El Gobierno quiere incluir la generación de imágenes o vídeos falsos de otras personas con inteligencia artificial en el catálogo de delitos contra el honor. Estos contenidos, conocidos como deepfakes, están suscitando una considerable alarma social y protestas de las personas afectadas. Según los datos que maneja Naciones Unidas, “hasta el 95% de los deepfakes son imágenes pornográficas no consentidas, y el 99% de las víctimas son mujeres”. El Consejo de Ministros aprobará este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley con el que pretende poner coto a esta actividad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha enviado un aviso este martes: manipular la imagen de otras personas con IA, especialmente si implica “desnudez añadida” o “contenido íntimo sintético”, ya puede acarrear multas por violar las leyes de privacidad o incluso delitos recogidos en el Código Penal.

Así lo ha expresado en un documento que detalla los riesgos “visibles e invisibles” de los deepfakes. La Agencia recuerda que cualquier imagen, vídeo o audio que permita identificar a una persona, ya sea por su rostro, voz, tatuajes o entorno, constituye un dato personal. Por tanto, su tratamiento mediante IA está sujeto a la normativa de protección de datos con independencia del realismo del resultado.

El regulador de la privacidad, de hecho, ya ha dictado resoluciones sancionatorias por este tipo de actividades. Fue en noviembre cuando la Agencia impuso la primera sanción en este sentido. En aquel caso, la resolución condenó a los padres de un menor que había creado imágenes de sus compañeras de instituto desnudas con IA a pagar 2.000 euros por violación de su privacidad. Se trataba de una sanción derivada del escándalo de Almendralejo, en el que se compartieron fotografías falsificadas de niñas menores de edad en grupos de mensajería, y que salió a la luz en septiembre de 2023.

Con todo, esta actividad ha vuelto a disparar la indignación en estos primeros días de 2026 debido a la inteligencia artificial de Elon Musk. El magnate permitió que Grok, como se llama su modelo generativo, creara este tipo de contenidos falsificados (en este caso, mostrando a las mujeres en bikini o lencería) y los publicara en abierto en X, su red social. Múltiples países europeos y la propia UE ya investigan lo sucedido. “Es ilegal, espantoso y repugnante”, declaró un portavoz comunitario.

Sexualización y humillación

En su guía de riesgos, la AEPD advierte de que el daño para la víctima de un deepfake “puede ser equivalente y en algunos casos mayor que en el caso de una imagen o un vídeo real”. Especialmente, cuando se producen situaciones de sexualización, humillación o la atribución de hechos falsos que resultan socialmente creíbles.

Además de lo que otros pueden ver al difundirse el contenido, el regulador de privacidad pone el foco en los peligros ocultos para la privacidad de los deepfakes, como “la pérdida efectiva de control” sobre su propia imagen, que puede distribuirse fácilmente en redes donde los usuarios no conocen el contexto de si es real o no. Además, una vez que la imagen se sube a una de estas plataformas, se crea un archivo que se guardará en sus bases de datos y unos metadatos (información sobre esas imágenes, como autor, fecha, formato, ubicación, etc.) que podrían llevar a la identificación de la persona que aparece en el deepfake.

“Es cierto que muchas plataformas de IA generativa incorporan mecanismos técnicos para limitar la generación de contenidos claramente lesivos”, reconoce la AEPD. “Estas medidas hacen que muchos contenidos notoriamente dañinos no lleguen a generarse, pero no garantizan que desaparezcan todos los riesgos”, añade en la guía. Fuentes del organismo aseguran que este lleva semanas trabajando en el documento y que sus recomendaciones van más allá de lo sucedido con la IA de Elon Musk en X.

Ante esta realidad, la AEPD recomienda extremar la prudencia y recalca que el uso irreflexivo de estas herramientas para “usos considerados banales o lúdicos” (como filtros o animaciones) puede dejar de considerarse una actividad “estrictamente doméstica” si el contenido se difunde de forma masiva o impacta gravemente en la vida profesional o personal del afectado, lo que puede acarrear sanciones. En los casos más graves, pueden existir “indicios de delito” que hagan que el organismo derive el caso ante autoridades policiales y judiciales.

Finalmente, la Agencia subraya que el uso de esta tecnología es especialmente peligroso cuando se trata la imagen de menores de edad o personas vulnerables. En los supuestos en los que se produzca una pérdida de control o un daño reputacional intenso, el organismo insta a los afectados a presentar una reclamación ante la Agencia, que cuenta con herramientas como el Canal Prioritario, una vía de urgencia que permite la retirada de determinados contenidos sexuales, violentos o vejatorios en 24 horas.

Recoger la documentación bancaria y el DNI en el domicilio del cliente, perderlos por el camino y no darse cuenta hasta que el usuario protesta. Y cuando protesta, pasarse medio año preguntando a la empresa de mensajería equivocada. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 500.000 euros a ING tras confirmar que la entidad carecía de medidas básicas para rastrear la documentación sensible que mueve fuera de sus oficinas.

Todo comenzó con una solicitud para darse de alta como cotitular en la cuenta de su pareja. Siguiendo instrucciones del banco, una empresa de mensajería recogió en el domicilio de un cliente un sobre con los datos para llevar a cabo el trámite. La documentación nunca llegó a los sistemas de ING.

En el paquete se encontraban copias del DNI por ambas caras, datos financieros como el número de cuenta bancaria, su domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil, información sobre su vida laboral, así como su firma original.

Datos que aunque ING argumentó que no son “sensibles” (categoría en la que entran aquellos referentes a la ideología, creencias religiosas u orientación sexual), la AEPD recalca que el hecho de perderlos todos juntos lo convierte en “especialmente” peligroso. Contar con esa información permite a un delincuente “construir un perfil completo y detallado” de la víctima para cometer abusos, ya que “conlleva un elevado riesgo de suplantación de identidad, daños patrimoniales o afectación al derecho al honor”, recalca en su resolución.

Con todo, lo que ha motivado la contundencia de la sanción no es el extravío en sí, sino el caos administrativo que lo siguió. A pesar de que el cliente alertó de la situación al banco hasta en cuatro ocasiones durante el mes siguiente a enviar la documentación, ING se limitó a abrir incidencias internas sin investigar a fondo qué había sucedido con sus datos, instándole a que la enviara de nuevo.

Según consta en la resolución, los avisos del afectado provocaron que el banco se pusiera en contacto repetidamente con su proveedor logístico habitual, la empresa Sending, para localizar el envío. El problema es que, para ese porte específico, se había contratado a otra compañía distinta, Dynamic. Fue el propio cliente el que avisó de ello en sus alertas al banco, suministrando tanto el nombre de la empresa que había recogido el paquete como incluso el del mensajero que se lo había llevado.

Pese a los avisos del afectado, ING no contactó a la empresa correcta durante más de siete meses. Tampoco lo consideró como una posible brecha de seguridad que podría causar daños al cliente. Cuando lo hizo, fue debido a que la AEPD ya se había puesto en contacto con la entidad para recabar información sobre lo sucedido después de que el cliente presentara una reclamación oficial.

“Error humano” frente a fallo sistémico

En sus alegaciones ante el regulador, la entidad intentó justificar el incidente como una anécdota estadística. ING expuso que el extravío afectaba a un porcentaje insignificante de su operativa (un “0,0029% del total de recogidas y envíos”), por lo que atribuyó lo sucedido a un “error humano puntual” de la empresa de transporte, defendiendo que el banco no podía ser responsable de un fallo del mensajero.

La AEPD no ha aceptado esta versión. El regulador de la privacidad subraya que el banco, como responsable de los datos cedidos por el cliente, debe vigilar en todo momento qué ocurre con ellos. Si en el proceso de tratamiento subcontrata a un tercero, debe vigilar qué hace esa empresa con la información en todos los pasos del proceso. “Al responsable le corresponde verificar que las medidas implementadas por el encargado siguiendo sus instrucciones funcionan, aun cuando ING asegure que los protocolos y procedimientos definidos por la red de mensajería son 'responsabilidad exclusiva' de dichas empresas”, zanja.

Más grave aún para el organismo regulador es la ausencia de mecanismos de alerta. El contrato firmado entre el banco y la paquetera no incluía herramientas para localizar un envío en un momento dado. “ING carecía de mecanismos de alerta temprana que permitieran detectar posibles brechas de datos personales”, destaca la resolución, señalando que el banco solo tuvo conocimiento del fallo “a través del propio afectado” y “no supo identificar al encargado al que encomendó la recogida de la documentación”.

Si el sobre está cerrado

En sus últimas alegaciones, ING argumentó que “la documentación se encontraba en un sobre cerrado”. Por ello, justifica que no hay constancia de que su contenido haya caído en manos de terceros y, por tanto, confirmación de la existencia de la brecha de seguridad.

Este argumento tampoco ha servido para esquivar la sanción. La AEPD recuerda que la pérdida de control sobre datos críticos como una fotocopia completa del DNI junto a un número de cuenta bancaria genera un riesgo severo para el ciudadano, independientemente de si se confirma o no el acceso indebido. “La combinación de este tipo de datos personales eleva significativamente el nivel de riesgo”, recuerda el regulador.

Estos motivos han derivado en una infracción grave de las leyes de privacidad por falta de medidas de seguridad adecuadas. La sanción original de medio millón de euros se ha visto reducida finalmente a 400.000 euros, dado que ING ha optado por reconocer su responsabilidad y abonar la multa voluntariamente, renunciando a litigar en los tribunales, lo que le permite acogerse a una reducción del 20%.

“Respetamos y acatamos la resolución de la AEPD, con quien colaboramos activamente en línea con nuestros compromisos con la protección de los datos de nuestros clientes”, ha expresado una portavoz de la entidad en un comunicado enviado a elDiario.es. “Se trató de un caso puntual y excepcional derivado de la pérdida de documentación por parte de una empresa de mensajería. No obstante, hemos revisado y reforzado nuestros procesos con este tipo de proveedores para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y privacidad”, concluye.

La exposición durante años de datos confidenciales de la plantilla de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, podría acabar en una cuantiosa sanción de hasta 15 millones de euros para la compañía.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) ha abierto un expediente sancionador a la empresa, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que pone sobre la mesa, sin precisar por ahora una cifra, una sanción que podría alcanzar hasta el 4% de la facturación de la compañía.

El informe reprocha “la inacción” de la compañía para solucionar la brecha de seguridad a pesar de “las advertencias internas” sobre la exposición de datos que supuestamente recibió la empresa por parte de empleados.

Tal y como desveló esta redacción el pasado febrero, un error en la configuración de la intranet de TMB permitió que cualquiera de los casi 9.000 empleados de la compañía pudiera acceder, y descargar, cientos de gigas de información sensible de buena parte de sus compañeros.

Según el expediente, la información expuesta iba desde documentación personal hasta datos de familiares de los empleados, pasando por contratos de trabajo, solicitudes de baja, informes y diagnósticos médicos, denuncias policiales, sentencias judiciales, actas de conciliación en despidos o incluso convenios reguladores de regímenes de separación conyugal.

Los trabajadores, a su vez, podían consultar información sensible del departamento de recursos humanos y del de compliance: expedientes de la Oficina Antifrau de Catalunya, denuncias al Canal Ético de la empresa, actas del Consejo de Administración, expedientes de Fiscalía, demandas laborales, informes de riesgos psicosociales, correos electrónicos…

Estaba al descubierto, por ejemplo, toda la documentación referente a un caso de presunto acoso laboral en TMB: informes de investigación, denuncias, resoluciones e incluso grabaciones de testigos entrevistados durante la instrucción del caso.

Protección de Datos, en su escrito, identifica al menos seis infracciones por parte de TMB a la hora de proteger los datos, cinco de ellas las considera “graves” y una de ellas “muy grave”.

Al menos dos trabajadores de TMB tienen actualmente el estatus de persona protegida por parte de la Oficina Antifraude de Catalunya para blindarles de represalias por haber denunciado la exposición de información sensible de sus compañeros.

La APDCat también señala que TMB no le notificó que había una violación de seguridad cuando en abril y mayo de 2024 llegaron a la compañía las primeras advertencias sobre la exposición de datos confidenciales.

El informe también asegura que al menos seis trabajadores de la empresa se descargaron información confidencial del servidor. Uno de ellos se llegó a descargar casi 1.800 ficheros de la intranet de TMB el pasado enero. También hubo un bufete de abogados externo así como letrados de la compañía que descargaron en su ordenador datos sensibles de empleados.

El expediente de Protección de Datos también imputa a TMB no haber llevado a cabo el debido análisis de riesgos cuando en 2021 pasó a utilizar el sistema de almacenamiento en la nube en el que ha habido la brecha de seguridad.

La empresa pública, siempre según el expediente, tampoco implementó las medidas de seguridad que aseguró a Protección de Datos que había instaurado después de haber sido notificada de la descarga de ficheros: siete meses más tarde todavía seguía habiendo información confidencial accesible para otros empleados.

Contactados por esta redacción, desde TMB señalan que “analizarán detenidamente” el expediente y presentarán alegaciones a los hechos imputados. Recuerdan, a su vez, que el documento recoge hechos de los últimos cuatro años y que desde la compañía se ha dado “un salto adelante muy importante” durante el último año en cuanto a protección de datos de la empresa, reconocido por la propia APDCat.

A diferència d'altres pobles de Mallorca, a penes hi ha trànsit per a accedir a Santa Eugènia, on transcorre un matí tranquil típic d'entre setmana. Enclavat a l'interior de l'illa, aquesta localitat de poc més de 1.800 habitants viu aquests dies, no obstant això, un debat inesperat: la presència, tal com va revelar la setmana passada elDiario.es, de més de mig centenar de càmeres de vigilància la proliferació de les quals ha despertat opinions oposades entre els seus veïns. Mentre uns qüestionen la transparència, la ubicació i la proporcionalitat dels dispositius, que operen sense que la seva legalitat estigui del tot clara, uns altres consideren necessaris aquests artefactes per a garantir la seguretat d'un poble que, segons al·lega l'alcalde i consta a la memòria d'activitats de les policies locals de Balears relativa a 2024, compta amb tan sols dos agents municipals.

“Els caps de setmana només hi ha un policia. Ni Guàrdia Civil ni res”, comenta Ramón, qui atén a aquest periòdic mentre pren un cafè recolzat a la barra d'un dels pocs bars del municipi, poc acostumat a ser escenari de controvèrsies tecnològiques. Preguntat pel renou generat en els últims dies, afirma que no veu “gens dolent” en el fet que les càmeres abundin, a diferents altures, a la via pública del nucli urbà. “No és necessari que ocorri gens greu, basta que un cotxe et pegui en el retrovisor i no et deixin ni un paperet”, afegeix aquest vilatà, qui assegura que “molts veïns ni siquera sabien que hi havia càmeres. Ara porten diversos dies comentant el tema pel renou generat per les notícies. La gent del poble no parla de les càmeres”.

