Cuando algo no nos ha acabado de encantar, pero tampoco nos disgusta, en muchas ocasiones utilizamos una expresión con la que queremos decir que no nos aporta emociones ni para bien ni para mal y usamos eso de “ni chicha ni limoná”.

A pesar de que es una frase que todavía podemos escuchar y usamos, no muchos pueden conocer exactamente su significado literal ni saben el origen que tiene, pues a menudo se podría pensar que “chicha” se refiere a una coloquial manera de dirigirse a la carne.

Sin embargo, está lejos de eso, y aquí la chicha es una bebida alcohólica tradicional indígena que fue uno de los iconos de las ciudades coloniales y de la que los españoles cayeron rendidos, tanto que dio lugar a una prohibición de la que podría derivar esta expresión.

La historia de la chicha: la bebida de los dioses que volvió “locos” a los españoles en América

La chicha es una bebida fermentada y no destilada que se elabora a base de maíz, de origen prehispánico y de fuerte sabor, que se considera tiene sus primeros resquicios en el año 300 a.C, por lo que se ha aceptado que su origen fuera anterior al del imperio inca, que en sus comienzos estaba destinada a las clases altas.

La bebida era considerada una herencia de los dioses que lo convirtió en un elixir para escapar de la rutina, también con un dulce sabor al añadir endulzantes al agua, los cereales o los tubérculos, así como saborizantes.

La bebida, en muchas ocasiones a base de yuca, era elaborada por las mujeres tradicionalmente, pasó a ser consumida en gran medida por todas las clases también desde que en la época colonial se hicieron conocidas las chicherías, establecimientos especializados en ella y que fueron un lugar problemático que dio base a la expresión que conocemos de “ni chicha ni limoná”.

La prohibición y control de la chicha

El alto consumo de la chicha se extendió durante la época colonial y las chicherías fueron en muchas ocasiones establecimientos que propiciaban el desorden público, por lo que se llevó a controlarlo a través de la prohibición de servirla a ciertas horas o durante todo el momento.

Así, la expresión “ni chicha ni limoná” saldría de esos lugares que no servían la bebida alcohólica, pero tampoco otro tipo de refrigerios dulces como la limonada, y que por tanto no eran las chicherías, que fueron perseguidas por la salud pública y moral desde el siglo XVIII con más ímpetu.

De hecho, la chicha se prohibió también en su consumo y venta en Colombia en 1949 para erradicarla debido al ‘Bogotazo de 1948’ que fueron unas protestas violentas y explosión de violencia que siguieron al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, jurista y ex ministro de Educación, líder del Partido Liberal. Actualmente es una bebida legal.

Se escucha mucho últimamente esto de que las hablas americanas incluyen elementos de las hablas andaluzas. Recientemente, la influencer jerezana Sandra Ruiz publicaba un reel acerca de la similitud del habla del reggaetonero Bad Bunny y la andaluza. Ruiz, con mucha razón, apunta a los elementos en común que tiene nuestra lengua a cada lado del charco. 

En los comentarios, muchos han criticado a Ruiz acusándola de una visión colonialista de la lengua. Y no es de extrañar cuando uno considera que en América no se sabe qué es el andaluz. Un estudio realizado en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, encontró que solo el 4% de la población identifica la variedad andaluza. Y, al no saber del andaluz, tampoco saben de nuestra historia.

En lo personal les puedo decir que en más de una década viviendo en el continente americano ha habido un total de una persona nativa de aquí que me escuchó hablar y me dijo “eres andaluza”. Y era descendiente de emigrantes cordobeses. 

Por eso, a mí siempre me ha molestado un poco esto del supuesto andalucismo del habla americana, por varias razones, entre ellas, que los acentos de distintos países y regiones son muy diferentes. Del puertorriqueño al chileno o al mexicano hay mucha distancia. Si alguna vez has escuchado hablar a un boliviano, seguramente has pensado “pero si parece gallego”. Y lo de Argentina ya, ni te digo. ¿Cómo explicamos el acento argentino?

Buesa dice que muchos estudios que han intentado buscar la conexión se han referido al léxico. Es decir, han buscado similitudes entre el vocabulario andaluz y el americano

Y, no digo que no exista una parte de razón, a esos que ponen el origen del español americano en Andalucía, que sí la hay. En Hispanoamérica se sesea, igual que en Sevilla y en Canarias. En aquel entonces de la conquista, los de este lado fueron a aquel lado. Tiene sentido pensar que fue el acento sevillano el que extendió el seseo. 

Pero. Pero. El seseo es solo un rasgo de todos los que conforman las hablas andaluzas y americanas. Yo, que por ser del área metropolitana de Sevilla, tiendo al seseo, tengo el recuerdo de entrar a una tienda en Chile y pedir una marraqueta, que es una especie de bollo, por favor señora, y que la señora me mirase como si hubiera entrado un velociraptor a su tienda. 

En este estudio de 1990 de Tomás Buesa se elaboran una serie de problemas con esta supuesta conclusión de que el andaluz y el español de América son similares. Buesa dice que muchos estudios que han intentado buscar la conexión se han referido al léxico. Es decir, han buscado similitudes entre el vocabulario andaluz y el americano. 

Algunos ejemplos a resaltar: alcaucil, achucharrar, achantarse, alharaca, ajetreo, abanico, arveja. (Se ve que empezaron con la A del diccionario). Y como estas palabras, muchas otras que cuando escucho a mis amigas mexicanas decir me recuerdan a mi abuela. El problema es que, si es verdad que tenemos términos en común, muchos de estos eran comunes en toda España en el tiempo antes de la conquista española. Algunos de ellos son evoluciones paralelas, o incluso términos de otras comunidades. 

Muchas de las palabras que encontramos en común en los léxicos hispanoamericanos y andaluces son lo que se conoce como arcaísmos, o palabras que eran comunes en el español antiguo y que se han mantenido tanto en Andalucía como en territorios de América

Lo que es verdad es que en aquel entonces de 1492, el seseo de la zona de Sevilla ya estaba documentado, según este artículo de 2023 de Lola Pons para la Universidad de Sevilla. Pero, como dice Buesa, el léxico andaluz de aquel entonces era muy similar al del resto de España, y se ha ido diferenciando con el tiempo. Muchas de las palabras que encontramos en común en los léxicos hispanoamericanos y andaluces son lo que se conoce como arcaísmos, o palabras que eran comunes en el español antiguo y que se han mantenido tanto en Andalucía como en territorios de América.

Entonces, si no es el vocabulario, ¿qué fue lo que llevamos del habla andaluza a través del Atlántico? Pues lo dice Pons, “la preponderancia humana, el hecho de que andaluces y extremeños predominaran en esa primera corriente migratoria”, además de la importancia del puerto de Sevilla. Pero, sigue Pons, a pesar de que el inicio de las variedades lingüísticas del español en América fuese ese seseo que se puede trazar hasta Sevilla, la influencia se queda ahí.

Entonces, las bases de las hablas americanas fueron puestas probablemente por hablantes sevillanos (el seseo), pero la evolución ha diferenciado las hablas hasta que son como las vemos hoy. Como dice Pons, “una lengua no es solo lo que fue constitutivamente, una variedad no se puede medir por sus primeras décadas de vida”. 

El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia se ha reivindicado este viernes desde La Toja como “presidente electo” en el proceso electoral del pasado 28 de julio, como reclama la oposición y han rechazado el gobierno, el Consejo Electoral o los tribunales de Venezuela, y ha puesto los 'Pactos de la Moncloa' de la transición española a la democracia como ejemplo para recuperar la normalidad institucional del país caribeño. Además, ha asegurado que volverá a su país para la toma de posesión prevista el 10 de enero.

“Voy a regresar lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en el país. El 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro a que la voluntad popular de ocho millones de venezolanos se acredite ese día”, ha aseverado Edmundo González, quien incluso ha llegado a bromear al respecto: “Si el presidente Maduro adelantó la Navidad, no sería raro que yo pueda adelantar mi regreso también”.

González Urrutia ha subrayado durante su intervención en el Foro La Toja, organizado por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y que se celebra en la localidad pontevedresa de O Grove, el valor de los acuerdos de gobernabilidad suscritos en Venezuela en 1958, que “aseguraron un clima de amplias libertades políticas y económicas”.

“[Ustedes] tuvieron un marco de referencia para el diseño del Pacto de la Moncloa de 1977, o para dar soporte, en el caso de Chile, a partir de 1990, a la experiencia de la concertación democrática. Nada menos que eso quisiéramos los venezolanos sentir en este momento y, por tanto, que en prenda de retribución nuestra comunidad iberoamericana pudiera aportar su apoyo en términos enérgicos y efectivos para que nuestro país logre transitar de nuevo hacia la normalidad institucional”, ha argumentado.

Además, ha insistido en que su salida del país es “temporal”, destacando su papel actual de “vocero y gestor de cuantas acciones y diligencias puedan estar con el fin de motorizar la solidaridad española, y por extensión del resto de Europa, con la causa democrática venezolana”.

“Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, ocho millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional”, ha expresado González, que se ha reivindicado como ganador de las elecciones presidenciales de julio dos días después de que el Centro Carter haya presentado ante la OEA las actas electorales que le darían la victoria.

