Poco o nada se sabe de la vida y obra de Housseinou Gassama antes y después de su paso por Barcelona, entre 2008 y 2012. Aparte de que pintaba obsesivamente casas, muebles y otros objetos como martillos y cuchillos durante horas, agachado en una esquina del barrio de la Ribera de Barcelona, poco se conoce sobre los años de su estancia en la ciudad condal.

Las personas que se detenían para hablar con él, u observar sus tablas pintadas, apenas pudieron sonsacarle unos pocos datos sobre su vida anterior: su nombre, que utilizaba para firmar algunas de sus obras —en otras clavaba una chapa de metal en la que grababa un 4—; su antiguo oficio de herrero y su procedencia de Senegal. Nada más.

“A mí nunca me miraba a los ojos, y eso que nos veíamos casi a diario, porque yo vivía entonces muy cerca de la esquina donde Housseinou pintaba”, explica la arquitecta y urbanista alemana Kathrin Golda-Pongratz, que le trató asiduamente aquellos años y le compró numerosa obra, hasta el punto de establecer una colección significativa.

“Se limitaba a indicarte el precio de cada obra, porque él tenía muy claro que pintar se había convertido en su oficio y tenía que subsistir de su trabajo”, prosigue Golda, que explica que “solo una vez levantó la vista y me miró a los ojos, y fue porque le dejé en el suelo una hoja de contacto de una cámara Rolleiflex que utilizaba y en la que aparecía tanto mi madre como él”. De aquella mirada nació la imagen que ilustra la cabecera de este texto.

Una primera muestra y un libro sobre su obra

Aquella tira de pequeños retratos le gustó y le pidió a la arquitecta que se la regalara. A partir de entonces establecieron un poco más de relación, aunque siempre basada en la venta de sus tablas. Otra de las personas que tuvo un trato entre comercial y de limitado afecto con Gassama fue la curadora artística Alicia Chillida, que vivía en la Ribera en los años en que el senegalés deambuló por Barcelona.

“Estaba siempre agachado en la misma esquina con sus tablas expuestas y a mí, desde un principio, me llamó la atención porque su temática era muy curiosa, casi siempre dibujaba y coloreaba casas bajas, de estilo racionalista pobre, que parecían de Senegal, además de muebles y otros objetos inanimados”, explica Chillida, que agrega que “solo te hablaba para indicarte el precio de cada tabla”.

“Las tablas las conseguía desmontando cajas de madera que le regalaba el personal de una tienda de vinos cercana”. Chillida también consolidó una significativa colección de cuadros de Gassama, pero lo que destaca es cómo fue conociendo a gente del su círculo profesional en Barcelona que también había comprado obra del senegalés, de modo que cuando se mudó a Madrid, decidió en 2017 organizar una exposición sobre él, juntando obras de todos aquellos amigos y conocidos que habían adquirido las peculiares tablas.

El lugar de acogida de la muestra fue la galería 2Paredesy1Puente del arquitecto Tono Areán, y posteriormente, en 2018, la misma se trasladó a Barcelona, a la galería Espai 10. Acompañando a esta circunstancial retrospectiva sobre Gassama, Chillida editó un libro que funcionaba a la par de catálogo de la muestra y de estudio sobre el impacto que la obra del senegalés había tenido en las personalidades más variadas.

“En él participan Tono Areán, las fotógrafas Marta y Mireia Sentís, el también fotógrafo Ferran Freixa, la galerista Luisa Ortinez o el artista Alberto Peral entre otros”, explica la curadora. Desvela que para el libro le pidió a cada coleccionista imágenes y medidas de sus tabletas, cómo conocieron al artista, que les atrajo de su arte y dónde guardan las obras adquiridas.

No es, pues, un catálogo de exposición al uso, con textos y opiniones de académicos y expertos, sino un libro de experiencias personales en la que los coleccionistas exponen el vínculo con el peculiar artista, una suerte de crónica sentimental de los años barceloneses de Gassama, que desapareció en 2012 sin dejar rastro.

Nueva muestra y diálogo con Alberto Quintanilla

Según le dijeron a Chillida compatriotas del artista que trabajaban en un restaurante del barrio, “se fue a Almería con un tío suyo”. Una versión parecida corrobora Golda-Pongratz. Sea cierto o no su viaje al sur, la evidencia es que no se ha tenido noticia del senegalés desde 2012, aunque sí de su legado artístico. En 2021, una donación al Centro Pompidou de París del coleccionista del llamado “arte marginal” Bruno Decharme contenía algunas de las tablas de Gassama.

Ahora una nueva exposición lo recupera en la ciudad donde creó su obra: Barcelona. Golda-Pongratz es la comisaria de Mons interiors, la muestra que acoge el museo privado de Barcelona Mater: Casa-museu de la plaça de l'Oli, a muy pocos metros de la esquina donde Gassama tenía su “taller” callejero de creación y venta de arte

En la misma, las obras de Gassama se ponen en diálogo con las del pintor peruano Alberto Quintanilla (Cusco 1934), un artista consagrado que tiene obra en los principales museos del mundo, pero que guarda ciertas similitudes con el senegalés, si bien no estilísticas, sí temáticas. “Tanto Gassama como Quintanilla son dos artistas migrantes, exiliados de sus procedencias étnicas natales”, explica la arquitecta alemana.

La comisaria de Mons interiors explica que aunque el peruano viajó y se estableció en París gracias a una beca, una vía mucho mejor para migrar que la que seguramente utilizó el senegalés, “ambos han desarrollado una obra pictórica muy centrada en los referentes de sus lugares de procedencia, sin apenas influencias exteriores; en el caso de Quintanilla París y en el de Gassama Barcelona”.

La pintura de Quintanilla, aunque muestra influencias estilísticas de Joan Miró, Marc Chagall o eventualmente Wifredo Lam, tiene una imaginería peculiar, con fuerte presencia de caras grotescas, tonos púrpuras y lisérgicos y animales personificados y fantásticos, propios de culturas andinas, chamánicas e incluso amazónicas a pesar del ser él originario de la zona del Cuzco.

Por contra, Golda-Pongratz destaca que estilísticamente Quintanilla y Gassama no pueden ser más distintos: “Mientras el senegalés casi siempre utiliza figuras geométricas propias del diseño industrial y la arquitectura, primando las perspectivas axonométricas para sus casas y sus muebles, el peruano solo pinta personas y animales fantásticos con dos y tres caras, con apenas líneas rectas”.

En todo caso, Mons interiors se trata de una excelente oportunidad para explorar la obra de dos artistas únicos y diferentes, que dejan en su arte claras sus referencias y sus obsesiones sin permitir que el mundo exterior les influyera.

Un vecino, Manuel Rosa, aprovechó la presencia de las autoridades para plantarse con un doble cartel. Por un lado, denunciaba que en el último año se han registrado 4.000 incidencias con la luz, mientras que por el otro reclamaba la recuperación del recorrido completo de las líneas municipales de autobús, suspendido por el lanzamiento de piedras. Esto es el Polígono Sur de Sevilla, concretamente una de sus zonas más 'duras' como es la barriada de Martínez Montañés, epicentro de la zona conocida popularmente como las Tres Mil Viviendas, por donde va a empezar la ofensiva urbanística para dignificar estas calles y recuperarlas para la ciudad.

El plan prevé la demolición de cuatro bloques de pisos semiabandonados y en muy mal estado, a lo que se unirá la recuperación de otros cuatro inmuebles que ahora son un esqueleto, es decir, sólo cuentan con su estructura principal. Esta rehabilitación se traducirá en la construcción de 92 viviendas nuevas, mientras que el solar de los edificios que se derriben se aprovechará para ganar espacios verdes y deportivos. Todo esto se remata con la reconstrucción de la carretera exterior que bordea esta zona para convertirla en un bulevar más amable.

Todo este conjunto residencial aglutina a seis de los diez barrios más pobres de España, un rincón de marginalidad y chabolismo vertical que en octubre pasado dejaba a todo el país con los ojos abiertos por el uso de armas de guerra en un tiroteo. Miles de familias con tantos elementos en contra luchan por normalizar su día a día, por denunciar que son parte de Sevilla y reclamar los mismos derechos y servicios para dejar de ser un gueto.

Mejoras en otros 512 pisos

Tras el bochorno para la ciudad que supuso lo ocurrido hace unos meses parece que por fin las administraciones se lo toman en serio y van a acometer esta operación, que en su conjunto suma 21 millones de euros y requerirá como mínimo entre cuatro y cinco años para completarse. Los vecinos que han acudido a la presentación, representantes de entidades del barrio, están a verlas venir, expectantes pero con la mala experiencia de muchos años de inacción y promesas incumplidas.

Un barrio que mira al futuro. Martínez Montañés, en marcha es el nombre-eslogan con el que han bautizado esta acción Junta de Andalucía (principal casero de las Tres Mil, que pone 13 millones de euros) y el Ayuntamiento de Sevilla, que se encargará sobre todo del nuevo bulevar. El punto de partida será un edificio a medio construir ante el que se han hecho las fotos las autoridades, en el que se harán 30 viviendas, mientras que las restantes 62 previstas se levantarán en los otros tres esqueletos del barrio.

La operación se completa con la mejora de otros 512 pisos, 80 de los cuales se someterán a un lavado de cara integral: reforma de cocinas y baños, pavimentos y alicatados, nuevas instalaciones de abastecimiento, saneamiento y electricidad... Las otras 432 viviendas se distribuyen en 21 bloques que están en mejor estado, así que en 17 de ellos lo que se acometerán serán reparaciones de paramentos y pintura de fachadas. En los cuatro edificios restantes se profundizará más, con reformas exteriores, de elementos metálicos e instalaciones de evacuación de aguas.

Edificabilidad que se traslada a otras zonas

El alcalde hispalense, José Luis Sanz, reconoce que esto es sólo el primer paso para “empezar a solucionar los muchos problemas de estos barrios” para que dejen de ser un gueto, para lo que insiste en su idea de que –más adelante– contará con expertos urbanísticos que urbanizaron el Bronx de Nueva York. “Esto es mucho más que una inversión, es una puerta abierta al futuro”, ha subrayado por su parte la consejera de Fomento, Rocío Díaz, para así dignificar un Polígono Sur que “durante décadas ha sido sinónimo de desigualdad y abandono de las administraciones”.

El derribo de los cuatro bloques previstos y su transformación en suelo dotacional supone que la Junta (a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA) pierde una considerable cantidad de metros cuadrados edificables que son públicos. La solución llegará vía convenio entre ambas partes, que permitirá trasladar esta edificabilidad a otras parcelas de la Junta, muy probablemente en la barriada de Palmete, incrementando así las viviendas que ahora mismo están permitidas.

La intervención ha sido presentada como un “proyecto social” y dejará cuatro nuevos bloques de pisos que, según la consejera, serán “el símbolo del cambio del barrio”. El alcalde, por su parte, no ha tenido empacho en admitir que el Polígono Sur es “uno de los barrios más desatendidos”, con Martínez Montañés a la cabeza, por lo que la propuesta (que incluye el bulevar y un corredor verde para conectar con el parque Guadaíra) supone mejorar la calidad de vida en esta zona, “reducir las desigualdades y fortalecer el arraigo vecinal”.

La Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés ha denunciado este martes la “plena marginación” del poblado chabolista de Alday (Camargo) y ha reclamado un plan de realojo “digno” para sus nueve familias, mediante un régimen de alquiler “que se ajuste a su situación”, dos de ellas manera urgente al tratarse de una persona con discapacidad y otra de 82 años.

Por su parte, desde el Ayuntamiento el alcalde, Diego Movellán, ha asegurado que se está trabajando junto a la Dirección General de Vivienda en dar una solución “real y de futuro” para poner fin a “32 años de chabolismo”, mediante una “integración ordenada” de las familias para no crear “futuros guetos”.

En un encuentro con la prensa en el poblado chabolista de Alday, el presidente de la Plataforma Romanés, José Alfredo Vargas, ha vuelto a reivindicar un plan de realojo “digno” para esta población gitana. Se trata de una reclamación “histórica” del colectivo, que ha advertido que en este enclave “sobreviven” nueve familias y la situación actualmente es “insostenible”.

Según ha recordado, en 1992 se llevó a cabo un plan de realojo “histórico”, en el que se reubicaron ocho familias de gitanos en la urbanización Buenos Aires y 16 familias se quedaron en este lugar.

Así, pese a que este poblado era una “solución temporal” a la espera de trasladar a las familias a una vivienda “digna”, lleva aquí desde 1992 y en todo este tiempo ha habido “incendios en las viviendas, ratas, cucarachas”, llegando a ser “imposible de convivir aquí” y varias de sus familias “han tenido que buscarse otro lugar”.

Una situación que ha sido denunciada en la prensa históricamente, así como ante el Defensor del Pueblo y el Ayuntamiento, también en las dos legislaturas de Esther Bolado (PSOE), en la que esta población gitana, entre la que se encuentran niños, mujeres y ancianos, ha sufrido una “plena marginación” que “no se puede aceptar”.

Desde la Plataforma, que pretende actuar de intermediaria, consideran que el Ayuntamiento debe asumir la responsabilidad de reubicar estas personas “en primera persona”, mediante un asentamiento en pisos “como corresponde”, con una vivienda “digna”. En concreto, piden para estas familias unos pisos “que den seguridad y que no minen sus derechos” mediante un régimen de alquiler que “se ajuste” a su situación porque “no tienen mucho dinero”.

Así, solicita una reunión con el director general de Vivienda y el alcalde de Camargo para que haya un “compromiso firme” de buscar un plan de realojo “digno” para esta población gitana, y de manera urgente en el caso de dos viviendas para una persona de 82 años y otra con discapacidad, que “no pueden continuar más en esa situación”.

En este sentido, el presidente de la Plataforma Romanés ha apuntado que la situación de “insostenibilidad” de estas dos personas ha sido trasladada al Consistorio y al Gobierno de Cantabria y, sin embargo, “todavía siguen aquí”.

A su juicio, se trata de una “discriminación tan totalmente descomunal” que no pueden “aceptarlo”, por lo que han pedido que se realice “ya, cuanto antes” un plan de realojo para estas familias.

