Wakanda, el reino que gobierna T’Challa, más conocido como Black Panther, es un sitio estupendo no sólo porque luce una naturaleza apabullante. El país inventado por Marvel para su primer héroe negro es una utopía africana y tecnológica en la que —más allá del pequeño detalle de ser una monarquía en la que el rey es elegido por el poco democrático sistema de la pelea ritual con jefes de otras tribus—, se vive tan bien que se tienen que esconder del resto del mundo no vaya a ser que alguien descubra sus yacimientos de vibranium y todo se vaya al garete. La capital, por ejemplo, es el paraíso del urbanismo responsable: convenientemente densa, con enormes rascacielos pero también edificios más amables, una mezcla de usos estupenda, llena de vida en la calle, sin contaminación en el aire y ni un solo coche circulando. Por Golden City pasan tranvías sin conductor para los trayectos cortos y unos trenes maglev (de levitación magnética) para los viajes más largos. El resto de los itinerarios en la metrópoli inventada para el cine se hacen a pie, caminando sobre una calzada cubierta en parte por hierba. Así, el lugar luce un espacio público muy saludable que ha llamado la atención a un montón de medios y periodistas norteamericanos interesados en temas urbanos, que lo han puesto como modelo para cualquier urbe del mundo.

Barcelona no es Golden City. Tampoco España se parece a Wakanda. A nuestro rey no se le elige, ni siquiera a puñetazos, y la única identidad secreta que se sospecha de nuestro presidente, la de M. Rajoy, no da tanto para un tebeo de Stan Lee como para uno de Vázquez. Barcelona no es Golden City, digo, a pesar de que también ha sido puesta como modelo en materia de movilidad sostenible y transformación del espacio público por medios de todo el planeta. Fue hace un par de años por eso del relanzamiento de la estrategia de las supermanzanas —qué nombre más propio para este texto—. La pena, y eso los titulares extranjeros lo están contando menos, es que la realidad ha superado a la ficción y la implantación de las superilles ha sido frenada un poco por el desacierto en la implementación de la primera de esta serie, la de Poblenou, y bastante por el lamentable aprovechamiento político posterior de partidos de oposición a los que se suponía comprometidos con el modelo. De eso, de los supervillanos de la política lamentable, van estas letras o al menos parte de ellas.

¿Mal negocio?

Acaban de volver a actuar. Ha sido el martes y con la excusa del tranvía de la Diagonal. El proyecto de conexión de los dos tramos se debería votar en pleno el próximo 23 pero ERC ya ha anunciado que va a decir que no y que, por tanto, se lo va a cargar. Alfred Bosch, presidente de ese grupo municipal, ha sido capaz de asegurar sin sonrojarse demasiado que “para la ciudad es mal negocio”. Básicamente, Bosch y su partido se han pasado por la piedra su programa electoral, las lógicas de movilidad imperantes en Europa y las acuciantes necesidades de esa ciudad de reducir el tráfico y la contaminación. ¿Por qué? ¿Para qué? Sospecho que para lo que ellos creen que sí será un buen negocio, en este caso electoral.

La movilidad sostenible, como tantas otras cosas, se ha convertido en un arma arrojadiza dentro de la guerra partidista. Da igual que se trate de mejorar la calidad del aire, de evitar las multas de Europa, de trabajar para paliar un problema de salud pública, lo que hay que hacer es derrotar al adversario. Como los malos de los tebeos.

Provocar sin dar doctrina

En este contexto tan ilusionante, llega a Barcelona Adéu al cotxe! ¿Cómo liberar Barcelona del vehículo privado? Se trata de un ciclo que se presenta a finales de mes y que tendrá lugar en la Sala Beckett en abril y que pretende sacar el tema del cambio de modelo de movilidad de los círculos de convencidos. La propuesta combina espectáculos escénicos, lecturas dramatizadas, piezas audiovisuales, reflexiones plásticas y charlas y conferencias para contar a nuevos públicos que “hay que preparar las ciudades para que vuelvan a funcionar sin un medio de transporte que, muy probablemente, acabará cayendo por su propio peso”.

Andreu Rifé, actor y músico, y David Bravo, arquitecto, son los comisarios del asunto. El primero lleva la parte artística, el segundo se ocupa de las ponencias. Han diseñado un programa que quiere “ser provocador sin dar doctrina. A ver si conseguimos que la gente discuta sobre esto, que la ciudadanía llegue a reflexionar de verdad, que se aleje por un momento del ruido malintencionado al que estamos sometidos”. Así me lo cuenta David por teléfono. Me explica también los cuatro ejes de las charlas: la batalla cultural —precisamente, sobre la propaganda de la industria automovilística y cómo resistirla—; la reconquista de la calle —sobre cómo recuperar espacio para el transporte público, las bicis y los peatones—; el urbanismo después del coche —pues eso, cómo debería ser la ciudad sin todos esos vehículos—; y el cambio de paradigma —la transformación necesaria del modelo económico—. Las conferencias las dan personas que saben bien de lo que hablan como Maria Buhigas y Manu Fernández, los espectáculos previos —a cargo, entre otros, de Oriol Morales, Pablo Rosal o el propio Rifé— también tienen muy buena pinta y, en definitiva, la cosa es muy recomendable. Pero, ¿es realista despedirse ya del automóvil o es ciencia ficción?

