La República Democrática del Congo (RDC) vuelve a mirar al este, una región que nunca terminó de salir de la guerra. En Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri, la violencia armada ha dejado de ser una crisis intermitente para convertirse en una forma de gobierno de facto. Allí, el Estado congoleño ya no controla partes de su propio territorio, sino que el Movimiento 23 de Marzo (conocido popularmente como M23), un grupo rebelde militar, ha consolidado administraciones paralelas y millones de personas viven entre desplazamientos y servicios básicos al borde del colapso.

El nuevo brote de ébola, que ya supera los 900 casos sospechosos y ronda las 240 muertes, ha golpeado esa misma zona. En este enclave del continente africano, la epidemia no puede entenderse como un fenómeno separado de la guerra. El virus avanza donde la inseguridad impide rastrear contagios, los hospitales no siempre son seguros y la desconfianza hacia las autoridades sanitarias se alimenta tras años de abandono. 

Una guerra que no se explica solo por hutus y tutsis

El actual conflicto en el este de la RDC no empezó con el último brote ni se explica solo por la rivalidad entre hutus y tutsis. El genocidio de Ruanda de 1994 es una pieza imprescindible para entender el conflicto, pero no es la única.

Ya había un conflicto interno entre congoleños antes de que la llegada de refugiados ruandeses agravara la situación

Florence Kavira, periodista congoleña en República Democrática del Congo advierte, durante una entrevista con elDiario.es, de que antes de 1994 ya existían tensiones internas en el este del país, especialmente en territorios como Rutshuru y Masisi. Algunas comunidades hutu congoleñas se consideraban plenamente congoleñas, pero denunciaban no ser reconocidas como tales y quedar excluidas de los espacios de toma de decisiones. “Ya había un conflicto interno entre congoleños antes de que la llegada de refugiados ruandeses agravara la situación”, explica. 

Tras el genocidio ruandés, la llegada de refugiados hutus y tutsis mezcló esas tensiones locales con problemas de seguridad regional, identidad, ciudadanía y control territorial. La aparición del M23 en 2012 retomó precisamente un discurso de denuncia de la marginación de ciertas comunidades, especialmente tutsis congoleñas, que reclamaban mayor representación dentro del país. 

“El este de la RDC se ha convertido en una zona donde se superponen conflictos comunitarios, intereses económicos, intervención extranjera y debilidad estatal. El resultado es un mapa fragmentado por grupos armados, algunos con raíces locales, otros vinculados a dinámicas regionales y otros articulados alrededor del control de rutas, minas o pasos fronterizos”, explica Kavira. 

El M23: de grupo rebelde a autoridad paralela

La diferencia ahora es la escala del avance del M23. En enero de 2025, el grupo tomó Goma, la capital de Kivu Norte. Semanas después capturó Bukavu, capital de Kivu Sur y, desde entonces, el grupo ha consolidado su control sobre zonas estratégicas del este y ha pasado de actuar como una fuerza rebelde a ejercer funciones propias de una autoridad territorial. 

Por otro lado, para Kinshasa, la guerra no es solo una rebelión interna, sino una agresión sostenida por un país vecino: Ruanda. Para Kigali, la presencia en el este de la RDC de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (conocidas como FDLR), un grupo formado en parte por combatientes hutus ruandeses que huyeron del genocidio en 1994, representa una amenaza directa a la seguridad fronteriza del país vecino. Para la población congoleña, y como apunta Kavira, esas explicaciones geopolíticas se traducen en una vida atrapada por grupos armados, ejércitos regulares, milicias y autoridades que “no siempre pueden o quieren” protegerles. 

Kavira explica que “en las zonas ocupadas por el M23/AFC (esta última es la Alianza Río Congo, una coalición política y civil más amplia que sirve como brazo político y diplomático del M23), el Estado congoleño no controla la seguridad. Es el M23 quien administra esos territorios con una estructura paralela, con sus propios gobernadores, alcaldes y autoridades locales. Esto es lo que está pasando en ciudades importantes como Goma y Bukavu, en las dos Kivus”. 

Recursos estratégicos por los que pugnan China y EEUU

El conflicto del este de la RDC no puede entenderse sin la relación entre Kinshasa y Kigali. Desde hace años, Ruanda acusa a la RDC de tolerar o colaborar con las FDLR, mientras que el Gobierno congoleño señala a Ruanda como sostén y principal financiador del M23, además de un actor interesado en influir y controlar una región estratégica y rica en recursos naturales. El país posee entre el 60% y el 80% de las reservas mundiales de coltán y se extrae principalmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como otros recursos mineros estratégicos como el cobalto, el cobre, el oro o los diamantes, entre otros. “El papel de Ruanda es central y Kigali está detrás del M23”, apunta Kavira. “Además, las FDLR no solo representan una amenaza para Ruanda, sino también para la población local que sufre saqueos, abusos y violencia”, insiste. 

El resultado es un conflicto que ya no puede leerse únicamente como una guerra interna, sino que se presenta como una disputa regional con, incluso, alcances e intereses internacionales. En esta última dimensión mundial han entrado potencias como Estados Unidos y China, en plena competencia global por el acceso a minerales estratégicos como el litio, el coltán y el cobalto.

Antes de la firma de los llamados Acuerdos de Washington, el presidente congoleño Félix Tshisekedi ya había ofrecido a Donald Trump un acceso preferencial a los inmensos recursos minerales de la RDC. Tras la firma, Washington anunció acuerdos bilaterales, tanto con Ruanda como con RDC, para facilitar el acceso de empresas estadounidenses a minerales críticos de la región. Ese pacto incluía un componente económico relacionado directamente con la explotación y exportación de recursos estratégicos en el este del país. Según explican varios analistas, los operadores económicos de Estados Unidos están especialmente interesados en las minas de coltán de Rubaya, en Kivu Norte, que producen alrededor del 15% del coltán mundial. Aun así, el problema sigue siendo el acceso a ese territorio. Muchas de esas minas se encuentran en zonas controladas por el M23, lo que plantea interrogantes sobre cómo podrían operar legalmente compañías extranjeras en áreas fuera del control efectivo del Estado. 

Estados Unidos no es el único actor interesado. En marzo de 2026, la RDC y China firmaron en Pekín un memorando de entendimiento para reforzar su cooperación minera. El acuerdo, firmado por los ministros de Minas y Recursos Naturales de ambos países, busca ampliar la presencia china en un sector que Pekín ya domina ampliamente en varios países del continente africano y donde contempla mecanismos de protección de inversiones y procesamiento local de recursos. La firma llega en un contexto de creciente competencia por los minerales africanos mientras Occidente, y principalmente Estados Unidos, impulsa proyectos como el Corredor Lobito, una infraestructura ferroviaria diseñada para conectar las minas de la RDC y Zambia con el Atlántico a través de Angola para así reducir la dependencia occidental de las cadenas de suministro controladas por China. 

El impacto sobre la población civil del conflicto y la violencia del M23, alimentado por un creciente interés estratégico sobre la región, es devastador. Según cifras de Médicos sin Fronteras, más de cinco millones de personas están desplazadas, un 96% a raíz de la violencia armada, entre Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri. “Moverse tampoco significa estar a salvo. Aunque desde Goma era posible viajar a Bukavu, Butembo o incluso Ituri, algunos trayectos siguen siendo peligrosos, especialmente los que atraviesan el parque de Virunga, donde las FDLR cometen ataques, saqueos y asesinatos”, apunta la periodista congoleña. 

El ébola en una zona de guerra

La epidemia ha golpeado una región donde casi todos los mecanismos necesarios para contener la enfermedad infecciosa están dañados. Manuel Albela, epidemiólogo de Médicos sin Fronteras explica que responder a una epidemia de ébola de estas dimensiones es “extremadamente difícil” en un contexto marcado por una gran crisis humanitaria y un conflicto armado. “Todo ello debilita la vigilancia epidemiológica, la detección de contactos y el acceso rápido a los servicios de salud”, insiste en una entrevista con este medio. 

Hay que garantizar que pacientes y personal sanitario puedan acudir a un hospital o centro de salud sin miedo a contagiarse allí

La gravedad de la situación ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a pedir el pasado 27 de mayo un “alto al fuego inmediato” en el este de la RDC para contener el brote, que según EFE ya supera los 900 casos sospechosos y ronda las 240 muertes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus apuntó que: “No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas”. El problema no es solo que haya ébola en una zona de guerra, es que la guerra crea las condiciones perfectas para que el ébola se propague. 

Ahora, la prioridad de MSF, según Albela, es la bioseguridad en las estructuras de salud. “Hay que garantizar que pacientes y personal sanitario puedan acudir a un hospital o centro de salud sin miedo a contagiarse allí. Si la población no confía en los centros sanitarios, muchas personas con síntomas preferirán quedarse en casa, con el riesgo de contagiar a familiares y vecinos”, explica el representante de MSF. 

Ese miedo no es hipotético. MSF asegura que ya se han producido ataques contra estructuras dedicadas a la respuesta a la epidemia, muchas veces vinculados al miedo, la desinformación o la falta de información sobre la enfermedad. Kavira apunta la misma dificultad desde el terreno: “Muchas personas no creen en la existencia del ébola o lo interpretan como una invención o manipulación”. 

A eso se suma la naturaleza del brote. El virus causante pertenece a la variante Ébola Bundibugyo, para la que no existen vacunas o tratamientos específicos. Aunque su tasa de letalidad, estimada entre el 30% y el 50%, es menor que la de la variante Ébola Zaire, el contexto hace que el riesgo se multiplique. A ello se añaden otros dos factores: que el ébola golpea a un sistema sanitario ya en colapso y la reducción de la financiación internacional. Sobre esto último, el epidemiólogo de MSF señala que los recortes de diversos donantes han debilitado aún más los sistemas de salud y vigilancia y critica la retirada del apoyo del Banco Mundial, que afecta a más de 500 centros de salud en Kivu Sur. 

Una montaña de 200 metros de altura con 45 millones de toneladas de sal. Eso es lo que se encuentran los vecinos de la comarca catalana del Bages cuando salen a pasear por la naturaleza que rodea sus viviendas. El residuo es consecuencia de la explotación, desde 1998, de una mina de potasa en los municipios de Sallent y Súria por parte de Israel Chemical Limited (ICL) a través de su filial ICL Iberia. La sal ha contaminado el río Llobregat y los terrenos limítrofes.

Agricultores y campesinos afectados aseguran que las analíticas que han realizado de esa agua no permiten su uso ni siquiera para regadío, pues su nivel de sal multiplica por diez el que posee el agua marina. La mina también ha dejado tras de sí varios trabajadores fallecidos. Los últimos tres, en marzo de 2023, de los cuales dos eran estudiantes en prácticas. Además, en la zona se ha levantado un movimiento que llama al boicot de ICL, empresa que ha vendido durante años fósforo blanco para proyectiles en EEUU que, a su vez, es proveedor del Ejército de Israel, según denuncia el Observatori Drets Humans i Empreses.

Lee Beritutti es la directora del documental Sal a la ferida, cinta recién estrenada que narra las historias de seis personas directamente afectadas por la mina de potasa, producto que se utiliza principalmente en la elaboración de fertilizantes químicos. “Desde que llegaron, comenzaron las protestas por el desastre medioambiental que estaban produciendo y por la explotación laboral de sus trabajadores”, comenta esta joven italiana de 27 años. La empresa comenzó a explotar la mina en 1998.

Los testimonios que ahora salen a la luz tras romper el manto de silencio que envuelve a ICL aúnan las principales luchas que rodean a la explotación minera, que desde hace más de una década no cumple con las sentencias condenatorias que pesan sobre ella. “Es una pasividad que llega a ser irritante”, adelanta el abogado de los afectados, Climent Fernández.

Uso de fósforo blanco

Sal a la ferida consigue traspasar la frontera catalana para rotar la mirada hacia lo que sucede en otras latitudes. Nora Miralles, investigadora del Observatori Drets Humans i Empreses, expone que ICL también extrae potasa del Mar Muerto. “Esta empresa participa en la cadena de producción del fósforo blanco”, asegura en el documental.

El fósforo blanco es un arma incendiaria que al contacto con el aire explosiona, está a 800 grados centígrados y quema piel y órganos. “Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel”, precisa la investigadora.

Israel ha utilizado en numerosas ocasiones esta arma y ha sido acusado de crímenes de guerra por su lanzamiento. El fósforo blanco solo es legal para crear cortinas de humo e iluminar objetivos, sin embargo, si se usa contra personas, provoca quemaduras letales y asfixia. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el uso ilegal del fósforo blanco por parte de Israel en lugares como Líbano y Gaza. Sin embargo, no se puede comprobar si el fósforo blanco producido por ICL ha acabado siendo utilizado por Israel en sus múltiples frentes bélicos.

Desde el inicio del genocidio, Public Works Studio ha documentado el uso del fósforo blanco para quemar aproximadamente 2.000 hectáreas de terreno en el sur de Líbano. Yara Abdelkhalek, investigadora urbana y miembro de este colectivo, señala en el documental que Israel ha lanzado 272 ataques con fósforo blanco en Líbano.

Cogulló, la gran montaña de sal

“Los agricultores cuentan que todos sus campos están contaminados, que ahí nada crece. Quieren que la empresa se haga cargo de los daños causados, tal y como establecen las sentencias”, comenta Beritutti. Uno de estos afectados es Josep Planes, quien enseña en el documental cómo las sentencias, a las que ha tenido acceso elDiario.es, ratifican que en el agua se han hallado productos como el aceite de pino, que puede producir graves problemas respiratorios y fallos renales.

Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel

Nora Miralles — Observatori Drets Humans i Empreses

Fernández recalca que tan solo una tercera parte de lo extraído de la mina es potasa, mientras que las dos partes restantes son residuos salinos. “Eso es lo que han ido depositando a lo largo de los años en un lugar sin impermeabilizar, de ahí las filtraciones continuas”, explica. El problema se centra en la llamada montaña Cogulló, con una elevación de más de 200 metros y que en 2017, dos años antes de que cesara el vertido, llegaba a los 44 millones de toneladas de sal, por lo que su peso actual estará entre los 45 y 46 millones de toneladas, ilustra el letrado. “Y así comenzaron los problemas de salinización del agua, porque se filtra a arroyos y torrentes que llegan a explotaciones agrícolas y ganaderas, a fauna, y a las propias personas a través de los pozos”, confirma.

Los frentes judiciales eternos

El abogado recuerda que en 2014 un juzgado penal de Manresa dictó una sentencia, confirmada dos años después por la Audiencia Provincial, que penaba la gestión de la mina por parte de ICL. “Ordenaba a la empresa cesar de verter ahí el residuo y a restaurar y recuperar ecológicamente la zona”, abunda. Asimismo, varios responsables de la compañía fueron condenados a penas de prisión, que no cumplieron por ser inferiores a dos años.

Desde entonces, comenzó todo un periplo judicial entre los afectados y la empresa, que “recurre absolutamente todas las decisiones judiciales, que siempre nos han dado la razón”, apuntilla Fernández. Dado que ICL no actuaba conforme al dictamen de la sentencia, los afectados acudieron al Tribunal contencioso-administrativo. Recursos ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y de casación mediante, esperan que de una vez por todas su colme su ansia de justicia que, en este caso, significa “hacer cumplir las sentencias como a cualquier otro hijo de vecino”, según las palabras del defensor.

Muertes de trabajadores en la mina

Beritutti, la directora del documental, asegura que ha sido “muy difícil” conseguir testimonios de antiguos trabajadores de la mina. “Ha sido casi imposible hablar con ellos delante de las cámaras. Yo creo que tienen miedo y que ICL explota muy bien su poder para que la gente se calle”, sostiene. Por su parte, ICL no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es.

