La empresa promotora del proyecto minero 'El Moto' para la extracción de wolframio en Abenójar (Ciudad Real) tendrá un depósito de explosivos con una capacidad máxima de almacenamiento de casi diez toneladas netas y hasta 15.000 detonadores. Así al menos lo ha solicitado la empresa promotora de esta explotación, Abenójar Tungsten, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública esta petición. La finalidad del depósito es almacenar estos explosivos en uno de los polvorines de la mina y hasta 15.000 detonadores en una pistonera. Apunta que en ambos casos, estarían “semienterrados”.

En el documento se detalla que para la explotación subterránea se empleará el método de minado de barrenos largos por subniveles para la extracción de masas largas de wolframio. Considerando la calidad del macizo del proyecto de 'El Moto', añade que las cámaras “exponen relativamente grandes excavaciones, ejecutadas mediante perforación y voladura con explosivos”. Por ello, apunta como necesario “disponer de explosivos de forma continua a pie de mina”.

Los promotores consideran que las necesidades de explosivo durante las 24 horas del día requieren disponer un depósito de explosivos que agilicen los trabajos de carga y disparo de las voladuras y “facilite su puesta en obra de una manera fácil y segura”.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Explosivos se pretende la instalación de medios de alarma adecuados, conectados a una central receptora de alarmas y a la Guardia Civil, y que sustituirán a los vigilantes de seguridad de explosivos. Así, la vigilancia del depósito, durante el tiempo en que no esté abierto para labores de carga y descarga, será desarrollada por un sistema electrónico de protección.

Un metal “estratégico”

El wolframio o tungsteno es considerado uno de los metales considerados “estratégicos” por la Unión Europea para hacer frente a la dependencia en el suministro, casi al 100%, de terceros países como China. De hecho, más del 80% del suministro mundial de wolframio proviene de aquel país, unas 70.000 toneladas al año.

Los principales productores en la Unión Europea son Austria (unas 900 toneladas/año), España (650 toneladas/año) y Portugal (550 toneladas/año). En el caso de España, las provincias que más wolframio producen actualmente son Salamanca, Cáceres y A Coruña.

Desde el año pasado, en la ecuación ha entrado también la provincia de Ciudad Real. La Comisión Europea dio su bendición -financiación incluida- a este proyecto de extracción del wolframio entre Abenójar y también en Almodóvar del Campo, en Castilla-La Mancha. El compromiso de financiación que llegó desde la Unión Europea coincidió con la luz verde otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha al proyecto.

“Esta mina va a suponer al menos el 20% del wolframio de toda Europa. Se estima que cada año se extraerá una tonelada”, aseguró entonces la consejera de Desarrollo Sostenible de la comunidad autónoma, Mercedes Gómez. La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, natural de Abenójar, lo calificaba de “buena noticia” porque “da un espaldarazo definitivo a un proyecto que supone la creación de 300 puestos de trabajo directos y hasta 700 indirectos”.

Abenójar Tungsten es la promotora, bajo el paraguas de la compañía Mining Hill’s, que había pedido financiación a Europa. En teoría, dicen los especialistas y la propia compañía promotora, en el subsuelo hay 91 millones de toneladas de mineral de wolframio y 1,2 millones de onzas de oro.

Será una mina subterránea con una profundidad máxima de 350 metros y unas 600 cámaras diseñadas para trabajar en las vetas de wolframio que está mezclado con oro. Allí hay minerales de wolframio como la ferberita y scheelita.

La empresa también explica que el “wolframio es el principal metal de interés económico”, además del oro como “subproducto”, pero que también hay metales asociados, entre ellos bismuto, galio y “elementos de tierras raras”. La inversión global ronda los 150 millones de euros.

Según informó la compañía que impulsa el proyecto en Abenójar cuenta con otros proyectos similares en ejecución en España. Entre ellos destaca la mina de magnesitas de Rubián, en Lugo, que comparte muchas características con 'El Moto' y lleva en operación más de 50 años. Es, asegura, “un modelo de explotación sostenible y exitoso”.

La contraprestación para Castilla-La Mancha es la creación de empleo. “Un porcentaje elevado de los trabajadores que se incorporarán al proyecto viven en Abenójar y alrededores. Lleva asociado un polígono industrial, con empresas cuyos servicios necesitará la mina a lo largo del tiempo”, afirmó. En todo caso, avanzó que la compañía no prevé extraer mineral útil para comercializar al menos hasta 2027.

Más allá de eso, sostiene que se trata de un proyecto de largo recorrido en el tiempo porque la concesión minera es de 90 años y en su programación creen que la vida útil de la mina será de 26 años.

Los ecologistas, contra la “opacidad” del proyecto

Pero no son todo parabienes. Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Comisión Europea su inclusión como proyecto estratégico y será el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto a otros colectivos.

Frente a la “transparencia” que esgrime el Gobierno castellanomanchego, la organización ecologista habla de “opacidad” en el proceso y en el acceso a la documentación, con la excusa del “secreto empresarial”. También critica que la designación como proyecto estratégico suponga en su opinión “eximir a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales, dando carta blanca para usar cantidades ingentes de agua”, además de “contaminar”.

La organización ya alertó en 2018 sobre lo que considera un proyecto de elevado impacto ambiental. La que fuera coordinadora del área de minería nacional de Ecologistas en Acción, Elena Solís, mantiene hoy que hay “vicios” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y cita “la falta de un estudio hidrogeológico completo que analice de dónde se captarán las escasas aguas subterráneas en la zona para el procesamiento del oro y el wolframio, o si las balsas de ácidos son seguras y cuál es el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por los elementos tóxicos necesarios”.

Ya hace casi ocho años que la Junta de Castilla-La Mancha dio luz verde ambiental al proyecto para una mina de fosfatos en la localidad de Fontanarejo, en la provincia de Ciudad Real. El uso industrial de este mineral, donde el fósforo se combina con el oxígeno, se utiliza en la alimentación, como en carnes y lácteos, y también en componentes comunes de detergentes y para el tratamiento de aguas.

Desde el momento en que en el pueblo, de unos 220 habitantes y cercano al Parque Nacional de Cabañeros, se conoció esta iniciativa, vecinos y vecinas constituyeron la Plataforma No a la Mina, con el respaldo de Ecologistas en Acción, para protestar por su futura instalación. El motivo: posibles afecciones a la salud pública y al medio ambiente (flora y fauna) por las partículas en suspensión que provocaría la extracción minera.

Hubo protestas ciudadanas, pero la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha dio luz verde ambiental al proyecto: consideró que no existían esas afecciones que denunciaban ecologistas y vecinos.

Posteriormente, se otorgó licencia para el inicio del proyecto. La respuesta de la Plataforma fue demandar a la Administración regional y a la empresa promotora por ambas circunstancias, tanto por la declaración de impacto ambiental (DIA) como por el inicio “ilegal” de las obras tras la concesión de explotación minera a la empresa Alcudia Phosphates S.L., cuya administradora única es Fertiberia S.A.

En este tiempo y hasta la fecha, la Plataforma ha recabado más de 100.000 firmas en contra de la mina y ha realizado una consulta popular entre la población de Fontanarejo apoyada por más de la mitad de la población, unas 120 firmas.

Mientras las excavaciones para la mina han seguido su curso, ocho años después de esa autorización ambiental y cuatro años después del inicio de las obras, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha acogido en Albacete las dos vistas orales del juicio por esa demanda.

Este juicio ha arrancado después de que el conflicto se intensificara a mediados del pasado mes de octubre, cuando comenzaron las obras de preparación del terreno para la mina. Según denunciaba la Plataforma, se produjo de forma “ilegal”, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia que expiraba el 5 de febrero de 2024, una fecha anterior tanto a la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento como al inicio efectivo de los trabajos, que se produjo meses después.

La Plataforma sostiene que la instalación de una caseta de obra en enero de 2024, utilizada por la empresa promotora para justificar el cumplimiento de los plazos de la DIA, no puede considerarse un inicio real de las obras, al tratarse de una actuación “meramente preparatoria sin ejecución material del proyecto”. Esta cuestión forma parte del núcleo de las presuntas “irregularidades” denunciadas, según consta en el recurso al que ha tenido acceso elDiario.es de Castilla-La Mancha.

El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la declaración de impacto ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que “impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces”.

Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública, permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la Plataforma, “contraviene la legislación vigente”.

Riesgos para la salud y los recursos hídricos

Entre los informes aportados al procedimiento destaca el relativo a la presencia de elementos radiactivos en el suelo de la explotación. Según Ángel de la Cuesta Gómez, especializado en Química Física y autor de uno de los informes presentados, la zona presenta emisiones naturales de gas radón, un fenómeno habitual en suelos graníticos, pero menos frecuente en los de pizarra, predominantes en Fontanarejo.

“En España existen seis zonas oficialmente contaminadas por productos radiactivos y tres de ellas están asociadas a yacimientos de fosfatos”, señala en su informe. “Esto no implica una certeza absoluta, pero sí una probabilidad razonable de que la explotación pueda liberar elementos radiactivos perjudiciales para la salud, como el uranio, especialmente cuando se realizan voladuras”.

A ello se suma el riesgo derivado de las partículas en suspensión. Según una simulación informática incluida en el recurso, las partículas finas y ultrafinas generadas por las voladuras y por la planta de tratamiento del mineral “alcanzarán el casco urbano”, pudiendo “ser inhaladas por la población junto con radón y otros contaminantes, sin que se haya evaluado su impacto sanitario”.

En materia de aguas, la Plataforma denuncia que la hidrogeología de la zona no ha sido estudiada de forma rigurosa. La promesa de “vertido cero” recogida en la documentación oficial se basa en “suposiciones no contrastadas”, mientras que las filtraciones de aguas contaminadas “podrían afectar a acuíferos locales” e incluso al embalse de Cíjara.

Un espacio clave para las rapaces ibéricas

A estas supuestas deficiencias añaden en su recurso un estudio ornitológico independiente, realizado a lo largo de 2023 por un equipo de siete ornitólogos y coordinado, entre otros, por el profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.

El estudio documentó la presencia de 14 especies de aves rapaces en el entorno del proyecto, tres de ellas catalogadas como en peligro de extinción en Castilla-La Mancha -águila imperial ibérica, águila perdicera y milano real- y otras seis como vulnerables, entre ellas el buitre negro y el alimoche común.

El análisis de más de 500 vuelos y los mapas de uso del espacio elaborados con sistemas de información geográfica confirman que el área afectada constituye un ·espacio vital para estas especies·. “La implantación de una mina a cielo abierto, con maquinaria pesada, voladuras y escombreras, sería, concluye el estudio, absolutamente incompatible con su conservación”, indican en su informe.

Durante la primera vista oral, han declarado cinco peritos de la parte demandante que han expuesto estas pruebas técnicas y han incidido especialmente en las repercusiones para la salud pública y para el medio ambiente. También se han referido al procedimiento administrativo y al hecho de que se iniciaran las obras con la DIA “caducada”.

Estos argumentos los defendieron tras la primera sesión del juicio, a las puertas del tribunal, tanto Ángel de la Cuesta Gómez como Francisco José Sarrión, licenciado en Biología y miembro de Ecologistas en Acción.

También han declarado en el juicio dos peritos de la Junta de Castilla-La Mancha: el técnico que redactó la autorización ambiental y el jefe de Servicio de Medio Natural. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible han explicado a este medio que ambos han incidido en que la Administración realizó la tramitación técnica “de forma correcta y conforme a la norma”.

En el escrito que el abogado del Gobierno regional remitió a la sala en marzo de 2024 con motivo de la demanda, esta administración argumentó que la DIA presentaba “medidas correctoras de obligado cumplimiento”. “Efectivamente, el presente proyecto, como casi cualquier otro de esta naturaleza, produce un impacto ambiental, y el objeto de la DIA es, precisamente, valorar dicho impacto en relación con el interés público de la actividad, y establecer las medidas correctoras del mismo”.

Se ha privado al órgano ambiental de posibilidad de valorar los informes, actuación que no parece conforme con el fin de protección medioambiental, sino que parece pretender simplemente la demonización del proyecto

Ese interés público, añade este documento, viene establecido por la Ley de Fomento de la Minería de 1977 que tiene por objeto promover y desarrollar, dentro y fuera del territorio nacional, la exploración, investigación, explotación y beneficios mineros, con el fin de procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española.

El Gobierno regional también apuntaba en su escrito que el procedimiento se ha realizado “conforme a las prescripciones legales”, con exposición pública y consulta a las entidades afectadas, incluida Ecologistas en Acción, consultada “hasta en tres ocasiones, sin hacer alegaciones al proyecto”.

Los informes de los ecologistas relativos a afecciones medioambientales se presentaron por primera vez en vía jurisdiccional, por lo que “se ha privado al órgano ambiental de posibilidad de valorar de los mismos, actuación que no parece conforme con el fin de protección medioambiental, sino que parece pretender simplemente la demonización del proyecto”.

