La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado este lunes dos providencias en las que acuerda la puesta en libertad del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, quienes se encuentran cumpliendo condena por el caso de los ERE, todo ello tras recibir por correo ordinario las sentencias del Tribunal Constitucional por las que se resuelven sus respectivos recursos de amparo y se declara la nulidad de la sentencia que los condenó, según informa el TSJA.

La Audiencia dispone que una vez que le ha sido comunicada “por correo ordinario” la decisión del TC, procede “mandamiento” de libertad con relación a Antonio Fernández, quien cumple condena en la prisión de Puerto III de El Puerto de Santa María, ordenando lo mismo respecto al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel también por malversación en el “procedimiento específico de financiación” de los ERE e interno en el centro penitenciario de Sevilla I.

El abogado de Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, había criticado duramente días atrás la demora en la comunicación del TC a la Audiencia, después de que en casos anteriores la decisión del TC fuese “anticipada” directamente por dicho tribunal a la Audiencia para que actuase.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, quien ejerce la defensa del exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, ha manifestado este martes que tras anular el Tribunal Constitucional (TC) la condena a siete años, once meses y un día de prisión que impuso la Audiencia de Sevilla, su representado sufre una “situación verdaderamente kafkiana” y de “discriminación” dados los días transcurridos sin que haya sido ordenada su puesta en libertad.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el letrado ha recordado que el Constitucional ha estimado parcialmente su recurso de amparo y ha anulado tanto la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, como la posterior sentencia del Supremo que desestimó su recurso de casación contra su condena por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro delito continuado de malversación. El TC ha ordena a la Audiencia que dicte una nueva resolución respecto a Antonio Fernández, aplicando los fundamentos jurídicos incorporados por el Constitucional al asunto.

Martínez del Hoyo ha señalado que Fernández continúa en la cárcel, pese a que en el caso de otros de los condenados a cárcel por este caso cuyos recursos de amparo han sido estimados al menos en parte por el TC, como por ejemplo el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, los mismos “han recuperado la libertad después de que desde el Tribunal Constitucional de inmediato se remitiera a la Audiencia un simple anticipo del fallo, incluso estando aún sus sentencias sin formal promulgación y firma”.

Situación “insólita”

Así, ha señalado que Antonio Fernández sufre una “situación insólita” porque sigue en prisión incluso cuando este mismo martes la sentencia del Constitucional relativa a su caso “ha sido formalmente notificada” a las partes, “una vez firmada electrónicamente por el tribunal”.

“La razón de esta situación insólita es que no se ha producido comunicación alguna desde el TC a la Audiencia y ésta no considera suficiente ni la publicación de la sentencia en la web del Constitucional, ni la notificación formal de la misma a la parte en un proceso no seguido ante la propia Sala. La Audiencia entiende como condición imprescindible, antes de adoptar ninguna decisión sobre la situación personal de Fernández, que desde el TC le sea directamente comunicada la sentencia o su fallo, igual que en el caso de los otros demandantes de amparo, lo cual resulta comprensible y así lo hemos de asumir”, explica el letrado.

Es más, Martínez del Hoyo detalla que en ese marco, le consta que la Audiencia “ya se ha dirigido formalmente” requiriendo esa comunicación al TC, que de su lado “ha dictado hoy una diligencia acordando la remisión de la sentencia al Supremo y a la Audiencia”, pero “sin precisar cuándo, ni por qué medios o celeridad se hará tal comunicación”.

Trato “discriminatorio”

Ante ello, el abogado avisa de que Antonio Fernández sufre “una situación verdaderamente kafkiana, gravísimamente lesiva del supremo derecho a la libertad personal”, alertando de que el exconsejero “no debería permanecer privado de libertad ni un minuto más” y de que el mismo padece “un tratamiento discriminatorio y desigual” con relación a los encausados cuya libertad sí ha sido ordenada y que se encontraban en la “misma e idéntica situación de sentencia de condena anulada”.

Estas advertencias, según Martínez del Hoyo, las ha elevado él mismo este pasado lunes en un “escrito presentado ante el TC”, documento “que no ha habido por ahora reacción”.

También estaría en una situación parecida el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a seis años y dos meses de prisión y 15 años y dos días de inhabilitación, cuyo recurso de amparo fue igualmente estimado de modo parcial por el TC, con la anulación de su condena para que la Audiencia dicte nueva resolución teniendo en cuenta los criterios incorporados a este caso.

Una nueva sentencia del Tribunal Constitucional del caso de los ERE ha estimado parcialmente el recurso de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, contra su condena de 7 años y 11 meses por prevaricación y malversación. En su caso, la mayoría progresista del pleno devuelve la resolución a la Audiencia de Sevilla al entender que se vulneró su derecho a la legalidad penal pero no a la presunción de inocencia: puede ser condenado a penas de cárcel por malversación pero por la “disposición de fondos públicos para fines distintos” a los que marcaban los programas de ayudas. En su caso, a diferencia del de otros condenados, sí ha habido pruebas y razonamientos suficientes para condenarle.

El pleno también ha estimado parcialmente varios recursos de antiguos altos cargos de la Junta: el los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Economía) y Francisco Vallejo (Innovación) y el del viceconsejero de este último departamento, Jesús María Rodríguez. Vallejo fue condenado a siete años de cárcel y los otros dos a seis años. En sus casos, la Audiencia de Sevilla también tendrá que dictar una nueva sentencia.

El tribunal de garantías estudia desde hace semanas los recursos de los condenados por los ERE de Andalucía. En casos como los de la exministra Magdalena Álvarez o Miguel Ángel Serrano, la mayoría progresista del pleno ha entendido que no se puede atribuir un delito de prevaricación, penado con inhabilitación, a quienes participaron en actos políticos como la elaboración de anteproyectos de presupuestos. Sin descartar que algunas modificaciones presupuestarias sí puedan ser consideradas delictivas.

Sobre la malversación, penada con cárcel, el Constitucional ha aplicado la misma doctrina y ha añadido que cumplir una ley legal de presupuestos no puede ser considerado delictivo. En el caso de Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA/IDEA excarcelado ayer, además entiende que el Supremo y la Audiencia de Sevilla no justificaron lo suficiente su condena por las adjudicaciones concretas de ayudas de forma irregular al margen de sus fines establecidos.

El caso de Antonio Fernández conocido este miércoles abre la puerta, tal y como sucedió con la prevaricación, a mantener una parte de las condenas de cárcel por malversación aunque sean menores. La ponencia que hoy ha votado el Constitucional ordena a la Audiencia de Sevilla que repita su sentencia contra él pero sin condenarle por su papel en la elaboración de los proyectos presupuestarios, solo por la adjudicación de dinero público a fines distintos de los establecidos en el programa de ayudas. El tribunal, al no formar parte del recurso y de las alegaciones de Fernández, no modifica su condena por prevaricación.

Fernández, la condena más alta

Antonio Fernández fue, sin duda, el exalto cargo más castigado por la instrucción del caso ERE. Ha sido el único exconsejero que fue enviado a prisión preventiva, de la que salió en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Ha llegado a pedir una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”.