“Viven aquí de toda la vida, es gente honrada, gente pobre, pero honesta, y creo que necesitan que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Cantabria se pongan las pilas para su asentamiento”, ha defendido Vargas.

Finalmente, el presidente ha apuntado que “hay muchísimos fondos públicos que prácticamente se están desviando de otras comunidades autónomas por falta de una voluntad política para llevar a buen término a estas familias”.

Por su parte, la abogada de la Plataforma Romanés, Carmen Franch, ha censurado que el alcalde, Diego Movellán, les “niega” una reunión para intentar buscar soluciones, pese a las “numerosas solicitudes”, y ha denunciado la “situación de olvido institucional” de estas nueve familias de vecinos.

Ha apuntado que sí mantuvieron dos encuentros, tanto con la concejala de Servicios Sociales, Silvia del Castillo, como con el técnico del departamento, en los que se planteó por parte de la plataforma algunas soluciones pero no recibieron respuesta “ni se ha desplegado ningún tipo de actividad para intentar solucionar definitivamente la situación de estos vecinos”.

“No crear futuros guetos”

Posteriormente a estas declaraciones, el alcalde (PP) ha convocado una rueda de prensa en la que ha aseverado que desde el Consistorio se está trabajando en dar una solución “real y de futuro” para poner fin a “32 años de chabolismo”, mediante una “integración ordenada” de las familias para no crear “futuros guetos”.

“Por lo que este alcalde no va a pasar es por un nuevo chabolismo 2.0”, ha enfatizado Diego Movellán, en referencia a la propuesta de hacer nuevos módulos prefabricados en el mismo poblado de Alday.

Así, ha defendido la “integración social plena, ordenada y efectiva” de estas familias gitanas, sobre todo para aquellos casos “más urgentes”, en los que ya se ha tramitado la solicitud del plan de emergencia habitacional.

En este punto, el alcalde ha señalado que desde los Servicios Sociales municipales se tramitó la dependencia y “se consiguió que dos personas del poblado tuvieran plaza en residencias” quienes, sin embargo, se negaron a acceder a las mismas alegando “diferencias culturales”.

El regidor ha subrayado que la Plataforma Romanés fue “el primer colectivo social” con el que se reunió en esta legislatura para abordar la problemática de Alday. Según ha indicado, en total han sido seis las reuniones que hasta el momento ha mantenido el Ayuntamiento con este colectivo con el fin de alcanzar una “solución efectiva”.

Ha explicado que en la primera de ellas se habló del trabajo realizado en la anterior etapa en la que estuvo al frente del Consistorio, de 2011 a 2015, que “se paralizó y se echó a perder una vez entró el cuatripartito”. Movellán ha recordado que en aquel entonces consiguieron que cuatro familias salieran del poblado con un alquiler, habiendo realizado un trabajo previo por parte de integradores sociales.

Asimismo, ha indicado que en el segundo encuentro la Plataforma propuso un convenio de colaboración para la avanzar en la integración social, liderando ellos mismos el proceso “con sus propios técnicos”, que recibió “el visto bueno” del Consistorio consignando en los presupuestos una partida de 20.000 euros para dicho proyecto.

No obstante, ha apuntado que posteriormente se “sorprendió” cuando la Plataforma, a través de su abogada mediante un correo electrónico dirigido a la edil de Servicios Sociales, se “desmarcara” de la “búsqueda de soluciones a este grave problema”.

De esta forma, Movellán ha afirmado que “sigue trabajando por una solución real y de futuro” para este poblado, como se demostró en el primer encuentro con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el que solicitó que las familias se puedan ir integrado “de forma ordenada, para que no se creen guetos”, en promociones de viviendas de protección social con el objetivo de “poner fin a 32 años de chabolismo en Alday”.

Un tema que el primer edil también ha abordado con el consejero de Fomento y que ha llevado a la Dirección General de Vivienda del Ejecutivo regional, ha sentenciado.

Despoetizar el lenguaje sin perder lo bello. Colocar la palabra precisa y dar nombre a aquello que no lo tiene. Poner el foco donde ningún poeta es capaz de ponerlo: en el bajo mundo y la dureza de la exclusión social. Bajar la cabeza ante versos que te hacen observar esa espiral que impulsa a personas fuera de la sociedad. Sentir con cada poema que somos parte de un sistema injusto e inhumano. Explorar las zonas más oscuras de la ciudad y también nuestros lóbregos entresijos interiores. Todo ello es capaz de reflejar José Daniel Espejo (Orihuela, 1975), escritor, librero y activista en Perro fantasma (Candaya, 2023). Un poemario coral, donde el Polígono de la Paz (Murcia), lugar donde se crio, adquiere una importancia indirecta. 

“La idea era crear como un cardumen y que no hubiese una voz, sino distintas voces que se van envolviendo”, explica en una entrevista con elDiario.es. El poemario adquiere un talante fantasmagórico propio de Rulfo. En este sentido, el poeta aclara que también hay “un trasfondo poético de la Antología de Spoon River”, del norteamericano Edgar Lee Masters. La voz de Espejo te traslada a los polígonos a medida que avanzamos en la lectura. Confiesa que uno de los objetivos era “que el lector se viera envuelto en las violencias que se dan en esos lugares”. Y es que el libro, alejado de adornos banales, va directo a lo que importa. “He buscado el grado cero del lenguaje y he empezado a construir desde ahí, sin agarrarme a una inercia de recursos”, añade. 

El autor puntualiza que sus poemas están “compuestos desde la oralidad”, pues en ella radica “el ritmo, la cadencia y una prosodia armónica y fluida”. Ha procurado “desconectar la complacencia de las puestas en página” para crear un libro más “abrupto”. Los poemas tienen una voz diferente, pero conectados por un mismo repertorio como si se tratara de un 'collage' de marginación y exclusión social, pues “hay términos del mundo de la droga o términos locales”, enfatiza. De los versos se desgrana que los vínculos familiares que aparecen en el libro están podridos. Y es que afirma el autor que “la familia es el lugar en el que heredas la pobreza y las formas tóxicas de relacionarte con el mundo”. 

En Perro fantasma, el lector encontrará una idea de un dios lejano. Algo así como la exclusión divina que pueden llegar a sentir los desfavorecidos o, mejor dicho, una figura divina vinculada al rechazo. El propio autor considera que “los personajes que pululan en el libro han sido expulsados de un marco de creencias”. Sin embargo, también hay margen para temas como las adicciones, la soledad, la marginalidad o la crudeza de los problemas climáticos. El libro se desarrolla en Murcia y Almería, zona desértica de la península ibérica y considerada de martirio climático. Los escenarios planteados en la obra son “zonas de sacrificio” como él mismo remarca. Lugares donde “no importa contaminar, destruir y degradar”. 

El sistema dentro de lo poético 

El poemario de Espejo también tiene un sentido político que consiste en “cambiar el foco, mirar realidades periféricas o marginales sobre las que transcurre la vida de una parte de la población”, según cuenta. Sostiene que el sentido político de sus poemas tiene que ver con “mirar en zonas oscuras o poco representadas”, adquirir la capacidad suficiente para “observar por debajo de las capas de tabú que hace que las personas que viven realidades vulnerables sean despreciadas por la sociedad” y que el desprecio hacia ellos se convierta en “legitimación del sistema”. No obstante, aclara que en absoluto busca con el libro “ningún tipo de acción colectiva”.

Uno de los rasgos que comparten los personajes de Perro fantasma es el deterioro de la dentadura. Por ello, asegura que ese hecho es “una marca muy clara de proletariado” y que fue consciente de ello después. “Es la forma que el sistema tiene de recordarte que algo no va bien contigo o que no eres digno”, explica. El poeta, que trabaja en una oenegé, admite que su experiencia laboral ha jugado un papel fundamental a la hora de plantear el libro, pues “nuestra tendencia a hacer tabú la exclusión social tiene que ver con el miedo” y con saber que “nada puede salvarnos de eso ante las medidas de protección”. Sugiere que lo que intenta es mirar por debajo de esos tabúes porque “hay una riqueza literaria que se puede explorar”. 

El reto de nuestra generación y nuestro siglo es el cambio climático, el pico de los combustibles fósiles y los recursos del planeta

José Daniel Espejo — Escritor, activista y librero

Otro de los retos que afronta el libro son los problemas que aquejan a la generación actual. En cada verso se transmite una punzada, un quejido o un “sálvese quien pueda”, tal y como resalta el poeta. “El reto de nuestra generación y nuestro siglo es el cambio climático, el pico de los combustibles fósiles y los recursos del planeta. La Tierra ya no es la que era hace 20 años y está al borde de una transformación profunda”, lamenta. Insiste que se trata de un asunto sistémico, donde “la gente que manda también está en una situación crítica” y lo único que le queda a la población es “afrontar un colapso civilizatorio y social” de la mejor manera posible. 

Más allá del 'yo'  

Con Perro fantasma, el poeta ha querido cerrar un ciclo que seguía abierto con su libro anterior Lagos de Norteamérica. Admite que le ha costado “salir de esa onda autobiográfica del libro anterior”, pues al hablar de fantasmatización o disolución de la identidad no quería “hacerlo desde un yo central firme y definido”. Además, sugiere que esta obra la ve como un “cierre de ciclo”, donde el hilo conductor ha estado marcado por la pérdida de identidad, la exclusión y la marginación.

Lo cierto es que si nos detenemos en el trasfondo de cada verso, la voz personal y poética de Espejo es tan potente que tiene la capacidad de mezclarse en esos poemas corales de denuncia. “Mientras escribía, yo también me hacía consciente de las zonas de mi vida que han estado en riesgo”, puntualiza. Uno de sus objetivos era “traspasar a los lectores para que se sientan parte de los riesgos” desplegados a lo largo del libro y también que puedan “sentirse parte de la solución”. Por ello, hace referencia a la postura de la poesía española contemporánea mostrándose crítico porque “se mira demasiado el ombligo y solo enfoca realidades acomodadas”. Sin embargo, no es del todo pesimista porque también “hay jóvenes poetas que rompen ese canon”.

Espejo defiende su postura poética destacando que “la poesía pierde su poder, si solo la ubicamos en realidades acomodadas”. Es tajante asegurando que “sin riesgo no existe lo poético” y que lo que busca es alejarse de “los topos y lenguajes habituales”. Incide en que “merece la pena arriesgarse” porque “sin riesgo no hay literatura”. 

La Medina de Marrakech es un laberinto. Entre sus estrechas calles, tienes que sortear las motos que corren y esquivan a gran velocidad a turistas, puestos del zoco y hasta a animales. Un deporte de riesgo.

La plaza Jemaa el Fna, donde se registraron algunos destrozos tras el terremoto del pasado 8 de septiembre, es el corazón de la ciudad. Allí, quedan pocos restos de la tragedia. En cambio, en otros puntos del casco histórico, el tiempo parece hacerse quedado paralizado.

En Mellah, también conocido como el barrio judío, varias montañas de escombros se amontonan en las esquinas de las minúsculas callejuelas. Un grupo de mujeres acampan en la plaza Tinsmiths. No pueden volver a casa y tampoco han sido realojadas en algunos de los campamentos para desplazados a las afueras de la ciudad.

El barrio olvidado entre los atractivos turísticos

Un par de mantas anudadas entre sí las cubre del sol durante del día y del frío en la madrugada. Mohamed mira la fachada de su casa. A un lado, se levanta una de las dos sinagogas que quedan en todo Marrakech, al otro, su mujer recuerda con terror la noche del terremoto.

En la pantalla de su móvil, muestra un vídeo difundido por la televisión Sky News Arabia, que fue grabado por la cámara de seguridad que permanece intacta en la esquina entre la sinagoga y su casa. En el vídeo se puede ver como la joven sale corriendo de su casa en los primeros segundos del temblor. Justo después, cae una parte de la fachada de la vivienda y otra parte del piso más alto. “Me he salvado, gracias a Dios”, dice a elDiario.es.

Mohamed y su mujer siguen viviendo en esa casa, donde unas grietas cruzan horizontalmente algunas habitaciones, incluso en la que todavía duermen. “No tenemos adonde ir, esta es nuestra casa. Tampoco viene nadie a ayudarnos ni a darnos otra alternativa”, añade disgustado Mohamed.

Una ambulancia está aparcada en el acceso de Mellah. Su conductor apoya los pies en el salpicadero mientras que discute con alguien al otro lado del teléfono. Cerca, un grupo de personas se agolpan a las puertas de una comisaría de Policía. El barrullo deja entrever un malestar que se arrastra desde hace más de una semana.

Sentado en un taburete, un hombre mayor enseña sus manos agrietadas, ensangrentadas y con algunas heridas mal curadas, cubiertas de pus. Son la imagen del olvido. “Hemos estado seis días levantando escombros con nuestras propias manos. Los equipos de recogida no pasaron hasta el miércoles y aún hoy queda mucho trabajo por hacer”, cuenta a elDiario.es el octogenario.

A sus espaldas se puede ver uno de los edificios del barrio cuya tercera planta se derrumbó por completo. El hombre parece ignorar el peligro y comenta que en ese lugar “una madre y su hijo murieron mientras dormían”. Hasta el momento, las autoridades han cifrado en casi 3.000 el total de muertos a causa del seísmo más fuerte del país y del norte de África.

Aunque la mayoría ha fallecido en la región de Al-Hauz, al suroeste de Marrakech y en los montes del Atlas, los últimos registros en esta ciudad recogen 16 fallecidos, una parte de ellos en este barrio olvidado.

Varios edificios están sujetos por andamios metálicos y palos de madera, como la fachada de la casa de Mohamed. La mediocridad de las soluciones ha suscitado la indignación de los locales, que no lo piensan ni dos veces a la hora de criticar al Gobierno marroquí.

El pasado 10 de septiembre, dos días después del temblor, una decena de personas se manifestaron en la plaza Tinsmiths, la más concurrida del barrio, pidiendo respuestas institucionales y de los equipos de rescate. De poco ha servido.

