La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido nombrar al director de La Razón, Francisco Marhuenda, como nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III. Según ha podido confirmar elDiario.es, el también profesor universitario será designado en ese cargo la próxima semana, aunque este mismo jueves se le nombrará como miembro del citado consejo.

Marhuenda, que desde 2018 ejerce como profesor titular del área de conocimiento de 'Historia del Derecho y de las Instituciones' de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dimitió hace tan solo unos días de su puesto dentro del consejo de ese centro universitario y ha aceptado ese cargo honorífico, el de presidente del Consejo Social de la Carlos III, por el que según ha podido saber este diario no recibirá ningún tipo de remuneración.

Según la normativa interna de la universidad, “el Presidente del Consejo Social será nombrado entre los vocales representantes de los intereses sociales en el Consejo Social, por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero competente en materia de Universidades, oído el Rector”.

Según especifica la propia universidad, el Consejo Social es “el órgano de participación de la sociedad” en la Carlos III. “Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios; la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria”, señala en su página web.

Asimismo, le corresponde “la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno”. Además, con carácter previo, “le corresponde aprobar las cuentas anuales de la Universidad”. El Consejo Social debe además “colaborar con la universidad en la definición de los criterios y las prioridades de su plan estratégico”.

El alcalde de Malagón, Adrián Fernández, ha anunciado el aplazamiento de la entrega de los reconocimientos Dama y Caballero de la Concordia 2018 al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, respectivamente, que estaba prevista en la mañana de este viernes.

Fernández ha atribuido la decisión del equipo de Gobierno al “boicot” emprendido, a su juicio, por el Grupo municipal Socialista y que podría traducirse en un “acto incómodo” para los reconocidos así como perjudicar la imagen de Malagón cuando estos premios se crearon para lo contrario.

“No es posible realizar un acto que realce la imagen pública de Malagón en este clima de agresividad creado en nuestro pueblo, en un ejercicio de irresponsabilidad sin precedentes en la localidad. No podemos tolerar que personas con evidentes méritos, que han decidido aceptar esta distinción y que están dispuestos a resaltar las virtudes de nuestro pueblo sean tratados de forma tan desconsiderada y con tanta falta de respeto”, ha señalado el consistorio.

Este aplazamiento se ha hecho público después de que el Grupo Municipal Socialista denunciara durante estos días, e incluso remitiera sendas cartas a Marhuenda y Pastor para explicarles su decisión, que la elección de los galardonados se ha hecho sin ningún procedimiento democrático ni transparente en el que hubiera participado el pueblo y todos los grupos municipales.

“Cuando se creó en el 2017 esta distinción se pensó en otorgarlo a personalidades de gran relevancia social a nivel nacional y por eso se otorgó por primera vez a Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. No hubo ninguna queja oficial de nadie. Desde entonces, el Grupo municipal Socialista ha tenido casi un año para proponer modificaciones en la forma de conceder estos galardones o de proponer candidatos para los mismos, pero por desgracia, no han hecho ninguna de las dos cosas”, explica el primer edil.

Fernández ha explicado que el único objetivo de estos galardones era dar “relevancia nacional” a Malagón, aprovechando la conmemoración de la firma de la Escritura de la Concordia de 5 de mayo de 1552 con la que se celebró la victoria del pueblo contra los Señores de Malagón“.

Tras conocerse la noticia, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Malagón, Ricardo Calzado, ha indicado que “a Adrián Fernández no le ha quedado más remedio que aplazar el acto sectario de la Concordia, seguramente por la negativa de Ana Pastor y Francisco Marhuenda a participar en un homenaje que no reunía los mínimos valores democráticos”.

Calzado ha asegurado que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Malagón seguirá en su empeño para que se vuelva al inicio del proceso de los nombramientos, para que se reúna la comisión informativa correspondiente y para que el Consistorio elabore y apruebe un reglamento para todos aquellos nombramientos que se realicen en Malagón a partir de ahora.

El PSOE de Malagón ha remitido sendas cartas al director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), para explicarles, a través de burofax y correo electrónico, que no apoyará sus nombramientos como Caballero y Dama de la Concordia 2018, respectivamente, ya que se han producido “desde el sectarismo” y sin contar, por primera vez, con la oposición. Estos galardones se entregan el próximo viernes, día 4 de mayo.

El nombramiento, que se ha conocido esta semana, ha sido criticado por el Grupo Municipal Socialista debido a la forma de elección llevada a cabo, “sin ninguna información” al equipo de la oposición, sin contar con su opinión y no llevándolo a comisión ni a debate plenario, como si de un acto de partido se tratara y no de un acto de un Ayuntamiento, a pesar de que tiene como supuesto fundamento la expresión de concordia.

Por este motivo, en la misiva dirigida a Pastor, el Grupo Municipal Socialista le explica que la forma en la que se ha llevado a cabo su nombramiento no corresponde a un premio relacionado con la concordia ya que se ha decidido “unilateralmente” por los concejales del PP que forman parte de la Junta de Gobierno, “órgano donde por voluntad del alcalde no está representada la oposición -que representa al 42% de la población-, y donde ni tan siquiera están presentes la totalidad de los concejales del PP”. Desde el Grupo Municipal Socialista no han querido restar méritos a la presidenta del Congreso, si bien han lamentado que el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, y el diputado nacional José Alberto Martín-Toledano, hayan actuado “de forma sectaria y como dirigentes del PP más que como responsables institucionales”.

En cuanto a la carta remitida a Francisco Mahuenda, los socialistas no creen que, independientemente de diferencias ideológicas y desde el máximo respeto al medio que dirige, “haya demostrado precisamente y de manera especial y predominante, actitudes, comportamientos y declaraciones que favorezcan la concordia”. Aclara, como en el caso de Ana Pastor, que no juzgan “sus méritos y capacidades personales y profesionales en el mundo del periodismo ni de la política en los diversos cargos que ha ocupado en representación del PP, pero es evidente que es ”difícil reconocer en esos méritos y capacidades la búsqueda de la concordia entre todos los españoles“.

En caso de que acepten los galardones, informan de que no asistirán al acto del viernes a pesar de que el PSOE siempre ha dejado a un lado sus convicciones ideológicas “cuando se trata de actos y decisiones de carácter institucional”.

El Ayuntamiento lamenta una “polémica artificial”

Por su parte el Ayuntamiento de Malagón ha lamentado esta “polémica artificial” acusando al Grupo Municipal Socialista de provocar “daño innecesario” a la imagen del pueblo. Recuera que este acto está organizado para la promoción de Malagón, de su historia, de su cultura, de su actividad económica y que la primera persona galardonada fue María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo siguiendo los mismos criterios y procedimientos que los adoptados este año. En esta edición, argumenta el Consistorio, se vuelve a poner en valor la “Escritura de Concordia” y se distingue a “dos personas de relevancia nacional por su defensa de los valores constitucionales”.

Sobre Ana Pastor, afirma que es la tercera autoridad de España, una persona que “se ha distinguido por su compromiso permanente en defensa de los principios constitucionales y que ejerce la presidencia de forma moderada, ecuánime y dialogante”. Y sobre Marhuenda destaca igualmente su “compromiso por la unidad de España como valor democrático fundamental para el progreso de nuestro país, así como su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado”.

Dicho, esto informa de que sus nombres han sido seleccionados por la Junta de Gobierno del ayuntamiento tal y como siempre han sido elegidos las personas distinguidas con nombramientos similares y que en la elección del año pasado el PSOE no comunicó al equipo de Gobierno ninguna queja oficial a este galardón, a la forma de elección del mismo, ni tampoco ninguna propuesta para la actual edición de estos reconocimientos.