Fernández también fue el primer imputado por la jueza Alaya en la causa de los cursos de formación, ya archivada, y en el caso ERE arrastra un gran número de gestores en Empleo como los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, o los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. En 2009, Griñán le renovó al frente de la Consejería, aunque un año después fue uno de los consejeros que salió de la etapa de Manuel Chaves heredada por Griñán. Un año después (2011) fue imputado en los ERE y otro año después (2012) dio con sus huesos en prisión por espacio de cuatro meses.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los ex consejeros socialistas de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio y otras seis personas investigadas en relación con las subvenciones por 33.309.789 euros “arbitrariamente” concedidas al entramado de sociedades del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido, por lo que por auto de 18 de enero de 2022 se declaró extinguida su responsabilidad penal- para los cursos de formación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

En un auto difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado indica que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, toda vez que el exconsejero Antonio Fernández está condenado por la pieza principal de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, correspondientes al procedimiento específico de canalización de los fondos, y por las ayudas de dicho sistema a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Los investigados en esta causa son los ex consejeros de Empleo de la Junta Antonio Fernández y Manuel Recio, un hijo del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por Ángel Ojeda. Asimismo, el instructor dirige el procedimiento, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, contra una quincena de entidades.

El magistrado analiza en el auto la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de la compañía Delphi, señalando que ante la situación generada, la Junta, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados por el cierre de Delphi y conseguir su recolocación en empresas de la Bahía de Cádiz. Así, una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría fueron incluidos en el denominado “Dispositivo de tratamiento singular”, en cuyo desarrolla el juez destaca tres etapas.

Se simulaban contratos de trabajo

En este sentido, los hechos investigados en esta causa estarían encuadrados en la segunda etapa, desarrollada desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011 y en la que una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero en este caso “simulando una contratación laboral”. El coste de la formación y de la contratación (salarios y cotizaciones a la Seguridad Social) “se financió a través de subvenciones directas; excepcionalmente, un número proporcionalmente reducido de ex trabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace”.

El instructor afirma que los ex consejeros de Empleo investigados “asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad”, para lo cual “habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo”.

El juez asevera que “el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada”, todo ello “sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos”.

Al hilo de ello, subraya que los responsables de la Consejería de Empleo habrían concedido estas ayudas bajo la apariencia formal de subvenciones “excepcionales” a la contratación, en contradicción con las previsiones que para el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas contemplaba la -entonces vigente- normativa autonómica y estatal.

Según Vilaplana, el verano de 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo mencionado, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, habría convocado a una reunión informal a Ángel Ojeda, “quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta”, informándole el primero de que los trabajadores de Delphi “iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos”, al tiempo que “se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas” por el propio Ojeda.

Subvenciones otorgadas entre 2009 y 2010

Según agrega, “el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta a través de las empresas y entidades” de Ángel Ojeda, señalando que “las entidades que ofrecía” el ex consejero de Hacienda, “meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública”.

Así, “los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existieses una verdadera prestación de servicios”, con lo que los contratos de trabajo “sólo tenían como objetivo crear una apariencia de -ficticia- relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social como único medio para proporcionar a los ex trabajadores (...) el periodo de carencia necesario para acceder” a prestaciones.

Finalmente, y según explica el magistrado, las subvenciones fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009, el 26 de febrero de 2010 y el 3 de diciembre de 2010, a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido Ángel Ojeda, como son la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido la suma de 7.376.573,64 euros; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5.268.825,84 euros; la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573,64 euros; la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido la cantidad de 7.376.573,64 euros, y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con un montante total de 5.911.242,40 euros.

En los dos primeros casos, las ayudas habrían sido concedidas, “al margen de los procedimientos y principios legalmente aplicables”, por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras la restante corresponde a Manuel Recio, que la habría otorgado “sin estudios y análisis previos y sin comprobar la legalidad, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo”.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 35 personas –entre ellas tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía– y dos entidades (Permar 21 SL y Cureña SL) en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las presuntas sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta, que se cifran en más de 66 millones de euros.

En un auto difundido por la Oficina de Comunicación del TSJA, el magistrado detecta presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables.

Entre las 35 personas contra las que el juez dirige el auto como presuntas responsables penales figuran tres ex altos cargos de la Junta, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (único titular de una consejería que ha sido encarcelado por los ERE) y los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, así como el exsindicalista de UGT Juan Lanzas como supuesto conseguidor de las ayudas y su pareja, Beatriz N.M.. También están el cuñado de Lanzas Ismael Sierra, el supuesto testaferro Juan Francisco Algarín Lamela y el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, entre otros.

Fernández y Juan Márquez ya fueron enjuiciados y condenados en la pieza del denominado “procedimiento específico” instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta.

No se trata de un doble enjuiciamiento

En este sentido, el instructor argumenta que “no se daría un doble enjuiciamiento (non bis in idem) en relación a unos mismos hechos delictivos en dos causas distintas, pues no habrían sido objeto del denominado procedimiento específico las posibles sobrecomisiones que las distintas mediadoras solicitaron y obtuvieron en las distintas pólizas de renta colectiva para el abono de las cantidades concedidas en los distintos ERE, y cuyo pago efectuó la Junta extramuros de cualquier legalidad”, a lo que se suma que los escritos de acusación deducidos en la causa del procedimiento específico “no habrían articulado sus pretensiones de condena con fundamento sustantivo en la mecánica delictiva objeto de las presentes actuaciones”.

Además, “las posibles sobrecomisiones investigadas no serían consecuencia necesaria de la ideación y ejecución del llamado procedimiento específico”, prosigue el juez, que alude igualmente a distintos autos dictados por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en los que se ratifica y confirma “expresamente” la inclusión como investigados en esta pieza separada de Antonio Fernández y Juan Márquez, así como del también ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, contra el que el juez declara extinguida la responsabilidad penal tras su fallecimiento en octubre de 2020.

Al hilo, el juez acuerda el sobreseimiento de la causa respecto de ocho investigados –aunque contra uno de ellos sigue las actuaciones en calidad de partícipe a título lucrativo–, entre ellos el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el excomercial de Vitalia Jesús Bordallo; debido a la “inexistencia de elementos de convicción suficientes de los que deducir la concurrencia de los presupuestos necesarios” para acordar la continuación del procedimiento.

En el auto, además, el juez continúa el procedimiento como partícipes a título lucrativo contra dos entidades y tres personas físicas y también acuerda continuar dicho procedimiento en calidad de responsables civiles subsidiarios contra un grupo de entidades, como UGT, UGT-A, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), CCOO, CCOO-A y CCOO de Industria.

Aprovecharon la falta de control de los fondos

El magistrado considera que el exconsejero de Empleo y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, junto a varios responsables de Vitalia y otros investigados, “de común acuerdo y con ánimo de lucro, aprovechando la ausencia de control de los fondos públicos destinados a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, habrían ejecutado –mediante el desempeño del papel asignado a cada uno de ellos– un sistema que habría permitido crear un fondo de caudales públicos constituido por el exceso indebido de las comisiones de las pólizas asociadas a estas ayudas, abonado por la Junta –con cargo a varios programas presupuestarios de la Consejería de Empleo y a otros de la Consejería de Innovación–, naturalmente ordenado, aceptado y consentido por responsables de la Consejería de Empleo y fijado en su cuantía por los mediadores de las respectivas pólizas en las que intervenían”.

En este punto, indica que “este fondo de sobrecomisiones, una vez abonadas éstas, habría sido posteriormente distribuido a través de sociedades instrumentales, en muchos casos mediante la simulación de operaciones comerciales ficticias, para integrarse finalmente en el patrimonio de dichos 'mediadores' y comisionistas ('conseguidores') y otros intervinientes, obteniendo así la parte que a cada cual le correspondía, participando en este lucrativo 'negocio' de intermediación en la obtención de ayudas y financiación pública de costes de extinción colectiva de relaciones laborales”, todo ello “bajo una apariencia de legalidad y al amparo de instrumentos jurídicos a través de los cuales se habría de proceder a la instrumentalización ilícita de ayudas y subvenciones, con el fin de hacer suyos y desviar de su destino natural parte sustancial de tales fondos”.