El bar està regentat per Álex i Samanta, els qui, igual que Ramón, creuen pertinents els dispositius davant la manca d'efectius policials. “Aquí ens van entrar a robar, però no arribem a veure qui era perquè anava tapat. També s'han produït altres robatoris. Aquestes càmeres són necessàries, no són per a mirar la gent”, defensen.

“Bastaria que n’hi hagués una a cada entrada del poble”

Caminant pels carrers de Santa Eugènia, un altre veí, Onofre, opina el contrari: “Bastaria que hi hagués una a cada entrada del poble”. Segons la seva opinió, els arguments oferts per l'alcalde sobre la falta d'agents municipals “són excuses”, atès que, en la seva opinió, “la criminalitat no ha augmentat. De tant en tant hi ha hagut algun robatori, però res més”. El resident es mostra, sobretot, indignat amb els punts on estan instal·lats alguns dels dispositius: “Prop del col·legi, de la piscina... Per a mi és molt lleig”.

Marga, una altra veïna, es mostra, de nou, a favor de la implantació d'aquests artefactes: “Fa un parell d'anys no hi havia punts. A la meva mare li van cremar el cotxe i ningú es va adonar. I ni li ho van pagar”. Més enllà de la seva experiència personal, al·lega que les càmeres permeten regular el trànsit del municipi: “En teoria has d'anar a 30, però molta gent va a 50 o 60 i no passa res”.

“Mentre les càmeres no s'utilitzin malament i hi hagi un motiu, no m'afecten”

Altres veus reclamen més informació i transparència mentre expressen la seva confusió: “No era conscient que hi hagués tantes càmeres”, assegura Carol, qui, amb tot, assegura no sentir-se “vigilada”. “Potser el rebombori generat en els últims dies ha magnificat la sensació d'alarma”. Alguns asseguren que no han percebut canvis en el seu dia a dia i que la presència dels dispositius, encara que cridanera, no interfereix en la seva rutina ni els preocupa especialment. “Mentre no s'utilitzin malament i hi hagi un motiu, tampoc m'afecta”, apunta una altra resident.

Per part seva, un altre resident que opta per mantenir el seu anonimat assenyala que prefereix no pensar que camina “sentint que està sent controlat”, encara que reclama més transparència i una justificació més sòlida que la de ser una mesura dissuasiva davant l'escassetat d'agents. Uns altres assumeixen la presència d'aquests dispositius com a part d'una tendència general cap a una major vigilància en els espais públics.

Un altre resident que opta per mantenir el seu anonimat assenyala que prefereix no pensar que camina "sentint que està sent controlat", encara que reclama més transparència i una justificació més sòlida que la de ser una mesura dissuasòria davant l'escassetat d'agents

Tal com ha pogut comprovar aquest mitjà, les terrasses dels tres bars del poble —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— es troben videovigiladas, amb càmeres apuntant directament a les taules i zones de reunió. En tot just quatre carrers —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles i carrer de l’Església— hi ha 25 càmeres. Els dispositius s'alimenten directament de la xarxa d'enllumenat públic i molts d'ells manquen de qualsevol cartell de senyalització que adverteixi de la seva presència. Els pocs que exhibeixen l'avís resulten estar completament obsolets: remeten a lleis derogades, ometen la identificació de la Policia Local com a destinatària de les imatges i no especifiquen el termini de conservació, entre altres informacions rellevants.

Fonts solvents i coneixedores del sistema van apuntar a aquest periòdic que l'alcalde tindria accés directe a les gravacions des del seu ordinador personal, un extrem que el primer edil ha negat rotundament. Les mateixes veus apunten que la infraestructura permetria la visualització multipantalla en temps real, encara que només una anàlisi forense dels seus equips podria determinar si aquesta funció està activa i si també s'ha habilitat la captació d'àudio. De confirmar-se, els terminals que permeten visualitzar les imatges no estarien sota la custòdia exclusiva de la Policia Local, com exigeix la llei.

La legislació espanyola en matèria de captació d'imatges per part de les administracions públiques és clara i restrictiva. Qualsevol ajuntament que desitgi col·locar càmeres a la via pública ha d'obtenir autorització prèvia del delegat del Govern. La norma obliga a justificar la necessitat del sistema, la seva proporcionalitat i el seu impacte sobre els drets fonamentals. Cap punt de vigilància pot activar-se sense aquest permís exprés i amb una fi degudament acreditada.

El Consistori, dirigit pel socialista Pep Lluís Urraca, qui va rebutjar en un primer moment fer declaracions i va remetre qualsevol resposta a l'empresa GrupoX3, amb la qual té contractat el servei de delegat de protecció de dades, assenyala, no obstant això, que només la Policia Local té accés a les càmeres i que ell només les visualitza en cas de que hagi de signar informes on, per exemple, s'afirmi que en el Punt Verd “s'han tirat residus on no toca”. El primer edil assegura que són una mesura dissuasiva i que els ciutadans “poden estar tranquils”, atès que les imatges s'esborren periòdicament.

Urraca afirma que, quan va arribar al Consistori després del govern del PP, hi havia més d'una vintena de càmeres instal·lades, que totes actualment estan fora de servei, que “sempre es posen a petició de Policia Local” i que, en el cas que apuntin a bars, estan pixelades. Tal com va posar de manifest a elDiario.es, la immensa majoria de dispositius són de trànsit i altres es troben en zones on hi ha aglomeracions i flux de gent per festes o ‘tardeos’. Així mateix, aclareix que han estat pagats amb una subvenció del Govern, és a dir, que no han costat diners públics del Consistori.

Mentrestant, Santa Eugènia sembla atrapada entre dues realitats: la necessitat real de vigilar per falta de recursos policials, segons l'ajuntament, i la inquietud d'uns altres que expressen alguns residents. Amb tot, la situació transcendeix el debat local: fins a on pot arribar la vigilància en nom de la seguretat?

A diferencia de otros pueblos de Mallorca, apenas hay tráfico para acceder a Santa Eugènia, donde transcurre una mañana tranquila típica de entre semana. Enclavado en el interior de la isla, esta localidad de poco más de 1.800 habitantes vive estos días, sin embargo, un debate inesperado: la presencia, tal como desveló la semana pasada elDiario.es, de más de medio centenar de cámaras de vigilancia cuya proliferación ha despertado opiniones encontradas entre sus vecinos. Mientras unos cuestionan la transparencia, la ubicación y la proporcionalidad de los dispositivos, que operan sin que su legalidad esté del todo clara, otros consideran necesarios estos artilugios para garantizar la seguridad de un pueblo que, según alega el alcalde y consta en la memoria de actividades de las policías locales de Balears relativa a 2024, cuenta con tan solo dos agentes municipales.

“Los fines de semana solo hay un policía. Ni Guardia Civil ni nada”, comenta Ramón, quien atiende a este periódico mientras toma un café acodado a la barra de uno de los pocos bares del municipio, poco acostumbrado a ser escenario de controversias tecnológicas. Preguntado por el revuelo generado en los últimos días, afirma que no ve “nada malo” en el hecho de que las cámaras abunden, a distintas alturas, en la vía pública del casco urbano. “No es necesario que ocurra nada grave, basta que un coche te pegue en el retrovisor y no te dejen ni un papelito”, añade este lugareño, quien asegura que “muchos vecinos ni siquiera sabían que había cámaras. Ahora llevan varios días comentando el tema por el revuelo generado por las noticias. La gente del pueblo no habla de las cámaras”.

El bar está regentado por Álex y Samanta, quienes, al igual que Ramón, creen pertinentes los dispositivos ante la carencia de efectivos policiales. “Aquí nos entraron a robar, pero no llegamos a ver quién era porque iba tapado. También se han producido otros robos. Estas cámaras son necesarias, no son para mirar a la gente”, defienden.

“Bastaría que hubiera una en cada entrada del pueblo”

Caminando por las calles de Santa Eugènia, otro vecino, Onofre, opina lo contrario: “Bastaría que hubiera una en cada entrada del pueblo”. En su opinión, los argumentos ofrecidos por el alcalde acerca de la falta de agentes municipales “son excusas”, dado que, en su opinión, “la criminalidad no ha aumentado. De vez en cuando ha habido algún robo, pero nada más”. El residente se muestra, sobre todo, indignado con los puntos en los que se encuentran instalados algunos de los dispositivos: “Cerca del colegio, de la piscina... Para mí es muy feo”.

Marga, otra vecina, se muestra, de nuevo, a favor de la implantación de estos artilugios: “Hace un par de años no había tantos. A mi madre le quemaron el coche y nadie se dio cuenta. Y ni se lo pagaron”. Más allá de su experiencia personal, alega que las cámaras permiten regular el tráfico del municipio: “En teoría tienes que ir a 30, pero mucha gente va a 50 ó 60 y no pasa nada”.

“Mientras las cámaras no se usen mal y haya un motivo, no me afectan”

Otras voces reclaman más información y transparencia mientras expresan su confusión: “No era consciente de que hubiera tantas cámaras”, asegura Carol, quien, con todo, asegura no sentirse “vigilada”. “Quizás el alboroto generado en los últimos días ha magnificado la sensación de alarma”. Algunos aseguran que no han percibido cambios en su día a día y que la presencia de los dispositivos, aunque llamativa, no interfiere en su rutina ni les preocupa especialmente. “Mientras no se usen mal y haya un motivo, tampoco me afecta”, apunta otra residente.

Por su parte, otro residente que opta por mantener su anonimato señala que prefiere no pensar que camina “sintiendo que está siendo controlado”, aunque reclama más transparencia y una justificación más sólida que la de ser una medida disuasoria ante la escasez de agentes. Otros asumen la presencia de estos dispositivos como parte de una tendencia general hacia una mayor vigilancia en los espacios públicos.

otro residente que opta por mantener su anonimato señala que prefiere no pensar que camina "sintiendo que está siendo controlado", aunque reclama más transparencia y una justificación más sólida que la de ser una medida disuasoria ante la escasez de agentes

Añade que la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y que otros están en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Tal como ha podido comprobar este medio, las terrazas de los tres bares del pueblo —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— se encuentran videovigiladas, con cámaras apuntando directamente a las mesas y zonas de reunión. En apenas cuatro calles —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles y carrer de l’Església— hay 25 cámaras. Los dispositivos se alimentan directamente de la red de alumbrado público y muchos de ellos carecen de cualquier cartel de señalización que advierta de su presencia. Los pocos que exhiben el aviso resultan estar completamente obsoletos: remiten a leyes derogadas, omiten la identificación de la Policía Local como destinataria de las imágenes y no especifican el plazo de conservación, entre otras informaciones relevantes.

Fuentes solventes y conocedoras del sistema apuntaron a este periódico que el alcalde tendría acceso directo a las grabaciones desde su ordenador personal, un extremo que el primer edil ha negado tajantemente. Las mismas voces apuntan que la infraestructura permitiría la visualización multipantalla en tiempo real, aunque solo un análisis forense de sus equipos podría determinar si esta función está activa y si también se ha habilitado la captación de audio. De confirmarse, los terminales que permiten visualizar las imágenes no estarían bajo la custodia exclusiva de la Policía Local, como exige la ley.

La legislación española en materia de captación de imágenes por parte de las administraciones públicas es clara y restrictiva. Cualquier ayuntamiento que desee colocar cámaras en la vía pública debe obtener autorización previa del delegado del Gobierno. La norma obliga a justificar la necesidad del sistema, su proporcionalidad y su impacto sobre los derechos fundamentales. Ningún punto de vigilancia puede activarse sin ese permiso expreso y con un fin debidamente acreditado.

El Consistorio, dirigido por el socialista Pep Lluís Urraca, quien rechazó en un primer momento hacer declaraciones y remitió cualquier respuesta a la empresa GrupoX3, con la que tiene contratado el servicio de delegado de protección de datos, señala, sin embargo, que solo la Policía Local tiene acceso a las cámaras y que él sólo las visualiza en el caso de que tenga que firmar informes donde, por ejemplo, se afirme que en el Punto Verde “se han tirado residuos donde no toca”. El primer edil asegura que son una medida disuasoria y que los ciudadanos “pueden estar tranquilos” dado que las imágenes se borran periódicamente.

Urraca afirma que, cuando llegó al Consistorio tras el gobierno del PP, había más de una veintena de cámaras instaladas, que todas actualmente están fuera de servicio, que “siempre se ponen a petición de Policía Local” y que, en el caso de que apunten a bares, están pixeladas. Tal como puso de manifiesto a elDiario.es, la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y otros se encuentran en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Mientras tanto, Santa Eugènia parece atrapada entre dos realidades: la necesidad real de vigilar por falta de recursos policiales, según el ayuntamiento, y la inquietud de otros que expresan algunos residentes. Con todo, la situación trasciende el debate local: ¿hasta dónde puede llegar la vigilancia en nombre de la seguridad?

Santa Eugènia és un petit municipi de l’interior de Mallorca amb poc més de dos mil habitants, envoltat de camps de vinyes i camins rurals. Viu al marge del turisme, cosa poc habitual a l’illa. Aquesta aparença tranquil·la contrasta amb una realitat inquietant: en recórrer el centre del poble, és possible observar desenes de dispositius de videovigilància instal·lats a baixa altura a fanals, pals d’enllumenat i façanes, orientats cap a carrers, places i, fins i tot, terrasses de bars.

Han estat els mateixos treballadors i veïns del poble qui, els darrers anys, han alertat de la proliferació de càmeres. elDiario.es ha pogut localitzar sobre el terreny més de mig centenar de dispositius actius i visibles, molts d’ells sense senyalització, que conformen un sistema de vigilància sense precedents en un municipi d’aquestes dimensions. El desplegament s’hauria duit a terme de manera paulatina i sense constar en expedients públics, cosa que suggereix una expansió silenciosa i sense control administratiu.

Sorprèn que tots els carrers i accessos a Santa Eugènia estiguin sota vigilància constant, segons ha pogut comprovar elDiario.es després del seu recorregut pel municipi. Aquesta cobertura garanteix que rostres i matrícules puguin ser identificats pràcticament en qualsevol desplaçament dins o cap al nucli urbà. Un altre detall significatiu és que les terrasses dels tres bars del poble —Can Topa, S’Estació i L’Escargot— també es troben videovigilades, amb càmeres que apunten directament a les taules i zones de reunió. En només quatre carrers —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de s’Aljub, carrer de ses Escoles i carrer de l’Església— hi ha 25 càmeres.

