”.

"El fundamento legal está muy claro"

Es optimista en cuanto al proceso. Considera que “más allá” de la negativa de un alcalde a acceder al derecho de petición, “no se prevén grandes dificultades”. “El fundamento legal está muy claro, no hay debate: hay que aplicar el artículo 15, que lleva diez años en vigor, más allá de la ideología del político u obispo de turno”, remarca. En su opinión, todos los ayuntamientos que han recibido o recibirán estos derechos de petición han tenido “tiempo suficiente” para tomar las medidas oportunas y retirar sus vestigios franquistas.

Eduardo Ranz tiene una trayectoria dilatada en cuanto a asesoramiento judicial en materia de memoria histórica. Fue quien representó a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra el portavoz del PP, Rafael Hernando, y quien ha tramitado la petición de una familia para desenterrar el cadáver de su abuelo del Valle de los Caídos. En Castilla-La Mancha, también interpuso una demanda contra los alcaldes de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y Alberche del Caudillo (Toledo) por mantener la denominación de sus pueblos con nombre franquista.

De la treintena de pueblos a los que ya se ha dirigido este derecho de petición, casi dos tercios pertenecen solo a la provincia de Cuenca: Abia de la Obispalía, Alcantud, Almendros, Campos del Paraíso, Castejón, El Peral, Huete, La Almarcha, Lagunaseca, Masegoda, Monreal del Llano, Monteagudo de las Salinas, Paredes, Puebla de Almenara, Reillo, Santa María del Vaz, Solera de Gabaldón, Tarancón, Tejadillos, Villaescusa de Haro y Villagarcía del Llano. En el caso de la provincia de Albacete, la petición se ha dirigido a Casas de Lázaro, Golosalvo, Montealegre del Castillo, Pozohondo y Villarrobledo; mientras que en Ciudad Real mantienen vestigios franquistas San Lorenzo de Calatrava, Socuéllamos, Villanueva de San Carlos y Viso del Marqués.

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