“Sin justificación que acredite la necesidad de su participación, sin criterio alguno de selección y sin la utilización de procedimientos de concurrencia competitiva en su contratación, diversas entidades mediadoras habrían intervenido al margen de cualquier mínima forma de legalidad, en la negociación y formalización de las pólizas de seguros asociadas” a las ayudas, señala el juez indicando que las mediadoras “implicadas en la mecánica ilícita objeto estarían integradas principalmente”, bien en el Grupo Uniter, bien en el grupo Vitalia.

Sobrecomisiones “arbitrarias, excesivas y fraudulentas”

El juez enumera las presuntas irregularidades analizadas en la intervención de estos agentes y en la mediación de las pólizas y concluye que “la irregularidad de mayor relevancia habría sido la forma –arbitraria, excesiva y fraudulenta– de establecer la cuantía de la retribución (sobrecomisiones) de estas entidades por su intervención en la negociación, formalización y pago de las correspondientes pólizas”, y, de hecho, “la retribución de las entidades mediadoras fue el mecanismo utilizado, de común acuerdo por los investigados, para obtener un enriquecimiento ilícito con cargo a los fondos públicos de la Junta destinados a financiar las ayudas sociolaborales”.

Según concluye, el resultado de esta “mecánica delictiva” habría determinado que “el exceso de comisiones totales cobradas irregularmente por entidades del Grupo Uniter ascendería a 29.804.937,20 euros, en tanto que las entidades de Vitalia habrían cobrado sobrecomisiones por 36.228.300 euros, lo que supone un enriquecimiento ilícito por importe de 66.033.237 euros”.

En otro auto, el magistrado acuerda la detención y su inmediata puesta a disposición del Juzgado de Eduardo P.A., un exdirectivo de Vitalia investigado en esta pieza que se encuentra en paradero desconocido, y en consecuencia acuerda emitir una orden europea e internacional de detención.

El exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha descargado en el que durante una década fuera director general de Trabajo, Javier Guerrero, la responsabilidad sobre la tramitación, concesión y pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, cuyo procedimiento se está juzgando en la Audiencia de Sevilla contra 22 exaltos cargos andaluces. Como hizo el día anterior, Fernández ha eludido responsabilidades en la gestión concreta de las “ayudas públicas excepcionales” pero ha insistido en que “había cuerpo normativo suficiente y habilitante” para la aprobación de las mismas porque acogía “con carácter distintivo lo que era una subvención de una ayuda”.

Fernández ha dicho en varios momentos en la sesión de este martes que nunca se le pidió a él ningún tipo de ayuda concreta y que la gestión del programa 31L de Relaciones Laborales “correspondía a la Dirección General de Trabajo” porque “tenía autonomía”. El exconsejero sí ha reconocido que podía “despachar las líneas generales” con Guerrero pero, por ejemplo, “la cuantía de la ayuda dependía de cada caso” porque “dos crisis no son iguales ni dos plantillas de extrabajadores son iguales”, resolviéndose cada cuestión “según cada contingencia”.

El entonces director Guerrero tenía “libertad de gestión, como cualquier otro director general” en la “distribución de fondos”, ha comentado Fernández. Incluso el fiscal le ha preguntado “si en términos coloquiales” el propio Fernández nombraba al mencionado programa 31L como “el programa de Guerrero”, respondiendo el hoy interrogado que “puede ser”. En su declaración como interrogado en este juicio, Guerrero dijo que creia haber trabajado “con honestidad”. Fernández, aunque ha defendido la normativa en que se basara, ha enfatizado que Guerrero “actuaba con total libertad y discrecionalidad” y la gestión de las ayudas “no era competencia del viceconsejero”. “Era su absoluta responsabilidad”, ha reforzado.

Ni recibió ni dio instrucciones sobre ayudas

El consejero entre 2004 y 2010, en todo caso, ha defendido iniciativas asociadas a dicho programa de Empleo, como por ejemplo las ayudas a los ayuntamientos para la organización de ferias empresariales, si bien ha insistido en que “nunca” dio una orden a Guerrero para que conociera una u otra ayuda. “Quiero pensar que las ayudas excepcionales tendrían toda la documentación exigida por la Dirección General”, ha dicho, pero ha asegurado que “no ordené ni consentí pagos” como los que les ha relacionado el fiscal respecto a algunas ayudas. “No controlaba el tema de los dineros”, ha llegado a decir.

En esa misma línea, de su etapa como viceconsejero (1995-2004), ha negado que José Antonio Viera le diera instrucción alguna sobre “cuánto o a quién” había que conceder las ayudas, señalando que “los criterios generales” era “amortiguar situaciones” de crisis y atender a trabajadores despedidos“ merced a ”decisiones de carácter político“. En ese punto ha comentado reuniones de alto nivel para tratar de solucionar los despidos de Delphi en la bahía de Cádiz o los de Santana Motor en Jaén, ”grandes conflictos“ de los que tenía conocimiento el resto de consejería, según ha apuntado, sobre los que se tenía ”un debate“ para intentar dar ”una respuesta lo más global posible“.

Fernández, que firmó como viceconsejero el convenio marco entre la Consejería y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que instrumentó la participación de este ente como pagador de las ayudas, ha dicho que “me lo pasaron para firma” y que, si llegó a ese punto, sería porque “lo daría por bueno” su gabinete y los servicios técnicos. Según ha insistido en otro momento, los convenios para las ayudas “no los estudiaba con intensidad” ya que su “no era atender a ese programa”, el 31L, ya que su “prioridad” en aquella época “era extender al SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y el desarrollo tecnológico”. En todo caso, Fernández considera que el convenio marco de 2001 fue “transparente” en cuanto a la publicidad dada desde la Consejería.

“Cada situación de crisis es distinta”

Respecto al marco normativo que pudiera regular las ayudas, Fernández, como el día anterior, ha dicho que se trataba de “ayudas públicas excepcionales” que estaban validadas por “la ley de presupuestos y el reglamento de subvenciones de 2001. ”Existía legislación“ a nivel andaluz, ha comentado, ”además de la supletoria a nivel estatal del año 95“. ”A mi criterio, había cuerpo normativo suficiente“, ha añadido.

En cuanto a cómo se tramitaban las ayudas ha dicho que las solicitudes se presentaban por parte de los comités de empresa para los extrabajadores y por parte de los empresarios en el caso de las entidades en crisis, que eran los interlocutores con la administración según qué caso. Preguntado por la norma reguladora específica de su Consejería para la concesión de ambos tipo de ayuda, “no existía una norma porque no se puede normar lo desigual o distinto”. “Cada situación de crisis es distinta”, ha dicho, insistiendo en que la normativa contemplaba las ayudas excepcionales y que también se aprobó el decreto 4/2012 que también ahondaba en dicha regulación.

A preguntas del fiscal también se ha profundizado en la intervención de las aseguradoras y las mediadoras en la gestión de las pólizas, especificando el exconsejero que se trataba de “ayudas públicas individuales” que eran “seleccionadas por los beneficiarios”, sin poder entrar en detalles de las pólizas porque no él no las gestionaba. Ha recordado que mantuvo una reunión con unas compañías aseguradoras que “protestaron por no cobrar con la regularidad prevista”.

El ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, como hiciera su predecesor en el juicio de los ERE Gaspar Zarrías, ha defendido este lunes el sistema de ayudas utilizado por la Junta para la concesión y el pago de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Fernández, el único exconsejero que ha estado en prisión preventiva por esta causa, ha relatado que el expediente de ayudas a los extrabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina, el primer ERE a partir del cual se generalizó el sistema, se tramitó “como ayuda de subvención excepcional” y que “existía legislación suficiente” para trabajar en ese línea. Además, ha defendido que “si se hacía así era porque los técnicos lo habían aconsejado”, respaldando el uso de lo que él mismo bautizó ante la jueza Mercedes Alaya, allá en la primavera de 2012, como el ‘procedimiento específico’.

En ese sentido ha recordado, a preguntas del fiscal anticorrupción sobre el marco normativo en que se fraguaron las ayudas, que había “fiscalización” y que las alegaciones al reparo del interventor delegado respecto a este expediente en concreto, firmadas por el propio Fernández como viceconsejero de Empleo, fueron “acogidas” por el entonces interventor general, Manuel Gómez, quien dio su “visto bueno parcial” a las ayudas, validando la aplicabilidad de la Orden Ministerial de 1995, como ya informó este periódico hace unas semanas.

Fernández, que posteriormente trató de aclarar esta cuestión en un escrito enviado al juzgado, ha sido interrogado tras ver aplazada varias veces su declaración a causa de una “disfonía incapacitante”, que le ha provocado tener que beber agua con frecuencia disculpándose ante el tribunal y reconociendo que “a veces las fuerzas me fallan”. El exconsejero, que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, continuará este martes respondiendo al fiscal.

“Ahora casi me he hecho un erudito de la fiscalización”, ha comentado Fernández, que en varios pasajes a derivado la responsabilidad en “los servicios técnicos” a la hora, por ejemplo, de explicar los movimientos de fondos entre la Consejería y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) mediante modificaciones presupuestarias en virtud de las transferencias de financiación. “Ningún consejero o viceconsejero” atendía a informes técnicos “con carácter general”. “Normalmente los ojeaba” porque eran “bastante las discrepancias” por parte de la Intervención, ha comentado el acusado. “Quienes escriben las documentos no son los políticos, son el personal funcionario”, ha dicho también.

Preguntado si había una regulación específica para la concesión de las ayudas que se están juzgando, Fernández ha insistido en que “existía legislación suficiente para trabajar pero no por reglamento de subvenciones y ayudas públicas”, aprobado en 2001. Muchas de sus afirmaciones son “fruto del estudio” a raíz de las actuaciones, ha reconocido. “No me lo he estudiado pero me pongo a ello”, ha señalado en otro momento Fernández, quien no ha ratificado su declaración judicial ante Alaya. “Fueron varios días de declaración”, que acabó con sus huesos en prisión preventiva la noche del ‘pescaíto’ de la Feria de Abril de Sevilla de 2012, y “la transcripción de las actas no refleja lo que dije ni seguramente lo que quise decir”, ha apuntado. Sí se ha ratificado en lo dicho ante el Tribunal Supremo.

El IFA, “siempre pagador”

En cuanto a si conocía entonces la normativa estatal de 19994 y 1995, ha respondido afirmativamente, diferenciando entre ayudas previas a la jubilación y ayudas a empresas en crisis, las primeras de ejecución por delegación por parte de las comunidades autónomas y que se utilizó en Andalucía “cuando las empresas así lo pedían”. Respecto a las ayudas con base a la norma del 95 ha dicho que “es una orden que no es delegable a las comunidades autónomas sino que las gestiona y concede directamente la Administración del Estado”, detallando que empresas andaluzas se han acogido a ellas pero no a través de las comunidades y que se articulaba “un plan de respuesta” para las “variadas solicitudes” de ayudas desde el año 1999, también por parte de “representantes políticos y sindicales”.

El IFA “siempre ha tenido la función de ente pagador” bajo un modelo de convenios iniciado en aquel año, ha dicho al exhibírsele actas del consejo rector del que fue conocedor como vicepresidente y luego presidente del ente instrumental, defendiendo la “presunción de legalidad” de los informes que llegaban hasta IFA/IDEA, donde acudía “un día a la semana” cuando era viceconsejero “mientras el consejero estaba en Consejo de Gobierno” para resolver diversos asuntos. Preguntado por la gestión de la crisis en Santana Motor, ha recordado que era “un tema prioritario mientras yo estaba vivo” y que “los empleados de Santana no eran empleados públicos pero poco les faltaba”.

Fernández no ha sabido detallar la composición del equipo del exdirector de Trabajo Javier Guerrero pero sí ha destacado que en el departamento de relaciones laborales donde residían las competencias para la gestión de ayudas, con presencia mayoritaria de personal funcionario. “Hay muy pocos puestos digitales”, ha dicho, si bien ha reconocido el nombramiento de Ramón Díaz, exdiputado del PSOE, como “refuerzo” para “temas de conflictividad laboral”. El exconsejero ha asegurado que fue su antecesor, José Antonio Viera, quien decidió descargar la responsabilidad ejecutiva en el director general de Trabajo para la concesión de ayudas a través de IFA, una cuestión que también conocía el Parlamento a través de las leyes presupuestarias que incluían todos esos aspectos.

En general, Fernández ha dicho en la Consejería había “una producción normativa amplia, variada y compleja” detallándose dejaron de aprobar varias normas específicas de regulación de ayudas porque se estaba preparando el reglamento de subvenciones de ayudas públicas de 2001, donde se encuadraban. “He tenido la frustración de no haber aprobado muchas normas porque no hemos cumplido los trámites exigidos. Hubo siete u ocho. Es algo que sucede habitualmente”, ha recordado.

Una Orden específica “no era necesaria”

En este punto ha dicho que las ayudas excepcionales se incorporaron a este reglamento de subvenciones y que había normativa suficiente por la cual se podían otorgar esas ayudas, señalando que éstas ayudas excepcionales “no están obligadas a la publicidad y a la concurrencia”. Preguntado por si en la Dirección General de Trabajo se planteó una orden empleo más específica para las ayudas sociolaborales o empresas en crisis, ha dicho que “no era necesaria ni imprescindible”. Preguntado por si se dictó alguna norma en ese sentido para pymes, ha respondido que sí pero que “no me lo he estudiado pero me pongo a ello”. “Para preparar el juicio he tratado de enterarme de cosas para no parecer otra cosa”, ha comentado posteriormente.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias que se generalizaron a partir de la primera de 18 de abril de 2000, Fernández ha dicho que “veía con interés unas más que otras” pero que el hecho de dar de baja unas partidas para pasarlas a uno u otro programa “ya se hacían con anterioridad” en los programas que regían estas cuestiones, ha dicho cuando le ha preguntado el fiscal por “el porrón de dinero” que se movió, en concreto más de mil millones de las antiguas pesetas. “No supuso un cambio de proceder”, defendiendo de nuevo la fiscalización en las ayudas aunque “en aquellos momentos no estaba en la preocupación esa”. “Nada nuevo había y era la continuidad de un modo de hacer”, ha dicho.

También ha querido dejar claro a modo de “reflexión” que “ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo y en nuestro caso en ningún caso”, defendiendo que “podemos hacerlo mejor o tener los avisos de quienes los tenían que dar” pero hacer algo mal intencionadamente “no es pensable”. Como en otros pasajes, también dijo en esta línea que “de mi nivel hacia arriba” ningún responsable de la Consejería atendía a las cuestiones concretas de los convenios particulares ya que se trataba de “criterios enormemente técnicos” y él no entraba “en capítulos o subcapítulos presupuestarias”.