La respuesta da, más que para otro texto, para casi una vida. La industria automovilística, que es una de las arterias del mercado, no sólo invierte muchísimo más en publicidad que lo que se invierte en infraestructuras de transporte público sino que está tomando posiciones para seguir vendiendo de otra manera: coche eléctrico, car sharing, vehículo autónomo. Además, el coche sigue siendo una herramienta fundamental (o percibida como tal) para muchísima gente y para darse cuenta de ello conviene levantar la mirada del centro. No sólo para mirar a las periferias de los meollos urbanos de localidades europeas y avanzadas, sino a los países periféricos y sus carencias y necesidades de transporte y movilidad. Hay muchísima gente en todo el mundo que no puede o no quiere decir adiós al coche. Y la única forma de cambiar eso es la que representa en negativo la decisión de ERC esta semana.

Hacen falta acciones políticas valientes para cambiar el rumbo de las cosas, hacen falta decisiones que pongan el interés general por encima de todo, ¿hacen falta superhéroes enmascarados? Pues no, tan sólo personas con sentido común, criterio, integridad, empatía y visión de futuro. Seguiremos leyendo tebeos.

Después de su dimisión como consejero de Podemos en Sevilla porque ya no tenía “nada que aportar”, el exdiputado por Almería David Bravo ha dicho este viernes a través de Twitter: “Hasta aquí llegó Podemos para mí”. El motivo es la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, donde se prevén multas administrativas por opinar en redes sociales. 

El contenido de la misma ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, donde, tras leerla alertada por comentarios en redes sociales, David Bravo ha resumido sus razones:

En declaraciones a eldiario.es/andalucia, David Bravo ha comentado que, pese a que comparte el objetivo de la proposición de ley, no está de acuerdo con un contenido que hurta la autoridad de los jueces con este tipo de propuestas. “Mientras Podemos mantenga esta proposición de ley, no lo apoyaré”, ha aseverado, si bien ha reconocido que actualmente ni siquiera sabe si está de alta o de baja en el censo de una formación con la que ha mantenido un compromiso muy activo.

En este sentido, el abogado ha explicado que “los conflictos entre libertad de expresión y otros derechos deben ser competencia exclusivas del poder judicial y no del legislativo”. Si no, entiende que “Podemos propone apartar a los jueces por su propia Ley Mordaza”.

En concreto, en la norma de Podemos se proponen multas administrativas por “difundir en internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias”, entre otros puntos.

“Me convertí en lo que se viene llamando un gilipollas”, dice hoy Pedro Farré de sí mismo para describir su paso por SGAE.

Yo le conocí personalmente en 2005, en los tiempos en los que se supone que lo era o que estaba en el proceso de convertirse. Eran también los tiempos en los que estaba muy viva la pelea de los grandes titulares de derechos de propiedad intelectual contra los usuarios que descargaban gratuitamente sus obras a través de internet.

Él era el estratega y la cara de la lucha contra la piratería en SGAE y no había debate en televisión, conferencia o mesa redonda que no contara con su presencia ni con su dedo acusador. Desde su atalaya moral se dedicaba a señalar a todo aquel que hubiera descargado alguna vez una canción sin pagar. Su reproche no era solo moral sino también jurídico y sostenía que las descargas de internet te podían llevar hasta cuatro años a prisión.

Coincidí personalmente con él hace ya 12 años en dos debates para la televisión, uno celebrado en La 2, al que él iba como acompañante de Teddy Bautista, que era el que intervenía, y otro celebrado en Canal Sur, donde ya fue él directamente quien se prestó a debatir con nosotros ante las cámaras.

A Teddy Bautista no le fue bien en su debate. Su soberbia y su mal disimulado desprecio hacia los que defendíamos una nueva forma de ver la propiedad intelectual le hicieron perder prácticamente antes de empezar. Él fue, sin ninguna duda, su peor enemigo aquella noche.

Dos semanas después envió a Canal Sur a Pedro Farré, el protagonista de esta historia, que fue con todo el ímpetu y las prisas de quien quiere remontar en el partido de vuelta un marcador muy desfavorable. No recuerdo gran cosa de ese debate excepto la figura de Pedro Farré haciendo aspavientos, llamándome pirata y menospreciando mi preparación, que él deducía de mis pocos años y de mi ninguna corbata. Aquí tienen un resumen de aquellos dos debate: 

Tras este enfrentamiento televisado no volví a verle en persona porque se dedicó a vetarme de todos aquellos eventos a los que acudía y en los que ponía como condición que yo no apareciera por allí. Me centré entonces en la pelea legal en los juzgados y el debate público pronto se convirtió en un monólogo de Farré, quien hoy se considera un ser anónimo, un mero “soldado de la casta”, pero que para nosotros era el mayor y más peligroso lobbista en favor de las tesis más reaccionarias sobre la propiedad intelectual. Durante aquellos años de monólogo pidió el fin del anonimato en internet, defendió la cárcel para los que descargaban para uso privado y aseguró que detrás del movimiento copyleft estaba Microsoft y otros “oscuros intereses”.

