La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alicante y ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, deberá prestar declaración el próximo día 24 de mayo ante la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la investigación abierta para determinar si existen indicios de la presunta compra de su voto para la sesión de investidura a la Alcaldía de Alicante, en la que finalmente el PP volvió a colocarse al frente del consistorio tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.

En declaraciones a Europa Press, Belmonte ha indicado que ha recibido la citación para el próximo día 24 y ha asegurado estar “deseando” acudir para que “la verdad reluzca entre tanta indecencia. Será un día de celebración”.

La candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos, no pudo en el pleno de investidura alcanzar los 15 apoyos suficientes para que el PSPV siguiera al frente del consistorio al votar Belmonte en blanco, al igual que el otro edil no adscrito Fernando Sepulcre, ex de Cs.

Esta es la primera decisión tomada por el fiscal encargado del caso, Felipe Briones, después de que el pasado 9 de mayo abriera diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia interpuesta una semana antes por dos vecinos. El ministerio público dispondrá ahora de seis meses para realizar las investigaciones. Tras estas diligencias, Anticorrupción tendrá que decidir si traslada el caso a los juzgados o emite un decreto de archivo.

Nerea Belmonte ha afirmado que no ha recibido ninguna notificación al respecto y se ha mostrado “tranquila” ante la posibilidad de tener que ir a declarar.

Contrato de 3.500 euros

Belmonte aseguró en el pleno ordinario del pasado 26 de abril que un partido de izquierdas le había ofrecido un contrato de 3.500 euros al mes e ir en las listas de cara a las elecciones del año que viene si apoyaba en la sesión de investidura a la candidata socialista Eva Montesinos. Además, aseguró que la oferta no provenía del Partido Popular y sugirió al portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, que “mirara más cerca de él”.

Por su parte, desde el PSPV, partido que llevó las negociaciones con Belmonte para el pleno de investidura, se afirmó que eran “insinuaciones falsas” y se reiteró que se habló de cuestiones de “carácter político” con Belmonte.

Por ello, desmintieron cualquier ofrecimiento. La candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos, sostuvo que en la negociación “no se ofreció nada más allá que la firma del Reglamento Orgánico del Pleno, el documento que se firmó y que no aceptó”.

Los denunciantes fueron quienes previamente denunciaron a Gabriel Echávarri por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del ahora alcalde 'popular', Luis Barcala, caso por el que ha acabado finalmente procesado además de por presuntas irregularidades en la Concejalía de Comercio que dirigió.

Podemos ha valorado muy negativamene la recuperación del PP de la alcaldía de Alicante a través de Luis Barcala, y ha repartido culpas entre PSPV, Ciudadanos y la tránsfuga Nerea Belmonte, librando así de cualquier responsabilidad a Guanyar Alacant (formación en la que se integró Podem en las municipales) y a Compromís.

Las primeras valoraciones de la formación morada han sido para criticar al PP, asegurando que el cambio de alcaldía “es un acontecimiento político lamentable”, además les acusa de ser “el partido más corrupto de Europa”, porque Alicante es una ciudad a la que “saqueó sin miramientos durante larguísimos años”.

Después las críticas han virado hacia el PSPV. Así recriminan a los socialistas que la no investidura de Eva Montesinos como alcaldesa “es responsabilidad del desequilibrio generado por el exalcalde, Gabriel Echávarri y la cúpula del PSPV después de más de un año sin resolver una alcaldía a la deriva”.

Añaden también que “es absolutamente irresponsable que no se haya podido llegar a un acuerdo para un gobierno plural y de transición y ayude a recuperar la credibilidad en la institución. El personalismo ha primado por encima de los intereses de la ciudad”.

A continuación sobre ciudadanos les reprochan que “Ciudadanos ha optado por que el partido de Brugal vuelva a gobernar en Alicante. Como viene siendo habitual, antepone su interés especulativo electoral a la higiene democrática”.

Finalmente Podemos ha cargado contra Nerea Belmonte, recordando que fue expulsada del subgrupo municipal de Podemos hace dos años, y asegurando que su actitud “recuerda al de otros tránsfugas que auparon al PP, como en el primer gobierno de Aguirre en la Comunidad de Madrid”, en referencia al capítulo conocido como 'Tamayazo'.

Concluyen desde la formación morada anunciando que “Podemos concentrará todos sus esfuerzos en construir un proyecto político que sea capaz de desplazar al PP y liderar el gobierno municipal de Alicante. Lo sucedido este último año demuestra que no basta tan solo con desplazar al PP sino que hay que cambiar su modelo de gestión”.

El PSOE de Alicante ha logrado en el mismo día acercar posturas con Guanyar Alacant y, a la vez, casi enterrar cualquier posibilidad con Ciudadanos de cara a la investidura de la socialista Eva Montesinos como alcaldesa en sustitución de Gabriel Echávarri.

En la tarde de este jueves, la actual primera edil en funciones Montesinos y un equipo del PSPV-PSOE han mantenido un encuentro oficial con el grupo municipal de Guanyar Alacant que encabeza Miguel Ángel Pavón.

El exregidor de Urbanismo ha destacado a la salida del mismo el “tono positivo y correcto” de la reunión en la que Guanyar ha deslizado un documento “de objetivos” que está confeccionando de las líneas de trabajo que espera que asuman los socialistas. Entre ellas destaca “una declaración expresa de la continuidad de planes estratégicos que han sido paralizados por el actual minigobierno” como el Plan General Estructural y el Plan de Inclusión Social, además de avanzar en otras cuestiones como un plan nuevo de inversión en barrios y mejoras en la recogida selectiva de residuos.

Dicho documento, tras aprobarlo la asamblea de Guanyar Alacant, se trasladará de manera formal al PSPV y al resto de fuerzas políticas a las que Pavón también busca atraer, “incluido Ciudadanos”.

Pavón ha recordado que será la militancia la que decida la postura a tomar con respecto al candidato a ocupar la alcaldía. Ante la posibilidad de que finalmente sea Montesinos, el portavoz de Guanyar afirma haber manifestado a la propia alcaldesa en funciones sus dudas “por el perfil que representa”, “incluidas las dudas por la presunta financiación ilegal del PSPV”.

Las sospechas por la presunta financiación que afectan a los socialistas y al socio mayoritario de Compromís, el Bloc, y que están investigando cuatro juzgados, han llevado a Ciudadanos a tachar de “muy complicado” sentarse a negociar la investidura de Montesinos.

“Ni los socialistas ni el Bloc están en disposición de predicar transparencia ni de exigir nada y es que aquí todo el mundo, no solo el PP, está necesitado de una cura de humildad”, ha afirmado Yaneth Giraldo, portavoz del grupo municipal de Cs.