Els dispositius s’alimenten directament de la xarxa d’enllumenat públic. D’altra banda, molts d’ells manquen de qualsevol cartell de senyalització que advertesqui de la seva presència i els pocs que en tenen resulten estar completament obsolets: remeten a lleis derogades, ometen la identificació de la Policia Local com a destinatària de les imatges i no especifiquen el termini de conservació, entre altres informacions rellevants.

El batle i la seva 'finestra indiscreta'

Segons fonts solvents i coneixedores del sistema, el batle tindria accés directe a les gravacions des del seu ordinador personal, un extrem que el primer edil no ha volgut confirmar ni negar. Aquestes mateixes veus apunten que la infraestructura permetria la visualització multipantalla en temps real, encara que només una anàlisi forense dels seus equips podria determinar si aquesta funció està activa i si també s’ha habilitat la captació d’àudio. De confirmar-se, els terminals que permeten visualitzar les imatges no estarien sota la custòdia exclusiva de la Policia Local, com exigeix la llei.

Las 50 cámaras ilegales instaladas en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Llogaret de Ses Coves

Plaça d,es Puget

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Las 50 cámaras ilegales instaladas

en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Plaça d,es

Puget

Llogaret de Ses Coves

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Tot apunta que la xarxa de videovigilància desplegada al cor de Mallorca opera de manera clarament desproporcionada, fins al punt d’haver convertit aquest petit municipi en un dels llocs més vigilats d’Europa. Segons les comparatives disponibles, la densitat de càmeres en aquesta localitat és excepcional fins i tot a escala internacional. Amb un mínim de 50 terminals per poc més de 2.000 habitants, el municipi arriba a una ràtio aproximada de 21 per cada mil veïns. A Madrid la xifra ronda les 4,4; a Londres, 13; a Moscou, 19; i a Seül, 24, segons l'estudi The World’s Most Surveilled Cities, publicat per Comparitech el 2023.

Delegació del Govern no les ha autoritzat

El Consell de Mallorca ha aclarit a elDiario.es que aquesta institució no té cap càmera dins el casc urbà del poble. Per la seva banda, Delegació del Govern ha confirmat a aquest mitjà que no consta cap autorització ni supervisió sobre el sistema de videovigilància de Santa Eugènia en els darrers vuit anys. “No hem tingut cap sol·licitud de renovació ni d’instal·lació de càmeres de l’Ajuntament”, assenyalen des de l’organisme.

La Llei Orgànica 4/1997, que regula l’ús de videocàmeres per part de les Forces i Cossos de Seguretat en espais públics, estableix que la instal·lació de càmeres fixes requereix autorització de Delegació del Govern. La validació depèn de l’informe previ de la Comissió de Garanties, presidida pel president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i formada pel fiscal superior, l’Advocacia de l’Estat i un representant del Ministeri de l’Interior. Els ajuntaments han de presentar la sol·licitud amb informes policials que justifiquin la necessitat; la comissió avalua i el delegat del Govern resol.

L’aprovació el 2021 d’una nova llei de prevenció d’infraccions penals va obrir el debat sobre si aquesta norma deixava sense efecte la regulació de 1997. En territoris com Balears, la interpretació jurídica fou que la llei de 2021 substituïa l’anterior, cosa que traslladava la competència als ajuntaments. “El judici de proporcionalitat corresponia al Consistori i no era necessari passar per Delegació”, expliquen les mateixes fonts.

El febrer de 2025, l’Advocacia de l’Estat aclareix en un informe que la llei de 1997 continua vigent i que la instal·lació de càmeres fixes segueix depenent de la validació de Delegació del Govern. Després d’aquesta conclusió, l’organisme a les Illes Balears comunica l’agost als ajuntaments que totes les càmeres instal·lades entre 2021 i 2025 s’han de regularitzar. “Quan s’aprova en ple o per decret de batlia la instal·lació de càmeres, l’autorització dura un any. En vèncer aquest termini, han de demanar renovació”, recorden des de Delegació.

Un mes després, l’Ajuntament de Santa Eugènia envià un correu electrònic per demanar com podien adequar les càmeres. “Digueren que remetrien un informe, però el que arriba és una nota informativa. És un document que cita normatives i llista ubicacions amb una justificació mínima. Els explicàrem que això no pot sostenir la renovació de càmeres fixes i detallàrem com han de procedir, amb exemples d’altres ajuntaments. Des de llavors, no hem rebut més comunicacions ni han presentat res al registre”, assenyalen les mateixes fonts.

L’Ajuntament, dirigit pel socialista Pep Lluís Urraca, rebutja fer declaracions i remet qualsevol resposta a l’empresa GrupoX3, amb la qual té contractat el servei de delegat de protecció de dades. La companyia, consultada per elDiario.es, es limita a citar la Llei 19/2013 de transparència, que fixa un termini mínim d’un mes per respondre, malgrat que la consulta realitzada no s’ajusta a una petició d’informació sotmesa a aquest procediment.

Sense concurs públic

El sistema de videovigilància municipal està format per una desena de zones de gravació, amb diversos dispositius per emplaçament, cosa que elevaria el total a més de cinquanta terminals connectades a un panell de control presumptament allotjat als ordinadors de l’Ajuntament. Tot i que l’accés hauria d’estar restringit als equips de la Policia Local, en aquest cas també s’hauria habilitat accés des de l’ordinador personal del batle, segons sostenen aquestes tres fonts de solvència.

La contractació de l’empresa encarregada de la instal·lació de les càmeres s’ha fet sense que consti concurs públic. Al Portal de Transparència municipal no hi figura cap referència a licitacions, contractes o resolucions relacionades amb la xarxa de videovigilància ni amb els seus costos d’instal·lació o manteniment. Tot i que no s’han fet públics els costos oficials, fonts del sector estimen que cada dispositiu tendria un preu aproximat de 1.600 euros, en funció del proveïdor i de les característiques tècniques del model.

En aquest cas, només consta un acord oficial —aprovat el 8 de gener de 2020 en el ple municipal— relatiu a la instal·lació de tres càmeres de trànsit amb finalitats de control d’accés i seguretat viària. Des de llavors no s’ha registrat cap menció a l’ampliació del sistema. Tampoc figuren contractes ni adjudicacions en el Portal de Transparència que justifiquin l’expansió de la xarxa.

Les actes del ple no recullen debats sobre la instal·lació, supervisió o ampliació del model municipal de control audiovisual, ni informes tècnics o jurídics que avalin el seu funcionament. Aquesta absència de deliberació política i administrativa contrasta amb la dimensió del desplegament, que s’estén pràcticament per tot el nucli urbà.

“No és un xec en blanc”

La legislació espanyola en matèria de captació d’imatges per part de les administracions públiques és clara i restrictiva. Qualsevol ajuntament que vulgui col·locar càmeres a la via pública ha d’obtenir autorització prèvia del delegat del Govern. La norma obliga a justificar la necessitat del sistema, la seva proporcionalitat i el seu impacte sobre els drets fonamentals. Cap punt de vigilància es pot activar sense aquest permís exprés i amb una finalitat degudament acreditada.

El procediment legal exigeix, a més, diversos passos previs: l’elaboració d’un informe tècnic per part de la Policia Local, un dictamen jurídic municipal que avali la legalitat del tractament d’imatges i l’avaluació de la Comissió de Garanties de Videovigilància de Balears, encarregada de verificar que el projecte respecta la intimitat de les persones i els principis del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Només després de completar aquestes fases es pot emetre l’autorització administrativa i procedir a la instal·lació.

Elena Gil, advocada de dret digital i fundadora de Data Guardians Advocats, aclareix que, fins i tot en aquelles càmeres en què no hi ha gravació i només es permet el visionat en temps real, els dispositius estan sotmesos a la normativa de protecció de dades. “L’autorització de Delegació del Govern té una durada d’un any i es va renovant, no és un xec en blanc”, afegeix. L’advocada explica que aquestes càmeres han d’estar instal·lades en espais públics i que no estan pensades per “gravar sons”.

Una vegada instal·lades, els ajuntaments han de complir amb certes obligacions documentals, en les quals han d’“analitzar” i “deixar per escrit quin és el risc que es pretén cobrir i quin és l’impacte”. “Les càmeres al carrer solen tractar dades a gran escala i ser una observació sistemàtica. Això fa que siguin especialment sensibles i, per això, han d’estar especialment justificats els motius pels quals tu vols omplir un lloc de càmeres. A més, les zones videovigilades han d’estar senyalitzades”, explica Gil.

Què passa després amb aquesta gravació? Segons l’experta, les imatges s’han de suprimir en el termini d’un mes, llevat que les autoritats tinguin constància que existeix un fet concret que necessiti ser vigilat o supervisat. En aquest cas, és possible augmentar-ne la duració, però “amb l’única finalitat de la vigilància i únicament per a l’enviament a les Forces i Cossos de Seguretat o als jutges i tribunals”.

Poder polític i control digital

Pep Lluís Urraca (Madrid, 1969) representa una nova generació de batles socialistes a la Part Forana de Mallorca. El 2015 s’incorporà a l’Ajuntament de Santa Eugènia com a regidor del PSOE i, quatre anys després, es convertí en el primer batle socialista del municipi gràcies a un pacte amb l’agrupació local FEIM-Santa Eugènia.

El 2023 aconseguí majoria absoluta —amb sis regidors davant tres del PP— i fou investit batle per segona vegada, ja sense necessitat de pactes. Des del març de 2025 compagina la batlia amb la Secretaria de Política Municipal del PSIB-PSOE, un càrrec que el situa a la direcció autonòmica del partit, molt pròxim a l’entorn de Francina Armengol.

“És una xarxa desproporcionada”

El manteniment d’aquesta macroxarxa de càmeres està vigent sota el mandat d’Urraca, malgrat que el batle nega tenir cap tipus d’informació al respecte. A partir de la informació publicada per elDiario.es, l’advocada Gil observa “una desproporció” al poble i apunta que “no s’han seguit els mecanismes per autoritzar les càmeres i considerar que són proporcionals i justes”. A més, assenyala que els dispositius han d’estar senyalitzats i que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) té models de cartells.

Més enllà del cas concret d’aquest municipi, Gil lamenta que els ciutadans puguin arribar a acceptar una “vigilància massiva”: “És un problema que es va agreujant a poc a poc. Comencem a normalitzar el fet d’estar vigilats en diferents àmbits, tant per empreses com per l’Estat, cosa que atempta contra tot tipus de principis. Hem de tenir moltíssim de compte amb generalitzar aquest tipus de pràctiques”.

Mentrestant, la vida a Santa Eugènia discorre amb la calma de sempre, entre camps de vinyes, carrers estrets, places assolellades i rutines que amb prou feines canvien. Però, sota aquesta aparença de quietud, un poble sencer podria estar sent observat des d’un despatx municipal, a través d’un sistema de videovigilància inèdit a Espanya.

Santa Eugènia es un pequeño municipio del interior de Mallorca con algo más de dos mil habitantes, rodeado de campos de viñedos y caminos rurales. Vive al margen del turismo, algo poco habitual en la isla. Esa apariencia tranquila contrasta con una realidad inquietante: al recorrer el centro del pueblo, es posible observar decenas de dispositivos de videovigilancia instalados a baja altura en farolas, postes de alumbrado y fachadas, orientados hacia calles, plazas e, incluso, terrazas de bares.

Han sido los propios trabajadores y vecinos del pueblo quienes, en los últimos años, han alertado de la proliferación de cámaras. elDiario.es ha podido localizar sobre el terreno más de medio centenar de dispositivos activos y visibles, muchos de ellos sin señalización, que conforman un sistema de vigilancia sin precedentes en un municipio de estas dimensiones. El despliegue se habría llevado a cabo de forma paulatina y sin constar en expedientes públicos, lo que sugiere una expansión silenciosa y sin control administrativo.

Sorprende que todas las calles y accesos a Santa Eugènia estén bajo vigilancia constante, según ha podido comprobar elDiario.es tras su recorrido por el municipio. Otro detalle significativo es que las terrazas de los tres bares del pueblo —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— también se encuentran videovigiladas, con cámaras apuntando directamente a las mesas y zonas de reunión. En apenas cuatro calles —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles y carrer de l’Església— hay 25 cámaras.

Los dispositivos se alimentan directamente de la red de alumbrado público. Por otra parte, muchos de ellos carecen de cualquier cartel de señalización que advierta de su presencia y los pocos que lo exhiben resultan estar completamente obsoletos: remiten a leyes derogadas, omiten la identificación de la Policía Local como destinataria de las imágenes y no especifican el plazo de conservación, entre otras informaciones relevantes.

El alcalde y su 'ventana indiscreta'

Según fuentes solventes y conocedoras del sistema, el alcalde tendría acceso directo a las grabaciones desde su ordenador personal, un extremo que el primer edil ha negado tajantemente. Esas mismas voces apuntan que la infraestructura permitiría la visualización multipantalla en tiempo real, aunque solo un análisis forense de sus equipos podría determinar si esta función está activa y si también se ha habilitado la captación de audio. De confirmarse, los terminales que permiten visualizar las imágenes no estarían bajo la custodia exclusiva de la Policía Local, como exige la ley.

Las 50 cámaras ilegales instaladas en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Llogaret de Ses Coves

Plaça d,es Puget

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Las 50 cámaras ilegales instaladas

en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Plaça d,es

Puget

Llogaret de Ses Coves

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Todo apunta a que la red de videovigilancia desplegada en el corazón de Mallorca opera de forma claramente desproporcionada, hasta el punto de haber convertido este pequeño municipio en uno de los lugares más vigilados de Europa. Según las comparaciones disponibles, la densidad de cámaras en esta localidad es excepcional incluso a escala internacional. Con un mínimo 50 terminales para poco más de 2.000 habitantes, el municipio alcanza una ratio aproximada de 21 por cada mil vecinos. En Madrid la cifra ronda las 4,4, en Londres, 13, en Moscú, 19 y en Seúl, 24, según el estudio The World’s Most Surveilled Cities, publicado por Comparitech en 2023.

El Ayuntamiento: “Las cámaras están fuera de servicio”

El Ayuntamiento, dirigido por el socialista Pep Lluís Urraca, rechazó en un primer momento hacer declaraciones y remitió cualquier respuesta a la empresa GrupoX3, con la que tiene contratado el servicio de delegado de protección de datos. Tras la publicación del artículo, Urraca ha afirmado a elDiario.es que solo la Policía Local tiene acceso a las cámaras y que él sólo las visualiza en el caso de que tenga que firmar informes donde, por ejemplo, se afirme que en el Punto Verde “se han tirado residuos donde no toca”. El primer edil asegura que son una medida disuasoria en un municipio que solo cuenta con dos agentes de Policía Local y que los ciudadanos “pueden estar tranquilos” porque las imágenes se borran periódicamente.