Las afecciones denunciadas, concluía, “no son reales, ciertas y acreditadas”, y tampoco se tiene en cuenta que la DIA contiene disposiciones expresas “sobre eventuales impactos que pudieran surgir durante la vigencia del proyecto que pueden dar lugar a la imposición de nuevas medidas o incluso la paralización del proyecto”.

En la segunda jornada del juicio, han intervenido abogados de la empresa promotora, que han presentado informes que contradicen los impactos alegados por la Plataforma No a la Mina y por Ecologistas en Acción. Este medio ha intentado contactar tanto con Alcudia Phosphates S.L., como con su administradora única, Fertiberia S.A., para conocer el contenido de esos informes y su valoración del proceso judicial, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.

Una vez celebradas las dos vistas, en un plazo aproximado de diez días, se presentarán las conclusiones por ambas partes, y posteriormente, el juzgado emitirá su sentencia en plazo de tres meses. Su decisión será recurrible ante el Tribunal Supremo.

Pese a que las obras ya han comenzado, la Plataforma No a la Mina confía en que el procedimiento judicial permita detener el proyecto y restaurar el territorio a su estado original, poniendo fin a lo que consideran un proceso “viciado desde su origen” y priorizando la salud de la población y la protección de un entorno natural de valor excepcional.

El caolín es una arcilla blanca, rica en minerales que se utiliza para la cosmética, la industria cerámica y papelera y también para la agricultura, como capa protectora de cultivos contra el sol o las plagas. También se conoce por su aplicación en investigación biomédica y otras soluciones tecnológicas y medioambientales. En Castilla-La Mancha, una de las zonas de mayor explotación de este mineral se encuentra en la Serranía de Cuenca, en el área de varios pueblos donde lleva extrayéndose desde hace décadas.

Ahora, se ha convertido en objeto de controversia entre dos localidades de la zona, después de que el Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón, en el área de influencia de esta minería, haya aprobado por unanimidad una moción en defensa de la continuidad de su extracción, al considerarlo “clave para la supervivencia económica y social del territorio”.

Según expone el texto de la moción, la actividad extractiva del caolín no puede entenderse como un hecho aislado, ya que genera “un efecto económico que trasciende el ámbito municipal”.

En este documento se expone que la industria sustenta de forma directa a 60 trabajadores y a otros 30 de manera indirecta, y constituye el “soporte económico” de cerca de 90 familias repartidas entre Arguisuelas, Carboneras de Guadazaón, Cardenete, Almodóvar del Pinar, Fuentes, Landete, Mohorte, Arcas y la ciudad de Cuenca.

Según detalla, la extracción del mineral mantiene además una intensa actividad logística, con entre 80 y 100 camiones diarios, lo que sostiene una “red indirecta de pequeñas y medianas empresas vinculadas al transporte, el mantenimiento, el comercio, la hostelería y otros servicios esenciales en la comarca y la capital”.

El Ayuntamiento advierte de que la paralización de esta actividad provocaría “un éxodo de familias y un agravamiento del proceso de despoblación” que sufre la Serranía conquense. En esa moción, el Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón destaca que la minería del caolín se desarrolla bajo “estrictos estándares medioambientales”, con estudios de impacto, evaluaciones, planes de restauración y garantías “que aseguran la devolución de los terrenos al entorno natural una vez finalizada la explotación”.

En este sentido, defiende que el debate no debe plantearse como una confrontación entre industria y naturaleza, sino como “una decisión entre mantener uno de los pocos motores económicos que sostienen la comarca o permitir que el avance del despoblamiento continúe”.

La moción ha provocado revuelo en la localidad vecina de Arguisuelas. Desde el pasado mes de marzo, la población de este municipio ya se había organizado ante la posibilidad de ampliar las excavaciones mineras y ha creado la plataforma ‘SOS Arguisuelas’, que rechaza de pleno la moción de Carboneras y el “agresivo avance minero” impulsado por la empresa EuroArce en la zona.

El foco puesto en el mirador de 'El Viso'

Esta empresa, impulsada por el Grupo SAMCA, se centra en la extracción de minerales, proceso y venta a industrias cerámicas del levante español. En 2009 adquirió un sitio y planta en Arguisuelas para la extracción de caolín. Según la plataforma vecinal, en 2022 puso el foco un punto situado a menos de un kilómetro del núcleo urbano: el mirador de ‘El Viso’, paraje “muy apreciado” por los vecinos.

Sostiene este colectivo que esa zona ahora se ve amenazada y puede “correr la misma suerte” que otros territorios del pueblo que ya son historia como ‘El Lagunillo’, ‘El Collado del Hongo’, ‘La Veguilla’, ‘El Hornillo’ o ‘El Rincón de la Puente’. Este proyecto ha servido, por tanto, como desencadenante de la “indignación” de un pueblo que lleva años “soportando el desastre ambiental que suponen estas excavaciones a cielo abierto”.

La cuestión es que por primera vez en décadas, los habitantes del pueblo se han unido con la intención de hacer frente a estos “gigantes”. Entre sus acciones, una recogida de firmas que cuenta ya con más de 300 apoyos y una red de sustento entre comunidades afectadas con plataformas activistas como ‘Estercuel es futuro’.

La economía y vida de Arguisuelas, municipio perteneciente a la Vega del Guadazaón, comenzó a verse afectada por la actividad minera en la década de los 70, presentándose ante el pueblo como una gran oportunidad de impulso económico.

Años después, el crecimiento que ha experimentado la población “se podría catalogar como inexistente”. 'SOS Arguisuelas' quiere ahora poner freno a la ampliación de las minas, así como “promover la restauración inminente de los parajes afectados”. Para ello va a promover movilizaciones vecinales y lazos entre las comunidades efectadas a nivel provincial e incluso nacional. “Solo así es posible darse cuenta de que las maniobras de estas corporaciones son siempre similares; ofreciendo pan para hoy y hambre para mañana”.

En palabras de la activista de derechos humanos Dalila Argueta un defensor del medio ambiente es alguien que “mira con ternura la tierra que la parió”. Alguien con conciencia, que respeta, que asume ese compromiso. Alguien que no hace lo que hace para que le reconozcan por la calle, sino alguien que atiende el llamado de sus ancestros, de sus abuelos, cuando les decían que solo quien defiende la tierra, quien la cuida, tiene derecho a comer de ella. Alguien como ella que por esa defensa de su tierra tuvo que dejarla atrás y exiliarse en Euskadi para evitar que su vida corriera peligro.

Dalila Argueta tuvo que marcharse de Honduras hace casi siete años porque trató de defender con uñas y dientes el río que recorría su comunidad y que, a raíz de que el Gobierno concedió la ejecución de una mina a una empresa para que pudiera extraer minerales, estaba siendo contaminado. Las protestas que llevaron a cabo desde su comunidad hicieron que Argueta fuera señalada, insultada y amenazada. Cuando su vida empezó a correr peligro, sintió la necesidad de escapar.

A pesar del exilio, Dalila ha podido ver con sus propios ojos cómo está Honduras a día de hoy, gracias al documental 'Acuerpadas. Hasta que se haga justicia', que narra el viaje de periodistas vascas que de la mano de la ONG Alboan visitan territorios campesinos de Honduras y entrevistan a mujeres tanto de la comunidad de Dalila, como de otras que sufren problemas similares. En el documental se recoge el viaje, pero también el regreso de las periodistas que una vez en Euskadi conversan con Dalila y reflexionan acerca de lo aprendido.

“Todo comenzó con un viaje que hicimos Alboan, ERIC Radio Progreso de Honduras, nuestra organización aliada de Honduras, y tres comunicadoras vascas a Honduras movidas por el deseo de encontrar historias de resistencia y dignidad. Lo que encontramos fue mucho más que eso: en un país marcado por el extractivismo, el despojo y la violencia estructural, se cruzaron con mujeres que, pese a todo, alzan la voz, protegen sus cuerpos y defienden su tierra con una valentía conmovedora. La realidad hondureña es mucho más compleja de lo que podíamos imaginar y durante ese viaje, durante esos días fuimos descubriendo y fuimos profundizando en esa realidad. Un país sumido en una violencia bestial, un país con muchísima corrupción, muchísima impunidad, una desigualdad social y de género y económica muy grande. Todo ello es lo que contamos en la película”, explica una de las protagonistas del documental, Sara Diego, Técnica de Incidencia Política de Alboan.

A Diego le acompañaron en el viaje la ingeniera y comunicadora Lorena Fernández y las periodistas Gessamí Forner y África Baeta. “Lo que ocurre en Honduras parece que ocurre demasiado lejos, pero una vez que lo ves te das cuenta de que somos responsables directos. Que este sistema en el que vivimos no es posible sin explotar territorios para cubrir nuestras necesidades. Aquí somos tan individualistas que nos provoca un vacío tremendo que solo llenamos comprando. Allí el vacío individualista se llena con la comunidad”, sostiene Baeta tras la proyección de la película que ha tenido lugar este miércoles en la sala Bilborock de Bilbao.

Según han comprobado tras su viaje, en Honduras “hay un sistema que sostiene la violencia, en el que en primer lugar están las maras, después el ejército, los políticos y por último los sistemas capitalistas como el estadounidense o el europeo. Hay asesinatos que quedan impunes y todo se tapa. Eso crea mucha desesperanza”, lamentan.

El documental muestra como eje central la vida de las mujeres hondureñas que, en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el medioambiente y los derechos humanos, acuerpan la lucha como acto político, estrategia de supervivencia y forma de amar. De ahí el título del documental, 'Acuerpadas'. “Acuerpar es más que abrazar, es tejer, es sentir, es la resistencia de los pueblos. Somos descendientes de las tribus que no lograron asesinar. Por nuestras venas llevamos la rebeldía y seguimos acuerpando y construyendo camino para nuestras generaciones. No hay un yo, hay un nosotros constantemente”, defiende Dalila.

Sin embargo, pese a la resistencia de los pueblos, los ataques contra defensores de derechos humanos se han intensificado en los últimos años. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras documentó 453 casos de defensores de derechos humanos y periodistas que sufrieron acoso, amenazas o intimidación en 2023, y registró el asesinato de 17 de ellos. Entre enero y septiembre de 2024, al menos otros cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados, entre ellos Juan López, una de las personas cuyo testimonio se recoge en el documental. López era un defensor del medioambiente que fue asesinado hace un año en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Al igual que Dalila, Juan era defensor de los territorios ante la imposición del proyecto minero en el río Guapinol. Luchaba contra el 'Monstruo de Siete Cabezas', que es como llaman en Tocoa a este megaproyecto que incluye dos minas de óxido de hierro construidas en espacio protegido; la termoeléctrica que menguará de manera dramática el caudal del río Guapinol y sus afluentes; una planta peletizadora; y tres pozos de agua que resecarán la tierra. Otros tres activistas que trabajaban para la misma organización ambiental también fueron asesinados en 2023.

La lucha de Guapinol es una de las muchas que se libran a lo largo y ancho de la república de Honduras; un Estado fallido donde las comunidades son objeto de los atropellos sociales y medioambientales de ciertos conglomerados empresariales. Se trata, en su mayor parte, de proyectos extractivistas depredadores que pueden adoptar vías violentas ante la resistencia de la población. Y todo ello con la complicidad o -al menos, la omisión de obra- de instituciones corruptas. Una compleja trama de intereses empresariales beneficiarios del tráfico de influencias, que recurre a redes criminales, y se ve amparada en la impunidad.

Según reconocen, el mecanismo nacional de protección de Honduras, creado en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia presenta graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores.

En este sentido, Dalila pide que desde el mundo Occidental no se deje de enviar solidaridad y apoyo a esos territorios, para que sepan que “no están solos”. Aun así, lamenta que en esta parte del mundo también puede llegar “una ola que arrase con todo” y, por ello, alerta a la ciudadanía vasca. “Hay que pensar qué compramos, qué comemos. Vamos a sufrir si no nos queda tierra que sembrar. Debemos identificar a las empresas que allá explotan y después lo traen aquí. Estamos a tiempo de evitar que aquí hagan lo mismo que hicieron allá. Nosotros nos perdimos, no pierdan su montaña, no pierdan sus ríos, no pierdan sus territorios. Hay que volver a las raíces, nunca es tarde para sentir la tierra”, concluye la activista.

Vecinos de Doade, en el municipio ourensano de Beariz, y la plataforma SOS Suido-Seixo entregaron más de 3.000 alegaciones al proyecto de la mina de litio, una de las siete iniciativas impulsadas por la Unión Europea en el Estado para la extracción de minerales críticos. Los opositores consideran que este resultado es “una muestra más” del “rechazo social” que genera el proyecto.