Giraldo ha subrayado que “Eva Montesinos no es una militante anónima, es una persona destacada del partido y por lo tanto, salvo que prefiera instalarse en el limbo, es perfectamente consciente de la gravedad de las investigaciones que se están llevando a cabo”, ha dicho en relación a las declaraciones de la socialista negando cualquier responsabilidad.

Por otra parte, el grupo municipal ha recordado cómo en mayo de 2017, cuando salió a relucir el llamado “caso Comercio” y se creó una comisión municipal de investigación, Ciudadanos pidió en las Corts los contratos de publicidad del TRAM para la campaña de Gabriel Echávarri con el fin de disipar cualquier duda de posibles beneficiarios en las contrataciones exprés que se ejecutaron en la campaña comercial navideña de 2016.

El portaveu de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha acudit aquest dilluns a la Comissària de la Policia Nacional de la ciutat per a interposar una denúncia per l'aparició d'un dispositiu d'enregistrament en la regidoria d'Urbanisme en el consistori alacantí que dirigeix actualment la socialista Eva Montesinos. Es dóna la circumstància que els dos anteriors alcaldes d'Alacant, els populars Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo, estan sent investigats per corrupció urbanística.

En l'escrit de denúncia, el que va ser edil d'Urbanisme considera “inexplicable” que l'alcalde Gabriel Echávarri a títol personal o l'equip de govern local no hagen denunciat l'aparició del mecanisme per a gravar ni que li l'haja comunicat a Pavón com a possible afectat.

Així mateix, el regidor de Guanyar posa de rellevància en la denúncia que en cas d'haver-se assolit gravar escoltes, aquestes podrien constituir una “informació privilegiada” i “sensible” de la qual es podrien “aprofitar”. Per tot açò, en declaració als mitjans ha dit sentir-se afectat “per un possible delicte d'enregistraments il·legals”.

Compromís també ha mogut fitxa i el seu portaveu, Natxo Bellido, ha portat aquest nou escàndol que afecta a l'Ajuntament d'Alacant a Fiscalia.

Gabriel Echávarri s’ha quedat només amb el suport dels altres cinc regidors del PSPV en el govern municipal d’Alacant –sis de 29–. Si fa a penes una setmana eren els edils de Compromís els que abandonaven l’equip de govern després de conéixer-se el processament de l’alcalde pel pretés fraccionament de contractes en la Regidoria de Comerç, aquest dimecres han estat els cinc regidors de Guanyar Alacant (Miguel Ángel Pavón, Marisol Moreno, Daniel Simón, Julia Angulo i Víctor Domínguez) els que han presentat per registre l’escrit de renúncia a les seues competències.

Guanyar Alacant havia donat com a data límit aquest dimecres 15 de novembre perquè Echávarri –que també està imputat per l’acomiadament d’una funcionària, cunyada del portaveu popular en el consistori, Luis Barcala– renunciara a l’alcaldia, circumstància que no s’ha produït. Així, la coalició justifica la seua decisió davant del “continu incompliment del programa pacte subscrit” per PSPV, Compromís i Guanyar Alacant, la qual cosa expliquen que ha suposat un “entorpiment continu i deliberat en el desenvolupament de les nostres funcions, i una desconsideració més que evident cap a la ciutadania”. Unes circumstàncies “agreujades” per la “doble imputació” d’Echávarri.

“Alguns de nosaltres ja hem estat en tasques d’oposició, i vam aconseguir derrocar Sonia Castedo i obrir la porta a un govern alternatiu d’esquerres per a Alacant”, han explicat, i han afegit que “Echávarri caurà, més tard o més prompte, i la ciutat tornarà a recuperar la dignitat perduda”.

Així mateix, confien a obtenir els quinze vots per a rellevar l’alcalde, que asseguren que “s’ha ficat en un atzucac i ha arrossegat a la ciutat amb ell”. No obstant això, insisteixen en que no “permetran” que el PP guanye l’alcaldia.

El PP ‘s’ofereix’

Des del Partit Popular s’han oferit a la resta dels partits per a formar un “govern d’excepció” sense “càlculs electorals” davant de la permanència d’Echávarri com a “alcalde ocupa”, ja que no estar vigent el pacte que li va permetre accedir a l’alcaldia: “ha deixat de tenir la legitimitat democràtica”. Així, el PP, amb huit regidors, reclama per a ells el càrrec davant de la situació de “gravetat, inestabilitat i desprestigi” de la ciutat. “El PP garanteix estabilitat”, ha assegurat el president provincial del PP, José Císcar.

L’“interés general”

El president de la Generalitat i líder dels socialistes valencians, Ximo Puig, ha reconegut el “problema de governabilitat” que hi ha a Alacant, encara que ha matisat que no és “només d’una persona”, en referència a Echávarri, que s’aferra al càrrec i es nega a presentar la renúncia. El secretari general ha instat a resoldre aquesta situació “amb tranquil·litat” i pensant en l’“interés general” abans que en interessos “partidaris”.

Gabriel Echávarri se ha quedado solo con el apoyo de los otros cinco concejales del PSPV en el gobierno municipal de Alicante -seis de 29-. Si hace apenas una semana eran los ediles de Compromís quienes abandonaban el equipo de gobierno tras conocerse el procesamiento del alcalde por el supuesto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, este miércoles han sido los cinco regidores de Guanyar Alacant (Miguel Ángel Pavón, Marisol Moreno, Daniel Simón, Julia Angulo y Víctor Domínguez) quienes han presentado por registro el escrito de renuncia a sus competencias.

Guanyar Alacant había dado como fecha tope este miércoles 15 de noviembre para que Echávarri -quien también está imputado por el despido de una funcionaria, cuñada del portavoz popular en el consistorio, Luis Barcala- renunciara a la alcaldía, circunstancia que no se ha producido. Así, la coalición justifica su decisión ante el “continuo incumplimiento del programa-pacto suscrito” por PSPV, Compromís y Guanyar Alacant, lo que explican se ha supuesto un “continuo y deliberado entorpecimiento en el desarrollo de nuestras funciones, y una más que evidente desconsideración hacia la ciudadanía”. Unas circunstancias “agravadas” por la “doble imputación” de Echávarri.

“Algunos de nosotros ya hemos estado en labores de oposición, y conseguimos derribar a Sonia Castedo, abriendo la puerta a un gobierno alternativo de izquierdas para Alicante”, han explicado, para añadir que “Echávarri caerá, más tarde o más temprano, y la ciudad volverá a recuperar su dignidad perdida”.

Asimismo, confían en conseguir los quince votos para relevar al alcalde, que aseguran “se ha metido en un callejón sin salida y ha arrastrado a la ciudad con él”. No obstante, insisten en que no van a “pemitir” que el PP gane la alcaldía.

