“Han entrado en pánico en la Conselleria”. Así se expresaba una fuente cercana a la Vicepresidencia Primera del Gobierno valenciano tras la publicación por parte de elDiario.es de que una veintena de altos cargos de la Generalitat incumplen la ley de transparencia al no publicar la titulación académica que dicen tener. Las informaciones sobre políticos que mienten o edulcoran sus currículums, que tienen en la dimisión del comisionado del Gobierno para la dana su máximo exponente -en una investigación asumida por Anticorrupción-, ha llevado a una suerte de psicosis en las filas de las Administraciones Públicas y de los partidos, que han pedido a quienes ocupan cargos públicos revisar las titulaciones y acreditarlas. En algunos departamentos del Consell que preside Carlos Mazón se ha dado la orden de buscar rápidamente todos los documentos acreditativos.

En el Ejecutivo valenciano este diario ya ha encontrado incongruencias en el currículum de la mano derecha de Carlos Mazón en la Conselleria de Infraestructuras, el hombre fuerte que gestiona las adjudicaciones de las obras de la dana. Javier Sendra ya mintió en su currículum en la Diputación de Alicante, como denunció la oposición, al afirmar que tenía dos másteres. Posteriormente, rectificó el documento y apuntó que eran cursos. Misteriosamente, al saltar al Gobierno autonómico, uno de estos títulos ha vuelto a ser un “máster” de alta dirección en el currículum que hay en GVA Oberta. En realidad, es un curso de 140 horas que imparte una escuela privada de negocios en Alicante.

Poco después de la publicación de los incumplimientos normativos de estos altos cargos, que acarrearían según la ley un expediente y pueden llevar sanciones económicas, el Ministerio de Universidades ha registrado un incremento de actividad para el primer fin de semana de agosto. Una oleada de altos cargos ha comenzado a pedir los justificantes de expedición de sus títulos académicos para incorporarlos a su perfil en el portal de Transparencia del Gobierno autonómico, como marca la ley que deben hacer.

A horas de cierre de esta edición, nueve de los altos cargos cuestionados han publicado en GVA oberta sus títulos o los documentos del Ministerio de Universidades que acreditan que han cumplido con los estudios superiores que dice su currículum. La ley de Transparencia no obliga a publicarlos todos, pero sí el “principal mérito” de su trayectoria, mediante copia gráfica. Los directores generales y secretarios autonómicos que han rectificado su olvido son, por el momento, los siguientes:

La mitad de los altos cargos cuestionados ya ha enmendado esta laguna en su perfil público. Como ya apuntó elDiario.es, no hacerlo acarrea un expediente sancionador, que puede saldarse con multa o apercibimiento. Corresponde al Consejo Valenciano de Transparencia iniciar este procedimiento, y a la secretaría autonómica del ramo, que depende de Presidencia de la Generalitat, los expedientes sancionadores, si se dan. La ley valenciana de Transparencia y el Código de Buen Gobierno, que es obligatorio para los altos cargos, prevén un castigo por incumplir las obligaciones de publicidad activa, que dependerá del “grado de culpabilidad e intencionalidad, la reiteración o reincidencia”. La valoración de la conducta y la sanción dependerán del Consejo de Transparencia.

La empresa Mas Mut Produccions, vinculada a Francis Puig, recibió subvenciones por el fomento del valenciano con trabajos que los investigadores de la Guardia Civil han comprobado, en un análisis de videos y facturas, que fueron realizados en parte en castellano, según consta en un informe presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de València por el equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial del instituto armado.

El informe, de 446 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, contiene un análisis y relación de las facturas relacionadas con la actividad de las empresas vinculadas al hermano del expresident de la Generalitat y exsecretario general del PSPV, Ximo Puig, un informe complementario solicitado en su día sobre los proveedores que las habían emitido al objeto de acreditar la realidad de los servicios prestados por las compañías.

En esta causa, el juzgado investiga, tras una querella interpuesta en su día por el PPCV, supuestas irregularidades en subvenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana entre 2015 y 2018 a empresas relacionadas con Francis Puig y sus socios, los Adell Bovell. Se trata de las mercantiles Comunicacions dels Ports; Mas Mut Producciones, Canal Maestrat o Kriol.

En la comprobación de la facturación de Mas Mut, a los investigadores les llama la atención, la existencia de una subcarpeta denominada 'Digitalització', con los ejemplares escaneados del 'Setmanari Noticies' de 1993 a 2012, y una factura con el concepto de “encuadernación y digitalización de contenidos”, que no coinciden con los archivos aportados, y que de los 1.119 elementos que contiene, 534 son en castellano “lo que no tiene razón de ser incluidos en el concepto de ayuda del fomento del valenciano ni del catalán”.

En otro apartado, en facturas a Comunicacions dels Ports, los investigadores constatan que muchos de los archivos de reportajes son la totalidad en castellano, “lo que no sería objeto de subvención”; otros mezclan castellano y valenciano y otros son solo en valenciano.

El informe, que no presenta conclusiones al juzgado ni cuantifica económicamente las posibles irregularidades sino que realiza un análisis de las facturas, incluye otro apartado con el nombre de 'Seu Calaceit' y explica que se había requerido a las compañías telefónicas información sobre facturas y datos relativos a Comunciacions dels Ports.

El número de teléfono correspondiente a la sede figuraba entre 2010 y 2016, y los agentes desconocen la forma en la que en 2017 y 2018 pudo prestar servicio Mas Mut en esa ubicación sin línea telefónica ni conexión a internet.

Asimismo, señala, otros apartados, que no figura en el albarán la denominación de los archivos que incluyen por lo que no se puede comparar o se observa diferencias temporales entre la creación del archivo y el mes que figura en la figura.

Factura de alquiler

Los agentes también acudieron a comprobar la sede de Mas Mut en Penyarroya de Tastavins (Teruel), donde constararon la existencia de una vivienda unifamiliar de dos alturas, y a la que llamaron en varias ocasiones durante las dos visitas realizadas. Un vecino confirmó a los investigadores que se trataba del domicilio particular de Jorge Puig --hermano de Francis--.