Según ha informado la plataforma en un comunicado —recogido por Europa Press—, en las alegaciones “se ampara técnicamente” lo que ya denunciaron desde que tuvieron acceso a la documentación cuando salió publicada el 18 de julio de 2025 en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

“El proyecto es inviable técnicamente, no se garantizaron los derechos de las comunidades locales en cuanto al acceso a la información y se observa un conflicto de intereses gravísimo, al entrar como accionista la empresa mixta de la Xunta, de la que forma parte Carlos Martínez Torres, exdirector de Recursos Minerales de Galicia y anterior responsable del proyecto Mina Doade”, ha denunciado la plataforma.

Además, la plataforma ha advertido de que Carlos Martínez “fue contratado” por la Comisión Europea como “experto independiente” para asesorar sobre “la selección de los proyectos estratégicos europeos.

De esta forma, la plataforma hace un llamamiento a los ciudadanos para que estén atentos a las actividades y movilizaciones que se publicarán en redes.

“El proceso será largo e intentarán minar la moral por los intereses especulativos, pero tenemos la razón y la haremos valer: la problemática sobre el agua y a nivel ambiental que generaría la mina, no puede resolverse a la ligera, nuestro futuro no puede depender de una decisión política sin garantías legales, técnicas y ambientales”, ha detallado la plataforma en el comunicado.

La Junta ha extendido hasta octubre el plazo, que expiraba inicialmente en junio, para que los promotores del proyecto minero de litio en el valle Valdeflórez de Cáceres, la compañía australiana Infinity Lithium, aporten nueva y detallada información relativa a la seguridad sanitaria y medioambiental de la mina, así como de la solvencia del proyecto.

El pasado mes de diciembre, la Junta emitía un requerimiento a Extremadura New Energies (ENE), filial de la compañía australiana sobre el terreno, y daba un plazo de seis meses a la empresa para que contestara y aclarase cómo se cumplirán las garantías sanitarias y medioambientales; además de acreditar solvencia financiera. El objetivo era avalar una iniciativa que mantiene la declaración de interés prioritario para la Junta (Premia).

Según una comunicación de la compañía australiana, con fecha de 8 de julio, el Gobierno regional “ha extendido el tiempo disponible hasta principios de octubre de 2025” para registrar esos documentos, que denominan “trabajos adicionales”.

Sobre las pruebas de extracción del mineral en un laboratorio español, uno de los requerimientos de la Junta, la minera crítica que tenga que repetir los test que se hicieron en laboratorios punteros “a nivel mundial en Alemania y Australia, en laboratorios aún por construir en España”.

El comunicado de la junta directiva de Infinity Lithium también desliza que “la empresa continúa su diálogo con los departamentos y seguirá trabajando con todas las partes interesadas para encontrar un camino a seguir”.

Así, ha asegurado que varios de sus miembros han estado “recientemente” en España, “buscando avanzar con el proyecto” minero de Cáceres, que “recibieron noticias de la Junta de Extremadura” y que “continúan las conversaciones con posibles socios del proyecto”.

Desde ENE ya manifestaron el pasado mes de abril que el proyecto sigue adelante, pese a no haber sido incluido como proyecto estratégico europeo en la primera convocatoria, a pesar de que fue preseleccionado por la Comisión Europea (CE).

“Un claro ejemplo de su compromiso con Extremadura es que la empresa ya ha invertido en este proyecto 20 millones de euros sin ningún tipo de ingreso adicional”, aseguraron.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha interpuesto un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la reapertura de la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), por las afecciones ambientales del nuevo proyecto en el río Rivera de Cala y en los espacios protegidos de la Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Aguablanca es el mayor yacimiento de níquel en Europa y uno de los proyectos extractivos que la Unión Europea financiará dentro de su estrategia para el suministro de materias primas fundamentales y evitar la pérdida de autonomía en el desarrollo de sectores considerados clave, como la automoción, las energías renovables y la defensa.

La semana pasada, y tras una década cerrada, se conoció que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) otorgó a Río Narcea Recursos S.A. la concesión por veinte años del aprovechamiento de aguas públicas superficiales y subterráneas, con lo que la empresa prevé que puesta estar operativa antes de que acabe 2025 para comenzar a extraer, además de níquel, cobalto, cobre y metales del grupo del platino.

Pero los ecologistas señalan que la declaración de impacto ambiental (DIA) que sustenta el proyecto perdió su vigencia en agosto de 2023 y que lo que plantea ahora la empresa es transformar el mineral en Cañaveral (Cáceres), lo que debería implicar una nueva evaluación ambiental. El recurso, que ha sido admitido a trámite según la organización ecologista, va contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ecologistas en Acción de Extremadura y de Sevilla denuncian desde hace años las afecciones en la Rivera de Cala y en los espacios protegidos Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y la necesidad de un plan de restauración y clausura de la explotación. De hecho, la organización señala que hubo un proceso de información pública que culminó con la resolución aprobatoria del plan de restauración y clausura de la mina de fecha 1 de septiembre de 2022, que no se ha publicado. A pesar de esto, se sabe de su existencia porque se la cita en la resolución de fecha 21 de julio de 2023 por la que se aprueba la explotación por interior de la mina de Aguablanca, y tampoco se ha publicado en boletín oficial esta resolución de fecha 21 de julio de 2023, que aprueba el proyecto de explotación por interior, pese a la obligación de hacerlo.

Los ecologistas añaden que la resolución de 21 de julio de 2023 no contiene detalles de cambios en el tratamiento del mineral o en la gestión de residuos mineros, por lo que cambiar el lugar de tratamiento del mineral de Aguablanca a Las Navas, en Cañaveral, como recientemente ha anunciado la empresa promotora “modifica sustancialmente el proyecto evaluado en 2017”.

Además, Ecologistas en Acción han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo contra la autorización de la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al proyecto de explotación por el interior de la mina de Aguablanca.

Los ecologistas afirman que desde hace años vienen denunciado la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por las filtraciones y lixiviados provenientes de escombreras y balsas de residuos y metales pesados como mercurio, cadmio, níquel o cobre que han supuesto pérdida de biodiversidad acuática en la zona.

La Junta de Extremadura ha declarado la caducidad del expediente por el que la empresa valenciana Technology Metals Europe había solicitado un permiso de investigación para la extracción de litio, estaño y wolframio en tres términos municipales de la comarca cacereña de Sierra de Gata y dos de la provincia de Salamanca.

Denominado 'Salvaleón', el proyecto minero afectaba a 134 cuadrículas mineras ubicadas en Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, en la provincia de Cáceres; y El Payo y Navasfrías en la de Salamanca.

Dentro de los periodos de información pública sobre la admisión definitiva del permiso de investigación se recibieron 4.279 alegaciones y personaciones al expediente.

En este sentido, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes un anuncio de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Sostenible por el que se declara la caducidad del procedimiento y el archivo de la solicitud de otorgamiento.

También ha declarado terminado el expediente del permiso de investigación 'Salvaleón'. Dicho anuncio señala que con fecha 11 de noviembre de 2024 se notificó a la sociedad Technology Metals Europe el acuerdo de inicio de caducidad del procedimiento al no haberse realizado el pago de la tasa para el anuncio de información pública en el Boletín Oficial del Estado.

En dicho acuerdo se le dio un plazo de tres meses (hasta el 11 de febrero de 2025) para que realizaran las actividades necesarias para reanudar la tramitación.

Al no recibir respuesta por parte de la mercantil, con fecha 18 de marzo de 2025 se resolvió declarar, por parte del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, la caducidad del procedimiento, el archivo de la solicitud de otorgamiento, así como declarar terminado el expediente del mencionado permiso de investigación. 

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha expresado el “compromiso” de la institución provincial con los vecinos de la comarca cacereña de Sierra de Gata, materializado con la rúbrica de un “manifiesto de oposición” a los proyectos mineros en la comarca.

“La Diputación va a estar, como uno más, apoyando delante, detrás y al lado de los alcaldes y de las alcaldesas”, ha subrayado Morales en el transcurso de un acto institucional con el que se quiere respaldar la oposición ciudadana mayoritaria en la zona, que este domingo se vio reflejada con una concentración en Torre de Don Miguel.

Con la firma del citado manifiesto, “un acto simbólico y testimonial, pero necesario, se avala la pretensión mayoritaria de la ciudadanía de la Sierra de Gata, de los serregatinos, que quieren un modelo de desarrollo basado en la naturaleza, en el turismo, en lo que han vivido siempre, del aceite, de la aceituna”, ha apuntado Morales.

El presidente de la Diputación cacereña ha asegurado que la implantación de minas a cielo abierto y explotaciones mineras “puede perjudicar a ese modelo de desarrollo que ciudadanía, instituciones y agentes económicos han venido trabajando en la comarca y que está funcionando”.

Durante la reunión, Morales ha trasladado a los alcaldes, que con independencia de siglas políticas se han unido contra los proyectos de minería industrial con intereses en la zona, “vamos a estar a disposición en el ámbito técnico, jurídico o si hiciera falta contratar algún servicio de consultoría para defender los intereses de la ciudadanía de la Sierra de Gata”.

La Diputación ha prestado apoyo técnico y jurídico en el proceso de redacción y presentación de alegaciones al permiso de investigación solicitado para el proyecto 'Esperanza', que justamente finaliza este lunes.

Este no es el único proyecto minero con intereses en la zona sino que hay otros tres más.

Por su parte, y en representación de los municipios serragatinos, el presidente de la Mancomunidad Sierra de Gata, Pablo Iglesias, ha agradecido las reivindicaciones y “el inmenso esfuerzo que ha hecho en toda la cuestión de las alegaciones la Plataforma Sierra de Gata Viva, aglutinando el rechazo de la población”.

Iglesias ha explicado que este acto simbólico, en el que los representantes políticos manifiestan su rechazo a los proyectos de minería industrial en la comarca, “supone un poco de esperanza para la ciudadanía que necesita sentirse acompañada por las instituciones”.

“Hay que insistir en que tanto ayuntamientos como alcaldes, independientemente del partido político, se han posicionado en contra, como no podía ser de otra manera. Y yo creo que ahora también es el momento, cuando vaya pasando este proceso, de abrir un poco el debate de hacia dónde queremos ir”, ha agregado. 

Rosa Elena Mazapanta (45), conocida por todo el mundo como Rosita, se dirige a la asamblea organizada en una pequeña aldea de Palo Quemado (Cotopaxi, Ecuador) para explicar la situación y los avances del proyecto de Minera La Plata SA junto a sus plantaciones de caña de azúcar y que podría enterrar 27 nacimientos de agua en selva subtropical. Como todo lo que se decide en esta comunidad, la asamblea participa, opina y vota y ha tomado buena nota de la situación. Se preparan para seguir un largo proceso judicial, donde esperan tumbar el proyecto.

Rosita, presidenta de la cooperativa Flor de Caña, es una de las lideresas sociales de la zona y, además, una de las cabezas visibles que todavía no ha tenido problemas legales con el Gobierno de Ecuador, que tras una manifestación contra la consulta informativa al proyecto de la mina ha procesado a una decena de personas, según la empresa canadiense, 74 según la resistencia antiminera —unidos en la Alianza Nacional Antiminera y con el apoyo del Movimiento Indígen—.

Entre las causas abiertas en los juzgados provinciales contra agricultores y activistas se encuentran terrorismo, delincuencia organizada, asociación ilícita, secuestro o coacciones. Delitos habituales y extremadamente exagerados cuando se presiona a la resistencia civil, ya que en las dos manifestaciones en 2019 y 2024 solo hubo heridos por parte de la comunidad resistente. Ecuador mandó 800 soldados a sofocar una protesta en un municipio de poco más de 4.000 habitantes. Usó gases lacrimógenos y realizó disparos a los manifestantes, hiriendo a una treintena y dejando en coma por una bala a uno de los asistentes, Mesías Roballo, a quien le quedarán secuelas para toda la vida.

El señor Julio (71) trabaja en su pequeña finca de alrededor de tres hectáreas que llama La Niña Bonita, nombre con el que bautizó a una culebra que vivía allí antes de que empezaran a cultivar caña y que luego le ha dado entidad a la pequeña plantación. Don Julio es el socio productor y junto a su esposa Rebequita, sus hijas y yernos, trabajan en todo el proceso de elaboración de la panela agroecológica que acaba en los supermercados europeos. Desde el cultivo, pasando por el “trapiche”, la cocción y la solidificación en finos granos de deliciosa panela.

Este agricultor fue miembro de la primera junta parroquial de Palo Quemado y antes servía en el mercado local, donde el precio que recibían de las multinacionales e intermediarios no les daba para mantener a la familia. “Nacimos de la mano de la Fundación Maquita, que también nos ayudaron en los cambios tecnológicos, los hornos y las certificaciones, que nos permiten adaptar nuestro producto a las exigencias del mercado europeo agroecológico”. Y es que esa venta al exigente mercado de la UE les permite vender su quintal de panela de 45 dólares, mientras que en el mercado local para exportación el precio ronda los 25 dólares. El europeo es un mercado difícil, pero buen pagador.

