El exministro Pío Cabanillas, último rostro de los vínculos entre el PP y el grupo de juego Codere

Pío Cabanillas, exministro portavoz del Gobierno con José María Aznar entre 2000 y 2002, está sacando réditos a su relación con la multinacional española del juego de azar Codere, de la que es consejero y asesor desde hace un año. El expolítico reconvertido en ejecutivo es el último ejemplo de los vínculos que ha mantenido esta empresa con personas cercanas al Partido Popular por distintas vías.

En abril del año pasado, Codere anunció el nombramiento como consejero de Cabanillas (Madrid, 1958) meses antes de que en septiembre el exministro abandonase la dirección general de Imagen Corporativa y Marketing de Acciona y el comité de dirección de la constructora de la familia Entrecanales, de la que fue directivo durante una década, coincidiendo con la etapa de esta compañía en el capital de la eléctrica Endesa.

Entre abril y diciembre pasado, Cabanillas facturó a Codere a través de una empresa de la que es accionista mayoritario y que preside desde septiembre, ProTV SA, un total de 291.000 euros por un “contrato de prestación de servicios de asesoramiento institucional, comunicación, marketing y otros”, según recoge un documento remitido recientemente por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 12 de enero, el consejo de administración de Codere aprobó un nuevo “contrato de prestación de servicios de consultoría” por el que Cabanillas asesorará al grupo de juego “la estrategia global de juego online, por un precio de 44.772,94 euros y una duración de hasta el 31 de julio de 2017”.

336.000 euros en total por poco más de un año de asesoramiento para Cabanillas tras un ejercicio, 2016, en el que Codere registró unas pérdidas récord de 1.125 millones de euros (diez veces más que un año antes). El grupo, que acumula pérdidas superiores a los 1.735 millones en los últimos cinco ejercicios, sorteó por poco la quiebra tras lograr la reestructuración de una deuda de cerca de 1.300 millones, un proceso por el que sus hasta entonces máximos accionistas, la familia Martínez Sampedro, han perdido el control del accionariado pero continúan al frente de la gestión.

Cabanillas, hijo del exministro franquista (luego reconvertido en demócrata) Pío Cabanillas Gallas, considerado uno de los referentes de Mariano Rajoy (“lo urgente ahora es esperar”, era una de las frases célebres del político pontevedrés), es patrono de la fundación Faes que preside Aznar y fue nombrado consejero de Codere en abril de 2016. Es representante físico de Masampe SL, una firma del presidente ejecutivo de la firma de juegos, José Antonio Martínez Sampedro, poseedora del 14,1% del capital de Codere. Pero su relación con esta empresa viene de atrás.

Ida y vuelta

Codere ya anunció el nombramiento de Cabanillas como consejero “independiente” en la junta de accionistas del 7 de mayo de 2008. Pero unos meses después, el 13 de noviembre de 2008, el entonces secretario general y del consejo de administración de Codere, Rafael Catalá (hoy ministro de Justicia), informó a la CNMV de que Cabanillas había decidido no aceptar el cargo. No se explicaron los motivos.

Catalá fichó como secretario general de Codere tras su etapa como secretario de Estado de Justicia (2002-2004) en el último Gobierno de Aznar. Permaneció como directivo de la empresa hasta diciembre de 2011, aunque siguió vinculado a su fundación como patrono hasta 2014. El propio Cabanillas ocupa ahora ese puesto en esa fundación, constituida en 2007 “con el objetivo de impulsar y colaborar en iniciativas, tanto nacionales como internacionales, que permitan el desarrollo de políticas públicas adecuadas sobre el juego de azar”, según su web.

Sometida a un sector altamente regulado, Codere está acostumbrada a sentar a expolíticos en su consejo de administración. Tuvo como vocales hasta el año pasado a Juan Junquera (secretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero) y al profesor universitario José Ignacio Cases, secretario general de la Comisión Nacional del Juego en los años 80 y todavía vicepresidente de su fundación. Cabanillas es ahora el rostro del vínculo entre Codere y el PP.

El 30 de diciembre de 2011, tres días después de que Codere comunicase la renuncia de Catalá como secretario de su consejo de administración tras ser nombrado secretario de Estado en el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

La norma que oficializaba el mayor recorte de gasto público de la democracia contenía una pildorita reservada a Codere. Unos meses antes, en vísperas de la aprobación de la Ley del Juego por parte del Gobierno de Zapatero, la empresa había reclamado sin demasiado éxito que, ante la esperada irrupción de los operadores de juego online (muchos de ellos radicados en Gibraltar), la ley exigiera el “desarrollo por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los planes de inspección necesarios para promover la regularización fiscal de los impuestos no satisfechos en los últimos ejercicios” por parte de los competidores de Codere.

Con la llegada de Rajoy (y de Catalá) al Gobierno, Codere tuvo más suerte. El Real Decreto Ley aprobado por el PP nada más llegar prorrogaba la entrada en vigor del régimen sancionador de la Ley para permitir “resolver determinadas solicitudes de licencia presentadas, pues de otro modo algunas entidades podrían resultar perjudicadas por la citada entrada en vigor durante la tramitación de dichas solicitudes”. Entre esas entidades “perjudicadas”, señalan en el sector, estaba Codere.

El círculo se cerró el 23 de enero de 2013. La agencia Bloomberg publicó un extenso reportaje en el que revelaba la relación entre Codere y el despacho de asesoría que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Y, tras exponer las gestiones en favor de Codere de esa firma de lobby, participada hasta unos meses antes por un hermano del propio ministro, Bloomberg acusaba al Ministerio de Hacienda de forzar a las operadoras de juego extranjeras al pago de 150 millones en impuestos bajo la amenaza de perjudicarles en la concesión de esas licencias y, con ello, beneficiar a Codere.

Hacienda se apresuró a publicar un contundente desmentido en el que negaba “tajantemente la acusación de tráfico de influencias en favor de la empresa española de juego Codere por supuestos contactos personales con el ministro”. Y anunció una querella contra Bloomberg y el periodista que firmaba la información. Cuatro años después, nada se sabe de esa querella.