En la cinta tan solo aparece anonimizado un antiguo trabajador de esta mina situada en el entorno de Manresa para comentar lo ocurrido en 2023, cuando tres geólogos perdieron la vida en el interior del yacimiento por un desprendimiento. “Es un caso que se ha trabajado con opacidad. Son noticias que han pasado muy desapercibidas, por el motivo que sea, cuando es un incidente que se puede volver a repetir si nadie pone el grito en el cielo”, valora el operario con la voz distorsionada. Una década antes, en 2013, otros dos trabajadores murieron en la misma mina de Súria, conectada subterráneamente con las galerías de Sallent.

No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una

Anna — integrante de la campaña contra ICL

Maximo de la Corte llegó a ser el presidente del comité de empresa en el yacimiento por parte de CGT. Jubilado ya, a sus 64 años afirma que “las muertes han ido a menos según se ha mecanizado el trabajo”. Sin embargo, su principal reivindicación con los ojos puestos en el presente, secundada por los demás afectados, es la vuelta de una empresa pública a la extracción de la potasa, como sucedía antes de que llegara ICL. “Se vendió una riqueza que tendría que ser del pueblo, que tendría que aprovechar el Estado, porque el fertilizante es un bien primordial”, defiende a elDiario.es.

Los sindicatos nunca apostaron por el cierre de la explotación, pero sí una mayor seguridad para los operarios y que cesara la contaminación que producían los residuos. “No se puede seguir permitiendo una montaña con 40 millones de kilos de sal”, enfatiza De la Corte. Tanto este sindicalista como Fernández, el abogado, señalan a la Generalitat catalana como responsable en parte de lo sucedido. “La Generalitat nos cobra un impuesto de saneamiento del agua que después utiliza ICL, que la vuelve a salinizar. Tiene huevos la cosa”, afirma el primero en el documental. “Tendrían que poner freno a todo esto y hacer cumplir las sentencias”, reclama el segundo.

Luchas unidas por la solidaridad

“Es válido enfocarse en la lucha por la defensa del territorio desde Catalunya, pero también es importante esta dimensión de cómo las luchas están interrelacionadas”, añade Beritutti. Así, una protesta que nace de esta región del Mediterráneo puede encontrar sus ecos a modo de solidaridad y compromiso con lo que ocurre en Gaza y Líbano.

De la Corte, el antiguo representante de los trabajadores en Sallent, agrega que, “si realmente se prueba que la potasa que extraen de aquí termina en fósforo blanco usado contra población civil, sería un argumento más para que la explotación pasara a ser pública o se revocaran las concesiones a la empresa”.

La colaboración de la compañía con el ejército israelí ha hecho que diversos activistas se organicen en la campaña Boicot ICL. Más allá de la concienciación social sobre el desastre medioambiental que producen con su explotación y el apoyo al genocidio, los activistas han llegado a cortar las vías férreas utilizadas para transportar la potasa. También han conseguido que diversas instituciones y universidades dejen de colaborar con ICL, como es el caso de las universidades de Vic y de Manresa y el teatro Kursaal de Manresa, según recoge la red de apoyo a Palestina Rescop. “No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una”, zanja en el documental Anna, integrante de la campaña contra la empresa israelí.

En el año 1866 Alfred Nobel logró dar con la fórmula exacta para crear la dinamita, un explosivo muy útil en una época de desarrollo del ferrocarril, que vino a sustituir a otros más peligrosos a la hora de efectuar voladuras.

Lo consiguió utilizando nitroglicerina líquida mezclada con tierra de diatomeas, una potente roca silícea absorbente. “La nitroglicerina explota por contacto. La mezcla con la diatomita (más específicamente con tierra de diatomeas) lo estabiliza y de ahí surgió la dinamita”, explica Pablo Higueras, catedrático de investigación minera en la Escuela universitaria politécnica de Almadén (Ciudad Real).

Hoy la industria utiliza materiales absorbentes más seguros y eficaces que la diatomita para fabricar dinamita, pero este elemento sigue despertando un gran interés comercial en todo el mundo.

El sur de la provincia albaceteña atesora la diatomita de mayor calidad de toda Europa (entre las de su mismo tipo, porque las hay de muchas clases), según los geólogos. El recurso minero se explota desde hace ya desde hace unos cien años en yacimientos lacustres (lagos o lagunas) entre Elche de la Sierra y Hellín, en minas a cielo abierto.

El origen de la primera concesión data de 1918, aunque los primeros desarrollos industriales son posteriores, primero con compañías españolas y después con multinacionales, hasta llegar al año 2005 con la implantación del gigante francés con sede en París, Imerys, a través de su filial Imerys Diatomita Alicante, S.A., tras un proceso de compra de Célite Hispánica S.A. que operaba en el lugar.

Explorar 52 kilómetros cuadrados en la Sierra del Segura

Ahora esta multinacional parisina quiere ampliar la zona extractiva, explorando algo más de 52 kilómetros cuadrados entre Socovos, Férez y Letur, población esta última conocida tristemente por las inundaciones tras las lluvias torrenciales en octubre de 2024.

Imerys ha solicitado permiso de investigación para el llamado proyecto ‘Rosario’ y la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete considera que la actuación propuesta es “ambientalmente viable”, y que los impactos producidos “serán mínimos”. También dice que el proyecto no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, agilizando así su desarrollo administrativo.

La diatomita, restos de algas microscópicas unicelulares

Pero, ¿qué es la diatomita y por qué ha suscitado tanto interés en el último siglo? El catedrático Pablo Higueras, que dirige el Instituto de Geología Aplicada de la UCLM explica que se trata de una roca sedimentaria formada partir de microfósiles, en concreto, de algas unicelulares acuáticas llamadas diatomeas.

Los caparazones de estas minúsculas algas se depositan al morir y terminan consolidándose para convertirse en un material compacto. “Su frústula o caparazón está compuesta de sílice. Es lo que conocemos como roca bioquímica y aparecen en contextos tanto de agua dulce como salada”.

En la provincia de Albacete se encuentran en territorio de antiguos lagos o lagunas. “Son antiguas cuencas lacustres que debieron ser de sedimentación tranquila, sin entrada de agua con alta carga de materiales turbios porque, para tener calidad al morir y acumularse, las diatomeas necesitan estar en un ambiente de aguas muy limpias, sin presencia de arenas o de arcillas que ejercen un efecto de impermeabilización”.

Hay más de 300.000 especies diferentes de diatomita, pero tienen una cosa en común: crean depósitos en grandes áreas y se caracterizan por su alta porosidad y permeabilidad. “Son como un colador, llenas de poros, y eso es lo que tengan interés para distintas aplicaciones”, dice el geólogo.

La diatomita es capaz de absorber hasta 2,5 veces su peso y además las propiedades térmicas de la sílice diatomácea, junto a la porosidad de las frústulas de las algas diatomeas convierten a esta roca en un potente aislante térmico, aunque sus utilidades van hoy en día mucho más allá.

Tanto, que el interés técnico y económico por parte de Imerys radica, según explica la empresa a elDiario.es Castilla-La Mancha en que “la diatomita es un recurso mineral estratégico, con aplicaciones industriales relevantes (filtración, cargas minerales, materiales aislantes…).

Imerys sostiene que cuenta con “instalaciones operativas y conocimiento técnico específico del recurso” y que ahora ha identificado en Albacete nuevas zonas en las que hay muchas posibilidades de encontrar formaciones que datan del Mioceno “con niveles ricos en diatomeas”.

La mayoría de los yacimientos de diatomitas de interés económico se desarrollaron desde el Terciario hasta el Holoceno. Si hablamos de los primeros usos industriales hay que remontarse a la antigua Grecia, donde se usaban para la construcción. Los romanos hicieron algo parecido.

“Durante todo el siglo XX se han sucedido repuntes en la producción y consumo de diatomitas relacionados con los principales conflictos bélicos”, señalaba un estudio publicado por especialistas en Geología la Universidad Complutense allá por 2011.

En España, los yacimientos de diatomita se localizan en Murcia y en parte de Andalucía, pero en la provincia de Albacete están los más importantes del país.

El proyecto ‘Rosario’ busca “evaluar el potencial de diatomita” en la Sierra del Segura. Se trata, dice Imerys, de “un programa de prospección y estudio diseñado para comprender mejor la calidad, el espesor y la continuidad de los estratos de diatomita identificados dentro del área del proyecto”. Y es que la empresa francesa busca dar continuidad a la actividad “histórica” en el sector que desarrolla tanto en Alicante como en Elche de la Sierra.

La hipótesis geológica que se investiga es que el yacimiento de Rosario podría pertenecer al mismo yacimiento mineral explotado históricamente en la región, caracterizado principalmente por la presencia de carbonato de calcio

Imerys

La zona de expansión está a unos 18 kilómetros del actual emplazamiento de Elche de la Sierra. “La hipótesis geológica que se investiga es que el yacimiento de Rosario podría pertenecer al mismo yacimiento mineral explotado históricamente en la región, caracterizado principalmente por la presencia de carbonato de calcio”, detallan fuentes de la empresa.

El permiso de exploración que acaba de concederse permitirá confirmar específicamente si existe o no esta similitud geológica.

Oposición institucional y de diversos colectivos al proyecto

El proyecto Rosario cuenta ya con el visto bueno del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero en el camino se ha topado con un destacado rechazo social e institucional.

Tanto los ayuntamientos de Férez como de Socovos se han opuesto argumentando no solo razones ambientales. Creen que una cantera no generaría beneficios económicos significativos para los municipios, pero que sí causarían graves problemas ambientales. Ambos consistorios señalaron su intención de impedir estas instalaciones cerca de los núcleos de población.

Además, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, presentó un informe negativo específicamente contra algunos de los sondeos por estar situados sobre el Canal Alto del Taibilla, algo que en su opinión pondría en riesgo la integridad de esta infraestructura de abastecimiento de agua que llega vía trasvase Tajo-Segura.

Desde el departamento de Cultura del Gobierno regional también se avisó de que algunos sondeos afectan a zonas de protección arqueológica de Férez y Socovos.

Después, organizaciones ambientales como la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) pidieron que no se autorizase la prospección debido a los “gravísimos impactos” sobre los valores naturales. Otros colectivos como la Asociación Cultural La Abejuela Aldea Viva y la Comunidad de Regantes Las Fuentes de Letur o el Club Deportivo básico Socovos advirtieron de “riesgos” para los recursos hídricos (manantiales y fuentes) utilizados para el consumo humano y agrícola: temen que puedan ser contaminados por las perforaciones. Y finalmente, la Asociación Pueblos Vivos del Segura sostiene que las futuras explotaciones a cielo abierto causarían alteraciones irreparables en el desarrollo económico y turístico de la zona, además de riesgos para la flora, fauna y la calidad del agua potable.

El Gobierno regional se mostraba asombrado en la resolución que da luz verde ambiental al proyecto al asegurar que es “una movilización ciertamente sorprendente, teniendo en cuenta, que sucede en torno a una primera fase de investigación minera, y que no se trata de proyectos de explotación”.

Es una movilización ciertamente sorprendente, teniendo en cuenta, que sucede en torno a una primera fase de investigación minera, y que no se trata de proyectos de explotación

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete

Por su parte, la empresa asegura que “todos los trabajos de exploración se realizan dentro de un marco legal y normativo estricto, de acuerdo con las autorizaciones y procedimientos aplicables”. En este sentido, Imerys subraya, en declaraciones a este medio, que “implementará rigurosamente todas las recomendaciones” incluidas en la resolución del Gobierno regional que ha visto la luz este mismo mes de mayo.

También añade que “las actividades de exploración se limitarán al perímetro autorizado y excluirán las zonas identificadas como sensibles por las autoridades competentes” y que ha iniciado “un proceso de intercambio de información y diálogo con los agentes locales”, que se traducirán en reuniones con colectivos en concreto y también convocatorias informativas públicas.

¿Para qué usarán la diatomita?

Imerys explica que la diatomita es un material natural con propiedades físicas “únicas” por su porosidad, su baja densidad y alta capacidad de absorción. La que se extrae en Albacete “posee características específicas que le permiten satisfacer las necesidades de diversos sectores industriales”.

No solo se utiliza como agente matificante en pinturas, como agente antiadherente para películas poliméricas y en la fabricación de moldes dentales, sino que tiene aplicaciones en los sectores del caucho, la agricultura y la alimentación animal (se usa como compuesto en los piensos).

Además, se usará para purificar líquidos eliminando partículas en suspensión, y se emplea principalmente en el tratamiento de aceites comestibles, aceites minerales y en la producción de aluminio. Sin embargo, matiza, “su contenido natural de caliza la hace inadecuada para la filtración de cerveza, vino o azúcares”, como ocurre con las diatomeas de otros lugares.

Pablo Higueras recuerda que las diatomitas tienen también usos vinculados al sector farmacéutico y son un buen soporte para los fertilizantes que se utilizan en el ámbito agrario. “No es un fertilizante como tal, pero sí tiene aplicaciones en agricultura para mejorar suelos”. Pueden ser incluso útiles en los procesos de perforación de pozos petrolíferos.

Los trabajos no comenzarán al menos hasta finales de año

La empresa no prevé empezar los trabajos al menos hasta dentro de seis meses. “Aún se deben completar varios pasos administrativos y preparatorios”, señalan, antes de comenzar a explorar. En concreto, faltan autorizaciones operativas del departamento provincial de minería, la organización logística de las campañas de exploración y otros detalles técnicos.

Imerys recuerda que la zona de Elche de la Sierra “cuenta con una larga tradición minera relacionada con la diatomita, que se remonta a 1886”. La empresa cuenta con nueve concesiones activas en la zona: cinco lo son con vigencia hasta 2038 y otras cuatro (en la misma cantera, pero con permisos diferentes) también con concesión habilitada hasta 2038.

Algunos libros describen un territorio mientras lo vamos atravesando. Remover la tierra, el nuevo trabajo del escritor y abogado ambientalista emeritense Antonio Sánchez Gómez pertenece claramente a este grupo. El lector no permanece a salvo observando desde fuera: desciende con el autor a galerías mineras sin oxígeno, bucea lagos convertidos en salares tóxicos, escucha las explosiones de dinamita en los cerros bolivianos y acompaña a comunidades indígenas que intentan sobrevivir en territorios devastados por décadas de salvaje extracción minera como en San Agustín de Puñaca, en Oruro, Bolivia.

Publicado por Sigilo Editorial, el libro es una mezcla singular de crónica periodística, ensayo político, literatura de viajes y narrativa testimonial. Pero, sobre todo, es una inmersión en las heridas contemporáneas del extractivismo latinoamericano y en las vidas que quedan atrapadas bajo sus consecuencias y que parece no importar a casi nadie. También se busca evidenciar el poder del litigio estratégico y de herramientas jurídicas que, pese a su potencial, rara vez se activan para corregir vulneraciones de derechos colectivos como el agua o la soberanía alimentaria, así como para proteger los derechos de la Naturaleza, ámbito en el que Bolivia ha sido pionera.

Sánchez Gómez, nacido en Mérida en 1981, no se aproxima a este territorio desde la distancia académica ni desde el turismo literario. Su escritura está modelada por una experiencia directa, acumulada durante años de litigio y acompañamiento a comunidades que resisten la devastación ambiental. Su trayectoria como abogado ambientalista no funciona como simple nota biográfica: constituye la arquitectura ética y epistemológica de su obra, la lente desde la que interpreta y narra los conflictos socioecológicos de América Latina.

Tras enfrentarse jurídicamente a los llamados mecheros de la muerte en la Amazonía ecuatoriana —esas antorchas petroleras que durante décadas quemaron gas a escasos metros de poblaciones indígenas, convirtiendo la noche en un resplandor tóxico— publicó Derrotero, un libro que no solo documenta la violencia extractiva, sino que reivindica la dignidad y la vulnerabilidad de quienes defienden el territorio. Allí ya se intuía una voluntad de pensar la justicia desde el territorio, no desde los marcos abstractos del Derecho.