La cooperativa Flor de Caña mantiene producción todo el año, el conocido como “entresaque”, para que los ingresos sean recurrentes. Es decir, ir sembrando por partes para poder recoger los frutos de manera constante y así mantener una renta mensual para las familias. Esta práctica de comercio justo, a la que ha ayudado también la ONG española Ecosol en diferentes proyectos como la compra de hornos, permite a estas pequeñas unidades de producción familiar ingresar cerca de 6.000 dólares al mes.

De ahí vive toda la familia y gracias a los excedentes, pueden comprar ganado vacuno para leche y carne, cerdos (chanchos) o cultivar huertos propios. También maquinaria para ir haciendo el proceso más efectivo. Para hacerse una idea del cambio que ha conseguido la comunidad gracias a la Fundación Maquita en colaboración con la ONG Ecosol, el salario mínimo en Ecuador, el que se suele pagar en el campo, es de 416 dólares al mes.

La Fundación Maquita da todo tipo de asistencia técnica a la cooperativa y acompaña en la profesionalización de todo el proceso. Entre los distintos asistentes a las familias campesinas, Maquita pone a su disposición al ingeniero agrónomo Fredy Pita, quien trabaja a pie de campo con los cooperativistas para que hagan la producción más eficiente y para que se ajusten a los requisitos agroecológicos. Fredy siempre está dándole vueltas a la cabeza sobre cómo mejorar la producción. “Tenemos que empezar a plantar las matas más juntas, yo creo que podemos duplicar la producción con el mismo método”, explica satisfecho. Semanas antes de la visita, Pita estuvo en Colombia copiando algunos procesos de producción para obtener mejores rendimientos sin perder la esencia agroecológica.

Lisbet, también trabajadora de Maquita, ayuda en la estrategia comercial. Es clave para la colocación del producto que se hace en Palo Quemado y la que aplica la estrategia de ampliación internacional de las ventas. Acude a ferias internacionales y explica satisfecha que recientemente ha abierto mercado en Finlandia. “El producto que les hacemos elaborar tiene tres certificados que les permiten estar en los supermercados orgánicos europeos y canadienses. Con respecto al mercado, la panela tiene un gran potencial de crecimiento. Debemos seguir trabajando la calidad para conseguir ingresos estables para las familias campesinas”, defiende.

Maquita ha permitido a la cooperativa Flor de Caña poder saltarse todos los intermediarios. Del campo a la mesa. Solo los gastos por el aporte logístico y tecnológico. Gracias a ello, las rentas de estas familias se han podido incrementar. El reto ahora es consolidarlas en el tiempo y que caminen solos. Una tierra que mantiene dignamente a cientos de familias que ven crecer sus plantaciones y diversificando su gama de productos para vender, así como para autoconsumo.

Y ahí es donde la construcción de la mina La Plata puede darles un golpe durísimo si ocupa las mejores tierras, genera suciedad y contaminación o acaba con los manantiales de agua, que aunque abundantes, ninguno sobra a estas alturas de calentamiento global provocado por el cambio climático antropogénico. Y es que, con las excavaciones mineras para extraer cobre y sus derivados junto a sus tierras, Flor de Caña podría perder los certificados más exigentes para entrar al mercado europeo o tener que hacer pruebas más a menudo para garantizar la limpieza de su panela, con el correspondiente incremento de los costes en abono de auditorías. En muchos casos inasumibles.

La carrera mundial por la obtención de minerales críticos y tierras raras está empezando a distorsionar muchos países y sus comunidades locales. Porque, pese a que desde la mina defienden que su instalación producirá beneficios para la zona, la realidad es que también puede dar al traste con un modelo de negocio como es el comercio justo de panela agroecológica que se está consolidando y reparte mejor la riqueza que la minería extractivista. Y ya llevan años chocando y no parece que la situación vaya a mejorar según la mina va obteniendo permisos del Gobierno y de la justicia.

“La empresa llegó a la comunidad y empezó a destruir tejido social. Contrataba de manera discrecional a miembros de familias antimineras para dividirlos”, denuncia Rosita, que recuerda que antes que la mina estaban los ciudadanos de Palo Quemado. “Somos herederos de una historia de más de cien años de cultivo de caña. Nos están criminalizando para ganar territorio. Luchamos por defender el agua y la tierra, la tierra de la que vivimos”, añade esta lideresa social, que se ha ganado la confianza de la comunidad a base de trabajo y lucha.

Como en todo el mundo, en el trasfondo de la polémica está el uso del agua. El Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador autoriza a los municipios 2,1 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que la mina ha pedido 40 metros por segundo. En caso de que arrancaran las excavaciones, la lucha por el agua en la zona puede complicar la convivencia. De momento, la comunidad local ha emprendido tres procesos contra la apertura de la mina. Uno, contra la declaración de impacto ambiental solicitada por la empresa al Gobierno; otra sobre el permiso de la mina para el acceso al agua y una “acción de protección” por a vulneración de derechos humanos con el inicio de la actividad extractiva.

En el caso de la acción de protección, la empresa canadiense ha ganado en primera instancia. Pero Flor de Caña y todos los colectivos que la apoyan, han recurrido la sentencia. De momento, la batalla judicial sigue en marcha. La comunidad también se enfrenta a los procesos judiciales abiertos por el Estado contra los campesinos y activistas. En una zona donde la caña y los recursos naturales son abundantes, no lo es el dinero para pagar abogados. Y eso el Estado y la minería lo saben. “Abren y cierran, empiezan y paralizan los procesos cuando quieren para tener a la población atemorizada y que no se revuelva”, explica Tito Madrid, del Movimiento Indígena.

“Solo en la provincia de Cotopaxi hay 140.000 hectáreas concesionadas por el Gobierno para abrir minas. Están vendiendo el país y sus recursos a empresas transnacionales y a compañías vinculadas a la familia del presidente Javier Novoa”, denuncia Madrid, que ayuda en la organización jurídica de la resistencia.

Mientras la lucha sigue entre el Estado, la empresa minera y las comunidades campesinas, Maquita sigue de cerca el proceso y apoya en la resistencia de la mejor manera que se puede hacer. Ofreciendo una alternativa. La fundación ha conseguido que pequeñas plantaciones de apenas tres hectáreas alcancen el mercado alemán -allí van el 80% de las exportaciones de Flor de Caña-, pero también en España a través de la Red de Comercio Justo. El valor de las exportaciones de panela alcanzó en 2024 los 1,9 millones.

El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea les permite exportar con aranceles cero. A cambio, se exigen cumplir unos capítulos laborales, medioambientales y de derechos humanos. ¿Se están cumpliendo en estos momentos por el Gobierno de Javier Novoa a tenor de las historias que cuentan Rosita, Don Julio, Mesías Roballo o Fredy, los verdaderos usuarios de esta tierra tan fértil? No. La Unión Europea deberá tomar cartas en el asunto.

Este reportaje fue seleccionado por el programa CONTRAST de la Coordinadora Valenciana de ONGD y que ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y Caixa Popular.

Adelaida Guerrero nació hace 93 años en una casa menuda y arrinconada del barrio del puerto pesquero de Portmán, en el sureste de la Región de Murcia, y ahora –“desde hace ya tantas décadas que he perdido la cuenta”, matiza– se levanta cada mañana, se asoma a su puerta y observa, con una decepción a la que nunca ha logrado habituarse, el único puerto marítimo sin agua del mundo. Ella tiene, dice, la extraña sensación de estar viviendo en el mismo día desde que la playa y la bahía con la forma de una concha y el sonido de los barcos desaparecieron para siempre, arrastrados por la minería de plomo y zinc que enterró el pueblo entero.

A Portmán le han prometido una y otra vez en los últimos 35 años, con el fin de paliar el declive económico que acarreó ese cierre de la actividad minera de la multinacional Peñarroya, y para revertir uno de los mayores atentados ecológicos de la historia del Mediterráneo, que los 60 millones de toneladas de estériles mineros vertidos directamente al mar entre 1957 y 1990 como si fuera un pozo sin fondo serían limpiados; que el agua salada y el tranquilo oleaje volverían a dignificar el pueblo; que la pesca resurgiría otra vez como la principal manera de ganarse la vida; que se atraería, además, el turismo vacacional y las inversiones inmobiliarias.

Menos de 1.000 vecinos, y bajando

En pleno 2025 no se han cumplido ninguna de esas promesas, y el declive económico, lejos de mitigarse, ha avanzado como una enfermedad letal. Tan solo hubo, en 2016, tras largos años de estudio, una tentativa de proyecto de descontaminación de la bahía que resultó estar plagada de errores y que dejó la playa y el mar inaccesibles e invisibles desde la calle por la construcción de tres balsas de seis metros de altura que no sirvieron para nada. Entonces los vecinos tenían el consuelo de que el Gobierno central estaba trabajando a destajo por hacer realidad la promesa más definitiva de todas: el convenio que firmó en 2006 junto con el Ayuntamiento de La Unión y el Ejecutivo regional para dragar la bahía y generar una línea de costa a 250 metros de distancia de la original. Los estériles mineros colmataron el mar 600 metros hacia dentro.

Al fin se iba a recuperar, pensaron todos, una parte de la identidad que siempre hizo especial al pueblo. Pero aquellos trabajos se detuvieron en 2019 sin demasiadas explicaciones, y comenzó una nueva espera, y otro catálogo de estudios, que culminó el pasado 10 de abril con una decisión definitiva. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) descartó la opción del dragado y propuso, sin vuelta atrás, un sellado de los estériles que ya fue rechazado unánimemente por los habitantes de Portmán en 2005.

Los paseos de Adelaida Guerrero por la ensenada del puerto la sumergen en la costumbre nunca asimilada de mirar y no reconocer. Residir en el pueblo se ha convertido en una tarea difícil. En sus años más prósperos llegaron a ser más de 3.000 vecinos. Ahora quedan menos de mil, y bajando. Los jóvenes se marchan porque no hay trabajo. “¿Por qué otros sitios sí se han descontaminado y Portmán no?”, exclama.

El MITECO apuesta por el sellado

Pero esta pregunta, que resuena con eco en las calles desiertas del barrio, no tiene una respuesta sencilla. El 10 de abril se puso fin, con el anuncio del sellado por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a ese sueño vecinal de recuperar la bahía y revertir el desastre consentido por todas las administraciones que estuvieron al mando durante la explotación minera: primero, la franquista; después, la democrática. La decisión de enterrar los estériles cuenta con el amparo de un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). “Aquí hay una mano negra que no tiene interés en que este pueblo vaya para arriba. Al contrario. No hacen más que echarnos a pique. Nos dejan años esperando, sin soluciones, y les damos igual. Yo ya no tengo esperanza”, reitera Adelaida Guerrero, resignada, vestida con un tocado negro de luto. Su marido murió hace 27 años arrastrando las secuelas de un accidente laboral en la mina.

En su casa conserva, enmarcada en el gotelé, una panorámica en blanco y negro de la bahía. En Portmán todo el mundo tiene una foto parecida. Es como esos iconos de santos y mártires antiguos que decoraban antes las casas. Se ven buques de vapor, barcas pesqueras y un humo denso escapando de las chimeneas del principal responsable del problema: el lavadero Roberto. Cuando ella era joven los camiones ya revolvían la tierra inagotable de la sierra y los carros del ferrocarril llegaban solos y como suspendidos en el aire a esa ciudad industrial que extraía el mineral y expulsaba al mar 7.000 toneladas de desechos diarias. Ahora el lavadero es una ruina de ventanales rotos, metales oxidados y techos caídos que nadie se atreve a visitar por miedo a que ocurra la desgracia del derrumbe.

En casi cualquier punto, sea cerca o lejos de la casa de Adelaida Guerrero, el pueblo trata de escapar de una contrarreloj hacia el olvido, con viviendas que se vinieron abajo hace años y muros de hormigón con pintadas de ‘se vende’ muy leves, como asumiendo de antemano que no habrá ninguna llamada. La determinación del MITECO, recalcan fuentes consultadas del Ministerio, ha sido tomada, además de por la imposibilidad técnica de realizar el dragado de la bahía, para no dar lugar a más proyectos fallidos. En las casas que sí están habitadas los portmaneros gritan y escriben y reclaman que el Gobierno está rompiendo el compromiso que adquirió con ellos en 2006.

“Nos sentimos ciudadanos de tercera”

El presidente de la Liga de Vecinos de Portmán, Daniel Portero, explica que ahora, después de décadas de trabajo y espejismos de avances, se ha vuelto al punto de partida, y narra, porque él la vivió en primera persona, aquella mítica manifestación del año 2005 en la que cientos de vecinos conformaron sobre la arena negra de la playa una pancarta humana: “No al sellado”. En esa época, prosigue, el Ministerio había tomado la misma decisión que ahora.