“Estamos, como siempre dispuestos a escuchar las propuestas del Grupo Municipal Socialista, pero difícilmente podremos actuar si desde la instauración de estos galardones en el año 2017 no hemos recibido ni una sola propuesta. Muchos ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios y otros organismos públicos concedes galardones y distinciones similares, por acuerdo de sus órganos de gobierno, sin que los grupos políticos de la oposición organicen actos de boicots”, concluye.

12.000 euros. Eso es lo que, como mínimo, le costó al Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) que el periódico La Razón le otorgara el pasado mes de julio el 'Premio al mejor municipio turístico de Canarias' en la sexta edición de los Premios de Turismo VD Viajes, que celebra anualmente la cabecera dirigida por Francisco Marhuenda.

Según un decreto de la alcaldía del pasado mes de octubre al que ha tenido acceso Canarias Ahora, el ayuntamiento grancanario destinó estos 12.000 euros (IGIC incluido) a través de un contrato menor del servicio para Estrategia de Comunicación y Promoción Turística del Municipio de Mogán, en el Periódico La Razón, en periodo entre julio 2017 a junio 2018.

La alcaldesa del municipio turístico del sur de Gran Canaria, Onalia Bueno, esgrimía que debido a que el periódico fundado por Luis María Anson “es un diario de tirada nacional que crece y se sitúa como un referente de información e influencia entre los grandes periódicos de España”, era necesaria “la inserción de noticias referentes a nuestro municipio en dicho periódico ya que su difusión cubre un gran espectro de población a nivel nacional y de esta forma damos a conocer nuestro municipio dándole un impulso al sector turístico, sector fundamental y prioritario en nuestra economía”.

Además, resaltó que el periódico “cuenta con colaboradores como Alfonso Ussía, César Vidal, Carmen Gurruchaga o Carlos Rodríguez Braun” y que “aunque su formato ha variado en numerosas ocasiones desde su primer número, las portadas de La Razón suelen ser llamativas, formadas por apenas tres o cuatro noticias”.

En total se acordaron cuatro inserciones, siendo la primera de ellas una entrevista el viernes 7 de julio a página completa con motivo de los Premios de Turismo VD Viajes. La entrevista fue publicada solo cuatro días después de que el municipio fuera premiado por el diario. Las otras inserciones consisten en tres páginas a publicar en el diario entre julio de 2017 y junio de 2018.

Según el documento, el pago de las facturas es fraccionado en cuatro partes iguales, por lo que se presentarán cuatro facturas de 3.000 euros cada una entre el período que va desde octubre de 2017 a junio de 2018. En otros decretos a los que ha tenido acceso Canarias Ahora se desprende que el Ayuntamiento pagó 5.426,14 euros a cuatro medios de Gran Canaria para cubrir informaciones de Mogán en la Feria Internacional de Turismo celebrada entre el 18 y el 22 de enero de este año.

Con motivo del galardón, el Ayuntamiento emitió al día siguiente de la ceremonia un comunicado en el que señalaba, entre otras cosas, que estos premios “reconocen el buen trabajo de organizaciones públicas y privadas en uno de los sectores fundamentales de la economía española”.  A la hora de recoger la condecoración, la alcaldesa agradeció el reconocimiento al diario y puntualizó que “Canarias garantiza un destino seguro y con buena climatología durante todo el año, en el que destaca el municipio de Mogán por ser uno de los lugares con mayores horas de sol al año de Europa, algo que dificulta que ningún otro destino pueda competir a nivel nacional durante todo el año con Mogán” y resaltó las fortalezas del municipio, “como la parada obligatoria de muchos turistas internacionales en la Pequeña Venecia del Puerto de Mogán”, además de sacar pecho porque reciben “alrededor de un millón de turistas al año”.

Según el director de La Razón, este “importe muy pequeño” es un acuerdo comercial “como tienen todos los periódicos” y su objetivo es “promover” el municipio de Mogán.

“Es una información pública, nada secreto, no tiene mayor importancia para nosotros”, sostiene Marhuenda, que no ha relacionado el pago con el premio.

Este periódico intentó contactar este miércoles en reiteradas ocasiones con Mencey Navarro (portavoz de Ciuca, partido que junto al PSOE gobierna en el municipio) para recabar su versión. Sin embargo, este jueves la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (que está de baja maternal a pesar de que acudió al último pleno), defendió en la Cadena Cope que “no es la primera vez que el Ayuntamiento de Mogán cierra un acuerdo con este diario” y afirmó que “no hemos pagado nada, hemos concertado y cerrado contratos de publicidad, entre otros con La Razón, no tiene que ver el premio con los 12.000 euros”.

Dos grupos de comunicación llevan su guerra empresarial a las páginas de sus periódicos. ABC y La Razón protagonizan desde este miércoles una batalla de editoriales en los que se hacen reproches, aseguran desmontar la estrategia de su competidor y, a la vez, aseguran que no caerán en las maneras de las que se acusan mutuamente. Y todo, según ambas cabeceras, es por intentar vender más que el otro.

La guerra comenzó este miércoles, día de Todos los Santos, cuando ABC y varios periódicos de su grupo publicaron un editorial titulado “El porqué de los ataques de Atresmedia a Vocento”. En el texto, el periódico aseguraba que los medios de Planeta “divulgan comentarios falaces y ofensivos contra Vocento y sus marcas”, y que este editorial era una respuesta por “la reiteración de los ataques” y porque sus lectores “merecen saber qué hay detrás de la campaña”.

Según la versión de ABC, estos “ataques” de Atresmedia son por las informaciones que han publicado sobre la “operación Anta” (en referencia a la operación Hanta, pero el diario se equivoca de nombre al omitir la H), una trama en la que se acusó al presidente de La Razón, Mauricio Casals, “de influir para desviar ayudas públicas”. También por lo que han contado del caso Lezo, en el que estuvieron imputados Francisco Marhuenda y Casals por presionar supuestamente a Cristina Cifuentes. Ambos fueron absueltos, pero ABC recuerda que Edmundo Sobrino, que era consejero del periódico, sigue en la cárcel; además de que Casals tendrá que volver a comparecer como imputado.

El otro tema de estos comentarios del grupo de Antena 3 y laSexta contra Vocento es la fusión de ambas cadenas en 2012 y que provocó el nacimiento de Atresmedia. Para ABC, este proceso fue “polémico” y facilitado por el Gobierno de Rajoy, que dio “luz verde” a pesar del rechazo de la Comisión Nacional de la Competencia. Además, esto ha supuesto que se diese “carta de naturaleza a una televisión que ha desestabilizado gravemente la vida pública, dándole eco a partidos antisistema”, en referencia a Podemos.

La respuesta de La Razón

El periódico de Planeta ha tardado solo un día en responder al “engaño y la manipulación informativa”, en un editorial titulado “El ocaso de ABC”. Y lo ha hecho, además de publicando una información sobre la situación y los “grandes recortes” de Vocento, con la misma contundencia que su rival. El diagnóstico de La Razón sobre el periódico con el que está enfrentado es claro: “Negando la realidad no se consigue eliminar la verdad de los hechos, solo su ocultación”. Y sigue: “Lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación es que sus ventas, es decir, el número de lectores, esté por debajo de lo que cree, dice o difunde”.

