Exdirector de Trabajo de la Junta: “He trabajado con honestidad como creo que lo ha hecho todo el gobierno”
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, primer acusado en declarar en el juicio de los ERE aunque sólo ante preguntas de su abogado, ha defendido su labor en la Consejería de Empleo y ha negado que hiciera algo ilegal, extendiendo su buen hacer al resto de integrantes del Gobierno andaluz: “He trabajado con honestidad como creo que lo ha hecho toda la gente que ha estado en el gobierno”.
En la novena sesión de la vista, Guerrero ha ratificado su declaración de 21 de octubre de 2015 y, por ende, que que la Junta de Andalucía usó “exactamente el mismo” método del que se sirve el Ministerio de Empleo para conceder ayudas y que la Junta avaló en un encuentro de altos mandos en 2005 el procedimiento que venía desarrollándose para ello. En este sentido, ha excluido al exdirector de Presupuestos Antonio Lozano de la citada reunión. “Viéndolo en la sala, creo que me he equivocado”.
Ya a preguntas de su letrado, Guerrero ha aludido a determinados “errores” en sus declaraciones en sede policial o judicial que no ha querido ratificar, por ejemplo en “conceptos que se habían tergiversado”. “Yo nunca he hablado de fondo de reptiles”, ha enfatizado, destacando que disponía de partidas que se aprobaba en las leyes presupuestarias y que tenía una dotación para un fin concreto. “Eso no salió de mi boca”, dijo sobre el concepto atribuido por la Policía en 2010. “Aquí no teníamos unos fondos reservados” y “las partidas cumplían todas la exigencias”, ha insistido.
“Siempre he trabajado desde el criterio de la absoluta legalidad”, ha explicado, aludiendo a que se valía de dos órdenes ministeriales, una de 1994 para las ayudas previas a la jubilación y otra de 1995 para las ayudas sociolaborales a extrabajadores, así como el convenio de 2001 “que el marco de gestión de las ayudas”.
Guerrero ha explicado brevemente que las ayudas “siempre han sido individuales”, constando 6.300 expediente. Sobre la presencia de intrusos, ha referido un “error administrativo de las aseguradoras”. “Son personas que teniendo privado su derecho al trabajo reunían los mismos requisitos que los que eran despedidos de la empresa”, ha comentado. En ese punto ha lamentado el “mal llamado caso de los ERES” porque “se trata de ayudas individuales”, haciendo constar que la Cámara Cuentas sólo se pronunció al respecto cuando el asunto ya era de conocimiento público.
“Me gustaría aclarar que vivimos una época convulsa con problemas sociolaborales tremendos, los cierres de Altadis y Santana, Astilleros, etc”, ha comentado, recordando que “Boliden se negó a pagar las indemnizaciones a los extrabajadores”.