“Pero conseguimos, gracias a nuestra presión, que –el Gobierno– diera marcha atrás y firmara el convenio para recuperar la playa y el espejo de agua que tuvimos toda la vida. Sabemos que el problema de Portmán es único, y entendemos que es difícil extraer los residuos. Pero no aceptamos el sellado como solución. No queremos más engaños. Llevan 35 años haciéndolo. Queremos que se invierta el dinero que haga falta, que se implemente la tecnología necesaria para que no sigamos pisando veneno”.

Daniel Portero recalca un agravio comparativo: que el Ejecutivo apuesta por la opción del confinamiento de los estériles porque pretende evitar una elevada inversión económica en la bahía tanto tiempo después. Las fuentes del MITECO preguntadas al respecto subrayan que el coste del nuevo proyecto “no será menor a 50 millones de euros”.

“Por qué ahora dicen de sellar cuando llevan prometiéndonos tanto tiempo que se va a hacer un dragado. Por qué se empezó ese dragado en 2016. Por qué se cambia de opinión sin importar cómo nos sentimos”, cuestiona Portero. “Es un tema de dinero. Todos los desastres ecológicos de España se han solucionado invirtiendo mucho en ellos, como el Prestige o Aznalcóllar. Pero, al parecer, este no lo merece. Nos sentimos ciudadanos de tercera. Exigimos respeto por los vecinos que han luchado por la descontaminación de Portmán y ya no la van a ver”.

La protesta política y la especulación inmobiliaria

Los científicos contactados por elDiario.es para este reportaje sostienen que en la bahía de Portmán hay tal cantidad de restos mineros contaminantes que dragarlos supondría un riesgo elevado y del todo incomprensible. La intención del Ministerio es que “la solución definitiva esté plenamente perfilada antes de verano y que los trabajos se liciten para que puedan arrancar en 2026”. Ahora hay un plazo de un mes para que las partes implicadas presenten propuestas.

En cuanto Hugo Morán hizo públicas las intenciones del MITECO, la protesta de las administraciones locales fue inmediata: una confrontación política que ahora resuena a todo volumen en el pueblo con un estruendo de megáfonos. “No al sellado. Sí a la regeneración. Vecino, vecina, te necesitamos”. Una furgoneta pagada por el Ayuntamiento vaticina grandes concentraciones de rechazo a la iniciativa del Ejecutivo. La primera de todas se celebró el pasado domingo 27 de abril. Estuvo comandada por el alcalde, Joaquín Zapata (PP), por la Consejería de Fomento de la Región de Murcia y por Vox y su presidente autonómico, José Ángel Antelo. 

La reivindicación obedece a razones financieras. El Ayuntamiento busca la descontaminación completa de los terrenos porque prevé el uso turístico de la zona. No es ningún secreto la intención empresarial de construir urbanizaciones de veraneo, como las que se anuncian en un cartel utópico que aún sorprende junto a las ruinas del lavadero. Si la bahía se sella, el suelo no podría convertirse en urbanizable. 

El primer edil Zapata recibe a este periódico en su despacho y asegura que la decisión del MITECO es “inaceptable” y que condena “la creación de un motor económico en el municipio”. El PP municipal pretende comparecer incluso ante el Parlamento Europeo para explicar la “atrocidad que quiere hacer el Gobierno”. Fuentes consultadas de la Consejería de Fomento regional se oponen, de la misma forma, “rotundamente” al sellado. Ambas administraciones apelan a ese acuerdo “histórico” de 2006.

Dragar liberaría contaminantes

Para saber bien cuál es la mejor solución, si el sellado o el dragado, resulta útil escuchar al catedrático de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, Miquel Canals, que ha estudiado a fondo el problema de Portmán durante años.

“Hay que tener presente”, explica, “que el depósito de residuos mineros de la bahía está fijo y ocupa un espacio concreto y concentrado. En otros casos de contaminación, como el Prestige o Aznalcóllar, los contaminantes se estaban expandiendo, y la cantidad de residuos era mucho menor. Que esté fijo abona la opción de plantear un sellado”.

A partir de esa premisa, Miquel Canals opina que las alternativas de dragado son “excesivamente agresivas”. “Extraer residuos daría lugar a una generación de nubes de material en suspensión cargadas de metales pesados que se expandirían por un área mucho más extensa. Luego habría que secar los estériles para alojarlos en una corta, y ese secado ocasionaría flujos ácidos que se infiltrarían en el terreno. Recuperar algo similar al estado inicial de la bahía no es del todo realista. Hay que pensar en cómo se puede regenerar minimizando los riesgos ambientales”.

El catedrático añade que los contaminantes, que ahora permanecen relativamente estabilizados a nivel subacuático, se liberarían sin control al dragar. Sería algo parecido a abrir un sarcófago de plomo, zinc, cadmio, mercurio o arsénico. El edafólogo José Matías Peñas profundiza en la idea: “Se trata de cambios en la especiación química de los residuos cuando entran en contacto con el oleaje. Eso los haría más solubles y tóxicos”.

El informe del CEDEX que sirvió de apoyo consultivo al MITECO plantea un “dragado mínimo”, de menos de un 0,3% del total de residuos –unas 150.000 toneladas–, sin que retroceda la actual línea de costa, y recomienda un “recubrimiento” del resto de materiales contaminados para evitar que lleguen a pie de playa o se sigan esparciendo por el mar.

Pero, ¿qué es en realidad sellar?

Ante estos condicionantes surge una pregunta: ¿En qué consistiría ese “recubrimiento”? “Sellar no es tapar residuos y ya está”, explica José Matías Peñas. “Es estabilizar el terreno y cubrirlo con capas impermeabilizantes; generar un perfil de playa que permita el baño y las actividades recreativas, con arenas limpias; promover en la zona sellada usos deportivos, campos de golf, chiringuitos, estaciones balnearias o lagunas. Es cumplir con la normativa de residuos. Es aislar los materiales y evitar que sigan contaminando. Dragar de forma masiva implicaría ir contra todas las leyes ambientales”.

“Con el sellado nos podemos quedar razonablemente tranquilos, porque la posibilidad de que haya escapes de metales pesados hacia el agua marina, como sucede ahora y lleva sucediendo años, se va a disminuir en un grado muy elevado”, detalla Miquel Canals.

El experto saca a la palestra otra cuestión, también importante, que no contemplaría el dragado masivo de la bahía: el “ecosistema submarino”. “En torno al 90% de los estériles mineros está bajo el agua y eso hace que la vida en el fondo sea inexistente. La capa superior contará con elementos como arenas, gravas o rocas para favorecer la recuperación de organismos, especies animales y praderas de posidonias”.

Errores pasados y muy visibles

Entre la pugna política de las administraciones locales y la realidad científica con la que trabaja ahora el MITECO, los errores cometidos por el Ejecutivo en la recuperación de la bahía saltan a la vista en cualquier costado de la localidad. Aquel proyecto fallido de 2016 que se paralizó en 2019 –y obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2011 firmada por Teresa Ribera–, terminó por hundir la poca moral que les quedaba a los vecinos. En la playa del Lastre, un cartel blanco escrito con mayúsculas rojas deslumbra a quienes ya se tumban al calor de finales de abril. “11/04/2019. Se paralizó la limpieza y el dragado de la bahía. Después de 29 años esperando. Hasta cuándo”. Las fechas se quedan grabadas a fuego en Portmán.

Ese intento de descontaminación buscaba cumplir con el convenio de 2006 y retrasar la línea de costa hasta los 250 metros, pero resultó ser “una chapuza inviable”, a juicio de José Matías Peñas, en la que se invirtieron cerca de 33 millones de euros.

Únicamente se construyeron las infraestructuras. Josefina Marín pasa su día a día frente a las consecuencias directas de la paralización de los trabajos. A unos pocos pasos de su casa, que hace poco más de medio siglo estaba en primera línea de playa, ahora se perfila la valla kilométrica que protege la nada absoluta: las balsas de secado altísimas, la cinta transportadora que pretendía llevar los residuos, una vez secos, a los intersticios de la sierra, la escollera que provoca cada año la desaparición de la línea de playa.

Cuando sale a su puerta no puede ni ver el mar. “Este desastre”, señala, “nos terminó por fastidiar del todo”. “La obra nos quitó nuestras vistas. El acceso al Mediterráneo. La brisa. Nos han ido matando la esperanza. Dentro de un tiempo, si al final se sella, nadie hablará del dolor que nos produce que la bahía no se vaya a recuperar”.

Entre toda la sinfonía de dilaciones y sueños frustrados hay tan solo una promesa, la más simple de todas, que sí llegó a materializarse. Josefina Marín abre la portezuela de un armario en el comedor de su casa. Afuera intimida siempre la envergadura de la cinta transportadora, la valla como un muro o como la frontera de un país confinado. Agarra de dentro del armario un frasco de cristal. “Nos prometieron que nos lo darían el día en que dejasen de tirar mierda al mar. Lo hicieron, supongo, para que nunca se nos olvidara este crimen. Pero cómo se nos iba a olvidar”.

Dentro del frasco están contenidos los mismos lodos que durante 33 años sepultaron para siempre la bahía. En la parte frontal hay pegada una etiqueta que se desharía entre los dedos con solo moverla. La tinta de las palabras impresas aún resiste a la humedad. “31 de marzo 1990. Fin de los vertidos en Portmán”.

Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles una iniciativa de Vox, que proponía modificar la Ley de Urbanismo para rebajar las exigencias a todo tipo de proyectos mineros, incluido el uranio, y que han rechazado el resto de grupos parlamentarios, en un debate que ha derivado hacia la energía nuclear y su papel en situaciones como la vivida con el apagón eléctrico del lunes.

El procurador de Vox Carlos Menéndez ha sido el encargado de defender ante el pleno de las Cortes de Castilla y León, donde ha atribuido lo ocurrido el lunes al “fanatismo climático” de PP y PSOE y que ha pedido corregir con esa modificación en la Ley de Urbanismo, para ganar en “soberanía energética” y reducir la dependencia exterior.

La iniciativa de Vox ha recibido numerosas críticas de los grupos parlamentarios que han intervenido en el debate, como el del PP, con David Beltrán como portavoz, quien ha lamentado que la propuesta parta de olvidar “una verdad básica”, como es que la normativa estatal genera en esta materia un “bloqueo legal” que “asfixia cualquier desarrollo energético”, por lo que se ha mostrado partidario de un “cambio de rumbo en el Gobierno central”.

Beltrán ha considerado que el problema que plantea Vox no se resuelve modificando la Ley de Urbanismo, que en su opinión ya permite desarrollar proyectos mineros en condiciones de seguridad y protección del medio ambiente, mientras que sí ha compartido con el proponente que el “apagón nuclear” de España puede suponer un problema para la autonomía energética del país.

En palabras del procurador del PP, será cuando el Gobierno modifique la legislación minera a instancias de la Unión Europea, cuando la Junta “juegue su papel crucial” y legisle “de verdad a favor de la extracción de minerales”, por lo que ha considerado que la iniciativa de Vox es una “maniobra política”.

Por su parte, la viceportavoz socialista Nuria Rubio ha defendido el 'no' de su grupo a esta propuesta “por coherencia, responsabilidad y respeto” hacia los habitantes de las cuencas mineras y de la sociedad en general, a la que ha prevenido de los “discursos populistas” que tratan de “vender humo con promesas que no son viables ni seguras”.

En concreto, Rubio ha lamentado que cuando aún no ha pasado ni un mes desde el accidente minero ocurrido en Asturias, donde cinco mineros leoneses perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos, ya que en su opinión no se puede “flexibilizar los controles en un sector tan peligroso”.

También los representantes de la UPL y del Grupo Mixto han manifestado su rechazo a los argumentos utilizados por Vox para sustentar su iniciativa, con argumentos más favorables hacia las energías renovables y reproches como “caraja notable”, en palabras de Pablo Fernández (Podemos) y “empanada notable”, en el caso de Francisco Igea.

En la réplica, el procurador de Vox ha lamentado que el debate se haya tornado en una especie de disputa entre nucleares y renovables, y ha respondido que la “empanada” la tienen los integrantes del Grupo Mixto por no leer la Ley de Urbanismo, que en su opinión es la única de ámbito autonómico que limita la explotación de determinados recursos mineros.

En el caso del PP, ha reprochado a su exsocio de gobierno que aluda a una necesidad de modificar la ley estatal para acometer cambios en Castilla y León, ya que otras autonomías tienen normativa diferente que sí permite realizar extracciones mineras de todo tipo.

Menéndez ha explicado que su padre -ya jubilado- era trabajador de la central nuclear de Almaraz, por lo que conoce la “demonización” de ese tipo de energía, junto con las térmicas y el carbón, por lo que ha reiterado su rechazo al “fanatismo” que atribuye a PP y PSOE en materia energética.