Ahora, el escenario se desplaza hacia Bolivia, donde el autor participa en procesos judiciales vinculados a la contaminación minera y colabora con organizaciones sociales y ambientales que denuncian la destrucción de ecosistemas y comunidades enteras. Este desplazamiento geográfico no es un mero cambio de escenario: es la continuidad de una cartografía del daño y, al mismo tiempo, de una geografía de resistencias que Sánchez Gómez convierte en literatura crítica, comprometida y profundamente humana.

Ese punto de partida jurídico y militante dota a Remover la tierra de una dimensión poco habitual: el narrador no es únicamente observador, sino también parte implicada en la investigación y en los procesos de denuncia. Desde esa posición híbrida —entre abogado, cronista y viajero— Sánchez Gómez construye una narración profundamente física y sensorial.

Lago Poopó

La obra comienza en las tierras altas bolivianas, acompañando a miembros del Centro de Desarrollo Andino (CENDA) en la preparación de una demanda ambiental relacionada con la destrucción del lago Poopó, uno de los mayores humedales andinos del continente. La escena inicial ya marca el tono del libro: un paisaje fantasmal donde apenas queda agua y donde las nubes parecen reflejarse “en un mínimo espejo” sobre una costra de sal. Lo que antes fue un lago lleno de peces y aves migratorias se ha convertido en un territorio moribundo por la combinación de sequía, cambio climático y contaminación minera.

A partir de ahí, el relato avanza como una especie de descenso progresivo a las entrañas del modelo extractivo. El autor recorre Cochabamba, Oruro, Llallagua y otros territorios amenazados por la minería mientras conversa con activistas, abogados, cooperativistas, indígenas, periodistas y trabajadoras mineras. Cada desplazamiento amplía el mapa de un país marcado por contradicciones permanentes: riqueza mineral y pobreza extrema, resistencia indígena y dependencia económica, memoria revolucionaria y devastación ambiental.

Experiencias casi táctiles

Uno de los grandes aciertos del libro es precisamente su escritura. Sánchez Gómez evita tanto el lenguaje técnico como la frialdad del reportaje convencional. Su prosa tiene una intensidad literaria muy poco frecuente en la no ficción contemporánea. Las descripciones convierten los paisajes en experiencias casi táctiles: el olor metálico de las minas, el frío extremo del altiplano, el polvo suspendido sobre las carreteras o la sensación de asfixia dentro de los túneles aparecen narrados con una precisión que sitúa al lector dentro de la escena.

Especialmente impactantes son los capítulos dedicados a las minas de Llallagua, uno de los grandes enclaves históricos de extracción de estaño en Bolivia. Allí, el autor desciende junto a cooperativistas mineros a galerías subterráneas donde apenas se puede respirar. El relato abandona cualquier romanticismo asociado a la minería y muestra una realidad brutal: trabajadores que arrastran enfermedades pulmonares irreversibles, explosiones constantes, temperaturas extremas y túneles donde un derrumbe puede significar la muerte inmediata.

Sánchez Gómez conecta además esa experiencia contemporánea con la larga historia colonial del extractivismo latinoamericano. El estaño boliviano, recuerda el libro, alimentó la industria mundial durante el siglo XX y permitió fabricar desde conservas alimentarias hasta componentes electrónicos. Bajo el brillo de la modernidad tecnológica aparecen así miles de cuerpos humanos sacrificados y montañas literalmente vaciadas por dentro.

La figura de Simón Patiño —el magnate boliviano del estaño conocido como “el rey del estaño”— recorre buena parte del texto como símbolo del capitalismo extractivo latinoamericano, pero no se limita a denunciar el pasado colonial o empresarial. También pone el foco en los conflictos contemporáneos: la contaminación por metales pesados, la falta de control estatal, las luchas entre cooperativas mineras y comunidades indígenas o las consecuencias del agronegocio sobre territorios amazónicos y rurales.

A lo largo de sus páginas aparecen además múltiples voces del pensamiento crítico boliviano y latinoamericano. La antropóloga Alison Spedding, el activista Óscar Olivera o diferentes líderes indígenas y ambientales dialogan con el autor sobre colonialismo, ecología y resistencia popular. El resultado es un mosaico complejo donde conviven análisis político, memoria histórica y experiencia personal.

Mujeres palliris

Pero probablemente las páginas más conmovedoras sean las dedicadas a las mujeres palliris, viudas de mineros que sobreviven seleccionando manualmente restos minerales entre escombros tóxicos. Sánchez Gómez retrata sus jornadas de trabajo bajo temperaturas extremas y rescata testimonios marcados por la pobreza y la exclusión. Son mujeres que trabajan rodeadas de polvo metálico y piedras mientras recuerdan a maridos muertos por silicosis o enfermedades relacionadas con la minería.

El libro también aborda cómo la violencia extractiva afecta de manera diferenciada a las mujeres. En el universo minero aparecen supersticiones, exclusiones y dinámicas profundamente patriarcales que históricamente han apartado a las mujeres del trabajo remunerado dentro de las minas, relegándolas a tareas invisibles y extremadamente precarias.

Las palliris se encuentran al final de un sistema que no solo machaca territorios también cuerpos, tienen historias personales muy duras pero también la necesidad de ser reconocidas como la última pieza de un engranaje cruel.

Todo ello convierte Remover la tierra en una obra que dialoga directamente con debates contemporáneos sobre transición ecológica y explotación de recursos naturales. Mientras Europa y Estados Unidos aceleran la demanda de minerales estratégicos para sostener la digitalización y la llamada economía verde, el extremeño afincado en Barcelona recuerda qué territorios y qué cuerpos sostienen realmente ese modelo.

El libro plantea así una pregunta incómoda, pero inevitable: qué precio humano y ambiental tiene el progreso tecnológico contemporáneo. Porque detrás de los teléfonos móviles, las baterías, los ordenadores y los centros de datos continúan existiendo montañas perforadas, aguas contaminadas y comunidades de seres humanos desplazadas.

Apuesta formal

Más allá del contenido político y ambiental, Remover la tierra destaca también por su apuesta formal ya que construye una escritura que mezcla observación periodística, lirismo y oralidad popular. El resultado tiene momentos cercanos a la literatura de viajes latinoamericana, al nuevo periodismo e incluso al realismo mágico andino, especialmente cuando aparecen figuras míticas como 'El Tío', la deidad de las minas bolivianas que mezcla creencias indígenas y demonología colonial.

En un contexto mediático dominado por la rapidez y la simplificación, el autor apuesta por una narración lenta, inmersiva y profundamente documentada. No se limita a informar: intenta comprender cómo funciona un sistema económico capaz de convertir territorios enteros en zonas de sacrificio. Tampoco quiere pasar por alto que las corporaciones canadienses y australianas responsables de algunos de los mayores desastres ambientales en Bolivia son las mismas que hoy realizan prospecciones en la península ibérica mientras se nos insta a celebrar la extracción de supuestos minerales críticos o estratégicos, categorías construidas por la propaganda corporativa hasta convertirse en sentido común.

Sin embargo, estos términos no responden a realidades geológicas inevitables sino a intereses económicos que se presentan como urgencias históricas. El precedente boliviano es elocuente: el boom del estaño en la primera mitad del siglo XX —impulsado por la demanda bélica de las guerras mundiales— se desplomó en cuanto cesaron los conflictos, dejando una industria desmantelada y a miles de mineros sin sustento. Un siglo después, se repite la narrativa: se nos convence de que debemos sacrificar nuestros territorios para alimentar una nueva carrera armamentística y tecnológica, cambiando los minerales, pero no la lógica extractiva que los legitima.

Acompañamiento y escucha

Con esta obra, Antonio Sánchez Gómez consolida además una trayectoria singular dentro de la literatura de no ficción española. Desde Extremadura con visión internacionalista, el autor construye una mirada holística conectada con las luchas ambientales y sociales de América Latina, alejándose de enfoques paternalistas o exotizantes. Lo hace desde el acompañamiento y la escucha, pero también desde una evidente posición política: la defensa de los territorios y de las comunidades que resisten frente a la lógica depredadora del extractivismo global.

Remover la tierra, no es por lo tanto, únicamente un libro sobre minería o contaminación ambiental. Es también una reflexión sobre el colonialismo contemporáneo, la desigualdad global y la forma en que el norte económico continúa sosteniendo su bienestar sobre territorios convertidos en espacios de sacrificio. Y quizá por eso su lectura deja una sensación incómoda y persistente: la certeza de que bajo cada dispositivo tecnológico y bajo cada promesa de progreso siguen existiendo minas oscuras donde alguien continúa respirando polvo tóxico para sostener el mundo contemporáneo.

Y es que, aunque en el mundo algunas personas están lejos unas de otras, nunca lo suficiente como para que los comportamientos de unas no influyan sobre las demás.

La Junta de Castilla y León ha dado este miércoles carpetazo a uno de sus propios proyectos mineros, muy polémico por situarse en plena Sierra de la Culebra de Zamora, en la comarca de Sanabria, y a escasa distancia de Portugal, un país donde se había generado un amplio rechazo por afectar a zonas protegidas. La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado la denegación de la autorización ambiental de la mina a cielo abierto de estaño y wolframio denominada Valtreixal, solicitada en el año 2009 por la sociedad Valtreixal Resources Spain, filial del grupo de origen canadiense Almonty Industries.

La explotación pretendía ocupar 246 hectáreas en los términos municipales de Pedralba de la Pradería y Cobreros, proyectaba una mina a cielo abierto con una vida útil de 17 años. Su localización concreta se situaba en plena Red Natura 2000, en el Lugar de Interés Comunitario 'Sierra de la Culebra', a 4 kilómetros aguas arriba del Parque Natural del Montesinho, en Portugal, y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, hogar del lobo ibérico.

La Junta de Castilla y León ha concluido con una negativa la solicitud de autorización ambiental presentada en el año 2019 “por entender que el proyecto podría suponer afecciones e impactos severos a los valores naturales con los que coincide en un amplio territorio transfronterizo, resultando ambientalmente inviable, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis técnico efectuado y, en especial, en la valoración realizada desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en su informe relativo a las afecciones al medio natural, así como en el resultado de las consultas transfronterizas realizadas al Estado de la República de Portugal”.

La resolución, firmada por el consejero en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones, califica el proyecto como “ambientalmente inviable”. Los informes técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal advirtieron que la mina causaría perjuicios irreparables a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, específicamente a las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 'Riberas del Río Tera y afluentes' y 'Sierra de la Culebra'.

El proyecto contemplaba una capacidad de procesado de 500.000 toneladas anuales de mineral durante 17 años. De este volumen, se estimaba una producción anual de entre 770 y 1.300 toneladas de concentrados de wolframio y entre 500 y 620 toneladas de concentrados de estaño.

Un proyecto impulsado por la propia Junta de Castilla y León

La controvertida mina a cielo abierto era, en realidad, un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad mixta Siemcalsa, que se hizo con los derechos mineros en el año 2006 de una explotación concedida en 1978 pero que nunca se llevó a cabo. Los orígenes mineros de la zona se datan a finales del S. XIX y en 1932 hubo una explotación de wolframio denominada Alto Calabor.

En el año 2013 la multinacional Almonty Industries firma un acuerdo de opción de compra con SIEMCALSA para adquirir el 51% del proyecto, del que se hizo con la totalidad en el año 2017. El 1 de abril del 2019 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la solicitud de declaración de impacto ambiental del llamado proyecto minero Valtreixal.

En el 2020 la Junta de Castilla y León presumía en una nota de prensa del impulso del proyecto mediante la aprobación de las Normas Urbanísticas de Pedralba de la Pradería. Aseguraba el gobierno autonómico entonces que “Este proyecto empresarial supondrá un revulsivo importante para la zona con la creación de 200 puestos de trabajo directos y casi 400 indirectos”. Las nuevas normas contemplaban autorizar el uso del suelo solicitado para el proyecto, que contemplaba una inversión de 42.357.000 dólares “en una zona y una provincia que necesita de empresarios y empresas que crean en los recursos que genera nuestra tierra”, recalcaba la Delegada Territorial Clara San Damián.

Oposición social y portuguesa

La Confederación Hidrográfica del Duero elaboró hasta tres informes sobre el proyecto minero. Sus técnicos se centraron en la vulnerabilidad de la red fluvial que atraviesa el área de explotación, considerando que las actuaciones supondrían un impacto muy significativo sobre el dominio público hidráulico y los arroyos que atravesaban la zona de explotación, concluyendo que vulnerarían la Ley de Aguas.

Además la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal identificó una lista de especies cuya supervivencia o hábitat se vería seriamente comprometido como del desmán ibérico, el lobo ibérico, diversas especies de murciélagos, el milano real y negro, el buitre negro, el buitre leonado, el águila real, la culebrera europea y el aguilucho pálido, entre otras.

Durante el periodo de información pública, una decena de asociaciones (como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y diversas plataformas ciudadanas) presentaron miles de alegaciones en contra de la mina a cielo abierto denunciando falta de rigor en los informes técnicos, riesgos no evaluados por el uso de explosivos, afección a especies protegidas y amenazas a la economía y patrimonio local.

Desde el otro lado de la frontera la postura ante el proyecto minero Valtreixal fue de una firme y generalizada oposición, manifestada tanto por su gobierno como por diversas instituciones y colectivos ciudadanos,. Esta resistencia se fundamentó en la preocupación por los impactos ambientales y sociales que la mina tendría sobre el territorio luso, dada su extrema cercanía a la frontera (a apenas 5 kilómetros) y en la Reserva de la Biosfera compartida.

En el periodo de consultas el Gobierno de Portugal consideró que la documentación y los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa promotora eran insuficientes para garantizar la seguridad ambiental en la zona, alertando de que la explotación afectaría gravemente al Parque Natural de Montesinho y a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, advirtiendo que el sello de la UNESCO para esta reserva estaba en riesgo por culpa de la mina.

Portugal denunció que el proyecto podría contaminar la cuenca hidrográfica del Duero a través del río Sabor e identificó que las aldeas de Rio de Onor, Aveleda y Varge serían las más directamente perjudicadas por el ruido de las voladuras y el polvo generado por la actividad minera.

La pequeña ciudad de Kiruna alberga una de las hazañas industriales más impresionantes del continente europeo y del mundo entero. Esta localidad nació y creció gracias a su inmenso yacimiento de hierro, cuya explotación comenzó formalmente en el año 1898 bajo la dirección de la compañía estatal LKAB. Considerada hoy como la mayor mina de hierro de Europa, Kiruna no solo define la economía regional, sino que también sustenta el 80% de la producción de este mineral en la Unión Europea. 

Su historia está marcada por la construcción de un ferrocarril estratégico hacia el puerto de Narvik, facilitando la exportación masiva de un recurso que ha moldeado el desarrollo del norte de Suecia durante más de un siglo. La vida cotidiana en este remoto enclave gira en torno a los ritmos de la extracción, creando una identidad industrial única y profunda. El compromiso con la producción eficiente ha convertido a este lugar en un símbolo de progreso y resistencia técnica en las condiciones climáticas más extremas del círculo polar ártico.

La mina de Kiruna es un referente global de innovación tecnológica, operando con sistemas autónomos y maquinaria eléctrica de última generación controlada a distancia por especialistas. A diferencia de las minas tradicionales, aquí se utilizan equipos de perforación continua supervisados desde paneles de control externos, lo que garantiza niveles de seguridad y eficiencia energética superiores. Con una estructura organizativa horizontal, la mayoría de sus 1.800 empleados realizan labores cognitivas y de resolución de problemas, dejando las tareas rutinarias a la automatización. 