No podía imaginar Antonio Fernández (consejero de Empleo entre 2004 y 2010) que aquella larga madrugada en los juzgados de Sevilla el 24 de abril de 2012, tras cuatro días de declaraciones, iba a tener semejantes consecuencias. De allí a prisión preventiva acusado de seis delitos. Cuatro años y medio después, acumula peticiones de condena de la Fiscalía Anticorrución por 28 años de cárcel en sólo tres de las piezas de la causa. Es aún incalculable a cuántos años se enfrentará ya que se siguen formando piezas por las ayudas que se investigan, medio centenar hace escasamente un mes.

Las culpas le vienen hasta de su 'empresa', la Junta de Andalucía, que le pide seis años y medio de cárcel por la ayuda sociolaboral concedida a la empresa Acyco. La Administración, que actúa como acusación en la causa, le exculpa en cambio por el ERE de Surcolor pese a que fueron incluidos dos 'intrusos' (personas incluidas en el expediente sin haber trabajo nunca para la empresa). En la pieza política, la Fiscalía le achaca presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

Antonio Fernández es, sin duda, el exalto cargo más castigado por la instrucción del caso ERE. Ha sido el único exconsejero que fue enviado a prisión preventiva, de la que salió en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Ha llegado a pedir una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”.

Fernández también fue el primer imputado por la jueza Alaya en la causa de los cursos de formación, ya archivada, y en el caso ERE arrastra un gran número de gestores en Empleo como los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, o los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. En 2009, Griñán le renovó al frente de la Consejería, aunque un año después fue uno de los consejeros que salió de la etapa de Manuel Chaves heredada por Griñán. Un año después (2011) fue imputado en los ERE y otro año después (2012) dio con sus huesos en prisión por espacio de cuatro meses.

Una división perjudicial

La situación creada tras el despiece de la causa en piezas separadas, que conlleva un juicio para cada ayuda concedida de manera presuntamente irregular (más de 200), afecta de manera más importante a investigados como este exconsejero, cuyo cargo de viceconsejero (2000-2004) y consejero de Empleo (2004-2010) le hacen estar presente, de alguna manera, en la mayor parte de las ayudas.

Su abogado ha insistido en sus sucesivos escritos dirigidos al juzgado que aquella división se planteó para “examinar separadamente, de un lado y en primer lugar, el venido a denominarse como procedimiento específico y, de otro, las consecuencias dispositivas del mismo”. Fernández arguye “falta de intervención” en muchos casos en los que se ha visto inmerso y ha pedido incluso ser apartado de todas las piezas.

La jueza Núñez Bolaños, avalada por la Audiencia, acordó “la división de la causa en una primera pieza relativa al procedimiento específico (de concesión de las ayudas investigadas), una segunda relativa a las sobrecomisiones y un tercer bloque para el que habría que abrir un número no inferior a 200 piezas incoando una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas”. Y agregaba: “Todo ello sin perjuicio de las piezas que puedan abrirse con ocasión de las diligencias que se practiquen en cada una de las piezas que se resuelve dividir”. El pasado octubre impulsó la formación de 48 piezas separadas más.

En la pieza del procedimiento específico se acusa a 26 exaltos cargos, según qué caso, de eludir los controles establecidos y, a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtener fondos públicos y establecer el modo de gastarlos de manera arbitraria y discrecional. En las dos ayudas concretas que ya esperan fecha de juicio (de 2,3 millones a Surcolor y de 3,2 millones a Acyco), las acusaciones se las reparten, en el apartado 'político', entre Antonio Fernández y otros cinco exaltos cargos autonómicos.

Para Fernández, los ERE no acaban aquí. Núñez Bolaños le ha citado como investigado, por su intervención en una ayudas de 6,3 millones de euros concedida en 2001 a la empresa Yogures Andaluces S.A. (Yogan). En otro auto del pasado día 20, la misma magistrada le imputaba por 18 ayudas supuestamente irregulares concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, los exalcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara (Sevilla), Carmelo Montero y José Antonio Méndez, respectivamente. Y al caso ERE le restan muchas ayudas y muchas piezas por cerrar.

Hace apenas unos meses, la Audiencia de Sevilla destacaba en un auto las “altas responsabilidades” de Fernández en el caso ERE al confirmar una vieja resolución de Mercedes Alaya en la que le amplió su imputación por las ayudas a Cydeplast, Nazapet e Inverjaén.

¿Ha excedido el juez Álvaro Martín el planteamiento de división del caso de los ERE acordado por la jueza María Núñez hace casi un año? Es la sugerencia que ha hecho llegar el juzgado el abogado del exconsejero Antonio Fernández, investigado ya en varias piezas, alertando de que el auto que continuó el proceso por el 'procedimiento específico' pudo dejar sin efecto aquella delimitación tal y como fue concebida. El argumento que utiliza es que la resolución judicial conecta los hechos relacionados con la disposición de fondos públicos (la causa) a “la aceptación de las consecuencias” (los efectos) a través de una supuesta “coparticipación subjetiva” por parte de los investigados.

Núñez Bolaños acordó en julio de 2015 dividir el caso, en contra del criterio que había mantenido Alaya, pero avalada por la opinión previa del Supremo, el TSJA y la Fiscalía Anticorrupción. Entendía la titular del juzgado que el resultado derivado del juicio por el 'procedimiento específico' “en ningún caso afectaría al resultado del enjuiciamiento de las demás piezas”. Ya existe una segunda pieza relativa a las sobrecomisiones y un tercer bloque de piezas que no será inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas. Actualmente se han abierto ya 23 piezas en este último sentido, según el escrito del letrado de Fernández, el único exconsejero que llegó a pasar por prisión preventiva, de la que salió en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza.

“Antonio Fernández -como aquellas personas en su misma situación- no puede ser investigado ni puede ser enjuciado más que una sola vez por hechos que presenten una obvia identidad de objeto y fundamento”, considera el escrito, que pide que el exconsejero sea “apartado” de “todas y cada una de las investigaciones” sobre ayudas sociolaborales o directas a empresas ya abiertas, y no ser incluido en ninguna de las nuevas piezas o diligencias que en el futuro pudieran incoarse.

La “aceptación de las consecuencias”

El abogado considera que “la lógica” de la división en piezas planteada por Núñez “pasaba por examinar separadamente, de un lado y en primer lugar, el 'procedimiento específico' y, de otro, las consecuencias dispositivas del mismo”, pero opina que el auto que continúa las diligencias de la pieza del 'procedimiento específico' “tiene como uno de sus primordiales efectos el de vaciar de contenido y dejar sin efecto aquella proyectada división”.

Según expone el abogado, el auto de Álvaro Martín, a quien Núñez encargó en diciembre finalizar la instrucción de la pieza política de los ERE, “deja definitivamente delimitado desde la perspectiva objetiva dicho procedimiento en términos de alejarse de aquella delimitación tal y como fue inicialmente concebida”. A su juicio, aquel auto “desborda netamente” aquella delimitación que se ceñía a la “eventual naturaleza prevaricadora” del 'procedimiento específico' al incluir en su objeto “los hechos conectados a la aceptación de las consecuencias de ese procedimiento, es decir, los hechos relacionados con la disposición de fondos públicos”.

El abogado del exconsejero recuerda el principio de legalidad penal recogido en la Constitución Española y por el que “se designa la prohibición de sancionar más de una vez un mismo hecho ilícito”. Todos estos argumentos los expuso verbalmente el letrado el pasado 14 de junio para pedir la suspensión de la declaración del exconsejero por una ayuda de 30.000 euros que concedió en 2003 la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) para la II Feria de Muestras y Artesanías. En dicha comparecencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de acusaciones se opusieron a la petición de suspensión de la declaración. No obstante, la jueza que se encarga de esta pieza accedió a suspenderla para responder por escrito al planteamiento del letrado.