Los más afectados por el terremoto

En Marrakech, la geografía social de la Medina se ha polarizado con el paso de los años. Con el aumento de los turistas y la apertura de riads (casas tradicionales transformadas en hoteles), restaurantes y cafeterías con toques occidentales -regentados mayoritariamente por franceses-, otras zonas de la ciudad han quedado marginalizadas y sobrepobladas.

Es el caso de Mellah. Desde los años 70, la antigua judería recibe a los marroquíes más vulnerables que se trasladan desde el campo a la urbe. En comparación con el resto de la Medina de Marrakech, la densidad de población es tres veces mayor y alrededor de tres cuartas partes de las familias viven con menos de 1.000 dirhams al mes (alrededor de 100 euros).

Algo similar ocurre en lo más alto de las montañas del país, donde el temblor también se sintió con fuerza. Hoy son las consecuencias del terremoto, pero tradicionalmente las comunidades amazigh (bereberes) han vivido aisladas de los servicios públicos y marginadas por la gestión de las autoridades nacionales.

En las zonas más pobres del Atlas faltan infraestructuras, centros sanitarios, escuelas y, en muchos casos, suministro eléctrico o alcantarillado. Durante los meses de invierno, muchos pueblos quedan totalmente aislados por las grandes nevadas, congelados por el frío.

El barrio judío de Marrakech nació como un gueto en el siglo XVI, cuando el sultán quiso separar a los judíos del resto de la población musulmana. Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, muchos decidieron emigrar. En los años 60 del siglo pasado, alrededor de 35.000 fieles de esta comunidad vivían aún en él, siendo la judería más poblada de todo el país.

Desde entonces, y según los datos más recientes de 2020, el éxodo ha hecho que solamente 250 judíos convivan con los otros residentes en estas calles. Dos sinagogas, el cementerio o Miâara y el zoco de las especias son algunos de los restos históricos, culturales y religiosos que aún se encuentran en Mellah.

El Puche es una barriada de la capital almeriense y su “mala imagen” la tiene grabada a fuego por el estigma social enhebrado década tras década. Este vecindario vive una situación complicada que emana de diversos factores. Pero la conjunción de estos elementos reduce el problema a la siguiente ecuación: falta de civismo que promueve el abandono. Sus vecinos ya están hartos de cargar con esa turbia imagen y, precisamente eso es lo que se retrata en el documental ‘¿Y si es verdad?’, dirigido por Loles Peña de La Pañoleta films.

Se trata de un documental de 30 minutos con un formato en el que busca alejarse de la simple queja. Invita a conocer vidas, historias reales de diferentes generaciones que viven de El Puche. Se muestra, por primera vez, la voz de vecinos de todas las edades de esta barriada y cuentan su sentir y la foto fija actual del vecindario. Vidas que con su decir y contar nos enseñan otra realidad de la barriada, la que pocas veces se ve o se cuenta. Y, a la vez, plantean algunas preguntas y cuestiones que buscan la reflexión de toda la sociedad.

Desde hace mucho tiempo se espera que la comunidad que vive en este barrio genere cambios y se haga parte de la ciudad. Este documental viene a darnos a entender que esto ya está pasando. Las preguntas ahora son estas: “¿Está la ciudad preparada? ¿Queremos? ¿Y si es verdad? ¿Y si es verdad que existe un cambio y nos toca a todos los agentes sociales e institucionales responder? ¿Queremos darnos cuenta o abrir la posibilidad a ello?”.

Este audiovisual se estrenó el pasado mes de diciembre en el Teatro Apolo de Almería bajo la atenta mirada de centenares de personas, entre las que se encontraban las concejalas Paola Laynez y Lorena Nieto, el director del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), Mario Pulido, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco Bellido.

La idea es, tal y como cuenta su directora al elDiario.es Andalucía, “visibilizar esta situación de una manera diferente”. Loles Peña, junto con Óscar Bleda, coordinador de la Asociación Ítaca, cayeron en la cuenta de que “en los medios nunca se cuentan las historias personales que hay detrás de los titulares sensacionalistas, por eso decidimos que era necesario que personas como Mari Ángeles, Hakim o Shainaz pusieran voz a esa realidad”. Peña alude a la “evidente responsabilidad de los medios” porque “solo hace falta ver la hemeroteca de cualquier medio regional/nacional para confirmar que en ellas no aparecen noticias positivas o favorables sobre el barrio”. El mismo en el que “se cuenta con una población joven muy implicada tanto en el cuidado del barrio como en el progreso del mismo y que generan actividades que, de hacerse en cualquier otro sitio, serían noticia”.

La Asociación Ítaca trabaja de manera constante con los jóvenes del barrio para motivarles y hacerles ver que hay un mundo de oportunidades. “Buscamos ser la bisagra entre la gente de aquí y las instituciones”, dice Bleda. El coordinador de Ítaca añade que “la gente está cansada de no tener las mismas oportunidades simplemente por ser de El Puche”. Su idea del documental es “plasmar la realidad de las nuevas generaciones” e invitar a la reflexión de “¿Y si es verdad que ya ha llegado el momento de que las administraciones hagan algo porque estamos en un cambio real?”. Bajo el punto de vista de Bleda, el documental “busca despertar el pensamiento crítico de la sociedad almeriense, despertar una reflexión y autocrítica para poder comenzar a entender, no solo criticar por criticar”.

La Asociación Ítaca ha contado con la colaboración de la Diputación de Almería dentro de sus Subvenciones 2022 destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Almería, en materia de servicios sociales e innovación social'.

“Conoce, trata y observa, luego si quieres juzga”

La brecha social se hace palpable cuando reparten currículum y los llaman para una entrevista de trabajo: “Solo con decir que soy de aquí ya me dicen que no”, afirma Mari ángeles Fernández, de 21 años de edad. Ella confiesa que tuvo que dejar sus estudios de Integración Social por los sucesivos cortes de luz. En los albores de la pandemia, muchos centros educativos se digitalizaron aún más y los deberes y exámenes se hacían vía online. Lo que ocurre es que la barriada sufre de reiterados cortes de luz: “para muchos de los profesores eso era una excusa y no podía enviar mis trabajos”. Este asunto lo dejan bastante claro a lo largo del documental.

Y ya no es solo eso, “hay gente que no quiere juntarse contigo por el mero hecho de ser de aquí”. La joven relata cómo muchas veces los padres de sus amigas no las han dejado ir al barrio “porque es muy chungo”. Ella trata de luchar contra el estigma social que se le tiene al barrio: “A la gente que conozco de fuera del barrio, compañeros de trabajo o personas con las que simplemente coincides, siempre les invito a venir, tomar un café, tratar con gente”. Asegura que “las veces que he traído a gente de fuera siempre se han ido con otra perspectiva y luego han vuelto”. Su forma de combatir ese recelo al barrio “es simple y sencillo, no hay que cerrarle las puertas a algo que aún no conoces”. Ella zanja su reflexión con esta frase: “Conoce, trata y observa, luego si quieres juzga”.

Sin luz ni para conservar alimentos

Otra consecuencia de los cortes de luz que los vecinos sufren desde hace casi una década es la refrigeración de los alimentos. Por más veces que se hayan manifestado para pedir soluciones, nunca ha servido de nada. Con la comida “vivimos con lo que tenemos en el día porque se echa a perder conservarla en la nevera”, se queja Mari Ángeles. El documental también expone cómo viven diariamente con linternas y acuden a generadores y baterías para ver la televisión o, lo que es peor, conectar los respiradores de sus mayores.

Para nada este tema es nuevo y ni las administraciones responsables son ajenas a la situación denunciada. De hecho, han mantenido multitud de reuniones con este colectivo en busca de posibles soluciones a los cortes de luz. Sin embargo, según estos vecinos, la problemática de los cortes del suministro, que se asocia al elevado consumo de los cultivos ilegales de marihuana, persiste.

Es por eso que Loles Peña insiste en poner el foco en las personas y en la gravedad de la realidad que están viviendo. “Es impensable que nosotros, como vecinos, permitamos que personas se estén muriendo porque no tienen luz para que funcionen sus respiradores o sus medicinas estén refrigeradas”, expresa. Recalca que “eso, en cualquier otro barrio, supondría un enfrentamiento claro ante los responsables y un grito en el cielo por parte de instituciones y vecinos”. Ella se da por satisfecha “si conseguimos que con este documental esa conciencia de ”vecindad“ se despierte”.

Ha llegado el momento, entiende Óscar Bleda, de que “todos nos hagamos la pregunta ¿y si es verdad que el momento de cambio de la barriada ya está aquí? ¿Y si es verdad que el barrio y su población ya están preparados y faltamos nosotros?”.

1,88 de altura y 107 kilos. Kalo, jugador fiyiano de rugby del VRAC, se coloca las manos sobre la cabeza imitando a un conejo. No, no está bailando el Meke —danza tradicional de Fiyi— ni es un ritual previo a un partido: está buscando a uno de los alumnos que también imitan a un conejo para jugar al 'piedra papel o tijera'. Kalo es uno de los jugadores que enseña inglés en Pajarillos, un barrio vallisoletano en el que conviven 40 nacionalidades.

Los clubes del VRAC y El Salvador van cada dos semanas a dar apoyo a los chicos que quieran acudir a las clases de inglés. La iniciativa empezó con los jugadores del VRAC hace dos años, aunque este curso se ha incorporado el equipo de El Salvador. Sobre todo van jugadores extranjeros y algunos españoles que tengan buen nivel de inglés. Acompañados por estudiantes de Educación, los del rugby ayudan a los niños a acostumbrar su oído a distintas formas de hablar.

Estos laboratorios de idiomas permiten a los chicos conocer también otras formas de vivir, culturas o tradiciones. “Es más compartir que impartir”, sostiene una de las jugadoras del Crealia El Salvador, Trina Moir. Ella también es profesora de inglés en una academia y coordina los equipos del rugby femenino regional y de la División de Honor. “Lo más gratificante es que vuelvan a clase, porque si realmente no les interesa, no asisten”, ratifica Moir, que recuerda que ahora los chicos son más puntuales que cuando empezaron los laboratorios.

Estos chicos (de 5º de Primaria a 2º de la ESO) van voluntariamente por la tarde a varios talleres que organiza la asociación Pajarillos Educa, que trabaja en la cohesión social y participación comunitaria. “Solo con que vengan ya muestran voluntad de aprender. Si quieren, lo tienen súper fácil; porque si no quieren venir, no vienen y ya está”, explica uno de los tres coordinadores del proyecto, Álvaro Clemente.

Los alumnos de Educación Primaria con mención de inglés de la Universidad de Valladolid (UVa) se turnan para acudir al Centro Social Santiago López —antiguo colegio— a dar clase dos veces a la semana a los chicos, que pasan una hora oyendo hablar en inglés, aunque entre ellos se mezclen el dariya —árabe marroquí— y el castellano. Hay dos grupos: uno de primaria y otro de secundaria.

El alumnado —compuesto sobre todo por chicas marroquíes— dice adiós a los libros: el objetivo es que mejoren su expresión y comprensión oral con futuras docentes y con jugadores de rugby extranjeros y españoles que tienen el inglés como lengua materna o que dominan el idioma, puesto que algunos jugadores extranjeros de rugby son neozelandeses y sudafricanos. ¿Cómo? Mediante inmersión lingüística y juegos que impliquen movimiento físico para que los chicos estén motivados y quieran ir a clase. Cada sesión es distinta, porque este cuatrimestre los maestros han ido rotando. En los primeros meses del curso, un grupo de universitarios realizaron sus prácticas en el centro.

Matt Smith coordina la participación de los jugadores de El Salvador y destaca la gran evolución que ha visto en el curso. Recuerda especialmente el caso de una de las niñas, Soukaina, que cuando llegó a España no hablaba castellano ni inglés, sino que se comunicaba en marroquí o en francés. “Yo llevo en España cinco años y sigo aprendiendo, si pudiera mejorar mi español como ellos su inglés...”, comenta.

Kalo lleva en el programa desde que empezó hace dos años y destaca la importancia que tiene que los chicos escuchen también otros acentos distintos del británico. “La mezcla de orígenes es muy grande y así ellos podrán ir a cualquier país de habla inglesa y entenderles”, explica Matt Smith. El jugador neozelandés de El Salvador reconoce a veces dificultades para entender a alguno de sus compañeros, aunque su lengua materna sea la misma. Kalo, del VRAC, recuerda que el año pasado les explicaron de dónde venían y cosas de su cultura, lo que les permite ver “otras formas de vivir”. “Recuerdo que les dije que nosotros cocinábamos bajo tierra [el 'lovo' es un horno hecho en la tierra] y alucinaron”, ríe.

Los chicos, que van a colegios e institutos del entorno, se mostraban “nerviosos” cuando empezaron las clases hace dos años, aunque ya lo tienen muy asumido e incluso los mayores meten prisa a los pequeños para que terminen y poder empezar ellos. “Me gusta mucho porque nos divertimos y aprendemos”, dice Khadija, de quinto de primaria.

Carmen Fernández Aguilar es otra de las jugadoras de rugby que ha acudido a los laboratorios de inglés. “Conocer mujeres deportistas e independientes puede servir para luchar desde la base contra este tipo de desigualdades, aún existentes”, asegura. Carolina Lobera, de 17 años, considera importante que se implique gente joven porque así los niños no los ven tanto como 'mayores' y les ven más cercanos. 

Algunos alumnos, como Soukaina, no se manejan del todo con el castellano ni con el inglés y a veces necesita que sus compañeras le traduzcan algún juego. Precisamente Soukaina es de las que más atención presta, aunque este es su primer año en las clases de inglés. Otros niños, si se lo están pasando bien, deciden alargar el inglés una hora. Nora y Hind, alumnas de secundaria, llevan desde que empezó el proyecto y se muestran contentas con las clases de inglés, aunque se quejen —entre risas — y tomen el pelo a los monitores.

Judith, Andrea y Ángela participan en una de clases como profesoras. Ellas tienen claro que estas clases no solo sirven a los pequeños: “En la Facultad te preparan para una situación idílica, en la que los niños están quietos y callados, pero luego cada situación es diferente: sus formas de socializar o de hablar no son las mismas y hay que adaptarse a ello”, explica Judith. A su lado, Ángela destaca que los niños van interiorizando poco a poco el inglés, “aunque ellos digan que no”. Moir destaca la importancia de adaptar y personalizar las sesiones. “Los chicos ven que se puede aprender de forma divertida y dinámica, algo que permiten los grupos pequeños que hay”, agrega.