El yacimiento se extiende a profundidades extraordinarias que ya alcanzan los 1.365 metros, prolongando su vida operativa mediante una inversión constante en infraestructura inteligente. Este ecosistema de vanguardia permite extraer cerca de veinte millones de toneladas de hierro al año, consolidando su posición como la primera representante de la minería del futuro en el mundo. Geológicamente, el yacimiento consiste en una enorme veta de magnetita y apatita de cuatro kilómetros de largo y ochenta metros de ancho, formada hace 1.600 millones de años. Aunque sus leyes de hierro promedio rondan el 48%, su escala masiva y el uso de métodos de hundimiento de subniveles la mantienen como una operación altamente rentable. 

El mineral extraído es transportado inicialmente por trenes subterráneos de quinientas toneladas hacia trituradoras internas antes de ser enviado a la superficie para su procesamiento final. Una vez procesado, el hierro se convierte en millones de toneladas de pellets que son fundamentales para la industria del acero a nivel internacional, permitiendo construir infraestructuras globales. A pesar de los desafíos que supone el alto contenido de fósforo en el mineral, LKAB ha logrado romper paradigmas industriales mediante la aplicación de técnicas de refinamiento y logística sumamente avanzadas. La mina genera cada año más de quince millones de toneladas de pellets listos para su exportación a mercados globales.

Para los viajeros que buscan una experiencia inusual, la mina ofrece un recorrido turístico fascinante que permite descender hasta los 540 metros de profundidad. Esta visita se realiza en la denominada InfoMina, un túnel que ya no se utiliza para la producción activa pero que conserva toda la atmósfera industrial. Los visitantes parten en autobús desde el centro de turismo de la ciudad para adentrarse en las entrañas de la montaña Kiirunavaara, equipados obligatoriamente con cascos de seguridad. Durante el trayecto subterráneo, los guías explican la importancia de la minería para la comunidad local y muestran ejemplos reales de la tecnología empleada en los procesos de extracción. 

Es una oportunidad única para contemplar de cerca las dimensiones de los túneles, que son sorprendentemente espaciosos y están diseñados para albergar maquinaria pesada de gran tamaño. La excursión dura aproximadamente tres horas y requiere reserva previa debido a su enorme popularidad entre los turistas. Dentro de las instalaciones subterráneas, la temperatura se mantiene constante a unos diez grados centígrados durante todo el año, lo que hace el recorrido cómodo incluso en invierno. El itinerario incluye la visita a una “escuela de minería” donde se detallan paso a paso las fases de perforación, voladura y transporte del mineral hacia los puertos. 

Un café bajo tierra

Una de las partes más curiosas del recorrido es la posibilidad de interactuar con mapas tridimensionales que muestran la vasta red de galerías que se extienden bajo tierra. Al finalizar la lección técnica, los visitantes pueden relajarse en una cafetería ubicada a centenares de metros bajo la superficie, disfrutando de café y galletas cortesía de la mina. Esta pausa, conocida como “fika” en Suecia, permite procesar la magnitud de la ingeniería humana que se despliega en ese entorno hostil. 

Sin embargo, el éxito de la extracción masiva de hierro tiene una contrapartida dramática: la ciudad de Kiruna se está hundiendo literalmente debido a la deformación del terreno. Las explosiones nocturnas, que ocurren puntualmente a la una y media de la madrugada, provocan vibraciones constantes y grietas que avanzan inexorablemente hacia el centro urbano. El nivel de hundimiento es tal que las autoridades y la empresa LKAB determinaron que la infraestructura actual corre un riesgo inminente de colapso total. Este fenómeno geológico ha obligado a tomar una de las decisiones urbanísticas más extremas y ambiciosas de la historia moderna de la humanidad. La conexión entre la mina y la ciudad es tan íntima que la supervivencia de la primera depende paradójicamente de la reubicación física de la segunda. Por ello, el proyecto de reubicación consiste en trasladar gradualmente todo el centro de la ciudad unos tres kilómetros hacia el este para escapar de las zonas de hundimiento. 

Kiruna en cualquier caso sigue siendo hoy un lugar de contrastes donde la tradición minera de más de un siglo convive con la tecnología más avanzada del siglo XXI. La mina de hierro no es solo una explotación industrial, sino el motor que garantiza la existencia de esta comunidad en condiciones climáticas extremas. A medida que la ciudad se reinventa en su nueva ubicación, el yacimiento continúa expandiéndose hacia profundidades aún mayores para satisfacer la demanda global de acero. El turismo se ha integrado como un pilar fundamental, permitiendo que personas de todo el mundo comprendan el impacto humano y tecnológico de la minería moderna.

La futura mina de fosfatos que la empresa Alcudia Phosphates quiere abrir en la pequeña localidad de Fontanarejo (Ciudad Real), muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros, sigue generando la indignación de la Plataforma No a la Mina que se constituyó contra este proyecto, con el apoyo de Ecologistas en Acción.

Mientras que el proyecto se encuentra en mitad de un proceso judicial contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Albacete debido al inicio de las obras, que sus detractores consideran “ilegal”, ahora una corrección de errores en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha vuelto a exaltar los ánimos.

El cambio en cuestión se produjo a finales del pasado mes de marzo, cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó una modificación de la declaración de impacto ambiental (DIA) concedida a este proyecto hace ocho años.

Explica la Administración regional que en 2023 ya hubo una primera corrección de errores para deslindar, una vez que el proyecto hubiera sido autorizado administrativamente por el órgano sustantivo, los conceptos de “ejecución del proyecto” y de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, de cara a la presentación de la empresa de diversa documentación exigida en la mencionada declaración de impacto ambiental.

En esa modificación de hace tres años se incluyó dentro del concepto de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, la realización de calicatas y perforaciones previas, así como “otras labores preliminares que implicaran el arranque y transporte del material rocoso”.

Un cambio a petición de la empresa promotora

No obstante, explica el documento, el pasado 11 de febrero la empresa promotora presentó un escrito ante el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en el que argumentaba que el hecho de incluir esas actuaciones de calicatas en el concepto de “actividad extractiva”, le supone dos impedimentos desde el punto de vista técnico y administrativo.

Por una parte, alegaba la promotora, le impide de plano elaborar y presentar, ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el estudio hidrogeológico integral para caracterizar cuantitativa y cualitativamente las aguas del entorno de actuación y diseñar el protocolo de control ante posibles episodios de contaminación. Esta es una de las condiciones que pide la declaración de impacto ambiental.

Y en segundo lugar, la empresa alegaba que el proyecto minero tiene asociada una planta para el tratamiento del mineral extraído durante la actividad minera, que también se ha evaluado en la declaración de impacto ambiental. Señala que para poder realizar el diseño definitivo de la planta de tratamiento es necesario “modelizar el proceso productivo en una fase previa experimental” dentro de una planta piloto que el promotor dispone en la provincia de Cáceres.

Para conformar estos ensayos técnicos, que precisan el material procedente de la zona objeto de explotación, resulta “imprescindible”, añade la promotora, realizar una cata de muestreo en seco de carácter no productivo con fines de investigación.

Por todo ello, considera la empresa que el hecho de asemejar trabajos extractivos con fines “exclusivamente experimentales” y de investigación de carácter preliminar (las mencionadas perforaciones y calicatas “de escasa entidad”) con el concepto de “actividad extractiva y productiva”, acarrea un “perjuicio”: eso “imposibilita” a la empresa avanzar en el desarrollo del proyecto desde el punto de vista administrativo y técnico.

Por tanto, el Gobierno regional modifica el apartado en el que se incluye la realización de calicatas y perforaciones previas, para incorporar que esa actividad está excluida como actividad extractiva.

La Plataforma No a la Mina de Fontanarejo interpreta que con ello, la Administración le sigue “facilitando” el proyecto a los promotores mediante este “procedimiento irregular” de la corrección de errores.

“El objetivo de este cambio, según dicen en el argumentario previo, es para poder hacer el estudio hidrogeológico y sacar materiales para afinar el proceso de la planta de tratamiento, que son asuntos previos del proyecto y de la evaluación ambiental y que ya tenían que estar resueltos antes de la declaración de impacto ambiental y no hacerse a posteriori”, argumentan.

De hecho, esta es una de las razones por las que este proyecto se encuentra en los tribunales, en el marco del recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma ciudadana y actualmente en litigio.

"La ley solo autoriza cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”

Plataforma No a la Mina de Fontanarejo

Este colectivo añade que la propia empresa alude, para defender la corrección de errores, a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que contempla esa posibilidad. “Pero, según la jurisprudencia, eso solo te autoriza a cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”, concluyen.

De cualquier forma, la corrección de errores se produce en mitad del proceso judicial, que arrancó el pasado mes de enero con dos vistas orales y después de que el conflicto se intensificara a mediados del pasado mes de octubre, cuando comenzaron las obras de preparación del terreno para la mina.

Según denunciaba la plataforma ciudadana, el inicio de obras se produjo de forma “ilegal”, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia que expiraba el 5 de febrero de 2024, una fecha anterior tanto a la licencia de obra concedida por el ayuntamiento como al inicio efectivo de los trabajos, que se produjo meses después. Ahora, es intención de la plataforma recoger esta corrección de errores para reflejarlo en las conclusiones del contencioso “para que el juez lo tenga también en cuenta”.

La empresa alega que no hay “repercusión” en el proceso judicial

Consultada por este medio, la promotora Alcudia Phosphates resta importancia a la resolución del Diario Oficial de la comunidad autónoma y asegura que es “una actuación administrativa de carácter no material” destinada a subsanar “una omisión puntual en la documentación”. 

“La corrección permite incorporar una actuación necesaria para completar los estudios requeridos por la Administración y garantizar la correcta ejecución del proyecto. En ningún caso introduce cambios de fondo ni tiene relación o repercusión alguna en el procedimiento judicial en curso”, añade.

Es la misma posición que defiende el Gobierno regional. La Consejería de Desarrollo Sostenible precisa a este medio que las correcciones de errores son “habituales en cualquier proceso de la administración”. “Si se detectan, es la obligación de la administración competente el subsanarlos. Simplemente es eso, una corrección técnica administrativa como se hacen en muchos casos”.

Un recurso judicial por presunto inicio ilegal de las obras

El litigio comenzó cuando el ayuntamiento concedió licencia para el inicio del proyecto después de la mencionada declaración de impacto ambiental. La respuesta de la Plataforma fue demandar a la Administración regional y a la empresa promotora por el inicio “ilegal” de las obras tras la concesión de explotación minera.

En este tiempo y hasta la fecha, la plataforma ciudadana ha recabado más de 100.000 firmas en contra de la mina y ha realizado una consulta popular entre la población de Fontanarejo apoyada por más de la mitad de la población, unas 120 firmas.

El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la declaración de impacto ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que “impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces”.

Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública, permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la Plataforma, “contraviene la legislación vigente”.

A estas supuestas deficiencias añaden en su recurso un estudio ornitológico independiente, realizado a lo largo de 2023 por un equipo de siete ornitólogos y coordinado, entre otros, por el profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.

El estudio documentó la presencia de 14 especies de aves rapaces en el entorno del proyecto, tres de ellas catalogadas como en peligro de extinción en Castilla-La Mancha -águila imperial ibérica, águila perdicera y milano real- y otras seis como vulnerables, entre ellas el buitre negro y el alimoche común.

Por su parte, en el escrito que el abogado del Gobierno regional remitió a la sala en marzo de 2024 con motivo de la demanda, esta administración argumentó que la declaración de impacto ambiental (DIA) presentaba “medidas correctoras de obligado cumplimiento”. “Efectivamente, el presente proyecto, como casi cualquier otro de esta naturaleza, produce un impacto ambiental, y el objeto de la DIA es, precisamente, valorar dicho impacto en relación con el interés público de la actividad, y establecer las medidas correctoras del mismo”.

Ese interés público, añade este documento, viene establecido por la Ley de Fomento de la Minería de 1977 que tiene por objeto promover y desarrollar, dentro y fuera del territorio nacional, la exploración, investigación, explotación y beneficios mineros, con el fin de procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española.

El Gobierno regional también apuntaba en su escrito que el procedimiento se ha realizado “conforme a las prescripciones legales”, con exposición pública y consulta a las entidades afectadas, incluida Ecologistas en Acción, consultada “hasta en tres ocasiones, sin hacer alegaciones al proyecto”.

La empresa promotora del proyecto minero 'El Moto' para la extracción de wolframio en Abenójar (Ciudad Real) tendrá un depósito de explosivos con una capacidad máxima de almacenamiento de casi diez toneladas netas y hasta 15.000 detonadores. Así al menos lo ha solicitado la empresa promotora de esta explotación, Abenójar Tungsten, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública esta petición. La finalidad del depósito es almacenar estos explosivos en uno de los polvorines de la mina y hasta 15.000 detonadores en una pistonera. Apunta que en ambos casos, estarían “semienterrados”.

En el documento se detalla que para la explotación subterránea se empleará el método de minado de barrenos largos por subniveles para la extracción de masas largas de wolframio. Considerando la calidad del macizo del proyecto de 'El Moto', añade que las cámaras “exponen relativamente grandes excavaciones, ejecutadas mediante perforación y voladura con explosivos”. Por ello, apunta como necesario “disponer de explosivos de forma continua a pie de mina”.

Los promotores consideran que las necesidades de explosivo durante las 24 horas del día requieren disponer un depósito de explosivos que agilicen los trabajos de carga y disparo de las voladuras y “facilite su puesta en obra de una manera fácil y segura”.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Explosivos se pretende la instalación de medios de alarma adecuados, conectados a una central receptora de alarmas y a la Guardia Civil, y que sustituirán a los vigilantes de seguridad de explosivos. Así, la vigilancia del depósito, durante el tiempo en que no esté abierto para labores de carga y descarga, será desarrollada por un sistema electrónico de protección.

Un metal “estratégico”

El wolframio o tungsteno es considerado uno de los metales considerados “estratégicos” por la Unión Europea para hacer frente a la dependencia en el suministro, casi al 100%, de terceros países como China. De hecho, más del 80% del suministro mundial de wolframio proviene de aquel país, unas 70.000 toneladas al año.

Los principales productores en la Unión Europea son Austria (unas 900 toneladas/año), España (650 toneladas/año) y Portugal (550 toneladas/año). En el caso de España, las provincias que más wolframio producen actualmente son Salamanca, Cáceres y A Coruña.

Desde el año pasado, en la ecuación ha entrado también la provincia de Ciudad Real. La Comisión Europea dio su bendición -financiación incluida- a este proyecto de extracción del wolframio entre Abenójar y también en Almodóvar del Campo, en Castilla-La Mancha. El compromiso de financiación que llegó desde la Unión Europea coincidió con la luz verde otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha al proyecto.

“Esta mina va a suponer al menos el 20% del wolframio de toda Europa. Se estima que cada año se extraerá una tonelada”, aseguró entonces la consejera de Desarrollo Sostenible de la comunidad autónoma, Mercedes Gómez. La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, natural de Abenójar, lo calificaba de “buena noticia” porque “da un espaldarazo definitivo a un proyecto que supone la creación de 300 puestos de trabajo directos y hasta 700 indirectos”.

Abenójar Tungsten es la promotora, bajo el paraguas de la compañía Mining Hill’s, que había pedido financiación a Europa. En teoría, dicen los especialistas y la propia compañía promotora, en el subsuelo hay 91 millones de toneladas de mineral de wolframio y 1,2 millones de onzas de oro.

Será una mina subterránea con una profundidad máxima de 350 metros y unas 600 cámaras diseñadas para trabajar en las vetas de wolframio que está mezclado con oro. Allí hay minerales de wolframio como la ferberita y scheelita.

La empresa también explica que el “wolframio es el principal metal de interés económico”, además del oro como “subproducto”, pero que también hay metales asociados, entre ellos bismuto, galio y “elementos de tierras raras”. La inversión global ronda los 150 millones de euros.