Decidió dejar SGAE tras varios años de servicio, en los realizó con eficacia su trabajo de lobby a puerta cerrada y el de cara antipática de esa entidad en sus apariciones públicas. Y ahí desapareció su rastro. No volví a saber nada de él hasta que fue detenido años después por haber gastado casi 40.000 euros de la tarjeta corporativa de SGAE en prostitutas. Fue condenado a dos años y medio de prisión.

Ahora ha publicado un libro en el que cuenta su periplo en SGAE y su descenso a los infiernos.

El libro es interesante por la fotografía que hace de este país y de cómo son las dinámicas de poder. Pero, para mí, es especialmente valioso en la medida en la que confirmaría cada una de las sospechas que durante años venimos sosteniendo desde internet los que denunciábamos la desigualdad de armas de unos y otros en la guerra iniciada por las grandes empresas titulares de derechos de propiedad intelectual para no tener que cambiar su modelo de negocio.

La industria y su pretensión de formar jueces, policías y fiscales

Imaginen un debate jurídico que enfrenta también dos maneras de ver el mundo, como por ejemplo el debate que existe hoy sobre la libertad de expresión en redes sociales. Imaginen que ese debate finalmente se traslada a sede judicial. Imaginen también que la parte que ejerce de acusación en esos procedimientos es además la que imparte cursos a los jueces de cómo debe interpretarse esa misma ley que ellos esgrimen en esos tribunales.

Esto mismo es lo que venimos denunciando desde hace ya más de una década en el mundo de la propiedad intelectual. Las mismas personas que mantienen tesis jurídicas que, de ser ciertas, mandarían a prisión a medio país y que ejercen las correspondientes acciones legales, son las mismas que organizan seminarios para instruir a los jueces.

La Federación Antipiratería (FAP), integrada por las grandes majors del cine y los videojuegos, decía en su propia página web que vienen “desarrollando sistemáticamente la organización de seminarios y conferencias dirigidas a jueces, magistrados y fiscales, realizando mayor esfuerzo de información en aquellas zonas donde la actitud de los jueces y fiscales resulta menos proclive a la consideración delictiva de prácticas de piratería”.

Es decir, si la FAP detecta que hay zonas donde no se tiende a condenar a quienes ellos querrían, rápidamente ponen en marcha su función pedagógica. Obviamente no es cierto que existan jueces que no sean “proclives a la consideración delictiva de prácticas de piratería”. Todo juez considera delictiva la piratería, lo que ocurre es que los hay que no consideran piratería lo que la FAP se empeña en señalar como tal. Para que esto cambie, la FAP tiene todos los recursos económicos necesarios para la adecuada concienciación judicial.

Como quien no reconoce nada especialmente malo, Pedro Farré confirma en su libro lo que ya sabíamos. SGAE, es decir, la propia acusación particular en numerosos asuntos penales, se encarga de formar a jueces, policías y fiscales.

Dice Farré que eran “habituales los seminarios con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, que “las relaciones entre la SGAE y los distintos cuerpos policiales eran cada vez más fluidas” y que los distintos agentes “parecían competir entre ellos por realizar las operaciones más impactantes y mediáticas”.

En lo que respecta a los jueces, Farré se queja de que las sentencias evidenciaban “una carencia de formación judicial”, que es lo que suele decir SGAE de los jueces que no le dan la razón. Por tanto uno de los objetivos primordiales consistía “en que la judicatura pudiera comprender mejor los derechos de propiedad intelectual y las normas penales que perseguían su vulneración”, cuestión de la que, al parecer, no tenían la más remota idea dado su oficio de meros jueces.

De ahí los dos grandes congresos jurídicos de 2004 que se celebraron “por todo lo alto” y que para Farré tuvieron “una importancia decisiva”. Verdaderamente espeluznante es que Farré cuente, como quien tiene la verdad absoluta y por tanto derecho a pontificar con ella, que trasladaron en avión a “decenas de magistrados y fiscales” junto a “destacados miembros de la UDEF de la Policía Nacional, de la UCO de la Guardia Civil” a los congresos celebrados en “dos estupendos hoteles” donde “el equipo jurídico de la SGAE pudo impartir a tan selectos auditorios su doctrina sobre los derechos de autor”.

Imaginen cómo se queda al leer esto un denunciado por estos grandes conglomerados y sus abogados, que solo tienen los momentos procesales oportunos para trasladar al juez “su doctrina sobre los derechos de autor” y jugándose la cárcel en el intento.

¿Quién es el legislador?

Pese a los esfuerzos de adoctrinamiento, dice algo muy bueno de los jueces la enorme cascada de casos perdidos por la industria del entretenimiento desde el año 2006 en adelante y muy poco de nuestra clase política el inmediato cambio de las leyes para que eso no volviera a pasar.

Las relaciones de SGAE con la clase política queda perfectamente retratada con la grimosa escena en una zona VIP repleta de directivos y políticos españoles en un concierto en Uruguay. Me refiero a ese momento en el que Amaral salió al escenario y Leire Pajín, por entonces secretaria de Estado de Cooperación, agarró con ímpetu a Farré y se puso a bailar y a cantar con él rollo La La Land.