Con estas frases, lo que quiere decir La Razón es que el problema de ABC está en que “no quiere aceptar” que su diario les supera en ventas (según datos de OJD en septiembre, La Razón supera en difusión a ABC por unos 7.000 ejemplares, pero en ventas de ejemplares ocurre lo contrario). También señala que Vocento les responsabiliza de sus pérdidas “por la situación del mercado”, que ha llevado al “tijeretazo a la plantilla” que prepara el periódico que dirige Bieito Rubido. Y advierten de que despedir a trabajadores “es realmente alarmante” si la idea es “mantener a salvo a los directivos, que, por cierto, parece que invierten más tiempo en saldar sus diferencias que en buscar soluciones”.

Además, rechaza todas las acusaciones sobre Casals y Marhuenda, recordando que la Audiencia Nacional sobreseyó el caso, y niega que la fusión de Antena 3 y laSexta fuese polémica. Algo que aprovecha para recordar que Vocento alquiló una licencia de televisión “por su desastrosa gestión”. También defiende a laSexta de la acusación de “desestabilizar la vida pública” y de favorecer a Podemos, y asegura que es una cadena que se mueve “por la pluralidad y dar cabida a todas las opciones ideológicos”.

La otra crítica de La Razón contra ABC es por publicar anuncios de prostitución, algo “alarmante e inmoral” de un periódico católico y que publica Alfa y Omega, financiado por el Arzobispado de Madrid. “No se entiende la indiferencia del cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ante esta escandalosa situación”. Por último, acusa a ABC de “falsedad en sus noticias”.

Que un grupo de curas catalanes pida que se celebre el referéndum y la Conferencia Episcopal haya instado al “diálogo” entre el Estado y el Govern no ha gustado nada a Francisco Marhuenda. El director de La Razón ha cargado este miércoles en la tertulia de Federico Jiménez Losantos en EsRadio contra ambos colectivos por lo que considera una defensa del independentismo. Tanto que ha pedido que los catalanes no marquen la X de la Iglesia en la próxima declaración de la Renta que realicen.

Esta sería la manera de “dar una lección” a los obispos por su postura sobre el referéndum del 1 de octubre. Un desencuentro entre Marhuenda y la institución católica que comenzó en mayo, cuando la iglesia catalana pidió que se escuchasen las “legítimas aspiraciones” del pueblo catalán.

Pero la ira del periodista se desató del todo este miércoles, cuando escuchó las palabras de Cinto Busquet, un párroco catalán que ha impulsado un manifiesto en favor de la consulta que ya ha sido firmado por más de 400 curas. Según Marhuenda, estos prelados son “indecentes”, y ha asegurado que religiosos como Busquet le invitan a hacerse “musulmán”.

Además, el responsable del periódico de Planeta ha asegurado que cada vez hay menos católicos en Catalunya, y que la situación irá a peor por las actitudes de la Conferencia Episcopal y grupos como el de los párrocos que apoyan el referéndum. Posturas que califica de “escándalo”. Estas críticas también se producen semanas después de su salida de TRECE, la anterior 13TV, donde era tertuliano.

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, fue designado comisario honorario de Policía porque su medio de comunicación “ha contribuido de un modo destacado a transmitir y divulgar el trabajo de los agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todos y proteger el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades”.

Así consta en una respuesta al diputado de Compromis Carles Mulet, que se había interesado por los méritos para la distinción que el Ministerio del Interior concedió en secreto a Marhuenda en tiempos de Jorge Fernández Díaz y que fue desvelada por eldiario.es.

El reconocimiento a Marhuenda llegó a los pocos días de que la Audiencia de Barcelona ratificara, en segunda instancia, la condena a Marhuenda por intromisión al honor de un comisario de la Policía Nacional, ya retirado, Narciso Ortega, al que desde las páginas de La Razón se le acusó de haber intervenido para archivar una investigación contra la agencia de detectives Método 3 cuando era jefe superior de Policía en Cataluña.

Fernández Díaz y Marhuenda trabajaron juntos en Génova y pertenecen al círculo íntimo de Mariano Rajoy, del que el periodista fue jefe de gabinete en la etapa de ministro de Administraciones Públicas y director general de Relaciones con las Cortes cuando el hoy presidente en funciones ejerció como ministro de Presidencia.

La respuesta defendiendo el nombramiento de Marhuenda está fechada el 31 de agosto. El Gobierno tenía redactado en julio un borrador de Real Decreto por el que eliminaba para siempre la figura del comisario honorario, consecuencia de la polémica por el nombramiento del director de La Razón. Sin embargo, la aprobación de ese Real Decreto está paralizada desde que eldiario.es publicó el contenido de su borrador.

Interior mantiene en secreto la identidad de las personas ajenas al Cuerpo Nacional de Policía nombradas comisarios honorarios. A raíz de la publicación de eldiario.es, la Fundación Hay Derecho se interesó por el resto de reconocidos con tal distinción en la época de Fernández Díaz, pero Interior sigue negando tres de los siete nombres de comisarios honorarios nombrados por el anterior ministro.

La figura del “comisario honorario” es un reconocimiento que los policías jubilados anhelan por motivos sentimentales, pero también para tener la posibilidad de seguir portando un arma. El reconocimiento como “comisario honorario” para personas ajenas al Cuerpo era una posibilidad que se utilizaba con poca frecuencia en el Ministerio del Interior, alrededor de una vez al año. Hasta que tomó posesión Fernández Díaz.

El nombramiento de Marhuenda provocó protestas entre la oposición política y quejas airadas de los sindicatos policiales, además de un profundo malestar en la Policía, incluida su cúpula. El Sindicato Unificado de Policía optó por presentar una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo que fue archivada.

El nombramiento de comisarios honorarios estuvo sujeto a un Decreto de la dictadura sobre la Policía Gubernativa hasta que en 2015 se aprobó la Ley Orgánica de Régimen de Personal. En la misma ya se hablaba únicamente de “miembro honorario”, pero la falta de un desarrollo reglamentario fue utilizada por el departamento de Fernández Díaz para seguir nombrando “comisarios honorarios”, caso de Marhuenda.

El Real Decreto que ha elaborado departamento de Juan Ignacio Zoido pretende dotar a este aspecto de la Ley de 2015 de su correspondiente reglamento. Del mismo modo, elimina el secretismo sobre la distinción que queda. “El reconocimiento de la condición de funcionario honorario, una vez notificada al interesado, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la Orden General de la Dirección General de la Policía”, dice el borrador que publicó en julio eldiario.es.

El Ministerio del Interior no ha ofrecido explicaciones sobre la paralización del proyecto, a preguntas de este medio. eldiario.es ha podido saber que la publicación del borrador provocó la indignación de algunos de los homenajeados y que así se lo hicieron saber al actual equipo de Interior.

En los últimos días, en las páginas de La Razón se ha producido un duro cruce de acusaciones, incluso insultos, que han acabado por salpicar a su director, Francisco Marhuenda. Los protagonistas han sido el literato J.J. Benítez y el columnista del diario Alfonso Ussía.

Todo comenzó  a partir de una entrevista al escritor publicada el pasado 8 de septiembre. En ella, Benítez opinaba así sobre el periódico: “Antes leía más La Razón. Lo que me gustaba del periódico era la confección, lo que ahora se llama el diseño, me parece muy dinámico y atractivo. También he leído muchas veces la última página de Alfonso Ussía, pero no estoy de acuerdo con él porque es muy yihadista”.