El PP se 'ofrece'

Desde el Partido Popular se han ofrecido al resto de partido para formar un “gobierno de excepción” sin “cálculos electorales” ante la permanencia de Echávarri como “alcalde 'okupa'”, al no estar ya vigente el pacto que le permitió acceder a la alcaldía: “ha dejado de tener la legitimidad democrática”. Así, el PP, con ocho concejales, reclama para ellos el cargo ante la situación de “gravedad, inestabilidad y desprestigio” de la ciudad. “El PP garantiza estabilidad”, ha asegurado el presidente provincial del PP, José Císcar.

El “interés general”

El president de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha reconocido el “problema de gobernabilidad” existente en Alicante, aunque ha matizado que no es “sólo de una persona”, en referencia a Echávarri, que se aferra al cargo y se niega a presentar su renuncia. El secretario general ha instado a resolver esta situación “con tranquilidad” y pensando en el “interés general” antes que en intereses “partidarios”.

El PSPV y Compromís han firmado este jueves el manifiesto para la refundación del pacto de gobierno de Alicante que exige que antes de que acabe 2017 se resuelva “de forma positiva” la situación jurídica del alcalde socialista Gabriel Echávarri y contempla la investidura de un nuevo regidor si se le abre juicio oral.

Echávarri -imputado por dos causas administrativas-, el líder local de Compromís, Natxo Bellido, y cargos autonómicos de esta formación política y del PSPV han estado presentes en el acto de la firma del manifiesto, fruto de las negociaciones a dos bandas entre socialistas y nacionalistas, que han tendido su mano a Guanyar para que se adhiera a él.

El primer punto del documento dice que la voluntad compartida que expresan “las partes firmantes, para propiciar un proceso de refundación del pacto de gobierno de Alicante, exige que antes de que acabe el año 2017 se resuelva de forma positiva la situación jurídica del actual alcalde (...)”.

Señala que “en caso contrario” o si se agrava la situación jurídica de Echávarri, “todas las partes entienden y asumen que se cerrará la posibilidad de avanzar en este proceso de refundación, se darán por extinguidos los compromisos adquiridos en el presente manifiesto y habrá que activar el punto dos” del documento.

Ese punto contempla la “investidura de un nuevo alcalde o alcaldesa, a propuesta del grupo municipal socialista, como punto imprescindible para poder avanzar en el proceso de refundación del pacto de Alicante, en el caso de apertura de juicio oral” a Echávarri, “con el compromiso de garantizar un gobierno progresista en la ciudad”.

En declaraciones posteriores a los periodistas, Echávarri ha revelado que, según el manifiesto, si a fecha del próximo 31 de diciembre no hay una variación de su situación jurídica o se produce un agravamiento de la misma, “no se llevaría a cabo lo contenido en el documento”.

Preguntado sobre si se había comprometido a dimitir si a esa fecha no ha despejado sus causas judiciales, el alcalde ha contestado que “no” habla de “cuestiones futuras” y que “nunca” lo ha hecho.

“Desde que se inició el procedimiento, he dicho que de futuribles hablaremos cuando lleguen”, ha zanjado.

El alcalde ha sido interpelado también por los medios de comunicación acerca de si estaba convencido de que el PSOE, con seis ediles, podría seguir gobernando la ciudad de Alicante si Compromís y Guanyar se salieran del ejecutivo municipal.

“Estoy convencido de que aquí nos eligieron a quince concejales, luego perdimos” a una “por el camino; la mano está tendida también a Guanyar porque catorce concejales podemos dirigir la ciudad mejor que nueve y, por supuesto, mejor que seis”, ha respondido.

Mano “tendida” a Guanyar Alacant

Sobre si se había previsto una reunión con Guanyar, Echávarri ha asegurado que “la mano está tendida” a esta formación política para que, “desde la lealtad debida a los compañeros de gobierno” (PSPV y Compromís) y lealtad, por supuesto, a la Generalitat Valenciana, a lo que representa el Pacto del Botànic“ se pueda ”incorporar“ al documento rubricado este jueves ”en el momento que considere“.

Por su parte, Bellido ha explicado a los periodistas que, de acuerdo con el texto suscrito, habrá que “buscar una nueva investidura” para tener “un alcalde o alcaldesa progresista” en Alicante en el supuesto de que se abra juicio oral a Echávarri.

Según Bellido, si de aquí a final de año, la situación jurídica de Echávarri es la misma que “existe en estos momentos, todas las partes” que han rubricado el manifiesto (Compromís y PSPV-PSOE) entienden que “este proceso de refundación” ha llegado a su fin.

En el caso de producirse ese supuesto, Compromís aboga por trabajar en un proceso de investidura de “un nuevo alcalde o alcaldesa” y, si eso no ocurre, esta formación política se iría del gobierno municipal.

La posición de Compromís “no ha cambiado”

Bellido ha insistido en que “no ha cambiado la posición” de Compromís, que, según ha asegurado, sigue siendo la que se marcó en la ejecutiva de esta formación política el pasado 29 de septiembre y que fue ratificada posteriormente por la asamblea local.

La asamblea de Compromís per Alacant ratificó el pasado día 17 la decisión de abandonar el tripartito municipal si Echávarri sigue en el cargo pese a su investigación judicial.

De esta manera, la asamblea confirmó la resolución emitida el pasado 29 de septiembre por la ejecutiva, en la que se reclamaba al PSPV-PSOE que “asumiera su responsabilidad” y relevara a Echávarri de la Alcaldía como condición “absolutamente imprescindible para que Compromís pueda continuar participando y trabajando de un gobierno progresista y de cambio”.

Por otra parte, Bellido ha considerado que “vale la pena” que Guanyar se suma al acuerdo firmado, por lo que ha anunciado que la próxima semana convocarán a una reunión a esta formación política para hacerle “la petición” de que se incorpore a “esta oportunidad política” de cara al futuro del “gobierno del cambio” que hoy se ha rubricado.

La citació judicial a l'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, a declarar en qualitat d'investigat per una denúncia del PP i Ciutadans ha portat els seus socis en el govern municipal, la plataforma Guanyar Alacant i Compromís, a demanar la seua dimissió.

La crisi en l'Ajuntament d'Alacant s'ha desencadenat després que Echávarri declarara que no pensa dimitir davant l'acusació d'haver trossejat contractes de la regidoria de Comerç.

Després que Podemos, que forma part al costat d'Esquerra Unida i independents, de Guanyar Alacant, sol·licitara la dimissió, Compromís ha fet el mateix i aquesta plataforma ha fet pública també la mateixa reclamació.