Después de señalar que su tarea es “compleja y exigente”, ha defendido que más de dos meses después de las elecciones presidenciales en el país, “el mundo conoce y reconoce las actas originales”: “Porque las hemos mostrado de manera transparente”. A su vez, González ha denunciado que la respuesta del “régimen” de Nicolás Maduro “ha sido un alarmante saldo de fallecidos, perseguidos, presos políticos, tanto cuadros juveniles como destacados dirigentes de la oposición, como María Colina Machado, algo ante lo cual no puede ser indiferente ningún pueblo del mundo”.

“No hay dos Venezuelas, hay una sola. La democrática, avalada por millones de votos obtenidos el 28 de julio pasado. No hay dilema. Lo que queremos, lo que anhelamos, es dejar atrás el personalismo y la improvisación, así como la intolerancia y la persecución a mansalva de otros venezolanos”, ha señalado el venezolano, que pide “recuperar la institucionalidad” y “recobrar el valor del diálogo y la convivencia” para reconstruir “la imagen” del país.

Edmundo González ya ha solicitado asilo político en España

El candidato opositor venezolano Edmundo González ha solicitado formalmente asilo político esta semana en España, según ha anunciado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ante la Comisión de Exteriores del Congreso.

Tras afear “el uso partidista y politiquero que algunos hacen de la dramática situación que vive el pueblo venezolano”, Albares ha esgrimido que la decisión de Edmundo González de solicitar asilo “ha sido personal y libre suya”, tal y como él mismo ratificó en un comunicado, y ha añadido que el Gobierno acogió a Edmundo González “como en el pasado acogió a Leopoldo López y tantos otros por razones humanitarias”.

En cuanto a la reclamación formulada tanto por el Congreso como por el Senado de que el Ejecutivo reconozca a González como presidente electo de Venezuela, como le ha recordado alguno de los portavoces, Albares ha incidido en que solo dos países han dado este paso hasta la fecha: Ecuador y Panamá; y ha animado al PP a que “se sume al consenso internacional” y la postura que también defiende hasta la fecha la UE.

Venezuela permite a España dar apoyo a los dos españoles detenidos

El ministro Albares ha anunciado también que el Gobierno venezolano ha autorizado que se pueda prestar atención consular a los dos españoles detenidos por su presunta implicación en un complot para desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro y del que la justicia de Venezuela acusa a la oposición y a los servicios secretos de España o Estados Unidos.

Hoy mismo, ha explicado el ministro, “Venezuela nos ha manifestado por nota verbal que podemos ejercer la oportuna protección consular” como se había venido reclamando desde que se conoció su detención. Albares ha dejado claro que realizará “todas las gestiones” a su alcance “para que cuanto antes estén donde siempre han tenido que estar, en nuestro país, con sus familias”. “No voy a escatimar esfuerzos en ello como no lo hice en su momento con Juana Ruiz, detenida en Israel, o con Ana Baneira y Santiago Sánchez, retenidos en Irán”, ha remarcado.

Albares ha dicho que ha trasladado al canciller venezolano, Yván Gil, que José María Basoa y Andrés Martínez Adasme “están injustamente retenidos” y que no da “ninguna credibilidad a los cargos que pesan contra ellos” así como que “no tienen ningún vínculo con ninguna institución pública española, mucho menos con el CNI”, como se señaló desde Caracas.

En la mañana del 11 de septiembre de 1973, la CIA informó al entonces presidente de EEUU, Richard Nixon, del plan del Ejército chileno de “desencadenar una acción militar contra el Gobierno de Allende” de manera inminente.

Al mediodía, coches blindados, aviones y helicópteros descargaban sus bombas y proyectiles contra el palacio presidencial chileno, en el centro de Santiago. A las 18.30 horas, el presidente Allende estaba muerto. La dictadura militar del general Augusto Pinochet había comenzado.

Han pasado 50 años desde el violento golpe de Estado en Chile. La democracia regresó al país tras 16 años de resistencia valiente y del rotundo “No” con que el pueblo rechazó el régimen militar en el plebiscito nacional de 1988. Pinochet murió a los 91 años de un ataque al corazón en 2006 y una nueva generación de líderes ha llegado al poder con la misión de garantizar el derecho de los chilenos a la salud, la vivienda y a un planeta habitable.

Pero en Chile las heridas del golpe siguen abiertas. Todavía hay familias buscando a sus seres queridos desaparecidos por la dictadura de Pinochet. En los tribunales se siguen juzgando los crímenes perpetrados por la policía secreta del dictador y el Congreso nacional sigue presionando para que dejen de ser confidenciales los documentos que detallan la intervención de EEUU “en la soberanía de Chile antes, durante y después del golpe de 1973”.

El Gobierno estadounidense acaba de hacer públicos dos documentos de la Casa Blanca relacionados con el golpe de Estado en Chile. Con fechas del 8 y del 11 de septiembre de 1973, los documentos confirman el conocimiento previo que tenía Washington y el apoyo que dio a la conspiración para derrocar a Allende, el presidente elegido democráticamente. Pero son solo una parte de los documentos que los chilenos exigen en su búsqueda de la justicia y la verdad.

Documentos que habían sido publicados anteriormente muestran el entusiasmo de Nixon ante la posibilidad de un golpe como fórmula para proteger los intereses de las empresas estadounidenses y de aplastar a sus rivales en la Guerra Fría. “Si [hay] alguna forma de desbancar a A[llende], mejor hacerlo”, dijo Nixon, según escribió el director de la CIA en unas notas incluidas en los documentos obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional. “Un trabajo a tiempo completo –los mejores hombres que tengamos–”, sostuvo.

Henry Kissinger, asesor de Seguridad Nacional de Nixon, que algunos aún tienen por un sabio consejero, estaba igualmente comprometido con la idea de desbancar el Gobierno electo de Chile. “No dejaremos que Chile se vaya por el desagüe”, aseguró.

Pero aún no se sabe lo suficiente sobre el papel que Estados Unidos desempeñó en la coordinación de la campaña internacional para derrocar a Allende ni en las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas por el gobierno golpista de Pinochet. El secretismo en torno a las políticas estadounidenses en Chile encaja con un modelo generalizado para toda la región.

Un nuevo capítulo

En agosto nos unimos a una delegación del Congreso de EEUU de visita en Chile, Brasil y Colombia para reunirnos con representantes de los Gobiernos y de los Parlamentos de esos países y miembros de las organizaciones sociales que han liderado sus respectivas transformaciones democráticas.

En los tres países nos hablaron del legado de la intervención estadounidense, desde las acciones encubiertas en apoyo al golpe militar de Brasil (1964) hasta las armas que se exportaron a Colombia para alimentar la violencia paramilitar. Pero también nos hablaron del interés de los tres países latinoamericanos en dejar atrás ese capítulo oscuro de la historia para forjar alianzas nuevas en torno a cuestiones como el clima, los derechos de los trabajadores, y la fiscalidad de las empresas.

Durante nuestro viaje junto a la delegación del Congreso, en repetidas ocasiones escuchamos a nuestros interlocutores en América Latina hablar de otro aniversario importante: los 200 años de la Doctrina Monroe. Fue en 1823 cuando el presidente James Monroe declaró el dominio de EEUU sobre el hemisferio occidental.

Para sostener su posición de dominio, Washington ha apoyado y ejecutado docenas de asesinatos, bloqueos, invasiones y golpes de Estado en las muchas décadas transcurridas desde entonces. Aunque en 2013 el entonces secretario de Estado, John Kerry, dijera que “la era de la doctrina Monroe ha terminado”, los responsables políticos estadounidenses siguen soliviantándose cuando las naciones latinoamericanas firman alianzas con potencias “externas” como China.

Cooperación hemisférica

No tenemos ninguna necesidad de continuar por esta senda intervencionista. En el Congreso de EEUU el número de representantes progresistas es récord y el interés en dar un cambio audaz a nuestra política exterior es cada vez mayor. Como dijo el senador Bernie Sanders refiriéndose a la delegación que viajó a América Latina, estamos ante una oportunidad para “presentar una nueva cara al hemisferio (sur), basada en el compromiso por el bien de las personas y del planeta”.

La cooperación hemisférica no es una teoría abstracta de alta diplomacia. Ahora que se acelera la degradación medioambiental, nuestras alianzas en América Latina son fundamentales para proteger un planeta que siga siendo habitable con una próspera selva en el Amazonas. Ahora que el capital cruza libremente las fronteras, los derechos de los trabajadores solo podrán garantizarse con una política económica coordinada que enfrente a la oligarquía transnacional.

Pero la única manera en la que EEUU podrá lograr este nivel de cooperación será partiendo de una base de confianza. Y esa confianza solo puede ganarse siendo transparentes sobre las medidas y políticas que Washington adoptó en el pasado y que siguen atormentando a nuestros países vecinos.

Retirar la categoría de confidencial de todos esos documentos no solo servirá para fortalecer nuestras alianzas en el extranjero. Sacar a la luz los crímenes, permitidos por el clima de confrontación de la Guerra Fría, también servirá para fortalecer nuestra democracia en EEUU y allanar el camino para pasar página de la doctrina Monroe de una vez por todas.

Traducción de Francisco de Zárate

El Gobierno chileno ha informado hoy de que el número de personas que han perdido la vida en los graves incendios que están afectando al centro y el sur del país asciende a 22 y que además hay al menos otros 16 heridos en estado “crítico”.

