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REPORTAJE

La quimera del oro en la Sierra Norte de Guadalajara que rechaza toda una comarca

Vista de una de las montañas de la Sierra Norte de Guadalajara

Javier Muñoz de la Torre Granados

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“La mina impide que Naharros tenga futuro”. Esta pedanía del municipio de La Miñosa es el espejo en el que el resto de los pueblos de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara no se quieren ver reflejados. Una pequeña localidad (apenas cuatro habitantes censados y una decena de residentes) que muestra cuál podría ser el futuro de toda la zona de salir adelante un proyecto minero que quiere abrir en canal la provincia de Guadalajara para extraer oro.

En Naharros hay en funcionamiento una mina desde hace 40 años. Es una instalación a cielo abierto a apenas un kilómetro de distancia del pueblo. En ella se extrae cuarcita, roca que se muele en la misma cantera, generando polvo de sílice en suspensión que, de ser inhalado, puede causar enfermedades respiratorias e incluso cáncer de pulmón, según los distintos estudios médicos. Los habitantes de Naharros también sufren constantes explosiones y ruidos, y ven cómo el paisaje se ha degradado poco a poco.

Mina en Naharros

Su alcalde, Ricardo Antón, es muy crítico con la actividad de la mina. Suya es la frase que abre este reportaje, y la justifica asegurando que la cantera no da trabajo a la gente de la zona e impide que se desarrollen actividades como el turismo rural y la caza. Pero, sobre todo, la mina choca con la mayor ambición de Antón: atraer población. “Hay gente que se interesa en estos pueblos para comprarse una casa. Para vivir, para pasar sus vacaciones o para teletrabajar. Pero cuando llegan a Naharros y ven la cantera...”, lamenta el regidor.

Cuarenta años después, la historia podría repetirse. Esta vez, con un proyecto minero mucho más grande que afectaría a buena parte de la comarca en esta parte de Guadalajara.

'GUA, DALA y JARA'

El plan es buscar oro y otros metales en varias parcelas que suman una superficie de casi 15.000 hectáreas en este entorno natural de alto valor ecológico.

La empresa promotora de esta iniciativa, la minera australiana Global Mining Enterprises PTYLD -que opera a través de su filial española Oroberia SLU- planteó de inicio tres proyectos: GUA, DALA, y JARA, registrados en agosto de 2025.

El proyecto GUA se desarrollaría en las localidades de San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda; el proyecto DALA comprendería a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; mientras que JARA afectaría a La Miñosa, La Bodera, Riofrío, Atienza, Sigüenza - ambas aspiran a convertirse en Patrimonio de la Humanidad- y la Olmeda de Jadraque.

El permiso inicialmente solicitado por Oroberia arrancaría con una investigación durante tres años para llevar a cabo una fase inicial de seis sondeos en cada uno de los proyectos, a la que seguiría una segunda fase con otros seis sondeos en cada una de las tres ubicaciones, con una profundidad de entre 300 y 400 metros.

Que la promotora decidiera dividir en tres su proyecto tiene su razón de ser en el tipo de evaluación de impacto ambiental al que se deberían someter: sería más simple y rápida en caso de que la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible hubiera dado el visto bueno. Pero no resultó. El Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el pasado mes de noviembre que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

Quedaba así cerrado el expediente para GUA, DALA y JARA. Sin embargo, los vecinos de la comarca, que desde el primer momento se organizaron impedir que el plan minero saliera adelante, sospechan que la empresa no se dará por vencida y volverá a presentar su proyecto, ya unificado.

Centenares de recursos de alzada

“Contaminación, ruido, camiones, polvo, olvídate de la caza a la caza, un impacto medioambiental tremendo...”. María José Martín Perucha es tajante a la hora de argumentar las contras que supondrían para estos pueblos la puesta en marcha del proyecto minero.

Ella pertenece a la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte, una de las entidades contrarias a estas prospecciones. En esa oposición también están particulares, ayuntamientos o asociaciones. Cuando se enteraron de los proyectos, se organizaron para frenarlos con los medios a su alcance. Celebraron numerosas reuniones informativas y presentaron más de 800 alegaciones a GUA, DALA y JARA.

Ahora, la plataforma sigue monitorizando todo el proceso para impedir que Oroberia resucite el proyecto de investigación. Por eso, está recabando recursos de alzada contra la autorización que la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes concedió a la empresa para llevar a cabo una intervención arqueológica preventiva.

Reunión informativa sobre el proyecto de minería JARA el pasado 6 de septiembre

“Cultura dice que antes de iniciar cualquier proyecto minero hay que presentar un proyecto arqueológico, ya que hay muchos yacimientos en la zona que están muy cerca de las catas que quieren hacer. Entonces, antes de hacer ninguna cata, un arqueólogo tiene que ver qué es lo que hay ahí”, explica Martín Perucha.

En cuanto que tengan el informe arqueológico hecho, adaptarán el proyecto para unificarlo y lo tendremos a los cuatro días encima de la mesa. Estoy convencido de ello

Javier Cantero Alcalde de La Toba

Dicho plan para llevar a cabo un estudio arqueológico fue presentado por la empresa apenas unos días después de que se lo demandase la Delegación de Cultura. Un hecho que levanta suspicacias entre los vecinos, ya que sospechan que Oroberia tiene de antemano toda la documentación preparada con vistas a presentar más adelante el proyecto unificado.

