La Junta de Andalucía limita a 58.473 euros las subvenciones de formación cuya reclamación ha prescrito
La Junta de Andalucía ha confirmado que tres expedientes de subvenciones de formación para el empleo, por un total de 58.473 euros, habrían prescrito sin que tenga derecho a reclamar su reintegro pese a no haberse justificado el gasto. Consta en un informe que elevó el pasado miércoles a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el supuesto fraude con estos fondos públicos. Lo ha confirmado este viernes Manuel Jesús García, director general de Formación Profesional para el Empleo, en su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el presunto fraude desde 2002 hasta hoy.
Son expedientes de tres subvenciones concedidas en 2002 y 2003 y el dato se ha sacado “tras una metodología exhaustiva” para confirmar que efectivamente no sería posible reclamar la devolución de ese dinero. Para ello, se han cogido los expedientes más antiguos del total de 2.462 que la Junta de Andalucía todavía no ha tenido tiempo de liquidar, o sea 1.087, de los que ha tenido que reconocer que había tres ya sin opción de reclamar el dinero.
En todo caso, el pasado 28 de abril se había elevado un informe que incluía cinco expedientes, por un total de 442.353 euros, pero posteriormente, la Junta de Andalucía ha corregido esa información, con lo que la cantidad se ha reducido notablemente porque eliminó dos de ellos en los que pudo comprobar que sí se habían producido gestiones con conocimiento de los beneficiarios y la prescripción, que se produce a los cuatro años, habría dejado de contar.
Manuel Jesús García ha destacado que la cuantía que habría prescrito “supone el 0,002% de todas las subvenciones” en la materia concedidas por la Junta de Andalucía desde 2002, para poner en contexto la cifra. Respondía con ello a preguntas de la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero, quien le ha echado en cara sus “contradicciones” a la hora de ofrecer estas explicaciones. También le ha reprochado que no tuvieran información nueva sobre los expedientes de reintegro en firme, porque se ha remitido a la información ofrecida por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, hace casi un año. Es decir, que la Junta de Andalucía tiene en estos momentos 1.046 expedientes de reintegro en firme por un total de 72 millones de euros y 256 en trámite, cuya cuantía no ha ofrecido, sin que en ninguno de estos casos se haya constatado riesgo de prescripción.
Cabe recordar que la Junta de Andalucía otorgó por última vez este tipo de subvenciones en 2011, toda vez que en 2012 estalló el escándalo con investigaciones en hasta 18 juzgados por un presunto fraude con estos fondos públicos y decidió parar las convocatorias, lo que ha provocado no pocas críticas de la oposición. De hecho, las órdenes para otorgar estas subvenciones se publicará por primera vez en cinco años este mes.
Hace falta personal para el plan de choque
Entretanto, desde septiembre de 2013 la Junta de Andalucía está revisando uno a uno todos los expedientes de subvenciones concedidas desde 2007 (8.505 en total) que todavía no estaban cerrados. Es decir, estaba pendiente de comprobar que los beneficiarios habían justificado debidamente la subvención para cobrar el 25% restante, dado que cuando se concede se otorga el 75%. Inicialmente se había fijado para este plan de choque dos años de trabajo, que se cumplieron hace seis meses sin que haya dado tiempo a terminar el trabajo.
Es más, queda en torno a un tercio de los expedientes por cerrar, y en estos momentos se encarga de ello un equipo de 60 personas, por lo que Manuel Jesús García ha reconocido que se ha pedido más personal para ello. El último dato es que de los 8.505 expedientes se han liquidado 5.619 expedientes (66% del total) con el citado resultado de más de un millar en los que la Junta de Andalucía reclama la devolución del dinero, según ha explicado a preguntas de Elena Cortés (IU), quien le ha preguntado si daba tiempo a “poner todo en orden” antes de la próxima convocatoria este mes.
Que reclame ese dinero tampoco quiere decir que tenga razón porque ya se sabe que uno de los principales beneficiarios de las subvenciones y que está investigado en la causa, Ángel Ojeda, ha presentado 61 reclamaciones en los juzgados contra la Junta de Andalucía para cobrar ese 25%. Y hasta la fecha Ángel Ojeda ha logrado seis sentencias favorables para que se le abonen más de 200.000 euros, a lo que hay que sumar que la Junta de Andalucía debe pagar las costas. Un detalle que ha hecho constar la diputada de C's Marta Bosquet en la comisión de investigación, preocupada por una gestión “por lo menos dudosa” por parte de la administración “que encima nos va a costar más dinero”.
Levantada la suspensión de fondos europeos
Posteriormente ha comparecido el secretario general de Economía, Gaspar Llanes, quien ha incidido en que la descertificación de 47 millones de euros destinados a formación profesional para el empleo del Fondo Social Europeo en 2014 por incidencias que según la Junta de Andalucía son de tipo técnico ha terminado siendo “una oportunidad”. Ha expresado en este sentido que la Junta de Andalucía pudo certificar, en su lugar, un total de 611 millones de euros de formación profesional reglada en base a la elegibilidad del gasto. Igualmente, cuando Marta Bosquet le ha preguntado por la suspensión de pagos del Fondo Social Europeo, ha confirmado que se levantó el pasado 14 de abril.
Mientras, exsecretario general de Formación Profesional y Educación Permanente Jorge Felipe Cara, otro de los comparecientes de la jornada, ha defendido los traspasos de estas competencias entre una otra consejería los últimos años. Ha hablado de que han sido “pacíficos” si bien ha reconocido cierto “desorden” en los expedientes.
Finalmente, la exgerente de la UTE gestora del consorcio CioMijas, María de la O Ustarán, que comparecía después de no haber ido la vez anterior en que se la citó, se ha negado a responder a las pregundas de los diputados para no perjudicar su defensa y por consejo de abogado, toda vez que está citada a declarar en los tribunales el mes que viene.