Como ya indicaron en un informe anterior, la casa no presenta ningún rótulo informando la existencia en esa ubicación de la mercantil sino que “presenta el aspecto de una vivienda particular”, además de no presentar más antenas que la habitual en una residencia normal. Por ello, los agentes no pueden acreditar que esa ubicación sea la sede social de la mercantil.

Y en otro apartado de facturas de Canal Maestrat, los agentes analizaron un disco duro entregado para determinar los archivos de imagen/video que guardan relación con cada una de las facturas presentadas para la subvención. En la carpeta 'Cuota aportación información territorial', los investigadores localizaron 145 archivos en diferentes formatos, creados entre enero y mato de 2017, con contenido relativo a localidades del delta del Ebro, Tortosa, Amposta o D'Eltebre.

“Esta instrucción desconoce su estos trabajos guardan relación con la justificación del gasto para subvención de la Generalitat de Cataluña o, si por el contrario, fueron presentados para la subvención de la Generalitat Valenciana”, al quedar fuera del territorio de la Comunitat.

Sobre facturas no abonadas de Canal Maestrat SL, indica el informe que en una cuña de radio sobre la comarca del Matarraña, los investigadores señalan como “llamativo” que el archivo publicitario de audio se incluya en la cuenta justificativa de la subvención estructural a emisoras de televisión de titularidad privada en catalán o aranés.

Del mismo modo, entre los servicios de contenidos para Comunicacions dels Ports también figura un reportaje sobre la boda de Enrique Adell Bover con Inés Aular con más de 20 archivos de vídeo con audio en castellano y únicamente siete en valenciano.

Y en el examen de facturas de Nova CB, señalan que aporta la cuenta justificativa de gastos para la subvención del fomento del valenciano en modalidad radio en la que no se “entiende” el suministro de imágenes, algunas de ellas sin audio, para este tipo de justificación.

En este sentido, el informe también hace referencia a micro-vídeos promocionales de la localidad de Xert (Castellón) y donde “en ninguno de estos” se habla en valenciano.

La Comunitat Valenciana resulta un territorio clave para los dos grandes partidos, PSPV y PP, que se juegan la presidencia de la Generalitat. Después de dos legislaturas con gobiernos progresistas -primero con los socialistas y Compromís y ya en el actual mandato con la inclusión de Unides Podem-Esquerra Unida-, el próximo 28 de mayo todas las encuestas indican que la balanza caerá del bloque de izquierdas o del de derechas (PP-Vox) por unos cuantos miles de votos. Y el CIS no es una excepción.

La izquierda, en cualquiera de los escenarios posibles, obtendría la mayoría en las Corts Valencianes. En el mejor de los escenarios para los partidos de derecha, PP y Vox solo podrían sumar 48 diputados (36+12). La horquilla que otorga el CIS a los populares es de 31-36 escaños, con el 30,7% de los sufragios y como partido más votado, mientras que a Vox le da entre 8 y 12 representantes, con el 10,2% de los votos. La mayoría en las Corts Valencianes está situada en los 50 escaños.

Por lo respecta a los grupos del Botànic, el PSPV sería el segundo partido más votado, con el 29% de los sufragios y entre 30 y 34 asientos en el Parlamento valenciano; Compromís obtendría el 18,5% de los sufragios y entre 15 y 19 escaños; y Unides Podem-Esquerra Unida lograría entre 2 y 5 parlamentarios con el 6% de los sufragios (entre el 5,1 y el 6,9% de los votos, lo que les garantizaría la representatividad).

Joan Ribó ganaría otra vez en València

En la ciudad de València, Compromís volvería a ganar las elecciones con entre 11 y 12 concejales y el 30,4% de los votos frente a 10 regidores del PP con el 29% de los sufragios. El PSPV de Sandra Gómez obtendría, según la encuesta del Centro de Estudios Sociológicos, el 19,5% de los votos con 7 representantes, Vox conseguiría entre 4 y 5 ediles y el 11% de los votos y Unides Podem-Esquerra Unida podría entrar en el Ayuntamiento con un concejal y una estimación de voto de entre el 3,2% y el 5,7% de los votos. Con estos resultados, Joan Ribó Ribó volvería a ser alcalde de València y obtendría hasta dos concejales más de los que tiene actualmente.

El CIS también constata la desaparición de Ciudadanos, tanto en el parlamento autonómico, donde apenas lograría el 2,1% de los sufragios, como del Consistorio valenciano, donde solo obtendría el 1,9%.

Encuesta de elDiario.es

Según los resultados que se desprenden de la encuesta elaborada por Simple Lógica para elDiario.es, PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida estarían en disposición de reeditar un tercer Botànic. Así, de este sondeo se desprende que, a pesar de que el PP de Carlos Mazón ganaría las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana, las fuerzas progresistas sumarían entre uno y tres diputados más que la suma de los representantes de populares y Vox, aunque con los bloques muy igualados y la clave de la entrada de UP-EUPV en las Corts (el estudio de simple lógica le otorga un 6,7%, porcentaje bastante por encima de la barrera electoral del 5% que le aseguraría representación en el Parlamento autonómico). De esta encuesta también se desprende cierta polarización entre territorios, con un PP muy dominante en Alicante, con mayoría de representación gracias a Vox, y mayoría de los partidos de izquierdas en la circunscripción de Valencia. En la provincia de Castellón se produciría un empate entre bloques.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y dirigente de Compromís, Mónica Oltra, no acudirá a la Ejecutiva de la coalición convocada para esta tarde con la voluntad de que los miembros de la dirección hablen con comodidad sobre los efectos políticos de su imputación judicial.

Así lo ha decidido Oltra al tratarse de una decisión colectiva sobre una cuestión política, no personal, según han recordado a EFE fuentes de la Vicepresidencia del Consell.