La patronal extremeña Creex solicitará a las empresas impulsoras de proyectos de inversión, como las relacionadas con la minería, que “el valor añadido” derivado de la mano de obra que puedan precisar “se quede en Extremadura”.

“Para que el valor añadido de todas esas extracciones mineras se quede aquí, tenemos que tener mano de obra especializada y empresas capaces de dar respuesta” a las necesidades operativas, complementarias y de bienes y servicios que puedan necesitar, ha afirmado a EFE el secretario general de la CREEX, Javier Peinado.

Tras remarcar que es una “gran noticia” que las iniciativas mineras de Monesterio, Cañaveral y Almoharín hayan sido consideradas “estratégicas” por la UE, Peinado ha dicho que es bueno tanto para Extremadura, “donde no podemos desdeñar ningún tipo de actividad empresarial”, como para “una Europa que debe ser más autosuficiente”. Todo ello, ha remarcado, con toda la protección y seguridad que debe de tener cualquier tipo de actividad empresarial.

A su juicio, un trabajador residente en la zona del proyecto es “más rentable y más productivo que si lo tienes que traer de fuera”, de ahí la importancia de que Extremadura tenga trabajadores especializados y con capacitación profesional suficiente para que puedan participar en los nuevos proyectos.

En este sentido, ha abogado por establecer acuerdos y planes formativos respaldados por la Administración y por las empresas. De hecho, el objetivo es acometer proyectos pilotos formativos de carácter sectorial como ya se hicieron con el despegue de las energías renovables.

Donde no hay mucha ilusión es con respecto al proyecto urbanístico y de ocio Elysium City. “Desde un principio fuimos claros: siempre hemos visto ahí un proyecto más especulador que empresarial”, ha expuesto Peinado, quien, no obstante, reconoce que “el proyecto existe y que sus promotores ya han realizado gastos e inversión”.

“Nosotros apoyamos desde un proyecto de un quiosco de pipas hasta una universidad privada o de minas, pero siempre y cuando sean viables y cumplan con la normativa vigente”, ha manifestado.

Pisos turísticos

Preguntado por el auge de los pisos turísticos, Peinado ha afirmado que no ha escuchado quejarse a los hoteles de esta dinámica, pues los clientes de este tipo de viviendas turísticas tiene un perfil distinto al de los establecimientos hoteleros.

De lo que sí ha advertido Peinado es de la necesidad de un control de hospedaje en los denominados “apartamentos turísticos low cost”, donde a veces se reserva para cuatro personas y se hospedan muchas más.

Preguntado por si dicho incremento del número de pisos turísticos pueda desembocar en “una burbuja insostenible”, Peinado ha recordado que este tipo de alojamientos son impulsados por pequeñas empresas o particulares quienes, en el caso de que decayera el negocio o la rentabilidad, podrían ser transformados en viviendas de alquiler tradicionales. 

La Plataforma 'Sí a la Tierra Viva' ha denunciado ante el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) lo que considera una “utilización” de la institución universitaria para “promocionar” el proyecto que busca extraer tierras raras en la provincia de Ciudad Real por parte de la empresa Quantum, que preside el polémico empresario Javier Merino.

Este colectivo ciudadano ha presentado un requerimiento formal ante el rector de la UCLM José Julián Garde, como acto de protesta, después de que este jueves se celebrase una jornada en el campus de Almadén, a cargo de la Escuela de Minas bajo el lema 'La minería hoy: sostenibilidad y sociedad'.

En este evento partició como ponente de Enrique Burkhalter Thiebaut, geólogo de la mercantil que, según recuerda la plataforma ciudadana, “fue denunciado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil el pasado mes de diciembre”, como representante de la empresa Quantum Minería - en la denuncia de los agentes del puesto de Moral de Calatrava (Ciudad Real) consta también como denunciada la propia empresa, así como una tercera persona- por realizar trabajos de prospección, en busca de recursos minerales, sin contar con la oportuna licencia en la localidad de Torrenueva. Un extremo que el aludido niega. “Yo no he recibido ninguna denuncia por parte de la Guardia Civil nunca”, replica el geólogo.  El Gobierno de Castilla-La Mancha inició actuaciones a raíz de esta denuncia el pasado mes de febrero.

Según el informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del cuerpo armado al que ha podido acceder la plataforma personada en el caso, y ha confirmado elDiario.es Castilla-La Mancha, la empresa “habría incumplido hasta ocho normativas vigentes”, incluyendo la presunta falta de autorización para una explotación minera, así como la supuesta ausencia de evaluación de impacto ambiental en su afán de “comprobar la existencia de monacita gris (mineral fosfato), la principal mena de tierras raras”, una actividad para la que carecía de autorización.

Por este motivo, la mercantil se expone a una sanción, regulada por Ley, de hasta 300.000 euros por la presunta infracción del artículo 121 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. En opinión de Sí a la Tierra Viva, “ahora, la misma empresa promociona a través de su representante su proyecto especulativo en la universidad pública sin ningún tipo de control ni cortapisa”.

En 2017, la Universidad de Castilla-La Mancha bajo el mandato del anterior rector, Miguel Ángel Collado suscribió un convenio con Quantum para poner en marcha una cátedra y dos aulas-empresa con una dotación global de 50.000 euros. En 2018, la plataforma ya exigió a la universidad que procediese a extinguir la cátedra, alegando que sus proyectos habían sido declarados inviables por parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

El Ejecutivo castellanomanchego todavía no ha dado carpetazo ni ha aprobado la segunda intentona de Quantum Minería para la extracción de monacita en el Campo de Montiel de Ciudad Real. En la primera ocasión, allá por por 2017, tumbó el primer proyecto.

Ni “minería responsable”, ni “minería sostenible”, defiende la plataforma

La plataforma ciudadana ha recordado hoy que la jornada celebrada en la Escuela de Minas de Almadén incluyó también la ponencia de un representante de Cobre las Cruces, un complejo minero hidrometalúrgico, de la provincia de Sevilla para hablar de la 'Gestión sostenible del agua en minería'.

En este caso, recuerdan, se trata de “una empresa denunciada por la Fiscalía, envuelta en numerosas polémicas y graves acusaciones por sus prácticas extractivas irregulares en Andalucía”. De hecho fue sancionada por el Consejo de Ministros hasta en dos ocasiones.

El yacimiento que explota esta mina se encuentra bajo el acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas estratégicas para el consumo humano en Sevilla en caso de escasez. “Cobre las Cruces ha sido sancionada en diversas ocasiones por detraer ilegalmente aguas subterráneas de esta reserva”, recuerda Sí a la Tierra Viva. Además, abundan, “la planta de procesado de mineral ha implicado el vertido de casi 10 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Bajo Guadalquivir”.

En 2016, la Audiencia Provincial de Sevilla, continúa la denuncia de la plataforma ciudadana, condenó a tres directivos de la empresa por delitos continuados contra el medio ambiente y daños ejercidos sobre el dominio público hidráulico al contaminarlo y extraer de manera no autorizada aguas subterráneas.

De hecho, desde 2014, recuerdan, “la empresa ha ido recibiendo una interminable retahíla de expedientes sancionadores y solicitudes de indemnización que alcanzan los seis millones de euros”.

Tachan la actuación de la UCLM de “irresponsable”

La Plataforma 'Sí a la Tierra Viva' considera que la participación de estas empresas en una jornada celebrada en una universidad pública es un acto de “irresponsabilidad que puede servir para legitimar sus prácticas cuestionables”.

En su opinión, la UCLM, como institución educativa, “tiene el deber de promover valores éticos y sostenibles, no de dar espacio a empresas con antecedentes de haber cometido irregularidades administrativas y daños ambientales”. 

En su requerimiento, dirigido al rector de la institución académica, la plataforma ha señalado que la presencia de este tipo de empresas en un jornada pública “envía un mensaje equivocado tanto a los estudiantes como al público en general al sugerir que las prácticas mineras controvertidas son aceptables”. Esto, añade en un comunicado, contradice los principios de responsabilidad ética y social que deberían guiar las acciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 

'Sí a la Tierra Viva' recuerda, finalmente, que el proyecto de Quantum Minería que “algunos intentan una y otra vez blanquear desde el ámbito público lleva años enfrentando un aplastante rechazo por parte no sólo de la ciudadanía, sino de cooperativas del sector agroalimentario y decenas de entidades e instituciones sociales de los más diversos ámbitos: sindical, cultural, ambientalista y político”.

Enrique Burkhalter Thiebaut replica, en un escrito dirigido a elDiario.es Castilla-La Mancha, aludiendo a su condición de licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Ingeniería del Petróleo y Gas por la Universidad Politécnica de Madrid. “Cuento con una experiencia profesional de más de 30 años y más de 12 años trabajando con el mineral (monacita gris) que era objeto de mi ponencia dictada en la Escuela de Ingenieros de Minas de Almadén”, abunda, además de definirse como “experto independiente para el asesoramiento geológico sobre tierras raras en la Comisión Europea”.

En este sentido, añade, “creo que esto me da el bagaje suficiente para dar la ponencia mencionada. Es claro que la universidad es un foro para el debate científico, y resulta absurdo que aquellos que están fuera del ámbito científico, técnico o académico sean quienes tienen que decidir de qué se puede hablar y de qué no”.

La Escuela de Minas “lamenta el malestar” causado

Tras las críticas por parte de la plataforma, la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén y el departamento de Ingeniería Geológica y Minera, han reaccionado con un escueto comunicado en el que señalan que la jornada “se concibió con el objetivo de profundizar en actuaciones que permitan alcanzar una gestión minera sostenible”.

También apuntan que el evento se organizó como “un espacio abierto a todo tipo de público, en un ejercicio de transparencia con la ciudadanía y la comunidad universitaria y empresarial del territorio”.

Por otro lado, aseguran lamentar el “malestar” causado por las jornadas entre asociaciones vecinales y plataformas de la comunidad autónoma.

“Desde este centro universitario mantenemos un compromiso con el desarrollo de una minería sostenible y concienciada con el cambio climático, que nos permita avanzar como sociedad en un mundo cambiante”.

En la misma nota, dicen “reafirmar” su disposición “a avanzar en la búsqueda de acuerdos sociales y en el diálogo con los agentes implicados”. 

La plataforma 'No a la Mina de Cañaveral' recurrirá ante la Comisión Europea la designación del proyecto extractivo de la mina de litio de Las Navas, en la provincia de Cáceres, como proyecto estratégico europeo.

El colectivo ha denunciado que esta designación “eximirá a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales, dando carta blanca para contaminar masas de agua y dañar espacios naturales protegidos”. Además, ha puesto de manifiesto que la designación “fuerza una tramitación exprés de las autorizaciones, que socava el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los derechos de participación de la ciudadanía, en un proceso cuyo proceso de información pública sigue sin resolverse, desde que comenzó en diciembre de 2022”.

'No a la Mina de Cañaveral' ha recordado que se entregaron alegaciones, en febrero y marzo de 2023, a las propuestas de proyecto de explotación y plan de restauración, de estudio de impacto ambiental y de autorización ambiental integrada, y que se envió escrito de reclamación para conocer el expediente de concesión de ayudas por el PERTE VEC y las ayudas que se le concedieron a Lithium Iberia en noviembre de 2023, “sin haber obtenido respuesta”.

La plataforma ha indicado que no ha tenido acceso a los expedientes del proyecto de explotación y plan de restauración, estudio de impacto ambiental, ni autorización ambiental, por lo que su “sentimiento es que esta aplicación exprés de autorizaciones y exención de cumplir exigencias ambientales se lleva aplicando desde el inicio de este proyecto”, ha asegurado. “Y muestra de ello es que se le han concedido por dos veces ya, ayudas millonarias del PERTE VEC a este proyecto de Lithium Iberia, pese a ser un proyecto en trámite”, ha lamentado.

Aparte de las alegaciones y las reclamaciones mencionadas, la plataforma ha interpuesto recientemente recurso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como paso previo a la interposición de recurso Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura “por la negativa de la Junta de Extremadura a darnos acceso a los expedientes en trámite”.

En lo que se refiere a la declaración de interés europeo, desde la plataforma ha anunciado que ya trabaja “en un recurso de revisión interna ante la Comisión Europa, como paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Además, el colectivo ha denunciado la “absoluta opacidad con la que se ha llevado a cabo el otorgamiento de este estatuto, no sólo no permitiendo la participación pública, sino también impidiendo el acceso a la documentación presentada por la empresa y los informes encargados por la Comisión”.

“Tanto la Comisión Europea como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que tenían derecho de vetar la candidatura, no lo han hecho, han denegado las solicitudes de información, argumentando un supuesto secreto empresarial, pero nosotros consideramos que detrás de la negativa está la existencia de datos falsos y omisiones, que serían motivo para retirar el estatuto de proyecto estratégico”, ha aseverado. 