“Tenemos en este momento un balance muy duro, muy doloroso de 22 personas fallecidas”, ha dicho la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá, quien ha alertado de que “los números están cambiando cada minuto” y que la situación es “muy compleja”.

Las regiones más afectadas son Ñuble, Biobío y La Araucanía, zonas de intensa actividad agrícola y forestal ubicadas a 400, 500 y 700 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y donde el Gobierno ha decretado el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, que permite la tomar las medidas necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.

Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) del Ministerio del Interior, se han destruido más de 45.000 hectáreas y actualmente hay 251 incendios activos en todo el país, de los cuales 80 están en combate.

Además, cerca de 1.500 personas se encuentran refugiadas en una treintena de albergues y hay 554 heridos, de los cuales al menos 16 están en estado “gravísimo”, ha detallado Tohá.

“En la última semana se ha quemado el equivalente a la superficie que se quema en un año normal completo”, ha asegurado la ministra. Los incendios coinciden con una larga sequía que ya dura más de 13 años y con una ola de calor inédita en el sur, con temperaturas que pueden llegar en las próximas horas hasta los 40 grados centígrados en zonas del sur.

La Dirección Meteorológica ha informado este sábado de que la ola de calor se extenderá hasta el próximo miércoles y afectará a siete de las 16 regiones del país.

El presidente chileno, Gabriel Boric, que suspendió sus vacaciones para atender la crisis, ha confirmado este sábado que ha pedido ayuda internacional a países como Argentina, México, Brasil y España para atender la crisis y que ha hablado con su homólogo argentino, Alberto Fernández, quien le ha asegurado el envío de brigadistas y maquinaria.

Fernández ha compartido un mensaje en sus redes sociales apelando a la solidaridad entre regiones latinoamericanas y ha mostrado su apoyo al pueblo chileno: “Estaremos siempre para acompañarlos y ayudarlos a superar momentos difíciles, como este”.

Boric, en unas declaraciones conjuntas en la madrugada del sábado junto con el gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, garantizó “que la gente no se va a quedar sola”. “Vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para poder realizar la reconstrucción una vez que tengamos un catastro”, añadió. El presidente también pidió obediencia a las autoridades y respeto “a la gente que está combatiendo la emergencia”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado asimismo el envío de ayuda al país chileno: “Mandaremos un avión con material y personas expertas en apagar incendios forestales”. “La crisis climática quema Chile”, ha lamentado en su mensaje.

Las imágenes recuerdan a la ola de incendios que azotó el sur de Chile en 2017, los más graves hasta ahora y en los que murieron una decena de personas.

España envía un grupo de la UME

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo el envío a Chile de un avión con un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las Fuerzas Armadas españolas “para colaborar en la extinción y control de los incendios que están azotando el país”.

En un mensaje en Twitter, acompañado de una foto de los miembros de la UME junto a un avión del Ejército del Aire, Sánchez expresa “todo nuestro apoyo al pueblo chileno” y afirma que en España “conocemos bien el drama de los Incendios Forestales”.

El Ministerio de Defensa ha informado este domingo en un comunicado de que el dispositivo lo forman seis asesores del Cuartel General de la UME, expertos en la Lucha Contra Incendios Forestales (LCIF), 38 militares del Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) y un equipo de drones con seis pilotos del Batallón de Trasmisiones (BTUME).

El objetivo principal del despliegue, según Defensa, es ofrecer al Gobierno chileno un apoyo especializado con capacidades técnicas como el análisis y asesoramiento en materia de LCIF y refuerzo de la estructura de Mando y Control con drones (Mavic y Matrice 300 para grandes áreas y Helios para espacios confinados) así como con enlaces satélites.

Presionado para responder al aumento de la llegada de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la semana pasada una medida drástica y de gran calado contra los migrantes que buscan asilo.

El presidente de Estados Unidos se propone apoyarse en una polémica medida de salud pública conocida como Título 42 para restringir la entrada irregular a Estados Unidos de personas procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Paralelamente, la medida ofrece una nueva vía de acceso al país a quienes solicitan ayuda jurídica.

Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han criticado la decisión del Gobierno de Biden de ampliar el uso del Título 42 por considerarla descorazonadora y un incumplimiento de sus promesas electorales. Este lunes, el presidente viajó a la frontera entre Estados Unidos y México, en su primera visita desde que asumió el cargo en enero de 2021. En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el líder estadounidense mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México para abordar el nuevo programa migratorio estadounidense, entre otros asuntos.

Vías legales “insuficientes”

La creación de una vía legal para acceder al asilo destinada a algunos migrantes procedentes de estos cuatro países proporciona a los activistas cierto consuelo, pero estos consideran que las medidas de Biden son insuficientes ya que dan la espalda a muchos otros migrantes.

El programa anunciado por el presidente estadounidense está plagado de requisitos que imponen considerables barreras a las personas sin recursos, perpetuando las desigualdades dentro del sistema de inmigración en EEUU.

Según los defensores de los migrantes, el coste de ampliar las expulsiones de inmigrantes bajo el pretexto de la salud pública sin que se les ofrezca una vía clara para solicitar asilo es mayor que la promesa de ampliar el acceso a los refugiados y crear una vía legal para pedir protección.

“Para muchos de los que trabajamos en el ámbito de la justicia en materia de inmigración, el inicio del mandato de Biden nos hizo confiar en que el Título 42, utilizado durante la pandemia de la COVID-19, llegaría a su fin y se reestablecería el acceso al asilo”, dice el director de la Campaña de Justicia en materia de Inmigración del Consejo Estadounidense de Inmigración, Alex Miller. “Nos han decepcionado”, añade.

Castigo y recompensa

La estrategia del “palo y zanahoria” [expresión inglesa para expresar una acción que conlleva castigo, palo, y recompensa, zanahoria] del Gobierno de Biden pretende disuadir de entrar irregularmente en el país a las millones de personas que huyen de la persecución de sus países de origen y buscan asilo en Estados Unidos.

Las cifras federales del año fiscal 2022 muestran que los agentes fronterizos estadounidenses realizaron más de dos millones de detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sur, lo que supone un récord histórico. En más de un millón de ocasiones, se materializaron devoluciones en virtud de la disposición del Título 42 en más de un millón de ocasiones.

“El problema es que no todos los migrantes tienen acceso a la 'zanahoria' que Biden promete”, asegura Miller. “El acceso legal al asilo se limitará a quienes tengan las nacionalidades adecuadas, los medios y el apoyo necesarios para solicitar la 'libertad condicional'... En cambio, los 'palos' que ofrecen restringen el acceso, y eso no es un trato justo”, sostiene.

Según esta nueva estrategia del Gobierno de Biden, si los migrantes de esos países superan un control de antecedentes, compran un billete de avión, obtienen apoyo económico y cumplen otros requisitos, podrán entrar legalmente en el país a través del “programa de libertad condicional humanitaria”. Estarían autorizados a vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años.

“Ataque racista y clasista”

Sin embargo, a los defensores de los derechos de los migrantes les preocupa la norma propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional -que dicen que es similar a la “prohibición de tránsito” que impuso el presidente Donald Trump durante su mandato- porque haría que los solicitantes de asilo no sean elegibles si no buscaron protección en un tercer país antes de llegar a Estados Unidos y si “eluden las vías disponibles y establecidas para la migración legal”, como dijo la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

También les preocupa que los requisitos del programa de libertad condicional humanitaria, basado en el enfoque ya existente para los refugiados que huyen de Afganistán, Venezuela y Ucrania, impongan barreras a los migrantes que carecen de recursos para comprar billetes de avión y encontrar a alguien que los avale económicamente. 

En Twitter, United We Dream, un grupo de defensa de los derechos de los jóvenes migrantes, tacha la nueva política de Biden de “ataque racista y clasista” contra los migrantes. En un comunicado, la subdirectora de defensa federal de United We Dream, Juliana Macedo do Nascimento, dice que la ampliación del Título 42 perjudicaría “a las mismas personas que buscan asilo y a las que pretenden proteger”.

En otro comunicado, el director de estrategias fronterizas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Jonathan Blazer, señala que la “interpretación subjetiva del Título 42 del Gobierno de Biden pondrá más vidas en grave peligro”, y añade que este plan “conecta a su administración a las venenosas políticas antiinmigrantes de la era Trump en lugar de restaurar el acceso justo a las protecciones de asilo”.

“Sus compromisos con las personas que buscan seguridad sonarán completamente huecos si avanza en la sustitución de una política ilegal anti asilo de Trump por otra”, asegura Blazer.

En declaraciones a The Guardian, Miller explica que las nuevas propuestas del Gobierno incluyen permitir a los solicitantes de asilo utilizar una aplicación en inglés y en español para concertar citas. Según las autoridades, esto reducirá “los tiempos de espera y las aglomeraciones en los puntos de entrada a Estados Unidos y permitirá un procesamiento seguro, ordenado y humano”.

Según Miller, esta medida dificulta el proceso de solicitud de asilo para los migrantes que carecen de acceso a la tecnología y hablan dialectos indígenas distintos del español, así como para aquellos que no pueden obtener representación legal que les ayude a navegar por el proceso.