En una dura columna titulada 'Lector de periódicos' y publicada este domingo, Ussía se hacía eco de estas palabras. En ella respondía a Benítez describiéndole como “excesivamente gilipollas” por llamarle yihadista, lo que para él “es lo mismo que calificarle de etarra”. “Leerse como yihadista en el propio periódico, en tu casa, sienta bastante mal”, resumía Ussía, antes de culpar de lo ocurrido al director de La Razón.

Y es que una vez despachado Benítez, Ussía se centra en el director de su periódico. Tras recordar que el fundador y primer director de ABC, Torcuato Luca de Tena, tenía como máxima leerse el periódico cada día, el columnista carga contra Marhuenda por no haber “tirado el insulto injusto e infame a la papelera” y le acusa de “no haber leído el periódico ni la entrevista” por estar “entregado a la defensa de la pasividad de Rajoy”. 

Finalmente, el columnista de La Razón ha acabado pidiendo disculpas a su director en una nota publicada en el mismo medio y que Marhuenda se ha encargado de difundir en Twitter nombrando a su “buen amigo” Ussía: “Me pasé siete pueblos, Paco, y ruego que me perdones. Todo mi cariño y respeto”. 

El periodista Francisco Marhuenda será el último comisario honorario de la Policía. El Gobierno prepara un Real Decreto que elimina esa figura y limita el reconocimiento a “miembro honorario de la Policía Nacional sin hacer referencia expresa a categoría profesional alguna”. La polémica dentro y fuera de la Policía al desvelar eldiario.es la decisión de Jorge Fernández Díaz con el director de La Razón ha obligado al actual Ministerio del Interior a introducir esa precisión en el borrador del proyecto.

El nombramiento de comisarios honorarios estuvo sujeto a un Decreto de la dictadura sobre la Policía Gubernativa hasta que en 2015 se aprobó la Ley Orgánica de Régimen de Personal. En la misma ya se hablaba únicamente de “miembro honorario”, pero la falta de un desarrollo reglamentario fue utilizada por el departamento de Fernández Díaz para seguir nombrando “comisarios honorarios”, caso de Marhuenda. El Real Decreto que se elabora el departamento de Juan Ignacio Zoido pretende dotar a este aspecto de la Ley de 2015 de su correspondiente reglamento.

El anterior equipo de Interior también mantuvo en secreto sus reconocimientos de “comisario honorario”. De tal forma que solo trascendieron los nombres publicados por eldiario.es, el de Marhuenda y el del antiguo miembro del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas, el magistrado que para criticar la Ley de Matrimonio Homosexual escribió que el texto permite que se casen “un tío y un sobrino”.

El borrador del próximo Real Decreto prevé acabar con ese secretismo. A partir de ahora, recoge el texto, “el reconocimiento de la condición de funcionario honorario, una vez notificada al interesado, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la Orden General de la Dirección General de la Policía”. A día de hoy, se desconoce el nombre de tres de los siete comisarios honorarios que nombró Fernández Díaz durante su mandato.

Tras la noticia de eldiario.es, la Fundación Hay Derecho preguntó al Ejecutivo, a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuántos y quiénes eran los otros comisarios honorarios ajenos a la Policía. El Ministerio del Interior sólo accedió a reconocer los dos publicados y a revelar otros dos nombres, el del director del CNI, Félix Sanz Roldán, y el del director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa.

En ambos casos se trata de nombramientos desprovistos de polémica porque la función que realizan ambos cargos es de colaboración continua con la Policía y por tanto, cumplen con el requisito establecido en la ley. Pero en lo referente a los otros tres nombres, Interior se cerró en banda con distintos argumentos.

Sobre uno de ellos alegó que en ese momento no se le había comunicado el reconocimiento, cuatro meses después de haberlo acordado. En un segundo caso aludía a que el agraciado se negaba por motivos de intimidad. Y respecto al tercero, dijo que el interesado se negaba a que se conociera su nombre por razones de seguridad. En este último caso, Interior admitía que era un motivo subjetivo, pero que contradecirlo podría causar “ansiedad” al premiado.

Posibilidad de llevar un arma

La figura del “comisario honorario” es un reconocimiento que los policías jubilados anhelan por motivos sentimentales, pero también para tener la posibilidad de seguir portando un arma. El Real Decreto incluirá esa posibilidad, también para los ajenos a la Policía, siempre que la petición se acompañe de un informe de las aptitudes psicofísicas y pase el visto bueno de la Junta de Gobierno del Cuerpo.

Los reconocidos como “miembro honorario” de la Policía, una vez descartado el rango de comisario, seguirán recibiendo una placa y un carnet, como los que Fernández Díaz entregó a Marhuenda en un acto sin publicidad en el Ministerio del Interior. En el reverso del carnet se especificará si han obtenido la licencia de armas tipo A.

De forma preferente se acabará igualmente con esos reconocimientos personalizados. Según el borrador, el otorgamiento de la distinción “se realizará en acto solemne, procurando que coincida con fechas de especial conmemoración y relevancia en la Policía Nacional, salvo que razones de oportunidad y urgencia aconsejen otra cosa”.

Algo que no cambia es la imprecisión con la que se presentan los méritos que deben adornar la trayectoria de un miembro honorario de la Policía de fuera del Cuerpo. Basta con que el ministro del Interior de turno considere que esa persona se ha “distinguido por los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor” de la institución.

Cabe precisar que el reconocimiento como “comisario honorario” era una posibilidad que se utilizaba con poca frecuencia en el Ministerio del Interior, alrededor de una al año. Hasta que tomó posesión Fernández Díaz, quien en sus cuatro años de ministro nombró a siete comisarios honorarios ajenos al Cuerpo.

El nombramiento de Marhuenda provocó protestas entre la oposición política y quejas airadas de los sindicatos policiales, además de un profundo malestar en la Policía, incluida su cúpula. El Sindicato Unificado de Policía optó por presentar una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo que fue archivada.

En el caso de los policías jubilados, el título de “miembro honorario” podrá ser concedido siempre que hayan cumplido 35 años de servicio activo, no le consten “anotaciones desfavorables sin cancelar” en su expediente, posean todas las condecoraciones a la dedicación al servicio policial y hayan ingresado en la Orden al Mérito Policial.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado este viernes el ingreso en prisión para el fundador y máximo accionista del Grupo Zed Worldwide, Javier Pérez Dolset, por su presunta implicación en el fraude en la liquidación de la empresa tecnológica.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión sin fianza para Dolset por su implicación en los hechos. El empresario fue detenido este jueves en un operativo conjunto entre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional junto con otras siete personas.

Todos ellos han pasado a disposición judicial este viernes si bien se han negado a declarar, según fuentes de la investigación. El presunto cabecilla ha aclarado, después de que Anticorrupción haya solicitado prisión incondicional para él, que está arruinado y que todas sus ganancias las invirtió en el grupo investigado, por lo que en estos momentos solo dispone de 110.000 euros en una cuenta bancaria.

Sin embargo los fiscales del caso, Carlos Yáñez y José Grinda, alegan que el presunto cabecilla sí dispone de patrimonio, en concreto de 101 millones de dólares en Panamá. Los otros siete detenidos han quedado en libertad.

La Policía ha lanzado esta mañana una operación en la que están previstas ocho detenciones vinculadas al grupo tecnológico Zed, dedicado a la creación de videojuegos y material audiovisual, entre otros, hasta el pasado 30 de mayo, fecha de su disolución. La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigan subvenciones presuntamente fraudulentas concedidas por el Ministerio de Industria y Tecnología a la compañía por más de 42 millones de euros, informaron a eldiario.es fuentes de las pesquisas.