Litio, níquel, cobalto y wolframio. La Unión Europea (UE) ha anunciado que financiará la apertura y reapertura de siete proyectos en España para extraer minerales críticos, entre los que se encuentran la mina de Las Navas en Cañaveral (Cáceres), de la compañía Lithium Iberia; Aguablanca en Monesterio (Badajoz), de Río Narcea Recursos; y la mina La Parrilla en Almorharín (Cáceres), de la empresa Iberian Resources Spain.

Se trata de una decisión que ha dado a conocer este martes la Comisión, que apoyará otros 45 proyectos en España “para impulsar las capacidades nacionales en materia de materias primas estratégicas, lo que a su vez fortalecerá la cadena de valor europea de las materias primas y diversificará las fuentes de suministro”. Se ubican, en concreto, en Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, además de Extremadura, que tienen minerales como litio, cobre, cobalto, níquel y wolframio.

Sin embargo, el proyecto minero de litio en Cáceres, de Extremaduera New Energies, ha sufrido un nuevo revés y se ha quedado fuera de la estrategia de Bruselas para obtener más financiación y agilidad para la obtención de los permisos necesarios para, así, reducir la dependencia de la UE. De hecho, la Ley de Materias Primas Críticas aprobada el año pasado, y en la que se enmarca esta estrategia, fija objetivos de mejora de las capacidades europeas de extracción, procesado y reciclado de materias primeras, de modo que para 2030 el bloque pueda cubrir por sus propios medios un 10%, 40% y 25% de sus necesidades anuales, respectivamente.

Bruselas ha explicado que los proyectos seleccionados ayudarán a cumplir estos objetivos en materias primas estratégicas, como litio, cobalto, grafito o níquel, aunque ha subrayado que se han escogido no solo por su capacidad de contribuir al suministro europeo de materias primas, sino también por sus estándares medioambientales y sociales, su factibilidad técnica y sus beneficios transfronterizos.

Estas iniciativas podrán ahora beneficiarse de apoyo europeo y nacional para conseguir financiación -requieren en conjunto de una inversión de capital de 22.500 millones de euros, según la Comisión Europea-, así como de un proceso de concesión de permisos más fácil y rápido. Este no superará los 27 meses para los proyectos de extracción y los 15 meses para los de procesado y reciclado, frente a los entre cinco y diez años que pueden tardar actualmente.

La UE busca así ganar autonomía a la hora de procurarse materias primas consideradas estratégicas como litio, níquel, silicio, platino, cobre, boro o grafito. Estos son esenciales para producir casi cualquier tecnología, desde teléfonos inteligentes hasta aplicaciones de defensa pasando por paneles solares, y para los que ahora la UE depende “exacerbadamente” de terceros y, en ocasiones, de un único proveedor.

China le proporciona el 100% de las tierras raras pesadas y el 97% del magnesio, entre otros minerales de los que es su principal proveedor; Turquía, el 98% del boro; Chile, el 79% del litio; y Sudáfrica, el 71% del platino, por ejemplo.

La Plataforma 'Sí a la Tierra Viva' ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que destierre el proyecto de tierras raras en el Campo de Montiel y tome como ejemplo al Gobierno de Canarias, que ya ha anunciado que no va autorizar la búsqueda de este tipo de minerales en las islas.

Así lo ha expresado este jueves la portavoz y vicepresidenta de la plataforma, Raquel López, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a la abogada Carmen Morallón y la facultativa médica Virtudes Bravo.

Preocupación en el Campo de Montiel

Las representantes de 'Sí a la Tierra Viva' han mostrado su preocupación ante el interés creciente de la Unión Europea por explotar este tipo de materiales en el continente tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y de no depender de China ni de Rusia para el suministro de estos minerales estratégicos.

Según han explicado, la presión internacional para buscar tierras raras ha reavivado el interés por proyectos mineros en Europa, lo que podría suponer una “amenaza” para el Campo de Montiel, donde la empresa Quantum Minería trata de poner en marcha un proyecto de extracción de monacita gris, de donde se extrae el neodimio, un material esencial para la fabricación de productos tecnológicos y energías renovables.

Por ello, han solicitado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al conjunto del Ejecutivo autonómico, “valentía” para proteger a la ciudadanía del Campo de Montiel y de toda la provincia de Ciudad Real, dando un portazo al proyecto de Quantum Minería.

“Llevamos años luchando contra estos proyectos que nos quieren imponer en Ciudad Real y confiamos en que nuestros dirigentes políticos no sacrifiquen nuestro territorio, nuestros pueblos y nuestra salud”, han manifestado.

Desde la plataforma han insistido en que el avance tecnológico no puede hacerse a costa del bienestar y la salud de la ciudadanía, por lo que han dado a conocer nuevos estudios científicos que alertan de los riesgos tanto sanitarios como medioambientales de la minería de tierras raras.

Sostienen que genera problemas de salud

Las representantes de la plataforma han informado de un reciente estudio científico y médico que analiza la presencia de tierras raras en muestras de cabello de niños y adolescentes que residen en la cercanía de una planta minera en Rusia.

La investigación, según han explicado, revela que jóvenes de 15 a 17 años en esta zona presentan tasas significativamente más altas de trastornos en el sistema nervioso central, como epilepsia o parálisis cerebral, en comparación con otras áreas de Rusia.

El informe concluye que la exposición a elementos como neodimio, cerio y lantano, que se acumulan en el sistema nervioso, tiene un impacto grave en la salud. La dispersión de estos metales en el aire, el suelo y el agua permite su ingreso al organismo por inhalación, ingestión o contacto dérmico, demostrando que la contaminación ambiental derivada de la minería de tierras raras supone un riesgo inasumible.

La criolita, un mineral también conocido como “oro blanco” que se utiliza en la producción de aluminio, solamente se encuentra en grandes cantidades bajo el subsuelo de Groenlandia. Este material, que tiene el aspecto de una roca de hielo, ha tensado aún más las relaciones entre los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia en los últimos días.

Un documental de la cadena pública danesa DR emitido este mes ha revelado que durante más de 130 años la explotación de criolita en la isla ártica ha generado beneficios millonarios para empresas y para el Estado danés. Según el reportaje, durante los años 1854 y 1987 el mineral se extrajo de una mina en el suroeste de Groenlandia por valor de 400.000 millones de coronas (54.000 millones de euros). Además, la misma cantidad fue a parar a la empresa estadounidense que compró la criolita en bruto y la vendió a otras empresas de Estados Unidos, según alega la película.

El documental, titulado Grønlands hvide guld (El oro blanco de Groenlandia), se estrenó en televisión al mismo tiempo en Dinamarca y en Groenlandia, y se ha emitido en un momento especialmente delicado entre los gobiernos de Copenhague y Nuuk, tras las declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump, de querer “tomar el control” del territorio autónomo danés. Además, la producción de DR se ha estrenado en medio de la campaña electoral de las elecciones que se celebraran en marzo en la isla ártica, donde la cuestión del referéndum de independencia tiene un papel central en el debate político.

La película también ha generado una oleada de críticas por parte de economistas y partidos políticos en Dinamarca, que ponen en duda la cifra de los beneficios millonarios que se menciona en el documental. Tales han sido los reproches, que finalmente DR ha optado por retirar el vídeo de su plataforma.

Para Groenlandia, en cambio, el documental desafía la narrativa que ha imperado hasta ahora en la relación con Dinamarca, en la que a menudo se menciona que la isla ártica depende de la subvención anual de Copenhague y que no ha generado nunca beneficio económico alguno para los daneses: “Dinamarca se ha beneficiado mucho a nuestra cuenta, nos han mantenido en la ignorancia y nos han dicho que solamente hemos sido un gasto, pero no se pueden esconder las acciones injustas y el pasado colonial (de Dinamarca)” reaccionó en un mensaje subido a Instagram el primer ministro groenlandés, Múte Egede, tras saberse la noticia de la retirada del documental en DR.

Polémica con la cifra de los 400.000 millones

El documental sigue a la investigadora de la Universidad de Copenhague Naja Graugaard hasta la ciudad minera de Ivittuut, donde se empezó a extraer criolita en el siglo XIX. Varias empresas danesas se encargaron de su explotación, mientras el Estado danés tenía el monopolio de las licitaciones. La mina también fue utilizada por empresas estadounidenses y su valor queda subrayado por el hecho de que en la segunda guerra mundial se desplegaron 600 soldados norteamericanos para protegerla.

De vuelta a Copenhague, el documental recorre los archivos de contabilidad de las empresas que participaron en la extracción de la criolita para concluir que su venta ascendió hasta un valor hoy equivalente a 54.000 millones de euros. Este dinero, señala la filmación de DR, ha servido para que se fundaran empresas que han sido el motor de la económica danesa durante décadas, o en la construcción de la iglesia de mármol en Copenhague, sin que revirtiera de ninguna forma en la sociedad groenlandesa.

En el documental, uno de los economistas más reputados en el país nórdico, Torben M. Andersen, afirma que la cifra de la discordia “está sujeta a una considerable incerteza”. A pesar de esta precaución, el experto apunta que “es sabido que las empresas relacionadas con la minería de la criolita han tenido grandes beneficios y han pagado cantidades importantes en impuestos y dividendos al Estado. Esto demuestra que ha sido un gran negocio”. Para la investigadora Graugaard, en el documental “se demuestra que Dinamarca realmente tenía motivos económicos para estar en Groenlandia”.

Sin embargo, tras su emisión, varios economistas denunciaron en los medios de comunicación daneses que la cifra señalada era engañosa, ya que no tenía en cuenta el coste de la extracción y el transporte del mineral, así como las repercusiones económicas para Groenlandia. También señalaron que los beneficios obtenidos por el Estado danés representan solo una fracción: “Si no lo supiera, podría haber pensado que habían intervenido troles rusos (en la producción de la película)”, criticaba el profesor emérito Kjeld Møller Pedersen en las páginas del diario Berlingske.

En el ámbito político, varios partidos han pedido la comparecencia del ministro de Cultura en el parlamento para que responda sobre las críticas que ha recibido el documental por su inexactitud en las cifras económicas: “No podemos tener un medio estatal financiado por los contribuyentes que emita noticias falsas en medio de una situación política importante y muy tensa, ¿Qué hará Donald Trump con esa información?” dijo el portavoz del ultraderechista Partido Popular Danés, Alex Ahrendtsen. Por su parte, el ministro de cultura, Jakob Engel-Schmidt, criticó a los creadores de la película en un mensaje Facebook por no diferenciar entre ingresos y beneficios con el comercio de la criolita, provocando que el resultado final del documental “sea engañoso, irresponsable, y llegue en el peor momento”.

Groenlandia pide investigar otras minas

Las informaciones sobre el volumen de negocio en torno a la explotación de la criolita han causado gran indignación en la isla ártica. El diputado Kuno Fencker, miembro del partido socialdemócrata Siumut, afirmó que “no es casualidad que Groenlandia luche con problemas sociales, pobreza y desigualdad estructural. Es el resultado de décadas de explotación económica, en las que nuestra riqueza fue enviada a Dinamarca mientras nos quedamos sin inversión en nuestro propio futuro”, afirmó.

Tras la emisión del documental, varios partidos políticos han pedido abrir una investigación en el Inatsisartut (el parlamento groenlandés) para fiscalizar todas las minas explotadas por empresas danesas y extranjeras antes de que el gobierno de Nuuk asumiera el control de la gestión de los recursos naturales en 2009. En paralelo, también han exigido un trato de “igualdad” en las relaciones con Dinamarca.

Desde hace 40 años, vecinos del municipio malagueño de Coín (25.809 habitantes) vienen soportando el ruido y el polvo que generan varias canteras cercanas. Lo sufren sus pulmones, que respiran sustancias tóxicas; lo padecen en sus casas, impregnadas de la sustancia blancuzca molida que se desprende con las perforaciones de dolomita y lo padecen también los agricultores de la zona, que solo pueden colocar sus aguacates a un precio sensiblemente inferior al de mercado por culpa de ese polvo queda adherido para siempre cuando cae el rocío.

Ahora, tras muchos años de quejas y denuncias, la Fiscalía y el juzgado de instrucción 3 investigan al fin las presuntas ilegalidades cometidas en las tres canteras. Hay ocho investigados, entre gerentes y técnicos de las canteras, por delitos contra el medio ambiente y de usurpación de aguas.

El juez dispone de un informe del Seprona, con fotos y vídeos, donde se advierte de que las canteras afectan sin duda en un radio de 1.300 metros, pero que no es descartable que el polvo en suspensión llegue más lejos. Según ese informe, las partículas suponen un “riesgo para las personas” y un “grave perjuicio para la salud de las personas vulnerables”, además de un riesgo para el entorno.