Y es que, según Farré, la relación de SGAE con el PP y, sobre todo, con el PSOE era  fluida y la elaboración de los diferentes proyectos legislativos contaba a veces con su presencia directa en los despachos del Congreso. Así ocurrió cuando SGAE se empeñó en sacar adelante el famoso canon digital, que terminó con el propio Farré en el Congreso retocando a última hora una enmienda al texto para que pudiera ser finalmente aprobado. En la reunión estaba, según Farré, David Trueba y Rosa León que también ayudaron a dar “los últimos retoques a aquella enmienda”.

El canon se aprobó ese mismo día y aumentó la recaudación de las entidades de gestión en 100 millones de euros más al año, 40 de los cuáles iban a parar a SGAE. Años después el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal el canon digital y aunque eso abría la posibilidad de una reclamación por enriquecimiento injusto por los cientos de millones recaudados durante esos años, el Gobierno sacó un Real Decreto que decía que lo que se da no se quita e hizo borrón y cuenta nueva.

Ni qué decir tiene que el libro desvela que básicamente es EEUU quien viene exigiendo las leyes de propiedad intelectual que debe tener este país, una sospecha que ya teníamos muchos y que en cualquier caso se convirtió en certeza con las revelaciones de Wikileaks. Dice el libro que “durante los años del Gobierno de Zapatero, la embajada de Estados Unidos fue tremendamente activa en su posicionamiento sobre el tema de la piratería, tratando de que el Gobierno impulsara las reformas necesarias, moviera aún más a las fuerzas policiales y, sobre todo, para que dictase instrucciones a la Fiscalía sobre el modo en que debían perseguirse estos delitos”, algo que al parecer no sabían hacer hasta que EEUU vino a sacarles del error.

Camino a la perdición

Pedro Farré describe en su libro su cambio físico y moral durante aquellos años, que le llevaron a dejar hastiado la entidad en 2009. Pero como él había terminado con su pasado pero su pasado todavía no había terminado con él, dos años después llegó su detención y con ella su “muerte civil”. “Ya sé por qué me detienen. Por el asunto de las putas, ¿verdad?”, dijo Pedro Farré a los agentes, confesando así apenas había entrado en el coche.

Y sí, era por eso. Pedro Farré fue imputado por haber gastado con su tarjeta de crédito corporativa de SGAE algo más de 39.552 euros en servicios de prostitutas de lujo. En el libro habla largo y tendido de estos servicios, que él llama, como una especie de experto en la jerga, los sitios “de las luces de colores”.

Lo inquietante no es que Farré se gastara el dinero de SGAE en prostíbulos (lupanares, los llama él cuando se pone en plan literato) sino que pueda ser verdad que aquellos gastos eran conocidos y aceptados por SGAE, que resultaban comunes e incluso que de algún modo fueran parte de su trabajo porque tenían como objeto agasajar a personas clave para su lucha contra la piratería. En el juicio se defendió precisamente con esta tesis, como cuenta en su libro dijo “que aquellos eran lugares completamente legales donde se servían copas, que una de mis funciones era la de agasajar a personas con las que la SGAE se relacionaba y que todos mis gastos habían sido siempre aprobados por mi empresa sin reproche alguno”.

Los hechos probados de la sentencia del Juzgado Central de lo Penal no dicen eso. La resolución declara que Farré gastó esa cantidad para su exclusivo beneficio y que además, con el fin de enmascarar ante la SGAE la verdadera naturaleza de las prestaciones recibidas, elaboró y presentó en la contabilidad de esa entidad “diez recibos completamente inveraces”.

En el juicio un responsable de uno de los prostíbulos declaró que Farré acudía “generalmente solo”, que subía a las habitaciones del hotel y que llegaron a prohibirle la entrada por deudas y discusiones con las mujeres que prestaban servicios sexuales. Otro responsable de otro local explica que Farré llegaba al local e “invitaba a copas a todas las chicas” y que entraba a las cinco de la tarde en un camerino y salía a las seis de la mañana del día siguiente “cambiado de chicas con frecuencia”.

No hubo nada que hacer y le condenaron a dos años y medio de prisión.

Pecado, redención y gracia

Una década después de haber sido una pieza fundamental en el lobby de las entidades de gestión y ya desde prisión, Farré alcanza su redención con la confesión de su culpa. Tras pasar unos años en SGAE “me convertí en un gilipollas”, dice a los que no tenemos modo de saber si acaso no lo era ya antes. Con casi la mitad de la condena cumplida, con bastantes kilos menos y con la concesión del tercer grado, Pedro Farré ha reaparecido con un libro bajo el brazo para decir que es un hombre nuevo.

Reconoce en su libro sus pecados, al mismo tiempo que atenúa su gravedad apelando a una conspiración que le convierte en cabeza de turco y a la intrínsecamente oscura condición del alma humana.