Según informó la compañía que impulsa el proyecto en Abenójar cuenta con otros proyectos similares en ejecución en España. Entre ellos destaca la mina de magnesitas de Rubián, en Lugo, que comparte muchas características con 'El Moto' y lleva en operación más de 50 años. Es, asegura, “un modelo de explotación sostenible y exitoso”.

La contraprestación para Castilla-La Mancha es la creación de empleo. “Un porcentaje elevado de los trabajadores que se incorporarán al proyecto viven en Abenójar y alrededores. Lleva asociado un polígono industrial, con empresas cuyos servicios necesitará la mina a lo largo del tiempo”, afirmó. En todo caso, avanzó que la compañía no prevé extraer mineral útil para comercializar al menos hasta 2027.

Más allá de eso, sostiene que se trata de un proyecto de largo recorrido en el tiempo porque la concesión minera es de 90 años y en su programación creen que la vida útil de la mina será de 26 años.

Los ecologistas, contra la “opacidad” del proyecto

Pero no son todo parabienes. Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Comisión Europea su inclusión como proyecto estratégico y será el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto a otros colectivos.

Frente a la “transparencia” que esgrime el Gobierno castellanomanchego, la organización ecologista habla de “opacidad” en el proceso y en el acceso a la documentación, con la excusa del “secreto empresarial”. También critica que la designación como proyecto estratégico suponga en su opinión “eximir a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales, dando carta blanca para usar cantidades ingentes de agua”, además de “contaminar”.

La organización ya alertó en 2018 sobre lo que considera un proyecto de elevado impacto ambiental. La que fuera coordinadora del área de minería nacional de Ecologistas en Acción, Elena Solís, mantiene hoy que hay “vicios” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y cita “la falta de un estudio hidrogeológico completo que analice de dónde se captarán las escasas aguas subterráneas en la zona para el procesamiento del oro y el wolframio, o si las balsas de ácidos son seguras y cuál es el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por los elementos tóxicos necesarios”.

Ya hace casi ocho años que la Junta de Castilla-La Mancha dio luz verde ambiental al proyecto para una mina de fosfatos en la localidad de Fontanarejo, en la provincia de Ciudad Real. El uso industrial de este mineral, donde el fósforo se combina con el oxígeno, se utiliza en la alimentación, como en carnes y lácteos, y también en componentes comunes de detergentes y para el tratamiento de aguas.

Desde el momento en que en el pueblo, de unos 220 habitantes y cercano al Parque Nacional de Cabañeros, se conoció esta iniciativa, vecinos y vecinas constituyeron la Plataforma No a la Mina, con el respaldo de Ecologistas en Acción, para protestar por su futura instalación. El motivo: posibles afecciones a la salud pública y al medio ambiente (flora y fauna) por las partículas en suspensión que provocaría la extracción minera.

Hubo protestas ciudadanas, pero la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha dio luz verde ambiental al proyecto: consideró que no existían esas afecciones que denunciaban ecologistas y vecinos.

Posteriormente, se otorgó licencia para el inicio del proyecto. La respuesta de la Plataforma fue demandar a la Administración regional y a la empresa promotora por ambas circunstancias, tanto por la declaración de impacto ambiental (DIA) como por el inicio “ilegal” de las obras tras la concesión de explotación minera a la empresa Alcudia Phosphates S.L., cuya administradora única es Fertiberia S.A.

En este tiempo y hasta la fecha, la Plataforma ha recabado más de 100.000 firmas en contra de la mina y ha realizado una consulta popular entre la población de Fontanarejo apoyada por más de la mitad de la población, unas 120 firmas.

Mientras las excavaciones para la mina han seguido su curso, ocho años después de esa autorización ambiental y cuatro años después del inicio de las obras, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha acogido en Albacete las dos vistas orales del juicio por esa demanda.

Este juicio ha arrancado después de que el conflicto se intensificara a mediados del pasado mes de octubre, cuando comenzaron las obras de preparación del terreno para la mina. Según denunciaba la Plataforma, se produjo de forma “ilegal”, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia que expiraba el 5 de febrero de 2024, una fecha anterior tanto a la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento como al inicio efectivo de los trabajos, que se produjo meses después.

La Plataforma sostiene que la instalación de una caseta de obra en enero de 2024, utilizada por la empresa promotora para justificar el cumplimiento de los plazos de la DIA, no puede considerarse un inicio real de las obras, al tratarse de una actuación “meramente preparatoria sin ejecución material del proyecto”. Esta cuestión forma parte del núcleo de las presuntas “irregularidades” denunciadas, según consta en el recurso al que ha tenido acceso elDiario.es de Castilla-La Mancha.

El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la declaración de impacto ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que “impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces”.

Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública, permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la Plataforma, “contraviene la legislación vigente”.

Riesgos para la salud y los recursos hídricos

Entre los informes aportados al procedimiento destaca el relativo a la presencia de elementos radiactivos en el suelo de la explotación. Según Ángel de la Cuesta Gómez, especializado en Química Física y autor de uno de los informes presentados, la zona presenta emisiones naturales de gas radón, un fenómeno habitual en suelos graníticos, pero menos frecuente en los de pizarra, predominantes en Fontanarejo.

“En España existen seis zonas oficialmente contaminadas por productos radiactivos y tres de ellas están asociadas a yacimientos de fosfatos”, señala en su informe. “Esto no implica una certeza absoluta, pero sí una probabilidad razonable de que la explotación pueda liberar elementos radiactivos perjudiciales para la salud, como el uranio, especialmente cuando se realizan voladuras”.

A ello se suma el riesgo derivado de las partículas en suspensión. Según una simulación informática incluida en el recurso, las partículas finas y ultrafinas generadas por las voladuras y por la planta de tratamiento del mineral “alcanzarán el casco urbano”, pudiendo “ser inhaladas por la población junto con radón y otros contaminantes, sin que se haya evaluado su impacto sanitario”.

En materia de aguas, la Plataforma denuncia que la hidrogeología de la zona no ha sido estudiada de forma rigurosa. La promesa de “vertido cero” recogida en la documentación oficial se basa en “suposiciones no contrastadas”, mientras que las filtraciones de aguas contaminadas “podrían afectar a acuíferos locales” e incluso al embalse de Cíjara.

Un espacio clave para las rapaces ibéricas

A estas supuestas deficiencias añaden en su recurso un estudio ornitológico independiente, realizado a lo largo de 2023 por un equipo de siete ornitólogos y coordinado, entre otros, por el profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.

El estudio documentó la presencia de 14 especies de aves rapaces en el entorno del proyecto, tres de ellas catalogadas como en peligro de extinción en Castilla-La Mancha -águila imperial ibérica, águila perdicera y milano real- y otras seis como vulnerables, entre ellas el buitre negro y el alimoche común.

El análisis de más de 500 vuelos y los mapas de uso del espacio elaborados con sistemas de información geográfica confirman que el área afectada constituye un ·espacio vital para estas especies·. “La implantación de una mina a cielo abierto, con maquinaria pesada, voladuras y escombreras, sería, concluye el estudio, absolutamente incompatible con su conservación”, indican en su informe.

Durante la primera vista oral, han declarado cinco peritos de la parte demandante que han expuesto estas pruebas técnicas y han incidido especialmente en las repercusiones para la salud pública y para el medio ambiente. También se han referido al procedimiento administrativo y al hecho de que se iniciaran las obras con la DIA “caducada”.

Estos argumentos los defendieron tras la primera sesión del juicio, a las puertas del tribunal, tanto Ángel de la Cuesta Gómez como Francisco José Sarrión, licenciado en Biología y miembro de Ecologistas en Acción.

También han declarado en el juicio dos peritos de la Junta de Castilla-La Mancha: el técnico que redactó la autorización ambiental y el jefe de Servicio de Medio Natural. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible han explicado a este medio que ambos han incidido en que la Administración realizó la tramitación técnica “de forma correcta y conforme a la norma”.

En el escrito que el abogado del Gobierno regional remitió a la sala en marzo de 2024 con motivo de la demanda, esta administración argumentó que la DIA presentaba “medidas correctoras de obligado cumplimiento”. “Efectivamente, el presente proyecto, como casi cualquier otro de esta naturaleza, produce un impacto ambiental, y el objeto de la DIA es, precisamente, valorar dicho impacto en relación con el interés público de la actividad, y establecer las medidas correctoras del mismo”.

Se ha privado al órgano ambiental de posibilidad de valorar los informes, actuación que no parece conforme con el fin de protección medioambiental, sino que parece pretender simplemente la demonización del proyecto

Ese interés público, añade este documento, viene establecido por la Ley de Fomento de la Minería de 1977 que tiene por objeto promover y desarrollar, dentro y fuera del territorio nacional, la exploración, investigación, explotación y beneficios mineros, con el fin de procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española.

El Gobierno regional también apuntaba en su escrito que el procedimiento se ha realizado “conforme a las prescripciones legales”, con exposición pública y consulta a las entidades afectadas, incluida Ecologistas en Acción, consultada “hasta en tres ocasiones, sin hacer alegaciones al proyecto”.

Los informes de los ecologistas relativos a afecciones medioambientales se presentaron por primera vez en vía jurisdiccional, por lo que “se ha privado al órgano ambiental de posibilidad de valorar de los mismos, actuación que no parece conforme con el fin de protección medioambiental, sino que parece pretender simplemente la demonización del proyecto”.

Las afecciones denunciadas, concluía, “no son reales, ciertas y acreditadas”, y tampoco se tiene en cuenta que la DIA contiene disposiciones expresas “sobre eventuales impactos que pudieran surgir durante la vigencia del proyecto que pueden dar lugar a la imposición de nuevas medidas o incluso la paralización del proyecto”.

En la segunda jornada del juicio, han intervenido abogados de la empresa promotora, que han presentado informes que contradicen los impactos alegados por la Plataforma No a la Mina y por Ecologistas en Acción. Este medio ha intentado contactar tanto con Alcudia Phosphates S.L., como con su administradora única, Fertiberia S.A., para conocer el contenido de esos informes y su valoración del proceso judicial, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.

Una vez celebradas las dos vistas, en un plazo aproximado de diez días, se presentarán las conclusiones por ambas partes, y posteriormente, el juzgado emitirá su sentencia en plazo de tres meses. Su decisión será recurrible ante el Tribunal Supremo.

Pese a que las obras ya han comenzado, la Plataforma No a la Mina confía en que el procedimiento judicial permita detener el proyecto y restaurar el territorio a su estado original, poniendo fin a lo que consideran un proceso “viciado desde su origen” y priorizando la salud de la población y la protección de un entorno natural de valor excepcional.

El caolín es una arcilla blanca, rica en minerales que se utiliza para la cosmética, la industria cerámica y papelera y también para la agricultura, como capa protectora de cultivos contra el sol o las plagas. También se conoce por su aplicación en investigación biomédica y otras soluciones tecnológicas y medioambientales. En Castilla-La Mancha, una de las zonas de mayor explotación de este mineral se encuentra en la Serranía de Cuenca, en el área de varios pueblos donde lleva extrayéndose desde hace décadas.

Ahora, se ha convertido en objeto de controversia entre dos localidades de la zona, después de que el Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón, en el área de influencia de esta minería, haya aprobado por unanimidad una moción en defensa de la continuidad de su extracción, al considerarlo “clave para la supervivencia económica y social del territorio”.

Según expone el texto de la moción, la actividad extractiva del caolín no puede entenderse como un hecho aislado, ya que genera “un efecto económico que trasciende el ámbito municipal”.

En este documento se expone que la industria sustenta de forma directa a 60 trabajadores y a otros 30 de manera indirecta, y constituye el “soporte económico” de cerca de 90 familias repartidas entre Arguisuelas, Carboneras de Guadazaón, Cardenete, Almodóvar del Pinar, Fuentes, Landete, Mohorte, Arcas y la ciudad de Cuenca.

Según detalla, la extracción del mineral mantiene además una intensa actividad logística, con entre 80 y 100 camiones diarios, lo que sostiene una “red indirecta de pequeñas y medianas empresas vinculadas al transporte, el mantenimiento, el comercio, la hostelería y otros servicios esenciales en la comarca y la capital”.

El Ayuntamiento advierte de que la paralización de esta actividad provocaría “un éxodo de familias y un agravamiento del proceso de despoblación” que sufre la Serranía conquense. En esa moción, el Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón destaca que la minería del caolín se desarrolla bajo “estrictos estándares medioambientales”, con estudios de impacto, evaluaciones, planes de restauración y garantías “que aseguran la devolución de los terrenos al entorno natural una vez finalizada la explotación”.

En este sentido, defiende que el debate no debe plantearse como una confrontación entre industria y naturaleza, sino como “una decisión entre mantener uno de los pocos motores económicos que sostienen la comarca o permitir que el avance del despoblamiento continúe”.

La moción ha provocado revuelo en la localidad vecina de Arguisuelas. Desde el pasado mes de marzo, la población de este municipio ya se había organizado ante la posibilidad de ampliar las excavaciones mineras y ha creado la plataforma ‘SOS Arguisuelas’, que rechaza de pleno la moción de Carboneras y el “agresivo avance minero” impulsado por la empresa EuroArce en la zona.

El foco puesto en el mirador de 'El Viso'

Esta empresa, impulsada por el Grupo SAMCA, se centra en la extracción de minerales, proceso y venta a industrias cerámicas del levante español. En 2009 adquirió un sitio y planta en Arguisuelas para la extracción de caolín. Según la plataforma vecinal, en 2022 puso el foco un punto situado a menos de un kilómetro del núcleo urbano: el mirador de ‘El Viso’, paraje “muy apreciado” por los vecinos.

Sostiene este colectivo que esa zona ahora se ve amenazada y puede “correr la misma suerte” que otros territorios del pueblo que ya son historia como ‘El Lagunillo’, ‘El Collado del Hongo’, ‘La Veguilla’, ‘El Hornillo’ o ‘El Rincón de la Puente’. Este proyecto ha servido, por tanto, como desencadenante de la “indignación” de un pueblo que lleva años “soportando el desastre ambiental que suponen estas excavaciones a cielo abierto”.

La cuestión es que por primera vez en décadas, los habitantes del pueblo se han unido con la intención de hacer frente a estos “gigantes”. Entre sus acciones, una recogida de firmas que cuenta ya con más de 300 apoyos y una red de sustento entre comunidades afectadas con plataformas activistas como ‘Estercuel es futuro’.

La economía y vida de Arguisuelas, municipio perteneciente a la Vega del Guadazaón, comenzó a verse afectada por la actividad minera en la década de los 70, presentándose ante el pueblo como una gran oportunidad de impulso económico.

Años después, el crecimiento que ha experimentado la población “se podría catalogar como inexistente”. 'SOS Arguisuelas' quiere ahora poner freno a la ampliación de las minas, así como “promover la restauración inminente de los parajes afectados”. Para ello va a promover movilizaciones vecinales y lazos entre las comunidades efectadas a nivel provincial e incluso nacional. “Solo así es posible darse cuenta de que las maniobras de estas corporaciones son siempre similares; ofreciendo pan para hoy y hambre para mañana”.

En palabras de la activista de derechos humanos Dalila Argueta un defensor del medio ambiente es alguien que “mira con ternura la tierra que la parió”. Alguien con conciencia, que respeta, que asume ese compromiso. Alguien que no hace lo que hace para que le reconozcan por la calle, sino alguien que atiende el llamado de sus ancestros, de sus abuelos, cuando les decían que solo quien defiende la tierra, quien la cuida, tiene derecho a comer de ella. Alguien como ella que por esa defensa de su tierra tuvo que dejarla atrás y exiliarse en Euskadi para evitar que su vida corriera peligro.