En la operación está investigado el presidente de La Razón, Mauricio Casals, quien habría intermediado en las ayudas concedidas al grupo. A cambio, el diario que dirige Francisco Marhuenda habría ingresado más de dos millones de euros en contratos de publicidad. Las subvenciones investigadas afectan a la época del Gobierno socialista y también a la del Ejecutivo del PP.

Agentes de la UDEF se han desplazado esta mañana hasta las oficinas de La Razón con un requerimiento judicial. Han llegado sobre las 8 de la mañana y han permanecido durante horas aguardando la documentación solicitada por la Audiencia Nacional.

En un comunicado, el periódico niega que Casals haya participado “en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones, ni directa ni indirectamente” y muestra su disposición a colaborar con la justicia.

La investigación arrancó hace aproximadamente un año por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público presentó una querella en la Audiencia Nacional la semana pasada y el caso está ahora dirigido por el juez Manuel García Castellón, quien acaba de incorporarse al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional después de la salida de Eloy Velasco.

El grupo Zed es una creación de la familia Pérez Dolset, que cuenta con el 40% del accionariado. Su segundo accionista es el Grupo Planeta, en poder del 20% de las acciones, y en menor medida Juan Abelló y el Banco de Santander, con un 3% éste último. Los Pérez Dolset están detrás de éxitos del sector audiovisual como la saga de videojuegos Commandos, de 1998, emblema de la creación española en el sector que con el tiempo se terminó convirtiendo en un clásico. El crecimiento de la compañía incluyó la producción cinematográfica con Planet51, película de animación y la cinta más taquillera en España en el año 2009.

El impulsor del grupo es Javier Pérez Dolset, hijo de un empresario que comenzó comercializando videojuegos americanos en el mercado español de los primeros ochenta. El pasado enero, los accionistas consiguieron la destitución de Javier Pérez Dolset como presidente y consejero delegado de la compañía. Fue sustituido por un equipo que no ha podido evitar la quiebra de la compañía. Las fuentes consultadas precisan que la investigación se centra en el periodo de Pérez Dolset al frente del grupo. Todos los arrestados están vinculados con la compañía, entre ellos Javier Pérez Dolset y uno de sus hermanos, a los que se acusa de insolvencia punible y fraude de subvenciones.

Además, Zed está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía española, así como por otros organismos extranjeros, como el FBI estadounidense, por el desvío de fondos desde la matriz de la compañía, denominada Zed+ y radicada en Países Bajos, a familiares de miembros de los Gobiernos rusos y uzbeko.

Planeta, que mantiene un enfrentamiento desde hace años con los hermanos Pérez Dolset, ha informado este jueves de que se personará como acusación particular en el caso y acusará a Zed de un perjuicio económico de 120 millones de euros. El grupo empresarial asegura en un comunicado que “ni el diario La Razón ni su presidente han cometido ninguna irregularidad”, y añaden que colaborarán con la justicia.

Son varios los gobiernos que han domesticado a los medios a base de chantajearles con la publicidad institucional: sí, se compra el silencio o se pagan operaciones para desacreditar al rival a golpe de talonario público

Las gentes del cine español, en general, y los actores, en particular, son un hatajo de inútiles sin talento que se aprovechan de las subvenciones públicas. Los sindicatos dilapidan una financiación que se nutre de nuestros impuestos. Los funcionarios son unos privilegiados que viven a costa de todos nosotros y, además, no dan un palo al agua. Los parados se gastan el subsidio en comprarse televisiones de plasma y en irse de vacaciones a la playa. Hay que privatizar, privatizar y privatizar porque lo público no funciona y, además, le cuesta demasiado dinero al contribuyente.

Son muchos los ‘periodistas’ que utilizan desde siempre sus tribunas de opinión, sus sillas en las tertulias o los editoriales de sus diarios para lanzar este tipo de mensajes inquisitoriales. Criminalizan lo público, tergiversan los datos, manipulan la realidad para tachar de subvencionados a quienes piensan de forma diferente o, simplemente, se cruzan en su camino. Es un discurso que no resiste la más mínima verificación de datos. Ellos mismos saben, por poner solo un ejemplo, que el cine español aporta a las arcas públicas más de lo que recibe. Ellos también saben que si hay una institución privilegiada y subvencionada por encima de todas, esa es la Santa Iglesia Católica; esa es, precisamente, la que nunca mencionan ni critican por llevarse cada año una buena cantidad de millones de euros de nuestros impuestos.

Aunque no pocos sabemos que mienten de forma deliberada, sus mensajes calan en un amplio sector de nuestra sociedad. Es más que habitual escuchar en los bares de los barrios obreros de las grandes ciudades o en las plazas de cualquier humilde pueblo de España a ciudadanos corrientes, parados, jornaleros, jubiladas con pensiones de miseria o contratados por horas lamentarse porque los artistas, sindicalistas o funcionarios se pegan la gran vida a su costa. Hoy, más que ayer, sabemos que la mayoría de los ‘periodistas’ que les han metido esas falsas ideas en la cabeza, perciben directa o indirectamente considerables sumas de dinero público, en forma de publicidad institucional, distribuida de forma arbitraria por nuestros gobernantes.

Aunque el tema viene de lejos, nunca es tarde para desenmascarar a estos mercenarios de la desinformación. Para ello, es muy importante que los españoles conozcamos detalladamente la forma en que el Gobierno central y el resto de administraciones públicas distribuyen decenas de millones de euros entre los distintos medios de comunicación. Los primeros datos que eldiario.es está desvelando son elocuentes y revelan una triple estrategia: primero, premiar económicamente, con el dinero de todos, a medios convencionales afines; segundo, financiar panfletos digitales que se dedican a calumniar a los oponentes, ya sean políticos, periodistas, artistas o estibadores; y, tercero, desviar cientos de miles de euros hacia webs sin audiencia ni apenas contenidos en las que alguien se lo debe de estar llevando muerto. En resumen: comprar información favorable, pagar campañas contra el adversario y, de paso, forrarse.

En nuestro país es una práctica generalizada no solo a nivel nacional. Todos sabemos, las asociaciones de prensa las primeras, que son varios los gobiernos autonómicos que han domesticado a los medios a base de chantajearles con la publicidad institucional. Sí, se compra el silencio o se pagan operaciones para desacreditar al rival a golpe de talonario público. Un hecho gravísimo al que debemos sumar la complicidad, en algunos casos, con las infinitas tramas corruptas que han saqueado nuestro país.

Hay que investigar hasta el final la relación entre periodistas y corruptos. De momento ya han ido apareciendo indicios: acciones de medios que se compran con dinero de la caja B de un partido; directivos de grupos periodísticos que presionan para que no se investigue a políticos imputados que, casualmente, les habían beneficiado con desproporcionados contratos publicitarios; nombres de tertulianos que aparecen citados en las conversaciones que mantienen los mafiosos… Una parte del periodismo en nuestro país ha pasado de ser el cuarto poder a ser la cuarta pata de la trama corrupta; una pata tan necesaria como las otras tres: la política, la empresarial y la judicial.