Se presenta como una persona transformada con la intención de ayudar a los demás. Una meta loable y un ejemplo de reinserción. Lástima que esta búsqueda de redención y gracia esté inevitablemente condicionada por el filtro de la realidad que impone estar acostumbrado a codearse con las altas esferas y a empatizar fundamentalmente con sus problemas. Dice Farré que quiere “usar todo este sufrimiento para ayudar a gente que atraviese situaciones” como la suya y “asesorar a personas que lo pasen mal”. Y pone un ejemplo: “Los de las black deben de estar deseando que alguien les aconseje... Lo haría, pero cobrando algo, claro. Tengo que intentar salir adelante”.

El exdiputado y abogado David Bravo ha anunciado su dimisión del Consejo Ciudadano Municipal (CCM) de Sevilla en una carta a sus compañeros en la que justifica su decisión porque ya no tiene “nada que aportar”, como ha adelantado eldiario.es/andalucia. Tras su cese, hablamos con este militante de Podemos que ha tenido un papel clave en el programa de Podemos relacionado con la cultura, la propiedad intelectual y la libertad de expresión, aparte de haber protagonizado algunos de los mítines más comentados de la campaña para el 20D, donde lideró la lista por Almería.

Dice que se va porque no tiene ya “nada que aportar”. ¿No es un poco fuerte que lo diga a su edad y después de una experiencia tan corta en la política?

Donde creo que no tengo nada que aportar es específicamente en el CCM de Sevilla teniendo en cuenta las tareas que tiene ahora por delante. Cuando me presenté como candidato al CCM de Sevilla tenía intención de llevar desde ahí ciertas ideas relacionadas con cultura libre y libertad de expresión al ideario de Podemos. He podido hacerlo. Ha quedado recogido en su programa y veo que se está siguiendo esa línea de trabajo en las diferentes comisiones del Congreso de los Diputados.

¿Pero el CCM de Sevilla ya no aborda estos temas?

Tras las elecciones generales, lo que ahora queda exclusivamente por delante en el CCM de Sevilla tiene más que ver con el desarrollo de una política local en la que creo que ahora mismo no tengo mucho que aportar.

¿Qué pesa más realmente? ¿Eso o su desencanto con Podemos? ¿O es simplemente que han pesado mucho las cuestiones familiares como cuando decidió no repetir en las listas?

La razón es exclusivamente la dicha: una vez terminadas las elecciones generales y habiendo aportado al partido las ideas por las que se pensó en mí y viendo que se están desarrollando ya de forma autónoma, no tengo un interés especial en ocupar un asiento por el simple hecho de que tenga mi nombre. Si no eres útil para esa tarea en ese momento y ese lugar, lo mejor es siempre dejar el sitio libre.

¿Podríamos decir que usted también es víctima de la desafección de la política que sufren los ciudadanos o va a seguir enganchado de alguna manera?

No tengo ninguna desafección de la política. Nunca la he tenido. Hasta que llegó Podemos la tenía sólo de los partidos, pero siempre he estado relacionado con la política de alguna u otra forma.

¿Ha tenido en esto algo que ver cómo está llevando su partido la preparación para Vistalegre II?

Lo que está ocurriendo con la preparación para Vistalegre es vergonzoso y descorazonador, pero no es la razón de mi dimisión.

¿Va a asistir a la asamblea?

No.

¿Y a votar?

Sí, ya lo he hecho.

¿Qué proyecto le convence más?

El de Íñigo Errejón.

¿Cree que su partido está confundiendo el debate de cara a estas primarias? ¿Es víctima de los mismos errores que otros?

Sin ninguna duda.

¿Se plantea en un futuro cambiar de opinión? ¿en qué condiciones?

La única condición es sentir que puedo ser de utilidad y que mi aportación pueda servir para cambiar algo. Con las reformas que planean ahora contra la libertad de expresión en internet y a favor de las restricciones en el ámbito de la propiedad intelectual creo que soy más útil en los juzgados, donde tendremos que combatirlas mientras las reglas del juego las sigan haciendo los que hasta ahora.

Lo anterior es plenamente coherente con el programa electoral de PP y Ciudadanos y lo es también con la postura mantenida por ambos en la anterior legislatura

Antecedentes.

Hace ahora exactamente 10 años se produjo la que, según los medios de comunicación, fue la “operación más importante contra la piratería en toda Europa”. En la redada fueron detenidas 15 personas por administrar páginas de enlaces a redes P2P, lo que se celebró, además de por la industria de los contenidos, por Carmen Calvo, la por entonces ministra de Cultura, que dijo en una intervención en la Biblioteca Nacional que esta operación fue una de las más importantes actuaciones durante su cargo.

Las detenciones de aquella operación policial fueron narradas por los medios de comunicación como si se tratasen ya de sentencias condenatorias. Un grupo editorial introdujo en varios periódicos de su ramo un mismo editorial titulado 'Piratas en la Red' en el que se decía que “los quince detenidos (...) formaban parte de la mayor organización clandestina europea de redes P2P (...). Por impopular que resulte, debe desenmascararse tan perversa visión de la Red e impedir que en aras del espíritu de absoluta libertad con el que fue concebida ésta termine convirtiéndose en un auténtico santuario de ciberdelincuentes (...)”.