Dalila Argueta tuvo que marcharse de Honduras hace casi siete años porque trató de defender con uñas y dientes el río que recorría su comunidad y que, a raíz de que el Gobierno concedió la ejecución de una mina a una empresa para que pudiera extraer minerales, estaba siendo contaminado. Las protestas que llevaron a cabo desde su comunidad hicieron que Argueta fuera señalada, insultada y amenazada. Cuando su vida empezó a correr peligro, sintió la necesidad de escapar.

A pesar del exilio, Dalila ha podido ver con sus propios ojos cómo está Honduras a día de hoy, gracias al documental 'Acuerpadas. Hasta que se haga justicia', que narra el viaje de periodistas vascas que de la mano de la ONG Alboan visitan territorios campesinos de Honduras y entrevistan a mujeres tanto de la comunidad de Dalila, como de otras que sufren problemas similares. En el documental se recoge el viaje, pero también el regreso de las periodistas que una vez en Euskadi conversan con Dalila y reflexionan acerca de lo aprendido.

“Todo comenzó con un viaje que hicimos Alboan, ERIC Radio Progreso de Honduras, nuestra organización aliada de Honduras, y tres comunicadoras vascas a Honduras movidas por el deseo de encontrar historias de resistencia y dignidad. Lo que encontramos fue mucho más que eso: en un país marcado por el extractivismo, el despojo y la violencia estructural, se cruzaron con mujeres que, pese a todo, alzan la voz, protegen sus cuerpos y defienden su tierra con una valentía conmovedora. La realidad hondureña es mucho más compleja de lo que podíamos imaginar y durante ese viaje, durante esos días fuimos descubriendo y fuimos profundizando en esa realidad. Un país sumido en una violencia bestial, un país con muchísima corrupción, muchísima impunidad, una desigualdad social y de género y económica muy grande. Todo ello es lo que contamos en la película”, explica una de las protagonistas del documental, Sara Diego, Técnica de Incidencia Política de Alboan.

A Diego le acompañaron en el viaje la ingeniera y comunicadora Lorena Fernández y las periodistas Gessamí Forner y África Baeta. “Lo que ocurre en Honduras parece que ocurre demasiado lejos, pero una vez que lo ves te das cuenta de que somos responsables directos. Que este sistema en el que vivimos no es posible sin explotar territorios para cubrir nuestras necesidades. Aquí somos tan individualistas que nos provoca un vacío tremendo que solo llenamos comprando. Allí el vacío individualista se llena con la comunidad”, sostiene Baeta tras la proyección de la película que ha tenido lugar este miércoles en la sala Bilborock de Bilbao.

Según han comprobado tras su viaje, en Honduras “hay un sistema que sostiene la violencia, en el que en primer lugar están las maras, después el ejército, los políticos y por último los sistemas capitalistas como el estadounidense o el europeo. Hay asesinatos que quedan impunes y todo se tapa. Eso crea mucha desesperanza”, lamentan.

El documental muestra como eje central la vida de las mujeres hondureñas que, en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el medioambiente y los derechos humanos, acuerpan la lucha como acto político, estrategia de supervivencia y forma de amar. De ahí el título del documental, 'Acuerpadas'. “Acuerpar es más que abrazar, es tejer, es sentir, es la resistencia de los pueblos. Somos descendientes de las tribus que no lograron asesinar. Por nuestras venas llevamos la rebeldía y seguimos acuerpando y construyendo camino para nuestras generaciones. No hay un yo, hay un nosotros constantemente”, defiende Dalila.

Sin embargo, pese a la resistencia de los pueblos, los ataques contra defensores de derechos humanos se han intensificado en los últimos años. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras documentó 453 casos de defensores de derechos humanos y periodistas que sufrieron acoso, amenazas o intimidación en 2023, y registró el asesinato de 17 de ellos. Entre enero y septiembre de 2024, al menos otros cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados, entre ellos Juan López, una de las personas cuyo testimonio se recoge en el documental. López era un defensor del medioambiente que fue asesinado hace un año en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Al igual que Dalila, Juan era defensor de los territorios ante la imposición del proyecto minero en el río Guapinol. Luchaba contra el 'Monstruo de Siete Cabezas', que es como llaman en Tocoa a este megaproyecto que incluye dos minas de óxido de hierro construidas en espacio protegido; la termoeléctrica que menguará de manera dramática el caudal del río Guapinol y sus afluentes; una planta peletizadora; y tres pozos de agua que resecarán la tierra. Otros tres activistas que trabajaban para la misma organización ambiental también fueron asesinados en 2023.

La lucha de Guapinol es una de las muchas que se libran a lo largo y ancho de la república de Honduras; un Estado fallido donde las comunidades son objeto de los atropellos sociales y medioambientales de ciertos conglomerados empresariales. Se trata, en su mayor parte, de proyectos extractivistas depredadores que pueden adoptar vías violentas ante la resistencia de la población. Y todo ello con la complicidad o -al menos, la omisión de obra- de instituciones corruptas. Una compleja trama de intereses empresariales beneficiarios del tráfico de influencias, que recurre a redes criminales, y se ve amparada en la impunidad.

Según reconocen, el mecanismo nacional de protección de Honduras, creado en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia presenta graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores.

En este sentido, Dalila pide que desde el mundo Occidental no se deje de enviar solidaridad y apoyo a esos territorios, para que sepan que “no están solos”. Aun así, lamenta que en esta parte del mundo también puede llegar “una ola que arrase con todo” y, por ello, alerta a la ciudadanía vasca. “Hay que pensar qué compramos, qué comemos. Vamos a sufrir si no nos queda tierra que sembrar. Debemos identificar a las empresas que allá explotan y después lo traen aquí. Estamos a tiempo de evitar que aquí hagan lo mismo que hicieron allá. Nosotros nos perdimos, no pierdan su montaña, no pierdan sus ríos, no pierdan sus territorios. Hay que volver a las raíces, nunca es tarde para sentir la tierra”, concluye la activista.

Vecinos de Doade, en el municipio ourensano de Beariz, y la plataforma SOS Suido-Seixo entregaron más de 3.000 alegaciones al proyecto de la mina de litio, una de las siete iniciativas impulsadas por la Unión Europea en el Estado para la extracción de minerales críticos. Los opositores consideran que este resultado es “una muestra más” del “rechazo social” que genera el proyecto.

Según ha informado la plataforma en un comunicado —recogido por Europa Press—, en las alegaciones “se ampara técnicamente” lo que ya denunciaron desde que tuvieron acceso a la documentación cuando salió publicada el 18 de julio de 2025 en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

“El proyecto es inviable técnicamente, no se garantizaron los derechos de las comunidades locales en cuanto al acceso a la información y se observa un conflicto de intereses gravísimo, al entrar como accionista la empresa mixta de la Xunta, de la que forma parte Carlos Martínez Torres, exdirector de Recursos Minerales de Galicia y anterior responsable del proyecto Mina Doade”, ha denunciado la plataforma.

Además, la plataforma ha advertido de que Carlos Martínez “fue contratado” por la Comisión Europea como “experto independiente” para asesorar sobre “la selección de los proyectos estratégicos europeos.

De esta forma, la plataforma hace un llamamiento a los ciudadanos para que estén atentos a las actividades y movilizaciones que se publicarán en redes.

“El proceso será largo e intentarán minar la moral por los intereses especulativos, pero tenemos la razón y la haremos valer: la problemática sobre el agua y a nivel ambiental que generaría la mina, no puede resolverse a la ligera, nuestro futuro no puede depender de una decisión política sin garantías legales, técnicas y ambientales”, ha detallado la plataforma en el comunicado.

La Junta ha extendido hasta octubre el plazo, que expiraba inicialmente en junio, para que los promotores del proyecto minero de litio en el valle Valdeflórez de Cáceres, la compañía australiana Infinity Lithium, aporten nueva y detallada información relativa a la seguridad sanitaria y medioambiental de la mina, así como de la solvencia del proyecto.

El pasado mes de diciembre, la Junta emitía un requerimiento a Extremadura New Energies (ENE), filial de la compañía australiana sobre el terreno, y daba un plazo de seis meses a la empresa para que contestara y aclarase cómo se cumplirán las garantías sanitarias y medioambientales; además de acreditar solvencia financiera. El objetivo era avalar una iniciativa que mantiene la declaración de interés prioritario para la Junta (Premia).

Según una comunicación de la compañía australiana, con fecha de 8 de julio, el Gobierno regional “ha extendido el tiempo disponible hasta principios de octubre de 2025” para registrar esos documentos, que denominan “trabajos adicionales”.

Sobre las pruebas de extracción del mineral en un laboratorio español, uno de los requerimientos de la Junta, la minera crítica que tenga que repetir los test que se hicieron en laboratorios punteros “a nivel mundial en Alemania y Australia, en laboratorios aún por construir en España”.

El comunicado de la junta directiva de Infinity Lithium también desliza que “la empresa continúa su diálogo con los departamentos y seguirá trabajando con todas las partes interesadas para encontrar un camino a seguir”.

Así, ha asegurado que varios de sus miembros han estado “recientemente” en España, “buscando avanzar con el proyecto” minero de Cáceres, que “recibieron noticias de la Junta de Extremadura” y que “continúan las conversaciones con posibles socios del proyecto”.

Desde ENE ya manifestaron el pasado mes de abril que el proyecto sigue adelante, pese a no haber sido incluido como proyecto estratégico europeo en la primera convocatoria, a pesar de que fue preseleccionado por la Comisión Europea (CE).

“Un claro ejemplo de su compromiso con Extremadura es que la empresa ya ha invertido en este proyecto 20 millones de euros sin ningún tipo de ingreso adicional”, aseguraron.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha interpuesto un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la reapertura de la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), por las afecciones ambientales del nuevo proyecto en el río Rivera de Cala y en los espacios protegidos de la Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Aguablanca es el mayor yacimiento de níquel en Europa y uno de los proyectos extractivos que la Unión Europea financiará dentro de su estrategia para el suministro de materias primas fundamentales y evitar la pérdida de autonomía en el desarrollo de sectores considerados clave, como la automoción, las energías renovables y la defensa.

La semana pasada, y tras una década cerrada, se conoció que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) otorgó a Río Narcea Recursos S.A. la concesión por veinte años del aprovechamiento de aguas públicas superficiales y subterráneas, con lo que la empresa prevé que puesta estar operativa antes de que acabe 2025 para comenzar a extraer, además de níquel, cobalto, cobre y metales del grupo del platino.

Pero los ecologistas señalan que la declaración de impacto ambiental (DIA) que sustenta el proyecto perdió su vigencia en agosto de 2023 y que lo que plantea ahora la empresa es transformar el mineral en Cañaveral (Cáceres), lo que debería implicar una nueva evaluación ambiental. El recurso, que ha sido admitido a trámite según la organización ecologista, va contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ecologistas en Acción de Extremadura y de Sevilla denuncian desde hace años las afecciones en la Rivera de Cala y en los espacios protegidos Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y la necesidad de un plan de restauración y clausura de la explotación. De hecho, la organización señala que hubo un proceso de información pública que culminó con la resolución aprobatoria del plan de restauración y clausura de la mina de fecha 1 de septiembre de 2022, que no se ha publicado. A pesar de esto, se sabe de su existencia porque se la cita en la resolución de fecha 21 de julio de 2023 por la que se aprueba la explotación por interior de la mina de Aguablanca, y tampoco se ha publicado en boletín oficial esta resolución de fecha 21 de julio de 2023, que aprueba el proyecto de explotación por interior, pese a la obligación de hacerlo.

Los ecologistas añaden que la resolución de 21 de julio de 2023 no contiene detalles de cambios en el tratamiento del mineral o en la gestión de residuos mineros, por lo que cambiar el lugar de tratamiento del mineral de Aguablanca a Las Navas, en Cañaveral, como recientemente ha anunciado la empresa promotora “modifica sustancialmente el proyecto evaluado en 2017”.

Además, Ecologistas en Acción han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo contra la autorización de la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al proyecto de explotación por el interior de la mina de Aguablanca.

Los ecologistas afirman que desde hace años vienen denunciado la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por las filtraciones y lixiviados provenientes de escombreras y balsas de residuos y metales pesados como mercurio, cadmio, níquel o cobre que han supuesto pérdida de biodiversidad acuática en la zona.

La Junta de Extremadura ha declarado la caducidad del expediente por el que la empresa valenciana Technology Metals Europe había solicitado un permiso de investigación para la extracción de litio, estaño y wolframio en tres términos municipales de la comarca cacereña de Sierra de Gata y dos de la provincia de Salamanca.

Denominado 'Salvaleón', el proyecto minero afectaba a 134 cuadrículas mineras ubicadas en Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, en la provincia de Cáceres; y El Payo y Navasfrías en la de Salamanca.

Dentro de los periodos de información pública sobre la admisión definitiva del permiso de investigación se recibieron 4.279 alegaciones y personaciones al expediente.

En este sentido, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes un anuncio de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Sostenible por el que se declara la caducidad del procedimiento y el archivo de la solicitud de otorgamiento.

También ha declarado terminado el expediente del permiso de investigación 'Salvaleón'. Dicho anuncio señala que con fecha 11 de noviembre de 2024 se notificó a la sociedad Technology Metals Europe el acuerdo de inicio de caducidad del procedimiento al no haberse realizado el pago de la tasa para el anuncio de información pública en el Boletín Oficial del Estado.

En dicho acuerdo se le dio un plazo de tres meses (hasta el 11 de febrero de 2025) para que realizaran las actividades necesarias para reanudar la tramitación.

Al no recibir respuesta por parte de la mercantil, con fecha 18 de marzo de 2025 se resolvió declarar, por parte del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, la caducidad del procedimiento, el archivo de la solicitud de otorgamiento, así como declarar terminado el expediente del mencionado permiso de investigación. 

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha expresado el “compromiso” de la institución provincial con los vecinos de la comarca cacereña de Sierra de Gata, materializado con la rúbrica de un “manifiesto de oposición” a los proyectos mineros en la comarca.

“La Diputación va a estar, como uno más, apoyando delante, detrás y al lado de los alcaldes y de las alcaldesas”, ha subrayado Morales en el transcurso de un acto institucional con el que se quiere respaldar la oposición ciudadana mayoritaria en la zona, que este domingo se vio reflejada con una concentración en Torre de Don Miguel.

Con la firma del citado manifiesto, “un acto simbólico y testimonial, pero necesario, se avala la pretensión mayoritaria de la ciudadanía de la Sierra de Gata, de los serregatinos, que quieren un modelo de desarrollo basado en la naturaleza, en el turismo, en lo que han vivido siempre, del aceite, de la aceituna”, ha apuntado Morales.

El presidente de la Diputación cacereña ha asegurado que la implantación de minas a cielo abierto y explotaciones mineras “puede perjudicar a ese modelo de desarrollo que ciudadanía, instituciones y agentes económicos han venido trabajando en la comarca y que está funcionando”.

Durante la reunión, Morales ha trasladado a los alcaldes, que con independencia de siglas políticas se han unido contra los proyectos de minería industrial con intereses en la zona, “vamos a estar a disposición en el ámbito técnico, jurídico o si hiciera falta contratar algún servicio de consultoría para defender los intereses de la ciudadanía de la Sierra de Gata”.

La Diputación ha prestado apoyo técnico y jurídico en el proceso de redacción y presentación de alegaciones al permiso de investigación solicitado para el proyecto 'Esperanza', que justamente finaliza este lunes.

Este no es el único proyecto minero con intereses en la zona sino que hay otros tres más.

Por su parte, y en representación de los municipios serragatinos, el presidente de la Mancomunidad Sierra de Gata, Pablo Iglesias, ha agradecido las reivindicaciones y “el inmenso esfuerzo que ha hecho en toda la cuestión de las alegaciones la Plataforma Sierra de Gata Viva, aglutinando el rechazo de la población”.