Urraca afirma que, cuando llegó al Consistorio tras el gobierno del PP, había más de una veintena de cámaras instaladas, que todas actualmente están fuera de servicio, que “siempre se ponen a petición de Policía Local” y que, en el caso de que apunten a bares, están pixeladas. Añade que la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y que otros están en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Delegación del Gobierno no las ha autorizado

El Consell de Mallorca ha aclarado a elDiario.es que esta institución no tiene ninguna cámara en el casco urbano del pueblo. Por su parte, Delegación del Gobierno ha confirmado a este medio que no consta ninguna autorización ni supervisión sobre el sistema de videovigilancia de Santa Eugènia en los últimos ocho años. “No hemos tenido ninguna solicitud de renovación ni de instalación de cámaras del Ayuntamiento”, señalan desde el organismo.

La Ley Orgánica 4/1997, que regula el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en espacios públicos, establece que la instalación de cámaras fijas requiere autorización de Delegación del Gobierno. La validación depende del informe previo de la Comisión de Garantías, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y compuesta por el fiscal superior, la Abogacía del Estado y un representante del Ministerio del Interior. Los ayuntamientos deben presentar la solicitud con informes policiales que justifiquen la necesidad; la comisión evalúa y el delegado del Gobierno resuelve.

La aprobación en 2021 de una nueva ley de prevención de infracciones penales abrió el debate sobre si esta norma dejaba sin efecto la regulación de 1997. En territorios como Balears, la interpretación jurídica fue que la ley de 2021 sustituía a la anterior, lo que trasladó la competencia a los ayuntamientos. “El juicio de proporcionalidad correspondía al Consistorio y no era necesario pasar por Delegación”, explican las mismas fuentes.

En febrero de 2025, la Abogacía del Estado aclara en un informe que la ley de 1997 sigue vigente y que la instalación de cámaras fijas continúa dependiendo de la validación de Delegación del Gobierno. Tras esa conclusión, el organismo en las Illes Balears comunica en agosto a los ayuntamientos que todas las cámaras instaladas entre 2021 y 2025 deben ser regularizadas. “Cuando se aprueba en pleno o por decreto de alcaldía la instalación de cámaras, la autorización dura un año. Al vencer ese plazo, tienen que pedir renovación”, recuerdan desde Delegación.

Un mes después, el Ayuntamiento de Santa Eugènia envió un correo electrónico para preguntar cómo podían adecuar las cámaras. “Dijeron que remitirían un informe, pero lo que llega es una nota informativa. Es un documento que cita normativas y lista ubicaciones con una justificación mínima. Les explicamos que eso no puede sostener la renovación de cámaras fijas y detallamos cómo deben proceder, con ejemplos de otros ayuntamientos. Desde entonces, no hemos recibido más comunicaciones ni han presentado nada al registro”, señalan las mismas fuentes.

Urraca confirma este extremo: “Enviamos un informe a Delegación del Gobierno y nos respondieron que teníamos que matizar ciertos aspectos del documento que no eran correctos. Desde agosto las cámaras están paradas. La Policía Local ha hecho un informe interno”. Sin embargo, el alcalde no puede especificar cuántas cámaras están instaladas en el municipio. Sobre la falta de peticiones de renovación a Delegación de Gobierno antes de 2021 –las cámaras tienen que ser renovadas cada año–, el primer edil afirma que no tiene “conocimiento ni argumentos”.

Sin concurso público

La contratación de la empresa encargada de la instalación de las cámaras ha sido realizada sin que conste concurso público. En el Portal de Transparencia municipal no figura ninguna referencia a licitaciones, contratos o resoluciones relacionadas con la red de videovigilancia ni con sus costes de instalación o mantenimiento. Aunque no se han hecho públicos los costes oficiales, fuentes del sector estiman que cada dispositivo tendría un precio aproximado de 1.600 euros, en función del proveedor y las características técnicas del modelo.

En este caso, solo consta un acuerdo oficial —aprobado el 8 de enero de 2020 en el pleno municipal— relativo a la instalación de tres cámaras de tráfico con fines de control de acceso y seguridad vial. Desde entonces no se ha registrado ninguna mención a la ampliación del sistema. Tampoco figuran contratos ni adjudicaciones en el Portal de Transparencia que justifiquen la expansión de la red.

Las actas del pleno no recogen debates sobre la instalación, supervisión o ampliación del modelo municipal de control audiovisual, ni informes técnicos o jurídicos que avalen su funcionamiento. Esta ausencia de deliberación política y administrativa contrasta con la dimensión del despliegue, que se extiende por prácticamente todo el núcleo urbano. Sobre la falta de contratos en el Portal de Transparencia, Urraca señala: “Cuando ha hecho falta una cámara, se ha hecho un informe de necesidad y se ha comprado”.

“No es un cheque en blanco”

La legislación española en materia de captación de imágenes por parte de las administraciones públicas es clara y restrictiva. Cualquier ayuntamiento que desee colocar cámaras en la vía pública debe obtener autorización previa del delegado del Gobierno. La norma obliga a justificar la necesidad del sistema, su proporcionalidad y su impacto sobre los derechos fundamentales. Ningún punto de vigilancia puede activarse sin ese permiso expreso y con un fin debidamente acreditado.

El procedimiento legal exige, además, varios pasos previos: la elaboración de un informe técnico por parte de la Policía Local, un dictamen jurídico municipal que respalde la legalidad del tratamiento de imágenes y la evaluación de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Balears, encargada de verificar que el proyecto respeta la intimidad de las personas y los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Solo tras completar esas fases puede emitirse la autorización administrativa y proceder a la instalación.

Elena Gil, abogada de derecho digital, fundadora de Data Guardians abogados, aclara que, incluso en aquellas cámaras en las que no existe grabación y solo se permite el visionado en tiempo real, los dispositivos están sometidos a la normativa de protección de datos. “La autorización de Delegación del Gobierno tiene una duración de un año y se va renovando, no es un cheque en blanco”, añade. La abogada aclara que estas cámaras deben estar instaladas en espacios públicos y que no están pensadas para “grabar sonidos”.

Una vez instaladas, los ayuntamientos deben contar con ciertas obligaciones documentales, en las cuales deben “analizar” y “dejar por escrito cuál es el riesgo que se pretende cubrir y cuál es el impacto”. “Las cámaras en la calle suelen tratar datos a gran escala y ser una observación sistemática. Esto hace que sean especialmente sensibles y, por ello, tienen que estar especialmente justificados los motivos por los que tú quieres llenar un sitio de cámaras. Además, las zonas videovigiladas tienen que estar marcadas”, explica Gil.

¿Qué pasa después con esta grabación? Según la experta, las imágenes deben ser suprimidas en el plazo de un mes, salvo que las autoridades tengan constancia de que existe un hecho en concreto que necesite ser vigilado o supervisado. En este caso, es posible aumentar la duración, pero “con la única finalidad de la vigilancia y únicamente para el envío a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a jueces y tribunales”.

Poder político y control digital

Pep Lluís Urraca (Madrid, 1969) representa a una nueva generación de alcaldes socialistas en la Part Forana de Mallorca. En 2015 se incorporó al Ayuntamiento de Santa Eugènia como concejal del PSOE y, cuatro años después, se convirtió en el primer alcalde socialista del municipio gracias a un pacto con la agrupación local FEIM-Santa Eugènia.

En 2023 obtuvo mayoría absoluta —con seis regidores frente a tres del PP— y fue investido alcalde por segunda vez, ya sin necesidad de pactos. Desde marzo de 2025 compagina la alcaldía con la Secretaría de Política Municipal del PSIB-PSOE, un cargo que lo sitúa en la dirección autonómica del partido, muy próximo al entorno de Francina Armengol.

“Es una red desproporcionada”

En base a la información publicada por elDiario.es, la abogada Gil observa “una desproporción” en el pueblo y apunta que “no se han seguido los mecanismos para autorizar las cámaras y considerar que son proporcionales y justas”. Además, apunta que los dispositivos tienen que estar señalizados y que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene modelos de carteles.

Más allá del caso concreto de este municipio, Gil lamenta que los ciudadanos puedan llegan a aceptar una “vigilancia masiva”: “Es un problema que se va agravando poco a poco. Empezamos a normalizar estar vigilados en distintos ámbitos, tanto por empresas como por el Estado, lo cual atenta a todo tipo de principios. Debemos tener muchísimo cuidado con generalizar este tipo de prácticas”.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a indemnizar con 479 millones de euros a 87 empresas editoras de medios de comunicación españoles por haber incurrido en competencia desleal en la gestión de la publicidad tanto en Facebook como en Instagram. La sentencia entiende que ambas plataformas usaron de forma irregular los datos de millones de usuarios en ambas plataformas para ofrecer publicidad, datos “personales y protegidos”, consiguiendo una “ventaja competitiva significativa” frente a la prensa digital española. En esos años Meta ganó casi 5.300 millones de euros y todo ese dinero, dice la resolución, fue obtenido “con infracción” de la normativa europea de protección de datos. A esos 479 millones hay que sumar otros 60 millones más en intereses.

La Asociación de Medios de Información (AMI) demandó a la empresa de Mark Zuckerberg, a la que acusaba de usar de forma “ilegítima” los datos protegidos de millones de usuarios entre 2018 y 2023 para alimentar su negocio de publicidad segmentada. Una ventaja competitiva frente a los meedios de comunicación españoles que no disponían de esos datos para desarrollar su publicidad y, según AMI, “poniendo en riesgo su sostenibilidad económica”. La demanda, que quedó vista para sentencia hace mes y medio en un juzgado de lo mercantil de la Gran Vía de Madrid, reclamaba más de 500 millones a Meta en nombre de 87 empresas editoras de prensa digital en España junto con agencias de noticias.

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial y posteriormente ante el Supremo. Meta ya ha anuciado que piensa hacerlo, ya que discrepa con la tesis del juzgado, que asegura que la multinacional se saltó la normativa europea de protección de datos para gestionar la publicidad que los usuarios de Facebook e Instagram recibieron en esos cinco años. “Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española”, dice la sentencia.

Meta no aportó al juzgado sus datos internos del volumen de negocio y el juzgado entiende, tal y como calculó la propia AMI, que en esos años ganó más de 5.281 millones de euros entre 2018 “obtenidos con infracción” del reglamento europeo, “lo que ha supuesto para Meta una ventaja competitiva frente a la prensa digital española en el mercado publicitario español”. Ese dinero, añadee, “debe repartirse al resto de los competidores”. El cálculo para repartir esos 479 millones se calcula en base a la cuota de mercado de cada medio representado por la asociación.

El negocio de Meta: los datos de los usuarios

El juez desgrana a lo largo de 59 páginas que Meta “ha conseguido algo bastante difícil: que millones de personas decidan usar sus servicios y escriban y visualicen sus vidas en ellos”. Pero “la realidad” detrás de esa “cara social” de sus plataformas es que Facebook e Instagram son gratis “a cambio de disponer de los datos personales de los usuarios para hacer publicidad comportamental, que es el negocio de Meta, que financia la gratuidad del servicio para los usuarios”.

La otra cara de Meta, la “empresarial”, hace que las redes sociales funcionen como “una agencia de publicidad comportamental y segmentada” que ofrece anuncios con una “publicidad personalizada acorde con sus gustos, aficiones y deseos” gracias a los datos que la gente vuelca día tras día en sus perfiles. En ese punto, explica la sentencia, Meta ha hecho un uso ilegal de esos datos protegidos de sus millones de usuarios.

“Usó los datos de millones de usuarios de forma ilícita, obteniendo así una ventaja competitiva que jamás podrán igualar las demandantes que también realizan publicidad”, desglosa el texto: “La ventaja competitiva consiste en que Meta, a través de sus servicios Instagram y Facebook, cuenta con una gran cantidad de datos de cada uno de sus usuarios activos, incomparablemente superior a la cantidad de datos con la que cuenta la prensa digital. Esto le permite hacer una publicidad personalizada mucho más directa y eficaz que la que puede hacer la prensa digital”.

La multinacional ha criticado la decisión. “No estamos de acuerdo con la sentencia del tribunal y la recurriremos. Se trata de una demanda infundada que carece de pruebas del supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente cómo funciona el sector de la publicidad online. Meta cumple con todas las leyes aplicables y ha proporcionado opciones claras, información transparente y una serie de herramientas a los usuarios para que controlen su experiencia en nuestros servicios”, asevera en un comunidado enviado a elDiario.es.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) por vulnerar la Ley de Protección de Datos cuando publicó en la red social X los nombres, apellidos y destinos de los participantes en un concurso de traslados, dentro de la oferta pública de empleo (OPE) correspondiente.

Los hechos sucedieron en marzo de 2024, cuando el SESCAM aprobó y publicó la relación definitiva de personas concursantes admitida y excluidas, y la adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados para la provisión de plazas de su personal estatutario, un proceso convocado en junio de 2023. La publicación oficial se llevó a cabo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades el día 21 de marzo de 2024.

Sin embargo, dos días antes, desde su cuenta en X, Íñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos del SESCAM, publicó el listado completo de nombres, apellidos y destinos adjudicados. El contenido de la publicación, según consta en la resolución de la AEPD, era el siguiente: “El próximo día 19 de marzo se publican en el DOCM los nombramientos correspondientes a la OPE de Enfermería de sanidad Castilla-La Mancha. Son los siguientes”, adjuntándose a continuación un listado con los nombres y apellidos y destinos de los participantes.

Este hecho motivó una reclamación ante la AEPD por parte de uno de los participantes en el proceso, ya que consideraba que sus datos personales habían quedado expuestos sin su autorización y que no se habían seguido los canales oportunos para dar a conocer dicha información.

Ante la apertura del expediente sancionador, Cortázar borró la publicación objeto de la demanda de su perfil en X, y el SESCAM alegó que, en el momento en que se publicó el 'tuit', la información ya había sido enviada para su difusión en el DOCM, sin que el ‘tuit’ pretendiera sustituir a la comunicación oficial, solo complementarla.

Teniendo en cuenta los hechos y la normativa en vigor, la AEPD falló que los hechos sí fueron constitutivos de una infracción del Reglamento General de Protección de Datos. Sin embargo, al tratarse de un organismo público, no se pudo imponer sanción económica, que de lo contrario podría haber sido de un máximo de hasta 20.000 euros.

El SESCAM “asume” la sanción

Íñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos del SESCAM y la persona responsable de poner la publicación sancionada en su perfil en la red social X, reconoce su “error” y afirma que se debió a una voluntad de adelantar la información antes de que saliera publicada en el DOCM, ya que este proceso despertó “muchísima expectación”, según explica a elDiario.es Castilla-La Mancha.