La reseña de SGAE de la redada policial tampoco esperó a que los jueces se pronunciaran y decía que “la citada operación policial evidencia que la difusión de contenidos protegidos a través de los conocidos sistemas de intercambio de archivos peer to peer (p2p), lejos de ser algo legal, esconde en realidad la comisión de auténticos delitos”.

En el mismo sentido, ACAM, la Asociación de Compositores y Autores de la Música, dijo que esta redada demostraba que el intercambio en redes P2P es un delito y ofreció un listado de las páginas denunciadas bajo el titular de “Páginas desde las que se delinquía”.

Para sorpresa de todos ellos, los casos no llegaron ni a juicio. Los asuntos relativos a la “mayor operación contra la piratería en toda Europa” no merecieron siquiera pasar de la fase de instrucción y fueron recibiendo resoluciones que sobreseían y archivaban el caso. Y lo hacían, no porque no hubiera podido quedar indiciariamente acreditado el hecho que se denunciaba o su autor, sino porque el hecho denunciado -y pacíficamente admitido por los imputados, que se declaraban además autores de los mismos- sencillamente no era delictivo.

El caso Sharemula, el primero en recibir una resolución de archivo de sus actuaciones, y las resoluciones posteriores, fueron para la industria de los contenidos una hemorragia difícil de parar. Los anteriores enemigos públicos número uno, las páginas de enlaces a contenidos, dejaron de ser el objeto principal de queja de la industria para ser sustituidos ahora por los propios jueces que les dejaban escapar vivos de los procedimientos en los que habían sido sepultados.

La Coalición de Creadores, lobby de presión que engloba a la industria de los contenidos en España, dijo que la resolución Sharemula era un ejemplo de la ignorancia que hay en España sobre propiedad intelectual. En ese mismo sentido, la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), coalición que engloba a las multinacionales estadounidenses de la industria del copyright incluyó dos años consecutivos a España en su informe 301 declarándolo como país donde no se respetan adecuadamente los derechos de autor. El informe cita expresamente a la resolución Sharemula a la que considera el mayor ejemplo de la frustración que siente la industria por los “procesos judiciales en España”.

No tardó mucho España en conseguir un jarabe para curar tanta frustración estadounidense y pocos meses después del goteo de resoluciones negativas para la industria anunció la que hoy se conoce como Ley Sinde, que hace que ahora no sea un juez quien tenga competencia exclusiva para decidir si las páginas de enlaces cometen una infracción y si deben o no cerrarse, sino que lo puede hacer el propio Ministerio de Cultura, aquel que aplaudió las detenciones. Y así, sin cambiar las normas del juego pero sí al árbitro, la industria empezó a ganar en vía administrativa todo lo que no pudo ganar en los juzgados ordinarios.

Cuando esta Ley solo era un anteproyecto, una abogada de la industria justificó el movimiento diciendo que la razón de esta reforma legal se halla en que “los jueces estaban aplicando mal el Código Penal”. Por su parte el abogado de EGEDA, José Antonio Suárez, apeló a los tiempos de la caza de brujas en EEUU y dijo que “habría que recurrir a McCarthy: un solo comunista en el Senado es demasiado. Lo mismo ocurre con las descargas”, dejando claro con su analogía cuáles son sus referentes políticos más inmediatos.

Incluso muchos artistas y autores que se califican de izquierdas, aplaudieron sin ninguna reserva a la Ley Sinde, pese a que era un atajo burdo que atacaba a la separación de poderes, y fue así porque en esta ocasión, justo la ocasión en que a ellos les concernía, sí que les pareció que los fines justificaban sobradamente los medios.

Unos años después llegó la Ley Mordaza que está sacada del mismo molde que la Ley Sinde: dado que tras el 15M los jueces no estaban dictando las resoluciones que quería el Gobierno en materia de derecho de manifestación, la ley mordaza llegaba para crear un cuerpo de infracciones administrativas que impidieran que la judicatura siguiera aguando la fiesta al Ejecutivo, que se hacía ahora con las riendas del asunto. Tal y como dijo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “ahora las sanciones no son resueltas por un juez imparcial sino por un Gobierno que puede tener intereses políticos ante protestas sobre su gestión”.

Ambos casos, la Ley Sinde y la Ley Mordaza, aplica a la perfección el proceso que Boaventura de Sousa Santos explicaba en su libro 'Sociología jurídica crítica': “Los intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial suceden por razones semejantes y recurriendo a medios similares: transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no resulta extraño que la Ley Sinde consiguiera reunir rechazos de heterogéneos sectores sociales y políticos. El truco era tan burdo que hasta los beneficiados por él -al menos aquellos con principios sólidos- se posicionaron en contra, en una suerte de rechazo a aceptar un gol a favor que se metía con la mano y que abría -como de hecho abrió- un precedente peligroso. El caso de Álex de la Iglesia, dando ejemplo de coherencia y honestidad con su dimisión ante el estupor de algunos de sus colegas, es sin duda paradigmático.