Los primeros exconsejeros se han sentado este martes en la comisión de investigación sobre el supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo desde 2002 hasta hoy creada en el Parlamento de Andalucía: José Antonio Viera (en el cargo entre 2000 y 2004) y Antonio Fernández (2004-2010), los dos investigados también por el caso ERE y que han coincidido en negar que dieran o recibieran cualquier orden para saltarse los controles con estos fondos públicos e incluso han cuestionado el trabajo de este órgano.

Lo ha hecho especialmente Antonio Fernández, quien ha comenzado su intervención criticando los criterios con los que se está desarrollando la comisión de investigación y su propia citación que conoció por la prensa, y pidiendo a los diputados que estén “a la altura”, les ha echado en cara que se haya insinuado por parte de algunos, con sus preguntas, que se ordenó flexibilizar los controles: “Es patético y ridículo porque significa una impresentable desconfianza de quien lo dice hacia los funcionarios y un desconocimiento absoluto de la administración”.

Su desprecio iba claramente dirigido a los pupulares como cuando más tarde se negó a responderles porque rechazaba cualquier “interlocución con gente tan falsa como la del PP”, un partido que no le merece “ningún respeto”, menos después de que Javier Arenas tuviera “la poca vergüenza” de decirle que no se preocupara y, después, “pedir” su ingreso en la cárcel.

Pero también, preguntado por la diputada de C's Marta Bosquet, se ha negado a hacer autocrítica: “Cuestiono la mayor, lo único acreditado a día de hoy es que teóricamente se han perdido 52.000 euros [en alusión a las prescripciones que confirma la Junta de Andalucía, que son algo más de 58.000 euros]. Yo parto del principio de que esto es un bluf generado por el nerviosismo que surge en 2011 o 2012 y que hace que se cuestione todo el sistema”.

En su opinión, “a los interventores les entran esos nervios por la presión social y mediática” y se genera “una crisis de ansiedad donde todo lo que había sido normal deja de serlo”. Para continuar: “No puedo hacer autocrítica y se verá cuando terminen los procesos judiciales (...). Lamentablemente esta comunidad autónoma ha entrado en una alteración de los biorritmos normales y todo es ilegal. (...). No hago autocrítica. Lo que hace falta es una autocrítica colectiva”.

El diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe le ha preguntado entonces que por qué si es un bluf esto llevo a que en 2011 fuera la última convocatoria de subvenciones. “No creo que fuera porque no habría nada, porque entonces sería una irresponsabilidad”, le ha espetado, a lo que Antonio Fernández ha respondido que él hubiera hecho “lo mismo” si hubiera seguido como consejero porque había un “atasco de gestión”. De hecho, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tiene previsto desbloquear estos fondos públicos hasta este mes, cuando están previstas tres órdenes con subvenciones.

Por otro lado, en respuesta a Elena Cortés (IU), ha expresado que nunca habló de formación con el entonces presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. “Que yo recuerde, ninguna (...). No tenga en sus alforjas la posibilidad de implicar a los presidentes”, le ha aconsejado a la parlamentaria.

Finalmente, el exconsejero se ha referido también a que lleva apartado de la política seis años y que este caso ha supuesto que le hayan estampado un “sello” que lo ha dejado fuera para siempre. “De la vieja y de la nueva política”. Lo ha lamentado “profundamente” por todo el “daño” que cree haber sufrido: “No me dejan los partidos acercarme a la política cuando ha sido mi actividad desde los 14 añitos”.

Previamente había comparecido José Antonio Viera, en un turno que se ha desarrollado de manera más tranquila. El exconsejero ha defendido su “honestidad” y la de su equipo durante el tiempo que fue responsable de este departamento y ha subrayado que “nunca” dio instrucciones para que se diera “trato de favor” a ninguna persona o empresa ni tuvo conocimiento de que otros lo hicieran, contestando específicamente que ocurrió de esta manera también con los consistorios gobernados por socialistas.

Pese a que ha reconocido errores (...) lógicos en una dilatada actividad en la gestión de 18 centros directivos“ ha insistido en el ”buen trabajo“ de su equipo: ”El tiempo y la justicia pondrán en valor las manifestaciones que hoy realizo“. En este sentido, ha incidido también que nunca fue advertido por informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía de ”irregularidades, ni leves ni graves“, pese a que, mirado con perspectiva después de haber pasado 12 años desde que dejó el cargo, ve cuestiones que ”pueden ser revisables“ para haber mejorado los procedimientos para conceder estos fondos públicos.

En este caso, sí ha contestado a Jaime Raynaud (PP-A), quien entre otras cosas le ha preguntado si firmó resoluciones de subvenciones para sedes compartidas entre el sindicato UGT-A y el PSOE: “Tajantemente, no”. Igual que también ha negado que firmara resoluciones de exoneración.

También ha planeado sobre la sesión el plantón del lunes de la ministra Fátima Báñez, que ha sido echado en cara a los populares. Varias veces ha tenido que intervenir el presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz, para imponer orden, pero no por ello se ha librado tampoco él del enfado del PP-A, cuya diputada Teresa Ruiz Sillero le ha afeado nuevamente su labor. “Este presidente está cansado y harto. Le estoy dejando pasar demasiado, son ustedes los que están empujando los límites”, ha concluido Julio Díaz.

El varamiento de 337 ballenas sei ocurrido hace un año en la Patagonia chilena sigue siendo un misterio sin resolver para la comunidad científica, pero el equipo de referencia para el análisis patológico de cetáceos está convencido de que, esta vez, el hombre no tuvo la culpa.

El Gobierno de Chile acaba de nombrar una comisión internacional de cinco expertos para investigar lo ocurrido en marzo de 2015 en el Golfo de Penas, cuatro de ellos estadounidenses: Teri Rowles, coordinadora nacional de Redes de Varamiento en EEUU; Frances Gulland, miembro de la Comisión de Mamíferos Marinos de EEUU, William Maclillan, de la Universidad de Carolina de Norte; y Kaity Moore, de la Fundación Internacional para el Bienestar Animal.

El quinto experto -y el único europeo- es el director del Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Fernández, cuyo equipo está considerado la referencia mundial en análisis patológico de cetáceos varados.

Fernández cobró notoriedad internacional hace diez años tras publicar un trabajo que demostraba que dos varamientos masivos de zifios ocurridos en 2002 y 2004 en las costas de Lanzarote y Fuerteventura estaban directamente relacionados con los equipos de sonar utilizados por la Armada Española y la OTAN en unas maniobras.

Las conclusiones de este catedrático de Veterinaria fueron tan contundentes que el Parlamento Europeo recomendó en 2004 que no se volviera a emplear el sonar en maniobras navales que tuvieran como escenario lugares habitados por cetáceos. Desde entonces, no se ha producido ningún otro caso de varamiento masivo en Canarias.

Fernández acaba de regresar de Chile de examinar las muestras tomadas por sus colegas locales entre los cadáveres de las ballenas que vararon en el Golfo de Penas y de asesorar a los equipos de ese país sobre cómo actuar con más eficiencia “forense” si el fenómeno se repite. Y está convencido de que esta vez no se puede culpar al hombre de lo ocurrido, al menos directamente, por unas maniobras, unas prospecciones de búsqueda de petróleo o un vertido contaminante.

Este experto, autor del mayor número de estudios de impacto mundial publicados en esta materia en los diez últimos años, al que sus colegas consideran la cabeza visible del CSI de los cetáceos, reconoce que le parece muy extraño que si la muerte de esos rorcuales se debiera a un agente contaminante, matara solo a individuos de una especie, pero no a más cetáceos o peces.