Afirma que retiró la publicación en cuanto tuvo conocimiento del inicio del expediente sancionador, “asume” la resolución y asegura que en los posteriores procesos que ha llevado a cabo el SESCAM se ha actuado de la manera que les ha marcado la AEPD. “Queremos ser más cuidadosos con la protección de datos”, asegura Cortázar.

Estos hechos han sido denunciados públicamente este viernes por el Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, afirmando que los hechos obedecen a “la precipitación y el uso político de la información”. “Es intolerable que el Gobierno socialista trate los datos personales como material de propaganda”, ha añadido el portavoz de la formación, Iván Sánchez.

Cortázar rechaza dichas acusaciones, y reitera que solo hubo precipitación, pero no uso político. “No sé qué uso político puede tener”, asegura, y recuerda que los datos que publicó eran los mismos que posteriormente se difundieron en el Diario Oficial de la comunidad autónoma.

En la actualidad, el teléfono es uno de los medios de comunicación más utilizados, tanto en entornos personales como profesionales. Sin embargo, la posibilidad de que una llamada sea grabada genera interés y preocupación entre los usuarios, quienes necesitan conocer las herramientas y señales que permiten identificar cuándo una conversación está siendo registrada. Comprender cómo funcionan estas funciones y qué avisos se emiten es esencial para mantener el control sobre la propia privacidad.

Además de las medidas técnicas, la legislación española establece requisitos claros sobre la grabación de llamadas, diferenciando entre lo que es legal y lo que constituye una vulneración del derecho a la intimidad. La combinación de conocimiento sobre el funcionamiento de los dispositivos y sobre la normativa vigente permite a los usuarios actuar de manera informada, asegurando que sus comunicaciones se gestionen de forma segura y respetando los límites legales.

Señales de que una llamada puede estar siendo grabada

Cuando se graba una llamada usando las funciones de grabación incluidas en el teléfono, se emite un pitido audible al inicio y al final de la conversación. Este aviso sonoro informa a todos los participantes de que la llamada está siendo registrada, cumpliendo con los requisitos legales de transparencia y protección de datos.

En Android, la aplicación Teléfono de Google reproduce automáticamente este sonido al iniciar y finalizar la grabación, y no puede desactivarse. En iPhone, la grabación mediante aplicaciones autorizadas también genera un aviso audible para los interlocutores, y los archivos se guardan en carpetas accesibles del sistema para su posterior revisión. Este pitido es la única señal verificada y obligatoria de que la llamada se está registrando usando las herramientas que ofrece el dispositivo.

Cómo graban llamadas los dispositivos de Google y Apple

En el iPhone, la grabación se activa desde la aplicación Teléfono y requiere que el usuario la inicie manualmente siempre que la opción esté disponible en su región. Durante la llamada, basta con pulsar el botón “Más” y seleccionar “Grabación de llamadas”. Ambos interlocutores escuchan un aviso sonoro que confirma que la conversación está siendo registrada. La grabación puede detenerse tocando el botón correspondiente o finalizando la llamada, y los archivos se almacenan automáticamente en la carpeta “Grabaciones de llamadas” de la aplicación Notas, desde donde se pueden consultar posteriormente.

En los dispositivos Android con la aplicación Teléfono de Google y en los que esta opción ya esté disponilble, existen varias opciones de grabación: registrar automáticamente todas las llamadas de números desconocidos, grabar siempre las de contactos seleccionados o iniciar la grabación manualmente durante la conversación.

Para grabar números desconocidos, se accede a Ajustes → Grabación de llamadas → “Grabar siempre” y se activa la opción correspondiente. Para contactos específicos, se sigue la misma ruta, seleccionando “Números seleccionados” y añadiendo los contactos deseados. Durante una llamada, se puede tocar “Grabar” para iniciar y “Detener grabación” para finalizarla. En los dispositivos Pixel, el proceso se realiza a través de “Asistencia de llamadas” y las opciones “Grabación de llamada” y “Detener”.

Estas funciones permiten a los usuarios controlar cuándo se registran sus conversaciones y garantizan que la grabación cumpla con los requisitos legales. La combinación de aviso audible y almacenamiento accesible asegura que la gestión de las grabaciones sea clara y segura, diferenciándola de posibles registros externos no autorizados.

Un agente de los Mossos d'Esquadra, actualmente en activo tras ser condenado en 2023 por acoso a su exmujer, se ha sentado en el banquillo acusado de buscar datos personales del profesor de salsa de su expareja en la base policial del cuerpo autonómico. Los otros seis casos abiertos que tenía el uniformado por buscar en las bases de datos han quedado archivados.

Ante la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona se ha suspendido el juicio al agente, para el que la Fiscalía pide dos años de cárcel por revelación de secretos. La defensa del agente ha alegado que esta “supuesta” búsqueda en la base de datos policial que debía juzgarse este jueves ya formó parte del primer juicio por acoso, por lo que la vista no debe celebrarse, ya que la ley impide juzgar dos veces un mismo hecho.

El tribunal no ha tomado una decisión sobre si el caso ya es una cosa juzgada, y ha suspendido la vista hasta el próximo 29 de octubre. Para tomar una decisión, los magistrados quieren analizar si la específica consulta de la base de datos policial sobre el profesor de salsa se trató en la vista del juicio por acoso (por ello han reclamado la grabación del juicio), si se retiró después de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación inicial y si formó parte del auto de apertura de juicio de esa primera causa.

La sentencia por acoso a su expareja fue fruto de un acuerdo entre el mosso acusado, la mujer y la Fiscalía. El agente, que trabajaba junto a su expareja en la comisaría de Les Corts de Barcelona, admitió que, después de que ella lo dejara definitivamente en 2019, le envió “un gran número de mensajes” por Whatsapp y correo electrónico. Solo en un mes, le envió 100 correos porque “no aceptaba la ruptura”, según la sentencia.

También llamó a su expareja en “numerosas ocasiones” para intentar que volviera con él y contactó con compañeros de trabajo y amigos de la mujer con el mismo objetivo. Tras dejarle, el mossso quiso “controlar la vida” de su expareja, según expone la sentencia, mediante el envío de ramos de flores y llamadas al trabajo para saber si la mujer estaba allí, “llegando a pedir a un compañero de trabajo que le hiciera una foto a su expareja para comprobar que realmente” estaba allí.

Según reconoció el propio mosso en la sentencia, llegó a acudir a casa de su expareja para “coartar su libertad” y se personó también en la escuela de baile a la que acudía la mujer “a pesar de saber que le había solicitado un distanciamiento”. Incluso un día llegó a seguirla hasta su casa tras verla subirse a la moto conducida por otro hombre y enviarle mensajes diciéndole que “cambiaba de hombre como si nada”.

El mosso admitió el acoso, pagó una indemnización de 2.800 euros a la mujer y trabajó 120 días en beneficio de la comunidad. El delito de acoso no contempla penas de inhabilitación para funcionarios. Los Mossos d'Esquadra no le han abierto ningún expediente disciplinario.

El segundo juicio (que el tribunal confirmará en octubre si se celebra o se archiva) versa sobre las búsquedas en la base de datos policial que hizo el mosso. El agente llegó a tener siete procedimientos similares abiertos en los juzgados de Barcelona por su acceso indebido a la base de datos para buscar información sobre hombres a los que relacionaba con su expareja, pero todos, salvo uno, se han archivado o ha salido absuelto de ellos.

La Fiscalía reclama dos años de prisión al hombre y ocho de inhabilitación para ser policía, ya que la revelación de secretos cometida por funcionarios sí prevé su suspensión como trabajadores públicos. Según la Fiscalía, “amparándose” en su condición de agente de los Mossos, el hombre consultó datos del profesor de salsa de su exmujer el 4 de febrero de 2020.

El agente consultó “datos personales” del profesor de salsa, expone el Ministerio Público, “sin estar autorizado para ello”, toda vez que la información del hombre era “ajena a las funciones policiales” que tenía el acusado. Si se celebra o no el juicio se sabrá en octubre.

La quiebra de la empresa de análisis genético 23andMe ha despertado una gran incertidumbre entre usuarios, autoridades y especialistas. Después de casi 20 años de actividad, la compañía acumula datos genéticos de 15 millones de clientes que en algún momento de sus vidas dieron muestras de su ADN para conocer sus orígenes ancestrales. Ahora, esa información se venderá a un tercero y, aunque sus responsables aseguran que los datos seguirán protegidos, el historial de la empresa y la regulación más laxa en Estados Unidos despiertan serias dudas sobre su posible uso.

Este lunes, la CEO de la empresa, Anne Wojcicki, anunciaba su marcha en la red social X y afirmaba que seguirán “abogando incansablemente por que los clientes tengan opciones y transparencia con respecto a sus datos personales, independientemente de la plataforma”.  Mientras tanto, el Fiscal General del estado de California, donde reside 23andMe, ha emitido una alerta al consumidor en la que aconseja a los clientes que eliminen sus datos del sitio.

La seguridad de 23andMe ya fue vulnerada en 2023, cuando un grupo de ciberatacantes robó los datos de siete millones de su usuarios y sacó a la venta los datos en la dark web. En octubre de 2024, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió un expediente a 23andMe que sigue en tramitación, según confirman a elDiario.es desde la propia agencia. Antes, en el año 2021, la AEPD sancionó con 20.000 euros de multa a una empresa de análisis genético muy similar, MyHeritage, tras una reclamación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por incumplimientos de la normativa de protección de datos y no habilitar un proceso sencillo para pedir su borrado. 

“Aviso a navegantes”

“Creo que esto es un aviso a navegantes”, asegura Lluis Montoliu, genetista del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) y experto en bioética. Él mismo donó su ADN para hacer una prueba de ancestral, para poder hablar de primera mano de este sistema, y ahora se ha dado de baja junto a toda su familia. “Estas son las cuestiones éticas que se plantean cuando una empresa que está usando datos de salud pierde el control, porque aunque diga que va a garantizar la confidencialidad, hay dudas sobre lo que hará la empresa compradora”. 

“Si la empresa cierra sin que nadie la saque a flote, se supone que esos datos los deberán eliminar”, señala Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. “Y esa es la gran duda ahora, porque nunca antes una empresa había ido a la quiebra con estos datos que son extraordinariamente sensibles”. La empresa compradora podrá quedarse con los datos genéticos, apunta el experto, pero no podrá usarlos para cualquier fin. “Lo que nunca podrá es usar los datos con fines distintos a los que se recabaron”, recalca. “Eso sería absolutamente ilegal desde el punto de vista de la normativa de protección de datos”.

La empresa compradora nunca podrá es usar los datos con fines distintos a los que se recabaron. Eso sería absolutamente ilegal

Rubén Sánchez — Portavoz de FACUA

Entre las recomendaciones hechas por el Fiscal de California, está la de revocar el consentimiento dado a 23andMe para utilizar sus datos genéticos, ya que la legislación de este Estado ampara a los usuarios. Pero no es así en todas partes. “En Europa tenemos una protección adicional dado que el Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor en mayo de 2018, especialmente en lo que se refiere a los datos personales y las empresas que hagan un mal uso se enfrentan a grandes multas”, señala Montoliu. “Además, el reglamento recoge el derecho a ser olvidados, un derecho que no tienen en Estados Unidos”.

Una “indefensión práctica”

Al eliminar la cuenta, el usuario recibe un email en el que se le pide confirmar su solicitud de eliminación, lo que dará por terminada su relación con 23andMe, pero se advierte de que conservará “información limitada para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales, y según lo permita o exija la legislación aplicable”. Esto significa, como advierten en MIT Technology Review, que 23andMe y su laboratorio externo de genotipado conservarán parte de tu información genética, además de tu fecha de nacimiento y sexo, junto con los datos vinculados a tu solicitud de eliminación de cuenta, como tu dirección de correo electrónico y el identificador de la solicitud. 

Este caso constata la indefensión práctica de todos en relación con el manejo de nuestros datos personales. Pueden ocurrir muchas cosas para que dejen de estar protegidos

Gemma Galdón — Especialista en el impacto ético de la tecnología,

Gemma Galdón, especialista en el impacto ético de la tecnología, recuerda que la privacidad ha sido un problema durante toda la existencia de 23andMe y algunas veces ha conseguido vender esos datos a empresas. “En general, si el proveedor decía que los datos se cedían solo para el uso de 23andMe, no podrían incorporarlos como parte de la venta, pero claro, hay muchos actores interesados en que eso puede dar dinero para poder pagar a los acreedores”, asegura. “Básicamente, este caso constata la indefensión práctica de todos en relación con el manejo de nuestros datos personales. Pueden ocurrir muchas cosas que hacen que esos datos que hemos entregado en condiciones que creíamos seguras y privadas, dejen de estar protegidos”. 

“Yo creo que no hay unas garantías de dónde y cómo tienen los datos”, comenta Belén Pérez, jefa de la Unidad de Genética del Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares (CEDEM). “Estamos ante una situación en la que millones de personas no saben qué van a hacer con su información genética”. Aunque la empresa habla de que están buscando un sitio con un compromiso de salvaguardar la privacidad, ¿qué va a pasar si no lo encuentran?, se pregunta. “Puede que reciban una buena oferta y que hagan una cesión de datos en unas condiciones que no garanticen la privacidad de todos esos datos genéticos”.

Puede que reciban una buena oferta y que hagan una cesión de datos en unas condiciones que no garanticen la privacidad de todos esos datos genéticos

Belén Pérez — Jefa de la Unidad de Genética del Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares (CEDEM).

“Los usuarios deben ser conscientes de que ceder una muestra de ADN a una empresa con fines comerciales conlleva riesgos significativos”, coincide Antonio Salas, genetista de la Universidad de Santiago (USC). Además, recuerda, la privacidad se extiende a parientes cercanos y lejanos, y puede facilitar la identificación de personas sin su consentimiento. “Ya existen antecedentes preocupantes: por ejemplo, 23andMe ha firmado acuerdos con la industria farmacéutica para compartir su base de datos y se han reportado solicitudes de acceso a estos datos por parte de cuerpos de seguridad”, apunta.

En opinión de Salas, es totalmente legítimo que una persona decida utilizar los servicios de una empresa de genómica recreativa como 23andMe, pero la mayoría de los usuarios desconocen o no comprenden completamente los riesgos que implica. “Quienes ya han compartido su ADN con estas compañías probablemente hayan cedido los derechos de uso de su información de por vida. En muchos casos, no hay forma de revertir esta decisión. Una vez que los datos han sido compartidos, resulta difícil eliminar su rastro o limitar su uso”.