Iglesias ha explicado que este acto simbólico, en el que los representantes políticos manifiestan su rechazo a los proyectos de minería industrial en la comarca, “supone un poco de esperanza para la ciudadanía que necesita sentirse acompañada por las instituciones”.

“Hay que insistir en que tanto ayuntamientos como alcaldes, independientemente del partido político, se han posicionado en contra, como no podía ser de otra manera. Y yo creo que ahora también es el momento, cuando vaya pasando este proceso, de abrir un poco el debate de hacia dónde queremos ir”, ha agregado. 

Rosa Elena Mazapanta (45), conocida por todo el mundo como Rosita, se dirige a la asamblea organizada en una pequeña aldea de Palo Quemado (Cotopaxi, Ecuador) para explicar la situación y los avances del proyecto de Minera La Plata SA junto a sus plantaciones de caña de azúcar y que podría enterrar 27 nacimientos de agua en selva subtropical. Como todo lo que se decide en esta comunidad, la asamblea participa, opina y vota y ha tomado buena nota de la situación. Se preparan para seguir un largo proceso judicial, donde esperan tumbar el proyecto.

Rosita, presidenta de la cooperativa Flor de Caña, es una de las lideresas sociales de la zona y, además, una de las cabezas visibles que todavía no ha tenido problemas legales con el Gobierno de Ecuador, que tras una manifestación contra la consulta informativa al proyecto de la mina ha procesado a una decena de personas, según la empresa canadiense, 74 según la resistencia antiminera —unidos en la Alianza Nacional Antiminera y con el apoyo del Movimiento Indígen—.

Entre las causas abiertas en los juzgados provinciales contra agricultores y activistas se encuentran terrorismo, delincuencia organizada, asociación ilícita, secuestro o coacciones. Delitos habituales y extremadamente exagerados cuando se presiona a la resistencia civil, ya que en las dos manifestaciones en 2019 y 2024 solo hubo heridos por parte de la comunidad resistente. Ecuador mandó 800 soldados a sofocar una protesta en un municipio de poco más de 4.000 habitantes. Usó gases lacrimógenos y realizó disparos a los manifestantes, hiriendo a una treintena y dejando en coma por una bala a uno de los asistentes, Mesías Roballo, a quien le quedarán secuelas para toda la vida.

El señor Julio (71) trabaja en su pequeña finca de alrededor de tres hectáreas que llama La Niña Bonita, nombre con el que bautizó a una culebra que vivía allí antes de que empezaran a cultivar caña y que luego le ha dado entidad a la pequeña plantación. Don Julio es el socio productor y junto a su esposa Rebequita, sus hijas y yernos, trabajan en todo el proceso de elaboración de la panela agroecológica que acaba en los supermercados europeos. Desde el cultivo, pasando por el “trapiche”, la cocción y la solidificación en finos granos de deliciosa panela.

Este agricultor fue miembro de la primera junta parroquial de Palo Quemado y antes servía en el mercado local, donde el precio que recibían de las multinacionales e intermediarios no les daba para mantener a la familia. “Nacimos de la mano de la Fundación Maquita, que también nos ayudaron en los cambios tecnológicos, los hornos y las certificaciones, que nos permiten adaptar nuestro producto a las exigencias del mercado europeo agroecológico”. Y es que esa venta al exigente mercado de la UE les permite vender su quintal de panela de 45 dólares, mientras que en el mercado local para exportación el precio ronda los 25 dólares. El europeo es un mercado difícil, pero buen pagador.

La cooperativa Flor de Caña mantiene producción todo el año, el conocido como “entresaque”, para que los ingresos sean recurrentes. Es decir, ir sembrando por partes para poder recoger los frutos de manera constante y así mantener una renta mensual para las familias. Esta práctica de comercio justo, a la que ha ayudado también la ONG española Ecosol en diferentes proyectos como la compra de hornos, permite a estas pequeñas unidades de producción familiar ingresar cerca de 6.000 dólares al mes.

De ahí vive toda la familia y gracias a los excedentes, pueden comprar ganado vacuno para leche y carne, cerdos (chanchos) o cultivar huertos propios. También maquinaria para ir haciendo el proceso más efectivo. Para hacerse una idea del cambio que ha conseguido la comunidad gracias a la Fundación Maquita en colaboración con la ONG Ecosol, el salario mínimo en Ecuador, el que se suele pagar en el campo, es de 416 dólares al mes.

La Fundación Maquita da todo tipo de asistencia técnica a la cooperativa y acompaña en la profesionalización de todo el proceso. Entre los distintos asistentes a las familias campesinas, Maquita pone a su disposición al ingeniero agrónomo Fredy Pita, quien trabaja a pie de campo con los cooperativistas para que hagan la producción más eficiente y para que se ajusten a los requisitos agroecológicos. Fredy siempre está dándole vueltas a la cabeza sobre cómo mejorar la producción. “Tenemos que empezar a plantar las matas más juntas, yo creo que podemos duplicar la producción con el mismo método”, explica satisfecho. Semanas antes de la visita, Pita estuvo en Colombia copiando algunos procesos de producción para obtener mejores rendimientos sin perder la esencia agroecológica.

Lisbet, también trabajadora de Maquita, ayuda en la estrategia comercial. Es clave para la colocación del producto que se hace en Palo Quemado y la que aplica la estrategia de ampliación internacional de las ventas. Acude a ferias internacionales y explica satisfecha que recientemente ha abierto mercado en Finlandia. “El producto que les hacemos elaborar tiene tres certificados que les permiten estar en los supermercados orgánicos europeos y canadienses. Con respecto al mercado, la panela tiene un gran potencial de crecimiento. Debemos seguir trabajando la calidad para conseguir ingresos estables para las familias campesinas”, defiende.

Maquita ha permitido a la cooperativa Flor de Caña poder saltarse todos los intermediarios. Del campo a la mesa. Solo los gastos por el aporte logístico y tecnológico. Gracias a ello, las rentas de estas familias se han podido incrementar. El reto ahora es consolidarlas en el tiempo y que caminen solos. Una tierra que mantiene dignamente a cientos de familias que ven crecer sus plantaciones y diversificando su gama de productos para vender, así como para autoconsumo.

Y ahí es donde la construcción de la mina La Plata puede darles un golpe durísimo si ocupa las mejores tierras, genera suciedad y contaminación o acaba con los manantiales de agua, que aunque abundantes, ninguno sobra a estas alturas de calentamiento global provocado por el cambio climático antropogénico. Y es que, con las excavaciones mineras para extraer cobre y sus derivados junto a sus tierras, Flor de Caña podría perder los certificados más exigentes para entrar al mercado europeo o tener que hacer pruebas más a menudo para garantizar la limpieza de su panela, con el correspondiente incremento de los costes en abono de auditorías. En muchos casos inasumibles.

La carrera mundial por la obtención de minerales críticos y tierras raras está empezando a distorsionar muchos países y sus comunidades locales. Porque, pese a que desde la mina defienden que su instalación producirá beneficios para la zona, la realidad es que también puede dar al traste con un modelo de negocio como es el comercio justo de panela agroecológica que se está consolidando y reparte mejor la riqueza que la minería extractivista. Y ya llevan años chocando y no parece que la situación vaya a mejorar según la mina va obteniendo permisos del Gobierno y de la justicia.

“La empresa llegó a la comunidad y empezó a destruir tejido social. Contrataba de manera discrecional a miembros de familias antimineras para dividirlos”, denuncia Rosita, que recuerda que antes que la mina estaban los ciudadanos de Palo Quemado. “Somos herederos de una historia de más de cien años de cultivo de caña. Nos están criminalizando para ganar territorio. Luchamos por defender el agua y la tierra, la tierra de la que vivimos”, añade esta lideresa social, que se ha ganado la confianza de la comunidad a base de trabajo y lucha.

Como en todo el mundo, en el trasfondo de la polémica está el uso del agua. El Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador autoriza a los municipios 2,1 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que la mina ha pedido 40 metros por segundo. En caso de que arrancaran las excavaciones, la lucha por el agua en la zona puede complicar la convivencia. De momento, la comunidad local ha emprendido tres procesos contra la apertura de la mina. Uno, contra la declaración de impacto ambiental solicitada por la empresa al Gobierno; otra sobre el permiso de la mina para el acceso al agua y una “acción de protección” por a vulneración de derechos humanos con el inicio de la actividad extractiva.

En el caso de la acción de protección, la empresa canadiense ha ganado en primera instancia. Pero Flor de Caña y todos los colectivos que la apoyan, han recurrido la sentencia. De momento, la batalla judicial sigue en marcha. La comunidad también se enfrenta a los procesos judiciales abiertos por el Estado contra los campesinos y activistas. En una zona donde la caña y los recursos naturales son abundantes, no lo es el dinero para pagar abogados. Y eso el Estado y la minería lo saben. “Abren y cierran, empiezan y paralizan los procesos cuando quieren para tener a la población atemorizada y que no se revuelva”, explica Tito Madrid, del Movimiento Indígena.

“Solo en la provincia de Cotopaxi hay 140.000 hectáreas concesionadas por el Gobierno para abrir minas. Están vendiendo el país y sus recursos a empresas transnacionales y a compañías vinculadas a la familia del presidente Javier Novoa”, denuncia Madrid, que ayuda en la organización jurídica de la resistencia.

Mientras la lucha sigue entre el Estado, la empresa minera y las comunidades campesinas, Maquita sigue de cerca el proceso y apoya en la resistencia de la mejor manera que se puede hacer. Ofreciendo una alternativa. La fundación ha conseguido que pequeñas plantaciones de apenas tres hectáreas alcancen el mercado alemán -allí van el 80% de las exportaciones de Flor de Caña-, pero también en España a través de la Red de Comercio Justo. El valor de las exportaciones de panela alcanzó en 2024 los 1,9 millones.

El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea les permite exportar con aranceles cero. A cambio, se exigen cumplir unos capítulos laborales, medioambientales y de derechos humanos. ¿Se están cumpliendo en estos momentos por el Gobierno de Javier Novoa a tenor de las historias que cuentan Rosita, Don Julio, Mesías Roballo o Fredy, los verdaderos usuarios de esta tierra tan fértil? No. La Unión Europea deberá tomar cartas en el asunto.

Este reportaje fue seleccionado por el programa CONTRAST de la Coordinadora Valenciana de ONGD y que ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y Caixa Popular.

Adelaida Guerrero nació hace 93 años en una casa menuda y arrinconada del barrio del puerto pesquero de Portmán, en el sureste de la Región de Murcia, y ahora –“desde hace ya tantas décadas que he perdido la cuenta”, matiza– se levanta cada mañana, se asoma a su puerta y observa, con una decepción a la que nunca ha logrado habituarse, el único puerto marítimo sin agua del mundo. Ella tiene, dice, la extraña sensación de estar viviendo en el mismo día desde que la playa y la bahía con la forma de una concha y el sonido de los barcos desaparecieron para siempre, arrastrados por la minería de plomo y zinc que enterró el pueblo entero.

A Portmán le han prometido una y otra vez en los últimos 35 años, con el fin de paliar el declive económico que acarreó ese cierre de la actividad minera de la multinacional Peñarroya, y para revertir uno de los mayores atentados ecológicos de la historia del Mediterráneo, que los 60 millones de toneladas de estériles mineros vertidos directamente al mar entre 1957 y 1990 como si fuera un pozo sin fondo serían limpiados; que el agua salada y el tranquilo oleaje volverían a dignificar el pueblo; que la pesca resurgiría otra vez como la principal manera de ganarse la vida; que se atraería, además, el turismo vacacional y las inversiones inmobiliarias.

Menos de 1.000 vecinos, y bajando

En pleno 2025 no se han cumplido ninguna de esas promesas, y el declive económico, lejos de mitigarse, ha avanzado como una enfermedad letal. Tan solo hubo, en 2016, tras largos años de estudio, una tentativa de proyecto de descontaminación de la bahía que resultó estar plagada de errores y que dejó la playa y el mar inaccesibles e invisibles desde la calle por la construcción de tres balsas de seis metros de altura que no sirvieron para nada. Entonces los vecinos tenían el consuelo de que el Gobierno central estaba trabajando a destajo por hacer realidad la promesa más definitiva de todas: el convenio que firmó en 2006 junto con el Ayuntamiento de La Unión y el Ejecutivo regional para dragar la bahía y generar una línea de costa a 250 metros de distancia de la original. Los estériles mineros colmataron el mar 600 metros hacia dentro.

Al fin se iba a recuperar, pensaron todos, una parte de la identidad que siempre hizo especial al pueblo. Pero aquellos trabajos se detuvieron en 2019 sin demasiadas explicaciones, y comenzó una nueva espera, y otro catálogo de estudios, que culminó el pasado 10 de abril con una decisión definitiva. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) descartó la opción del dragado y propuso, sin vuelta atrás, un sellado de los estériles que ya fue rechazado unánimemente por los habitantes de Portmán en 2005.

Los paseos de Adelaida Guerrero por la ensenada del puerto la sumergen en la costumbre nunca asimilada de mirar y no reconocer. Residir en el pueblo se ha convertido en una tarea difícil. En sus años más prósperos llegaron a ser más de 3.000 vecinos. Ahora quedan menos de mil, y bajando. Los jóvenes se marchan porque no hay trabajo. “¿Por qué otros sitios sí se han descontaminado y Portmán no?”, exclama.

El MITECO apuesta por el sellado

Pero esta pregunta, que resuena con eco en las calles desiertas del barrio, no tiene una respuesta sencilla. El 10 de abril se puso fin, con el anuncio del sellado por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a ese sueño vecinal de recuperar la bahía y revertir el desastre consentido por todas las administraciones que estuvieron al mando durante la explotación minera: primero, la franquista; después, la democrática. La decisión de enterrar los estériles cuenta con el amparo de un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). “Aquí hay una mano negra que no tiene interés en que este pueblo vaya para arriba. Al contrario. No hacen más que echarnos a pique. Nos dejan años esperando, sin soluciones, y les damos igual. Yo ya no tengo esperanza”, reitera Adelaida Guerrero, resignada, vestida con un tocado negro de luto. Su marido murió hace 27 años arrastrando las secuelas de un accidente laboral en la mina.

En su casa conserva, enmarcada en el gotelé, una panorámica en blanco y negro de la bahía. En Portmán todo el mundo tiene una foto parecida. Es como esos iconos de santos y mártires antiguos que decoraban antes las casas. Se ven buques de vapor, barcas pesqueras y un humo denso escapando de las chimeneas del principal responsable del problema: el lavadero Roberto. Cuando ella era joven los camiones ya revolvían la tierra inagotable de la sierra y los carros del ferrocarril llegaban solos y como suspendidos en el aire a esa ciudad industrial que extraía el mineral y expulsaba al mar 7.000 toneladas de desechos diarias. Ahora el lavadero es una ruina de ventanales rotos, metales oxidados y techos caídos que nadie se atreve a visitar por miedo a que ocurra la desgracia del derrumbe.

En casi cualquier punto, sea cerca o lejos de la casa de Adelaida Guerrero, el pueblo trata de escapar de una contrarreloj hacia el olvido, con viviendas que se vinieron abajo hace años y muros de hormigón con pintadas de ‘se vende’ muy leves, como asumiendo de antemano que no habrá ninguna llamada. La determinación del MITECO, recalcan fuentes consultadas del Ministerio, ha sido tomada, además de por la imposibilidad técnica de realizar el dragado de la bahía, para no dar lugar a más proyectos fallidos. En las casas que sí están habitadas los portmaneros gritan y escriben y reclaman que el Gobierno está rompiendo el compromiso que adquirió con ellos en 2006.

