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El PP sitúa en su Oficina anticorrupción a un exdiputado vinculado a un polémico contrato de Aena

Andrés Ayala será uno de los tres miembros de la Oficina del Cargo Popular, concebida “para controlar la idoneidad de los cargos públicos” y presidida por Manuel Cobo

En febrero de 2016, con Ayala como portavoz de Fomento del PP en el Congreso, la empresa estatal Aena adjudicó una concesión hasta 2025 a Orenes, de la que es socio desde hace años en varios casinos

Orenes tenía entonces como consejera de tres filiales a la esposa de Ayala; tras dejar el escaño, el murciano ha sustituido a su cónyuge en esos mismos puestos

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El exdirectivo de Codere y ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un homenaje al exdiputado del PP y socio de Orenes, Andrés Ayala. Foto: todotransporte.com

El exdirectivo de Codere y ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un homenaje al exdiputado del PP y socio de Orenes, Andrés Ayala. Foto: todotransporte.com

El exdiputado popular Andrés Ayala será uno de los tres integrantes de la nueva Oficina del Cargo Popular, con la que el PP quiere reforzar los controles internos y prevenir y mejorar la lucha contra la corrupción. El nombramiento llega doce días después de que eldiario.es avanzase que la empresa estatal Aena adjudicó en febrero de 2016 al grupo murciano Orenes (del que Ayala es socio minoritario en varios casinos) una concesión hasta 2025 con el entonces diputado como portavoz de Fomento del PP en el Congreso.

El contrato, valorado en 2,5 millones de euros, permitirá a Orenes explotar dos salas de juego en los aeropuertos de Alicante y Málaga, las primeras de este tipo en España. En el momento de adjudicarse, con Ayala en la Comisión del Congreso que fiscaliza a Aena, Orenes tenía como consejera en tres filiales a la esposa del exdiputado murciano, Carmen Alcaraz.

A día de hoy, Alcaraz ya no es administradora de ninguna de esas empresas y ha sido sustituida por su marido. En Comú Podem ha pedido explicaciones al Gobierno sobre la vinculación de Ayala con Orenes y un posible "conflicto de intereses" en esta adjudicación de Aena.

Aprobada este lunes por el Comité Ejecutivo Nacional del PP, la Oficina del Cargo Popular es una herramienta “para controlar la idoneidad de los cargos públicos” formado por “personas externas al partido” que “se encargarán de supervisar, vigilar y controlar el propio funcionamiento” del PP, según anunció en diciembre pasado el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

Presidida por Manuel Cobo, ex mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, la Oficina anticorrupción del PP tendrá entre sus funciones la de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del partido y supervisar el cumplimiento de los trámites y requisitos para acceder a un cargo público u orgánico en representación del partido.

El nuevo órgano también deberá aprobar un formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio y gestionará los registros de actividades y de bienes de los cargos del partido. La oficina elaborará un informe anual sobre sus funciones, gestión y actividad. Para poder cumplir con sus funciones, sus miembros podrán solicitar en todo momento la comparecencia de cualquier cargo. 

La oficina fue una de las principales novedades de los nuevos Estatutos de la formación aprobados en el Congreso Nacional que el PP celebró el pasado mes de febrero en Madrid. Aunque estará formada por entre tres y cinco miembros, todos ellos sin cargo público u orgánico dentro del PP, el Comité Ejecutivo que ha presidido este lunes Mariano Rajoy ha aprobado por unanimidad los nombres de tres de sus integrantes: Manuel Cobo, Andrés Ayala y la ex diputada Beatriz Rodríguez-Salmones.

Génova ha decidido impulsar la creación de este órgano tras unas semanas en las que el partido está en el foco por nuevas revelaciones de la trama Púnica sobre presunta financiación irregular del partido y la 'Operación Lezo' relativa a las supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II, que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

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