El encuentro de la dirección de la coalición, que tendrá lugar en la sede de Compromís, en la plaza del Pilar, a partir de las 16:30 horas, fue convocado antes de conocerse la circunstancia judicial de la vicepresidenta, pero en él se van a abordar las consecuencias de su imputación por la gestión que hizo su Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Mónica Oltra forma parte de la Ejecutiva de Compromís, integrada por 28 miembros, entre ellos el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera; la coportavoz, Àgueda Micó; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; el exconseller de Educación Vicent Marzà; el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví; y el senador Carles Mulet.

La vicepresidenta aseguró el pasado viernes que no va a dimitir tras su imputación judicial y que aguanta la presión al considerar que esta es una cuestión “política”, fruto de una “cacería de la extrema derecha”, y, según recuerdan las fuentes consultadas, hay que tomar una decisión colectiva porque se trata de una cuestión política, no personal.

Este lunes, el president de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó sobre el futuro de la vicepresidenta del Consell que se trata de “una reflexión que no es personal”, sino “coral”, en la que hay que poner por encima el “no fallarle a la sociedad valenciana” y que se va concretar “más pronto que tarde”.

La oposición sigue exigiendo la destitución de Oltra mientras Compromís advirtió de que si Ximo Puig optara unilateralmente por apartarla rompería al acuerdo del Botànic, el pacto de izquierdas que desde 2015 sustenta al Gobierno valenciano entre el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem.

En el momento más delicado de su carrera política -el pasado jueves, Mónica Oltra era imputada por el TSJ valenciano por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido (condenado a cinco años de prisión) a una menor tutelada en un centro dependiente de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirige-, la vicepresidenta valenciana ha participado este sábado en un acto organizado por la coalición a la que representa, Compromís, que tenía por lema 'Cap al tercer Botànic'. El objetivo de esta cita, programada desde hace más de una semana, antes de que se conociera que el Alto Tribunal había citado a la dirigente valencianista a declarar como investigada el próximo 6 de julio, era reivindicar las políticas de Compromís en el Gobierno autonómico cuando queda menos de un año para las próximas elecciones autonómicas. Sin embargo, se ha convertido en un acto de apoyo de la coalición hacia Oltra, que este mismo viernes se negaba a dimitir escudándose en que el propio auto del TSJCV reconoce que “no existe prueba directa” de las acusaciones que se le imputan.

Mónica Oltra, en medio de un ambiente festivo ante centenares de militantes y simpatizantes valencianistas, subía al escenario poco después de las 11.15 horas acompañada del alcalde de València, Joan Ribó, el diputado en el Congreso Joan Baldoví y de los dirigentes valencianistas Àgueda Micó y Juan Ponce al ritmo de la canción 'Mediterrània' de la banda valenciana La Fúmiga.

Una emocionada -con lágrimas amenazando en los ojos- y “sobrecogida” Mónica Oltra iniciaba su discurso, el que cerraba la acto, con unas palabras dedicadas a su madre, a su hermano y a sus hijos: “Mamá, nunca me he apartado de los valores de integridad, honestidad y honradez que me enseñasteis papá y tú, puede ir por la calle con la cara bien alta”; de su hermano recordó que “no traficó con mascarillas ni cobró comisiones, sino que las consiguió gratis”; A sus hijos les dijo que pueden ir “con la cara muy alta”, y les dijo que “lo más importante es que os reconozcáis como os hemos educado en casa”. “Aquí me tenéis de pie, porque éste no es un tema personal, es un tema político”. La dirigente valencianista también se acordaba de las elecciones andaluzas que se celebran este domingo y recordaba el poema de Miguel Hernández 'Andaluces de Jaén': “Andalucía, mañana, levántate brava”, y advertía sobre el Gobierno valenciano: “El Botànic no es Botànic si no está Compromís, el Botànic sin Compromis es García Page (el presidente socialista de Castilla La Mancha)”.

“No hay ninguna grieta”

El primero en intervenir, Joan Ribó, finalizaba su discurso reivindicativo de las políticas del acuerdo del Botánico en la Generalitat y del Rialto en la ciudad de València mostrando su apoyo a la vicepresidenta del Consell: “No hay ninguna grieta [en Compromís], que nadie se haga ilusiones”, al tiempo que destacaba que todo lo que este sábado reivindican “no hubiera sido posible sin Mónica Oltra. Has sido y continuarás siendo imprescindible, y vamos a continuar trabajando en esta dirección”. Y en este sentido, apuntaba que lo que está sucediendo en los tribunales, “igual tiene que ver con tu trabajo por los derechos de las personas y con tus políticas”.

Joan Baldoví recordaba el nombre del himno del Liverpool, 'You'll never walk alone': “Nunca caminarás sola, Mónica; tu equipo, Compromís, siempre caminará contigo. ¿Queda claro?”. “Si atacan a una, nos atacan a todos y la defendemos todos”.

Àgueda Micó, por su parte, sentenciaba de forma contundente: “Esta partida contra la derecha y la extrema derecha la ganaremos una vez más”, al tiempo que aseguraba: “Los de siempre nos están intentando meter miedo”. Así mismo, recordaba que Mónica Oltra no es la primera ni la única valencianista que ha padecido la “persecución política y judicial”, casos como los de Enric Nomdedéu, Rubén Trenzano o Pere Fuset, “y otros alcaldes y alcaldesas que también ha sido objeto de estas prácticas”: “Somos insobornables y no nos han podido comprar, por eso molestamos tanto”.

Juan Ponce calificaba de “despreciable e injustificable” la “cacería política” contra Oltra: “Nos tienen miedo y nos persiguen, porque no han podido con nosotros en las urnas, pero no nos pararán, no vamos a dar un paso atrás”, y añadía que han sido “muchos” en Compromís“ quienes han sido ”víctimas de denuncias y procesos judiciales que han acabado en nada, como va a sucederá contigo, Mónica“.