“El canvi en l'alcaldia és un fet obligat per l'exigència en l'ètica política que s'ha marcat aquest govern municipal”, ha assenyalat l'executiva local de Compromís, que ha consultat la seua postura amb la direcció nacional de la formació.

“És absolutament imprescindible perquè Compromís puga continuar participant i treballant d'un govern progressista i de canvi a Alacant”, ha subratllat la formació valencianista, que s'ha mostrat disposada a respectar el pacte que va portar Echávarri a l'alcaldia amb la seua substitució per un altre regidor socialista.

Per la seua banda, Guanyar Alacant ha demanat “la convocatòria immediata de la mesa de seguiment del pacte a fi de recuperar la normalitat institucional”. La plataforma, que va expulsar en el seu moment una edil per motius similars, ha afegit que “en coherència amb les decisions adoptades en relació a presumptes irregularitats en el si del seu propi grup municipal, com l'expulsió d'una de les nostres regidores, exigeix en el conjunt del govern municipal la mateixa determinació i el mateix compromís a l'hora de garantir comportaments ètics i exemplars en els càrrecs públics”.

“Emplacem al PSPV-PSOE a afrontar amb responsabilitat la situació processal de Gabriel Echávarri, i apel·lant a la seua responsabilitat institucional, a adoptar les mesures adequades perquè es produïsca la dimissió immediata de l'alcalde d'Alacant”, ha afegit.

Echávarri, que fins a fa uns mesos ha ostentat entre les seues atribucions l'àrea de Comerç, va obtenir l'alcaldia amb el suport de Guanyar (EU-IU, Podemos i independents) i Compromís, i amb el PP i Ciutadans (C's) en l'oposició.

A més de l'alcalde, el jutjat d'Instrucció número 9 de la ciutat ha citat com investigats a dos dels seus assessors, Eduardo Díez i Pedro de Gea, i com a testimonis al portaveu municipal i de Compromís, Natxo Bellido, l'interventor municipal i un tècnic que estava en la regidoria de Comerç, Diego Agulló.

La magistrada titular del jutjat ha pres aquesta decisió després de prendre declaració per a la ratificació de la denúncia pel fraccionament de 25 contractes als portaveus municipals del PP, Luis Barcala, i de Ciutadans (C's), Yaneth Giraldo.

Els 25 contractes sotmesos a investigació van ser adjudicats per un import total proper als 190.000 euros a la fi del passat any amb motiu de la campanya nadalenca per la Regidoria de Comerç, llavors dirigida per l'alcalde.

Ja enguany, el ple municipal va acordar sol·licitar la nul·litat d'aqueixos expedients, plantejar una consulta al Consell Jurídic Consultiu sobre l'adjudicació i crear una comissió d'investigació, després que un cap de servei i l'interventor municipal determinaren que no podien tramitar-se com a contractes menors.

Fonts de l'alcaldia han indicat que Echávarri segueix mantenint que no hi ha hagut delicte i han afegit que creuen que la denúncia vol provocar la seua dimissió per a possibilitar un govern del PP amb Ciutadans (C's), “que ja tenen pactat”.

La citación judicial al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, a declarar en calidad de investigado por una denuncia del PP y Ciudadanos ha llevado a sus socios en el gobierno municipal, la plataforma Guanyar Alacant y Compromís, a pedir su dimisión.

La crisis en el Ayuntamiento de Alicante se ha desencadenado después de que Echávarri declarara que no piensa dimitir ante la acusación de haber troceado contratos de la concejalía de Comercio.

Después de que Podemos, que forma parte junto a Esquerra Unida e independientes, de Guanyar Alacant, solicitara la dimisión, Compromís ha hecho lo mismo y esta plataforma ha hecho pública también la misma reclamación.

“El cambio en la alcaldía es un hecho obligado por la exigencia en la ética política que se ha marcado este gobierno municipal”, ha señalado la ejecutiva local de Compromís, que ha consultado su postura con la dirección nacional de la formación.

“Es absolutamente imprescindible para que Compromís pueda continuar participando y trabajando de un gobierno progresista y de cambio en Alicante”, ha subrayado la formación valencianista, que se ha mostrado dispuesta a respetar el pacto que llevó a Echávarri a la alcaldía con su sustitución por otro concejal socialista.

Por su parte, Guanyar Alacant ha pedido “la convocatoria inmediata de la mesa de seguimiento del pacto a fin de recuperar la normalidad institucional”. La plataforma, que expulsó en su día a una edil por motivos similares, ha añadido que “en coherencia con las decisiones adoptadas en relación a presuntas irregularidades en el seno de su propio grupo municipal, como la expulsión de una de nuestras concejalas, exige en el conjunto del gobierno municipal la misma determinación y el mismo compromiso a la hora de garantizar comportamientos éticos y ejemplares en los cargos públicos”.

“Emplazamos al PSPV-PSOE a afrontar con responsabilidad la situación procesal de Gabriel Echávarri, y apelando a su responsabilidad institucional, a adoptar las medidas adecuadas para que se produzca la dimisión inmediata del alcalde de Alicante”, ha añadido.

Echávarri, que hasta hace unos meses ha ostentado entre sus atribuciones el área de Comercio, obtuvo la alcaldía con el apoyo de Guanyar (EU-IU, Podemos e independientes) y Compromís, y con el PP y Ciudadanos (C's) en la oposición.

Además del alcalde, el juzgado de Instrucción número 9 de la ciudad ha citado como investigados a dos de sus asesores, Eduardo Díez y Pedro de Gea, y como testigos al portavoz municipal y de Compromís, Natxo Bellido, el interventor municipal y a un técnico que estaba en la concejalía de Comercio, Diego Agulló.

La magistrada titular del juzgado ha tomado esta decisión tras tomar declaración para la ratificación de la denuncia por el fraccionamiento de 25 contratos a los portavoces municipales del PP, Luis Barcala, y de Ciudadanos (C's), Yaneth Giraldo.

Los 25 contratos sometidos a investigación fueron adjudicados por un importe total cercano a los 190.000 euros a finales del pasado año con motivo de la campaña navideña por la Concejalía de Comercio, entonces dirigida por el alcalde.

Ya este año, el pleno municipal acordó solicitar la nulidad de esos expedientes, plantear una consulta al Consell Jurídic Consultiu sobre la adjudicación y crear una comisión de investigación, después de que un jefe de servicio y el interventor municipal determinaran que no podían tramitarse como contratos menores.

Fuentes de la alcaldía han indicado que Echávarri sigue manteniendo que no ha habido delito y han añadido que creen que la denuncia busca provocar su dimisión para posibilitar un gobierno del PP con Ciudadanos (C's), “que ya tienen pactado”.