El pacto PP y Ciudadanos y la mentira por el bien de España

El 91 de los “150 compromisos para mejorar España” firmado por PP y Ciudadanos en su reciente brindis al sol manifiesta que “se reforzará la Comisión de propiedad intelectual sección segunda para mejorar su eficacia en la lucha contra el tráfico ilegal de contenidos”. La Comisión del Ministerio de Cultura a la que se refieren es, precisamente, la que creó la Ley Sinde para que resolviera en vía administrativa las disputas que tenía la industria contra las páginas de enlaces y que, con sorpresa para nadie, les está dando la razón en todos y cada uno de los procesos que antes perdían en los tribunales. En resumidas cuentas, el pacto refuerza -si es que aún puede reforzarse más tras la última reforma- la que conocemos como Ley Sinde.

Lo anterior es plenamente coherente con el programa electoral de PP y Ciudadanos y lo es también con la postura mantenida por ambos en la anterior legislatura (aquí les dejo mi intervención de respuesta en el Congreso en representación de PODEMOS contra la PNL propuesta por el PP y a la que se adhirió Ciudadanos con indisimulado fervor).

Yo, sin embargo, no puedo estar más de acuerdo con la postura mantenida por este joven político que resume a la perfección mi postura al respecto. Dice esta promesa de la nueva política actual en su libro de 2015 que:

“Es necesario reformar esa ley, porque genera inseguridad jurídica en un sector económico emergente y porque, a mi juicio, se ha cometido un atropello de ciertos derechos fundamentales. La comisión Sinde permite que un órgano administrativo decida cerrar un negocio, una web y meter en la cárcel a alguien o poner una multa considerable (…) La única instancia que debería tener poder para cerrar una web o un negocio en Internet es un juzgado. Y ningún funcionario o secretario de Estado debería tener potestad para hacerlo. No creo que criminalizar el enlace resuelva el conflicto. Es un error intentar ponerle vallas al campo en pleno siglo XXI. (…) Criminalizar el enlace es ir contra la línea de flotación de Internet, porque, en última instancia, el enlace no es más que un mecanismo de conexión con el propio mundo de Internet, al que no le puedes poner puertas. El planteamiento en sí ya es un error. La ley, tal y como ha sido redactada, y la solución de criminalizar el enlace, responde más a una incapacidad a la hora de comprender que el mercado del siglo XXI se ha transformado drásticamente. Hay que cambiar la filosofía y sentar a la mesa a todos los agentes implicados. Si soy elegido para gobernar, me comprometo a añadir sentido común y a intentar acercar posiciones”.

¿Que quién es el político citado? Es Albert Rivera, en su libro 'El cambio sensato'.

El abogado y conocido activista digital David Bravo, especializado en propiedad intelectual, ha logrado un escaño en el Congreso de los Diputados. El respaldo al candidato de Podemos como número 1 de la lista por Almería rebate así el resultado del barómetro preelectoral del CIS, que no otorgaba a Bravo los votos necesarios para acceder a la Cámara de los Diputados.

Bravo ha concurrido a los comicios por la provincia de Almería, pese a que ha desarrollado su actividad política dentro de la formación en Sevilla, su ciudad natal y donde forma parte de la dirección del partido tras las apretadas primarias celebradas hace meses.

La lista de Podemos ha registrado 39.400 votos (12,85%) y Ciudadanos, también con un escaño, ha alcanzado los 44.231 (14,38%). PP pierde la mitad de sus diputados (de cuatro a dos), aunque se mantiene como la fuerza más votada con 116.852. PSOE, con 88.802 votos, conserva sus dos diputados.

El origen también sevillano del secretario de organización de Podemos, Sergio Pascual, ya reservaba para él el puesto número 1 de la lista por Sevilla, así que al final Bravo encabezó la lista almeriense.

Bravo fue en su momento uno de los nombres más llamativos en la candidatura impulsada por Pablo Iglesias para dar forma a Podemos en Sevilla, y como tal fue elegido uno de los hombres fuertes en las primarias para la dirección del partido tras una apretada votación en la que la propuesta de Pablo Iglesias y encabezada por Begoña Gutiérrez, ganó por un estrecho margen frente a la candidatura de la corriente crítica.

Juan Antonio Delgado también se alza como diputado

Otro de los fichajes de Podemos que ha superado el mal pronóstico que le dedicó el barómetro preelectoral del CIS ha sido Juan Antonio Delgado. Número dos de la candidatura de Podemos por Cádiz, se pasa a la política tras 23 años en el cuerpo de la Guardia Civil. Los últimos 18 ha ejercido de portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Según el CIS Delgado no iba a obtener el respaldo suficiente para conseguir un escaño al Congreso, aunque sí la número 1 de la lista, Noelia Vera. Con el escrutinio finalizado, Podemos se ha alzado con dos diputados como la tercera fuerza en la provincia por detrás del PP, que deja de ser la fuerza más votada y se queda con tres diputados, de los cinco que obtuvo en 2011. PSOE, aunque pierde votos, alcanza la primera posición gracias al desplome del PP, y mantiene sus 3 diputados.