Adaptar la metodología de enseñanza

“La idea es que los universitarios sean conscientes de la situación de vulnerabilidad que existen y las distintas familias que componen la sociedad”, explica una de las profesoras de Educación que lidera la rama didáctica del programa. De esta forma, los futuros maestros aprenden a “adaptarse” a distintos estilos de aprendizaje para que todos los niños “tengan las mismas oportunidades”. Cada mes, los alumnos abordan un tema para que los niños aprendan vocabulario y mejoren su expresión oral: el curso termina en mayo con la ecología, sostenibilidad y las aves, pero han hablado de las fiestas del mundo, deportes, inventos, artes, el universo...

En una de las clases a las que acude esta periodista está también presente un profesor de la Universidad del Salento (Lecce, Italia), que está de profesor visitante en la UVa. Gianfranco Molfetta también es maestro y ha trabajado durante más de una década en escuelas con niños vulnerables. “Lo que se hace aquí es incluso más importante que la escuela”, afirma. El maestro destaca la importancia de este tipo de iniciativas, y ensalza el papel que juega la Universidad. “Los alumnos aprenden que no se puede enseñar igual a todos y aprenden el respeto a todos los niños”, subraya Molfetta.

Jugadores que viven en la zona más problemática

El Laboratorio de Idiomas es solo una de las iniciativas en las que participan los equipos vallisoletanos de rugby: también refuerzan el ejercicio físico y algunos, incluso, residen en viviendas gestionadas por el Ayuntamiento en el 29 de Octubre. “Kirk [Tufuga] vive allí con su familia y la experiencia ha sido muy buena. Es una oportunidad para que los jugadores se sientan partícipes de la zona en la que viven”, explica la vicepresidenta del Club El Salvador, María Morán, que asegura que este tipo de proyectos evita que los jugadores “pierdan la percepción social de su entorno deportivo y académico”. “La acogida por parte de los jugadores ha sido bastante buena e incluso un poco por encima de las expectativas”, continúa el presidente del VRAC, Chema Valentín.

Las clases de inglés están integradas en los Laboratorios de Artes y Transformación Educativa (LATE), que son actividades de ocio, deportivos, culturales, educativas y sociales proyectadas en horario extraescolar y se complementan con un apoyo-refuerzo escolar. Algunos de los proyectos con más éxito son los talleres de circo y cine, en los que prima la integración de los niños. “Es complicado y puede acabar siendo un 'moros contra gitanos', como dicen ellos”, explica la coordinadora de proyectos Asociación Pajarillos Educa, Mónica Salcedo.

“La idea era meternos en el tumor de la exclusión y crear un tránsito de gente distinta a la que está acostumbrada el 29 de Octubre. Pero el espacio retrae mucho a gente paya que vive en el barrio, así que estamos pensando en utilizar un sistema más mixto y trabajar en otros espacios municipales del barrio”. Es la respuesta que da Alberto Rodríguez, 'Bertoni', el director del Colegio Cristóbal Colón de Valladolid —el más guetizado de la ciudad— y una de las almas de Pajarillos Educa.

Otros laboratorios y programas

Con financiación de la Junta de Castilla y León, se ha creado un observatorio para ir identificando buenas prácticas en el laboratorio y ver las prácticas que se hacen en otros “'Pajarillos' de España”, explica Salcedo. El primer ejemplo que viene a la mente de Bertoni al hablar de éxitos es el de Pajarillos Queda Deporte: se forma a los adolescentes como entrenadores de fútbol para que luego entrenen a los niños más pequeños, que tienen que ir a clase para poder ir al entrenamiento. De esa forma los pequeños van a clase y los mayores reciben una formación y se convierten en referentes de los niños.

Pajarillos Educa no solo trabaja con chicos en edad escolar, también se realizan proyectos de inserción sociolaboral y emprendimiento social como los talleres de costura dirigido a mujeres sin estudios y en situación de dependencia económica, laboral y familiar.

Los preadolescentes, como tales, se escudan en el sarcasmo y la ironía, pero suelen salir más contentos de los que entran a los laboratorios. Antes de empezar los talleres, los niños se ponen en círculo y realizan una asamblea en la que hablan de cómo están o debaten sobre temas sociales. Al entrar en el aula colocan un emoticono junto a su nombre para que los monitores sepan cómo se sienten: si están tristes, felices o ni fú ni fá. Y al terminar, una petición que parece habitual y que ya tiene una entonación propia: “el emoji antes de salir de clase, porfa”.

Horas después de la llegada el pasado sábado de la imagen de Jesús del Gran Poder al barrio sevillano de Los Pajaritos, se producía un tiroteo que era el tercero en menos de una semana. No hubo heridos, pero fue un reflejo de los problemas que azotan a una zona que es la segunda de menor renta de toda España, detrás del cercano Polígono Sur. Puertas afuera de la ciudad llamaron la atención las pintorescas estampas del Cristo con un fondo de ropas tendidas, pero también que en un enclave con tantísimas necesidades hubiese semejante ambiente festivo en vez de un tono más reivindicativo. La posible respuesta lleva a preguntarse “¿por qué tanta gente considera necesario encomendarse a la protección de la imagen en una época en la que, en teoría, nadie se queda atrás?”.

La cuestión la lanza Isidoro Moreno Navarro, catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla y uno de los primeros en diseccionar desde esta disciplina el mundo de la religiosidad popular en Andalucía. A su juicio, “la pregunta es muy fuerte y pone en el centro del debate las responsabilidades políticas de las administraciones”, porque la cruda realidad es que muchos “le tienen más fe al Gran Poder que a las instituciones”, a un sistema que no les da respuesta. 

Porque hablamos además de barrios “que no nacieron como guetos, sino de zonas modestas y humildes que se fueron degradando” sin que las administraciones revirtieran la situación. “El que pudo salió de allí y aquello se convirtió en un fondo de saco”, porque estas personas fueron sustituidas por otras “en peores condiciones sociales” y, pese a que en estos entornos sigue predominando la clase obrera, se dispararon los problemas de vulnerabilidad, drogadicción, economía sumergida...

Un símbolo central en la Sevilla excluida

Moreno Navarro entiende el debate entre los que defienden que la llegada del Cristo es un acontecimiento mayor para el barrio y los que reclaman menos imágenes y más inversiones. Por un lado admite la potencia de que “uno de los símbolos centrales de la Sevilla de siempre se traslade a la Sevilla excluida tres semanas”, y por otro que esto viene a ser como “darle una aspirina al que tiene cáncer”; pero por encima de todo está el factor de las personas, de los que viven en Los Pajaritos, La Candelaria y Madre de Dios, las tres zonas que conforman esos Tres Barrios en los que el Gran Poder pasará tres semanas.

Y para esta gente “no ya olvidada sino excluida”, la llegada de la imagen ha servido para “reforzar su autoestima”. “Ellos reivindican que también son Sevilla”, recuerda, y el Gran Poder ha conseguido que la propia ciudad mire al extrarradio dejando de lado sus propios estereotipos de marginalidad. “Casi nadie es tan ingenuo como para pensar que las cosas van a cambiar, pero estos días es más difícil ocultar las situaciones que se viven en estos barrios”, con la imagen residiendo en una parroquia distinta cada semana. 

“No habían pisado esta zona en su vida”

“Esto sirve como toque de atención sobre la existencia de esa Sevilla que también está en el mapa”, apunta Moreno Navarro, una Sevilla “silenciada y oculta” que se lanzó a la calle el pasado sábado “con orgullo de barrio” como lo volverá a hacer también este, cuando el Cristo vaya de Los Pajaritos a La Candelaria para quedarse allí una semana. “Bastante gente que fue el otro día con el Gran Poder a Los Pajaritos no había pisado esa zona en su vida, para ellos fue como una especie de descubrimiento de América, un cierto baño de realidad”.

Desde un punto de vista antropológico, ¿se puede explicar que los vecinos se lancen en masa a recibir al Cristo pero no se movilicen para denunciar las precarias condiciones de sus barrios? “Es que en gran medida la gente ha perdido la esperanza de que saliendo a la calle cambie nada”, denuncia, “la gente ha sido estafada ya muchas veces, ha salido a protestar y no ha servido de nada”. Y esto, concluye, les ha llevado “al desencanto político y a la desafección”. Pero al margen de la reflexión política, no hay que perder de vista otra cuestión mucho más prosaica: en los barrios más humildes “la gente también tiene derecho a la fiesta y a atraer la atención general”.

No se entiende aplicando lo racional

Militante antifranquista en los años duros, Moreno Navarro equipara esta situación a lo que le ocurrió alguna vez cuando durante la dictadura viajó a Francia a alguna reunión. “Allí se extrañaban mucho de que no estuviéramos permanentemente tristes y que se celebraran fiestas”, como si el peso de la falta de libertades tuviese que anular cualquier atisbo de alegría.

En última instancia, admite que se pueda ver esto como un cóctel en el que se mezclan ingredientes como marginalidad y religiosidad. “Aplicando un esquema racionalista y cartesiano no se entiende nada”, subraya, como también puede tener “problemas de comprensión” cierta izquierda progresista “que se define antidogma y luego practica el dogmatismo de la mirada”. 

Ojo con burlarse de estas cosas

Una afirmación que adquiere un especial significado en palabras de un militante de izquierdas que fue secretario general del Partido del Trabajo de Andalucía y uno de los impulsores de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que advierte de los riesgos de burlarse desde un cierto “supremacismo intelectual”. Algo así, apunta, ayuda a “alimentar un proceso que no se ha dado casi nunca en estos sectores sociales como es ser un campo abonado para la ultraderecha”.

Lo que ocurrió en Los Pajaritos, abunda, “es un fenómeno que no tiene explicación si no se entiende en la religiosidad popular el papel de las imágenes poderosas”. Y en Sevilla no hay ninguna otra que encaje mejor en esta definición que el Gran Poder, que para mucha gente es “el Gran Protector”. “Hay una religiosidad de protección, no de salvación”, y su peso se siente por todas partes, pero especialmente “allí donde las instituciones dejan mucho que desear. Hay gente que se lanza en brazos de esta imagen protectora, lo que es también un reflejo de un déficit social y político”.

La tradición de humanizar a las imágenes

A esto hay que añadirle que “la humanización en la relación con las imágenes es muy característica de lo andaluz”, con personas que pueden no ser creyentes en el sentido estricto pero sí tienen una “relación cercana” con las imágenes “y pueden creer en la ayuda que les pueden prestar”. Cuando se tienen problemas, prosigue, no es extraño conectar con “la proyección de una imagen sufriente viva, se produce una identificación con el sufrimiento de la propia gente”. Por eso, apunta, en Andalucía no tienen mucha devoción los Cristos muertos, sino “los vivos y sufrientes”. 

“Esto refleja una multiplicidad de contradicciones y el puzle que es Sevilla y toda Andalucía en general en esta cuestión”, una “fusión de contrarios” difícil de entender para muchos porque escapa a lo que “pide la racionalidad”. “Aquí funcionan mucho los referentes simbólicos que activan la solidaridad intergeneracional”, hablamos de que situaciones como la llegada del Gran Poder disparan “el recuerdo de los mayores y la importancia del ámbito familiar”. “Ya lo decía Blas Infante, que lo andaluz consiste en el sentipensar”, concluye Moreno Navarro, para quien, al fin y al cabo, “la contradicción debería ser vista como lo más normal” en todos los ámbitos de la vida.

Son las once de la mañana de un soleado día entre semana. La sensación al recorrer el Espíritu Santo es la de estar paseando a través de la marginalidad, aunque no parece el barrio conflictivo en el que se ha ido convirtiendo esta zona del extrarradio en el noroeste Murcia tras años de abandono de las autoridades municipales. “Aquí se vive por la noche, y los vecinos se levantan tarde, a la hora de comer esto se convierte en un hervidero y es cuando se puede tomar realmente el pulso”, relata José Antonio García Baños, presidente de la Asociación de Vecinos de Espinado, donde se encuentra la barriada. A sus 72 años, Baños acumula una larga experiencia como concejal del Ayuntamiento de Murcia entre 1987 y 1995. Personaje archiconocido en todo el barrio, no deja de saludar a diestra y siniestra durante el recorrido.

“El barrio del Espíritu Santo es el más conflictivo de toda Murcia, pero con muchísima diferencia; es uno de los centros neurálgicos del trapicheo de drogas”, relata al otro lado del teléfono un agente de la Policía Nacional destinado en la capital murciana, que pone el acento en la “total impunidad” en la que se mueven sus habitantes. Muchas viviendas cuentan con “plantaciones urbanas” de marihuana.

García Baños cuenta que durante su etapa como concejal había un plan encima de la mesa para realojar a las familias más vulnerables, la mayor parte de ellas pertenecientes a la comunidad gitana, a otros barrios de la ciudad -como sí se hizo en San Basilio- y evitar la formación de guetos, que ha sido finalmente en lo que ha desembocado.

La total impunidad de la que hablan desde la Policía Nacional queda patente en el paseo. Jóvenes desocupados campan a sus anchas en la zona de las viviendas sociales. A pleno sol continúan con sus tareas, mechero y hachís en mano. El olor a marihuana impregna todas las manzanas. Sin mascarillas, ni distancias de seguridad. Solo algunos se molestan en ajustársela a la altura de la nariz para mirar de reojo.

“No he visto nada igual en más de diez años, no sucede lo mismo en otros barrios similares como La Fama o Pablo VI”, siguen las mismas fuentes policiales. “El problema radica en que no sienten esa presión de la figura de la autoridad y hacen su vida con total normalidad, sin tener en cuenta en este caso la pandemia; son irrespetuosos con los horarios y con las normas de seguridad”.