Es ya una declaración de culpabilidad en toda regla que el Ejecutivo esté pleiteando en los tribunales para no desvelar los detalles del reparto de la publicidad institucional y, por tanto, para incumplir la Ley de Transparencia que él mismo promovió. Si no quieren que lo sepamos es, sencillamente, para que no atemos más cabos. Solo conocemos la punta del iceberg y ya descubrimos que los medios que pagaron una fortuna a Esperanza Aguirre e Ignacio González por escribir algún que otro artículo habían estado entre los más beneficiados por la publicidad institucional otorgada por… Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Solo conocemos la punta del iceberg y ya vemos a los ‘periodistas’ más incondicionales de la derecha española entre aquellos que fueron premiados con contratos publicitarios, pagados con dinero público, de un valor muy superior al que les correspondería por sus respectivas audiencias. De momento están unos cuantos, pero acabarán apareciendo casi todos. Repasen el último artículo de Ignacio Escolar y se encontrarán con Marhuenda, Rubido, Losantos, Martín Beaumont, Alfonso Rojo… Los mismos que se rasgan las vestiduras cuando se gasta en euro de los presupuestos en cine, teatro, cultura, Memoria Histórica o ayuda a la cooperación son los que más se benefician del dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes.

Tenemos el derecho a saber quiénes son todos estos mercenarios y cuál es el precio por el que vendieron sus almas de periodistas, si es que algún día las tuvieron. Mientras tanto, no se crean nada de lo que salga de su boca o de su puño y letra porque escriben al dictado de quienes les financian. Ellos sí, y no otros, son los grandes subvencionados.  

“No des mi nombre, te lo ruego”; “por favor, no me menciones porque temo que puedan tomar represalias con mi hija”; “te cuento lo que quieras, pero no me cites… la situación aquí está muy tensa”. Después de 27 años ejerciendo esta agridulce profesión y de haber pateado unas cuantas naciones sometidas por tiranías o arrasadas por las guerras, jamás pensé que tendría que escuchar este tipo de cosas en mi propio país. Pues sí; es aquí, en una localidad murciana llamada Fuente Álamo donde parece imperar la ley del miedo y del silencio.

Desde hace cuatro años, La Falange y el PP lideran a un amplio grupo de nostálgicos franquistas con el objetivo de evitar que el colegio de público deje de llamarse “José Antonio”. Su campaña ha logrado amedrentar, pero no doblegar, a los profesores y padres de alumnos que, a través del Consejo Escolar, han pedido que el centro educativo deje de estar consagrado a un líder antidemocrático: el fundador del partido fascista español que tanto protagonismo tuvo en la sublevación franquista y en la posterior dictadura que secuestró nuestras libertades durante cuarenta largos años.

El pasado sábado por la noche, el alcalde de la localidad seguía haciendo frente a las amenazas e insultos vertidos por los ultras. En las casas cercanas, profesores y padres de alumnos leían atónitos los panfletos distribuidos por La Falange en los que se exigía el mantenimiento del nombre porque, entre otras cosas, Primo de Rivera “amó a España y a los españoles” y “dirigió a la juventud española para intentar salvar la patria”. A esas horas, quienes en Fuente Álamo trataban de escapar de la inquietud y el silencio encendiendo sus televisores se encontraban en La Sexta a Eduardo Inda comparando a Franco con Napoleón y a Francisco Marhuenda defendiendo con arrojo la dictadura antes de afirmar, sin siquiera sonrojarse, que en su “puta vida” ha sido franquista.

Algunos creen que los Marhuindas son una especie de dúo cómico inofensivo que nos ameniza algunas noches aburridas; se equivocan. Uno por convicción y el otro porque encaja en el personaje que él mismo se ha creado dotan de argumentos (falaces, pero argumentos) a falangistas, viejos franquistas y a sus nuevos cachorros de Hogar Social y de otras organizaciones neofascistas. No son los únicos irresponsables que juegan a esto. Nuestras ondas, webs, kioscos y librerías están repletas de revisionistas que, tras alardear de demócratas, blanquean la dictadura, justifican sus crímenes y defienden con razonamientos infantiles, pero eficaces, el mantenimiento de sus símbolos.

Este nuevo Movimiento solo ha podido alcanzar tamaña magnitud porque detrás de él se encuentra, nada menos, que el partido que tiene la responsabilidad de gobierno. Marhuenda no hablaría como habla si no contara con el aplauso de su amo, Mariano Rajoy.

España está pagando y va a seguir pagando esta gravísima irresponsabilidad de los conservadores españoles. Una buena parte de la derecha política, periodística, intelectual, eclesiástica y empresarial no ha querido desvincularse del fascismo. Nuestra derecha es una mancha de totalitarismo en Europa y algún día debería seguir, de una vez, el ejemplo del centro derecha francés o de la CDU alemana de Ángela Merkel que son abiertamente antifascistas. Nadie en la derecha sensata germana se plantearía hoy justificar la llegada de Hitler al poder por la violencia política que se vivía en el país o por la amenaza de un contagio soviético en los movimientos obreros; nadie blanquearía el nazismo porque los Aliados cometieron atrocidades terribles al bombardear Dresde o Hamburgo; nadie compararía al Führer con Napoleón o con Alejandro Magno para justificar la existencia de monumentos en su honor…

No. España no es Alemania y eso se debe, en buena medida, a que el PP no es esa CDU antifascista. Nuestro presidente del Gobierno fue un nostálgico franquista más que escondió, poco a poco, su camisa azul en lo más profundo de su armario. En los años 80 aún escribía artículos en la prensa reafirmando la superioridad física e intelectual de “los hijos de la buena estirpe” y autorizaba, como secretario general del PP gallego, la distribución de cartas alabando la figura del dictador.

Ese es el líder político que se ha declarado, orgullosamente, insumiso a una ley aprobada democráticamente como es la Ley de Memoria Histórica. Él y otros como él son los que han propiciado que aprendices, como Rafael Hernando o Pablo Casado, hagan méritos para ascender en el partido a base de humillar a las víctimas del franquismo y a sus familiares en los platós de televisión.

La derecha verdaderamente democrática, que la hay, debería de una vez por todas romper los hilos que la siguen atando a la dictadura. Sin duda perderán unos cuantos miles de votos, pero España necesita un Partido Popular que deje de peregrinar al Valle de los Caídos y se dedique a hacer pedagogía para evitar casos como el de Fuente Álamo. Allí es su grupo municipal, el popular, el primero en defender, con uñas y dientes, el que sus hijos estudien en un colegio llamado “José Antonio”.

Al igual que en Salamanca es su alcalde popular el que retrasa hasta el infinito la retirada de su Plaza Mayor, ordenada por un juez, del medallón dedicado al dictador. Al igual que en Alicante son sus concejales populares los que han logrado que se repongan los nombres de las calles franquistas. Al igual que en Madrid es su grupo político el que se opone a la retirada total de los vestigios de la dictadura. Al igual que en Alberche y Guadiana del Caudillo son sus alcaldes los que son premiados por la Fundación Francisco Franco. Al igual que en Baralla, Aljubé, Mora, Alella, Melilla, Navalmoral de la Mata, Vitoria, Callosa de Segura, Oviedo…

Son los Marhuendas y los Rajoys los que permiten, toleran y alientan esta complicidad intelectual con la dictadura. Son ellos los que llevan años creando el caldo de cultivo en el que sobrevive y, poco a poco, resurge el monstruo del totalitarismo. Son ellos,  los Marhuendas y los Rajoys los que provocan que España esté repleta de Fuente Álamos.

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, y uno de los columnistas de cabecera del periódico, Alfonso Ussía, deberán indemnizar con 64.590 euros a Leo Messi por vulnerar su derecho al honor en un artículo de opinión en el que se insinúa que el futbolista se dopa con la hormona del crecimiento. El Tribunal Supremo ha descartado los recursos a una sentencia anterior presentados por los periodistas y por la editora del periódico Audiovisual Española 2000. Los condenados rechazaban pagar la indemnización al futbolista amparándose en su derecho a la libertad de expresión.