“Nos sentimos ciudadanos de tercera”

El presidente de la Liga de Vecinos de Portmán, Daniel Portero, explica que ahora, después de décadas de trabajo y espejismos de avances, se ha vuelto al punto de partida, y narra, porque él la vivió en primera persona, aquella mítica manifestación del año 2005 en la que cientos de vecinos conformaron sobre la arena negra de la playa una pancarta humana: “No al sellado”. En esa época, prosigue, el Ministerio había tomado la misma decisión que ahora.

“Pero conseguimos, gracias a nuestra presión, que –el Gobierno– diera marcha atrás y firmara el convenio para recuperar la playa y el espejo de agua que tuvimos toda la vida. Sabemos que el problema de Portmán es único, y entendemos que es difícil extraer los residuos. Pero no aceptamos el sellado como solución. No queremos más engaños. Llevan 35 años haciéndolo. Queremos que se invierta el dinero que haga falta, que se implemente la tecnología necesaria para que no sigamos pisando veneno”.

Daniel Portero recalca un agravio comparativo: que el Ejecutivo apuesta por la opción del confinamiento de los estériles porque pretende evitar una elevada inversión económica en la bahía tanto tiempo después. Las fuentes del MITECO preguntadas al respecto subrayan que el coste del nuevo proyecto “no será menor a 50 millones de euros”.

“Por qué ahora dicen de sellar cuando llevan prometiéndonos tanto tiempo que se va a hacer un dragado. Por qué se empezó ese dragado en 2016. Por qué se cambia de opinión sin importar cómo nos sentimos”, cuestiona Portero. “Es un tema de dinero. Todos los desastres ecológicos de España se han solucionado invirtiendo mucho en ellos, como el Prestige o Aznalcóllar. Pero, al parecer, este no lo merece. Nos sentimos ciudadanos de tercera. Exigimos respeto por los vecinos que han luchado por la descontaminación de Portmán y ya no la van a ver”.

La protesta política y la especulación inmobiliaria

Los científicos contactados por elDiario.es para este reportaje sostienen que en la bahía de Portmán hay tal cantidad de restos mineros contaminantes que dragarlos supondría un riesgo elevado y del todo incomprensible. La intención del Ministerio es que “la solución definitiva esté plenamente perfilada antes de verano y que los trabajos se liciten para que puedan arrancar en 2026”. Ahora hay un plazo de un mes para que las partes implicadas presenten propuestas.

En cuanto Hugo Morán hizo públicas las intenciones del MITECO, la protesta de las administraciones locales fue inmediata: una confrontación política que ahora resuena a todo volumen en el pueblo con un estruendo de megáfonos. “No al sellado. Sí a la regeneración. Vecino, vecina, te necesitamos”. Una furgoneta pagada por el Ayuntamiento vaticina grandes concentraciones de rechazo a la iniciativa del Ejecutivo. La primera de todas se celebró el pasado domingo 27 de abril. Estuvo comandada por el alcalde, Joaquín Zapata (PP), por la Consejería de Fomento de la Región de Murcia y por Vox y su presidente autonómico, José Ángel Antelo. 

La reivindicación obedece a razones financieras. El Ayuntamiento busca la descontaminación completa de los terrenos porque prevé el uso turístico de la zona. No es ningún secreto la intención empresarial de construir urbanizaciones de veraneo, como las que se anuncian en un cartel utópico que aún sorprende junto a las ruinas del lavadero. Si la bahía se sella, el suelo no podría convertirse en urbanizable. 

El primer edil Zapata recibe a este periódico en su despacho y asegura que la decisión del MITECO es “inaceptable” y que condena “la creación de un motor económico en el municipio”. El PP municipal pretende comparecer incluso ante el Parlamento Europeo para explicar la “atrocidad que quiere hacer el Gobierno”. Fuentes consultadas de la Consejería de Fomento regional se oponen, de la misma forma, “rotundamente” al sellado. Ambas administraciones apelan a ese acuerdo “histórico” de 2006.

Dragar liberaría contaminantes

Para saber bien cuál es la mejor solución, si el sellado o el dragado, resulta útil escuchar al catedrático de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, Miquel Canals, que ha estudiado a fondo el problema de Portmán durante años.

“Hay que tener presente”, explica, “que el depósito de residuos mineros de la bahía está fijo y ocupa un espacio concreto y concentrado. En otros casos de contaminación, como el Prestige o Aznalcóllar, los contaminantes se estaban expandiendo, y la cantidad de residuos era mucho menor. Que esté fijo abona la opción de plantear un sellado”.

A partir de esa premisa, Miquel Canals opina que las alternativas de dragado son “excesivamente agresivas”. “Extraer residuos daría lugar a una generación de nubes de material en suspensión cargadas de metales pesados que se expandirían por un área mucho más extensa. Luego habría que secar los estériles para alojarlos en una corta, y ese secado ocasionaría flujos ácidos que se infiltrarían en el terreno. Recuperar algo similar al estado inicial de la bahía no es del todo realista. Hay que pensar en cómo se puede regenerar minimizando los riesgos ambientales”.

El catedrático añade que los contaminantes, que ahora permanecen relativamente estabilizados a nivel subacuático, se liberarían sin control al dragar. Sería algo parecido a abrir un sarcófago de plomo, zinc, cadmio, mercurio o arsénico. El edafólogo José Matías Peñas profundiza en la idea: “Se trata de cambios en la especiación química de los residuos cuando entran en contacto con el oleaje. Eso los haría más solubles y tóxicos”.

El informe del CEDEX que sirvió de apoyo consultivo al MITECO plantea un “dragado mínimo”, de menos de un 0,3% del total de residuos –unas 150.000 toneladas–, sin que retroceda la actual línea de costa, y recomienda un “recubrimiento” del resto de materiales contaminados para evitar que lleguen a pie de playa o se sigan esparciendo por el mar.

Pero, ¿qué es en realidad sellar?

Ante estos condicionantes surge una pregunta: ¿En qué consistiría ese “recubrimiento”? “Sellar no es tapar residuos y ya está”, explica José Matías Peñas. “Es estabilizar el terreno y cubrirlo con capas impermeabilizantes; generar un perfil de playa que permita el baño y las actividades recreativas, con arenas limpias; promover en la zona sellada usos deportivos, campos de golf, chiringuitos, estaciones balnearias o lagunas. Es cumplir con la normativa de residuos. Es aislar los materiales y evitar que sigan contaminando. Dragar de forma masiva implicaría ir contra todas las leyes ambientales”.

“Con el sellado nos podemos quedar razonablemente tranquilos, porque la posibilidad de que haya escapes de metales pesados hacia el agua marina, como sucede ahora y lleva sucediendo años, se va a disminuir en un grado muy elevado”, detalla Miquel Canals.

El experto saca a la palestra otra cuestión, también importante, que no contemplaría el dragado masivo de la bahía: el “ecosistema submarino”. “En torno al 90% de los estériles mineros está bajo el agua y eso hace que la vida en el fondo sea inexistente. La capa superior contará con elementos como arenas, gravas o rocas para favorecer la recuperación de organismos, especies animales y praderas de posidonias”.

Errores pasados y muy visibles

Entre la pugna política de las administraciones locales y la realidad científica con la que trabaja ahora el MITECO, los errores cometidos por el Ejecutivo en la recuperación de la bahía saltan a la vista en cualquier costado de la localidad. Aquel proyecto fallido de 2016 que se paralizó en 2019 –y obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2011 firmada por Teresa Ribera–, terminó por hundir la poca moral que les quedaba a los vecinos. En la playa del Lastre, un cartel blanco escrito con mayúsculas rojas deslumbra a quienes ya se tumban al calor de finales de abril. “11/04/2019. Se paralizó la limpieza y el dragado de la bahía. Después de 29 años esperando. Hasta cuándo”. Las fechas se quedan grabadas a fuego en Portmán.

Ese intento de descontaminación buscaba cumplir con el convenio de 2006 y retrasar la línea de costa hasta los 250 metros, pero resultó ser “una chapuza inviable”, a juicio de José Matías Peñas, en la que se invirtieron cerca de 33 millones de euros.

Únicamente se construyeron las infraestructuras. Josefina Marín pasa su día a día frente a las consecuencias directas de la paralización de los trabajos. A unos pocos pasos de su casa, que hace poco más de medio siglo estaba en primera línea de playa, ahora se perfila la valla kilométrica que protege la nada absoluta: las balsas de secado altísimas, la cinta transportadora que pretendía llevar los residuos, una vez secos, a los intersticios de la sierra, la escollera que provoca cada año la desaparición de la línea de playa.

Cuando sale a su puerta no puede ni ver el mar. “Este desastre”, señala, “nos terminó por fastidiar del todo”. “La obra nos quitó nuestras vistas. El acceso al Mediterráneo. La brisa. Nos han ido matando la esperanza. Dentro de un tiempo, si al final se sella, nadie hablará del dolor que nos produce que la bahía no se vaya a recuperar”.

Entre toda la sinfonía de dilaciones y sueños frustrados hay tan solo una promesa, la más simple de todas, que sí llegó a materializarse. Josefina Marín abre la portezuela de un armario en el comedor de su casa. Afuera intimida siempre la envergadura de la cinta transportadora, la valla como un muro o como la frontera de un país confinado. Agarra de dentro del armario un frasco de cristal. “Nos prometieron que nos lo darían el día en que dejasen de tirar mierda al mar. Lo hicieron, supongo, para que nunca se nos olvidara este crimen. Pero cómo se nos iba a olvidar”.

Dentro del frasco están contenidos los mismos lodos que durante 33 años sepultaron para siempre la bahía. En la parte frontal hay pegada una etiqueta que se desharía entre los dedos con solo moverla. La tinta de las palabras impresas aún resiste a la humedad. “31 de marzo 1990. Fin de los vertidos en Portmán”.

Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles una iniciativa de Vox, que proponía modificar la Ley de Urbanismo para rebajar las exigencias a todo tipo de proyectos mineros, incluido el uranio, y que han rechazado el resto de grupos parlamentarios, en un debate que ha derivado hacia la energía nuclear y su papel en situaciones como la vivida con el apagón eléctrico del lunes.

El procurador de Vox Carlos Menéndez ha sido el encargado de defender ante el pleno de las Cortes de Castilla y León, donde ha atribuido lo ocurrido el lunes al “fanatismo climático” de PP y PSOE y que ha pedido corregir con esa modificación en la Ley de Urbanismo, para ganar en “soberanía energética” y reducir la dependencia exterior.

La iniciativa de Vox ha recibido numerosas críticas de los grupos parlamentarios que han intervenido en el debate, como el del PP, con David Beltrán como portavoz, quien ha lamentado que la propuesta parta de olvidar “una verdad básica”, como es que la normativa estatal genera en esta materia un “bloqueo legal” que “asfixia cualquier desarrollo energético”, por lo que se ha mostrado partidario de un “cambio de rumbo en el Gobierno central”.

Beltrán ha considerado que el problema que plantea Vox no se resuelve modificando la Ley de Urbanismo, que en su opinión ya permite desarrollar proyectos mineros en condiciones de seguridad y protección del medio ambiente, mientras que sí ha compartido con el proponente que el “apagón nuclear” de España puede suponer un problema para la autonomía energética del país.

En palabras del procurador del PP, será cuando el Gobierno modifique la legislación minera a instancias de la Unión Europea, cuando la Junta “juegue su papel crucial” y legisle “de verdad a favor de la extracción de minerales”, por lo que ha considerado que la iniciativa de Vox es una “maniobra política”.

Por su parte, la viceportavoz socialista Nuria Rubio ha defendido el 'no' de su grupo a esta propuesta “por coherencia, responsabilidad y respeto” hacia los habitantes de las cuencas mineras y de la sociedad en general, a la que ha prevenido de los “discursos populistas” que tratan de “vender humo con promesas que no son viables ni seguras”.

En concreto, Rubio ha lamentado que cuando aún no ha pasado ni un mes desde el accidente minero ocurrido en Asturias, donde cinco mineros leoneses perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos, ya que en su opinión no se puede “flexibilizar los controles en un sector tan peligroso”.

También los representantes de la UPL y del Grupo Mixto han manifestado su rechazo a los argumentos utilizados por Vox para sustentar su iniciativa, con argumentos más favorables hacia las energías renovables y reproches como “caraja notable”, en palabras de Pablo Fernández (Podemos) y “empanada notable”, en el caso de Francisco Igea.

En la réplica, el procurador de Vox ha lamentado que el debate se haya tornado en una especie de disputa entre nucleares y renovables, y ha respondido que la “empanada” la tienen los integrantes del Grupo Mixto por no leer la Ley de Urbanismo, que en su opinión es la única de ámbito autonómico que limita la explotación de determinados recursos mineros.

En el caso del PP, ha reprochado a su exsocio de gobierno que aluda a una necesidad de modificar la ley estatal para acometer cambios en Castilla y León, ya que otras autonomías tienen normativa diferente que sí permite realizar extracciones mineras de todo tipo.

Menéndez ha explicado que su padre -ya jubilado- era trabajador de la central nuclear de Almaraz, por lo que conoce la “demonización” de ese tipo de energía, junto con las térmicas y el carbón, por lo que ha reiterado su rechazo al “fanatismo” que atribuye a PP y PSOE en materia energética.

La patronal extremeña Creex solicitará a las empresas impulsoras de proyectos de inversión, como las relacionadas con la minería, que “el valor añadido” derivado de la mano de obra que puedan precisar “se quede en Extremadura”.

“Para que el valor añadido de todas esas extracciones mineras se quede aquí, tenemos que tener mano de obra especializada y empresas capaces de dar respuesta” a las necesidades operativas, complementarias y de bienes y servicios que puedan necesitar, ha afirmado a EFE el secretario general de la CREEX, Javier Peinado.

Tras remarcar que es una “gran noticia” que las iniciativas mineras de Monesterio, Cañaveral y Almoharín hayan sido consideradas “estratégicas” por la UE, Peinado ha dicho que es bueno tanto para Extremadura, “donde no podemos desdeñar ningún tipo de actividad empresarial”, como para “una Europa que debe ser más autosuficiente”. Todo ello, ha remarcado, con toda la protección y seguridad que debe de tener cualquier tipo de actividad empresarial.

A su juicio, un trabajador residente en la zona del proyecto es “más rentable y más productivo que si lo tienes que traer de fuera”, de ahí la importancia de que Extremadura tenga trabajadores especializados y con capacitación profesional suficiente para que puedan participar en los nuevos proyectos.

En este sentido, ha abogado por establecer acuerdos y planes formativos respaldados por la Administración y por las empresas. De hecho, el objetivo es acometer proyectos pilotos formativos de carácter sectorial como ya se hicieron con el despegue de las energías renovables.

Donde no hay mucha ilusión es con respecto al proyecto urbanístico y de ocio Elysium City. “Desde un principio fuimos claros: siempre hemos visto ahí un proyecto más especulador que empresarial”, ha expuesto Peinado, quien, no obstante, reconoce que “el proyecto existe y que sus promotores ya han realizado gastos e inversión”.

“Nosotros apoyamos desde un proyecto de un quiosco de pipas hasta una universidad privada o de minas, pero siempre y cuando sean viables y cumplan con la normativa vigente”, ha manifestado.

Pisos turísticos

Preguntado por el auge de los pisos turísticos, Peinado ha afirmado que no ha escuchado quejarse a los hoteles de esta dinámica, pues los clientes de este tipo de viviendas turísticas tiene un perfil distinto al de los establecimientos hoteleros.

De lo que sí ha advertido Peinado es de la necesidad de un control de hospedaje en los denominados “apartamentos turísticos low cost”, donde a veces se reserva para cuatro personas y se hospedan muchas más.

Preguntado por si dicho incremento del número de pisos turísticos pueda desembocar en “una burbuja insostenible”, Peinado ha recordado que este tipo de alojamientos son impulsados por pequeñas empresas o particulares quienes, en el caso de que decayera el negocio o la rentabilidad, podrían ser transformados en viviendas de alquiler tradicionales.