Quienes ya han compartido su ADN con estas compañías probablemente hayan cedido los derechos de uso de su información de por vida

Antonio Salas — Genetista de la Universidad de Santiago (USC)

Para Gemma Marfany, catedrática de la Genética de la Universidad de Barcelona (UB), el principal problema de los tests genéticos directos al consumidor es que se trata a los solicitantes como clientes y no como personas que tienen datos genéticos potencialmente relevantes para su salud. “En Estados Unidos la protección ofrecida es muy parcial, ya que toda vez que el cliente envía su muestra, queda a discreción de la compañía su uso”, asegura. “Las firmas se comprometen a no ceder los datos personales a empresas de seguros, pero a su vez, quedan dispensados si la compañía entra en bancarrota o es absorbida”

“El hecho de que una empresa tenga nuestros datos genéticos y que vaya a desaparecer y venderse por partes es inquietante”, indica Montoliu. “Porque imagínate que tienen información de que yo voy a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa a los 65 o 70 años o tengo un riesgo elevado de desarrollar un cáncer, y esta información llega a manos de una empresa o una institución que quiere contratarme y que se lo va a pensar dos veces, o una aseguradora”. 

Para Belén Pérez, esta situación es la consecuencia de haber vendido estos kits de extracción de ADN “de una forma tan alegre”. “Estamos en una situación que se debería revisar”, subraya. En cuanto a la utilidad de estas bases de datos para obtener información anonimizada para tomar decisiones de salud pública, recuerda que ya se está haciendo desde las instituciones públicas con garantías, como el proyecto Un millón de genomas. “Yo no mandaría jamás el ADN a ninguna empresa, ya que ahí está también toda tu epigenética, está toda tu vida, las infecciones que has tenido, tu modo de vivir… Porque la información genética es realmente nuestra huella más importante de quiénes somos y cómo somos”. 

Solo con teclear el nombre de algún empleado o directivo en la intranet, todos los trabajadores de TMB, la compañía que gestiona el transporte público en Barcelona, han podido acceder durante meses a sus secretos: denuncias por acoso laboral, bajas médicas, grabaciones de reuniones confidenciales entre dirigentes o incluso sesiones de terapia con psicólogos de la empresa.

Una gran brecha de seguridad en la plataforma interna de esta empresa pública ha dejado al descubierto datos muy sensibles tanto de la compañía como de algunos de sus empleados. El fallo fue descubierto a finales de enero por los propios trabajadores de TMB, que avisaron durante una madrugada al responsable de guardia para que tomara las medidas pertinentes. 

Al cabo de unas horas, la empresa logró proteger la información que estaba a la vista. Los datos, sin embargo, llevaban al menos dos meses disponibles para cualquiera de los 8.500 empleados de TMB que tienen acceso a esta intranet, gestionada mediante la plataforma Sharepoint de Microsoft. 

Según ha podido comprobar elDiario.es, toda la documentación disponible, desde documentos en pdf hasta grabaciones de audio o de videollamadas, se podía descargar sin problema alguno, incluidos documentos cuyo nombre de archivo tenía el encabezamiento de “Confidencial”. Solo unos pocos archivos requerían de una contraseña específica para descargarlos. 

El alcance de la información al descubierto era significativo y había varios gigas de datos expuestos. En algunos casos, la información disponible era muy sensible y comprometedora para empleados que denunciaron a compañeros o testificaron en investigaciones internas por casos de acoso laboral o abuso de poder. 

Trabajadores que denunciaron acoso y presentaban un cuadro ansioso-depresivo y recurrieron a la ayuda psicológica que les ofreció TMB, vieron cómo sus sesiones de terapia en línea quedaron colgadas en la intranet y estaban disponibles para cualquiera que quisiera verlas o descargarlas en su ordenador. 

Las investigaciones internas por malas praxis de dirigentes y coordinadores también estaban al descubierto. En la intranet estaba disponible, por ejemplo, las entrevistas a los responsables de una presunta contratación irregular de detectives para hacer seguimientos a trabajadores.

El caso fue identificado y denunciado por el sindicato CGT a la Autoritat Catalana de Protección de Datos, a la Oficina Antifraude de Catalunya, a Inspección laboral y a los Mossos d’Esquadra.

TMB contactó a los afectados por la filtración, aunque algunos de los empleados aseguraban el pasado viernes que nadie les había notificado la exposición de sus datos. CGT también denuncia que no se ha informado al comité de empresa del caso.

La empresa, contactada por elDiario.es, señala que al enterarse de la brecha arregló el problema “de manera inmediata”, lo puso “en conocimiento de las autoridades competentes” e inició una investigación del caso, que todavía está en marcha.

TMB admite el carácter sensible de la información expuesta y asegura que los datos afectan a “menos de un centenar de empleados”, que ya han sido informados. “Si alguien no ha recibido este correo es porque no nos consta que sus datos hayan quedado expuestos”, afirma una fuente oficial.

Sobre el hecho de que no se informara al comité de empresa, una fuente oficial responde que TMB considera que no se trata de un tema que afecte a las relaciones laborales, sino que afectó a los derechos de cada trabajador “de manera individual”.

Entrevistas confidenciales y correos personales

Al descubrir la exposición de datos, también se constató que la empresa tenía descargada y guardada en una carpeta varios correos electrónicos personales que algunos empleados habían enviado desde su cuenta de email de TMB. 

Una búsqueda introduciendo nombres de trabajadores también permitía leer escritos de sus abogados en procesos judiciales todavía en curso. En la intranet también se podía comprobar que parte del personal de administración había accedido e incluso modificado datos confidenciales. 

Algunos de los vídeos disponibles en la intranet incluían grabaciones de reuniones de directivos de TMB en las que se abordaban asuntos confidenciales. También estaban colgadas, y a la vista de todos, las testificales de diversos empleados en investigaciones por acoso en el seno de la compañía. 

Otros datos a la vista estaban relacionados con solicitudes de acceso a la información pública que hacían representantes sindicales y trabajadores, documentos internos sobre traslados dentro de la empresa, quejas al canal ético de TMB y también evaluaciones de riesgos psicosociales a los que estaban expuestos algunos de los trabajadores.

El método de identificación digital conocido como Cl@ve se diseñó para simplificar y facilitar trámites con la Administración del Estado, aunque encontrarnos con la petición de “Autentificar por Cl@ve” puede convertirse en un obstáculo al iniciar cualquier trámite. Lo mismo ocurre como el DNI electrónico o el Certificado electrónico. El principal problema es conseguir dar de alta estos métodos de inicio de sesión. Se trata de un proceso que, si se intenta a ciegas, puede ser extremadamente complicado. Pero una vez formalizados pueden facilitar un sinfín de trámites. Te explicamos como darte de alta en Cl@ve Móvil, obtener un Certificado Electrónico Ciudadano e instalar lo necesario para usar el DNI electrónico.

Cómo dar de alta tu Cl@ve Móvil/Cl@ve PIN

Para qué sirve: se trata de un sistema de identificación temporal. Funciona con un código elegido por el usuario y un PIN comunicado al teléfono mediante la app Cl@ve o con un mensaje SMS. Lo positivo es que nunca tendrás que recordarlo.

Cuándo caduca Cl@ve PIN: es de un solo uso, extremadamente perecedero. Se genera una Cl@ve Móvil (antes conocida como Cl@ve PIN) por cada inicio de sesión en los portales de la Administración.

Para obtener la Cl@ve Móvil, deberás descargar en tu teléfono la aplicación APP Cl@ve y seguir estos pasos. Ten en cuenta que ya deberías estar registrado en Cl@ve, algo que ya deberías tener si has renovado tu Documento Nacional de Identidad (DNI) recientemente. En el caso contrario, solo tienes que acudir a la sede de la Policía Nacional donde sueles renovar tu DNI. El teléfono de contacto que facilitaste debe coincidir con el del dispositivo en el que vas a instalar Cl@ve Móvil:

Cómo usar Cl@ve Móvil

Para iniciar sesión en portales de la Administración Pública con Cl@ve Móvil, deberás seguir los siguientes pasos:

Certificado Electrónico Ciudadano

Para qué sirve: se trata de uno de los mecanismos de acceso más versátiles. Tal y como explica la Agencia Tributaria, es una “firma digital que se instala en el navegador para garantizar su identidad en Internet”. No solo se pueden realizar trámites con la Administración pública con esta herramienta, permite identificarnos en Internet con todo tipo de organismos y firmar documentos a distancia.

La parte negativa del Certificado Electrónico Ciudadano es que caduca pronto, solo dura 30 meses después de su emisión.

Para obtener un Certificado Electrónico Ciudadano es necesario seguir los siguientes pasos:

Cómo usar el Certificado Electrónico Ciudadano: los certificados digitales son extremadamente fáciles de usar. En los sitios web de la Administración Pública, si quieres iniciar sesión con ellos aparecerá una ventana emergente con un listado de los certificados que tienes instalados en tu ordenador. Elige el que quieres usar y accederás al lugar deseado. Si quieres firmar un documento PDF con un certificado digital, solo tendrás que seguir estas instrucciones.

Cómo usar DNIe/DNI 3.0 o DNI electrónico

Para qué sirve: de forma similar al Certificado Electrónico Ciudadano, el DNI electrónico sirve para acreditar de forma física y digital la identidad personal de su titular y permite la firma electrónica de documentos. “Tanto la firma como la acreditación electrónica tienen validez jurídica equivalente a la que proporcionan la firma manuscrita y la acreditación física”, abundan desde la oficina virtual del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Cómo dar de alta: para tener disponible tu DNI electrónico, solo necesitas que tu documento de identificación tenga un chip, una plaquita dorada de pequeño tamaño en el reverso de la tarjeta. De no tenerla, renueva tu DNI en tu sede de la Policía Nacional habitual:

Cómo usar DNI electrónico: utilizar el DNI electrónico es muy sencillo, solo necesitas introducir el DNI en el lector de tarjetas.

El Ayuntamiento de Marbella presionó a sus trabajadores para que cedieran su huella dactilar y sus rasgos faciales para el sistema municipal de control horario, hasta el punto de que algunos de ellos se están viendo obligados a litigar para recuperar el control de sus datos biométricos. Este medio dispone de documentación que acredita cómo el consistorio implantó el sistema de reconocimiento facial sin dar alternativa y abrió expedientes sancionadores a dos trabajadores que se negaron. En otros cinco casos, al menos, se negó a suprimir el registro de esos datos, por lo que los trabajadores han acudido a la justicia.

El consistorio aseguró la semana pasada que el sistema era “voluntario” para sus más de 4.000 de empleados, justo después de suspenderlo tras la apertura de un expediente sancionador por el Consejo de Transparencia, después de dos años aplicándolo y tras gastar en él más de 171.000 euros. “Ante las dudas que plantea el Consejo de Transparencia, a pesar de considerar que el sistema biométrico en el registro de jornada es el más adecuado por las garantías que ofrece en cuanto al fraude y a la comodidad del trabajador (…) el Consistorio ha decidido optar por retirar el sistema biométrico, que hay que recordar que era voluntario para los empleados municipales, y mantener el manual”, señaló el ayuntamiento. Consultado nuevamente por elDiario.es, el Ayuntamiento insiste: “Como todo el mundo sabe desde su apuesta en marcha, es un método voluntario”.

“No es cierto”, rebate José Montesinos, secretario general del sindicato SEALS: “La gran mayoría de la plantilla no dio los datos voluntarios, sino bajo amenazas. En la Policía, a quien no quería dar los datos le amenazaban con no abonar la nómina mensual”. Lo mismo señala José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA.

Pleito para cancelar el registro de los datos personales

Cinco agentes municipales, representados por SEALS, pleitean ahora para recuperar el pleno control de sus datos. Estos empleados públicos pidieron al ayuntamiento la supresión de “cualquier dato biométrico recabado sobre su persona” a finales de 2023, invocando el Reglamento de Protección de Datos.

El ayuntamiento se negó, asegurando a su vez que había una excepción a la prohibición genérica de recopilar este tipo de datos en aquellos casos en que “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones”, según la resolución a la que este medio ha tenido acceso.

El razonamiento del consistorio era que no podía controlar el cumplimiento de los horarios si no hacía a sus trabajadores fichar mediante huella dactilar o técnicas de reconocimiento facial. “Pero podía seguir haciendo el control a través de sistemas internos, de la app o de la web del ayuntamiento, que son métodos menos invasivos”, rebate Montesinos. De hecho, así lo hace desde hace una semana.

Cuando el ayuntamiento rechazó cancelar sus datos, cada uno de los cinco trabajadores interpuso una demanda ante los tribunales. “Cada persona es titular de sus datos para toda la vida. Se pueden ceder y luego pedir el borrado”, subraya Montesinos, quien abre la puerta a posibles reclamaciones económicas si los tribunales les dan la razón. Los dos primeros juicios por este asunto están previstos para mayo y junio.

Presiones en la Policía Local y expedientes en limpieza

Este medio ya informó hace un año de la conflictividad que había generado el sistema, sobre todo en la Policía Local de Marbella. En noviembre de 2023, la Agencia de Protección de Datos publicó una nueva guía que restringía enormemente la recopilación y uso de datos biométricos, dejando fuera de juego el sistema por el que había apostado Marbella. Sin embargo, el consistorio siguió adelante, insistiendo a sus empleados mediante instrucciones internas para que se prestaran a la toma de datos.

Así, en diciembre de 2023 el Intendente Jefe de la Policía Local envió una instrucción a toda la plantilla convocándola a la toma de huellas y un escáner facial, en tono imperativo y sin hacer alusión alguna a la supuesta voluntariedad del sistema. Días después, el mismo mando avisó de que el sistema quedaría implantado a partir del 1 de enero, nuevamente sin mención de que los trabajadores pudiesen seguir optando por otros sistemas alternativos de fichaje.

Meses antes, el ayuntamiento había abierto dos expedientes disciplinarios a dos trabajadores del servicio de limpieza, por “negarse a realizar los fichajes de entrada y salida de la jornada laboral, mediante los medios habilitados por el Ayuntamiento”. El consistorio ha explicado a este medio que se trataba de que utilizaran la app, pero que el expediente no tenía relación con los datos biométricos. Sin embargo, en el pliego de cargos, al que este medio ha tenido acceso, se les imputa que se negaran “a realizar la toma de datos biométricos”.

En su descargo, los trabajadores aportaron su hoja de firmas. No se negaban a fichar, sino que querían hacerlo a la manera habitual o, al menos, no entregar sus rasgos faciales, “manteniéndose en su postura de solo permitir la toma de huella y no de biometría facial, decidiendo continuar con el sistema antiguo de fichaje, a pesar de haber sido informado en comparecencia que los partes de firmas no eran el medio válido de fichaje y que ya no se encontraban vigentes como sistema de control”, según el pliego de cargos.