Desidia, desidia y más desidia. José Antonio García Baños no para de repetir la misma palabra. Es el estado que mejor define lo que ha sucedido con el Espíritu Santo, considera. “Hay un gran abandono, de los servicios sociales y también de la autoridad, no verás un policía por aquí”. Lo cuenta señalando la guardería pública que se construyó hace ya diez años en suelo cedido por el Ayuntamiento y que nunca llegó a abrir sus puertas para los niños de Espinardo. “La construyeron en la Rambla de la Algaramasa y no la inauguraron por miedo a que se inundase; pero hay otra privada a 50 metros y nunca ha tenido ningún problema”, se queja el exconcejal, para quien, además, este espacio público no se aprovechó para otros usos.

El cuartelillo de la policía, en pleno centro neurálgico de las viviendas sociales, está cerrado. “Tuvieron que salir de aquí porque estaban acorralados. Un día les tiraron una jabalina que atravesó el cristal y se clavó en la pared”, cuenta un vecino, quien añade que en los furgones que reparten los medicamentos a las farmacias del barrio viajan más trabajadores de lo habitual para evitar robos. “En los ochenta aquí vivía todo tipo de gente, pero con los años muchas familias se fueron y llegaron otros hasta convertirse en una ciudad sin ley”, señala.

Desde el Ayuntamiento apuntan que desde el pasado junio se ha creado el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana de Policía Local en Espinardo y anuncian cambios, como la incorporación de cinco nuevos agentes “durante las próximas semanas”, además, de la habilitación de “un nuevo Cuartel de Policía Local”. Añaden que se han efectuado desde junio a febrero un total de “46.044 de actuaciones policiales en todo el municipio, de las cuales 12.077 pertenecen a Espinardo.”

“Dinero rápido”

“El reto no es enseñar porque no se puede, sino que no se maten entre ellos en clase. Cada dos por tres estaba llamando a los padres que a veces les pegaban a sus hijos un bofetón delante de mí”, cuenta Juan (nombre cambiado), quien ha sido profesor en la zona. “Un día llegué a clase y me encontré un coche en la puerta ardiendo. En otra ocasión, recuerdo que un vecino necesitaba leña y podó sin más pinos centenarios en la zona de Los Rectores para hacer una de las hogueras que se encienden a menudo por las noches en la zona”, rememora el profesor, quien apunta que muchos de sus alumnos no temían ir a la cárcel ya que tenían a familiares dentro y para ellos equivalía prácticamente a convertirse en “un héroe”.

Desde el centro de servicios sociales del barrio apuntan que “es difícil convencer a los chicos de que apuesten por una formación durante años para conseguir un empleo cuando ganan dinero rápido vendiendo droga”. Pero también defienden su labor con proyectos como ‘Ciberaulas, quedamos al salir de clase’ o el de Caixa Proinfancia, que atiende a 50 menores y sus familias y se desarrolla en coordinación con la Fundación Secretariado Gitano y la Coordinadora de Barrios.

Nuria Soledad Pérez Navarro es la pedánea de Espinardo, un cargo acotado temporalmente que comparten Ciudadanos y Partido Popular, socios de gobierno en el Ayuntamiento. “Es una zona muy difícil porque intentas hablar con algunos de los vecinos y ellos defienden su propia forma de ser y sus leyes; no ven maldad en sus comportamientos”, reflexiona al tiempo que reconoce que Espinardo tiene “falta de instalaciones”. El centro cultural que albergaba las actividades vecinales está cerrado por encontrarse en mal estado. “A mí me pilló recién llegada, hace un año, y en medio de la pandemia; no hemos podido avanzar prácticamente porque ha habido dificultad para reunirse y en mayo termina mi mandato”.

Pabellón multiusos, cerrado a cal y canto

“El Espíritu Santo no son solo las viviendas sociales, hay otras zonas normalizadas y es una pena que se haya abandonado todo de esta manera”, se lamenta el exconcejal García Baños, quien presume de que muchas de las obras del barrio llevan su impronta y que vincula la llegada del PP al Consistorio con la debacle del distrito municipal. “No piensan en el futuro de esta parte de la ciudad”.

La pedánea de Espinardo, Nuria Soledad Pérez, recuerda que las mujeres del barrio se quejaron hace meses -tras el cierre del centro cultural- de que en el lugar donde se reunían, “les empezaron a tirar piedras, y la solución que encontramos fue cederles un espacio del Ayuntamiento para hacer yoga y pintura, pero con la pandemia tuvieron que abortar sus encuentros”. Teresa Muñoz es la presidenta del Centro de la Mujer de Espíritu Santo. Cuenta que desde hace meses se tiene que reunir con las mujeres en la calle. “Podrían dejarnos el pabellón polideportivo que está cerrado a cal y canto”.

Se refiere Teresa a un pabellón levantado hace seis años con fondos europeos y al que se le ha dado poca utilidad. Se inauguró el 8 de octubre de 2015. “Ese día estuve yo allí, me comí unas cuantas cosas que pusieron y vimos las instalaciones, muy bien preparadas para todos los deportes, pero se ha utilizado pocas veces desde entonces”. Lo replica una mujer del barrio que camina ligera y con pocas ganas de hablar con las periodistas por miedo a ser vista por los vecinos: “Aquí no se merecen nada, no son personas, son adanes”, sentencia. La mujer señala un pequeño trozo de acera frente al pabellón. “Ahí se pasan el día jugando los críos al balón, con el peligro de que algún día se los lleve un coche, teniendo ese pabellón tan hermoso ahí con el candado”. Y señala a las jardineras de los árboles, vacías, como en casi todo el barrio. “No tienen ni sombra”, coge el relevo Baños. “Los árboles se secan porque ni riegan y luego no los reponen tampoco”.

Poco antes de llegar al pabellón hay un centro social, “también se abandonó y ahora lo usan como casino clandestino nocturno”, chiva un vecino en voz baja. Al otro lado de las rendijas de la ventana se ve a un hombre reponiendo con el carrito de la compra la nevera de refrescos. No son los únicos servicios venidos a menos. “El mercado de abastos lo quieren cerrar, hay muchos puestos desiertos que quieren ocupar algunos comerciantes y no se los asignan; y mientras tenemos vecinos que se marchan al mercado municipal de otras pedanías como el Cabezo de Torres”.

Lo mismo ha sucedido con el campo de fútbol: “Solo lo usan equipos de otras pedanías, como Monteagudo o las Torres de Cotillas, porque aquí los niños no tienen equipo de fútbol, pero tampoco ninguna otra actividad extraescolar; y en el colegio hay más profesores que niños”, cuenta Baños, quien se queja de que la ausencia de presencia policial juega a favor del absentismo escolar.

La depresión del barrio es tal, explica, que ya estaba haciendo estragos antes de la pandemia. Con muchos comercios con el cartel de cerrado, el exconcejal asegura que la COVID-19 no ha afectado en este barrio tanto como en otros, “porque el declive ya venía de mucho antes”. Y de nuevo aparece la “desidia”: “Casi todo termina echando la persiana, también la piscina municipal, un centro de deportes que conseguimos abrir y que acogía muchas actividades, el club de fútbol calé y hasta el centro municipal”.

La pedánea cuenta que hay una mesa técnica en marcha -con un informe encima de la mesa- para elaborar un plan de actuación. “Pero solo se han podido hacer tres reuniones, y dos de ellas a través de videollamada”. Nuria insiste en que es “normal” que se sientan abandonados. Y cita dos ejemplos: “Las ratas dentro de las casas, cada dos por tres van a desratizar” pero es un problema persistente, o el Puente de la Rambla, “que es un símbolo para ellos y lleva desde noviembre sin arreglarse después de que chocase un coche contra las escaleras”.

José Antonio García Baños conoce el barrio como la palma de su mano y muy a su pesar no deja de repetir que la delincuencia se ha apoderado de sus calles. “Hay una violencia extrema”. Son las 11 de la mañana y el barrio no ha empezado prácticamente a despertarse. Muy pocos vecinos transitan las calles a estas horas, las mujeres lo hacen con zapatillas de estar por casa y bata. Las persianas de los bajos de las viviendas sociales siguen echadas. Entre la persiana y las rejas, cuelgan carteles de venta de helados. “Qué va, es todo mentira, para disimular los verdaderos negocios que se llevan entre manos”, revela un vecino. La droga campa a sus anchas en el Espíritu Santo.

Con cuatro años ya de crecimiento del PIB, la mayoría de los parámetros que miden la economía de las familias españolas sigue estando peor que hace una década. De manera global, para volver a los valores anteriores a la crisis es necesario reducir en España en casi dos millones el número de personas en riesgo de pobreza y en Andalucía, en más de medio millón. 

“La crisis no sólo ha incidido en un aumento de la exclusión social, sino que ha aumentado las diferencias territoriales en España”, subraya el último informe de la plataforma Observatorio de la Desigualdad en Andalucía. Esto pone de manifiesto que no es coyuntural, “sino un estado en el que Andalucía continúa instalada de manera secular”. La estructura de su economía y su elevada tasa de paro hacen que lidere los parámetros que miden la pobreza, habiendo incluso empeorado su posición en el ránking si se compara con hace 10 años, lo que provoca una mella considerable en el bienestar de sus habitantes. Vemos a continuación 10 variables que lo demuestran.

Tasa de riesgo de pobreza

Con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía era en 2008 del 27,3%, siete puntos y medio por encima de la media de España (19,8%) y sólo superada por Canarias, Ceuta y Extremadura. El pasado año se cerró con una tasa de riesgo de pobreza del 31,0% en Andalucía, casi cuatro puntos peor que en 2007 y lo que la aleja todavía más de la media nacional (21,6% actualmente). O lo que es igual: si hace 10 años las personas en riesgo de pobreza -las que viven con menos de 8.209 euros por año- en la comunidad autónoma no llegaban a los dos millones, hoy superan los dos millones y medio, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IECA).

Tasa Arope

Peor es la radiografía si se usa la tasa Arope (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), que emplea el indicador también de pobreza relativa, es decir, personas que cumplen por lo menos cuatro de nueve parámetros de carencia (no pueden permitirse ir de vacaciones una semana; una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; mantener la vivienda con una temperatura adecuada; gastos imprevistos; disponer de un automóvil; ni teléfono; ni televisor; ni lavadora; y sufren retrasos en el pago de la vivienda). La tasa Arope en el conjunto del país se ha situado en 2017 en un 26,6. Casi tres puntos peor que hace 10 años. En Andalucía, la tasa Arope se situó el último año en 37,3, 10 puntos más que la media nacional. En 2008, con el inicio de la crisis, era del 31,6. O lo que es igual, tres millones y medio de pobres con este índice como referencia.

Población en situación de carencia material severa

Sí se ha conseguido volver a las cifras previas a la crisis en el parámetro población en situación de carencia material severa, también según el INE, dado que entonces era un 5,4% y la última cifra es de 5,2%, después de haber rozado los 10 puntos en los peores momentos de la crisis.

Hogares sin empleo

En paralelo, se ha duplicado, según las mismas fuentes, la población de de 0 a 59 años que vive en hogares sin empleo o con baja intensidad del mismo (sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial durante el año de referencia). En 2008 en Andalucía suponían un 10,1% y en 2017, 21,9%, el doble. En el conjunto de España las cifra son más bajas pero también se han duplicado: 6,6% en 2008 pasando a 12,8 en 2017.

Renta media por persona

La renta media por persona en Andalucía, igualmente según el INE, era con el cierre de 2017 de 9.116 euros, por lo que apenas ha mejorado, dado que cuando se inició la crisis se calculaba en 9.007. En el conjunto de España, el parámetro ha crecido tres veces más: de 10.737 euros a 11.074. Pero la renta media por unidad de consumo es incluso peor que hace 10 años en Andalucía, 13.709 frente a 13.859, mientras que en España ha mejorado: de 16.190 a 16.390.

Renta media por hogar

No sale mejor parada si se miran los datos del INE relativos a la renta media por hogar en las comunidades autónomas. En 2008 era de 25.248 euros por año en Andalucía, cerrándose 2017 con 23.699. Más de 1.500 euros por hogar perdidos en el poder adquisitivo. En el conjunto de España, la caída de la renta media por hogar ha sido menor: de 28.787 euros en 2008, se ha pasado a 27.558 el último año.

Gasto medio por persona

Mirando el gasto medio por persona, que también calcula el INE, el panorama es de muy lenta recuperación. En 2017 en España fue de 11.726 euros, ligeramente por encima de la cifra de 2007: 11.673. En Andalucía, el gasto medio por persona en 2017 fue de 10.555 euros, sólo por delante de Canarias, Castilla La-Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla. Supone también un ligero incremento con respecto a 2007: 10.384 euros, y por delante de los mismos territorios.

Gasto medio por hogar

No obstante, el gasto medio por hogar al año continúa por debajo. En 2017 en España fue de 29.188,19, frente a los 31.701,36 de 2007. En Andalucía ha pasado de 29.595,55 a 27.455,86 en el periodo. O sea, cuentan con una media de 2.000 euros menos por ejercicio, también según el INE.

Municipios con menos renta por habitante

Otro indicador para fijarse: el Urban Audit recientemente publicados por el INE, que evalúa los municipios de más de 20.000 habitantes. Nueve de las 10 ciudades con menor renta por habitante del país están en Andalucía, encabezando el ranking negativo Níjar, Los Palacios y Villafranca, Alhaurín el Grande, Vícar y Barbate. Como también lo son, según el mismo estudio, ocho de las 10 ciudades con mayor tasa de paro en 2017: Linares, Córdoba, Sanlúcar de Barrameda, La Línea de la Concepción y Jerez de la frontera, a la cabeza. También en el estudio que hace el INE de núcleos urbanos, Andalucía sale la peor parada: tiene 11 de los 15 barrios más pobres de España, siete de ellos, en Sevilla.