“En cuanto que tengan el informe arqueológico hecho, adaptarán el proyecto para unificarlo y lo tendremos a los cuatro días encima de la mesa. Estoy convencido de ello”, apuesta Javier Cantero, alcalde de La Toba, una de las localidades en cuyo término municipal quiere excavar Oroberia.

De momento, gracias a la movilización ciudadana se han conseguido presentar casi 400 recursos de alzada de particulares que piden la nulidad de la orden de Cultura en la que solicitaba a la empresa el estudio arqueológico. Tienen hasta el próximo 25 de marzo para seguir sumando.

La empresa ve “positivo” el debate, pero defiende su proyecto

Oroberia traslada, en declaraciones a este medio, “un mensaje de respeto hacia las inquietudes expresadas por vecinos, ayuntamientos y colectivos sociales de la zona”. La promotora dice “entender” que cualquier proyecto vinculado al territorio pueda generar “preocupación”, sobre todo cuando se habla de medio ambiente o la salud, e incluso ven “positivo que exista un debate informado y exigente”.

En una respuesta por escrito a la solicitud de elDiario.es Castilla-La Mancha, la empresa resta importancia al nivel de exigencia del Gobierno regional para que el proyecto - íntegro y no troceado- pueda superar el trámite de evaluación ambiental. “Forma parte del procedimiento habitual en este tipo de permisos de investigación”, señala, y lo enmarca dentro de un “proceso reglado”.

Seguirán adelante tras analizar la actual situación administrativa “con el objetivo de presentar una evaluación completa con mayor nivel de detalle en los aspectos clave como la hidrogeología, la biodiversidad o la interacción con los usos del territorio”, aunque no se ponen plazos para realizar los estudios, los cuales tendrán, aseguran, “el máximo rigor”. También comentan que “cumplirán con la normativa vigente, como no podría ser de otra manera, tanto autonómica como estatal y europea”.

“Queremos otro tipo de desarrollo”

Oroberia también quita hierro a las preocupaciones de vecinos y vecinos sobre el impacto en el territorio y defiende que su proyecto generará “empleo directo e indirecto”, respetando “el entorno” y, de paso, creen que servirá de “impulso de la autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas”. No es la primera empresa con intereses mineros en la comunidad autónoma que esgrime que este es “un objetivo cada vez más relevante en las políticas comunitarias”.

Apelan también a la idea de que, una vez en marcha, habrá “participación de proveedores y servicios locales, favoreciendo la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial en el entorno”, y se muestran abiertos al “diálogo con todos los actores implicados”.

El proyecto se enmarca en un contexto más amplio, como es el impulso de la autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas, un objetivo cada vez más relevante en las políticas comunitarias

Oroberia

Pero quienes viven en esta parte de Guadalajara no lo ven igual. “Nosotros queremos para nuestra tierra y para nuestros pueblos otro tipo de desarrollo, no el de una industria minera”, explica el alcalde del pequeño pueblo de La Toba. “Queremos un desarrollo sostenible con el medio ambiente, que es nuestro principal tesoro”, añade.

Además, todos los consultados desechaban la idea de que un proyecto minero de estas características sea una fuente de empleo y riqueza en la zona.

Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción Guadalajara, asegura que “afectaría a otras actividades que ahora mismo están generando riqueza y población, como son la ganadería, la agricultura, la caza o el turismo rural”.

Y aunque reconoce que la minería puede crear puestos de trabajo, afirma que las empresas suelen traer empleados de otras zonas. “Aquí, en la Sierra Norte, hay muy poca población activa desempleada, y menos para dedicarse a llevar esas maquinarias grandes o a picar o a poner voladuras”.

Un extremo que confirma el alcalde de Naharros según su experiencia. “No dan trabajo. La minería es un trabajo muy mecanizado y apenas emplea sobre el terreno a algunos operarios. Y los que están no sirven para fijar población, porque viven en otras zonas”, afirma Ricardo Antón. El regidor ironiza diciendo que si la minería diera trabajo, el pueblo tendría al menos 50 habitantes. “Y somos cuatro censados”.

Esto es una carrera de fondo. Lo que está claro es que vamos a luchar y que no queremos esto en nuestros pueblos

Desde el punto de vista ambiental, Alberto Mayor asegura que el 65% de esas 14.500 hectáreas que tiene proyectadas Oroberia son hábitats de interés comunitario. Además, afirma que es el hábitat de especies protegidas como el águila perdicera, y que habría proximidad e interacción con Zonas de Especial Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y la Red Natura 2000, como el Valle del Río Cañamares o Riberas del Río Nares, o Valle y Salinas del Río Salado. “Son hábitats únicos con una biodiversidad tremenda en la que hemos contabilizado alrededor de 500 especies de flora y casi 200 especies de vertebrados. El impacto sería muy importante”.

Por todo ello, la oposición en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara al proyecto de investigación minera continuará. “Estamos en el mismo punto en el que estuvo Naharros hace 40 años. Pero ahora sabemos las consecuencias de tener una cantera abierta”, defiende Ricardo Antón.

“Esto es una carrera de fondo. Lo que está claro es que vamos a luchar y que no queremos esto en nuestros pueblos”, zanja María José Martín Perucha.

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