Los trabajadores se exponían a una posible suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años. El ayuntamiento no ha aclarado qué ha pasado con esos expedientes, aunque asegura que no se ha sancionado a ningún empleado público en relación con el sistema biométrico.

170.000 euros por el sistema

El ayuntamiento marbellí gastó 171.299,70 euros en contratar la instalación y servicio por este sistema. Era el año 2021 y lo justificó en la pandemia: se trataba, decían los pliegos, de modificar los sistemas de control efectivo de la jornada laboral con la “aplicación de nuevas tecnologías que faciliten la protección frente al coronavirus”. Ya había máquinas de huellas dactilares, así que se buscaba implantar sistemas de reconocimiento facial, o el acceso mediante dispositivos móviles de uso personal o tarjetas NFC.

En los pliegos no se recoge ninguna cláusula que sujete el contrato al cumplimiento de la normativa de protección de datos. Por entonces, la Agencia no había publicado la nueva guía y la recopilación de estos datos era más laxa en España que en el resto de Europa, algo que cambió mientras Marbella completaba su implantación para toda la plantilla.

El contrato fue a parar a Atisoluciones Diseño, S.L., y obligaba a instalar 150 terminales de reconocimiento, a 750 euros cada unidad, además de a un servicio de mantenimiento. Expiraba en 2023, aunque era prorrogable a 2024 y 2025 si se abonaban 28.549 euros por cada una de esas anualidades.

Posible sanción de competencia

Tras adjudicar el contrato en junio de 2021, la implantación del sistema de control biométrico se produjo a lo largo de 2022 en la mayoría de las dependencias municipales. Pero tanto SEPMA como SEALS llevaron el asunto ante Transparencia, por entender que el sistema vulnera el artículo 18.4 de la Constitución que señala: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

En España, el uso de estos sistemas quedó muy restringido cuando la Agencia de Protección de Datos aprobó una nueva guía en noviembre de 2023, adaptando al fin una directriz europea que ya se aplicaba en la mayor parte del espacio comunitario. Desde entonces, “el responsable [de los datos, aquí el Ayuntamiento de Marbella] debe contar con una norma con rango de ley que autorice específicamente utilizar datos biométricos para dicha finalidad”, según su lee en esa guía. Los biométricos se consideran, además, datos “de alto riesgo”.

Sin embargo, y pese a las advertencias sindicales, el Ayuntamiento de Marbella hizo caso omiso del documento y no sólo mantuvo el sistema que ya aplicaba en la mayoría de los departamentos, sino que lo extendió a la Policía Local. Otros lo vieron venir y pararon a tiempo: tras reunirse con los sindicatos, el ayuntamiento de Estepona canceló su puesta en marcha, que ya tenía programada.

La semana pasada se supo que Transparencia ha incoado un expediente sancionador por esta práctica contra el ayuntamiento marbellí, que reaccionó anunciando la suspensión del sistema, pero dejando la puerta abierta a recuperarlo en el futuro.

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 6.000 euros que Protección de Datos impuso a un hombre por difundir un vídeo de una agresión machista sin consentimiento de la víctima y sin ocultar el rostro del niño menor de edad que salía en él. Los jueces destacan que su difusión en X –antes Twitter– tuvo más de 190 retuits y que no consta que la mujer diera su consentimiento para que se difundiera, lo que mantiene la existencia de la infracción aunque el hombre alegase que su objetivo era concienciar sobre la violencia machista. Tampoco se salva porque varias personas con muchos más seguidores en esa red social difundieran el mismo vídeo y no fueran sancionadas al haberlo borrado a tiempo.

Tal y como explicó elDiario.es, la agresión tuvo lugar en Eibar (Gipuzkoa) en el verano de 2020. En las imágenes se veía a un menor de 17 años pegar a una mujer en plena calle en presencia del hijo pequeño de ésta, que en un momento dado intentaba intervenir y frenar la agresión. El acusado, que llegó a usar un arma blanca, se puso a disposición de la Fiscalía de Menores unas horas después. Para entonces el vídeo ya estaba circulando tanto en las redes sociales como en diversos medios de comunicación.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) empezó a investigar poco después, cuando el vídeo de la agresión se viralizó con la cara del hijo de la víctima, menor de edad, perfectamente reconocible en algunos fragmentos de la grabación. Varias personas fueron investigadas, entre ellas una periodista y una concejala de Palma que habían difundido las imágenes, y finalmente la decisión fue multar al usuario de Twitter considerado como el primero que difundió el vídeo sin el consentimiento de la víctima de la agresión.

A lo largo del proceso, el multado alegó que había actuado “de buena fe”, creyendo que “estaba ayudando a concienciar sobre el problema de la violencia sobre la mujer”. La propia red social, hoy conocida como X, se negó entonces a borrar el vídeo al entender que había sido difundido “para crear conciencia sobre la violencia perpetrada contra las mujeres”. La conclusión de Protección de Datos fue, sin negar el valor informativo de las imágenes, dar más valor a los derechos de la joven y el niño. “No era necesario publicar las imágenes que les identifican”, explicó, tras recordar que varios medios de comunicación publicaron las imágenes pero pixelando las caras.

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, según ha podido comprobar elDiario.es, ha rechazado el recurso del sancionado y ha confirmado su multa de 6.000 euros, que todavía puede combatir ante el Tribunal Supremo. Los jueces destacan que “hay constancia” de que fue él quien publicó el vídeo en su cuenta de Twitter obteniendo “190 retweets, 207 tweets y 209 me gusta”, deduciendo la sentencia que “el numero de seguidores del Twitter del sancionado es bastante amplio”.

Tampoco prospera uno de los argumentos de su recurso: que la madre que sale en el vídeo dio su consentimiento de forma tácita para su difusión porque no presentó ningún tipo de reclamación ante la AEPD. Y remarca que en varios fragmentos “son plenamente identificables la madre y el menor”. De forma subsidiaria, el usuario de Twitter había pedido que su multa fuera reducida de 6.000 a 300 euros, algo que igualmente rechaza el tribunal.

Este usuario no fue el único que difundió las imágenes de la agresión sin pixelar. En un primer momento, la acción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se dirigió también contra una periodista y una concejala de Palma, pero finalmente no fueron sancionadas, en uno de los casos porque “retiró el vídeo sin que la Agencia se dirigiese a ella”.

A lo largo del proceso legal en torno a la publicación de este vídeo, la AEPD explicó que cualquiera tiene “el poder de decisión sobre la difusión de su propia imagen como dato personal”, pudiendo “ceder” ante el derecho a la información. En este caso su publicación fue “inconsentida” además de “excesiva y desproporcionada”, al entender la Agencia no existía “un interés público” en la difusión de la imagen y sin que aportara “valor añadido” a la información.

La AEPD concluyó afirmando que se podría haber hecho de otra manera: “Difundir imágenes para que se reflexione sobre la violencia de género, sin necesidad de que se identifique a las personas que la están sufriendo, mediante, por ejemplo, el pixelado de sus imágenes”.

Se anunció como una ley que pretende terminar con el spam telefónico, las llamadas telefónicas comerciales no deseadas que nos acribillan de vez en cuando sin que sepamos muy bien por qué. La Ley General de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de junio de 2022, incluía en su artículo 66 la prohibición, con una moratoria de un año, de hacer llamadas a los consumidores sin su consentimiento expreso.

Traducido al lenguaje del usuario, esto quiere decir que a partir del 29 de junio de 2023 no será necesario que estemos inscritos en la lista Robinson para que las empresas tengan prohibido hacernos llamadas comerciales sin nuestro consentimiento expreso. Desde ahora, las firmas de telemarketing y promociones no podrán llamar a nadie salvo que tengan el consentimiento expreso de la persona aludida —aunque las llamadas realizadas sin intervención humana están excluidas de la norma—. ¿Terminará esta prohibición de una vez por todas con el llamado “spam telefónico”?

Multas de hasta 100.000 euros

Francisco Burgos, abogado experto en protección de datos, destaca que “las empresas que incumplan esta normativa podrán llegar a enfrentarse a multas de hasta 100.000 euros”. Ahora bien, señala que el talón de Aquiles de este asunto, y de la ley, es el concepto de “consentimiento expreso” del usuario. Cuándo se produce y cuándo no puede atribuírsele.

Por ejemplo, es público y notorio que la principal causa por la que personas inscritas en la Lista Robinson seguían recibiendo llamadas comerciales era que desconocían que habían dado su consentimiento expreso al aceptar las condiciones de uso de los distintos servicios, que contemplaban la cesión de datos a terceros y, por supuesto, la comunicación comercial, todo ello escondido en un farragoso texto legal.

Incluso cuando en una página web de un servicio de telefonía, por ejemplo, pulsamos en el botón “llámanos” para que nos informen con más detalle de viva voz, estamos aceptando comunicaciones comerciales telefónicas. Es altamente probable que partir de entonces suframos una tormenta de llamadas publicitarias durante una buena temporada aunque estemos en la citada lista Robinson.

Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores de España, OCU, ve el cambio que traerá la ley positivo, pero cree que no es suficiente para acabar con el problema del spam telefónico: “Ahora, en teoría, la posibilidad de que te llamen indiscriminadamente desaparece, puesto que precisan de tu consentimiento expreso, cuando antes lo que tenías que dar era la negativa expresa en la lista Robinson pero en la práctica, y nosotros hemos hecho un estudio, el consumidor lo tiene complicado”.

En teoría, la posibilidad de que te llamen indiscriminadamente desaparece, puesto que precisan de tu consentimiento expreso (...) pero en la práctica el consumidor lo tiene complicado

Enrique García — portavoz de la OCU

García apunta como motivo que “seguramente, las empresas harán una modificación en las condiciones generales para que hagas un consentimiento expreso de nuevo sin tener idea clara de ello”, de modo que volvamos a la situación anterior: “Aceptamos las llamadas pero no sabemos cómo ni por qué”.

Tampoco Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, la otra gran asociación de consumidores de España, ve claro que la ley vaya a ser funcional: “Evidentemente, la norma tiene sus aristas y, por ejemplo, la gran duda es qué pasa con quien ya dio consentimiento expreso antes de esta norma; ¿valen esos consentimientos antiguos o a partir de ahora se resetea todo y tenemos que dar de nuevo confirmación?”. “No está del todo claro, se podría interpretar una cosa o la otra”, dice.

Un consentimiento expreso, pero poco claro

Sánchez también añade que “el problema es la poca claridad del consentimiento: por ejemplo, si hemos firmado un contrato con el banco de Santander y al firmarlo solo dábamos consentimiento de comunicación y tratamiento de datos a dicha empresa o bien estábamos cediendo el tratamiento de datos a empresas terceras para que nos llamen (y esas empresas pueden ser cualquiera)”.

A este respecto, Francisco Burgos explica, tras consultar la ley con la Agencia Española de Protección de Datos (ADEP): “Desde la AEPD nos dicen que han iniciado un trámite para recabar la opinión de los interesados y que cuando lo terminen realizarán un informe estableciendo en qué casos se podrá recibir o no este tipo de llamadas. Será la misma AEPD la encargada de sancionar los posibles casos pero es la Ley General de Telecomunicaciones la que establece la cuantía de las sanciones, siendo la propia AEPD la que velará por su cumplimiento”.

La gran duda es qué pasa con quien ya dio consentimiento expreso antes de esta norma

Rubén Sánchez — portavoz de FACUA

Otro aspecto a destacar, según este abogado, es que “si la persona desea seguir recibiendo este tipo de llamadas, la empresa deberá facilitarle un formulario o documento donde el usuario pueda indicar de manera expresa su deseo de seguir recibiendo este tipo de llamadas, lo mismo que la famosa lista Robinson”.

Este abogado tiene sus reservas sobre la efectividad en la práctica de la nueva norma: “La AEPD tiene una misión diría que bastante complicada, ya que prohibir a empresas de la dimensión de Vodafone, Orange, Telefónica, etc. que sigan efectuando este tipo de llamadas bajo sanción de 100.000 euros será como si a cualquier persona nos ponen una multa de parquímetro de 50 euros”. Burgos cree que, probablemente, “la pagarán [la multa] y continuarán haciéndolo [el spam telefónico] porque les sale más rentable que dejar de utilizar este servicio tan lucrativo como es el tratamiento de datos sin consentimiento de los usuarios y el flujo de datos entre ellas mismas”. 

También Enrique García (OCU) coincide con Burgos: “Nos preocupa el sector de las telefónicas y las empresas de energía, porque muchas veces actúan a través de intermediarios subcontratados que son los que hacen las ofertas y que no tienen relación directa contigo, y a veces ni siquiera conservan tus datos, sino que se les asigna la llamada aleatoria”.

Según García, “para desistir de un consentimiento expreso debes conocer la empresa con la que tratas, y esto no se da con estas, ni tampoco con los famosos números ocultos”, que imposibilitan, por ejemplo, pedir los cuestionarios que cita Burgos. En datos de la propia OCU, solo en un 33% de las llamadas realizadas es posible identificar quien está detrás de estas. García también hace la siguiente reflexión: “¿Cómo puede la AEPD abrir un expediente contra una empresa que hasta el consumidor afectado desconoce?”. Pero el abogado Francisco Burgos aclara a este respecto que, según la AEPD, “si la llamada es desde un call center, nacional o fuera de nuestro país, la sanción no irá para este, sino para la empresa responsable del tratamiento de esos datos”.

Incumplimiento de la norma anterior

Rubén Sánchez, de FACUA, valora de todos modos la norma como positiva en cuanto a que “viene a reforzar la normativa anterior sobre el papel”, pero destaca que “el gran problema del sector del spam telefónico no es tanto la falta de regulación como el incumplimiento por parte de las empresas de las normas establecidas”. De hecho, apunta que la norma vigente antes de que entrara en vigor esta ya era muy contundente: “Cuando te llama una empresa por una comunicación comercial, el teleoperador está obligado a decirte antes que nada que tienes derecho a indicarle que deseas que no te llamen más y, en ese momento, la empresa está obligada a interrumpir la llamada y no volver a llamarte jamás”.

El gran problema del sector del spam telefónico no es tanto la falta de regulación como el incumplimiento por parte de las empresas de las normas establecidas

Rubén Sánchez — FACUA

Sánchez lamenta que “esto no se cumple nunca o casi nunca” y, además, “casi nadie sabe de la existencia de esta norma”. Y lo resume así: “Hemos tenido una norma muy parecida a la actual que no se ha cumplido por parte de casi ninguna empresa y que tampoco los consumidores conocían, por lo que su aplicación ha sido nula”.