Tampoco le encaja otra de las hipótesis que se barajan en la Patagonia: un ataque de orcas, que supuestamente provocó el equivalente marino a una estampida y llevó a las ballenas a varar en masa. Y no le cuadra porque ni una de las 337 ballenas presentaba signos de dentelladas por parte de sus supuestos depredadores.

Fernández subraya que apenas se sabe nada de las enfermedades propias de las ballenas sei, una especie en peligro de extinción, por lo que no cabría descartar que hayan sido víctimas de algún tipo de virus sólo letal para ellas. Pero de nuevo apunta una objeción: los animales analizados por sus colegas chilenos tenían el estómago lleno de comida, lo que sugiere una muerte rápida, porque los cetáceos enfermos languidecen durante tiempo y apenas comen.

Este catedrático se inclina más por el efecto de algún tipo de biotoxina, ya que se conocen algunas que son capaces de matar a delfines en el curso de minutos. De hecho, algunos de los cuerpos examinados presentaban indicios de biotoxinas, pero no concluyentes.

“¿Por qué no podemos estar ante una situación nueva, desconocida?, se pregunta este experto, que se inclina por pensar que a las 337 ballenas las mató algún tipo de biotoxina generada por las algas en medio de una concatenación de factores, entre los que no se puede descartar ni el calentamiento global ni el El Niño.

“En ese contexto hay que seguir investigando. En el mundo vamos a ver muchas cosas nuevas o que quizás alguna vez existieron y vuelven ahora a aparecer”, añade.

La Sociedad La Investigadora de Santa Cruz de La Palma ha concedido este viernes la distinción de ‘Investigador Ilustre’ a Antonio Jesús Fernández Rodríguez, doctor en Veterinaria, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), director del Instituto I+D+i ‘Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria’ del citado centro de enseñanza superior, y uno de los más reconocidos expertos en sanidad y patología animal de cetáceos.

Esta distinción está reservada a “aquellos palmeros o personas de muy especial vinculación con la isla de La Palma, que se signifiquen de manera extraordinaria en la investigación en cualquier campo de la actividad humana”. Antonio Jesús Fernández Rodríguez, Premio Canarias de Investigación 2008, ha recibido el reconocimiento en el marco del 130 aniversario de La Investigadora de la mano del presidente de la entidad, Fernando Leopold.

Fernández Rodríguez, nacido en 1959 en Santa Cruz de La Palma, ha sido promotor y revisor de revistas nacionales e internacionales y ha participado en misiones científicas en otros países relacionadas con el varamiento de ballenas y delfines. Sus investigaciones, en el caso del varamiento masivo de septiembre de 2002 en aguas de Fuerteventura y Lanzarote, demostraron la relación directa entre la muerte de los mamíferos y el uso del sonar en las maniobras militares. 

La distinción de ‘Investigador Ilustre’ es la tercera que concede la Sociedad Investigadora. La primera la recibió el veterinario Juan Francisco Capote y la segunda el hematólogo Manuel Fernández Rodríguez.

La Sociedad La Investigaora, en su 130 aniversario, también ha distinguido a Juan José González Afonso, histórico luchador conocido como el 'Pollo de Las Explanadas', con el Premio al Mérito en el Deporte. Juan José González acompañó este viernes a Antonio Fernández.

La Sociedad La Investigadora de Santa Cruz de La Palma concederá este viernes, a las 20.15 horas, la distinción de ‘Investigador Ilustre’ a Antonio Jesús Fernández Rodríguez, doctor en Veterinaria y en la actualidad catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y director del Instituto I+D+i ‘Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria’ del citado centro de enseñanza superior. Es uno de los más reconocidos expertos en sanidad y patología animal de cetáceos.

Esta distinción está reservada a “aquellos palmeros o personas de muy especial vinculación con la isla de La Palma, que se signifiquen de manera extraordinaria en la investigación en cualquier campo de la actividad humana”. Antonio Jesús Fernández Rodríguez, Premio Canarias de Investigación 2008, recibirá este viernes, en el marco del 130 aniversario de La Investigadora, una medalla circular de metal noble, donde en su anverso figurará el escudo de la Sociedad Investigadora, y en el reverso, su nombre y la fecha de concesión.

Fernández Rodríguez, nacido en 1959 en Santa Cruz de La Palma, ha sido promotor y revisor de revistas nacionales e internacionales y ha participado en misiones científicas internacionales relacionadas con el varamiento de ballenas y delfines. Sus investigaciones, en el caso del varamiento masivo de septiembre de 2002 en aguas de Fuerteventura y Lanzarote, demostraron la relación directa entre la muerte de los mamíferos y el uso del sonar en las maniobras militares. 

La distinción de ‘Investigador Ilustre’ es la tercera que concede la Sociedad Investigadora. La primera la recibió el veterinario Juna Francisco Capote y la segunda el hematólogo Manuel Fernández Rodríguez.

Si José Antonio Viera puede considerarse el exconsejero más 'señalado' por Alaya durante la instrucción del caso de los ERE (aunque no declaró hasta hace un par de semanas por ser aforado), Antonio Fernández es, sin duda, el exalto cargo más castigado por la jueza. Ha sido el único exconsejero que ha pasado por prisión preventiva, pudiendo salir en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Hace algunas semanas, pedía al juzgado una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”. Además, la Consejería de Empleo que dirigió entre 2004 y 2010 ha sido centro de las declaraciones de algunos de los aforados en el Tribunal Supremo, principalmente Viera (su antecesor) y Griñán (compañero de Consejo de Gobierno en Hacienda). Ahora, de hecho, el alto tribunal le ha llamado a prestar declaración. Eso será el jueves 30. Pero antes, el martes 28, tiene su enésima cita con la jueza Alaya después de que hace ya unas fechas le ampliara su imputación en los ERE.

Fernández, que también se convirtió en verano en el primer imputado por Alaya en la causa de los cursos de formación, se verá este martes con antiguos gestores de Empleo como los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, o los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. También están citados el exconsejero de Innovación Martín Soler y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez.

Su citación y la de estos otros imputados se pospuso hasta en un par de ocasiones. La jueza aplazó finalmente a este martes las declaraciones después de que el PP-A solicitara la suspensión de las comparecencias al coincidir las mismas con la declaración en el Supremo del exconsejero Viera. Precisamente, el propio Fernández, que heredó la Consejería más en el punto de mira en el caso ERE, visitará la sede del alto tribunal en Madrid este jueves.

Y es que el Supremo le ha citado como imputado, en la misma situación procesal, por lo que debe comparecer asistidos de letrado y sin obligación de decir verdad. Se le interrogarrá sobre los trámites de concesión de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía y otras ayudas sociolaborales. Antonio Fernández, que antes que consejero fue viceconsejero de Empleo desde 1995 y, desde 2000, vicepresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), dijo en su momento ante Alaya que el sistema de ayudas implantado en 2001 “era legal” y defendió su operatividad para ayudar a trabajadores y empresas.

Presunto “enriquecimiento ilícito”

La jueza que le mandó a prisión preventiva durante seis meses le acusa de haber hecho “dejación absoluta” de sus funciones, generando “enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas” de Andalucía. Ya en marzo de 2011, cuando saltó el caso, fue imputado por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Alaya, por otro lado, acaba de confirmar su imputación por un presunto delito continuado de cohecho, aunque la jueza ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que amplíe el informe patrimonial realizado sobre el imputado y su entorno familiar. Según la jueza, hay indicios de que hubiera recibido dádivas o regalos “por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios”.