Con todo, ahora el objetivo más urgente de los vecinos es paralizar la apertura de una cuarta, que la Junta de Andalucía tramita como “ampliación” de una de las existentes desde 2018. Josefina II sumaría seis hectáreas más, de las cuales se extraerían en nueve años 1.730.643 toneladas de caliza dolomítica (unos 770.000 metros cúbicos) con explosivos a cielo abierto. No implicaría la apertura de una nueva planta de tratamiento. La Delegación de Sostenibilidad emitió dictamen ambiental favorable el pasado 4 de diciembre. “El hecho que el juzgado investigue no afecta a la tramitación salvo medidas pertinente que el juzgado considere oportuno establecer”, replican desde la Delegación.

Los vecinos han presentado alegaciones, en la esperanza de que la Junta transforme su visto bueno inicial en un rechazo de la autorización ambiental.

Una nueva cantera junto a los animales de la granja escuela

La nueva cantera estaría a menos de 200 metros de unas 40 edificaciones destinadas a vivienda rural o casa de aperos. Y sería vecina, separada apenas por un camino de cinco metros de anchura, de la Granja Escuela Hacienda Albuquería, por la que cada año pasan unas 20.000 personas, la mayoría niños. Ofrece alojamiento para 120 personas. Hay rocódromo, pistas deportivas, campo de paintball, zona de tiro y, por supuesto, huerto y animales como vacas, cabras, gallinas o patos, que tienen sus zonas de esparcimiento justo al lado de la ladera de la que se extraería el material.

Por aquí pasan grupos de scouts, un colegio chino que reserva un mes cada verano, asociaciones, grupos de retiro… “Somos la granja escuela más grande de Andalucía: movemos los mismos niños que la más grande de España”, explica Paco Alberca, dueño desde el año 2000. “Sería el cierre de la granja escuela: imagina camiones en la carretera donde estamos con niños y animales. Con las explosiones a unos metros. Con el polvo no podríamos estar y nadie querría venir. Sería como hacer actividades dentro de la cantera”.

Tres canteras, que podrían ser cuatro

“¿Cómo con este nivel de polvo que ya hay quieren poner una cantera más?”. Es un martes de principios de febrero, y Elena Rodríguez muestra el panorama: los pinos en la carretera de acceso que comparten las canteras con la granja y con decenas de diseminados ofrecen una estampa blanquecina, entre lo navideño y lo apocalíptico. Anteayer llovió bien, 13 litros por metro cuadrado, suficiente para limpiar algo las hojas. Y pese a ello, hoy los árboles ya están escarchados. “Y eso que desde que se supo que los investigan han bajado el ritmo de la molienda”, asegura Rodríguez, que forma parte de la Plataforma que ha denunciado a las canteras. “En verano es horroroso”, dice.

En la actualidad existen tres explotaciones en activo, pertenecientes a Cantero y Garrido SA, Productos Dolomíticos de Málaga SA (Prodomasa) y Áridos Los Coínos SL, que es quien ha solicitado autorización para la nueva cantera. Desde Google Earth se aprecia con nitidez cómo una lengua blanca se adentra en la sierra, hacia el este. Al suroeste, a una distancia de 750 metros desde el extremo, está la Granja Escuela Hacienda Albuquería, donde niños y niñas de la provincia acuden regularmente a disfrutar de los animales. Dispersas por el entorno, a distancias inferiores a 500 metros, unas 140 viviendas. Y atravesando las canteras, el río Pereila.

“Limpias la mesa y a los tres días pasas el dedo y tiene ya una capa de polvo blanco. Tenemos la casa cerrada, las persianas bajadas y si miras la encimera negra es como si hubiera polvo de talco”, explica Francisco Jiménez, quien tiene su casa y sus aguacates al comienzo de la carretera que da acceso a las canteras.

Las canteras aseguran que hacen lo posible por reducir el polvo y aseguran que sus informes técnicos muestran que están por debajo de los límites permitidos. Los Coínos, que ha solicitado la apertura de Josefina II, cita el encapsulado total de procesos de cribado de la piedra, el cerramiento de naves, los sistemas de nebulización de cintas transportadoras y el apantallamiento arbóreo entre una decena de medidas. 

Por su parte, Prodomasa asegura que incluso cuentacon certificación de Gestión Minera Sostenible, emitido por una certificadora externa. Abierta en 1966, es la única con una web con un canal abierto y en la que se explica su plan de restauración. Una portavoz insiste en que las principales inversiones de la empresa buscan reducir emisiones, con actuaciones parecidas a las de Los Coínos.

Las mediciones de estas canteras no superarían los límites, aseguran ambas. “Según los informes objetivos de la Junta de Andalucía (...) concluyen que no existe ningún riesgo en la salud de las personas así como el entorno”, señalan desde Los Coínos: “Dado que el Seprona no ha valorado esos informes, es por lo que solicitaremos el archivo del procedimiento penal dado la contundencia y objetividad de los resultados”. Pero los vecinos, y la propia Guardia Civil en su atestado, rechazan esos informes, porque se realizaron con muestras de una cantidad de días insuficiente. Ese hecho, inexplicable, está en la base de la desprotección que dicen sufrir.

Luego están las explosiones. A mediodía, un operario de Cantero y Garrido corta el paso a un camino público que forma parte de la Gran Senda de Málaga, muy frecuentado por caminantes y ciclistas. La detonación llega cinco minutos después, levantando una columna de humo y polvo por detrás del monte, a unos 400 metros. En ese tiempo, el hombre asegura que tienen permiso de la Guardia Civil para ser ellos los que corten el paso, y que las detonaciones de ahora (una al mes, dice) no son nada comparada con las de antes, que se movía el suelo. “¿Y los vecinos?”. Se encoge de hombros.

Quejas durante décadas y mediciones parciales

La Plataforma ha pedido a la Junta de Andalucía que tenga en cuenta las advertencias e indicios de manipulación de mediciones recogidos por la Guardia Civil, investigados por un juzgado, para paralizar la autorización de Josefina II. La investigación parte de una denuncia ante la Fiscalía, en la que se apunta a posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los vecinos imputan al Ayuntamiento de Coín y a la Junta de Andalucía una connivencia consciente para minimizar la realidad del impacto de las canteras.

“La continua queja de los vecinos no ha tenido una respuesta eficaz por parte de la Administración Pública, habida cuenta de que únicamente se ha realizado algún estudio puntual de los niveles de polvo y ruido”, dicen los denunciantes, quienes, sin embargo, disponen de documentación que sugiere que se superan de manera amplia los niveles de emisiones atmosféricas de partículas peligrosas (PM10) en el entorno de las canteras.

Ese estudio indica que el límite diario se superó en 33 ocasiones de los 48 días en que se midió durante el verano de 2021, el 68,75% de los días en que se midió. El límite a partir del cual hay afección a la salud es de 35 veces al año, el 9,60% de los días. La denuncia atribuye a la Junta de Andalucía una “conducta intencionada” para limitar las mediciones a solo 48 días y concluir así que no se supera el límite legal, evitando la imposición de medidas correctoras o sancionadoras.

Estas partículas pueden causar “infecciones respiratorias agudas, rinitis, faringitis, laringitis (con riesgo de obstrucción de la vía aérea por edema) y amigdalitis” y, a largo plazo, bronquitis, enfermedad, obstructiva pulmonar crónica, cáncer y afectación de la capacidad pulmonar. Las partículas PM10, a su vez, están asociadas a incremento de la sintomatología asmática“, subraya en su atestado la Guardia Civil, que concluye que las mediciones de polvo superarían al menos dos veces el límite legal si se midiese por el tiempo necesario. Las emisiones de benzoapireno, un elemento ”probablemente cancerígeno“, habrían multiplicado por diez el valor objetivo en tres ocasiones en apenas mes y medio.

Aguacates que valen la mitad

Eso, en cuanto al efecto en la salud humana. Pero la Plataforma ha aportado también un informe de Trops, la mayor cooperativa de subtropicales de Málaga, donde se cuantifica la pérdida de valor de los frutos como resultado de la capa de polvo que los recubre. Según una veintena de agricultores, deben descartar hasta el 61% de la fruta y la que queda se vende a un precio medio de 1,16 euros por kilo, en lugar de los 2,98. Solo se venden para procesar y cada año descartan más, lo que indicaría que el polvo en suspensión sigue aumentando.

El uso de aspersores para minimizar el polvo en suspensión produce escorrentías que desembocan en el cauce del río, donde el material ya ha sedimentado por decantación. El río Pereila es Zona Especial de Conservación de la red Natura 2000, y cuenta con abundante fauna de invertebrados, anfibios y aves migratorias. Curiosamente, el río está protegido a lo largo de su cauce, pero no en el nacimiento, la zona más cercana a las canteras.

Por último, cuentan con un informe técnico del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad que se opone a la nueva cantera porque afectaría a un hábitat prioritario por alojar especies protegidas. Pero aseguran que ese documento, que este medio ha podido consultar, fue extraído del expediente administrativo. En su lugar, fue incorporado otro del jefe de servicio del Medio Natural que corregía o minimizaba las conclusiones del primero, valorando que “no da la impresión de que la formación de los hábitats enunciados esté plenamente consolidada”.

A pesar de que la nueva cantera se instalaría sobre un Paraje Singular y sobre un Complejo Serrano (categorías especiales de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el PGOU de Coín), donde se prohíben las minas y la tala de árboles, el ayuntamiento informó favorablemente a la compatibilidad urbanística, basándose en el régimen general del suelo no urbanizable.

Los vecinos tienen la sensación de luchar contra gigantes con gran capacidad de influencia. De hecho, las canteras patrocinan y subvencionan decenas de actividades municipales. El consistorio dice que tiene por las canteras “el mismo respeto que con cualquier empresa que genera actividad y empleo”. “Le dije a una técnico de minas de la Junta de Andalucía que con la nueva cantera las casas corren peligro, y me dijo que si hay algún incidente ya abrirán expediente”, relata Elena Rodríguez, quien se construyó su casa en un terreno familiar porque le dijeron, precisamente, que no abrirían nuevas minas. “Me dijeron que la sierra estaba protegida. Y mira”. 

La Plataforma Salvemos la Montaña ha solicitado a Extremadura New Energies, promotora de la mina de litio en Cáceres, que devuelva los 3,74 millones de euros de dinero público que recibió en señal de adelanto y a la Junta de Extremadura que archive definitivamente el proyecto.

De este modo se ha pronunciado después de que la compañía haya anunciado que comunicará en breve al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la renuncia a la subvención de 18,82 millones de euros que le fue concedida en el marco de la convocatoria del PERTE VEC II del vehículo eléctrico y contectado.

El colectivo ciudadano ha afirmado que esta suma nunca se les debería haber concedido “por inviabilidad técnica, económica y urbanística” y ha considerado que “la incompetencia de la empresa y la administración es más que manifiesta”.

Ha señalado que la “permisividad” de las administraciones públicas con este tipo de proyectos está siendo “escandalosa” y ha criticado que proyectos modestos creadores de riqueza real se ven boicoteados por la burocracia “mientras que otros megaproyectos que normalmente son especulativos, como en este caso, y que dañarían la salud de los ciudadanos y del patrimonio, se cuelan por la alfombra roja sin exigencias ni atisbo de garantía”.

Como muestra de este “trato desigual”, alega que la Junta de Extremadura ha concedido seis meses, ampliables en tres más, a la empresa para subsanar las deficiencias detectadas en la documentación que presentaron para la tramitación del permiso de explotación directa. “Deberían explicar a la ciudadanía en qué se fundamenta este plazo tan exagerado. Si está tan mal, con la ley en la mano, sencillamente no se debería haber admitido a trámite”, o se debería haber archivado en la tramitación actual al detectarse la carencia de solvencia técnica y económica, ha subrayado Salvemos la Montaña.

Ha añadido que gracias a la muestra de rechazo ciudadano del pasado noviembre con una manifestación en contra del proyecto, con más de 8.000 participantes según sus datos, se está consiguiendo forzar la transparencia de los análisis “que ponen en duda la viabilidad de este proyecto en base a la documentación de la propia empresa”. A su juicio, esto solo tiene un camino: “o se retira el proyecto y se le da carpetazo, o acabaremos en los tribunales”.

Ha manifestado además a la Administración, “que habla ahora de mantener la custodia de los testigos geológicos”, que estos testigos fueron obtenidos mediante catas declaradas ilegales por el Tribunal Supremo, y por tanto “no deberían ser admitidas como pruebas de la viabilidad del yacimiento”.

“Si la Junta de Extremadura lo admite, la tramitación acabará en los tribunales con dinero público, que se ve que a los políticos en el poder no les cuesta”, ha advertido.

Por todo ello, esta próxima semana solicitarán a la Junta de Extremadura que archive el expediente definitivamente “por inviabilidad económica, falta de solvencia técnica e inasumibles impactos ambientales y en la salud de la población”.