Oltra mantiene el pulso

La dirigente valencianista está dispuesta a aguantar el pulso político ante lo que considera una “cacería política” de la extrema derecha -la querella que ha provocado su imputación parte de José Luis Roberto, líder de la formación ultra España 2000, y Cristina Seguí, cofundadora de Vox-: “Esta gente no puede ganar. Es una cuestión política de defensa democrática. Porque si me lo hacen a mí se lo pueden hacer a cualquiera”.

Oltra defiende su “coherencia” al no dimitir: “Mi postura es ética, estética y política”. Sin embargo, cada vez la presión es mayor, con una oposición que insiste una y otra vez en reclamar su cabeza, y un president Ximo Puig que, si bien este viernes rechazaba tomar ninguna decisión, sí que considera que hay que “reflexionar y tomar decisiones”. “Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico, y los tiempos jurídicos y los tiempos políticos no coinciden muchas veces”, apuntaba.

La pasada semana, los partidos de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) acusaron en las Corts Valencianes al Consell del Botànic de promocionar el chemsex a través de una campaña del Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj). Y este mismo miércoles se ha conocido que el magistrado José Luis Rubido de la Torre, titular del juzgado de Instrucción número 1 de València, ha citado a declarar como investigados a Jesús Damián Martí, director del Ivaj, y a Ofelia Gimeno, directora de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, a raíz de una querella presentada por la asociación ultra Abogados Cristianos por una campaña de la Generalitat Valenciana sobre salud sexual, que incluye la charla 'Chemsex. Drogues i sexualitat' del Ivaj. El juez ha admitido a trámite el escrito, que acusa a los altos cargos de la Generalitat de “promocionar el chemsex en sus redes sociales y de financiar una aplicación de contactos para realizar esta práctica”.

En el vídeo, publicado el pasado 26 de abril y difundido por el Ivaj a través de redes sociales (Twitch, Youtube, Instagram o Twitter) dentro de la campaña #acíhihatema (Aquí hay tema), participan Samuel Valentín, de la asociación Dessex (Associació pels drets, l'educacció i la salut sexual i reproductiva del País Valencià), y Jorge Hernández, psicólogo de la oficina Orienta de Lambda en València, que define el Chemsex como “prácticas sexuales asociadas al uso de ciertas drogas, desde alcohol a otras sustancias de otro nivel”. Ambos analizan, sin ningún tipo de tabú, los riesgos de esta práctica sexual, principalmente entre hombres, que implica el consumo de determinadas drogas.

Hérnadez explica que no se quiere lanzar un mensaje “moralizante” pero sí informar sobre los “posibles riesgos” para “prevenir y reducción de daños”. “No es que esté bien ni mal, pero que si quieres probarlo, que sea de la forma más sana posible”, comenta Valentín, mientras que el psicólogo advierte que esta práctica, que puede incluir la utilización de drogas duras inyectables, “puede generar una adicción”, y añade: “Es una práctica más, pero tienes que ver hasta qué punto no puedes tener una adicción, hasta qué punto te satisface, si es un espacio de socialización o de sexo patológico, porque las relaciones de chemsex pueden durar desde unas pocas horas hasta días”.

Riesgos asociados

La charla cuenta con la interacción de algunos usuarios, que le lanzan preguntas al psicólogo. Sobre los posibles riesgos de esta práctica, Hernández responde con un “de entrada, depende”, y matiza: “Es verdad que al usar drogas llegas a perder la conciencia de lo que estás haciendo. Hay gente que te dice que durante doce horas no supo lo que estaba haciendo porque no tiene recuerdos”. “Si tú llegas a perder la conciencia de lo que estás haciendo, hay riesgos asociados”, puntualiza: “Sí que hay riesgos asociados, porque puedes intercambiar jeringuillas o no tienes la información de lo que te estás tomando, de si es la cantidad adecuada o es excesiva, no sabes si estás utilizando condón... Todo está bien mientras lo controlas, cuando pierdes el control sobre lo que estás haciendo, tienes un problema”.

Precisamente, para la reducción de riesgos, durante la charla se apuntan algunos de los consejos que aporta el grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH para los portadores del virus que realicen esta práctica: “Conoce a tu camello; establece reglas de seguridad y límites antes de empezar la sesión; haz acopio de material de prevención y estéril; lleva contigo la medicación. Habla con tu médica sobre las interacciones de tu medicación con otras sustancias; procura descansar y refrescarte periódicamente; trata de mantenerte hidratado y comer; no abandones a tu compañero; pide ayuda y llama al 112 si la situación se complica por el uso de drogas”.

“Hacerlo con gente de tu confianza es importante, porque si te da más fuerte de lo que tú esperabas y no controlas, por lo menos que la gente con la estés sepas que van a cuidarte, que van a esperar a que se te pase, que te va a llevar a casa, que van a llamar al 112... No conocer a la gente con la que vas a estar es una pauta de inseguridad”, comenta Hernández, y añade Valentín: “Si es una práctica que vamos a llevar a cabo, que lo hagamos de la forma más saludable posible”.

Se ha puesto de moda y se le ha puesto nombre

El psicólogo de Orienta València relata que el chemsex no es nada nuevo, que ya se conoce desde hace años, “tampoco nos alarmemos, que esto ya venía pasando pero ahora se ha puesto de moda con otras drogas y se le ha puesto un nombre. Parece que ha llegado hace dos años de Inglaterra cuando es algo que se venía haciendo desde hace años, pero que no tenía nombre. Ahora se le ha puesto una etiqueta y parece que es más grave”.

“No se trata de que la gente no se drogue, porque siempre va a haber alguien que se va a drogar, sino de que no lo haga mal, reduciendo los riesgos. No estamos diciendo que está bien ni que está mal”, dice Valentín, quien se refiere a chemsex.info, una web de stop Sida en la que se ofrece “mucha información sobre las sustancias que se utilizan en estas prácticas y cómo puede afectarte, e incluso hay un test para comprobar si tu consumo es muy elevado”.