El portavoz de FACUA asegura que desde la organización lo han constatado y que “ha habido muy poco uso de la citada norma de objeción y que cuando los consumidores la han usado, los teleoperadores han pasado olímpicamente”. También explica que han llevado la cuestión ante la AEPD con casos concretos, y “en algunas ocasiones, el fallo de la citada agencia ha ido en contra del consumidor. Hay formas muy diversas de instruir estos casos en la AEPD según el instructor que te toque”. Dice, por su parte: “Creemos que Protección de Datos tiene que unificar criterios y enmendarse de determinados defectos y carencias que tiene a la hora de instruir denuncias de consumo”.

Concluye el portavoz de FACUA que “una vez entre en vigor la nueva ley nosotros vamos a potenciar las denuncias a aquellas empresas que incumplan la norma para crear una tracción reactiva que les sirva de advertencia”.

Jan y Marga son una pareja con tres hijos que vive en Barcelona. El pasado puente del 1 de mayo alquilaron junto con otras dos parejas, con hijos también, una villa vacacional en la costa catalana. Se trataba de una finca grande, con piscina, zona de barbacoa y una zona amplia de juego. Además, el interior de la casa estaba decorado con mucho mimo. Pero este alquiler tenía una particularidad: disponía de una instalación de cámaras de videovigilancia, situadas tanto en el interior como en el exterior de la casa, enfocando hacia la piscina y demás zonas comunes, así como la cocina y el comedor en el interior.

“Al realizar la reserva, estudiamos los servicios y vimos que tenía cámaras, lo que nos generó un debate inicial”, explica Marga. “Finalmente, decidimos reservar la casa y una vez allí pudimos hablar con la dueña, que nos explicó que la presencia de cámaras era totalmente legal y que ella no miraba nunca el contenido a no ser que desaparecieran objetos o aparecieran rotos”.

“Lo cierto es que allí donde había cámaras había un cartel avisando de la presencia de las mismas y tampoco encontramos otras en espacios más privados, pero a mí me generó durante todo el puente una intranquilidad: era la sensación continua, al ver los carteles, de estar vigilados”, prosigue esta mujer, ejecutiva en una start up radicada en el distrito tecnológico @22 de Barcelona.

Marga reconoce que su impresión no fue la general: “Hubo una cierta división de opiniones, ya que mientras a algunos nos parecían una intromisión, para otras personas, según dijeron, no supusieron ningún problema”. Si tuviera que volver a elegir un alojamiento, teniendo en cuenta su propia experiencia, no repetiría: la presencia de cámaras sería un obstáculo para realizar la reserva. Cuando me voy de vacaciones me gusta estar tranquila y sin la sensación de que alguien puede ver lo que yo he estado haciendo, aunque no haya estado haciendo nada malo“. ”A nosotros nos puede vigilar el anfitrión, pero nadie vigila al que vigila...“, añade.

Tal vez esta sensación que relata Marga de no tener la total seguridad de que tu intimidad sea respetada es la que explique la proliferación en redes sociales de todo tipo de trucos y protocolos para detectar cámaras ocultas en alojamientos vacacionales, pero también en hoteles, restaurantes y hasta en baños públicos. Y no solo en España, sino en todo el mundo.

Proliferan los artículos sobre cómo encontrar las cámaras que nos están grabando sin que lo sepamos y también los vídeos, tanto en YouTube como en TikTok y otras redes para detectar estos perversos ojos mecánicos. No obstante, apenas hay noticias reales sobre casos de grabaciones de este tipo en alquileres vacacionales.

¿Un plus de seguridad para los inquilinos?

Sergio es coanfitrión de una masía situada en un pueblo a 17 kilómetros de Girona, en la frontera con las turísticas comarcas del Baix y el Alt Empordà. Le localizamos a través de Airbnb buscando alquileres vacacionales que tengan cámaras de seguridad, una opción que figura en el apartado de servicios del alojamiento y ha accedido a hablar con elDiario.es.

Asegura que él y su socio siempre han pensado en las cámaras como un plus de seguridad para los inquilinos, ya que la masía está algo apartada del núcleo del pueblo: “Yo creo que si pasas una temporada en nuestro alojamiento, estarás más tranquilo si sabes que hay unas cámaras enfocadas hacia la zona de la entrada principal al recinto, así como en la de la piscina y otras zonas por las que se puede acceder al interior de la casa”. Y explica que esta puede ser una herramienta útil para los inquilinos en caso de robos en el alojamiento“.

No obstante, reconoce: “lógicamente, si te saltas las normas que fijamos en el contrato de alquiler, que implica por ejemplo no hacer fiestas masivas y respetar los bienes de la casa, las grabaciones pueden servirnos como prueba documental, para reclamarte el valor de lo que puedas haber roto o una penalización, por ejemplo, por haber montado una fiesta multitudinaria que haya molestado a nuestros vecinos”.

Sergio, que asegura que jamás ha tenido que recurrir a las cámaras por ningún incidente, ofrece un dato que responde a las dudas de Marga sobre si los anfitriones suelen mirar las grabaciones: “En la mayoría de los casos que yo conozco de dueños de casas que se anuncian en estas plataformas y usan cámaras, la instalación y gestión de las mismas se contrata a empresas de seguridad que además realizan todas las gestiones con la Agencia de Protección de Datos. Estas empresas son las que reciben las grabaciones que se realizan a diario, no solo de nuestro alojamiento, sino de muchos otros”, explica Sergio.

El anfitrión reitera: “Jamás hemos tenido ningún problema en todo el tiempo que llevamos con las cámaras”, pero añade: “Si lo tuviéramos, nosotros no tenemos acceso directo a las grabaciones, sino que tenemos que rellenar una instancia para pedírsela a la empresa de seguridad, siempre explicando los motivos, y ellos nos pasarían la grabación del día concreto que les reclamamos”. Pero no pasa por alto otra realidad latente que propicia un escenario más borroso para la privacidad de los inquilinos: “Puede ser que haya dueños de pisos que compren las cámaras en una tienda o en Amazon, pero si quieres de verdad una instalación seria acudes a una empresa de seguridad”.

¿Es legal poner cámaras en apartamentos turísticos?

Francisco Burgos Rubiales, abogado especializado en protección de datos, dice en conversación telefónica con este periódico que la colocación de cámaras de vigilancia en pisos turísticos sí es legal “pero debe cumplir con los mismos requisitos que en el caso de comunidades de vecinos o empresas”. “No debe enfocar a la vía pública, ni mostrar imágenes de otros apartamentos distintos al que se pretende vigilar.

Tampoco deben estar en zonas privadas de la casa o apartamento como lavabos, dormitorios e incluso el gimnasio; limitándose su presencia a zonas comunes como el comedor, la cocina o las zonas de recreo exteriores tipo barbacoa, piscinas, etc.“, explica. Además, subraya que ”las grabaciones que realicen las citadas cámaras no pueden conservarse más de 30 días, según la Ley de Protección de Datos, término tras el cual deberán ser destruidas“.

Es obligatorio estar informado por la AEPD

Desde la AEPD explican que con la entrada en vigor en enero de 2018 del Reglamento Comunitario de Protección de Datos (RGPD) la obligación anterior de inscribir los ficheros de cámaras instaladas desaparece en el registro de la agencia. Antes de esa fecha debíamos estar inscritos como dueños y responsables de las cámaras instaladas.

“Desde enero de 2018, la única obligación que tiene quien instale unas cámaras en el ámbito doméstico es la de estar informando a través nuestro de sus deberes y los procedimientos que debe seguir para no violar el derechos a la intimidad de sus huéspedes”, explican en la agencia.

Y añaden que “para ello se debe acudir a la herramienta Facilita RGPD en nuestra página web donde, tras cumplimentar una serie de datos, que no quedan guardados en nuestros ficheros, se emitirá un documento que el responsable de las cámaras deberá guardar, previamente firmado, para entregar en caso de requerimiento de la AEPD”.

Los carteles deben ofrecer los datos del responsable de las mismas

Junto a la descarga del documento, donde se informa de las obligaciones del responsable, también se accede a una imagen digital de los carteles, con nombre y dirección del citado responsable, que son los reglamentarios para imprimir y colgar en el apartamento donde haya cada cámara.

Protección de Datos confirma que el cartel que debe figurar es el que la agencia proporciona y no el de la empresa que ha instalado las cámaras, y en él deben constar el nombre y apellidos del responsable de las cámaras así como sus datos de contacto y la finalidad de las mismas.

Tanto Burgos como fuentes de la AEPD coinciden en que solo el responsable que ha suscrito la documentación ante la AEPD puede visionar el contenido de las cámaras y solo puede compartirlo con las fuerzas y cuerpos de seguridad a requerimiento de estos, normalmente tras una denuncia del citado responsable, ya que las grabaciones, si están realizadas acorde a la ley, pueden ser una prueba válida en un juicio.

“Compartirlo con cualquier otra persona, o bien sin denuncia previa de un supuesto delito que puede ser de robo o de bienes rotos, etc., está penado por ley, incluso con penas graves si se hace comunicación pública del contenido [se comparte en redes, en aplicaciones de mensajería...]”, aclara el abogado.

La política de Airbnb

Este periódico se ha dirigido a Airbnb para conocer cuál es su postura como principales gestores de la oferta de alquiler vacacional privado en España. Desde la plataforma nos aclaran que lo que más les preocupa es que la existencia de cámaras, que reconocen como un derecho, debe estar debidamente informada a los huéspedes, tal como demanda el RGPD.

“Los anfitriones siempre deben informar sobre los dispositivos que existan en o alrededor del alojamiento y las cámaras y otros dispositivos de vigilancia no se permiten en los alojamientos si no han sido previamente comunicados y mostrados”, explican. “Estos dispositivos nunca se permiten en los espacios privados del alojamiento como baños, dormitorios y otros espacios de descanso”.

Airbnb informa claramente de sus políticas al respecto en su página web y aclara que contemplan la “toma de medidas contundentes en el caso excepcional de que se denuncie un problema de este tipo, que incluyen la retirada del alojamiento y del usuario de la plataforma y, si es necesario, la asistencia a las investigaciones de la policía a través del portal de Airbnb para las autoridades”. Airbnb pone a disposición de los huéspedes la línea de protección 24 horas para denunciar este tipo de infracciones.

También explican que en el apartado de los servicios que ofrece cada alojamiento turístico debe figurar la presencia de cámaras, en el caso de que estas estén instaladas, para que los futuribles huéspedes puedan tomar la decisión de contratar o no la casa o el apartamento.

En este sentido, tal como explica Sergio desde su perspectiva como anfitrión en la plataforma: “la presencia de cámaras es un servicio más, como puede serlo el admitir o no mascotas. Si tienes mascotas y no se aceptan, no te quedarás con el alojamiento; del mismo modo si hay cámaras y te incomodan, también busca otros”.

¿Cámaras ocultas en apartamentos turísticos?

Respecto a la paranoia digital sobre la existencia de cámaras ocultas en alojamientos turísticos, Burgos Rubiales es contundente: “se trataría de un delito muy grave aunque no se comunique públicamente y podría conllevar incluso penas de cárcel si prosperase una denuncia”.

Airbnb, por su parte, señala que no es un problema generalizado que detecten. La plataforma asegura que “con más de 1.000 millones de check-ins realizados en Airbnb hasta la fecha, los incidentes [de cámaras ocultas] son aislados y raros”, pero de todos modos “no es algo que afecte de manera particular o exclusiva a Airbnb, sino que se trata de un asunto que puede perjudicar a todo el sector de hospitalidad, tanto a otras plataformas como a los hoteles”.

“No le puedo facilitar esa información por protección de datos”. Es una excusa a la que las empresas recurren a menudo para no compartir información con los ciudadanos. Sin embargo, solo pueden utilizarla cuando los datos solicitados son de otras personas; no para ocultar información incómoda para ellas o que no deseen que se haga pública. No hay derecho a la protección de datos para las empresas. Así lo recoge la normativa y así lo ha ratificado el Tribunal Supremo en una sentencia publicada este lunes.

Los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo han fallado en este sentido en un recurso de casación ante una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Este daba la razón a una residencia privada para la tercera edad que se negó a proporcionar información sobre las sanciones que le ha impuesto la Generalitat por diversas irregularidades. A pesar de que la ley de protección de datos especifica que se trata de un derecho solo aplicable a las personas físicas (personas reales) y no a personas jurídicas (empresas, instituciones o fundaciones), las interpretaciones erróneas llegan incluso hasta instancias superiores como la del TSJC.

El caso comenzó en 2018 cuando una periodista solicitó información sobre dichas sanciones impuestas a residencias públicas y privadas en los cuatro años anteriores. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya declaró el derecho de la periodista a acceder a los datos, pero la Fundación Privada Residencia Bell Repós de Súria se negó a facilitarlos y llevó esta resolución a los tribunales. El TSJC dio la razón a la Fundación y ordenó que “debe excluirse su identificación, es decir su nombre, la del establecimiento de que es titular y su ubicación geográfica” en la respuesta de transparencia. Es decir, cualquier dato con el que se pueda identificar a la organización.

“La protección de datos personales relacionados con la comisión de infracciones administrativas que no conlleven amonestación pública, se sitúa al mismo nivel que los relativos a la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial, la salud y la vida sexual, y la comisión de infracciones generales”, afirmaba el tribunal catalán, “en las circunstancias de la Fundación actora, no cabe desvelar su identidad como sancionada”.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés llevó el caso al Supremo, que ha tumbado la argumentación del TSJC. “La regulación sobre protección de datos personales se constriñe a las personas físicas y no incluye a las personas jurídicas”, zanjan los magistrados, que inciden que el bloqueo de las solicitudes de transparencia por este motivo es una aplicación indebida de la normativa.

La propia Fundación Privada Residencia Bell Repós de Súria reconoció durante el proceso y la vista oral que la aplicación de la ley de protección de datos que había hecho el TSJC era incorrecta, a pesar de que venía motivada por su propio recurso en contra de la decisión de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés de 2018. No obstante, pide que los magistrados no anulen la sentencia completa y zanjen con una negativa la petición de transparencia “por ser acorde con la legalidad vigente”. El Supremo no ha admitido este punto y ha devuelto el caso de transparencia a la sala original para que valore el caso en función de la libertad de información y obvie la protección de datos.

Para el abogado especialista en privacidad Samuel Parra, lo llamativo de todo el proceso es que un caso de estas características haya llegado tan lejos. “Que haya tenido que decir el Supremo que las empresas no son titulares del derecho a la protección de datos, cuando es algo que tenía poco de interpretación. Nunca lo han tenido”, expone. “La ley y las Sentencias del Tribunal Constitucional eran muy claras al respecto: es un derecho exclusivamente de las personas físicas”, sostiene. 

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*Este videoconsejo es fruto de la colaboración entre la Fundación Cibervoluntarios.org y eldiario.es con el ánimo de reducir la brecha digital en la sociedad española con ejemplos concretos y prácticos.

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