Tercera vegada que la regidora trànsfuga de Podem en l’Ajuntament d’Alacant, Nerea Belmonte, vota com a oposició al Govern. L’edil s’ha tornat a alinear amb PP i Ciutadans per votar en contra de sol·licitar una subvenció a la Diputació per a un projecte de zones verdes a la contornada de la Ciutat de la Justícia alacantina, adduint el “balafiament” com a motiu.

Belmonte va ser expulsada primerament de Guanyar Alacant i, fa poc, la gestora de Podem a la ciutat i la direcció autonòmica de la formació morada han decidit apartar-la també del partit. El Comité de Garanties va prendre la decisió després de conéixer-se que va concedir uns quants contractes menors a l’empresa de comunicació de dos companys seus.

L’expulsió va provocar que el tripartit PSPV-Compromis-Guanyar perderen la majoria en l’Ajuntament d’Alacant i el seu vot resulta decisiu moltes vegades. En aquesta darrera votació, juntament amb el vot de Fernando Sepulcre –el trànsfuga de C’s– ha permés tombar la sol·licitud de la subvenció a la Diputació proposada pel tripartit. L’equip de govern té ara 14 vots dels 29 existents en el ple de l’Ajuntament.

El seu vot també ha estat contrari anteriorment al de la seua exformació dues vegades més, en què ha alterat el destí de les propostes. En la primera, l’abstenció de Belmonte va suposar un empat i que l’alcalde utilitzara per primera vegada el vot de qualitat per a aprovar la creació d’una comissió: la segona, el PP va traure avant una iniciativa per a demanar al Consell que delegara en l’Ajuntament les condicions per a la instal·lació dels racons de les Fogueres.

L’Ajuntament instarà la Diputació a retirar les retribucions als trànsfugues

D’altra banda, en el mateix ple, l’Ajuntament ha aprovat instar la corporació provincial d’Alacant perquè retire el règim de dedicació exclusiva o parcial, les retribucions, els assessors i la compensació econòmica per assistència a comissions a qualsevol trànsfuga, alhora que instarà el Govern d’Espanya a modificar la legislació electoral perquè els regidors trànsfugues puguen ser remoguts pels regidors del seu grup de la mateixa circumscripció electoral.

La moció ha estat aprovada amb l’abstenció del PP i els vots en contra de Nerea Belmonte i Fernando Sepulcre, l’únic representant de C’s en la Diputació. Sepulcre, de la seua banda, va votar unes setmanes abans en la Diputació amb el PP contra una moció antitransfuguisme.

Tercera ocasión en la que la concejal tránsfuga de Podemos en el ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, vota como oposición al Gobierno. La edil se ha alineado de nuevo con PP y Ciudadanos para votar en contra de solicitar una subvención a la Diputación para un proyecto de zonas verdes en los alrededores de la Ciudad de la Justicia alicantina, aduciendo el “despilfarro” como motivo.

Belmonte fue expulsada primero de Guanyar Alacant y, recientemente, la gestora de Podemos en la ciudad y la dirección autonómica de la formación morada han decido apartarla también del partido. El Comité de Garantías tomó la decisión tras conocerse que concedió varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros suyos.

La expulsión provocó que el tripartito PSPV-Compromis-Guanyar perdieran la mayoría en el ayuntamiento de Alicante y su voto resulta decisivo en muchas ocasiones. En esta última, junto al de Fernando Sepulcre -el tránsfuga de C's- ha permitido tumbar la solicitud de la subvención a Diputación propuesta por el tripartido. El equipo de gobierno tiene ahora 14 votos de los 29 existentes en el pleno del Ayuntamiento.

Su voto también ha sido contrario al de su exformación en otras dos ocasiones anteriores, alterando el destino de las propuestas. En la primera, la abstención de Belmonte supuso un empate y que el alcalde utilizara por primera vez su voto de calidad para aprobar la creación de una comisión: la segunda, el PP sacó adelante una iniciativa para pedir al Consell que delegara en el Ayuntamiento las condiciones para la instalación de los racós de Hogueras.

El Ayuntamiento instará a la Diputación a retirar las retribuciones a los tránsfugas

Por otro lado, en el mismo pleno, el Ayuntamiento ha aprobado instar a la corporación provincial de Alicante a a que retire el régimen de dedicación exclusiva o parcial, las retribuciones, los asesores y la compensación económica por asistencia a Comisiones a cualquier tránsfuga, al tiempo que instará al Gobierno de España a modificar la legislación electoral para que los concejales tránsfugas puedan ser removidos por los concejales de su grupo de la misma circunscripción electoral.

La moción ha sido aprobada con la abstención del PP y los votos en contra de Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre, el único representante de C's en la Diputación. Sepulcre, por su parte, votó semanas antes en la diputación junto al PP contra una moción antitransfuguismo.

La exedil de Guanyar Alacant y actual concejal en el grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Alicante Nerea Belmonte recurrirá su expulsión de Podemos ante la Comisión de Garantías Estatal y emprenderá acciones judiciales contra “aquellas personas que de forma malintencionada hayan intentado o intenten ensuciar su honor o imagen”.

Así lo ha indicado Belmonte en un comunicado, tras la decisión del Comité de Garantías de Podemos en la Comunitat Valenciana de expulsarla del partido tras conocerse que concedió varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros suyos en Podemos.

Belmonte defiende que la decisión de expulsión de la Comisión de Garantías “no se basa en la contratación de militantes del partido”, sino en su “desobediencia” a la Gestora de Alicante por no haber renunciado al acta de concejal. “Mi expulsión no se debe a la contratación que llevé a cabo, sino a la desobedecida a un órgano que no tenía ni tiene legitimidad para exigirme el acta, y por ello recurriré la decisión al órgano superior”, sostiene.

De este modo, recalca que la Comisión de Garantías “no ha entrado a valorar que la Gestora dejó la decisión sobre mi acta en manos de Izquierda Unida a través de Guanyar Alacant, lo cual fue una irresponsabilidad política, ni tampoco el hecho de que la Gestora temporal de Podemos Alicante no tenía potestad para exigir mi dimisión”.

“La Gestora de Podemos Alicante tenía pleno conocimiento de que Guanyar Alacant estaba controlada por Izquierda Unida y de que la asamblea donde se decidió mi expulsión tenía múltiples irregularidades, entre ellas no dejaron votar a decenas de militantes de Podemos”, critica Belmonte.

Además, la edil alicantina señala que una gestora que “no aparece ni siquiera” en el documento organizativo del partido “no tiene potestad” para exigir su acta de concejal puesto que ella ni se presentó a las elecciones locales con Podemos ni “es el órgano del partido con la potestad para exigir dimisiones”.

“Nuestros reglamentos establecen claramente que es la Comisión de Garantías el órgano encargado de decidir sobre el cumplimiento del código ético de Podemos y por tanto cualquier exigencia de dimisión por parte de una gestora o consejo ciudadano no se ajusta a nuestros procesos internos”, subraya Belmonte.