Desahucios

En todo este tiempo, un drama, los desahucios, la imagen de la crisis. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativos a ejecuciones hipotecarias cifran las de 2017 en un total de 51.999 en España de las que 13.644 fueron en Andalucía, seguida de Comunidad Valenciana, con 10.212. Fueron 4.595 las ejecuciones hipotecarias en Andalucía en 2007, también según el CGPJ, lo que da idea del empuje de este problema. Entre 2007 y 2013 se produjeron un total de 121.279 en la comunidad autónoma, y no fue hasta 2014 cuando comenzó a bajar el número, si bien todavía está muy por encima de la situación previa a la crisis. Para ver la evolución por años, hay que recurrir a las antiguas estadísticas del CGPJ donde recoge sólo ejecuciones hipotecarias iniciadas y que se cifran de la siguiente manera en España: 25.943 en 2007, 58.686 en 2008, 93,319 en 2009, 93,622 en 2010, 77.854 en 2011, 91.622 en 2012,  82.680 en 2013, 80.749 en 2014, 68.165 en 2015, 48.410 en 2016 y 60.754 en 2017.

La capacidad de respuesta

En este contexto, la respuesta de las principales organizaciones que trabajan para hacer frente ha tenido que multiplicar sus esfuerzos. Basta con fijarse en las cifras de tres de las principales. 

En el caso de Cruz Roja Española en Andalucía (CREA), atendió en 2017 a 371.584 personas necesitadas de intervención social, una cifra que supone el triple que 10 años antes (108.079). Igualmente, atendió a 144.275 de ellas en situación de extrema vulnerabilidad, cuando en 2008 fueron 21.968, según la memoria presentada por la presidenta de CREA, María del Mar Pageo. 

Mientras, la evolución de las personas atendidas por Cáritas en Andalucía, así como la inversión de esta organización para ello, también muestra una tendencia claramente ascendente en la última década, con casi un 50% más de beneficiarios, pasándose de 228.825 personas en 2008 a 342.893 en el último balance. La inversión en la comunidad autónoma, a su vez, ha pasado de 22,5 millones de euros a 39,4, según datos facilitados por la organización, mientras que han crecido casi un 50% sus voluntarios en el mismo periodo: de 8.875 a 13.252.

“Estamos ante una pobreza que además cada vez se hace más estructural en Andalucía. Hay tres millones y medio de andaluces que viven en situación de exclusión social”, lamenta Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas en Sevilla. Incide, pues, en que “la incipiente recuperación económica no corre en paralelo con la superación de la crisis social ya que los colectivos más necesitados siguen sin poder beneficiarse”, a la vez que el empleo “ya no sirve de garantía para dejar de ser pobre”.

De su lado, la Federación de Alimentos de Bancos de Andalucía, Ceuta y Melilla, atendió en 2017 a 409.320 personas. En el conjunto de España, el número de personas que dependen de los bancos de alimentos se sitúa por encima del millón y medio, el doble que hace una década. Y hay menos para tantos. En 2007: 105 kilos de media repartidos por persona. En 2017: 85.

El presidente de la federación, Pedro Mariscal, explica que ya se tocó fondo con la crisis, pero el recuperación ha llegado de momento “sólo a las clases más altas o medias altas, por lo que el nuevo perfil de pobre que se generó con la recesión continúa siendo una realidad”. Por eso insisten en que queda mucho para volver a las cifras de antes de la crisis: “La necesidad no ha desaparecido y la mejora económica está llegando más tarde a la población que nosotros atendemos”.

Mientras, desde la Junta de Andalucía destaca el incremento en las partidas destinadas a la renta mínima de inserción en sus diferentes denominaciones. En 2008, el número de solicitudes presentadas fue de 29.134, según datos de la Junta de Andalucía, mientras que en 2017 se elevó a 45.889. En cuanto a las concedidas, fueron 18.392 en 2008, mientras que una década después han sido 10.000 más, 29.337, de acuerdo con el último balance presentador por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Esto ha obligado a multiplicar el presupuestos para programas de solidaridad de la Junta de Andalucía: de 38,9 millones de euros en 2008 a 90 en 2017, último ejercicio cerrado.

La Junta de Andalucía reconoce en el territorio 185 zonas desfavorecidas identificadas (ZDI) donde reside un total de 1.381.400 personas, prácticamente uno de cada ocho andaluces. De éstas, se han seleccionado 93, donde en conjunto viven 870.035 personas, para la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, que prevé destinar 169 millones de euros hasta 2020 en proyectos para su transformación.

La selección se ha hecho en función de unos parámetros que permiten determinar que presentan un mayor riesgo de padecer problemas graves de pobreza y/o exclusión social, según recoge el borrador de la estrategia. Se localizan en 62 municipios de Andalucía, en su mayoría de Cádiz, Granada y Jaén. De este modo, las escogidas son la mitad de ese total de ZDI referidas. La provincia que alcanza una mayor población residente en este tipo de barrios en términos absolutos es Cádiz con 181.025 personas (20,81%), seguida de Sevilla con 140.675 (16,17%) y Almería con 124.060 (14,26%). En el extremo contrario, Córdoba, con 55.265 personas que viven en ZDI (6,35%).

Se trata de barrios que concentran casi el 25% de la vivienda en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente de Andalucía, y además, en ellos reside más del 15% de la población sin estudios o analfabeta (y en cambio solo el 6% de la universitaria). Padecen una tasa de desempleo cuatro puntos por encima de la media regional y registran más del 20% del total de población inmigrante de Andalucía y personas perceptoras del ya desaparecido ingreso mínimo de solidaridad.

La intervención de la Junta de Andalucía en estas áreas comenzó a mediados de la década de los ochenta del siglo XX, y en el mismo documento se reconoce que después de tantos años “no se han obtenido resultados suficientemente satisfactorios mediante el incremento de esfuerzos en políticas sociales de educación, salud y otras”. De hecho, “la ruptura de la organización social causa una escasa respuesta de la comunidad a la acción de las políticas”, según reza el texto. Igualmente, los expertos subrayan que “la ruptura de las redes de confianza y el deterioro de la dinámica relacional actúa como factor de desactivación de las políticas”.

En el documento, sujeto a modificaciones con las aportaciones que se hagan en el periodo de exposición pública, la Junta de Andalucía también admite que, pese a que la actuación mantenida en estas barriadas ha contribuido a paliar la grave situación, “su capacidad de intervención no se corresponde con la magnitud y dificultad de la problemática a la que se enfrenta”. En la misma línea, apunta: “Las actuaciones no logran aplicar una coordinación efectiva, pese a los esfuerzos desplegados por numerosos agentes públicos y privados”. Igual que destaca que “las actuaciones que no han contado con continuidad en el tiempo son muy poco eficaces”.

Se trata de una estrategia está impulsada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, participada por distintos departamentos de la Junta de Andalucía y que deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Para su gobernanza, contará con la Comisión Autonómica de Zonas Desfavorecidas, en el que estarán representadas las consejerías que participarán en las medidas diseñadas, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las ONG que actúan en las mismas.

Desde la Junta de Andalucía defienden que esta estrategia, junto a la recientemente puesta en marcha renta mínima de inserción (RMI), “van a ser importantes instrumentos para mejorar las condiciones de vida de una parte de la ciudadanía en los próximos años”.

Con fondos europeos

Los recursos de esta estrategia procederán de de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020, en concreto a un programa que lleva por título Mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados. Las previsiones alcanzan hasta 2020, por tanto, si bien se podrán ejecutar actuaciones hasta 2022 inclusive.

Los objetivos de esta estrategia son, en líneas generales, el desarrollo económico, las políticas de cohesión social, la innovación y el desarrollo en la intervención social comunitaria y el trabajo en red colaborativo. Para ello, se fija que cada uno de esos 62 municipios elaborará un plan. Estará vigente un mínimo de cuatro años y será formulado conforme a los principios, ejes, objetivos, medidas e indicadores establecidos en la estrategia.

Cabe recordar que tras unas primeras intervenciones en estos barrios, en 1989 se aprobó el Plan de Barriadas de Actuación Preferente. No obstante, la norma en vigor que regula las subvenciones para las llamadas Zonas con Necesidades de Transformación social (ZNTS) por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales data de 2016.

En paralelo, desde 1991 se convocan cada año subvenciones para el desarrollo de proyectos de intervención. Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, desde 2000 se han destinado 132,3 millones de euros a subvenciones a corporaciones locales y ONG para proyectos en las mismas. En la última convocatoria para proyectos en estos entornos, en 2017, se concedieron subvenciones para un total de 208 por un importe de 4,2 millones de euros. De éstos, 34 son liderados por corporaciones locales y el resto por ONG.

El movimiento social SOS Talavera ha quedado constituido como asociación para reivindicar el decálogo de proyectos irrenunciables del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) y luchar contra la “marginación” de la ciudad por parte de las administraciones.

El presidente del colectivo, Victorino González, ha insistido en el carácter apolítico de la asociación, que surge de la insatisfacción de los talaveranos de un grupo de noticias en una red social. Para González, SOS Talavera nace como heredera de la plataforma ‘Nosotros Talavera’ que logró la gran manifestación ciudadana del año 1992, y ante la impotencia de ver cómo otros pueblos de Castilla-La Mancha crecen mientras que Talavera “ha ido a menos”.

De hecho, considera que la ciudad se encuentra en una situación “muy crítica”, por lo que cree que es el momento de que sean los talaveranos los que deben “hacer algo para que los políticos cumplan con lo que nos llevan prometiendo 35 años y que no han hecho”. “Si la sociedad talaverana no le exige a los políticos a que cumplan con lo que prometen, nunca lo van a hacer”, ha señalado.

Talavera como nexo de unión

En este sentido, González ha reiterado que SOS Talavera además de ser un “movimiento ciudadano”, está formado por “gente de todas las ideologías” con el nexo de unión de luchar “por Talavera y para Talavera”. “Es fundamental que nos unamos todo tipo de organizaciones porque si no jamás se solucionarán los problemas”, ha precisado y ha añadido que se habla de “una ciudad con muchísimo paro y una tasa de pobreza del 30 por ciento, en una situación tercermundista”.

Además, ha asegurado que el decálogo de proyectos irrenunciables, elaborado por todos los partidos políticos, asociaciones, sindicatos y empresarios, va a ser el “catecismo” de SOS Talavera. Según González, parece que a los firmantes “no les importa mucho firmar un documento, hacerse la foto y luego no cumplirlo”, ya que, en su opinión, existen dos proyectos que deberían haberse llevado a cabo en 2016, con lo cual “han caducado”. Lógicamente el Ayuntamiento es responsable, al igual que la Diputación pero fundamentalmente la Junta de Comunidades, que es quien tiene las competencias“, ha explicado.

Entre las principales exigencias de su manifiesto figuran la unidad de acción de los representantes políticos, el cumplimiento “íntegro y en plazo” del decálogo de proyectos para Talavera y la reforma “inmediata” del Estatuto de Autonomía para que la ciudad tenga los mismos derechos que una capital de provincia. A este respecto, llegan incluso a exigir “la creación de la provincia de Talavera y comarca”, como la única manera de librarse del “yugo y la marginación” a la que está sometida. González también ha comentado que el propósito de este colectivo se centrará en la organización de otra gran manifestación, prevista para finales de mayo o principios de junio, para la que necesitan “hablar con toda Talavera y que se una”.

Junto a Victorino González, Toñi González Valencia, David Morales, Álvaro Galán y Marisa Hoyos forman parte de la Junta Directiva de SOS Talavera.

En nuestro día a día estamos acostumbrados a escuchar frases del tipo “las mujeres le dan más vueltas a las cosas que los hombres”, “en Andalucía solo quieren vivir de las prestaciones” o “la emigración a Europa es una de las causas fundamentales de la crisis”. Esas afirmaciones parten de ejemplos aleatorios, descontextualizados y sesgados para hacerlos extensibles a toda la población objeto de juicio. Puede que en conversaciones de autobús o cerveza estas frases pasen medio desapercibidas e incluso provoquen una risotada a más de uno o una. Sin embargo, todas ellas y otras de similar tinte son dañinas y pueden tener consecuencias dramáticas para muchas personas. De la misma manera que el lenguaje o el humor sexista alimentan invisiblemente formas explícitas de violencia hacia las mujeres, juicios falsos contra la población inmigrante son el germen de agresiones contra minorías étnicas. Quizás en los casos descritos se vean más fácilmente las asociaciones entre violencia sutil y manifiesta, no obstante cuando los argumentos versan sobre otros temas pareciese que la causalidad se difumina.

Permítanme ponerles un ejemplo al respecto. Es de sobra conocida para muchos la idea de que “tenemos que esforzarnos para salir adelante”, “las personas que se esfuerzan conseguirán sus objetivos”, “el esfuerzo y la constancia son la clave del éxito”. No tienes trabajo, culpa tuya. Eres pobre, culpa tuya. Estás en la cárcel, algo habrás hecho. Te han desahuciado, has vivido por encima de tus posibilidades. El argumento del esfuerzo, comúnmente reconocible en panfletos políticos y de autoayuda, es rotundamente falso y peligroso cuando las personas no parten de una situación igualitaria en todos los sentidos (socio-económicos, familiares, educativos…). Por desgracia, el aumento de las desigualdad es el escenario normal de las sociedades actuales y contrariamente a lo que podía pensarse hace escasas décadas muchos países que parecían avanzar en la dirección adecuada están polarizándose vertiginosamente.

Pongamos que hablo de España. No tienes la misma facilidad para encontrar trabajo habiendo estudiado en el colegio madrileño de “Nuestra señora del Pilar”, que en el “Amor de Dios” situado en la barriada granadina de Almanjáyar. No es lo mismo preparar a jornada completa la oposición a notaría mientras tu madre notaria se hace cargo de todos tus gastos, que hacerlo teniendo que compatibilizar el estudio con trabajo para poder pagarte la academia. Seguramente alguno de ustedes para señalar lo errado que estoy me pondrá un ejemplo aludiendo a que conocen a alguien de origen muy humilde que con su tesón, sus habilidades y su esfuerzo consiguió crear una enorme fortuna y blablablá, blablablá, blablablá. Yo también conozco una persona negra que llegó a presidente de Estados Unidos, sin embargo no pierdo de vista que el 11.1% de los adultos estadounidenses negros de entre 20 y 34 años están en prisión. Siento desilusionarles, no existe ni el sueño americano, ni el europeo, ni el español, ni mucho menos el congoleño, eritreo nigerino o afgano. Del mismo modo que no es lo mismo nacer en el barrio de Salamanca que en pleno Almanjáyar.