“Hay unos indicadores de que está siendo problemático: si te has distanciado de tus amigos, estás teniendo problemas en el trabajo, si no puedes practicar sexo sin aplicar químicos...”, apunta Hernández, quien remarca sobre el chemsex que es algo que “existe y se practica” pero que es “bastante minoritario. No lo practica el grueso del colectivo LGTBI ni todos los hombres que tienen sexo con hombres y es verdad que tiene riesgos complicados”. Al respecto, apunta que la mayoría de quienes practican el chemsex “saben lo que están haciendo, están informados y lo practican con cierta seguridad”.

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha descartado de nuevo dimitir y ha criticado el informe de la Fiscalía en el caso del presunto encubrimiento de abusos a una menor por parte de un educador -su exmarido- porque cuestiona la “profesionalidad” de 13 personas de su departamento y cree posible que todas, “cada una de su padre y de su madre, han mentido al juez” para protegerla a ella. Por ello, ha aseverado: “No ha cambiado nada y menos después de leer el informe de la Fiscalía”.

Así lo ha asegurado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en la que ha apuntado que “no sabe qué piensan” las 13 personas de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que declararon, pero sí ha manifestado que “muchas de ellas llevan 20 años al servicio de la administración” y que la acusación de la Fiscalía está “cuestionando su profesionalidad”. Preguntada si le ha sorprendido el tono del escrito, ha agregado: “Mentiría si dijera que no”.

“Si para la Fiscalía la verdad de 13 personas es inverosímil, en este país tenemos un problema. Cuando la verdad se convierte en increíble, este país tiene un problema”, ha manifestado. Asimismo, Oltra ha remarcado que “no hay ningún ilícito penal” y se ha referido a su comparecencia ante las Corts Valencianes del 21 de abril de 2021.

“Yo estoy de acuerdo con la fiscalía en que es imposible que todos se hayan equivocado. Pero a lo mejor la conclusión es que no se equivocaron. En vez de pensar que hay una gran conspiración, ¿qué tal si concluimos lo más sencillo, que es que no se equivocaron?”, ha agregado.

A la llegada de Oltra, un grupo de unas 10 personas entre las que se encontraba el líder de España 2000, José Luis Roberto, han exigido la dimisión de la vicepresidenta. Preguntada si piensa que este caso es una conspiración de la extrema derecha, ha aseverado: “Mírelo usted, están ahí en la puerta”.

Este jueves se conoció el escrito remitido por la Fiscalía de Valencia a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que estima que este órgano es competente para instruir el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales por parte del exmarido de Oltra a una menor tutelada.

Entre otras consideraciones, el Ministerio Público considera que se realizó “una investigación superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos”.

“Respeto absoluto” a la justicia

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado su “respeto absoluto a la Justicia” al ser preguntado por el escrito de la Fiscalía que atribuye a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, la directriz de ocultar los abusos por parte de su exmarido a una menor tutelada. En ese escrito conocido este jueves de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana se añade que esa directriz pretendía “desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad”.

La fiscal superior, Teresa Gisbert, ha remitido ese escrito a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que apoya que este tribunal investigue a Oltra, como aforada, por la gestión de su departamento en este caso.

Centenars de persones convocades pel partit animalista Pacma s'han manifestat aquest dissabte a València per l´“abolició de la tortura taurina” i unes festes sense bous i “sense sang” a la Comunitat Valenciana, així com per a protestar contra el Consell del Botànic per “emparar la tortura” en festes com els 'bous al carrer'.

Des de Pacma consideren que és “totalment impropi” que se seguisquen “matant i torturant animals per diversió en ple segle XXI”. Com a exemple d'açò han recordat que en la pròxima fira de Falles “moriran més de setanta animals” en nom d'una “fal·laç tradició”.

Respecte al Govern valencià, el partit animalista ha lamentat que en breu té previst aprovar un decret pel qual es volen “legalitzar formes de maltractament que fins ara no tenien suport legal”. En concret, es refereixen als tancaments de bous embolats, “ens sembla que és anar cap a arrere”, ha dit Raquel Aguilar, coordinadora de Pacma a València.

Els animalistes se senten defraudats pel Consell del Botànic: “nosaltres realment pensàvem que quan hi haguera un canvi de govern amb uns partits més progressistes pogueren fer alguna cosa, el que no esperàvem de cap manera era que lluny d'acabar amb açò ho promocionaren més i li donaren més suport”.

“Ací no hi ha cap interès ni cap empatia cap als animals, aquests partits (PSPV i Compromís) només pensen en vots”, apunta Aguilar, qui assenyala que els taurins són “menys però més sorollosos”. “S'equivoquen, perquè al final les persones que estan en contra dels bous són més, i les estadístiques del ministeri així ho indiquen, encara que la gent no isquen al carrer”. “Quan la gent isca al carrer, açò s'acabarà”, sentencien des de Pacma, que qualifiquen de “maquillatge” les “quatre mesures” que puguen defensar en matèria animalista els partits del Botànic (PSPV, Compromís i Podem).

Al març de 2015, en vespres de les eleccions municipals i autonómiques de maig d'aqueix any i en plena 'guerra' del PP per les senyes d'identitat valencianes, entre les quals destacaven els festejos taurins, el llavors conseller de Governació, Luis Santamaría, anunciava la concessió del primer premi 'Va de Bous' impulsat pel Govern d'Alberto Fabra, uns premis creats el 2014.

Ara, quatre anys després, el Consell del Botànic (format per PSPV i Compromís) ha recuperat aquests reconeixements -de caràcter biennal- i premiarà, en cadascuna de les dues categories (espectacles taurins en plaça de bous i festejos taurins tradicionals -'bous al carrer'-), el periodista especialitzat José Luis Benlloch Rausell, l'Entrada de Bous i Cavalls de Sogorb i el ramader Vicente Peris Maximino. L'acte de lliurament tindrà lloc el pròxim 6 de març en l'Ateneu Mercantil.