Según la UCO, el exconsejero adquirió “durante el tiempo que desempeñó sus cargos como viceconsejero y consejero de Empleo seis inmuebles -cuatro viviendas y dos garajes con trastero-, comprados concretamente en el transcurso de siete años, desde el 18 de agosto de 2001 al 15 de octubre de 2008, adquiriendo en este último año cuatro de los inmuebles reflejados, dos suyos y dos para su hijo, carente de ingresos para efectuar dicha compra, al igual que en el caso de la compra efectuada por su hija”. Todo ello “ascendiendo a 602.806,72 euros la suma del dinero percibido” por el imputado y sus hijos, “de origen desconocido, a través del abono en cuentas bancarias o utilizado para la compra de inmuebles, siendo así que Antonio Fernández habría sido autorizado o cotitular de algunas de las cuentas de sus hijos”.

La versión del exinterventor general de la Junta

Por su lado, el que fuera interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez considera “inverosímil” la versión que el expresidente Griñán dio en el Supremo de que no conocía los informes de la Intervención General. Por eso pidió declarar de forma voluntaria ante el juez instructor, para aportar las pruebas que así lo demuestran y que ya trató de hacer ver a la jueza durante su declaración como imputado en julio de 2013. Entonces dijo aquello de que “al señor Griñán los informes de Auditoría no le importaban nada”. Manos Limpias, acusación popular en la causa, también pidió su comparecencia, que será este martes.

Gómez, en una entrevista en Onda Cero, casi dos años después de 'salir' de la causa, y a las alusiones por parte de alguno de los aforados, consideró que la Intervención General “no estaba perfectamente al tanto” de lo que ocurría en la Consejería de Empleo porque “no podía fiscalizar las subvenciones” que gestionaba este departamento y que fue a través de las auditorías que realizaba al IFA como se detectó que había un área de gestión pública “sin control de la Intervención”. El resultado de esas auditorías, según detalló, fue comunicado a tres miembros del Gobierno de la Junta (los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación) porque ellos “eran los destinatarios legales” de las mismas.

Este martes, coincidendo en el tiempo con la declaración de Fernández en Sevilla, Gómez tratará de explicar en Madrid al instructor del Supremo todas esas circunstancias para que pueda tomar alguna decisión respecto a la situación de los cinco aforados que ya han declarado, y que especialmente pueden afectar al expresidente de la Junta José Antonio Griñán como exconsejero de Hacienda.

Hubo un día en que Extremadura sacaba pecho por no tener que acudir a los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) estatal, a diferencia de lo que sí hacían Cataluña, Andalucía o Valencia. Dos años después lamenta no haberlo hecho, y espera como un maná que el Gobierno central vuelva a abrir el grifo, ya que lo que entonces parecía un buen negocio, financiarse más barato en créditos bancarios, se ha demostrado a la larga como algo “ruinoso”.

“Estamos pagando medio punto más de interés que los que se acogieron al FLA”, se indigna Damián Beneyto, portavoz del grupo parlamentario regionalista PREx-CREx en la Asamblea de Extremadura.

Ya le advirtió entonces al entonces consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, que se trataba de unos préstamos estatales “que seguramente no se devuelvan”, y cuyos intereses por otro lado irían bajando. “Hemos sido unos quijotes”.

A esa financiación más cara que hay que pagar a los bancos, únase el que la economía privada en la región “no funciona” según el diputado regionalista, lo que provoca una caída de ingresos públicos frente a unos gastos ya fijos e ineludibles, y de la coctelera sale la comunidad con el déficit más alto, que además carece de margen de maniobra al tener el tejido económico más débil del país.

Los datos de septiembre asignan a la Comunidad un déficit presupuestario del 2,02%, equivalentes a 341 millones de euros, el setenta por ciento de los cuales son facturas de la Sanidad que están sin pagar.

Un “desastre”

El secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha reprochado escuetamente la situación recordando lo que el entrante gobierno regional del PP dijo de su gestión en 2011, cuando el déficit estaba en el 1,95% sobre el PIB. “Quienes calificaban ese dato como un verdadero desastre, le están poniendo ellos mismos apellido a la situación actual”.

En la actualidad, en las arcas de la Junta de Extremadura hay poco más que para pagar las nóminas. El Gobierno nacional ha anunciado un nuevo Fondo de Liquidez con rapidez, para diciembre, pero hay quienes dudan de que pueda ser realidad antes de un año, y tampoco ha llegado el pago por la deuda histórica, anunciado por el actual consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, para septiembre pasado.

El problema de fondo continúa siendo una pésima situación económica general, que está arrastrando a las instituciones oficiales.

La economía en Extremadura “no funciona” según el diputado regionalista Beneyto. “Cada vez menos gente paga impuestos, se recauda menos, y dependemos de lo que nos mandan el Gobierno central y la Unión Europea, a los que no reclamamos lo suficiente, y el Gobierno ha sido muy cicatero con Extremadura en esta legislatura”.

El consumo no sube y a los proveedores no se les paga. El sector privado está “totalmente dormido”, y por ejemplo “de los autónomos que se crearon hace dos años, el ochenta ha cerrado por falta de negocio”.

Hipólito Pacheco, diputado regional del PP, está seguro por contra de que la Junta cumplirá este año el objetivo de déficit, establecido en el 1% sobre el PIB.

El consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, es el primer imputado en las supuestas irregularidades relacionadas con los cursos de formación que investigan varios juzgados andaluces. La jueza Mercedes Alaya, que instruye una parte de este caso, la ha citado para que preste declaración en el mes de octubre por la concesión de ayudas de más de 52 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía para el plan formativo de los extrabajadores de Delphi, según adelanta el Grupo Joly.

La Fiscalía Superior de Andalucía informaba hace unas fechas, en su 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004', de que dicho plan formativo se había desarrollado en cuatro fases, “detectándose numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable”, que afectarían parcialmente a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Consideraba la Fiscalía que las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son “tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquellas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos”. Esta circunstancia exige, según la Fiscalía, “su investigación con todas las garantías, aunque sería aún prematuro establecer las tipologías concretas que podrían haber sido vulneradas”.

Sobre este asunto, y en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras presentar el balance del pasado curso escolar 2013/14, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha señalado que “desde el primer día colaboran con la justicia y que seguirán colaborando”, toda vez que ha recordado que “han hecho su plan de choque para mirar uno a uno cada expediente”. “Creemos que la justicia debe actuar”, ha apuntado Alonso, quien añade que “esperan que si alguien defraudó y se llevó dinero público tiene que ser devuelto”, esa “es nuestra posición ayer, hoy y mañana”, concluye el consejero.

La asociación de extrabajadores denuncia la “inactividad de la Junta”

Precisamente este martes se ha conocido que la Asociación de extrabajadores de Delphi, creada hace seis meses “ante la desconfianza del colectivo hacia los representantes legales establecidos y su labor hasta la fecha”, ha informado de que el pasado día 18 interpuso su propio recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la “inactividad de la Junta de Andalucía” en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su día con estos trabajadores en el protocolo del 4 de julio de 2007 y en los desarrollos posteriores.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la asociación, ésta aglutina ya a “más de 400 afectados” por el cierre de la multinacional de automoción en Puerto Real (Cádiz). Aseguran ser “conscientes de la dificultad de todo planteamiento judicial coherente y totalmente independiente, dados los presuntos intereses de las partes firmantes en el acuerdo”. Por ello, han contratado los servicios de un gabinete jurídico y han acordado encomendar a un catedrático especialista en Derecho administrativo un informe global sobre las posibilidades de prosperar de las mismas, no descartando ninguna otra actuación judicial, incluida la vía penal.