En el artículo Sonatina, publicado el 25 de julio de 2014, el columnista Alfonso Ussía critica la decisión de la FIFA de elegir como Mejor Jugador del Mundial de Brasil a Messi y le acusa de consumir hormona de crecimiento. “Para mí, que ya no tiene edad para seguir justificando las dosis de hormonas para el crecimiento y tanto él como sus médicos han sido advertidos de que el crecimiento ha llegado a su tope y ni una hormona más”, recoge uno de los párrafos del artículo.

Además, al principio del texto el columnista de La Razón califica a Messi de “nandrolono”, un medicamento que consumen personas con problemas de crecimiento.

El Tribunal Supremo argumenta que “aprovechar la circunstancia de una patología que sufrió el jugador durante su infancia para articular una crítica, traspasa los límites de lo que sería una opinión pública”. En su fallo la sala añade, además, que insinuar que Messi continúa administrándose nandrolona, “una sustancia muy grave en la normativa sobre dopaje en la actividad deportiva”, es algo “innecesario” para transmitir la “finalidad crítica” del artículo.

La sentencia del Supremo confirma así el fallo emitido por el Juzgado de Gavá, que cuantificó la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a Messi en 64.590 euros, cantidad que los tres condenados deberán abonar en una cuenta de la ONG Médicos Sin Fronteras, según se señala en la propia resolución.

Una información de El Español del pasado miércoles revelaba una conversación del director de La Razón en la que se jactaba de cómo presionaba mediáticamente a Cristina Cifuentes. Hasta tal punto, que Francisco Marhuenda le dice al directivo de La Razón Edmundo Rodríguez, en prisión por el saqueo del Canal de Isabel II: “Ahora estoy excitando a Iñigo Enríquez de Luna, ¿sabes?, que es el del ayuntamiento que está con Esperanza”. En una versión de esta conversación publicada por El País, se atribuía a Marhuenda que mencionaba también a Méndez de Vigo.

Marhuenda, según El Español, argumentaba así sus movimientos: “Para que se presente contra ella ¿sabes? (…) Ya le dije que le íbamos a apoyar. Me vino a ver el otro día y le dije: oye, no tendrás ninguna duda, nosotros te vamos a apoyar si te presentas en base activamente y además vamos a defender la tesis de la época de Pío García Escudero. Que el PP estaba muy pacífico cuando Pío era presidente del partido en Madrid y el presidente era de la Comunidad, era Ruiz-Gallardón. Y no pasaba nada”.

El portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha salido al paso de la versión de la grabación publicada por El País: “A mí no me excitó nadie, si yo mismo apoyé a Cristina Cifuentes”.

Nota de las 16.50: Una versión anterior de esta información se titulaba 'Íñigo Méndez de Vigo se confunde a sí mismo con Íñigo Henríquez de Luna para desmentir una grabación de Lezo' porque no recogía la versión de El País sobre la conversación entre Francisco Marhuenda y Edmundo Rodríguez, sino la versión de El Español en la que sólo aparecía el nombre de Henríquez de Luna, que es concejal madrileño y sí podría haber estado disponible para disputar a Cifuentes la presidencia del PP de Madrid.

Francisco Marhuenda y Pedro J. Ramírez se han peleado en Twitter. Los directores de La Razón y El Español se han enfrentado por una información del medio de Ramírez relacionada con la trama Lezo, en la que se cuenta cómo Marhuenda presumía de realizar presiones a Cristina Cifuentes.

En el artículo de El Español se cuenta que Marhuenda le dijo a Edmundo Rodríguez, consejero de La Razón y también imputado en Lezo, si había visto “la putada que le hemos hecho hoy a nuestra amiga Cifu. Poniéndola ahí, por delante de Soraya. Tiene un puteo enorme ¿eh? Vamos a seguir dándole por ahí”. La llamada se realizó el pasado 10 de febrero y formaría parte del sumario de la operación que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

A primeras hora de la mañana, el que fuera director de El Mundo difundía el artículo a través de su cuenta de Twitter preguntándose si “esto es periodismo”. Media hora más tarde, Marhuenda le contestaba en el programa de radio de Federico Jiménez Losantos. Entre otras cosas, le acusaba de “estar enfadado” por “no ser invitado a las tertulias” y de montar una campaña contra él. 

También hubo intercambio de tuits, en los que Marhuenda repitió lo que dijo previamente en la radio.

Tras la respuesta de Marhuenda, Pedro J. no ha tardado en volver a utilizar su perfil en las redes para hablar del asunto, negándose a entrar al “trapo”. 

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión incondicional tras su detención en la operación Lezo, colaboró durante más de un año con artículos de opinión en el diario La Razón, por los que percibía un sueldo de 4.500 euros mensuales, según han revelado unas escuchas publicadas por El País. 

En la conversación entre María Fernanda Richmond, antigua directora financiera del Canal de Isabel II, y el principal testaferro de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, Richmond cuestiona el ritmo de vida del expresidente de la Comunidad de Madrid sustentado en el sueldo de 4.500 euros mensuales que le pagaba La Razón. 

La colaboración de Ignacio González comenzó en septiembre de 2015, con un texto titulado 'Qué quieren los catalanes', y duró hasta el 15 de abril de 2017, tres días antes de su detención. Entre medias, González publicó hasta 144 textos. Según el sumario, el acuerdo con La Razón establecía que González escribiría dos artículos semanales a 600 euros la pieza.  

A lo largo de su relación con el diario de Marhuenda, González habló de diversos temas como la situación política, la unidad de España o los exoplanetas, el tema que abordó en su último escrito.

En uno de sus textos, titulado 'La Cacería' y centrado en la corrupción, Ignacio González dice cosas como que “no sorprende esta actitud en los partidos de oposición y en los medios de comunicación contrarios, que ven en este asunto una oportunidad de desgastar al Gobierno y al PP, y seguir alimentando la ola inquisitorial contra los políticos, que han conseguido implantar la idea de que el PP es un partido consustancial a la corrupción”.

Asimismo, González prosigue con que “la corrupción debe ser perseguida y sancionada cuando ha quedado demostrada judicialmente, pero es peligroso hacerlo sobre la base de meras investigaciones o informaciones policiales o de medios de comunicación”.

Los vínculos de La Razón con el caso Lezo se han venido dando desde el inicio de la operación. En un principio, el juez Eloy Velasco imputó a Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente de La Razón respectivamente, de coaccionar a Cristina Cifuentes. “Me ha llamado la zorra de Marisa [jefa de gabinete de Cifuentes] por la leche que le hemos dado hoy. Mañana le damos otro viaje a Cifu [Cifuentes]”, son algunas de las conversaciones de Marhuenda interceptadas en los pinchazos telefónicos. 

Poco después de la declaración por escrito de Cristina Cifuentes, el juez instructor del caso Lezo acordó el archivo de la parte de la investigación a los dos dirigentes del periódico. Según Eloy Velasco, “el periódico que dirigía (Marhuenda) no hizo una campaña especial o muy distinta contra el Gobierno de la Sra. Cifuentes”.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso Lezo, ha acordado el archivo de la parte de la investigación contra Francisco Marhuenda, presidente de La Razón, y Mauricio Casal, consejero de este periódico, por las presuntas presiones a Cristina Cifuentes para proteger la reputación a Edmundo Rodríguez, el enlace de Ignacio González para los negocios del Canal en latinoamérica.