La resolució de la direcció general per a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, dependent de Presidència, es publicava aquest dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els guardons tenen un caràcter honorífic i consisteixen en una escultura de Miquel Navarro i el jurat està compost pel director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, la directora general de Seguretat, Aurora Valero, i el cap de servei Fernando Castellano

Els premis, impulsats per la Conselleria de Governació i Justícia, estaven emmarcats en la lluita de l'Executiu popular per blindar les senyes d'identitat. Iniciatives com aquests guardons taurins van nàixer, en paraules de Santamaría, per a “revaloritzar i difondre” aquests festejos, així com per a “vetlar per la protecció i defensa de la seua identitat”.

Els primers premis 'Va de Bous' van ser concedits al matador valencià Enrique Ponce, per la seua “gran trajectòria que durant 25 anys l'ha convertit en referent de la tauromàquia i una figura reconeguda a nivell internacional”, i a Manuel Vicent, expresident de la Federació de Penyes Taurines de la Comunitat Valenciana.

Els 'bous al carrer' contra l'esquerra

A final de la passada legislatura, el PP va utilitzar 'símbols' com la llengua o els 'bous al carrer', que s'ha cobrat més d'una trentena de víctimes mortals en l'última dècada, per a atacar a l'esquerra. El Consell d'Alberto Fabra pretenia “protegir i emparar sense complexos” per llei els festejos taurins.

La justificació era el “profund arrelament” de la festa, sobretot en les comarques del nord de València i Castelló, i estava previst que fins i tot s'estudiaren els 'bous al carrer' en els col·legis dins de l'assignatura Cultura del Poble Valencià per a impartir entre els escolars l'“ADN cultural del poble valencià”.

La polèmica pels 'bous al carrer' es va traslladar a la campanya electoral de juny del 2016, quan en diverses ocasiones grups de protaurins van protagonitzar accions de protesta en actes electorals de la candidatura 'A la valenciana' en què participava la vicepresidenta Mónica Oltra.

En marzo de 2015, en vísperas de las elecciones municipales y autonómucas de mayo de ese año y en plena 'guerra' del PP por las señas de identidad valencianas, entre las que destacaban los festejos taurinos, el entonces conseller de Gobernación, Luis Santamaría, anunciaba la concesión del I premio 'Va de Bous' impulsado por el Gobierno de Alberto Fabra, unos premios creados en 2014.

Ahora, cuatro años después, el Consell del Botànic (formado por PSPV y Compromís) ha recuperado estos reconocimientos -de carácter bienal- y premiará, en cada una de las dos categorías (espectáculos taurinos en plaza de toros y festejos taurinos tradicionales -'bous al carrer'-), al periodista especializado José Luis Benlloch Rausell, a la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe y al ganadero Vicente Peris Maximino. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 6 de marzo en el Ateneo Mercantil.

La resolución de la dirección general para la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de Presidencia, se publicaba este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat valenciana. Los galardones tienen un carácter honorífico y consisten en una escultura de Miquel Navarro y el jurado está compuesto por el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, la directora general de Seguridad, Aurora Valero, y el jefe de servicio Fernando Castellano.

Los premios, impulsados por la Conselleria de Gobernación y Justicia, estaban enmarcados en la lucha del Ejecutivo popular por blindar las señas de identidad. Iniciativas como estos galardones taurinos nacieron, en palabras de Santamaría, para “revalorizar y difundir” estos festejos, así como para “velar por la protección y defensa de su identidad”.

Los primeros premios 'Va de Bous' fueron concedidos al matador valenciano Enrique Ponce, por su “gran trayectoria que durante 25 años le ha convertido en referente de la tauromaquia y una figura reconocida a nive internacional”, y a Manuel Vicent, expresidente de la Federación de Peñas Taurinas de la Comunitat Valenciana.

Los 'bous al carrer' contra la izquierda

A final de la pasada legislatura, el PP utilizó 'símbolos' como la lengua o los 'bous al carrer', que se ha cobrado más de una treintena de víctimas mortales en la última década, para atacar a la izquierda. El Consell de Alberto Fabra pretendía “proteger y amparar sin complejos” por ley los festejos taurinos.

La justificación era el “profundo arraigo” de la fiesta, sobre todo en las comarcas del norte de Valencia y Castellón, y estaba previsto que incluso se estudiaran los 'bous al carrer' en los colegios dentro de la asignatura Cultura del Poble Valenciano para impartir entre los escolares el “ADN cultural del pueblo valenciano”.

La polémica por los 'bous al carrer' se trasladó a la campaña electoral de junio de 2016, cuando en diversas ocasiones grupos de protaurinos protagonizaron acciones de protesta en actos electorales de 'A la valenciana' en los que participaba la vicepresidenta Mónica Oltra.

El model d'examen al Consell estarà redactat després de les vacances. El secretari general de Podem, Antonio Estañ, s'ha estrenat aquest dijous com a interlocutor amb Ximo Puig i Mónica Oltra, president i vicepresidenta de la Generalitat.

Dos mesos després de la seua elecció com a màxim representant de la formació en el territori valencià, Estañ ha traslladat a l'Executiu que sustenta les noves línies polítiques de Podem, entre les quals destaca l'auditoria ciutadana. Augmentar l'exigència als socis de govern, executors de les polítiques, va ser una constant del secretari general i del sector que va encapçalar, que li ha portat a rellevar a Antonio Montiel com a cap del partit.

Segons ha explicat el portaveu després de la trobada a tres bandes que ha durat més d'una hora, durant les vacances es redactarà el model de l'avaluació de les polítiques del Govern autonòmic. “El pacte és un acord a quatre bandes, també amb la ciutadania, i corresponia establir mecanismes de rendició de comptes”, ha recordat Estañ, qui ha assenyalat que es desenvoluparà al llarg de l'any, ja superada la meitat de la legislatura. La moció de confiança al president no s'ha posat sobre la taula, però segons el representant de Podem tot forma part del mateix paquet de rendició de comptes davant la ciutadania.