“Nada ilegal”

A su juicio, la razón por la que la Comisión de Garantías de la Comunitat Valenciana no ha podido expulsarla por las contrataciones con militantes de Podemos es “simple”. “No hice nada ilegal ni contrario al código ético de Podemos y, de hecho, en otras ciudades como Valencia, concejales militantes de Podemos han contratado a compañeros de partido y han recibido el apoyo del partido”, recalca.

Por tanto, considera que la “gran diferencia” es que ella no pertenece al sector “oficialista” del partido y siempre se la ha tachado como “crítica”. “Parece ser que las críticas no son siempre bienvenidas en Podemos, sobre todo si vienen de personas que no pueden ser controladas por la cúpula valenciana”, puntualiza.

Belmonte ha avanzado que en los próximos días hará pública toda la documentación sobre el proceso de “investigación” de la Comisión de Garantías de la Comunitat Valencia para que “la gente tenga toda la información a su disposición para poder opinar libremente”.

“Las elecciones han terminado, tiempo durante el cual he permanecido callada para evitar que hubiese ruido en Alicante contra Podemos, mi lealtad hacia mi partido ha quedado suficientemente probada, pero no voy a permitir por más tiempo ataques gratuitos sin defenderme ante las mentiras”, remarca.

Caza de brujas

La edil denuncia una “caza de brujas” contra ella y critica que ésta “ha durado más que suficiente” por lo que no va “a tolerar” que se manipule la información para “manchar” su nombre.

Por ello, señala que llevará a cabo las acciones judiciales que considere necesarias “contra aquellas personas que de forma malintencionada hayan intentado o intenten ensuciar mi honor o mi imagen”.

El Comité de Garantías de Podemos en la Comunitat Valenciana ha decidido expulsar a la exconcejal de Guanyar Alacant y actual edil de Alicante en el grupo de No Adscritos, Nerea Belmonte, de la formación morada, tras conocerse que concedió varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros suyos en Podemos, según han indicado fuentes de Podemos.

La expulsión se produce después de que la comisión gestora de la ciudad de Alicante de Podemos propusiera al Consejo Ciudadano Valenciano la apertura de un expediente informativo por parte de la Comité de Garantías por si la concejala del grupo municipal Guanyar Alacant Nerea Belmonte “hubiera vulnerado el código ético” de la formación tras conocerse que Belmonte concedió varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros suyos en Podemos.

De igual modo, la Comisión de Garantías de Guanyar Alacant dictaminó el pasado mes de marzo que la exedil de Acción Social y Vivienda en el Ayuntamiento de Alicante y miembro de la formación, Nerea Belmonte, “incumplió” el código ético de la coalición en cuatro de sus artículos, por lo que la conminó a dejar su cargo en el consistorio municipal.

En concreto, precisaron que se trataba del artículo 3.8, al participar “directa o indirectamente” en un proceso de contratación del Ayuntamiento y el artículo 3.7, por haber contratado con una empresa constituida con posterioridad a su toma de posesión como edil “corriendo el riesgo de generar dependencias o clientelismos”.

Asimismo, la Comisión consideró que incumplió el 3.2, por no haber renunciado a un regalo en forma de un pase para asistir a la Madrid Fashion Week “que le hizo una amistad común con los socios” de la empresa a la que contrató; y, por el artículo 3.11, por tolerar la adjudicación continuada con una empresa de amigos y por no “perseguir con firmeza” cualquier signo de “fraude o corrupción”.

Ahora y tras la decisión del Comité de Garantías autonómico de expulsarla del partido, Belmonte contará con un plazo de 15 días para presentar un recurso ante el Comité de Garantías estatal, según han indicado las mismas fuentes.

El edil de Medio Ambiente y Limpieza viaria en Alicante, Víctor Domínguez, ha avanzado a eldiario.es que este jueves se pedirá a UTE-Alicante que informe a su departamento a cerca de los criterios se van a seguir de cara a la contratación de personal para cubrir las bajas por las vacaciones de verano.

La posición del edil responde a las escuchas desveladas por eldiario.es sobre la forma en que el empresario Enrique Ortiz utilizaba para cubrir bajas, despedir a gente o contratar a personas afines a cargos públicos del PP en pasados mandatos.

Domínguez ha indicado que la cifra de contratos para este verano “va por los 30 a 40” y el objetivo de la concejalía, que acudirá al encuentro junto al Comité de Empresa, es conocer “los criterios que va seguir la empresa para formalizar los contratos”.

Así, ha apuntado que deberían ser “los criterios más objetivos posibles” en función de la antigüedad o si es cuestión de las evaluaciones internas que tienen por parte de la propia UTE“.

“Al final, es la empresa la que contrata, pero que no sea que alguien que lleva muchos años trabajando con valoración positiva, la UTE termine contratando a otra persona simplemente porque tenga un asterisco en una lista o le recomiende no sé quien”, ha matizado.

La reunión se celebrará desde las 10.30 horas en la delegación.

Para la multinacional sueca del mueble, Ikea, es “importante” y “casi fundamental” poder abrir todos los domingos del año. “Es cierto”, ha confirmado el alcalde de Alicante y edil de Comercio, Gabriel Echávarri, este viernes.

Lo ha dicho en referencia a la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) con la que quiere dar cobertura a la apertura libre de horarios para todo el sector y para toda la ciudad.

Echávarri, que el pasado martes logró por escrito que El Corte Inglés se comprometiera a hacer trabajar a su plantilla solo 13 festivos al año y a contratar a 200 empleados temporales para llegar al resto, no ha podido confirmar todavía que el resto de centros comerciales grandes de Alicante se hayan sumado por escrito al proyecto.

Según anunció en su momento, las grandes superficies se comprometieron verbalmente a ello a principios de año y a crear, entre todos, casi 700 puestos de trabajo temporal.

Así, este viernes preguntado por si la apertura total facilitaría aún más la llegada de Ikea, Gabriel Echávarri ha dicho: “es casi fundamental poder abrir los domingos para Ikea”.

Ahora, la traba a la que se enfrenta el alcalde es la postura de sus socios de Gobierno, Guanyar y Compromís, que, de momento, mantienen su negativa a permitir la apertura total. Por ello, Echávarri insiste en que no volverá a llevar a pleno o a la Junta de Gobierno su aprobación sin contar con respaldo suficiente y reitera: “en ningún caso voy a atender al PP porque ya me engañó una vez”.