El juez les tomó declaración el pasado jueves. Dichas presiones por parte de los directivos de La Razón se habrían producido, según fuentes de la investigación, después de que el Gobierno de Cifuentes decidiese llevar a la Fiscalía Anticorrupción la gestión de sus antecesores en el Canal de Isabel II, sobre todo las operaciones en latinoamérica.

Ese escrito presentaba pruebas de supuestas irregularidades en la ruinosa compra por parte del Canal de la filial en Brasil, Emissao, por 21 millones de euros. En esa operación, Edmundo Rodríguez, detenido por la Guardia Civil, fue clave.

Velasco acuerda ahora “desinvestigar, sobreseer provisionalmente y archivar las actuaciones” a Marhuenda y Casals. Cita, entre otros motivos, la declaración de la propia Cifuentes, que dijo no sentirse presionada por ellos, y añadió en su escrito al juez que si así hubiera sido, no habrían conseguido su objetivo.

Mentiras piadosas a Edmundo Rodríguez

Además, el juez indica que en las escuchas telefónicas “tomadas aisladamente” los hechos parecían “más agravados”, y que tanto Casals como Marhuenda dieron una versión verosímil sobre ellos. “Es la actuación de dos amigos que tratan mediante 'mentiras piadosas y paliativas'” de convencer a Rodríguez de que están actuando para frenar la investigación contra él, dice el juez.

“El periódico que dirigía (Marhuenda) no hizo una campaña especial o muy distinta contra el Gobierno de la Sra. Cifuentes (...) Son hechos que no tienen consistencia como para encontrar en ellos una sistematicidad y permanencia en la presión que justifiquen las imputaciones”, señala Velasco en su auto.

En ese mismo escrito, el juez hace referencia a la declaración de Rodríguez, en prisión incondicional desde el pasado viernes. Este habría enmarcado sus conversaciones con los directivos de La Razón como una ayuda emocional y no bajo la voluntad de “torcer la actuación” de la Comunidad de Madrid.

La marea disuasoria ya ha llegado. Francisco Mahuenda, director del diario La Razón, vuelve a sentarse en las tertulias, como si una imputación judicial en un grave caso de corrupción fuera una gresca más de la sociedad del espectáculo. Marhuenda y Mauricio Casals, presidente de esta publicación, han declarado ante el juez por un delito de coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su equipo.

Existen conversaciones grabadas por orden judicial que ambos reconocen como reales. En ellas hablan con Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del Canal en Latinoamérica y consejero de la empresa editora de La Razón. Pero Marhuenda le quita importancia porque considera que estaban ayudando a un amigo, es una forma de hablar, y con pedir disculpas por llamar “zorra” a Marisa González, la jefa de gabinete de Cifuentes, es bastante. Turno para otro, pasemos a otra cosa.

En su ayuda ha acudido la propia Cristina Cifuentes, que insiste en hacerse “la rubia” y se muestra ante el juez más comprensiva con las presiones mal llamadas periodísticas.

Lo que asusta es esa concepción del periodismo. No se trata siquiera de si “nunca, nunca, nunca” Marhuenda coaccionó, sino de a qué se dedica. El trabajo es informar de asuntos que afectan esencialmente a los ciudadanos no ver cómo libra a un amigo, sobre el que pesan graves imputaciones, de responsabilidades judiciales. Para Edmundo Rodríguez Sobrino la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional. Marhuenda es, como Casals, un alto cargo de un periódico y el juez Velasco habrá sopesado las pruebas. No son titiriteros o un rapero al que le pierden las palabras por la Ley Mordaza.

La hemeroteca, que invoca Marhuenda, está llena de portadas, editoriales y artículos insidiosos contra rivales del PP. El editorial del 19, el mismo día que se conocería su imputación, lo titulaba: “No es justicia, es política”. Y estaba plagado de las “verdades” de Marhuenda. Entre otras, que “Rajoy testificará, aunque no debería hacerlo”, “lo hará por una deriva política ajena a que la verdad sobre Gürtel se conozca”. O “mal que les pese a los inquisidores”, en referencia a los jueces que convocan a Rajoy como testigo y a la oposición política. Al periodismo, Marhuenda no se dedica.

Puede que el director de La Razón no sepa ya qué es periodismo, si alguna vez lo supo. Lo temible es que no lo sepan o no lo quieran saber quienes le convocan a las incontables tertulias en las que participa. A él y a los que comparten su peculiar sucedáneo del periodismo. Aquí reside el auténtico problema. El que puede confundir a los ciudadanos y afectar su derecho a la información. Estas actuaciones de parte terminan por convertir los delitos, la corrupción política, también en discusión de tertulia.

La pregunta insistente estos días es ¿cómo pudo pasar todo esto? ¿Cómo puede llegar un país a estos niveles de inmundicia? A añadir tramas sin fin al pozo de la escandalosa corrupción española. A ver cada poco a un político más, acusado de dirigir una red criminal para enriquecerse y vivir como un Marajá. A un Fiscal Jefe Anticorrupción que provoca un motín de los fiscales bajo el amparo de un artículo pensado para circunstancias extremas. Moix prohibió, por escrito, un registro de la operación y los fiscales no acataron la orden. Obligados a negociar con su jefe, aceptaron que los detenidos no lo fueran por “pertenencia a organización criminal”, aunque sí figura en el sumario. A un ministro de Justicia como Catalá. A magistradas “de la casa” que avisan a los investigados. A alguien del Gobierno como se ha sugerido que también alertó a Ignacio González.

La justicia independiente es piedra angular de un Estado de Derecho. Y está demostrando que en gran parte funciona aunque no sin esfuerzo. A pesar de las interferencias. Pero hablamos de un país en el que ya cuesta discernir quién está limpio en las alturas. La detención de Javier López Madrid, yerno del empresario clave Villar Mir, amigo de los reyes a niveles de sonrojantes mensajes, relacionado con la trama Púnica también, nos habla de unas élites impropias.

Son cuestiones esenciales, a las que muchos ciudadanos empiezan a añadir con preocupación la responsabilidad de los medios. La información veraz es tan imprescindible como la justicia.

No se puede saldar la imputación de Francisco Marhuenda en una tertulia. En una, tras otra. Lo hará el juez. Pero periodísticamente no es sostenible. Los grupos de comunicación deberían ser exquisitos con esto. Y los ciudadanos también. No vale todo para distraerse, ni hacerse el distraído.

Tampoco es admisible el estado en el que se encuentra RTVE. De hecho, ha arreciado en sus prácticas manipuladoras desde que se llegó al acuerdo de que, algún día, se volverá a elegir a sus dirigentes por méritos profesionales y no por su servicio al PP.

En todos los casos, los ciudadanos están obligados a discernir cuándo les ocultan informaciones y cuándo les dan Venezuela por liebre o intereses empresariales por columnas de opinión. Ser responsables por el bien común.

Las andanzas de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, han sido publicadas desde hace una década. Con su férrea resistencia, dado que le sobraba dinero para denunciar y pleitear contra periodistas. Espléndida la columna de Manuel Rico en Infolibre hablando, por cierto, de cuántos han salido a la palestra por “detener” a Ignacio González. Marca España.

Cada vez cuesta más tragar los apoyos del Gobierno a un PP en esta tesitura. Y creer que personas decentes duden de si la corrupción es cierta, a pesar de las abrumadoras evidencias y de los intentos por confundirles. Y sigue siendo irrenunciable que el periodismo informe de la verdad honestamente. Igual así, la corrupción pasa la factura que requiere y deja de ser la crónica de un olvido anunciado. A todos sus proveedores. La gente está que trina.