Respecte al seminari d'Ademús, la principal crítica del soci de Govern és la lentitud. “Les propostes vitals per a canviar el model productiu no s'estan duent a terme amb la velocitat que ens agradaria”, ha lamentat.

Per la seua banda, la portaveu del Consell, Mónica Oltra, considera que l'Executiu ja exerceix mecanismes de participació ciutadana, especialment els previs a l'elaboració de projectes legislatius. Oltra ha deixat veure que açò podria ser un pas previ a l'auditoria i les valoracions en si, la part posterior per a conèixer el compliment de les mesures. A més, ha insistit que ja existeix la comissió de seguiment del Botànic, que cada semestre convoca un dels signants. Ací és on es troba la discrepància amb Podem, que considera que l'avaluació han de fer-la els ciutadans, no el Govern.

No obstant açò, la prioritat ara són els pressupostos, que el Consell ja ha començat a elaborar. Podem estarà pendent que es “materialitzen les polítiques socials” en els comptes de la Generalitat per al pròxim any, amb especial atenció a l'eliminació de barracons, canvi del model productiu i lluita contra la precarietat laboral. Qüestions que, si no es pressuposten ja, “difícilment” seran engegades.

“Nos hemos negado a congelar el presupuesto porque hubiera sido un castigo inmerecido para nuestra gente”. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha defendido así este martes, ante el pleno de las Corts Valencianes, el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2017. Unas cuentas que ha definido como las de “la reconstrucción social y económica de la Comunidad Valenciana, además de reivindicativas y que apuestan por la transformación del modelo productivo”.

Soler ha destacado que el presupuesto, de 17.724 millones de euros, supone un aumento del 3,3%, un porcentaje que se reduce al 2,8% en los 18.916 millones del presupuesto consolidado (es decir, el que incluye las empresas y organismos del sector público). Y ha añadido que 11.082 millones se destinan a gasto social, lo que supone un 85,7% del gasto no financiero, sin incluir intereses, en contraste con el 78,7% que dedicó el último Consell del PP a gasto social en los presupuestos de 2014.

Como ya ocurriera en las cuentas de 2016, el Consell ha optado para cuadrar las cifras por incluir 1.325 millones correspondientes a lo que debería recibir la Comunidad Valenciana para que se cumplieran los criterios de equidad y eficiencia en el sistema de financiación autonómica. Soler ha argumentado que la intención es ser claros al reflejar “de dónde vienen y de dónde no vienen los recursos”. Ha insistido en la urgente necesidad de acabar con la infrafinanciación valenciana.

Para el diputado del PP Rubén Ibáñez, que ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo, estamos ante “una estafa piramidal del Gobierno de Puig y Oltra a los valencianos”. Según Ibáñez, los partidos del Acord del Botánic imponen su “rodillo parlamentario” para subir los impuestos y gestionar mal. Tras hacer una catastrófica descripción de las políticas sociales del Ejecutivo que preside Ximo Puig, el parlamentario ha calificado de “presupuestos superficticios”, elaborados por un “gobierno fracasado,” las cuentas autonómicas de 2017.

El socialista José Muñoz, en su réplica, ha acusado al PP de manipular los datos, ha recordado que la derecha dejó una herencia de 42.000 millones de euros de deuda en la Generalitat y ha contraatacado la acusación de hacer un presupuesto ficticio. En 2014, ha señalado, el PP introdujo 1.057 millones del fondo de competitividad que no llegaron, 390 de venta de presupuesto y se recaudaron “cero euros”, 230 de compensación por el impuesto sobre depósitos bancarios que no se recibieron y un incremento de tasas que se tradujo en cero euros. “No es de extrañar”, ha añadido. “A ustedes les gusta la contabilidad en A y en B”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos David de Miguel ha justificado la enmienda a la totalidad de su grupo, que ha sido rechazada como la del PP, porque los 1.325 millones “reivindicativos” configuran un tipo de “partidas fantasma que nunca se van a recuperar”. Si no llegan, se ha preguntado, “¿qué haremos, deuda, recortes, Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o los tres a la vez?”.

Mireia Mollà, de Compromís, ha criticado que se debilite “la unidad de acción” frente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha emplazado a Ciudadanos a detallar mediante enmiendas en qué parte del presupuesto recortarían los 1.325 millones de euros.

Podemos, que apoya al Gobierno del Botánico desde el Parlamento, ha anunciado que buscará mejorar los Presupuestos mediante enmiendas parciales y ha reprochado a PP y Ciudadanos que apoyen la “injusta” ley de estabilidad presupuestaria.

“El Consell té un full de ruta. Si hi ha retallades, no hi estarà d’acord”, ha advertit aquest divendres Mónica Oltra sobre la posició del Govern valencià davant dels pressupostos generals de l’Estat del 2017 que Mariano Rajoy, president en minoria, intentarà tirar endavant amb el suport dels diputats socialistes en el Congrés.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, davant d’una pregunta sobre la possibilitat que es repetisca, amb relació als comptes de l’Estat, la divisió de posicions entre Compromís i el PSOE que ha tingut lloc en la investidura de Rajoy, ha insistit en el fet que el govern format pels dos partits i que presideix el socialista Ximo Puig “ha fet pinya” i continuarà unit en les seues reivindicacions contra el Govern central.

El Govern valencià hi estarà d’acord si hi ha inversions territorialitzades que complisquen amb la Comunitat Valenciana i en la mesura que puguen encaixar-se les previsions pressupostàries d’acord amb el que recull el Pacte del Botànic, signat pel PSPV-PSOE, Compromís i Podem, ha afegit Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell. “Si hi ha retallades, no hi estarem d’acord”.