El PP

Por su parte, el portavoz del PP local, Luis Barcala, se muestra sorprendido que Echávarri haya tratado de “sacar adelante” en solitario la ZGAT para toda la ciudad sin “hablarlo con sus socios” y “dos meses después se da cuenta de que tiene que sentarse con ellos y darles explicaciones”.

En ese sentido, se ha cuestionado que si no es así “de qué equipo de Gobierno estamos hablando, de nada”.

No obstante, le ha tendido la mano para no tener que depender de Compromís y Guanyar si quiere una salida “razonable” que pasa por “abrir ya Maisonnave, evitando el error cometido con su cierre y ponernos a consensuar la apertura progresiva del resto de la ciudad” y de “una forma ordenada”.

La Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Alicante parece un muerto que no termina de morir. El pleno del Ayuntamiento tumbó, el pasado 31 de marzo, la propuesta del alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri, para ampliarla a toda la ciudad después de que en octubre saliera adelante el proyecto para modificarla sacándola de la avenida Maisonnave, donde están las dos tiendas de El Corte Inglés, y circunscribirla al paseo litoral.

Sin embargo, lejos de que dos decisiones del pleno sean suficientes, ahora, Echávarri quiere que la Corporación vuelva a pronunciarse. Lo plantea después de conseguir un compromiso por escrito de El Corte Inglés este martes para que su actual plantilla trabaje solo 13 festivos al año y cubrir el resto con 200 trabajadores eventuales temporales.

“No voy a volver al modelo Castedo, que es el que quiere el PP, en el que mis amigos o los que mejor me caen tienen derecho a ganar más dinero que otros. En esta ciudad todo el mundo tiene el mismo derecho”, ha explicado.

El problema es que la suma de votos todavía no le da para sacar adelante el proyecto, solo cuenta con sus seis ediles y los seis de Ciudadanos que ya respaldaron su propuesta en marzo.

Así las cosas, Echávarri ha advertido que su intención es volver a traer a pleno la cuestión siempre y cuando Guanyar y Compromís cambien de opinión y le respalden. Y si puede ser el jueves mejor: “si no tengo el apoyo no lo voy a llevar. Pero eso no significa que no lo vaya a tener. Si no va este jueves, puede ir al siguiente pleno o al otro o al otro”.

“El jueves se verá si se debate”, ha manifestado y ha subrayado que El Corte Inglés ya ha presentado un documento “firme” y “vinculante para ellos”.

Cuestionado por si tenía algún apoyo explícito de algún grupo político ha insistido en que estaba a la espera de recibir los compromisos de otros centros comerciales; sin embargo, ha destacado que el PP le dio “la mano una vez” pero le “mintió”: “no es interlocutor válido para una cosa seria”.

“Una persona que te da la mano y te engaña una vez, te engañará siempre”, por lo que ha entendido que la ZGAT “o es una cosa que pactamos en el equipo de Gobierno o no sale adelante, porque claro no me van a engañar dos veces”.

Y ha reiterado su postura: “o abren todos o no abre ninguno” y ha zanjado: “no diseño modelos de corralito” porque “uno de los principios es la igualdad de los operadores”.

La Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la implantación de Ikea en el barrio de Rabassa junto a un macrocentro comercial de 85,000 m2 tiene “deficiencias” que “no son fácilmente subsanables” por la promotora Alicante Avanza, participada por el empresario Enrique Ortiz.

Lo ha desvelado este jueves el concejal de Urbanismo en Alicante, Miguel Ángel Pavón, que anuncia que la decisión final sobre la ATE y los informes pertinentes de las diferentes consellerias estarán listos para el mes que viene. Eso supone retrasarse en 30 días porque se produjo un error de notificación “no porque se dé un plazo adicional a la mercantil”.

Pavón, a falta que se concrete todo, sí confía en que se rechace el proyecto de la ATE porque el consistorio está en contra de una figura que les resta poder de decisión “en materia de planeamiento”. Las ATE son de ámbito autonómico y es la Generalitat la que tiene la capacidad de decisión“.

Además, Pavón insiste en que “el origen” del proyecto es el Plan Rabassa, por el que el empresario Enrique Ortiz está investigado dentro del caso Brugal y que ahora “se ha transmutado” en una ATE.

Por ello, el vicealcalde de Alicante ha asegurado que si hay una modificación sustancial del proyecto “tendría que volver a salir a información pública y prácticamente partirse de cero”, ya que podría llegar a perder el carácter de estratégica y no ser una ATE.

Añade que la ordenación de los terrenos de Rabassa se difiere del nuevo Plan General y, a partir de ahí, incidide en que “hay otras posibles ubicaciones en la ciudad” y que las permitiría el vigente PGOU, pero “solamente una tienda, sin macrocentro”.

El equipo de Gobierno con PSPV, Guanyar y Compromís espera el rechazo de la ATE por parte del Consell y que entonces “se abrirá un nuevo escenario” para que “llegue una tienda de Ikea a la ciudad de Alicante”.

La romería de la Santa Faz ha vivido este jueves una ruptura mínima con el paso marcado por el PP en el gobierno autonómico y local de la mano del obispado alicantino que durante años han caminado la peregrina a pies juntillas.

La ruptura de los nuevos gobierno se ha circunscrito a dejar una separación física entre la cabeza de la marcha, comandada por el obispo y la reliquia. Un cambio de mínimos porque tras años de hacer la romería cívica desde la puerta del Ayuntamiento, el PSPV, ahora en el gobierno municipal y en el Consell, ha decidido salir de la Puerta Negra de la Concatedral. 

La peregrina ha arrancado puntual a las 8.00 horas de la Concatedral de San Nicolás en el centro de Alicante. Minutos antes, la presidenta de los 'populares' valencianos, Isabel Bonig, ha resaltado la jornada como “importante” para Alicante y ha recordado, “con pleno respeto por la libertad religiosa”, que se trata de una peregrina “con profundas tradiciones religiosas”.

Por ello, ha criticado que se viva “un momento complicado”, en el que a su juicio, “parece que se cercena la libertad religiosa” y lo ha achacado a “determinados partidos, hoy en el Gobierno” porque “hablan de mantener las tradiciones, pero quieren descafeinarlas”.

Así, ha opinado que las tradiciones como la Santa Faz tienen su fundamento “en la religión católica” y ha apostado por “no desnaturalizar el contenido y la esencia que nos da carácter”, como pueblo valenciano.

Frente a ello, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha antepuesto el “respecto” que surge de “los valores republicanos, de la ilustración y la democracia”.

De ese manera ha defendido que no haya llegado a pisar la Concatedral de San Nicolás al inicio de la romería, que ha caminado junto a su conseller de Transparència, el alicantino Manuel Alcaraz, y parte del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante con el alcalde Gabriel Echávarri y el portavoz municipal Natxo Bellido.

Puig ha dicho que ha sido “respetuoso con todo hasta el límite” con las tradiciones desde “los valores republicanos, de la ilustración y de la democracia se basan en el respeto”.

Media hora de retraso

La romería ha terminado antes de las 10.00 horas, pero la misa de recibimiento en la plaza del Monasterio se ha retrasado una media hora, porque las autoridades municipales y del Consell han llegado un cuarto de hora largo por detrás de la cabeza de la comitiva.

Entre los religiosos no ha sentado bien tener que esperar y eso que el “síndic” municipal, Carlos Giménez, encargado de abrir el camarín donde se guarda la reliquia de la Santa Faz, ha hecho la peregrina pegado al relicario y al paso del obispo Jesús Murgui.

Esta Santa Faz, la 527 edición, ha estado marcada por la ausencia de Guanyar Alacant, cuyos miembros han rechazado participar en la romería para defender la laicidad del Estado.

Este jueves se celebra en Alicante la segunda romería católica más importante del Estado detrás de la del Rocío. La Santa Faz reúne a casi 250.000 alicantinos de los 330.000 que, según el censo del INE (Instituto Nacional de Estadística), viven en la capital del sur del País Valencià. Hasta ahora, los gobiernos del PP en el Ayuntamiento y en la Generalitat han asistido oficialmente al acto, siguiendo los cánones marcados por la curia del obispado Orihuela-Alicante.

Este año, sin embargo, el tripartito PSPV, Compromís y Guanyar Alacant ya ha anunciado diferentes maneras de vivir la peregrina. Así, mientras los socialistas participarán en la comitiva oficial, en la que estará el portavoz de Compromís, Natxo Bellido. Las otras dos ediles de Compromís también harán la romería, pero la cívica que sale desde la puerta del Ayuntamiento y no desde la Concatedral.

Por su parte, Guanyar Alacant ha subrayado su negativa a mezclar fe religiosa con la aconfesionalidad marcada por la Constitución del Estado.

“Es una apuesta por la laicidad”, declara Miguel Ángel Pavón, líder de Guanyar y militante de Esquerra Unida. “Está dentro de nuestro programa desvincular de actos religiosos la presencia de cargos públicos”, sigue para matizar que “nos parece muy bien que salga la romería y que participe quien quiera participar” y de hecho lanza una esperanza: “deseamos que mañana haya una buena romería para quien quiera hacer el recorrido”.

Sobre sus socios de gobierno, los socialistas que hasta ahora hacían el recorrido separándose de la comitiva católica, Pavón considera que es un “cierto retroceso” con respecto “a lo que había” con esa salida paralela desde “la comitiva cívica”.

“Nosotros, en este tema cuando se ha abordado en el pleno nos hemos abstenido intentando evidenciar que es algo que no debería tratarse en el Ayuntamiento. Los protocolos que tengan que existir deberían ser exclusivamente participados por los colectivos religiosos que promuevan la romería”, agrega.

“Intentamos ser coherentes con nuestro programa, reivindicamos la laicidad y que cualquier manifestación religiosa tiene cabida en la ciudad, pero que las administraciones tienen que desvincularse de las manifestaciones religiosas. No institucional”, enfatiza.

Los maceros

De hecho, los funcionarios municipales que en actos protocolarios lucen el uniforme de gala –conocidos como Los maceros--, ya se enfrentaron al reglamento en la pasada Semana Santa al intentar negarse a salir en las procesiones católicas. El consistorio, sin embargo, les obligó.

A ese respecto, Miguel Ángel Pavón dice: “no nos parece bien. En todo caso, deberían poder decidir estos trabajadores si quieren o no quieren participar, eso como mínimo”.

“No sé en qué estado el reglamento, porque lo tramita Recursos Humanos, pero espero que resulte un reglamento en el que todos estemos cómodos y que sean los maceros quienes puedan decidir”, continua.

El líder de Guanyar Alacant y vicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón, considera que el equipo de Gobierno es ahora «más estable» desde que Nerea Belmonte fue expulsada ayer y tras retirarle las competencias. Además, afirma que en la relación entre los socios de gobierno –con PSPV y Compromís--, hay «mucho mejor clima y entendimiento» al haber «zanjado la situación».

Pavón, además, acusa a su exedil en Guanyar de “deslealtad gravísima”, por no devolver su acta y considera que «no hay vuelta atrás. No hay recorrido possible“, al ser preguntado por la posibilidad de que sea readmitida en un futuro.

“Muy difícil”, ha opinado al respecto, a pesar de que Belmonte impugnó la decisión de la Asamblea de Guanyar, que el pasado miércoles dictaminó pedirle la dimisión.

“No creemos que vaya a prosperar, en cualquier caso los órganos correspondientes de Guanyar tendrán que resolver todas las impugnaciones que se puedan presentar”, subraya.

No obstante, en caso de que prosperasen aventura que Guanyar habrá de “valorar” ese escenario, aunque enfatiza que es “muy difícil por las actitudes, la profunda deslealtad hacia el proyecto político de Guanyar”.

“Está en una situación de soledad absoluta”, insiste Pavón que se ha cuestionado “cuánto tiempo podrá mantener” su actitud porque ha “decepcionado a muchos ciudadanos” que votaron a la coalición.

Con voz en el pleno

El vicealcalde de Alicante ha señalado que Nerea Belmonte tendrá voz en los plenos municipales, como el de mañana mismo, pero “menos tiempo, como está estipulado en el Reglamento Orgánico del Pleno” y ha indicado que desde la Secretaria Municipal se ha entendido que “si hubiera espacio disponible” se le asignaría uno.

“La señora Belmonte no tiene ningún grupo”, recalca Pavón que ha indicado que los tiempos “serán muy reducidos”. Ha manifestado que no tienen “confianza” en ella ya que “se han roto por completo”.

En ese sentido ha reitarado la defensa que hizo ayer de la rapidez con que se actuó para despojarla de sus cargos y de sus competencias en “garantizar la continuidad del gobierno actual” y ante la posibilidad de que intentara “desestabilizar” al equipo de Gobierno, sin embargo, ha señalado que el equipo de Gobierno no “tenía constancia de que se estuviera fraguando una moción de censura”.

Pavón ha insistido en que Belmonte “ahora es no adscrita” y por tanto un moción de censura “no podría prosperar” porque “su voto no cuenta”. “Era importante garantizar la continuidad del gobierno actual”, ha subrayado.

Julia Angulo

Este mismo miércoles el alcalde socialista, Gabriel Echávarri, ha firmado los decretos de asignación de competencias. Así, la edil de Guanyar Julia Angulo recibe las concejalías de Acción Social y Vivienda, que le fueron retiradas a Belmonte, y Víctor Domínguez la portavocía adjunta de la coalición.