“Siguen un manual viejo”

Biden dijo que el Congreso debe promulgar una reforma migratoria más amplia. Mientras tanto, el nuevo proceso de libertad condicional humanitario de la administración, que describió como “seguro, ordenado” y humano, “mejorará las cosas, pero no solucionará por completo el problema de la frontera”.

Por su parte, la vicepresidenta de Derecho y Política del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, Lisa Graybill, considera que la creación por parte de la Administración de una vía para solicitar asilo para más de 30.000 personas es mejor que nada, pero sostiene que la aplicación de las leyes de inmigración y la creación de vías legales de acceso al sistema acaba siendo un “juego de suma cero”. Según señala a The Guardian, es un error que presidentes y políticos han cometido antes.

Asimismo, opina que Biden ha estado “siguiendo un viejo manual que no funciona” al asignar recursos a la aplicación de la ley en lugar de crear un “sistema de tramitación humano y ordenado que se base en el reconocimiento del derecho de asilo en lugar de vulnerarlo”.

En su opinión, el programa de libertad condicional, tal y como está planteado, perjudicará a los migrantes empobrecidos y a los que huyen de sus países precipitadamente sin cumplir todos los requisitos, actuando como barreras incluso para los que tienen solicitudes legítimas de asilo, mientras que ayuda a los migrantes de ingresos medios y altos con acceso a recursos.

Defensores

Por su parte, la asesora principal de políticas y alianzas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, Angela Kelley, indica que la creación del programa de libertad condicional por parte de Biden fue “inteligente” y reflejó un intento de utilizar las “herramientas que tenía y utilizarlas de forma más creativa”. Señala que el Gobierno de Biden se ha propuesto triplicar el número de refugiados reasentados procedentes de países latinoamericanos y caribeños. En su opinión, las obsoletas leyes de inmigración estadounidenses no están a la altura de las personas que pueden solicitar asilo, como las que huyen de los efectos de la crisis climática.

“Esa es la diferencia: bajo Trump, todo giraba en torno a echar a la gente. Eran metódicos a la hora de desmantelar el programa de refugiados, los canales legales de inmigración de personas que vienen por empleo para familias, para estudiantes. Ese no es el enfoque del Gobierno de Biden”, dice Kelley, y señala que se necesitará tiempo para valorar los efectos que las decisiones de Biden tendrán en el sistema migratorio.

“Están reinstaurando un conjunto de medidas. La desafortunada dependencia permanente del Título 42 es un peso sobre sus espaldas que tienen que averiguar cómo sacudir y utilizar los recursos a su alcance … para tratar [de] gestionar la migración de personas lo mejor que puedan”, apunta.

Título 42, “preocupante”

El futuro del Título 42 es incierto, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos impidió en diciembre que el Gobierno federal terminara con el programa para dar más tiempo a los jueces a sopesar si los estados tienen motivos legales para intervenir en un caso en curso sobre el programa.

Kelley, que anteriormente había trabajado en inmigración para Biden y la Casa Blanca de Barack Obama, considera que la ampliación del programa del Título 42 es “preocupante” para los migrantes en situación de vulnerabilidad, que se verán obligados a volver a México en condiciones peligrosas. 

Señala que al crear vías legales para el asilo, la administración está tratando de “aliviar las presiones” en la frontera de Estados Unidos con la esperanza de que no necesitarían más unas medidas que fueron instauradas durante la pandemia de la COVID-19. 

“Lo que es desgarrador es que, en un intento por limitar el número de personas que llegan, se esté rechazando a los solicitantes de asilo, que son los migrantes a los que se quiere proteger”, opina Kelley.

“No son solo una cifra”

Los defensores de los derechos de los migrantes y Biden coinciden en que los cambios a largo plazo tienen que venir del Congreso, una perspectiva cuestionable dado que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, tuvo dificultades para elegir a su presidente, y los anteriores esfuerzos bipartidistas de reforma de la inmigración también fracasaron.

Con todo, algunos defensores afirman que ahora se trata de saber a dónde se envían los recursos. Piden que se destinen más recursos a ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro y grupos de ONG que trabajan con solicitantes de asilo en la frontera, a contratar más funcionarios especializados en materia de asilo y más jueces de inmigración, y a invertir en más asistencia legal para los migrantes que no pueden permitirse abogados privados.

“Durante tres años, bajo el Título 42, se ha socavado el acceso al asilo”, sostiene Miller. “Todas las pruebas documentan secuestro, violación y extorsión de migrantes en México, en particular en la frontera. Es increíblemente preocupante que estemos ampliando las expulsiones de migrantes a México”, admite.

“No son solo una cifra, son personas con historias concretas, con una vida propia que intentan defender. Es muy fácil perderse en la visión general. Estamos hablando de personas”, concluye.

Traducción de Emma Reverter

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones del próximo 30 de octubre, ha afirmado este sábado que, en caso de ganar, su Gobierno tendrá más participación de mujeres, negros e indígenas.

“Vamos a tener más mujeres, negros e indígenas en el Gobierno, porque mi Gobierno tiene que tener la cara de la sociedad brasileña, la cara de Brasil”, declaró Lula en una rueda de prensa en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (sureste) y donde cumple agenda de campaña.

En Belo Horizonte, donde realiza una caminata, Lula ha lamentado la agresión verbal que sufrió la noche del viernes en un restaurante de esa ciudad la diputada electa y exministra de Medio Ambiente Marina Silva, quien fue llamada de “traidora” y “vagabunda” por un hombre.

“Eso es retrato de la tristeza del momento político que estamos teniendo. Es la 'normalidad' que el fascismo está implantando en este país, es casi que una orden que parte del presidente de la República (Jair Bolsonaro) y por eso necesitamos volver a ser humanos”, ha expresado.

“Repudio cualquier tipo de violencia y de agresión”, ha comentado Lula, quien recibió el apoyo a su campaña de grupos de mujeres de Belo Horizonte, la tercera mayor región metropolitana de Brasil.

Lula ganó la primera vuelta del 2 de octubre con un 48,4% de los votos frente al 43,2% de Bolsonaro, quien sorprendió con un desempeño mucho mejor que el proyectado por las encuestas, que ahora dan un empate técnico por el margen de error de 2 puntos, con 49 % frente a 45 %, respectivamente.

El antiguo sindicalista intensificó el viernes y este sábado su campaña en Minas Gerais, segundo mayor colegio electoral y un estado clave de cara a la segunda vuelta de las elecciones, en las cuales se prevé una reñida disputa entre los dos candidatos.

En ese estado, el gobernador Romeu Zema, reelegido en la primera vuelta, apoya a Bolsonaro y ha sido criticado este sábado por Lula, quien lo ha acusado de “estafa electoral” por no haber manifestado antes su preferencia por el actual mandatario y aprovecharse de sus votos.

“Un 48 % de los votos de Zema fueron también míos”, ha aseverado Lula.

“Cuando uno está en contacto con un lugar tan profundo y original es imposible no conectarse con sus propias raíces”. Así describe la periodista y escritora, Carmina Balaguer, su experiencia en las comunidades más remotas de los Andes argentinos. Hasta allí viajó hace más de seis años para documentar la vida de las mujeres en estos valles y el resultado ha sido un travesía hacia sus propias raíces relacionadas, en su caso, con el Pirineo catalán y el mar mediterráneo. 

Con 'La pantalla andina', su primer documental y ganador del premio Mejor Documental de Cultura y Naturaleza de la última edición del Bilbao Mendi Film, Balaguer invita a todos a vivir esa misma experiencia: recorrer el universo andino a través de un cine móvil hasta una escuela infantil a más de 3.000 metros de altitud y durante el viaje conectar cada uno con sus propias raíces. “Al final irse lejos es volver muy cerca”, sentencia su directora con una frase que también le ha servido como subtítulo del propio documental.

Aprovechamos su paso por Bilbao para hablar con ella en 'Piedra de Toque' y conocer qué le llevo a rodar esta historia, cómo fue el proceso y cómo ha reaccionado el público al verla. “Mi objetivo era documentar las vida de las mujeres en el mundo andino, pero me topé con un cine móvil que me regaló la oportunidad de filmar esta historia”, explica. 

Así Balaguer no dudó en acompañar a los responsables del cine móvil de Jujuy hasta una escuela perdida en las montañas de los Andes, la escuela Yaquispampa de Jujuy, donde cinco alumnos de dos familias campesinas descubrirán por primera vez el cine. 

Cuando uno está en contacto con las entrañas de los Andes, un lugar tan profundo y original es imposible no conectarse con sus propias raíces

Carmina Balaguer

El camino a pie hasta la escuela, a más de 20 horas de trayecto con tramos a más de 4.200 metros de altitud, lo realizarán acompañados por la directora de la escuela, Silvina Velázquez, protagonista del documental y cuyas reflexiones ayudarán a entender la vida en estos lugares tan remotos. 

Los paisajes, la naturaleza, será otro de los protagonistas del documental con imágenes aéreas de todas estas montañas. Y la llegada del progrese en forma de excavadora para construir una carretera que conecte a estas comunidades con los núcleos urbanos más cercanos suscitará también la duda del precio de ese avance. “El progreso siempre plantea retos. Quiero que sea el espectador quien saque sus propias conclusiones”, señala Balaguer.

Ahora trabaja ya desde su Barcelona natal en la edición de un libro con historias de mujeres que ayuden a comprender el universo andino. Y en breve, espera regresar hasta la escuela para filmar en esta ocasión su propia historia con el cine móvil ante la mirada de sus protagonistas. 

Aquí puedes escuchar la entrevista completa a Carmina Balaguer, así como todos los detalles del proceso de producción del documental. También puedes escucharlo en Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast:

Un sondeo elaborado por la estadounidense Gallup concluye que más de la mitad de los jóvenes venezolanos quieren irse de su país de forma permanente después de que la escasez de comida, la violencia y la crisis política alcanzaran nuevos extremos en 2017.

La economía del que fuera el país más rico de América Latina está en una situación de colapso mientras intenta combatir una hiperinflación sin parangón en todo el mundo. El FMI proyecta que la inflación en Venezuela alcanzará este año el 13.000% y que la economía caerá un 15%.

Para los venezolanos de entre 15 y 29 años, la crisis ha llegado a un punto en que han perdido toda confianza en su país, según el sondeo, al que the Guardian ha tenido acceso exclusivo. El 53% de los jóvenes quiere emigrar de su país de forma permanente.

Una de las consecuencias más dolorosas de la crisis actual es el hambre. En 2015, cuando la inflación y la escasez de comida estaban por debajo de los niveles actuales, casi el 45% de los venezolanos afirmó que en ocasiones no podía comprar comida. En este estudio más reciente, esa cifra se elevó al 79%, una de las más altas del mundo.

Óscar Domínguez, de 27 años, es uno de los millones de venezolanos que sueñan con una vida fuera de su país. La única razón por la que todavía está en Venezuela es que está ahorrando para pagarse el billete de avión. “Me quiero marchar porque nuestros salarios no nos permiten sobrevivir”, asegura.

El desencanto le llegó con rapidez. En 2016, Domínguez era tan optimista con la situación de Venezuela que invirtió en una tienda de comida, pero un año después la tienda tuvo que cerrar. “El precio de la comida aumentó muchísimo y era imposible mantener el negocio”, afirma. “Acabé endeudándome intentando salvar la tienda”.

Domínguez descartó emigrar a Australia por los estrictos requisitos para obtener el visado. En su lugar, ha decidido seguir a sus amigos rumbo a Chile, un destino que según Gallup es el tercer país más popular entre los emigrantes venezolanos.

La vecina Colombia es el destino más elegido para comenzar una nueva vida dado que es accesible para los venezolanos que no pueden pagar un billete de avión. La ola migratoria hacia Colombia y Brasil ha sido tan grande que ambos países han endurecido los controles fronterizos.

Los venezolanos de más de 30 años también se sienten desolados respecto a su futuro, pero no están tan dispuestos a marcharse de su país. Un tercio de los venezolanos entre 30 y 54 años quiere emigrar, pero menos de un cuarto de aquellos mayores de 55 años quiere abandonar su país.

Norma Gutiérrez, una radióloga del este de Caracas, es una de esas personas mayores que quiere emigrar. La escasez de recursos en el hospital donde trabaja le deprime y dice que al menos una vez a la semana piensa en marcharse del país.

Ya no le quedan muchos amigos ni familiares en Venezuela. Su hijo mayor emigró hace cuatro años a Estados Unidos y su hermano vive en Francia. Lo que la retiene en Venezuela es su hija menor, que está intentando graduarse en Medicina.

“Quiero marcharme porque no tengo calidad de vida”, apunta. “Con esta hiperinflación, mi salario no me alcanza para vivir con dignidad”, añade.

Desde 2013, tras la muerte del carismático presidente Hugo Chávez, el número de venezolanos que quiere emigrar no para de aumentar. Antes, la cifra se había mantenido estable durante años, con poco más del 10% de los ciudadanos con deseos de marcharse.

Gallup asegura que las cifras de este último sondeo son las más altas de la región en la última década. Hasta 2014, no más del 15% de los venezolanos expresaba deseo de abandonar su país y vivir en otro sitio.

“Lamentablemente, no parece que esta tendencia se revierta en el corto plazo. Mientras el Gobierno convoca elecciones, la hiperinflación sigue aumentando y la escasez de comida se extiende por todo el país, es difícil imaginar que el deseo de los venezolanos de marcharse del país vaya a disminuir pronto”, afirma Johanna Godoy, directora regional de Gallup World Poll para América Latina.

Desde su “departamento de sobornos”, tal y como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gigante brasileño de la construcción Odebrecht logró meterse en el bolsillo a prácticamente todo un continente.

Durante 15 años la constructora diseñó la “mayor trama de soborno extranjero de la historia”, según se describió en la investigación norteamericana, y repartió unos 788 millones de dólares (660 millones de euros) a partidos políticos y miembros de gobiernos a cambio de conseguir contratos de obras públicas que generaron unos beneficios de aproximadamente 3.336 millones de dólares.

Tras la investigación, el reconocimiento de culpa y el acuerdo firmado entre la compañía, Brasil, Suiza y Estados Unidos, la empresa fue condenada en abril a pagar  2.600 millones de dólares en multas: 93 millones para EEUU, 116 para Suiza y unos 2.390 para Brasil.

El escándalo Odebrecht ha hecho temblar a gobiernos enteros a lo largo y ancho de América del Sur. Su cúpula empresarial ha confesado los delitos y la constructora está sufriendo las consecuencias: antes del escándalo, Odebrecht tenía más 180.000 empleados en 21 países y unos ingresos de más de 40.000 millones de dólares. En 2016, los ingresos habían caído a 26.000 millones y el número de empleados no llegaba a 80.000.

Los sobornos de Odebrecht en Latinoamérica

Importe de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht, según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos

Fuente: El Heraldo, EFE

Brasil

Brasil es el país donde más trabajó el “departamento de sobornos” con unos 349 millones de dólares en cohechos. Al menos un tercio de los ministros de Brasil están bajo investigación, incluido el ministro de Exteriores y el jefe de gabinete del presidente Michel Temer.

El propio Temer ha sido citado a declarar después de que trabajadores de Odebrecht confesasen haber realizado donaciones ilegales a su campaña. El expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, también confesaron haber realizado estas donaciones a la expresidenta Dilma Rousseff. Los fiscales también acusan al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de supervisar la trama por la que Odebrecht pagó más de 22 millones de dólares a la petrolera brasileña Petrobras.

El expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de cárcel, aunque solo ha cumplido dos años y medio y ya se le ha concedido el arresto domiciliario. Pasará el resto de la condena en su mansión de Sao Paulo. Solo en Brasil, la difusión de los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht hizo que la Corte Suprema autorizara la apertura de 76 investigaciones contra casi cien políticos aforados.

Venezuela

“Él pidió 50 millones de dólares y yo acepté pagarle 35 millones”, confesó el presidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, sobre su reunión con un representante de Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez. “Lo que yo le pedí es que el candidato [Maduro], si ganaba, mantuviese nuestras obras como prioritarias”.

Según la investigación, Venezuela fue el segundo país que más sobornos recibió del gigante Odebrecht: 98 millones de dólares. Sin embargo, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que huyó del país en agosto del año pasado tras ser destituida, ha acusado a Odebrecht de pagar 100 millones de dólares al vicepresidente del partido de Maduro, Diosdado Cabello. Ortega también ha denunciado que un alto tribunal venezolano está bloqueando la investigación que afecta directamente al presidente Maduro.

República Dominicana

La compañía también ejerció su poder en República Dominicana. El país caribeño recibió 92 millones en forma de soborno que se transformaron en 163 millones de beneficios. Según los datos que maneja la investigación estadounidense, República Dominicana es el tercer país que más dinero ilegal recibió a cambio de obras públicas.

El 19 de mayo del año pasado, el procurador general del país acusó a 14 personas (todos hombres) y solicitó al Congreso que levantase la inmunidad parlamentaria de algunos cargos. La mayoría de los señalados, como en el resto de países, son políticos o figuras muy cercanas al poder.

Temístocles Montás Domínguez, ministro de Industria y Comercio, fue uno de los detenidos dentro del entramado corrupto. También dos senadores, Julio César Valentín Jiminián y Tommy Alberto Galán Grullón, y el diputado Alfredo Pacheco Osoria.

Panamá

Odebrecht destinó a Panamá 59 millones de dólares en sobornos. La Fiscalía panameña ha abierto 26 investigaciones de proyectos desarrollados en el país por la constructora desde el año 2004. En esas investigaciones se ha procesado a 62 personas y se han embargado 56 millones de dólares entre bienes y dinero en efectivo.

El abogado de Odebrecht, que se encuentra en libertad provisional en España, declaró a El País que la compañía intentó regalarle en 2014 un avión al expresidente Ricardo Martinelli, aunque este lo rechazó. “La empresa quería quedar bien con Martinelli y con el candidato de su partido, que concurría a las elecciones generales de 2014”, confesó. También ha reconocido que Odebrecht realizó pagos a familiares y personas cercanas al presidente Juan Carlos Varela.

Ecuador

En Ecuador la investigación se centra en tres obras públicas que se llevaron a cabo entre 2007 y 2016: el Metro de Quito, el Trasvase Santa Elena y la Ruta Viva I y II. Según el Departamento de Justicia de EEUU, la empresa brasileña hizo pagos fraudulentos por un valor de 35,5 millones para obtener a cambio unos beneficios de 116 millones.

El vicepresidente Jorge Glas y su tío, Ricardo Rivera, son los dos principales señalados en el país. El pasado 7 de diciembre la Fiscalía sentencio al político con la pena máxima por delito de asociación ilícita en calidad de autor que fija seis años de prisión.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en Quito sostuvo que Glas recibió unos 13,5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para que adjudicase una serie de contratos de obra mientras fue ministro de Sectores Estratégicos entre los años 2010 y 2012, durante el mandato de Rafael Correa.

Argentina

En Argentina fueron a parar unos 35 millones de dólares, aunque algunos medios sostienen que esta cifra es considerablemente superior. Odebrecht sobornó a políticos y funcionarios para conseguir al menos tres proyectos de infraestructura, lo que le reportó a la empresa beneficios de unos 278 millones de dólares. El principal señalado en Argentina es Julio de Vido, diputado y exministro de Planificación durante el gobierno de Cristina Fernández. Ha negado cualquier vínculo con la constructora.

Perú

La investigación calcula que el “departamento de sobornos” de Odebrecht destinó en Perú unos 29 millones de dólares. Perú ha emitido una orden de detención contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por haber aceptado supuestamente 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña. Toledo está escondido en Estados Unidos y el gobierno de Perú ha prometido una recompensa de 30.000 dólares por información que lleve a su detención.

El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa están en prisión preventiva por recibir presuntamente tres millones de dólares para su campaña. “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” (Aumentar a Keiko 500 y yo la visitaré), rezaba una nota intervenida en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht.

El expresidente de la empresa ha confirmado que la constructora financió con “probablemente 500.000 dólares” la campaña de la opositora Keiko Fujimori. También ha confirmado que las siglas AG que aparecieron en su teléfono hacen referencia a Alan García, otro expresidente del país.

Incluso el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuckzynski, ha estado a punto de ser destituido por el Parlamento a causa de las supuestas relaciones entre la brasileña Odebrecht y empresas de su propiedad o con las que está directamente relacionado.

Guatemala

La trama corrupta llegó a Guatemala en forma de 18 millones para conseguir el contrato de cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, en la costa del país y que llega hasta la frontera mexicana. La firma brasileña se embolsó 34 millones y las irregularidades se produjeron entre los años 2013 y 2015, durante la presidencia de Otto Pérez Molina, que fue imputado formalmente en julio de 2016.

Colombia

Colombia está en el final de la lista de pagos irregulares por parte de Odebrecht. En total, la firma invirtió 11 millones en pagos opacos y obtuvo alrededor de 50 millones. Los detenidos en el país han sido Gabriel Ignacio García Morales, exviceministro de Transporte, Otto Nicolás Bula, excongresista, y los empresarios Andrés Alberto Cardona y Enrique José Ghisays Manzur.

El Consejo Nacional Electoral investiga las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014, aunque los dos niegan haber recibido ningún pago.

México

Finalmente, el país que menos dinero recibió de la compañía brasileña a cambio de contratos fue México. El principal señalado es Emilio de Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex e integrante del partido gobernante PRI.

Los sobornos ascendieron a 10,5 millones de dólares y tuvieron lugar entre los años 2010 y 2014, suma con la que Odebrecht consiguió 39 millones gracias a estas tres obras: el proyecto Etileno XXI Braskem, los Ramones Fase II Norte y la Refinería de Tula.

Justo cuando parecía que la clase política brasileña –plagada de escándalos– no podía ser menos popular, el país se ha enfurecido tras conocer que el Congreso tendrá pronto entre sus miembros a un hombre que fue encarcelado por explotación sexual de menores.

Nelson Nahim, político de Río de Janeiro afiliado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño del presidente Michel Temer, fue condenado en 2016 a 12 años de prisión por someter a una niña de 15 años a prostitución y explotación sexual, violación e intimidación.

Como diputado “sustituto” dentro de una coalición de partidos, Nahim tomará el escaño dejado por la nueva ministra de Empleo, Cristiane Brasil, cuando el Congreso reanude sus sesiones el mes que viene tras su receso. Se convertirá oficialmente en diputado la semana que viene, cuando la ministra asuma su nuevo cargo.

Para añadir más leña al fuego, en 2016 se obligó a Cristiane Brasil a pagar a un antiguo chófer al que había contratado sin los papeles adecuados. Brasil es hija de otro político encarcelado por un escándalo anterior.

“Me provoca náuseas y vómitos”, escribió en un grupo de Facebook José de Lima, un jubilado brasileño residente en Florianópolis, al sur del país. “El actual Congreso brasileño siempre será capaz de ir a peor”.

Documentos entregados al tribunal describen a Nelson Nahim, de 60 años, como un cliente habitual de una trama de prostitución en el municipio de Campos dos Goytacazes, en Río, entre 2008 y 2009. La trama mantenía entre rejas a menores y les obligaba a consumir drogas para mantener relaciones sexuales con los clientes. De acuerdo con los fiscales, Nahim mantuvo relaciones con dos niñas de 15 años en una casa de campo de su propiedad. Él niega las acusaciones.

“En Campos había una trama de explotación sexual”, señala Ludimila Rodrigues, una de las fiscales que trabajó en el caso de Nahim. “Él era uno de los clientes de esta red de prostitución”.

En 2016, la jueza Daniela de Souza condenó a prisión a 12 personas involucradas en esta red y a otras dos a régimen de prisión abierto. Nahim fue condenado a 12 años, pero cumplió sólo cuatro meses antes de ser liberado tras presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

En una intervención en el momento del juicio, el tribunal de Río que sentenció a Nahim destacó su “relación con una adolescente de 15 años conocida como Barbie, con quien mantenía encuentros sexuales”, y añadió que “la adolescente gozaba de un trato diferencial por ser la favorita de Nahim”.

El nuevo diputado, que también ocupó brevemente un escaño en el Congreso hace un año como sustituto de otro legislador, aseguró en Facebook que demostrará su inocencia. “Doy gracias a Dios y asumiendo el mandato de diputado federal lucharé por el pueblo y probaré mi inocencia con documentos”, escribió.

No es raro que los legisladores brasileños se vean envueltos en polémicas. Muchos ya se han enfrentado a casos que van desde corrupción hasta asesinato. Un diputado, Celso Jacob, asistió el año pasado al Congreso durante un permiso temporal de prisión de un día. Jacob está encarcelado por fraude administrativo cometido en su época de alcalde.

Nahim se ha distanciado de su hermano, el exgobernador del Estado de Río Anthony Garotinho que fue encarcelado en noviembre junto a su esposa, Rosinha, por delitos electorales. Nahim sustituyó brevemente a la esposa de Garotinho como alcaldesa de Campos. Posteriormente la pareja fue puesta en libertad.

El padre de Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, también fue encarcelado por su papel en el escándalo de compra de votos 'Mensalao', que en 2005 casi acaba con la presidencia del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Jefferson lloró al comentar con los periodistas el nombramiento de su hija como ministra de Empleo y dijo que eso había “rescatado a la familia”.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Los restos chamuscados de una vieja nevera tirada a un costado de una calle llena de basura son las únicas señales que quedan de la violencia que estalló tras las protestas antigubernamentales en El Valle, un barrio de clase trabajadora al sureste de Caracas.

Funcionarios de la Administración limpiaron rápidamente las otras huellas –marcos de puertas arrancados y cristales rotos–, cuenta Ana Sánchez, una vecina que pidió no ser identificada con su verdadero nombre por miedo a represalias. “Incluso están pintando los bordes de las aceras en amarillo brillante. Eso nunca se ha hecho antes”, indica. “El Gobierno está intentando hacer como que no pasa nada, pero todos lo sabemos”, añade.

Sánchez, madre y ama de casa, se refiere a las protestas que estallaron el 20 de abril, que se ha transformado lentamente en una ola de saqueos nocturnos, y que ha dejado aquí 12 muertos. Nueve de ellos murieron electrocutados en una panadería cuando el cable pelado de una cafetera industrial robada en los saqueos tocó un charco de agua. Los otros tres recibieron disparos.

Pero los acontecimientos de esa noche también ponen en evidencia que la lenta crisis de Venezuela puede estar entrando en una nueva fase: los pobres han salido a la calle para expresar su frustración con el gobierno de Nicolás Maduro. Una semana antes, en la ciudad de San Félix, los manifestantes lanzaron piedras y huevos al presidente. Seis meses antes ya había ocurrido un incidente similar en la isla de Margarita.

Maduro creció en El Valle y, aunque los residentes dicen que no se están uniendo necesariamente a las marchas antigubernamentales, están enfadados y han empezado a demostrarlo.

En El Valle y otras partes pobres de Caracas, el riesgo se multiplica: los vecinos temen una respuesta de mano dura de la Guardia Nacional, pero también temen a las bandas callejeras armadas que dominan estos barrios y que actualmente parecen capaces de enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado.

Protestas casi diarias

El malestar empezó hace poco más de un mes, cuando una sentencia del Tribunal Supremo despojó de sus poderes a la asamblea liderada por la oposición. La toma de poder fue rápidamente suspendida, pero ya había movilizado a la oposición, que ha lanzado desde entonces una serie de protestas casi diarias.

30 personas han muerto, incluido un miembro de la Guardia Nacional, una mujer golpeada en la cabeza por una botella de agua congelada lanzada desde un balcón y nueve dentro de la panadería La Mayer.

Los manifestantes volvieron a enfrentarse a la policía antidisturbios este martes después de que Maduro anunciase una asamblea constituyente para reescribir la Constitución del país. El presidente afirmó que era necesario restablecer la paz y evitar que sus oponentes lleven a cabo un “golpe”. Los activistas de la oposición han descrito este movimiento como una estratagema para retrasar las elecciones regionales y presidenciales, que el Gobierno sabe que tiene pocas posibilidades de ganar. Y es poco probable que la frustración pública disminuya pronto.

Venezuela tiene la inflación más elevada del mundo. El FMI pronostica que superará el 700% a finales de año. En 2016, la economía se contrajo más del 18,6%. La vida diaria se ha reducido a una serie de dificultades: falta de comida, falta de dinero en efectivo, aumento del crimen y un sector sanitario en crisis.

En El Valle, esto se traduce en colas interminables bajo el sol para intentar conseguir alimentos básicos. Los crímenes obligan a las gente a vivir en un toque de queda autoimpuesto. La recesión económica hace que cada vez más personas tengan trabajos informales, generalmente como conductores de moto-taxi o vendiendo fruta en la calle, con ingresos bajos que se evaporan al ritmo que suben los precios.

Para las empresas y tiendas, esto significa falta de materiales, el creciente peligro de robo y una lucha diaria para obtener alguna ganancia. Y hay una nueva amenaza: los saqueos.

La panadería La Mayer del Pan ha estado cerrada desde la noche del saqueo, igual que la mayoría de las tiendas en la calle Cajigal, ubicada a los pies del barrio de chabolas Las Malvinas. “¿Para qué abrir? Si no tienen productos”, explica Nelly Olavarria, que solía comprar pan allí “cuando había”. Los dueños de las tiendas tienen miedo de abrir las puertas de chapa y que una vez más arda el descontento y les destruyan la tienda.

“La Guardia Nacional protegió el centro comercial donde están los supermercados, pero dejaron las tiendas pequeñas a merced de los saqueadores”, dice Javier Vargas, un colombiano de 60 años que tiene una tienda pequeña y que tampoco quiso dar su verdadero nombre.

Vargas llegó a Venezuela cuando tenía 25 años y ya ha vivido más tiempo aquí que en su país natal. “Amo este país, me ha dado todo lo que soy. Pero ahora todo es un caos. Mis hijos son venezolanos. Si no fuera por ellos, me marcharía”, añade.

Vargas vive cerca de la calle principal que divide la parte de El Valle que se desarrolló formalmente y la parte que resultó de décadas de asentamientos informales que se fueron consolidando lentamente para formar lo que los venezolanos llaman “barrios”.

A medida que se sube la colina, más pobreza se encuentra. Desde lejos, el lado de El Valle donde vive Vargas parece una masa sólida de casas de ladrillos rojos apiladas milagrosamente una sobre la otra, con una malla de cables eléctricos enredados por encima. Vargas confiesa que durante el estallido del 20 de abril no pudo evitar sentir miedo.

Cientos de personas enfrentadas en las calles

“Vi a tres personas morir ese día. A dos de ellas, las conocía”, recuerda. El día anterior, cientos de miles de personas habían salido a las calles, enfrentándose en manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Maduro.

Los que apoyan al gobierno llevaban camisetas rojas y se congregaron cerca de la Casa de Gobierno, en el oeste de Caracas. Los opositores iban de blanco y marcharon por más de doce calles de la zona este de la ciudad hacia el centro. En El Valle, muchos no se unieron a ninguna manifestación porque tenían otra prioridad: encontrar comida.

“Hice cola durante cuatro horas, esperando poder comprar un poco de harina y quizás café, y luego me fui a casa temprano. Estaba feliz porque fui uno de los últimos en conseguir un poco de comida”, dice Sánchez. Vargas también se fue a casa temprano. Tenía miedo de que las manifestaciones se enfrentaran y hubiera violencia.

Aunque no hubo una confrontación abierta entre las manifestaciones que se sucedieron durante dos días,  tres personas murieron y muchas fueron detenidas. La Guardia Nacional lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes opositores para dispersarlos, algo que ya se ha vuelto común en el país.

Hacia el día 20, las tensiones en El Valle iban aumentando y muchos de los vecinos de Vargas salieron a la calle a golpear ollas y sartenes, una forma de protesta conocida como “cacerolazo”. A las 21.00, varias calles estaban cortadas con neumáticos en llamas y llegaron al barrio los primeros coches blindados del ejército.

Los disturbios sirven para robar comida

“Al principio, la gente salió a protestar a las calles. Luego, algunos vieron que podían entrar a las tiendas y robar comida. Y luego vimos que toda la ladera de la colina se venía abajo”, explica Vargas. “Lo que vi esa noche fue hambre”, añade.

Los medios de comunicación locales dicen que la Guardia Nacional fue a restablecer el orden y se enfrentó con saqueadores. Pero según los vecinos, las Fuerzas de Seguridad también se enfrentaron a pandillas poderosas, armadas con armamento militar –incluyendo granadas– que han ido comprando a lo largo de los años a soldados corruptos.

En marzo del año pasado, nueve hombres fueron asesinados en El Valle en un enfrentamiento entre bandas rivales que supuestamente se disputaban el control de la droga en la zona. Los medios locales informaron que habían participado de los enfrentamientos unos 150 hombres armados con rifles AR-15.

“It was a war. The thugs hate the national guard – and they met them head-on with the same weapons they’ve been buying from them for years.”

Los enfrentamientos del mes pasado tuvieron como protagonistas a menos hombres armados, pero los vecinos dicen que el combate entre la Guardia Nacional y las bandas duró al menos cuatro horas. “Era una guerra. Los criminales odian a la Guardia Nacional, y se enfrentan a ellos directamente con las mismas armas que les han comprado durante años”.

Traducido por Javier Biosca y Lucía Balducci

Campesinos brasileños del estado de Maranhão han atacando un asentamiento indígena, cortando pies y manos a algunas de sus víctimas en lo que parece ser una escalada brutal de un conflicto territorial.

Trece miembros de la comunidad Gamela han tenido que ser hospitalizados tras el ataque de los ganaderos el pasado domingo en el municipio de Viana, según ha informado el Consejo Misionero Indígena. Los atacantes llevaban rifles y machetes.

Entre los heridos está el líder del grupo, Kum 'Tum Gamela, un antiguo cura y coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra. Kum 'Tum Gamela ha recibido numerosas amenazas de muerte por defender los derechos de tierra de su pueblo.

El pasado viernes, decenas de miembros de la tribu Gamela ocuparon una zona que ellos reivindican como su tierra tradicional. Estos terrenos fueron incautados por la dictadura militar (1964-85), repartidos entre los terratenientes locales y actualmente se utilizan como pasto para el ganado. Pero los Gamela, un grupo de unas 400 familias que nunca han abandona la zona, insisten en que la tierra les fue robada y desde 2014 han redoblado sus esfuerzos para recuperarla.

Este último reasentamiento coincidió con las protestas de la semana pasada a nivel nacional y con otra protesta en un asentamiento indígena en Brasilia. Además, esto se produjo tras el 'movimiento para cortar alambres', una acción cuyo objetivo era destrozar las vallas que delimitan los terrenos.

Ganaderos locales —que reivindican la tierra como suya— respondieron a estas acciones con violencia. De acuerdo con algunas informaciones, los ganaderos enviaron un mensaje de Whatsapp acusando a los Gamela de ladrones. Posteriormente estos se habrían reunido en una barbacoa, habrían bebido grandes cantidades de alcohol y, finalmente, atacado a los indígenas por la noche.

De acuerdo con algunos supervivientes, los atacantes rodearon el asentamiento Gamela, dispararon y posteriormente le cortaron las extremidades a dos personas. A un hombre le cortaron las manos y las piernas a la altura de la rodilla. Otro perdió ambas manos. No hubo informaciones de muertes, aunque al parecer tres personas ingresaron en estado grave en el hospital.

Los Gamela han estado luchando contra poderosos políticos locales durante muchos años, incluida la familia Sarney, ricos terratenientes que dominan la política de Maranhão.

La tribu indígena denuncia que los agentes de policía no intervinieron ante el derramamiento de sangre y los activistas por los derechos de los indígenas han publicado un audio que afirman que corresponde a agentes de la policía militar local prometiendo no intervenir en el conflicto.

Tras el ataque, aquellos que todavía podían correr huyeron hacia el bosque. Se teme que haya más heridos que no se hayan atrevido, por miedo, a buscar tratamiento en los hospitales. El ataque es el último de una serie de confrontaciones y los activistas creen que no será el último.

Maranhão es el estado más pobre de Brasil y uno de los más violentos. No por casualidad está en primera línea de la deforestación, lo que ha provocado graves conflictos entre varias comunidades indígenas que intentan proteger su territorio forestal de los leñadores, campesinos y granjeros.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

El Tribunal Supremo ha ordenado de nuevo la detención de un futbolista profesional que fue condenado por asesinar a su novia. El asesino fue puesto en libertad antes de tiempo y se le permitió fichar por un club de fútbol.

Bruno Fernandes de Souza, que fue un icono durante su etapa de portero en el equipo más famoso de Brasil, el Flamengo, se ha entregado a la policía, acabando así con dos meses de libertad que habían generado un feroz debate sobre la violencia y la misoginia del país más grande de Sudamérica.

Ha cumplido menos de un tercio de su condena de 22 años impuesta por un juzgado de primera instancia por ordenar el asesinato en 2010 de su expareja y madre de su hijo, Eliza Samudio. Pero los abogados lograron su liberación en febrero con una petición de habeas corpus argumentado que los lentos tribunales del país no han logrado fallar sobre su recurso pasados varios años.

Para indignación de la familia de la víctima y de muchos grupos de mujeres, Bruno, como mejor se le conoce, firmó un contrato de dos años con el equipo brasileño de segunda división Boa Esporte, del estado de Minas Gerais.

La gente se manifestó y denunció que el club estaba apoyando el feminicidio y los altos niveles de violencia contra las mujeres en Brasil. Los hackers subieron denuncias a la página web del club y varios patrocinadores retiraron su apoyo al equipo.

Pero el portero también tenía muchos defensores entre las masas. A pesar de que todos escucharon en el juicio que su héroe había conspirado con sus amigos para matar a Samudio y echarla a sus perros para que se la comiesen, cantaban: “Todos somos Bruno”.

El asesino ha jugado cinco partidos antes de que el fiscal general, Rodrigo Janot, haya conseguido revocar su liberación, dado que su defensa es en parte responsable de los retrasos en su recurso. Bruno se ha entregado en una comisaría en Varginia, al sur de Minas Gerais. Actualmente está en un centro de detención en Santa Luiza.

Sônia Moura, madre de Eliza Samudio, afirma que se sintió aliviada al escuchar la noticia. “Me sentí aliviada porque fue asquerosa la forma en la que salió de prisión riéndose”, afirmó a medios locales.

El abogado del condenado, Lucio Adolfo, declaró a los medios que recurriría la decisión. “Bruno está como yo, indignado y angustiado”, señaló. El abogado aseguró que el contrato con el equipo de fútbol quedaría rescindido.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

“¿Quién está en la lista?”. La pregunta ha tenido obsesionada a toda la clase política brasileña desde hace meses. Mientras, el país espera que se revelen los nombres involucrados en el caso de corrupción más grande del país: la Operación Lava Jato.

La respuesta parece haberse filtrado esta semana desde la oficina del fiscal general, Rodrigo Janot: en el listado figuran casi todos los políticos que estuvieron en el poder en los últimos 10 o 20 años, con la llamativa excepción del presidente Michel Temer.

Pero con prácticamente toda la clase política en el banquillo, la investigación puede debilitarse al adquirir tamaña envergadura.

Según medios locales, entre los 83 políticos acusados este martes ante la Corte Suprema figuran cinco miembros del Gabinete, dos expresidentes —Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff—, los actuales y anteriores presidentes de ambas cámaras del Congreso y al menos dos antiguos líderes opositores —Aécio Neves y José Serra—.

Ellos, junto con decenas de abogados, han sido denunciados por la llamada “confesión del fin del mundo” de los exejecutivos de Odebrecht, la empresa de construcción más grande de América Latina, acusada de sobornar funcionarios de todo el continente.

Se dice que los testimonios, que supuestamente todavía están bajo secreto de sumario, revelan cómo los contratos públicos para la construcción de represas, puentes, carreteras y plantas energéticas fueron inflados escandalosamente para pagar sobornos a funcionarios de alto rango, tanto de los gobiernos locales como del nacional.

Janot envió 83 casos a la Corte Suprema y 211 a tribunales menores. El número de acusaciones es mayor al que se presentó durante los comienzos de la investigación del caso de corrupción de la petrolera Petrobras, que llevó tres años. Algunos gobernadores y senadores, como Romero Jucá y Renan Calheiros, han sido acusados en ambas investigaciones.

Las acusaciones son otro golpe para el gobierno de Temer, que ya ha perdido ocho ministros —la mayoría a causa de escándalos de corrupción— desde que planificó la destitución de la presidenta Rousseff el año pasado.

Aunque el presidente no ha sido acusado, está implicado en muchos de los testimonios y además supuestamente figuran en el listado todos los otros líderes del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), junto con cinco miembros de su gabinete. Temer ha dicho que solo les pedirá la dimisión si son acusados formalmente.

Sin embargo, existen temores de que muchos de los acusados por la Operación Lava Jato hayan estado socavando la investigación desde que Rousseff fue destituida. El juez de la Corte Suprema que más apoyaba la investigación, Teori Zavascki, murió en un misterioso accidente aéreo en enero. Fue reemplazado por un aliado de Temer, el exministro de Justicia Alexandre de Moraes.

Los políticos están debilitando la investigación de otras formas. Calheiros, expresidente del Senado, salió indemne tras rechazar una orden de un juez de la Corte Suprema para que dimita de su cargo mientras está siendo investigado. Además, los diputados están intentando prohibir las confesiones de los acusados con el objetivo de reducir sus penas y están intentando aprobar una ley de amnistía que permitiría que muchos de ellos evadan un castigo judicial.

Fernando Limongi, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, dice que el listado de Janot prueba que la corrupción es endémica y que involucra a todos los partidos políticos. Pero advierte de que ampliar la investigación podría beneficiar a aquellos que buscan socavarla.

“Como están involucrados casi todos los líderes políticos, esto podría acabar aliviando la presión sobre el gobierno de Temer. Ahora todos los políticos están en el mismo barco”, afirma. “¿Qué pasaría si toda la clase política se uniera para buscar una salida?”.

Sylvio Costa, editor de la organización de Congreso en Foco, asegura que el lento proceso judicial podría atascarse si se presentan solicitudes de investigación de forma masiva y al final se acabaría castigando a muy pocos políticos.

“Es un juego brutal: por un lado los principales partidos políticos —tanto el gobierno como la oposición— están intentando llegar a un acuerdo que preserve a los líderes como Lula y Aécio. Y por otro lado está la sociedad frustrada, que quiere que continúe la investigación aunque no tenga mucha fuerza”.

Costa advierte que la reacción pública determinará el futuro del proceso. “Algunos políticos serán castigados. Tendremos algún tipo de cambio, pero no será ni tan grande ni tan profundo como quisieran los que querían la destitución de Dilma y los que quieren una política honesta y ética”.

Traducido por Lucía Balducci

Este prorrateo de dolor humano no inspira más que rencor mercantil. Vientos de agua, espuma blanca en la cresta de la ola, postales desde el fin del mundo. Cerca del sol, lejos de aquí, aguarda el pasado muerto, comienza de cero la generación cero coma cero. Los sudacas de Europa cogen el camino, segunda parte. Escuece que te llamen “sudaca”, ¿ehin? Jornada de puertas abiertas en el Congreso de Turismo Peyorativo, sección “Menos papeles que un conejo de campo”. La revancha de las cosas simples, el destino haciendo eses, la solidaridad reconvertida en caridad. La juventud españolita, sin sitio. Sálvese quien pueda. Tol mundo deslocalizado. Y mucho ladrón suelto.

Curioso. El hombre campechano que, escopeta en mano, mandó callar a Chávez hace ahora mutis por el foro al son de Corina, Corina, la balada de la pobre emigración. Hermanosh amercanosh, osh necesitamosh, clama Rajoy al cielo. Entre reformash, ajustesh e incentivosh morales en diferido, los que perdimos el norte saludamos al sur de nuestras entretelas, allá vamosh.

Trescientos y pico de profesores universitarios se largan a cuatro mil kilómetros de la prepotencia hecha añicos. En tierra emergente de dioses contradictorios, alejados del imperial ruido, hete aquí las Indias, again. Anteayer llegaron los chicos del banconsantandé y demás multinacionales cañís, con su simpático sentido de la flexibilidad y sus entrañables eres reunidos geyper, pa tocarles un poco el piano. Van a enterarse de lo que vale un eufemismo. América versus la tiranía del FMI, el FBI, Angelita Merkel y sus lacayos.

Con ustedes, los campeones del humor absurdo y del trapicheo en pleno descenso del pedestal de hormigón armado. Corina, corona, corralito, corralón. Los sudacas de Europa (suena mal, ¿ehin?) nos parecemos más a los argentinos que a los chilenos, por los aires, por el elevado perfil de autoestima, por la dura caída, si acaso. Por las cláusulas del contrato y por los cariños de ida y vuelta. Vuelve el españolito medio a volar en pedazos, tarifa plana de chulería intrínseca, antaño en barco, hoy a bordo de la nube más barata, que está la cosa muy mal, ya lo dijo Chiquito (for president). Pa que se rían de nosotros, mejor será desternillarnos todos.

El cóndor pasa un kilo y medio del colonizador con piel de cordero, pero recibe con los brazos abiertos a gallegos, vascos y andaluces, como si no hubiera pasado el siglo de las revoluciones imposibles. Hoy las maletas lucen ruedas de fuego, los exiliados de agua salada portan estériles títulos masterizados y apellidos compuestos y sin crédito. “Aquí huele a azufre”. “Exprópiese”. Curita de humildad y paciencia, cónclave de papas con chocos. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Resuena, fantasmagórica, la voz del comandante de la parte de adelante en los parlantes del aeropuerto internacional de Achicoria. “Bajen sus humos, señores”. “Nos pincharon el globo”. No se marchan; los echan.