Focalizar las responsabilidades en los individuos lleva al inmovilismo y legitima situaciones de vulnerabilidad bajo el argumento de que quien las sufre debe esforzarse más para salir adelante. Eso también es violencia. ¿Cuánto es más esfuerzo para una persona que trabaja 14 horas al día por 1000 euros al mes? ¿Cuánto es más esfuerzo para alguien que deja su vida de lado para cuidar a una persona que depende por completo de ella? Espero equivocarme pero por lo que veo en mi entorno más cercano o se apuesta decididamente por políticas redistributivas que igualen el listón en todos los ámbitos o en cuestión de años cada vez serán menos los ejemplos que puedan ponerme para rebatir mis argumentos.

Mientras los problemas se analicen a nivel de individuo las soluciones posibles irán en una doble vertiente: indiferencia (hacia excluidos/as pacíficos/as) mientras se sigue la tendencia des-reguladora de las últimas décadas; y el aumento indiscriminado de la represión, el endurecimiento de las penas hacia los delitos, los estados de excepción, el cierre de fronteras, los bombardeos (hacia excluidos/as pacíficos y violentos). Ambas, no solo están equivocadas sino que mucho me temo provocarán cada vez más exclusión y por ende más violencia de todos los tipos. Tengamos cuidado, en algunas ocasiones los árboles pueden no dejarnos ver el bosque. Y en otras, puede que ni tan siquiera existan y sean producto de nuestra imaginación o la de otros/as.

Vanessa Ruiz es magistrada de la Corte de apelación de Washington. Este jueves presentó en Lanzarote, junto a la decana del Partido Judicial de Arrecife, Gloria Poyatos, la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), que tiene 4.600 socias en 75 países y que va a contar con una sección española. Entre los objetivos principales de la asociación está el de luchar por el acceso a la Justicia en igualdad de todas las niñas y mujeres del mundo.

Uno de los objetivos principales de sus asociación es velar por los derechos de las niñas y las mujeres. Gran parte de los delitos contra las mujeres son contra la libertad sexual o de violencia de género. ¿Pretenden influir en las legislaciones nacionales o piden que algunos de estos delitos se puedan perseguir internacionalmente?

La legislación es nacional, pero hay jurisprudencia de tribunales internacionales de que la violación sexual en conflictos es un crimen contra la humanidad, pero eso es una escala diferente a lo que bregan los jueces, que son casos individuales.

En España se han creado Juzgados especializados en violencia de género y no se logra terminar con el problema...

Es un problema social, y tiene mucho que ver con la educación. Hasta hace poco era una cosa escondida, dentro del ámbito familiar, incluso la víctima se siente avergonzada de ser víctima o sufre una devaluación de su autoestima. Es un problema muy complejo que existe en todos los países y en todos los niveles económicos y de educación. Los tribunales pueden bregar con parte del problema, pero es importante saber qué tipo de sentencia es la apropiada para cada delito.

En su asociación se reúnen juezas que conocen la realidad judicial de muchos países. ¿La mujer, en líneas generales, tiene una dificultad añadida para acceder a una justicia equitativa y gratuita?

Sin duda alguna. Las mujeres, en general, son más vulnerables en todos los países. En aquellos donde el sistema de justicia no es fuerte, las mujeres tienen aún menos acceso porque tienen menos poder y prestigio. Y al igual que los pobres, sufren más.

¿La situación se iguala en los países occidentales?

Se está mejorando la situación, y que haya juezas es un paso muy importante. Ayuda a entender mejor los matices de los problemas de las mujeres, y también da más confianza para que algunas mujeres denuncien, que haya mujeres juezas

Hay muchas mujeres en la judicatura pero no tantas en los altos tribunales...

Eso pasa en muchos países. Donde el prestigio de los jueces es más alto, es más difícil que haya mujeres en posiciones altas.

¿Se puede decir que hay una forma femenina de administrar justicia?

Sí, precisamente porque las mujeres han estado marginadas tanto tiempo, sin acceso al poder, tenemos más conciencia de que hay otras personas que siguen en esa situación. Pueden ser mujeres u hombres, pero las mujeres, no es que sea un sensibilidad femenina, pero hay una conciencia de lo que es estar excluido, y pueden estar más pendientes de esa situación, de las personas que más necesitan el acceso a la Justicia.

Puede leer la entrevista completa en Diario de Lanzarote.

Si te atacan con un arma, devuélveselo con un empleo digno, un techo, un médico, una escuela, un plato de comida caliente, una oreja bien abierta para escuchar sus penas y un gran abrazo. Esta mañana un pequeño despiece del periódico La Vanguardia explicaba algo imprescindible para comprender, al menos un poco, por qué alguien puede fanatizarse tanto como para masacrar a sangre fría a unos pobres dibujantes que hacen chistes sobre un tema, por más sagrado que sea.

La palabra clave es una: marginación. Las palabras relacionadas son precariedad, periferia, olvido, dejadez, individualismo... Y, por supuesto, el tema central es una política socio-económica que deja fuera a una parte cada vez más importante de la población, mientras se muestra lo (supuestamente) bien que viven los excesos unos cuantos pocos privilegiados. No son los chistes. Es esa la verdadera provocación.

Dos de los implicados en el atentado a Charlie Hebdo eran hermanos, Chérif y Saïd Kouachi, hijos de padres inmigrantes argelinos que no se sabe si murieron o les abandonaron. Crecieron en un centro de acogida. No tenían más familia que a ellos mismos. Hace un tiempo ni flirteaban con la religión. Chérif era repartidor de pizza. Cometía pequeños hurtos para pagarse su cuota de hachís. “Un chaval perdido”, le describió su antiguo abogado.

El yihadismo atrapó a estos dos tipos sin futuro con una promesa: por fin serían alguien si rezaban y si luchaban por su religión. Por fin, alguien les daría un verdadero cobijo. A Chérif la policía lo atrapó antes de viajar a Damasco. Y el sistema, en vez de ayudarle, le dio dos raciones de humillación. Salió de allí, según su antiguo abogado, mudo, sin poder pronunciar palabra, y habiendo conocido todavía más “hermanos” yihadistas. Estaban “dejados de la mano de dios” y un supuesto dios les tendió la mano.

Hace tiempo estuve en el norte de Marruecos, en una zona de Tanger, en el medio de un lugar que se veía decadente y pobre. Caminaba de la mano de mi compañero y tenía que ir aguantando insultos varios por el hecho de ser mujer e ir vestida como iría normalmente cualquier chica por Barcelona. El alcohol estaba prohibido. En los bares no había una sola mujer. Me fui. Luego pregunté a una conocida marroquí qué había pasado en aquel lugar que otrora había sido centro de libertades. “Allí, justo allí, está muy empobrecido y los fanáticos religiosos van repartiendo comida y dando trabajo”, me respondió. “Están volviendo atrás”.

La marginación y la pobreza, esa misma que muchos europeos están conociendo como no habían conocido en sus vidas (y que sus abuelos sí habían conocido en la Segunda Guerra), es una parte importante de los ingredientes utilizados en el caldo de cultivo de los últra, póngase detrás la palabra musulmán, católico, judío, budista, nacionalista de cualquier nación (incluida, por supuesto, la española, la catalana, la estadounidense y la argentina), comunista, derechista, etc, etc... últras.

Es la misma marginación que hace que suba peligrosamente en las encuestas la populista Marine Le Pen. Y que la escalada de violencia pueda venir de algún afectado por el sistema, que haya caído en las garras de cualquier bando.

En 2006 el jurado que le dió el Premio Nobel de la Paz a Mohamed Yunus decía en un comunicado “No podrá alcanzarse una paz duradera hasta que una parte de la población (mundial) encuentre la manera de salir de la pobreza”.

Si realmente los gobiernos quieren combatir atentados, no deben levantar muros sino ayudar a construir sistemas económicos menos desiguales, más inclusivos y más amables. Si no les dan cobijo, ya les cobijarán otros, y no sabemos cuáles son las consecuencias.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La navidad ya ha empezado, los lacrimógenos videos de la televisión nos anuncian que las fiestas ya están inauguradas de manera oficial y que lo mejor del ser humano debe aflorar en este tiempo de caridad en donde cenas improvisadas dan de comer a quienes viven la dureza extrema de la crisis insolidaria y caníbal que ha devorado los pilares del bienestar social de nuestro país.

Vivimos un tiempo de ilusiones irreales, de premios gordos cantados por infantes de voces angelicales y de esperanzas en que todo va a cambiar brindando con cava la noche del 31. Pero ante todo, vivimos tiempos de dulcificación de nuestros actos ante la miseria del ser humano que nos rodea.

España ha cambiado en estos años de crisis, ya no somos un país de derechos sociales en donde la coberturas mínimas en sanidad y educación cubrían a quienes con mayor debilidad se enfrentaban a la crisis económica. Hoy, hemos vuelto a ser un país de caridad de unos y de solidaridad de otros, esas que hoy sustituyen las políticas públicas de los gobiernos para intentar tapar los agujeros de una balsa de nombre democracia que hace aguas por todas partes. Somos un país en naufragio permanente en donde cada vez más los corchos que buscan tapar las vías de hundimiento se muestran más insuficientes ante un mar cubierto de una ciudadanía ahogada.

A mi juicio nuestro país, como todos, tiene cosas que hacen que uno se sienta orgulloso de ser español, por un lado la capacidad de ser solidarios de manera permanente y al mismo tiempo la capacidad de sacrificio de quienes día a día se levantan para tirar adelante en las peores circunstancias. Pero de igual forma tenemos defectos que vinculados a nuestra propia historia hacen que nos presentemos como una ciudadanía poco combativa, conformista hasta el extremo ante las circunstancias de desmantelamiento de derechos y libertades si al menos la solidaridad o la caridad cubren nuestras mínimas necesidades.

Hoy toca ser al mismo tiempo solidarios y combativos, tender las manos para ayudar y al mismo tiempo para levantar las pancartas del rechazo ante las medidas de gobiernos e instituciones que complacidos por la solidaridad o la caridad de la ciudadanía miran a otra parte esperando que todo pase sin tomar decisiones que permitan volver a reconstruir un estado de derechos y coberturas sociales.

Sólo si somos capaces de salir de esta crisis económica construyendo un estado justo, equitativo y protector de los más débiles podremos decir que hemos logrado salir verdaderamente de la misma. Lo contrario, sólo será construir un nuevo estado fallido insensible ante la realidad de la mayoría y generador de un caldo cultivo de conflicto social que en nada ayudara a construir la España del Siglo XXI, aun cuando en navidad saquemos todos lo mejor de nosotros mismos.

Con el informe del Senado de EEUU sobre las técnicas de interrogatorio empleadas por la CIA durante la Administración de Bush aún caliente, no hay que irse tan lejos para detectar vulneraciones de derechos fundamentales contra la integridad física o la dignidad moral de las personas. La asociación APDH-A ha elegido el Día internacional de los Derechos Humanos para dar cuenta de un informe reflejo del día a día de gente encuadrada en los denominados colectivos vulnerables. “En Andalucía decimos mucho pero parece que se hace poco”.

“De mal a muy mal” o “las cosas van cada vez a peor” es la pesimista conclusión de su secretario general, Valentín Aguilar. Dice la asociación que se cierra “uno de los peores años de la historia reciente de Andalucía, con un 38% de la población en situación de exclusión y pobreza y con un estado de emergencia habitacional”. Diversos informes, como el de Foessa, han venido insistiendo en esas cifras, a las que siempre se le puede poner rostro: el del centenar de inmigrantes privados de libertad en agosto en Tarifa, el de los 2.500 que malviven en asentamientos en Huelva, el de víctimas de ordenanzas “que se dictan para criminalizar” a los que rebuscan comidas en los contenedores y a las personas que ejercen la prostitución, el de personas con “una atención sanitaria de segunda calidad en prisión” o el de los presos “que sufren indefensión por el exiguo ahorro económico perseguido” con la supresión de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria. 

La APDHA no se siente satisfecha de su trabajo, básicamente porque entiende que “los Derechos Humanos, en sus múltiples vertientes,  siguen siendo violados y olvidados”. Para trasladar una imagen general de la situación, divide en cuatro áreas su dossier 'Vulneraciones de Derechos Humanos en Andalucía Año 2014': marginación, inmigración, prostitución y cárceles. En su particular carta de reyes magos a las administraciones, además de recordar las actividades por el Día Internacional que han preparado por provincia y su campaña navideña de 'Regala un año de pertenencia a la APDHA', consideran necesario aprobar “de una vez por todas” una ley de inclusión social y una renta básica universal. Son sus prioridades ante la realidad que observan.

Marginación, “políticas acordes con las necesidades de emergencia”

En el primero punto, recuerda los índices de paro inaceptables (del 35,25%), que el derecho a la vivienda está “continuamente vulnerado” y que éste debe incluir y garantizar los suministros básicos. Asimismo denuncia la “dejadez secular” por parte de las administraciones de los 'barrios ignorados', el hecho de que aumentan las familias que malviven en diferentes asentamientos chabolistas y la “indignante” situación de las personas sin hogar, también en aumento. “Las administraciones miran para otro lado ofertando recursos claramente insuficientes” y “se están desmantelando los servicios públicos sociales”, conluyen.

Lejos de quedarse en lamentaciones, APDHA exige “políticas sociales acordes a las necesidades de emergencia que estamos viviendo”, como por ejemplo la paralización de todos los desahucios en primeras viviendas y soluciones sociales para quienes se han quedado sin vivienda o no pueden acceder a ella a través de un Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Además, la paralización de todos los cortes de suministros básicos para familias que no puedan hacer frente a estos gastos; ofrecer una atención de emergencia a los 334.000 hogares andaluces en situación de exclusión severa; una ley de inclusión; la Renta Básica Universal; la erradicación del chabolismo y la infravivienda; habilitar espacios públicos (albergues, pisos, etc.) para que ninguna persona esté en la calle por falta de recursos; y que se paralicen las ordenanzas municipales de limpieza y residuos mencionadas.

Inmigración: el CIE de Algeciras y otras “vulneraciones”

En el área de inmigración destaca APDHA que las personas de origen inmigrante “están sufriendo con mayor rigor los efectos de la crisis, como demuestra que su tasa de paro supera en 14 puntos la de los nacionales españoles (40%-26%) y que el riesgo de exclusión social se triplica para las personas extranjeras en España que no pertenecen a la UE-15”. También recuerdan el incendio que en enero se produjo en uno de los asentamientos de personas migrantes de la provincia de Huelva, donde sobreviven “en condiciones infrahumanas” alrededor de unas 2.500 personas “ante el más completo abandono por parte de las administraciones competentes”. Igualmente lamentan en este ámbito las condiciones del CIE de Algeciras-Tarifa, la represión policial y las situaciones que se recogen en el citado informe 'Frontera Sur'.

Ante todo ello, exigen la modificación del Decreto andaluz 2/1999 para permitir el acceso al 'salario social' a las personas extranjeras no UE que viven en Andalucía, un plan integral de intervención social para acabar de forma inmediata con los asentamientos de Huelva, el ciere “inaplazable” del CIE Algeciras-Tarifa, el cese de las identificaciones y redadas policiales por perfil étnico, y que se garantice el escrupuloso respeto de los Derechos Humanos en la actividad de control de fronteras en Andalucía.

Prostitución, “el reconocimiento como un trabajo”

La APDHA sigue denunciando “la dificultad de acceso a los recursos públicos sanitarios” y el hecho de que “muchas normativas municipales que regulan el uso del espacio público les impiden ejercer libremente en espacios abiertos o criminalizan el hecho de que ellas aborden y negocien con los clientes”. Su aplicación “no ha tenido efectivamente el efecto disuasorio que pretendían”, añaden entre otras cuestiones.

Por eso exigen a las administraciones “el reconocimiento del ejercicio de la prostitución como un trabajo, que otorgaría a las personas que lo ejercen el derecho a sindicación, negociación colectiva, Seguridad Social...”, así como la eliminación de las ordenanzas municipales en aquellas ciudades donde han sido aprobadas, “pues lo único que hacen es criminalizar a este colectivo”, y la “eliminación  urgente de todo sistema de sanciones previstos para la oferta o demanda de los servicios sexuales en la vía pública”.

Cárceles, “la exclusión en el acceso a derechos sanitarios”

“La asistencia médica es deficitaria, de segunda calidad, no existe asistencia integral y las consultas de especialistas en el interior de las prisiones son muy escasas”, denuncia APDHA. Además, los enfermos mentales “siguen hacinándose en centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos”. Inciden, entre otras cuestiones, en la reanudación de los servicios de asistencia jurídica en las cárceles, las torturas y la explotación laboral de los presos.

Entre otros aspectos exigen, para paliar algunas de estas situaciones, que se transfieran las competencias sanitarias a la Junta de Andalucía, tal y como ordenaba la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/03 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que debía hacerse antes del 31 de diciembre de 2004; y que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales cumplan las distintas Proposiciones No de Ley del Parlamento para la atención a los presos en igualdad a la población libre y en especial una atención integral a los enfermos mentales.

La imagen tomada por un tontoaficionado señala al susodicho como veraneante de conveniencia número 36, todos los días se abre el chiringuito de la corruptela blues con una noticia nueva que contar, un concejal de Humanismo en pleno renuncio, una contradicción severa, la guardia de asalto derribando al abominable hombre de las nieves, marqués de kelvinator, los muertos del aire acondicionado.

Cada mañana, un caso. Chanchullos fraternales en el tribunal de cuentas pendientes, llamadas perdidas en los cuartos traseros de esta sospechosa región del mundo criminal. Turbios asuntos en la plazoleta principal, rock and roll mohoso, la caracola del calor, la tiranía del debe y el haber. Los flamantes reyes viajan al norte de la dictadura africana que tanto pirriaba los deseos de luz del amante de los elefantes, el silencio occidental cubre de vergüenza el bombardeo masivo de Palestina, allá donde se cruzan los caminos de la infamia y la mala fama y el jodido parné que va de mano en mano. Sabes cómo te digo.

Dos papas, tres presidentas, dos reyes, millones de damnificados, sed de todo en el sur de la vida, y libertad de veto, libertad de voto, se vende, se alquila o lo que sea, mola mazo este interesante “todos contra todos”, se rifan un par de hostias bien dadas en las alturas, disfrute de veinte minutos de vértigo gratis, no olvide cargar la pantalla, al loro con el parloteo constante de los expertos acerca del estilismo de la subcampeón de corazones. Más propaganda que asuntos sociales, sobran niños, sobran viejos, este siniestro monopolio ofrece al espectador varios finales posibles, así que atentos a la jugada, se admiten apuestas. Nadie brinda una disculpa, es tontería.

Al casino del dolor ingresa con aviesas intenciones una clase deleznable de personas azules de sangre fría y breves escrúpulos dispuesta a ejecutar el plan de transformación, eufemístico festival de reformas, abracadabra, dominó, la panacea del rico porvenir. De vecino a cliente. La muerte en directo del derecho recto, la maldita ley del silencio dependiente, la feria del personalismo y el gañote vil. Cruel melodía encadenada del cinismo público, la casta, con toa sus castas, y los verdugos privilegiados, los que tocan la campana en la agridulce hora de la selección natural. Este texto busca verbos irreconciliables.

En Cádiz, 43 % de paro, sin ir más lejos, la autoridad cesa a una cuarta parte de la plantilla de servicios sociales, recorta horarios de atención al necesitado, pelea sin sentido con la otra parte contratante, pepé versus pesoe, todos contra todos, la extrema urgencia del pretérito imperfecto olvida el futuro por nones, corren rumores de purgas, caza de brujas, limpieza de bajos fondos, sería menester que la tormenta de mañana pusiera en evidencia a los miembros de dudoso honor de los lobbys con piel de cordero que quitan el pescado del mundo. One more time.

La diputada del Partido Popular por La Palma, Mayte Pulido, ha censurado este martes, 24 de junio, el “sectarismo” del consejero de Educación y vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, al impedir la asistencia del presidente del Cabildo palmero a la inauguración del IES Alonso Pérez Díaz y del CEIP Mariela Cáceres Pérez, previstas para mañana miércoles, señala el PP en un comunicado.

“Una vez más, José Miguel Pérez ningunea a las instituciones palmeras y a nuestra Isla en función del color político y de sus rencillas particulares, y utiliza un acto institucional para su propia campaña personal”, aseguró Pulido, para quien la actitud del vicepresidente y consejero “no es solo una descortesía protocolaria, sino un gesto muy elocuente que evidencia la forma partidista de entender el ejercicio de su responsabilidad”.

José Miguel Pérez, añade, “tiene previsto desplazarse” este miércles, 25 de junio, a La Palma en “un viaje que su gabinete califica como oficial, y cuya agenda incluye la inauguración del rehabilitado y ampliado Instituto de Enseñanza Secundaria Alonso Pérez Díaz, situado en la capital palmera, así como la inauguración del nuevo CEIP Mariela Cáceres Pérez, en Los Llanos de Aridane, y la firma del acuerdo marco entre la Consejería y las escuelas unitarias sobre los servicios educativos públicos en estos centros del Archipiélago”.

El PP apunta que “después de trascender” a los medios de comunicación la “descortesía del consejero al pretender inaugurar él solo el IES, y ante las críticas de la diputada popular, la Dirección Insular de Educación rectificó ayer (lunes) en parte, y trasladó una invitación formal a última hora al alcalde de la capital palmera, Juan José Cabrera, quien también había sido excluido inexplicablemente del acto”.

La diputada Mayte Pulido anunció que el grupo Popular pedirá explicaciones en el Parlamento de Canarias al vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, al entender que su actitud “supone una falta de respeto hacia la primera institución de la Isla y hacia todos los palmeros a los que representa”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto contra la exclusión social para lo que queda de año. Mejora el que está en vigor desde hace un año y, entre sus novedades, figura la ya anunciada de vincular la percepción del ingreso mínimo de solidaridad -también conocido como salario social- a la consecución de un empleo. De este modo, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales pretende ensayar una fórmula por la que firmaría convenios con las empresas, especialmente vinculadas a la economía social, que quieran contratar por un mínimo de seis meses, a jornada completa, a estas personas y a cambio la Junta de Andalucía aportará 2.500 euros, o sea, la cantidad que recibirían del salario social por ese periodo.

Con ello se persigue que ganen en dignidad estas personas, porque como ha subrayado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, “no quieren una ayuda, sino un puesto de trabajo”. En la misma línea, María José Sánchez Rubio, ha calculado que se puedan firmar 800 contratos de este tipo de aquí al 31 de diciembre, límite para la ejecución del presupuesto, que para estos contratos está dotado con dos millones de euros. O sea, 2.500 por las 800 contrataciones que se quieren conseguir. No parecen muchas en una comunidad autónoma donde hay más de 55.000 perceptores de este salario social que ronda los 400 euros y se otorga cuando las personas se quedan sin ningún tipo de prestación. Pero se trata, según ha insistido la consejera, de un ensayo para ver cómo funciona el modelo.

“El perfil de la gente que percibe el salario social ha ido cambiando y hay gente plenamente capacitada para encontrar un trabajo, por lo que tenemos que ayudarles”, ha apuntado la consejera. No es que vaya a ser obligatorio para todos los que perciben el salario social, entre otras cosas porque no hay dinero para subvencionar esos 2.500 euros por contrato, pero sí se vinculará la posibilidad con el convenio que se firme con los perceptores que reúnen el perfil adecuado para ello. Cabe recordar, de hecho, que las personas que reciben este ingreso mínimo de solidaridad firman un convenio por el que, entre otras cosas, adquieren un compromiso de reinserción laboral y formación, entre otros.

El decreto, como en el aprobado el año pasado, son un conjunto de medidas extraordinarias de solidaridad, para conseguir corregir los desequilibrios y cuenta con presupuesto cerrado para todo lo que resta de ejercicio. Son, por un lado, 64 millones de euros (ocho más que hasta ahora) para tres programas de lucha contra la exclusión social, a los que hay que sumar 90,6 que se van en pagar los ingresos mínimos de solidaridad y otros cuatro aproximadamente para programas de otras consejerías en la línea también de evitar la marginación.

Las tres claves del programa

Los tres programas clave del decreto son, por un lado, el de la reinserción laboral, que además de la citada medida de contratos para perceptores del salario social, dotada con dos millones de euros, incluye otros 40 con los que se pretenden generar 25.000 puestos de trabajo sobre todo a través de las administraciones locales. De hecho, el dinero se distribuirá entre los consistorios en función del número de desempleados en cada municipio. Son subvenciones para contratos de entre 15 días y tres meses para personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social. Para optar a estos contratos hay que ingresar como máximo entre 1 y 1,7 veces el Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples).

En segundo lugar, y lo que supone la segunda gran novedad, hay lo que se ha bautizado como “plan extraordinario de solidaridad” y que cuenta con 11 millones de euros para suministros vitales (6,5) y prestaciones de urgencia (4,5). Es decir, por un lado, se repartirá esta cantidad entre los consistorios para “reforzar la tarea que ya hacen” salir al paso de la gente que no puede pagar los recibos de luz, agua o gas, y tampoco sus cuotas de hipoteca o alquiler. En este mismo paquete se prevé también la posibilidad de facilitar a estas familias dinero para el equipamiento básico de sus viviendas. Y por otro lado, están las ayudas que se contemplaban ya para que las familias puedan hacer frente a necesidades urgentes de alimentación y vestido. Esta segunda parte es la que afecta especialmente a los menores. “Muchas familias nos dicen que no pueden ya hacer frente al cuidado de sus hijos porque no tienen para darles de comer, por lo que con este programa se persigue que puedan seguir en sus casas”, ha ejemplificado la consejera.

Y finalmente, también se repite el plan de garantía alimentaria, dotado con otros 11 millones, y destinado a que los menores y la tercera edad puedan tener garantizadas tres comidas diarias, los primeros a través de sus colegios y los segundo, en los centros de participación activa (antiguos hogares del pensionista). De hecho, este curso se han beneficiado de este servicio cerca de 21.000 niños a través de comedores escolares y unos 3.500 mayores. Para cuando acabe el curso, se seguirá con el reparto de comida a través de las escuelas de verano, un servicio al que se acogieron 3.500 menores el año pasado, “y este año pueden ser más”, según la consejera.

Ésta ha reconocido que es “un problema ante el que no se puede mirar para otro lado” y que se produce en otras comunidades autónomas. Ha invitado así al PP a no “mirar sólo para abajo, porque no significa que no haya niños en otras comunidades autónomas que no lo necesiten”. En la misma línea, ha sido tajante: “Es una realidad que tenemos que afrontar. Hay niños que sólo comen lo que se les da en el colegio”.

En total, este decreto pretende dar cobertura a unas 160.000 personas, 10.000 más que el anterior. No significa esto que la población en riesgo de exclusión haya crecido en 10.000 personas en menos de un año, sino que se han ampliado los objetivos, según han explicado desde la Junta de Andalucía.

Críticas del PP-A

Desde el PP-A han criticado el decreto porque debería haberse puesto en marcha en el mes de enero. Un retraso, a su juicio, propiciado por el propio gobierno para “ahorrarse presupuesto”, en palabras de su vicesecretaria de Políticas Sociales e Igualdad, Ana Vanesa García. En su opinión, la financiación de las medidas de este plan viene del “recorte” del presupuesto que la Junta de Andalucía destinaba a la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), que asciende a unos 180 millones de euros en los presupuestos de 2013 y 2014, mientras que las aportaciones del decreto apenas llegan 60.

Por otra parte, critica que las medidas destinadas a las familias sin recursos vayan a financiarse con 10 millones de euros, una cantidad “ridícula” comparada con la deuda que mantiene el Gobierno de Andalucía con las corporaciones locales. Ha calificado de “burla” y “broma de mal gusto” la inversión de 6,5 millones de euros para el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social para toda Andalucía, “una cantidad significativamente inferior a los 20 millones anunciados hace meses por el consejero Diego Valderas”.