El número 1 reservado para Sergio Pascual en Sevilla y el número 3 del nuevo fichaje, Pérez Royo, llevan a la formación a buscar nuevo hueco para el que fue uno de sus fichajes estrella para la formación del partido en Sevilla

El abogado, especializado en propiedad intelectual, dice que su intención es llevar al Congreso temas sectoriales como "el software libre, la cultura, el copyleft y abrir el conocimiento"

El abogado y conocido activista digital David Bravo será candidato de Podemos como número 1 de la lista por Almería al Congreso, a pesar de que hasta ahora ha desarrollado su actividad política dentro de la formación en Sevilla, su ciudad natal y donde forma parte de la dirección del partido tras las apretadas primarias celebradas hace meses.

Así lo ha anunciado Podemos en Twitter:

“Mi intención es sumarme a este proyecto para llevar al Congreso cuestiones que llevan años ignoradas en la política que tienen que ver con el software libre, la cultura, el copyleft y abrir el conocimiento”, explica Bravo en un vídeo difundido por Podemos en Twitter. “Mi idea, lo que quiero llevar a las instituciones, es que solo se defiende la cultura compartiéndola”, añade.

El origen también sevillano del secretario de organización de Podemos, Sergio Pascual, ya reservaba para él el puesto número 1 de la lista por Sevilla. Empezó a contemplarse entonces que Bravo fuera cabeza de lista por Huelva, cosa que finalmente no ha ocurrido. El fichaje del constitucionalista Javier Pérez-Royo ha apretado aún más las listas sevillanas, con lo que Bravo, cuya área de experiencia no está vinculada a la política local, será candidato por Almería.

“Mi caso es especial porque lo que vengo a aportar a Podemos son cuestiones sectoriales que no tienen raíces en lo local sino que afectan al conjunto del Estado”, ha argumentado Bravo en declaraciones a eldiario.es. “En mi caso el criterio de la ciudad en la que nací no tenía tanto peso como con otros candidatos porque no es una cuestión local la que me ha traído aquí ni en la que puedo aportar algo de interés”, ha añadido.

Bravo fue en su momento uno de los nombres más llamativos en la candidatura impulsada por Pablo Iglesias para dar forma a Podemos en Sevilla, y como tal fue elegido uno de los hombres fuertes en las primarias para la dirección del partido tras una apretada votación en la que la propuesta de Pablo Iglesias y encabezada por Begoña Gutiérrez, ganó por un estrecho margen frente a la candidatura de la corriente crítica.

Podemos ha anunciado este miércoles a parte de sus candidatos para las elecciones del 20 de diciembre, entre los que se encuentran los ya anunciados como Julio Rodríguez, ex JEMAD, Pedro Arrojo o Tania Sánchez. También ha confirmado como número 1 de la candidatura de Cádiz, uno de los bastiones de la corriente crítica interna en Podemos, a Noelia Vera, periodista y parte del equipo de confianza de Pablo Iglesias tanto en el equipo de comunicación de Podemos como previamente en La Tuerka, donde ha sido presentadora y reportera.

El juzgado de instrucción de Madrid ha decidido abrir diligencias penales contra todos los miembros de la conocida como Comisión Sinde por un cargo cuya pena puede subir a los diez años de inhabilitación.

Hace unos meses, un juzgado de instrucción de Madrid concluyó que el administrador de una página de enlaces no era infractor de la propiedad intelectual, considerando que enlazar sin almacenar no es “comunicar públicamente”. El mismo día, la comisión Sinde había irrumpido en el proceso judicial para declarar exactamente lo contrario –que enlazar era comunicar públicamente–, a pesar de la resolución del juez.

Según su abogado, el activista especializado en Propiedad Intelectual y columnista de esta casa David Bravo, la comisión podría haber cometido tres irregularidades: no respetar el principio de prejudicialidad penal, diseñado precisamente para evitar resoluciones contradictorias; arbitrariedad a la hora de dictar las resoluciones (puesto que la misma comisión declaró una cosa y la contraria en casos idénticos, con pocos meses de diferencia) y, por último, una falta de coherencia en su propio proceder al preguntar al juzgado si existe prejudicialidad penal y dictar resolución sin esperar respuesta, demostrando que el proceso era una simple formalidad estética.

Por estos tres motivos, Bravo presentó hace tres semanas una querella por prevaricación contra todos los miembros de la comisión Sinde, titulares y suplentes, incluida su presidenta, Teresa Lizaranzu. Esta mañana el juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a trámite dicha querella y ha abierto diligencias penales para la investigación de la comisión del presunto delito. Siendo los querellados todos los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministro de Cultura, el auto judicial ordena que se dé parte al abogado del estado de la admisión a trámite de la querella.

El delito de prevaricación es dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia, y la pena correspondiente es la inhabilitación temporal en el ejercicio del empleo o cargo público. El artículo 404 del Código Penal dice a este respecto que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”

De momento, el abogado ha solicitado que se practique una diligencia de prueba donde se solicita el expediente administrativo de la comisión para ver qué funcionario o funcionarios han participado en su redacción, una medida que ya ha sido aceptada por el juzgado. Una vez identificadas, estas personas podrán ser imputadas por la presunta comisión del delito de prevaricación. La resolución contra la web de enlaces también ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional.