El hasta ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Antonio Sevilla Recio, ha sido relevado de sus funciones unas semanas después de que eldiario.es informase de que este organismo público adscrito al Ministerio de Fomento otorgó una concesión administrativa (hasta diciembre de 2030) a una empresa a la que está vinculado el presidente de la oficina anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala.

Ni el Ministerio de Fomento, ni Puertos del Estado, ni el Gobierno de Murcia (región gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos) han querido comentar las razones del cese de Sevilla, recogido en el BOE del pasado viernes en una orden firmada por el ministro Íñigo de la Serna.

La destitución del que fue consejero de Obras Públicas durante la última etapa de Ramón Luis Válcarcel se produce a propuesta del Gobierno murciano, que es el que tiene la competencia para ello en virtud de la Ley de Puertos del Estado. En un correo electrónico remitido el lunes por la noche, la Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia negó que el cese responda a “una cuestión de confianza” y glosaron la “extraordinaria labor” de Sevilla al frente de la APC.

El pasado 26 de febrero, eldiario.es informó del visto bueno del consejo de administración de la APC a la transmisión de la concesión de explotación de un inmueble de titularidad pública a la empresa Mercado del Puerto de Cartagena SL, cuyo secretario es Ayala. Según este abogado cartagenero, que entre otras muchas cosas es actualmente consejero del gestor ferroviario Adif y presidente de la Oficina del Cargo Popular, “es todo legal”.

Un amigo de Cifuentes

La empresa, que va a montar un mercado gourmet en ese espacio hasta ahora ocupado por la Cámara de Comercio de Cartagena, es una 'joint venture' de la que forma parte el grupo murciano de bebidas alcohólicas Diego Zamora, al que Ayala está muy vinculado desde hace años. El otro socio es la inmobiliaria RyA Residencias, que tiene como copropietario y administrador a Dionisio Ramos, ex alto cargo del PP en la Comunidad de Madrid vinculado al escándalo del ‘tamayazo’. Ramos es íntimo amigo de Cristina Cifuentes, de la que fue compañero de clase en su polémico máster.

El pasado 22 de noviembre, el consejo de administración de la APC dio luz verde a la transmisión de esa licencia, en una reunión a la que asistió en calidad de invitado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé. Con ese visto bueno, y una vez presentada la documentación pertinente, la empresa a la que asesora Ayala puede subrogarse en la concesión que la APC autorizó inicialmente en 2000 a la Cámara de Comercio de Cartagena para permitirle ocupar durante un plazo de 30 años el edificio.

Según informa Europa Press, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha preguntado por escrito al Gobierno, entre otras cuestiones, por el canon anual que deberá satisfacer la empresa y por si considera el Ejecutivo “ético” que se haya adjudicado esa licencia a una empresa vinculada al que fue portavoz de Fomento del PP en el Congreso durante varias legislaturas. Según Ayala, “el PSOE miente, es una concesión que ya estaba dada y solo se ha autorizado la compraventa de dicha concesión existente”.

El año pasado, Ayala fue noticia en Murcia por sus gestiones como asesor legal de dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripollés, que querían promover un hotel en el Faro del Cabo de Palos (Cartagena). El proyecto empezó a cobrar vuelo tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) del PP en el Congreso para privatizar el faro, aunque el plan parece haber quedado en el alero. El visto bueno final, de haber salido adelante, habría dependido, precisamente, de la APC.

El nuevo presidente de la entidad, que ha tomado posesión este lunes, es otro político popular, el exvicealcalde de Cartagena Joaquín Segado, que, según La Verdad, evitó la semana pasada pronunciarse sobre uno de los proyectos más polémicos de Antonio Sevilla, el macropuerto de mercancías de El Gorguel.

El consejo de administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que hace un año fichó a escondidas al exdiputado, abogado y lobista Andrés Ayala, presidente de la oficina Anticorrupción del PP, ha aprobado recientemente una “política de prevención y gestión de conflicto de intereses” para sus consejeros y empleados. Así lo ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.

En respuesta a una batería de preguntas del diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Sergio Pascual sobre el nombramiento de Ayala como consejero de Adif, Gómez-Pomar ha señalado que este “se ha realizado con el más absoluto respeto a la legalidad vigente” y ha glosado la “importante y reconocida labor profesional pública” del exdiputado.

En una intervención en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja que ha leído íntegramente, el secretario de Estado ha explicado que Adif aprobó el pasado 29 de enero esa nueva política de prevención, que está “en proceso de implantación” y que “prevé que se formalicen de forma expresa declaraciones iniciales y periódicas de conflicto de intereses” por parte de los consejeros de la empresa estatal y su personal.

Pascual, por su parte, ha solicitado por escrito el expediente completo de ese “nuevo modelo gobierno corporativo” y las actas de la reunión en la que se aprobó esa política, que según el alto cargo de Fomento busca el “fortalecimiento de la cultura ética de la entidad”. El presidente de Adif es Juan Bravo, que está imputado en el caso Lezo desde diciembre.

“Zorro cuidador de gallinas”

Gómez-Pomar ha señalado que Ayala, definido por el diputado de Podemos como “zorro cuidador de gallinas”, actualmente “no ejerce ningún cargo público ni es alto cargo de la Administración, ni incurre en causa de prohibición o incompatibilidad para el desempeño de su cargo ni le es de aplicación” lo dispuesto en las leyes de Incompatibilidades y Altos Cargos.

El secretario de Estado ha evitado pronunciarse sobre los múltiples negocios en los que ha estado involucrado Ayala, casi siempre relativos a decisiones del Ministerio de Fomento: desde dos concesiones de Aena al grupo de casinos Orenes, al que está vinculado, hasta un frustrado proyecto para convertir un faro en hotel en Murcia, una urbanización junto a una zona protegida o un proyecto para montar un mercado gourmet en su Cartagena natal en un terreno público y de la mano de un empresario de la trama del 'tamayazo'.

Gómez-Pomar se ha limitado a señalar que, al no tener Ayala condición de alto cargo, “la oficina de conflictos de intereses no tiene competencias sobre las posibles incompatibilidades de una actividad privada o una actividad empresarial”. Preguntado por las razones por las que el gestor ferroviario ocultó en su web durante meses su nombramiento, ha indicado que “actualmente en el portal de transparencia de Adif se publica la composición del consejo con indicación del cargo de cada consejero”.

Es la primera vez que un miembro del Gobierno se refiere al nombramiento de Ayala, un fichaje que ha propiciado varias preguntas por escrito de la oposición, incluyendo a Ciudadanos. El que fuera portavoz de Fomento del PP en el Congreso durante trece años aterrizó en Adif en febrero de 2017. Unos meses después de su designación, el Ministerio de Fomento (responsable del nombramiento) también colocó en el gestor ferroviario a la ex senadora popular por Ciudad Real Carmen Fúnez, actualmente sin cargos en el PP. La retribución de ambos no es pública.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), dependiente del Ministerio de Fomento, ha otorgado una concesión administrativa (hasta diciembre de 2030) a una empresa a la que están vinculados el jefe de la oficina anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala, y Dionisio Ramos, empresario inmobiliario, ex alto cargo del PP en la Comunidad de Madrid y relacionado con el ‘tamayazo’ que propició la llegada de Esperanza Aguirre al gobierno de esa región en 2003.

La adjudicataria se llama Mercado del Puerto de Cartagena SL y Ayala es, según el Registro Mercantil, el secretario de su consejo de administración. Es una 'joint venture' de la empresa RyA Residencias, de la que Dionisio Ramos es socio y administrador, y el grupo murciano de bebidas alcohólicas Diego Zamora, al que Ayala está muy vinculado desde hace años.

Con permiso de Fomento, la empresa va a poder montar, a lo largo de este año y tras invertir unos 2 millones de euros, un mercado gourmet en el puerto de Cartagena, feudo natal de Ayala, que durante trece años (hasta 2016) fue portavoz de Fomento del PP en el Congreso y como tal fiscalizaba la actividad de los puertos del Estado.

Constituida formalmente en diciembre, Mercado del Puerto de Cartagena SL comenzó sus operaciones el 7 de noviembre, dos semanas después del nombramiento de Ayala como presidente de la Oficina del Cargo Popular en sustitución del dimitido Manuel Cobo. Dedicada a “la explotación de todo tipo de concesiones Administrativas”, se creó para adjudicarse la concesión de explotación hasta el año 2030 de un inmueble ocupado hasta entonces por la Cámara de Comercio cartagenera en un espacio público, el Paseo del Muelle de la ciudad.

El pasado 22 de noviembre, el consejo de administración de la APC dio luz verde a la transmisión de esa licencia, en una reunión a la que asistió en calidad de invitado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé. Con ese visto bueno, y una vez presentada la documentación pertinente, la empresa a la que asesora Ayala puede subrogarse en la concesión que la APC autorizó inicialmente en 2000 a la Cámara de Comercio para permitirle ocupar durante un plazo de 30 años el edificio.

A preguntas sobre este asunto, fuentes cercanas al presidente de la APC, el ex consejero de Obras Públicas de la Región de Murcia Antonio Sevilla, aseguran desconocer la vinculación de Ayala con la concesionaria. Señalan que la adjudicación “está dentro de la legalidad” y que busca “dinamizar” esa zona del puerto para atraer cruceristas a la ciudad cartagenera.

Este diario ha intentado contactar sin éxito con Andrés Ayala y con el grupo Diego Zamora, propietario del pacharán Zoco, el Licor 43, el ron Matusalén y, desde hace unas semanas, principal accionista de la ginebra Martin Miller's. El presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, no ha querido hacer comentarios sobre una operación que la institución ha justificado por su delicada situación económica.

Por su parte, el copropietario de RYA, Dionisio Ramos, niega conocer “personalmente” a Ayala pese a formar parte del consejo de administración de Mercado del Puerto de Cartagena SL, del que el político es secretario, porque, asegura, ese órgano “no se ha reunido todavía”. Los negocios del grupo RyA en Murcia, añade, los lleva su socio, Pedro Artes Carpena, natural de Santomera y con el que no ha sido posible contactar.

En 2013, Infolibre situó a Ramos “en el centro de la trama” del 'Tamayazo’ basándose en un manuscrito del ex diputado socialista que le dio nombre, Eduardo Tamayo. Según esa publicación, concentraba “no sólo los contactos políticos e inmobiliarios, sino el suministro logístico y la cobertura mediática, indispensables para consumar el tamayazo” que a la postre aupó a la presidencia a Aguirre.

Amigo de Cifuentes

Ramos fue gerente de la Universidad Complutense y secretario general técnico en la Consejería madrileña de Educación durante la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2011, el diario Público le relacionó con la trama Gürtel y cinco años antes El País le señaló como responsable de una ‘caja b’ para pagos en negro de la Universidad Complutense.

En los últimos años, Ramos ha estado metido de lleno en el negocio inmobiliario a través de RyA, que gracias a las adjudicaciones públicas gestiona residencias universitarias en Madrid y Asturias. También ha desarrollado proyectos para terceros, como otra residencia de estudiantes promovida en Madrid por el fondo buitre Oaktree de cuyo proyecto se encargó el arquitecto Francisco Javier Aguilar Viyuela, marido de Cristina Cifuentes. Ramos y Cifuentes son íntimos amigos, hasta el punto de que la actual presidenta madrileña fue testigo en su boda.

El actual socio de Ramos en RyA, Pedro Artes, compartió en el pasado cargos en empresas relacionadas con familiares de otro personaje del ‘tamayazo’, José Luis Balbás, líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, a la que pertenecían Tamayo y María Teresa Sáenz, la otra tránsfuga que impidió la investidura de Rafael Simancas en la Comunidad de Madrid.

Hace un año, el Ministerio de Fomento, del que depende la APC, colocó a Ayala en el consejo de administración del mayor ente de gasto público de España, Adif, con tal discreción que, tal y como ha reconocido ahora el Gobierno, la empresa incumplió la Ley de Transparencia al ocultar el nombramiento en su web hasta ahora.

Desde que dejó su escaño en el Congreso en 2016, Ayala no ha parado. Abogado experto en urbanismo y derecho administrativo, es desde hace años socio de varias filiales del grupo Orenes, que se adjudicó dos concesiones de Aena cuando él estaba en el Congreso y mientras su esposa era consejera de varias filiales del grupo de salas de juego; ahora, otra de las empresas a las que asesora Ayala ha conseguido las licencias para construir una urbanización en una zona en riesgo medioambiental en Cartagena.

El año pasado, Ayala fue noticia en Murcia por sus gestiones como asesor legal de dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripollés, que querían promover un hotel en el Faro del Cabo de Palos (Cartagena). El proyecto empezó a cobrar vuelo tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) del PP en el Congreso para privatizar el faro, aunque el plan parece haber quedado en el alero. El visto bueno final, de haber salido adelante, habría dependido, precisamente, de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), dependiente del Ministerio de Fomento, ha otorgado una concesión administrativa (hasta diciembre de 2030) a una empresa a la que están vinculados el jefe de la oficina anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala, y Dionisio Ramos, empresario inmobiliario, ex alto cargo del PP en la Comunidad de Madrid y relacionado con el ‘tamayazo’ que propició la llegada de Esperanza Aguirre al gobierno de esa región en 2003.

La adjudicataria se llama Mercado del Puerto de Cartagena SL y Ayala es, según el Registro Mercantil, el secretario de su consejo de administración. Es una 'joint venture' de la empresa RyA Residencias, de la que Dionisio Ramos es socio y administrador, y el grupo murciano de bebidas alcohólicas Diego Zamora, al que Ayala está muy vinculado desde hace años.

Con permiso de Fomento, la empresa va a poder montar, a lo largo de este año y tras invertir unos 2 millones de euros, un mercado gourmet en el puerto de Cartagena, feudo natal de Ayala, que durante trece años (hasta 2016) fue portavoz de Fomento del PP en el Congreso y como tal fiscalizaba la actividad de los puertos del Estado.

Constituida formalmente en diciembre, Mercado del Puerto de Cartagena SL comenzó sus operaciones el 7 de noviembre, dos semanas después del nombramiento de Ayala como presidente de la Oficina del Cargo Popular en sustitución del dimitido Manuel Cobo. Dedicada a “la explotación de todo tipo de concesiones Administrativas”, se creó para adjudicarse la concesión de explotación hasta el año 2030 de un inmueble ocupado hasta entonces por la Cámara de Comercio cartagenera en un espacio público, el Paseo del Muelle de la ciudad.

El pasado 22 de noviembre, el consejo de administración de la APC dio luz verde a la transmisión de esa licencia, en una reunión a la que asistió en calidad de invitado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé. Con ese visto bueno, y una vez presentada la documentación pertinente, la empresa a la que asesora Ayala puede subrogarse en la concesión que la APC autorizó inicialmente en 2000 a la Cámara de Comercio para permitirle ocupar durante un plazo de 30 años el edificio.  

A preguntas sobre este asunto, fuentes cercanas al presidente de la APC, el ex consejero de Obras Públicas de la Región de Murcia Antonio Sevilla, aseguran desconocer la vinculación de Ayala con la concesionaria. Señalan que la adjudicación “está dentro de la legalidad” y que busca “dinamizar” esa zona del puerto para atraer cruceristas a la ciudad cartagenera.

Este diario ha intentado contactar sin éxito con Andrés Ayala y con el grupo Diego Zamora, propietario del pacharán Zoco, el Licor 43, el ron Matusalén y, desde hace unas semanas, principal accionista de la ginebra Martin Miller's. El presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, no ha querido hacer comentarios sobre una operación que la institución ha justificado por su delicada situación económica.

Por su parte, el copropietario de RYA, Dionisio Ramos, niega conocer “personalmente” a Ayala pese a formar parte del consejo de administración de Mercado del Puerto de Cartagena SL, del que el político es secretario, porque, asegura, ese órgano “no se ha reunido todavía”. Los negocios del grupo RyA en Murcia, añade, los lleva su socio, Pedro Artes Carpena, natural de Santomera y con el que no ha sido posible contactar.

En 2013, Infolibre situó a Ramos “en el centro de la trama” del 'Tamayazo’ basándose en un manuscrito del ex diputado socialista que le dio nombre, Eduardo Tamayo. Según esa publicación, concentraba “no sólo los contactos políticos e inmobiliarios, sino el suministro logístico y la cobertura mediática, indispensables para consumar el tamayazo” que a la postre aupó a la presidencia a Aguirre.

Amigo de Cifuentes

Ramos fue gerente de la Universidad Complutense y secretario general técnico en la Consejería madrileña de Educación durante la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2011, el diario Público le relacionó con la trama Gürtel y cinco años antes El País le señaló como responsable de una ‘caja b’ para pagos en negro de la Universidad Complutense. 

En los últimos años, Ramos ha estado metido de lleno en el negocio inmobiliario a través de RyA, que gracias a las adjudicaciones públicas gestiona residencias universitarias en Madrid y Asturias. También ha desarrollado proyectos para terceros, como otra residencia de estudiantes promovida en Madrid por el fondo buitre Oaktree de cuyo proyecto se encargó el arquitecto Francisco Javier Aguilar Viyuela, marido de Cristina Cifuentes. Ramos y Cifuentes son íntimos amigos, hasta el punto de que la actual presidenta madrileña fue testigo en su boda.

El actual socio de Ramos en RyA, Pedro Artes, compartió en el pasado cargos en empresas relacionadas con familiares de otro personaje del ‘tamayazo’, José Luis Balbás, líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, a la que pertenecían Tamayo y María Teresa Sáenz, la otra tránsfuga que impidió la investidura de Rafael Simancas en la Comunidad de Madrid.

Hace un año, el Ministerio de Fomento, del que depende la APC, colocó a Ayala en el consejo de administración del mayor ente de gasto público de España, Adif, con tal discreción que, tal y como ha reconocido ahora el Gobierno, la empresa incumplió la Ley de Transparencia al ocultar el nombramiento en su web hasta ahora.

Desde que dejó su escaño en el Congreso en 2016, Ayala no ha parado. Abogado experto en urbanismo y derecho administrativo, es desde hace años socio de varias filiales del grupo Orenes, que se adjudicó dos concesiones de Aena cuando él estaba en el Congreso y mientras su esposa era consejera de varias filiales del grupo de salas de juego; ahora, otra de las empresas a las que asesora Ayala ha conseguido las licencias para construir una urbanización en una zona en riesgo medioambiental en Cartagena.

El año pasado, Ayala fue noticia en Murcia por sus gestiones como asesor legal de dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripollés, que querían promover un hotel en el Faro del Cabo de Palos (Cartagena). El proyecto empezó a cobrar vuelo tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) del PP en el Congreso para privatizar el faro, aunque el plan parece haber quedado en el alero. El visto bueno final, de haber salido adelante, habría dependido, precisamente, de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

El Gobierno reconoce que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha vulnerado la Ley de Transparencia al ocultar durante un año el nombramiento como consejero de la empresa estatal, a instancias del Ministerio de Fomento, del exdiputado Andrés Ayala, presidente de la oficina anticorrupción del PP.

El pasado 14 de diciembre, tras revelar eldiario.es el fichaje de Ayala, el diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia preguntó, entre otras cuestiones, “qué explicación da el Gobierno a que el nombramiento del Sr. Ayala como Consejero de Adif no figure en la web de la empresa” y si “considera el Gobierno que este tipo de actitudes son acordes con los compromisos de transparencia que deben cumplir los poderes públicos”.

En su respuesta, fechada el pasado 21 de febrero y a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Gobierno reconoce que Adif estaba obligada a incluir en su web “entre otra información, la correspondiente a su estructura organizativa, así como el perfil y la trayectoria profesional de los responsables de los órganos directivos”, lo que, dice, “se hará también extensivo a los miembros del Consejo de Administración”.

En su respuesta, el Gobierno alude al artículo 6.1 de la Ley de Transparencia, que obliga a las empresas estatales a incluir “un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional”. 

Ayala fue nombrado consejero de Adif a propuesta del Ministerio de Fomento el 17 de febrero de 2017, cinco días después de su inclusión en la junta directiva nacional del PP tras el 18 Congreso de este partido. Pero la empresa estatal se cuidó de incluir ninguna información al respecto en su web. La designación de Ayala permaneció oculta hasta que su nombre apareció en un documento remitido por Adif Alta Velocidad (AV) en noviembre a la Bolsa de Irlanda, donde tiene registradas varias emisiones de bonos.

La empresa que preside Juan Bravo, imputado en el caso Lezo desde diciembre, ha tardado un año en informar en su web de la composición de su máximo órgano de gestión. Ahora ya figura Andrés Ayala. Aparece identificado como “abogado” y sin ninguna referencia a sus 16 años como diputado del PP. 

Sin incompatibilidades

Respecto a posibles incompatibilidades del que fuera portavoz de Fomento del PP en el Congreso durante trece años, el Gobierno indica “que el Señor Ayala no ha tenido la condición de alto cargo ni ha estado incluido en el ámbito de aplicación” de la Ley de Incompatibilidades.

“Los consejeros de ADIF tampoco son altos cargos, por ello la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Función Pública no tiene competencias sobre el asunto planteado”, señala la respuesta.

El Ejecutivo evita responder a la pregunta de “cuáles son los méritos y criterios barajados por el Gobierno para que el Presidente de la Oficina Anticorrupción del PP haya sido nombrado consejero de ADIF”; y tampoco aclara cuál es su retribución. Se limita a señalar que los consejeros de la empresa tienen derecho a la compensación “que autorice el Ministro de Hacienda y Función Pública, a iniciativa del Ministerio de Fomento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio”.

Ayala fue designado para cubrir la vacante de Benigno Blanco, antiguo secretario de Estado con José María Aznar, socio de Francisco Álvarez Cascos en negocios privados del exministro y expresidente del ultraconservador Foro de la Familia. 

Desde que dejó su escaño en el Congreso en 2016, el exdiputado no ha parado. Abogado experto en urbanismo y derecho administrativo, es desde hace años socio de varias filiales del grupo de salas de juego Orenes y a su nombramiento en Adif y a su designación (en octubre) como presidente de la oficina creada por el PP “para controlar la idoneidad de los cargos públicos”, suma sus labores como asesor en empresas de distintos sectores; una de ellas acaba de conseguir las licencias para construir una urbanización en una zona en riesgo medioambiental en Cartagena.

Hay quien nace con suerte, hereda un negocio familiar floreciente, vale mucho en lo suyo y además disfruta de viejos amiguísimos que lo colocan donde hace falta cuando es menester. Al exdiputado por Murcia y cartagenero de pro Andrés José Ayala se le pueden reconocer todas esas bondades en su ya larga trayectoria. Valiéndose de ellas, ha sabido pasearse durante largo tiempo por el filo de la navaja si caer ni a un lado ni a otro. El último episodio conocido de su vinculación con una urbanización probablemente lesiva para el Medio Ambiente en el Mar Menor no viene sino a confirmar la tónica de su dilatada trayectoria simultánea política y empresarial. Y su buen conocimiento y manejo de la legalidad vigente, pero su poco reparo en otro tipo de consideraciones.

Heredero y socio-director de un floreciente bufete urbanístico y administrativo en la mismísima calle Mayor de Cartagena, hace mucho tiempo que supo vender muy bien sus aquilatadas habilidades legales, que las tiene, a quien estuviera dispuesto a hacerse acreedor de sus servicios. Aunque fuera a costa de desatar polémicas mediáticas y vecinales de mucha repercusión popular, en el sentido estricto del término. Así le pasó en su primera intervención discutida como asesor legal de un proyecto urbanístico en su Cartagena natal, entonces regida por el socialista José Antonio Alonso Conesa.

El mismo personaje, este excalcalde, que ahora figura encausado en la Operación Púnica cuyos pormenores son notorios: se han llevado por delante al anterior presidente “popular” murciano, Pedro Antonio Sánchez, y amenazan seriamente la poltrona senatorial de la sucesora “popular” de Alonso en la regencia cartagenera, Pilar Barreiro, poniendo además en riesgo la alianza de PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos de 2018.

Se trataba en aquella primera colaboración cartagenera de Alonso y Ayala de cambiar de sitio un centro de salud para que el promotor Tomás Olivo ––muy bien asentado en Marbella con el mismo negocio –– pudiera construir un centro comercial para la cadena Pryca en 1992. Todo se hizo legalmente gracias a la procuraduría legal de Ayala ante el Consistorio para que Olivo consiguiera el fin pretendido. Poco importó que bastantes vecinos protestaran reiterada y airadamente causando una polémica ciudadana cuyos ecos aún recuerdan los viejos cartageneros que tenían uso de razón a principios de la década de los noventa del siglo pasado. Se hizo lo que acordaron legalmente Alonso, Ayala y Olivo.

Recalificaciones

Muy poco tiempo después, Alonso y Ayala consiguieron que el consistorio de la trimilenaria ciudad cantonal aprobara la Modificación número 55 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para permitir la urbanización, que nunca se hizo, de unos terrenos agrícolas casi encima de la línea de costa de la zona sur del Mar Menor y que supondría una presión urbanística insostenible para el saladar costero protegido de Lo Poyo, como bien se encargaron de denunciar los conservacionistas de ANSE.

Ayala, como prestigioso abogado urbanista de la zona, era el asesor legal de los hermanos Armengol, familia catalana tradicional propietaria de aquella finca agrícola que se quería transformar con la modificación 55. Los socialistas murcianos, que no apreciaron mucho la actuación de Alonso como alcalde, impidieron en la Consejería de Política Territorial la aprobación definitiva de la famosa norma aduciendo razones ambientales de protección del Mar Menor.

Pero en mayo de 1995 cambió el ritmo del mambo y el Partido Popular se hizo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. Andrés José, que no era afiliado, fue llevado como secretario general de la Consejería por el nuevo consejero, el también cartagenero y conocido miembro del Opus Dei José Ramón Bustillo, que en paz descanse, y que también se llevó a Murcia como director general de Urbanismo a otro cartagenero que luego acompañaría a Ayala en su traslado a Madrid de la mano de Federico Trillo: el arquitecto Rafael Amat Tudurí, aquel que seis años más tarde, en 2001, se arreglaría para su uso personal un pisito del departamento de Defensa que capitaneaba su paisano ministro por 22 milloncejos de las antiguas pesetas.

Andrés José, más cauteloso, casi lo primero que hizo al ocupar despacho en Murcia fue, como una especie de aviso a navegantes, colocar bien visible sobre su mesa de secretario general una foto de Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, su íntimo amigo desde que estudiaron juntos Derecho en Murcia, y ya a la sazón influyente miembro de la dirección nacional del PP y diputado por Alicante.

Y, después, puso a algunos complacientes funcionarios de la Consejería a trabajar para pergeñar legalmente la aprobación a nivel regional de la modificación de Lo Poyo que el PSOE regional se había negado a aceptar y que, en el momento de salir adelante, tenía informes desfavorables de cualificados técnicos arquitectos y juristas del departamento. Aquello tuvo otras derivaciones peligrosas, aunque no para ninguno de los protagonistas de esta historia.

Hasta su salto a Madrid como nuevo diputado en Cortes tras las elecciones de 2000, ocurrieron varias recalificaciones legales sin mayor pena que gloria, pero con beneficiarios conocidos: la que dio lugar al centro comercial Las Dunas en Cabo de Palos, en terrenos propiedad de la familia Martínez-Conde; y la que hubiera facilitado la construcción de la urbanizacion El Vivero, que nunca se hizo, muy próxima a la anterior, en terrenos de los todopoderosos urbanizadores al por mayor Tomás Maestre y Alfonso García.

Orenes, Adif y presidente de la Oficina del Cargo Popular

Antes de su primera promoción de la mano de su amigo Trillo, tuvo tiempo Ayala de hacer un primer contacto profesional con el emporio del juego Orenes, ya que poseyó durante un tiempo un salón de juegos en Cartagena. Su colaboración con ese grupo lúdico se ha prolongado hasta la actualidad, suscitando más de una duda sobre sus actividades particulares cuando fue nombrado por su PP presidente de un inoperante organismo contra la corrupción.

En sus 16 años de diputado ha seguido cultivando la cercanía de su amigo del alma cartagenero; ha ocupado cargos de cierta relevancia --como los de presidente de la Comisión de Transportes, portavoz del PP en la de Fomento--; y ha sido progresivamente más beligerante con la oposición según se ha ido sintiendo afianzado en la Carrera de San Jerónimo, hasta el punto de protestar, el 14 de abril de 2016, airadamente por la presencia en la Comisión de Fomento de miembros de la Plataforma pro Soterramiento, vecinos de la zona sur de Murcia que se oponen a la llegada del AVE sin soterrar.

Una obra “emblemática” que está siendo construida por ADIF, sociedad a la que en virtud de la práctica común de puertas giratorias Ayala fue “destinado” por el PP como consejero en febrero de 2017 , pocos meses después de aquel incidente con los vecinos en las Cortes, durante el que llegó a describir al diputado de Podemos Javier Sánchez como “el Maduro de la Región” de Murcia.

El exdiputado amiguísimo sigue de esta forma y de momento una carrera política y empresarial muy legal, pero para muchos no impoluta. Mientras, su querido mentor Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde ocupa su puesto ganado por oposición de letrado de las Cortes tras otros larga trayectoria salpicada de unos cuantos escándalos similares. Eso sí, todo muy legal. Faltaría más.

El exdiputado murciano del PP Andrés Ayala vuelve a la carga. El que fuera nombrado cabeza de la oficina anticorrupción de su partido se encuentra relacionado con la construcción de un complejo residencial de 130 pisos en Cartagena (Murcia), a orillas del Mar Menor y a 100 metros de una zona protegida por su valor ecológico.

La promotora inmobiliaria murciana Urbincasa (acrónimo de Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera SA.) ha logrado los permisos para el proyecto, que se ubicará a cien metros de las salinas de Marchamalo, lindando con una zona de especial protección de aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000.

Urbincasa se fundó hace medio siglo y desde noviembre de 2016 el secretario de su consejo de administración es Andrés Ayala, según consta en el Registro Mercantil. La empresa pertenece a la familia Restoy, accionista del grupo Diego Zamora, propietario de Licor 43, el pacharán Zoco o el ron Matusalén, y al que Ayala lleva años vinculado.

Como avanzó el lunes Diario de la Manga, se va a denominar ‘Los Flamencos’ y se va a erigir en un lugar “con unas espectaculares vistas a La Manga del Mar Menor y sus salinas”, según anuncia en su web la propia Urbincasa, que ya ha iniciado la comercialización de las viviendas.

Oposición desde la formación 'Cartagena Sí Se Puede'

Sobre la aprobación de este nuevo proyecto, desde la agrupación municipal cartaganera han señalado que para “salvar al Mar Menor” hay que paralizar toda construcción, aplicando la “moratoria urbanística”. De hecho, esta acción, aprobada hace un año en la asamblea regional, implicaba la suspensión de la legislación urbanística en toda la zona hasta la promulgación de una Ley del Mar Menor, que sería la responsable de garantizar su protección.

De esta forma, CTSSP ha indicado que exigirá al gobierno local y al regional la paralización inmediata de los permisos concedidos para poner en marcha dicha obra.

La formación morada ha exigido a la alcaldesa de Cartagena que respete la decisión de la asamblea regional, apoyada por su propio partido, y que paralice de manera inmediata una construcción de 130 viviendas con 10 pisos de alto que ocasionará “no sólo un grave impacto paisajístico, sino que añadirá más presión sobre una de las joyas naturales de la región, como es el Mar Menor”.

¿Quién es Andrés Ayala?

El exdiputado popular, con denominación de origen murciano, saltó al 'hall de la fama' política después de que su partido lo nombrara a finales de 2017 presidente de la Oficina del Cargo Popular, órgano encargado de velar por la corrupción en el seno de la estructura popular.

El dirigente llevaba unos meses sin ocupar un alto cargo de responsabilidad en el partido tras abandonar las listas electorales para las elecciones del 26J, tres meses después de que una empresa de la que era accionista  consiguiera dos adjudicaciones de la empresa publica de aeropuertos, AENA, cuando era portavoz de la comisión de Fomento en el Congreso.

Unas semanas después de su nombramiento, la 'popularidad' del político se asentó tras hacerse pública el informe de gestión del Grupo Orenes, vinculada al ex dirigente del PP. El estandarte de la industria del ocio en España logró en 2016 un año récord con un “crecimiento exponencial” de todas sus magnitudes.

Ayala, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas (desde marzo de 2000 hasta mayo de 2016), lleva años relacionado a Orenes a través de varias filiales de las que es accionista minoritario y de las que ha sido nombrado consejero recientemente en sustitución de su esposa, Carmen Alcaraz, que ocupaba esos cargos mientras él se sentaba en su escaño en el Congreso.

Unos días después, los medios se harían eco un nuevo hallazgo en el holgado currículo de Andrés Ayala: discreto consejero del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el mayor ente de inversión pública de España.

Y es que el exdiputado popular, que se encargó de fiscalizar durante trece años a Adif en el Congreso como portavoz de Fomento del PP en la Cámara Baja hasta mayo de 2016, forma parte desde febrero del máximo órgano de gestión de la empresa estatal. Su nombramiento está recogido en la  documentación remitida hace unos días por Adif Alta Velocidad (AV) a la Bolsa de Irlanda, donde tiene registradas varias emisiones de bonos.

Según ese documento, el político murciano fue nombrado vocal de Adif AV por orden del Ministerio de Fomento el 17 de febrero de 2017, cinco días después de su inclusión en la junta directiva nacional del PP tras el 18 Congreso de este partido.

La promotora inmobiliaria murciana Urbincasa ha logrado los permisos para construir un complejo residencial de 130 pisos en Cartagena (Murcia), a orillas del Mar Menor y a 100 metros de una zona protegida por su valor ecológico. Tras el proyecto está el actual presidente de la Oficina Anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala.

Este nuevo desarrollo urbanístico se ubicará a cien metros de las salinas de Marchamalo, lindando con una zona de especial protección de aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000. Como avanzó el lunes Diario de la Manga, se va a denominar ‘Los Flamencos’ y se va a erigir en un lugar “con unas espectaculares vistas a La Manga del Mar Menor y sus salinas”, según anuncia en su web la propia Urbincasa, que ya ha iniciado la comercialización de las viviendas.

Urbincasa es el acrónimo de Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera SA. Se fundó hace medio siglo y desde noviembre de 2016 el secretario de su consejo de administración es Andrés Ayala, según consta en el Registro Mercantil. La empresa pertenece a la familia Restoy, accionista del grupo Diego Zamora, propietario de Licor 43, el pacharán Zoco o el ron Matusalén, y al que Ayala lleva años vinculado.

El exdiputado, abogado, experto en urbanismo y derecho administrativo, dejó su escaño en 2016 y Urbincasa es una de las muchas empresas a las que asesora. Ha sido colocado discretamente por el Gobierno en el consejo de Adif, el mayor ente público de gasto en España, y entre otras cosas, es socio y consejero de varias filiales del grupo de salas de juego Orenes. Desde octubre se encarga de fiscalizar a los cargos del PP como presidente de la denominada Oficina del Cargo Popular.

Francisco Cervantes, director general de Urbincasa, explica que Ayala, con el que no ha sido posible contactar, “no ha intervenido” en la tramitación del proyecto, que tiene las bendiciones del Ayuntamiento de Cartagena, gobernado en minoría por la socialista Ana Belén Castejón, y del Gobierno regional del PP.

La licencia la concedió el pasado 20 de diciembre la entonces concejal de Desarrollo Sostenible del municipio, María José Soler, del partido independiente Movimiento Ciudadano (MC), socios de Gobierno de la alcaldesa hasta el pasado 8 de enero. Según La Opinión de Murcia, la tramitación del proyecto se llevó a cabo durante el mandato del anterior regidor, José López (MC).

Fuentes del consistorio cartagenero indican que el permiso a Urbincasa es “un acto reglado”, ya que se trata de un suelo urbano establecido en un Plan Parcial que data de 1987, el único vigente ya que el aprobado en 2012 por el PP fue tumbado por la justicia. El ayuntamiento añade que, al estar el desarrollo ubicado en primera línea de playa y junto a una zona protegida, requirió informe favorable de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente del Gobierno de Murcia. Este departamento no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto.

Para obtener el permiso autonómico, Urbincasa contrató a un gabinete de biólogos que analizó durante meses la posible afección sobre el vuelo de las aves o las plantas autóctonas y decidió, por ejemplo, aplicar medidas preventivas como no instalar papeleras en el complejo (para evitar la llegada de especies no autóctonas) o instalar alumbrado especial, explica el director general de Urbincasa, que define el proyecto como “muy chulo y vanguardista”.

Moratoria no aplicada

El pasado martes, la portavoz de la marca de Podemos en la localidad cartagenera, Pilar Marcos, advirtió de su rechazo a la construcción “de otra mole de edificio” frente al Mar Menor y se preguntó “dónde está la moratoria urbanística” en el Mar Menor que, a través de una moción impulsada por el PSOE, instó a aplicar hace un año la Asamblea de Murcia al Gobierno regional.

Como reconoce el portavoz del PSOE en el parlamento murciano, Joaquín López, “realmente no hay moratoria” porque el Ejecutivo del popular Fernando López Miras “no ha tenido voluntad” de aplicar ese veto a las nuevas construcciones en esa zona.

La moción instaba al Consejo de Gobierno a, “mediante el instrumento legal que considere oportuno, suspender cautelarmente todos los desarrollos urbanísticos que afecten directa o indirectamente al Mar Menor” hasta que se promulgue una ley de protección específica. Pero incluía excepciones: “La ampliación natural de los cascos urbanos consolidados, con respeto a los derechos urbanísticos adquiridos por los particulares en los planes aprobados o en trámite”. El desarrollo de Urbincasa estaría dentro de esas excepciones.

La portavoz de Cartagena Sí Se Puede reconoce que el proyecto de la empresa asesorada por Andrés Ayala tiene “todos los permisos” y que haberlos denegado sería “prevaricación”. Matiza que su rechazo “es político, no jurídico”, ante la “emergencia total y absoluta” que atraviesa el Mar Menor y el “grave daño paisajístico” que va a suponer el proyecto. Marcos reclama al Gobierno regional una Ley Integral del Mar Menor “y un plan de gestión al que se adapten los distintos planes generales urbanos” de los municipios de la laguna.

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha dado hoy el visto bueno a la adjudicación a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) de la gestión del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en Corvera.

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras ha asegurado que la puesta en marcha de esta terminal aérea supondrá la creación de unos “20.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos durante los 25 años de la concesión”.

“Hoy empieza la cuenta atrás para hacer realidad un proyecto histórico para la Región y para todos los murcianos”, ha señalado López Miras. Una iniciativa que el presidente de Murcia ha admitido que “se estaba demorando demasiado”. Por otra parte, el jefe del ejecutivo ha estimado que se incrementará en unos 1.000 millones de euros el Producto Interior Bruto regional.

La operadora aérea se ha comprometido a ponerlo en marcha “lo antes posible”. Las previsiones de pasajeros desde el gobierno regional de Murcia alcanzan los 3,5 millones de personas al año. También esperan que se generen “unos 500 puestos de trabajo directos y entorno a un millar de empleos indirectos”.

A ello hay que añadir el impacto del tráfico aéreo sobre la economía regional, que desde la comunidad han estimado que creará “4.000 empleos nuevos por cada millón de pasajeros adicionales”.

López Miras ha calificado esta nueva terminal aérea como “imprescindible para el desarrollo regional”, además de demandada por los sectores que lideran el crecimiento de la Región y la creación de empleo. Según estimaciones de AENA, el aeropuerto alcanzará “el millón de pasajeros en su primer año de puesta en marcha y cerca de los 4 millones al término del periodo de concesión”.

Según indicó el presidente regional, a partir de la adjudicación se acelerarán al máximo los trámites con Aena para la firma del contrato. Además, se procederá a iniciar cuanto antes el período de certificación del aeropuerto. Aena ha declarado que trabajará para poner en marcha la nueva terminal “lo antes posible, siempre garantizando que las instalaciones cumplen los más estrictos niveles de seguridad”. 

La empresa aeronáutica española se postuló como única candidata para gestionar el Aeropuerto de Corvera, tras presentar su oferta técnica y económica para su explotación. Así lo ratificaron fuentes de la Comunidad Autónoma, tras cerrarse el plazo de presentación de proyectos a finales de octubre. Junto a esta compañía, se esperaba la participación de la francesa Edeis, que finalmente declinó presentar un proyecto para la dirección del Aeropuerto al no entregarlo dentro del plazo límite.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea es una entidad española que opera en 46 aeropuertos en España y gestiona otros 15 en Europa y América. Es el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros, y solo en España moviliza a más de 230 millones de pasajeros.

Críticas desde sindicatos

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha criticado la incertidumbre frente a la situación de los trabajadores del Aeropuerto de San Javier, tras el anuncio de apertura del nuevo terminal aéreo en Corvera.

Desde CSIF han respetado las previsiones “optimistas” del Gobierno regional. Por otra parte, han subrayado que lo “primordial es dejar clara la situación en la que van quedar los trabajadores de San Javier”, aeropuerto que quedará reducido a tráfico militar. “La incertidumbre es lógica entre los trabajadores, porque se desconocen los planes de la nueva Sociedad Anónima que pasará a gestionar el aeropuerto”, ha señalado el sindicato.

“No queremos pensar que se trata de una privatización encubierta”, han señalado fuentes del CSIF, que han matizado en el buen estado que se encuentra el aeropuerto de San Javier. De hecho, desde el sindicato han recordado que “sin ir más lejos, acaban de cambiarse los suelos de la terminal de llegada”.  En este sentido, San Javier tiene un tráfico de 1,2 millones de pasajeros al año, lejos de las expectativas del Gobierno murciano que, a día de hoy, CSIF no ha deseado poner en duda.

Por otra parte, el sindicato ha remarcado que no se debería dar “ni un paso adelante” sin concretar la actual situación de los trabajadores del aeropuerto de San Javier.

En este sentido, Aena ha señalado que planteará una “etapa de transición” que permita trasladar la actviidad de un aeropuerto a otro. La nueva adjudicataria ha indicado que buscará coordinarse con todos lo elementos involucrados para ubicar equipos, personal y operaciones en las nuevas instalaciones “con el menor impacto posible”.

Una concesión millonaria

La empresa semipública Aena estuvo inmerso en polémica a principios de 2016, tras la adjudicación de un contrato de explotación de salas de juegos en los aeropuertos de Alicante y Málaga al grupo murciano Orenes, vinculada al exdiputado murciano del Partido Popular Andrés Ayala.

En el momento de adjudicarse el contrato, Ayala era portavoz de su partido en la Comisión de Fomento del Congreso, el órgano de la Cámara Baja que fiscaliza la actividad de Aena, adscrita al Ministerio de Fomento.

Cuando Aena hizo la concesión de ese contrato, Andrés Ayala, que defendió con ahínco la polémica privatización del 49% del gestor aeroportuario que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, era la voz del PP en el Congreso en cuestión de infraestructuras y transportes. Fue su portavoz en esa materia durante trece años. Mientras, era accionista minoritario de al menos cinco filiales de Orenes. A mediados de 2017, el grupo empresarial dedicado al sector lúdico le había nombrado consejero en tres de ellas.

Recientemente, Andrés Ayala ha sido nombrado nuevo presidente de la Oficina Anticorrupción por el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

A Andrés Ayala, flamante presidente de la oficina anticorrupción del PP, se le acumula el trabajo: responsable de ese órgano, bautizado como Oficina del Cargo Popular, abogado experto en urbanismo, asesor de empresas, administrador y accionista de varios casinos e inmobiliarias; y, desde hace unos meses, discreto consejero del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el mayor ente de inversión pública de España.

El exdiputado popular, que se encargó de fiscalizar durante trece años a Adif en el Congreso como portavoz de Fomento del PP en la Cámara Baja hasta mayo de 2016, forma parte desde febrero del máximo órgano de gestión de la empresa estatal. Su nombramiento está recogido en la documentación remitida hace unos días por Adif Alta Velocidad (AV) a la Bolsa de Irlanda, donde tiene registradas varias emisiones de bonos.

Según ese documento, el político murciano fue nombrado vocal de Adif AV por orden del Ministerio de Fomento el pasado 17 de febrero, cinco días después de su inclusión en la junta directiva nacional del PP tras el 18 Congreso de este partido. A preguntas sobre este asunto, Adif confirma que Ayala es consejero de esa filial y de la propia Adif y miembro de sus comisiones de Auditoría. Solo este año, ambas sociedades estatales prevén inversiones superiores a los 3.200 millones de euros para expandir y mejorar la red ferroviaria.

Adif recuerda que “las asistencias a las comisiones no están remuneradas” y rechaza precisar la retribución de Ayala, vinculada a las dietas de asistencia que los estatutos de ambas compañías reconocen a sus vocales.

Fomento, responsable del nombramiento, no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto. El ex parlamentario, que desde el pasado 30 de octubre preside la oficina creada por el PP “para controlar la idoneidad de los cargos públicos”, tampoco ha atendido las llamadas de este medio.

Discreción

Adif y Fomento se han cuidado de anunciar el nombramiento de Ayala, del que no hay rastro en la web de la empresa, sujeta a la Ley de Transparencia. En principio, no hay impedimento legal para la designación del exdiputado, al que no afecta la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos.

Ayala fue durante cinco legislaturas diputado por Murcia, un territorio que ha centrado las preocupaciones de Adif en los últimos meses por la negativa inicial de Fomento a soterrar el tramo final del AVE a la capital de esa comunidad autónoma, que ha propiciado una fuerte respuesta social.

El político tiene en Adif la calificación de consejero “independiente”, según fuentes de la empresa. Viene a sustituir la vacante de Benigno Blanco, antiguo secretario de Estado con José María Aznar, socio de Francisco Álvarez Cascos en negocios privados del exministro y expresidente del ultraconservador Foro de la Familia.

Su aterrizaje en Adif se enmarca en la renovación del consejo de este ente público tras el nombramiento como presidente, hace un año, de Juan Bravo, antiguo hombre de confianza del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Como mano derecha del entonces alcalde de Madrid, Bravo fue una de las personas que en 2007 aceptaron encarecer las obras de la M-30 en más de 1.600 millones de euros en una reunión de apenas 25 minutos, como reveló eldiario.es en septiembre de 2016.

Ayala fue nombrado en mayo miembro de la Oficina del Cargo Popular, que tiene entre sus funciones la de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del PP. La oficina estuvo presidida en sus inicios por Manuel Cobo, otro estrecho ex colaborador de Gallardón que la abandonó dos meses después por “motivos personales”.

Una concesión de Aena

Poco antes de la creación de ese órgano de control de los políticos populares, eldiario.es informó de que en febrero de 2016, con Ayala como portavoz de Fomento del PP en el Congreso, la empresa estatal de aeropuertos Aena había adjudicado la concesión hasta 2025 de dos salas de juego a Orenes, una empresa de bingos que desde hace años tiene como socio minoritario en algunos casinos al ahora ex diputado y asesor. Orenes, que hasta la salida de Ayala del Congreso tuvo como representante en esas filiales a la esposa del político, logró en 2016 los mejores resultados de su historia. Ayala no declaró al Congreso esas participaciones.

En los últimos meses, el ahora consejero de Adif ha sido noticia en Murcia por sus gestiones como asesor legal de dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripolés, que quieren promover un hotel en el Faro del Cabo de Palos (Cartagena). El proyecto empezó a cobrar vuelo tras la aprobación, el pasado 18 de abril, de una Proposición No de Ley (PNL) del PP en el Congreso para cambiar el uso del faro (privatizarlo) que fue impulsada por el popular Teodoro García, diputado por Murcia.

El ahora consejero de Adif dijo en su momento que dejaba su escaño por razones “estrictamente personales” y problemas de incompatibilidad, y con “la espinita” de no haber podido subirse “en el primer AVE entre Murcia y Madrid siendo diputado”. Ahora lo podrá hacer como consejero de Adif.

El Grupo Orenes, una de las grandes empresas del sector del juego en España y a la que está vinculado el flamante nuevo presidente de la Oficina Anticorrupción del Partido Popular, el exdiputado murciano Andrés Ayala, logró en 2016 un año récord con un “crecimiento exponencial” de todas sus magnitudes, según explica el operador de bingos, casinos y apuestas en el informe de gestión de sus últimas cuentas anuales.

La empresa murciana señala que “2016 finaliza con los mejores resultados de la historia de Grupo Orenes”: “En general, todas nuestras unidades de negocio han cumplido con las expectativas marcadas, y en especial salas de juego y Apuestas Deportivas, cuya aportación al devenir del grupo está resultando decisiva para el crecimiento exponencial del mismo”.

Las cuentas de Orenes reflejan un crecimiento del beneficio neto del 77%, hasta 19,9 millones, lo que multiplica por cuatro la cifra de 2014, cuando fue de 5,18 millones. El importe neto de la cifra de negocios aumentó un 73,8%, hasta cerca de 330 millones, y el resultado de explotación creció un 64%, hasta 26,76 millones.

“Para alinear la estrategia de crecimiento con la política financiera óptima, Grupo Orenes firmó un préstamo sindicado durante el ejercicio 2016 con 6 entidades de primer orden nacional, lideradas por BBVA, el cual supone el primer tramo de financiación del plan trianual”, indica en sus cuentas la empresa.

Controlada al 50% por las familias Franco y Orenes y con activos de 300 millones y 1.400 empleados, Orenes es una de las mayores empresas de un sector en el que otro nombre destacado es Codere, también vinculada al PP a través del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá (que fue alto directivo hasta finales de 2011) y al exministro Pío Cabanillas, miembro de su consejo.

Ayala, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas (desde marzo de 2000 hasta mayo de 2016), lleva años vinculado a Orenes a través de varias filiales de las que es accionista minoritario y de las que ha sido nombrado consejero recientemente en sustitución de su esposa, Carmen Alcaraz, que ocupaba esos cargos mientras él se sentaba en su escaño en el Congreso.

En febrero de 2016, cuando Ayala todavía era portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso, la empresa estatal de aeropuertos Aena, hoy presidida por otro influyente político murciano del PP, Jaime García-legaz, adjudicó la concesión hasta 2025 de dos salas de juego a Orenes, como informó eldiario.es en mayo pasado.

Ese mes, Ayala fue nombrado miembro de la Oficina del Cargo Popular, concebida “para controlar la idoneidad de los cargos públicos” y presidida en sus inicios por Manuel Cobo (ex mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón), que la abandonó dos meses después por “motivos personales”.

Desde septiembre, Ayala preside este órgano, que tiene entre sus funciones la de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del PP.

Buena parte de la actividad actual de Ayala la canaliza a través de su bufete en Cartagena (Murcia), Ayala Abogados, que ofrece, según su web, asesoramiento en derecho mercantil, urbanismo, “relaciones con las Administraciones Públicas” o derecho marítimo gracias a su “pleno conocimiento y participación en el desarrollo de la Legislación Marítima”.

En los últimos meses, Ayala ha sido noticia en Murcia por sus gestiones como asesor legal de dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripolés, que quieren promover un hotel en el Faro del Cabo de Palos (Cartagena). El proyecto empezó a cobrar vuelo tras la aprobación, el pasado 18 de abril, de una Proposición No de Ley (PNL) del PP en el Congreso para cambiar el uso del faro que fue impulsada por el popular Teodoro García, diputado por Murcia.

La empresa aeronáutica Aena se ha postulado como única candidata para gestionar el Aeropuerto de Corvera durante los próximos 25 años, tras presentar su oferta técnica y económica para su explotación. Así lo han ratificado fuentes de la Comunidad Autónoma, tras cerrarse el plazo de presentación de proyectos. Junto a esta compañía, se esperaba la participación de la francesa Edeis, que finalmente ha declinado presentar un proyecto para la dirección del Aeropuerto al no entregarlo dentro del plazo límite.

Además, la empresa Corporación América, de origen argentino, se quedó fuera en la segunda fase del proceso, al no cumplir los plazos de entrega de las enmiendas que se le habían solicitado en la documentación enviada.

De esta forma, la última fase para la apertura de la infraestructura aérea de Corvera se ha puesto en marcha, tras cerrarse su proceso de licitación.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, ha destacado que “se trata de una entidad española líder en el sector aeroportuario, solvente y que ofrece garantías para la gestión y explotación del aeropuerto”. Aena es una de las más importantes del sector y opera 46 aeropuertos en España, además de otros 15 en Europa y América. Es el primer operador del mundo por número de pasajeros.

En este sentido, Rivera ha resaltado que el Gobierno regional ha marcado, a través de los requisitos exigidos en el concurso de licitación, una hoja de ruta del modelo de gestión y explotación del aeropuerto.

Asimismo, consejero de Fomento ha señalado que el único objetivo del Gobierno regional es que el aeropuerto “sea gestionado por el mejor, por el que nos permita impulsar el turismo y la economía de la Región”. Para ello, Rivera sostiene que se “ha garantizado la libre concurrencia e igualdad de oportunidades de todas las empresas con el fin de obtener el mejor licitador”.

Por otra parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha recalcado que Aena ha decidido presentar una oferta para gestionar el aeropuerto de Corvera (Murcia) porque se trata de un activo “rentable” con expectativas de crecimiento “importantes”.

De la Serna ha asegurado, antes de clausurar un acto sobre el papel de las empresas españolas en el sector del ferrocarril, que “parece de sentido común” trasladar los vuelos civiles desde el aeropuerto de San Javier al de Corvera. Según el ministro, Aena ha realizado un análisis financiero “muy riguroso” y ha constatado que la oportunidad de gestionar el aeropuerto de Corvera es “muy atractiva desde el punto de vista económico”.

Desde hace un par de semanas la sociedad que gestiona los aeropuertos públicos está presidida por el exdiputado del PP por Murcia y ex secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. La empresa postulada deberá plantear cómo trasladar a Corvera los vuelos comerciales de San Javier.  En este sentido, el portavoz de la Plataforma Pro Aeropuerto de San Javier, Santiago Pina, ha anunciado la convocatoria de una reunión con el objetivo de organizar una nueva movilización. Su objetivo es “encontrar respuestas” sobre qué pasará con la plantilla de 450 empleados de las empresas auxiliares, subcontratadas por Aena en San Javier, algunas con contratos aún vigentes para los próximos 7 años.

Una concesión millonaria

Una concesión millonariaLa empresa semipública Aena estuvo en polémica a principios de 2016, tras la adjudicación de un contrato de explotación de salas de juegos en los aeropuertos de Alicante y Málaga al grupo murciano Orenes. La controversia se debió a que esta compañía ha tenido una estrecha vinculación el exdiputado murciano del Partido Popular Andrés Ayala.

En el momento de adjudicarse el contrato, Ayala era portavoz de su partido en la Comisión de Fomento del Congreso, el órgano de la Cámara Baja que fiscaliza la actividad de Aena, adscrita al Ministerio de Fomento.

Cuando Aena hizo la concesión de ese contrato, Andrés Ayala, que defendió con ahínco la polémica privatización del 49% del gestor aeroportuario que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, era la voz del PP en el Congreso en cuestión de infraestructuras y transportes. Fue su portavoz en esa materia durante trece años. Mientras, era accionista minoritario de al menos cinco filiales de Orenes. A mediados de 2017, el grupo empresarial dedicado al sector lúdico le había nombrado consejero en tres de ellas.

Recientemente, Andrés Ayala ha sido nombrado nuevo presidente de la Oficina Anticorrupción por el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Este órgano se encarga de supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, además de aprobar en un formulario homologado el resumen de su declaración de IRPF y de Patrimonio.

Por otra parte, este órgano gestiona los registros de Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos del PP y velará por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades.

Ante cualquier anomalía, la Oficina Anticorrupción se comunica con el Comité de Derechos y Garantías para su estudio. Para poder cumplir con sus funciones, los miembros de este organismo puede solicitar en todo momento la comparecencia de cualquier cargo.

El Partido Popular ha decidido rescatar a un antiguo miembro de su ejecutiva con dudoso pasado. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular ha nombrado este lunes presidente de la Oficina del Cargo Popular a Andrés Ayala. El dirigente popular llevaba unos meses sin ocupar un alto cargo de responsabilidad en el partido tras abandonar las listas electorales para las elecciones del 26J tres meses después de que una empresa de la que era accionista consiguiera dos adjudicaciones de la empresa publica de aeropuertos, AENA, cuando era portavoz de la comisión de Fomento en el Congreso.

La oficina del cargo Popular, un órgano que el PP presentó hace casi cuatro meses a bombo y platillo para prevenir y mejorar la lucha contra la corrupción dentro del propio partido. En un primer momento se eligió para poner al frente de este órgano de vigilancia interna al exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, pero el eterno número dos de Gallardón renunció a los diez días a dicho cargo “por motivos personales”.

Ayala fue diputado del PP en el Congreso de los Diputados hasta que anunció que no formaría parte de la candidatura de las Elecciones Generales del 26 de junio porque “existen cuestiones que son incompatibles con seguir atendiendo sus obligaciones como diputado en el Congreso”.

Su salida fue tres meses después de que la empresa semipública Aena adjudicara en febrero de 2016 un contrato para explotar hasta marzo de 2025 dos salas de juego en sendos aeropuertos de su red al grupo murciano Orenes, una de las mayores empresas del sector del juego en España. Con esta compañía tenía y tiene una estrecha vinculación el exdiputado murciano del PP Andrés Ayala. En el momento de adjudicarse el contrato, Ayala era portavoz de su partido en la Comisión de Fomento del Congreso, el órgano de la Cámara Baja que fiscaliza la actividad de Aena, adscrita al Ministerio de Fomento.

Cuando Aena adjudicó ese contrato, Ayala, que defendió con ahínco la polémica privatización del 49% del gestor aeroportuarioque llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, era la voz del PP en el Congreso en cuestión de infraestructuras y transportes. Fue su portavoz en esa materia durante trece años. Mientras, era accionista minoritario de al menos cinco filiales de Orenes. Recientemente, el grupo le ha nombrado consejero en tres de ellas.

A pesar del interés porque la Oficina empezará a andar lo antes posible solo ha encontrado problemas desde su creación. La operación policial y judicial del caso Lezo desatada en el Canal de Isabel II, que llevó a la detención ingreso en prisión del expresidente madrileño, Ignacio González, disparó todas las alarmas y aceleró los tiempos de la presentación del nuevo órgano. La dirección del PP quería demostrar con ello que no iba a quedarse con los brazos cruzados y que estaba dispuesta a poner a sus cargos públicos y electos muy alto el listón de las exigencias.

El exdiputado popular Andrés Ayala será uno de los tres integrantes de la nueva Oficina del Cargo Popular, con la que el PP quiere reforzar los controles internos y prevenir y mejorar la lucha contra la corrupción. El nombramiento llega doce días después de que eldiario.es avanzase que la empresa estatal Aena adjudicó en febrero de 2016 al grupo murciano Orenes (del que Ayala es socio minoritario en varios casinos) una concesión hasta 2025 con el entonces diputado como portavoz de Fomento del PP en el Congreso.

El contrato, valorado en 2,5 millones de euros, permitirá a Orenes explotar dos salas de juego en los aeropuertos de Alicante y Málaga, las primeras de este tipo en España. En el momento de adjudicarse, con Ayala en la Comisión del Congreso que fiscaliza a Aena, Orenes tenía como consejera en tres filiales a la esposa del exdiputado murciano, Carmen Alcaraz.

A día de hoy, Alcaraz ya no es administradora de ninguna de esas empresas y ha sido sustituida por su marido. En Comú Podem ha pedido explicaciones al Gobierno sobre la vinculación de Ayala con Orenes y un posible “conflicto de intereses” en esta adjudicación de Aena.

Aprobada este lunes por el Comité Ejecutivo Nacional del PP, la Oficina del Cargo Popular es una herramienta “para controlar la idoneidad de los cargos públicos” formado por “personas externas al partido” que “se encargarán de supervisar, vigilar y controlar el propio funcionamiento” del PP, según anunció en diciembre pasado el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

Presidida por Manuel Cobo, ex mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, la Oficina anticorrupción del PP tendrá entre sus funciones la de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del partido y supervisar el cumplimiento de los trámites y requisitos para acceder a un cargo público u orgánico en representación del partido.

El nuevo órgano también deberá aprobar un formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio y gestionará los registros de actividades y de bienes de los cargos del partido. La oficina elaborará un informe anual sobre sus funciones, gestión y actividad. Para poder cumplir con sus funciones, sus miembros podrán solicitar en todo momento la comparecencia de cualquier cargo. 

La oficina fue una de las principales novedades de los nuevos Estatutos de la formación aprobados en el Congreso Nacional que el PP celebró el pasado mes de febrero en Madrid. Aunque estará formada por entre tres y cinco miembros, todos ellos sin cargo público u orgánico dentro del PP, el Comité Ejecutivo que ha presidido este lunes Mariano Rajoy ha aprobado por unanimidad los nombres de tres de sus integrantes: Manuel Cobo, Andrés Ayala y la ex diputada Beatriz Rodríguez-Salmones.

Génova ha decidido impulsar la creación de este órgano tras unas semanas en las que el partido está en el foco por nuevas revelaciones de la trama Púnica sobre presunta financiación irregular del partido y la 'Operación Lezo' relativa a las supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II, que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El grupo de bingos y casinos Orenes tenía como consejera en tres filiales a la esposa del entonces diputado del PP Andrés Ayala cuando, en febrero de 2016, logró que Aena le adjudicase un contrato para explotar hasta 2025 dos salas de juego en los aeropuertos de Alicante y Málaga. En aquel momento, Ayala era portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso y socio de la empresa murciana en varios casinos, como reveló eldiario.es

“No tengo ni he tenido cuentas en Panamá” y “tampoco me han pagado nunca por tomar café”. Así se despedía hace un año del Congreso el que fue diputado por Murcia durante cinco legislaturas (desde marzo de 2000 hasta mayo de 2016), al anunciar su inesperada renuncia a la candidatura de ese partido en las elecciones generales del pasado 26 de junio.

Tras más de 20 años en política, Ayala puso fin de forma abrupta a una etapa de trece años como portavoz parlamentario de los populares en infraestructuras y transportes. Lo hizo tres meses después de que la empresa semipública Aena (cuya actividad fiscaliza la Comisión de Fomento del Congreso) adjudicase ese contrato a sus socios de Orenes, valorado en 2,5 millones de euros. 

Según consta en el Registro Mercantil, cuando Orenes logró esa concesión, la esposa de Ayala, Carmen Alcaraz, era consejera de tres filiales de esa compañía, un gigante del sector del juego en España: Gran Casino Extremadura, Electra Rioja Gran Casino y Servicios Comerciales y Recreativos. A día de hoy, Alcaraz ya no es administradora de ninguna. Ha sido sustituida por su marido.

El 27 de abril de 2016, Carmen Alcaraz dimitió como consejera de Gran Casino Extremadura, que explota la concesión de un casino en esa región y de la que era vocal desde agosto de 2011. Y en agosto, esta empresa nombró consejero a Ayala. Ese mes, el día 22, Alcaraz cesó como consejera de Electra Rioja Gran Casino, de forma simultánea al nombramiento de su marido como vocal. En Servicios Comerciales y Recreativos SA, otra filial de Orenes, pasó lo mismo: Alcaraz fue consejera y secretaria hasta el 25 de octubre, cuando dimitió y fue sustituida por su marido.

Carrusel de nombramientos y sociedades

El movimiento (cese de Alcaraz y nombramiento de Ayala) se ha repetido en un carrusel de sociedades cuyo rastro, como en un juego de muñecas rusas, conduce hasta Orenes y al exdiputado del PP. Carmen Alcaraz todavía figura como administradora única de Espartaria SL, que según sus cuentas de 2015 es propiedad al 99,85% de Andrés Alaya.

Esta firma controla el 17% de Guimbarda 3 SL, de la que Ayala fue nombrado consejero y secretario en octubre en sustitución de su esposa. Guimbarda 3 SL es la propietaria del 50% de Isim Carthago, que no figuraba en las declaraciones de bienes y rentas que Ayala presentaba al Congreso y que tiene, según sus cuentas de 2015, un 33% de la extremeña Bingo Occidental SA, el 33% de Gran Casino de Extremadura SA, un 40% de Electra Rioja Gran Casino SA, un 100% de Servicios Comerciales y Recreativos y un 10% de Orenes Apuestas Murcia SLU, todas ellas filiales de Orenes.

Isim Carthago también nombró consejero y secretario a Ayala el pasado 11 de octubre en sustitución de Carmen Alcaraz.

Tras conocerse la relación entre Ayala y Orenes y la adjudicación de ese contrato de Aena al grupo murciano, En Comú Podem ha preguntado por escrito al Gobierno si considera que existe un “conflicto de intereses” entre “las relaciones del Sr. Ayala, el Partido Popular, la empresa adjudicataria y la concesión del contrato”.

La iniciativa parlamentaria también quiere saber si el Ejecutivo conocía “la vinculación accionarial del Sr. Ayala con el Grupo empresarial Orenes” y cuál es “el interés social” de que “una infraestructura pública se destine a actividades de juegos de azar y apuestas”. Finalmente, los diputados preguntan si “usa directa o indirectamente el Gobierno los recursos estratégicos del Estado para beneficiar de algún modo a personas afines a su partido, hacer favores, engrasar puertas giratorias y alimentar tramas y conductas propias de mafias”.

La empresa semipública Aena adjudicó en febrero de 2016 un contrato para explotar hasta marzo de 2025 dos salas de juego en sendos aeropuertos de su red al grupo murciano Orenes, una de las mayores empresas del sector del juego en España. Con esta compañía tenía y tiene una estrecha vinculación el exdiputado murciano del PP Andrés Ayala. En el momento de adjudicarse el contrato, Ayala era portavoz de su partido en la Comisión de Fomento del Congreso, el órgano de la Cámara Baja que fiscaliza la actividad de Aena, adscrita al Ministerio de Fomento.

Cuando Aena adjudicó ese contrato, Ayala, que defendió con ahínco la polémica privatización del 49% del gestor aeroportuario que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, era la voz del PP en el Congreso en cuestión de infraestructuras y transportes. Fue su portavoz en esa materia durante trece años. Mientras, era accionista minoritario de al menos cinco filiales de Orenes. Recientemente, el grupo le ha nombrado consejero en tres de ellas.

El contrato, con una vigencia de ocho años, se adjudicó por un importe de 2.572.542 euros, un 0,5% superior (15.127 euros) al precio mínimo que exigía Aena. Los dos salones de juego, ubicados en los aeropuertos de Alicante y Málaga, son los primeros de este tipo en España, con una superficie de 192 metros cuadrados (en el Aeropuerto de Alicante-Elche) y 167 metros (Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol).

El importe es orientativo, ya que estos contratos suelen contemplar el pago por parte del adjudicatario de un canon fijo en función del espacio alquilado y otro variable, sujeto a los ingresos obtenidos en sus locales.

A preguntas sobre este asunto, fuentes de Orenes dicen que no existe “conflicto de interés ninguno” en este contrato, ya que la adjudicataria, Play Orenes SL, es una sociedad 100% propiedad de Orenes en la que “ni Ayala ni nadie de su entorno tienen nada que ver”. Subrayan que Ayala “no es accionista de Orenes” ni ha tenido contratos de servicios con esta empresa, aunque sí reconocen que es socio de “algunas filiales” del grupo con una participación “despreciable”. El expolítico, dicen, es un “técnico” que representa al grupo murciano de bebidas alcohólicas Diego Zamora, socio de Orenes y del propio Andrés Ayala.

El exdiputado, que no ha querido hacer comentarios, anunció en mayo de 2016 su inesperada renuncia a formar parte de la candidatura del PP en las elecciones generales del pasado 26 de junio. Ahora está centrado de lleno en sus negocios y, en especial, el de los bingos y casinos, al que lleva vinculado más de treinta años.

En los últimos meses, Ayala ha sido nombrado consejero de tres filiales de Orenes de las que ya era socio cuando era diputado. En agosto, se incorporó a los consejos de Gran Casino Extremadura, que explota un casino en Badajoz, y Electra Rioja Gran Casino, que hace lo propio en Logroño; en octubre pasó a ser vocal y secretario de Servicios Comerciales y Recreativos SA, otra filial del grupo Orenes radicada en Murcia y dedicada a la explotación de salas de juego. Ayala la presidió entre 2001 y 2002.

Sociedades interpuestas

A través de sociedades interpuestas, Ayala mantuvo participaciones minoritarias en al menos cinco filiales de Orenes de forma simultánea a su actividad parlamentaria a través de Isim Carthago SL, que le nombró consejero y secretario el pasado 11 de octubre, aunque era apoderado desde el 31 de julio de 2009.

Con activos de 7,2 millones, Isim Carthago tiene, según sus cuentas de 2015, un 33% de la extremeña Bingo Occidental SA, el 33% de Gran Casino de Extremadura SA, un 40% de Electra Rioja Gran Casino SA, un 100% de Servicios Comerciales y Recreativos y un 10% de Orenes Apuestas Murcia SLU, todas filiales de Orenes.

El 50% de Isim Carthago es de Orenes y el restante 50%, de Guimbarda 3 SL, de la que Ayala también fue nombrado consejero y secretario en octubre. Guimbarda 3, que a diferencia de Isim Carthago sí figuraba en las declaraciones de bienes y rentas que presentaba Ayala cuando era diputado (por ejemplo, la posterior a su cese), se constituyó el 28 de noviembre de 2000, un día antes de la creación de Grupo Orenes SL, la sociedad en la que el grupo murciano consolida sus cuentas.

El 17% de Guimbarda 3 pertenece a Espartaria SL, constituida el 1 de enero de 2012 y perteneciente a Andrés Ayala. Los socios mayoritarios de Guimbarda 3 son las familias Zamora Pedreño y Restoy Cabrera, dueñas del Grupo Diego Zamora, productor de Licor 43, el pacharán Zoco o el ron Matusalén, entre otras conocidas bebidas alcohólicas.

Denuncia archivada

La relación de Ayala con Isim Carthago es conocida y viene de atrás: en 2003, el PSOE denunció un posible caso de “financiación irregular” del PP por la vinculación de Ayala con esta firma que presidió entre mayo de 2001 y diciembre de 2002, cuando ya era diputado, “durante todo el período de gestación de la adjudicación del Gobierno de La Rioja de la licencia de construcción” del primer casino en esa región, un feudo del PP desde 1995, para Electra Rioja Gran Casino, una de las empresas que ahora le han nombrado consejero.

Los socialistas llevaron el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Ayala dijo que todo era legal y la Fiscalía le dio la razón al archivar el caso. Por esas fechas, Gran Casino Extremadura se adjudicó el primer casino en esa región en un concurso público convocado por el Gobierno del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 

Orenes es un gigante del juego en España: más de 1.200 empleados, ventas de 243 millones en 2015 y un beneficio de 12,7 millones en ese ejercicio (frente a 5,2 millones en 2014), el último disponible en el Registro Mercantil. “Un año marcado por el significativo crecimiento de las operaciones” gracias a “la esperada mejoría económica del país” y “los cambios tecnológicos y de reglamentaciones, que han permitido dinamizar y renovar el sector del ocio y el juego en España”, según explica en sus cuentas anuales.

La relación de esta compañía con Andrés Ayala refleja el idilio entre algunas personas del PP y varias de las principales empresas del sector del juego en España. El otro ejemplo es Codere, inmersa en una grave situación financiera, que hace un año fichó al exministro Pío Cabanillas, asesor del grupo a razón de 300.000 euros anuales, y que tuvo como alto directivo al actual ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Ayala (Cartagena, 4 de junio de 1952), abogado y técnico de Urbanismo, desembarcó en el Congreso tras la mayoría absoluta de José María Aznar, después de ocupar la secretaría general de la consejería de Obras Públicas de Murcia entre 1995 y 2000, con el primer Gobierno de Ramón Luis Valcárcel. Hace un año dejó su escaño por razones “estrictamente personales” y “cuestiones que son incompatibles con seguir atendiendo sus obligaciones como diputado en el Congreso”.

Su salida llegó tras el escándalo de las asesorías “verbales” de su paisano y compañero de filas Vicente Martínez-Pujalte, que puso el foco en los negocios de muchos diputados. Fue un posible hasta luego, ya que Ayala no ha cerrado la puerta a volver a la política, por ejemplo, como alcalde de Cartagena. En febrero pasado, el PP le nombró miembro de su junta directiva nacional.

Nada más abrirse la sesión, el diputado morado ha saludado a los representantes de la Plataforma de Afectados por el Soterramiento de la vía de tren en Murcia, que han asistido para presenciar un debate sobre una iniciativa relativa a la integración urbana del ferrocarril en la capital de la región a propuesta de Podemos.

El presidente de la Comisión les ha pedido “el debido decoro, respeto y discreción” y ha explicado que ha autorizado la presencia de estos invitados en la sala tras haberse “informado de que hay precedentes”.

“Traiga esos precedentes previamente, que se hagan constar en acta, porque si no estaremos vulnerando el funcionamiento de la comisión”, le ha exigido entonces el portavoz 'popular', Andrés Ayala.

Pascual, que previamente había intentado no dar la palabra al diputado del PP por Murcia, ha asegurado entonces que haría constar esta información en el acta de la sesión, acusando a Ayala de tratar de “paralizar el funcionamiento” de la comisión.

Entonces, ante la insistencia del diputado popular, Pascual ha esgrimido un documento de abril de 2001 en el que “se establece esa autorización para los presidentes de las comisiones”, dando así por zanjada la polémica.

Ayala y Pascual vienen protagonizando un enfrentamiento en cada sesión de la Comisión de Fomento. La primera tuvo lugar en la misma sesión de constitución, cuando el diputado del PP recriminó al presidente que hiciera un discurso político pese a su cargo institucional. Y la segunda se produjo tras el 'plante' de la ministra en funciones, Ana Pastor.