La vicepresidenta ha criticat la composició del nou Govern de Rajoy perquè no “dóna exemple” pel que fa a la presència equilibrada d’homes i dones, ja que no arriba ni al 40% que estableix la Llei electoral. “S’ha perdut l’oportunitat de llançar un missatge a la societat”, ha indicat. “La no-presència valenciana”, ha afegit, “no per ser esperada és menys dramàtica”. “No hi comptem per al Govern d’Espanya”, ha constatat Oltra, que ha al·ludit a la “irrellevància del PP de la Comunitat Valenciana”.

Sobre la continuïtat de Cristóbal Montoro en Hisenda, la vicepresidenta ha recordat la seua incapacitat per a “cultivar consensos” i ha assenyalat que la Generalitat exigirà al nou Govern “un finançament constitucional”, les inversions que corresponen als valencians, la reducció del deute acumulat pel finançament autonòmic insuficient, el pagament del 50% d’aportació al sistema de la dependència que no es compleix i el dels 300 milions d’euros de deute sanitari que reclama l’Administració valenciana. “Les comunitats autònomes som tan estat com el Govern d’Espanya”, ha reivindicat Oltra.

Sobre la nova ministra de Sanitat, Afers Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, amb què ha coincidit en dos debats televisius, ha dit que té “bon feeling, d’entrada” i ha expressat la seua sensació que “té sensibilitat per als temes socials”.

En referència a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que assumeix en el nou gabinet de Rajoy les relacions amb les comunitats autònomes, Oltra ha assegurat que en la mesura que “interioritze que la diversitat territorial és una oportunitat i no un problema milloraran les relacions” amb el Govern valencià.

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha donat a conéixer aquest dijous –després de comunicar-ho al rei Felip VI– la composició del seu nou Govern, un executiu sense cap representant del PP valencià i que manté Cristóbal Montoro com a ministre d’Hisenda. L’altra cartera que té una rellevància especial per a la Comunitat Valenciana, Foment, recau en l’alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

Així doncs, tal com s’esperava i a pesar d’alguns rumors, els populars valencians –esguitats en els últims temps per més casos de corrupció, amb la macrooperació del cas Taula que des de l’empresa pública Imelsa ha tingut ramificacions en la Diputació de València, l’Ajuntament de la capital valenciana i la mateixa Generalitat– es queden sense representació en el primer escaló de l’executiu de Mariano Rajoy.

És més, fins i tot el fins ara ministre d’Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, que exercia de valencià adoptiu pel fet que està establit a Xàbia, també causa baixa en el Govern.

Qui continua és el malson del Consell del Botànic, Cristóbal Montoro, el qual manté la cartera d’Hisenda. La Generalitat haurà de continuar negociant amb un ministre ‘hostil’ la millora del finançament autonòmic, el pagament del deute històric, l’augment de les inversions, l’habilitació de partides com els 38 milions per al transport públic en l’àrea metropolitana de València o la condonació del deute del Consorci de la Copa de l’Amèrica, entre altres qüestions. Els precedents no són gens falaguers, ja que el Govern valencià ha aconseguit ben poc de Montoro més enllà del FLA i bones paraules.

No obstant això, sí que s’introdueix una variable que pot ser més positiva per a la Comunitat Valenciana. Es tracta de Soraya Sáenz de Santamaría, que assumeix Administracions Territorials. Amb això, la vicepresidenta serà la interlocutora amb les comunitats autònomes i l’encarregada de negociar amb els governs autonòmics.

També caldrà veure quina és l’actitud del nou titular de Foment, l’alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Amb ell haurà de negociar un Consell a qui no va convéncer la gestió d’Ana Pastor al capdavant del Ministeri pel que fa a l’agilitació d’inversions vitals per a la Comunitat Valenciana com és el Corredor Mediterrani, que de moment no sembla una prioritat per a l’executiu de Mariano Rajoy, més partidari del Corredor Atlàntic.

Finalment, un altre ministre amb qui haurà de torejar el govern de Ximo Puig serà Rafael Catalá, responsable de Justícia. Del seu ministeri depenen els recursos presentats pel consell de ministres contra mesures com la sanitat universal, la nova RTVV o el dret civil valencià.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado a conocer este jueves -tras comunicárselo al rey Felipe VI- la composición de su nuevo Gobierno, un ejecutivo sin ningún representante del PP valenciano y que mantiene a Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. La otra cartera que tiene una especial relevancia para la Comunitat Valenciana, Fomento, recae en el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

Así pues, tal y como se esperaba y a pesar de algunos rumores, los populares valencianos -salpicados en los últimos tiempos por nuevos casos de corrupción, con la macrooperación del caso Taula que desde la empresa pública Imelsa ha tenido ramificaciones en la Diputación de Valencia, el ayuntamiento de la capital valenciana y la propia Generalitat- se quedan sin representación en el primer escalón del ejecutivo de Mariano Rajoy.

Es más, incluso el hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que ejercía de valenciano adoptivo debido a que está afincado en Xàbia, también causa baja en el Gobierno.

Quien continúa es la pesadilla del Consell del Botànic, Cristóbal Montoro, quien mantiene la cartera de Hacienda. La Generalitat deberá seguir negociando con un ministro 'hostil' la mejora de la financiación autonómica, el pago de la deuda histórica, el aumento de las inversiones, la habilitación de partidas como los 38 millones para el transporte público en el área metropolitana de Valencia o la condonación de la deuda del Consorcio de la Copa América, entre otras cuestiones. Los precedentes no son nada halagüeños, ya que el gobierno valenciano poco ha conseguido de Montoro más allá del FLA y buenas palabras.

Sin embargo, sí que se introduce una variable que puede ser más positiva para la Comunitat Valenciana. Se trata de Soraya Sáenz de Santamaría, que asume Administraciones Territoriales. Con ello, la vicepresidenta será la interlocutora con las comunidades autónomas y la encargada de negociar con los gobiernos autonómicos.

También habrá que ver cuál es la actitud del nuevo titular de Fomento, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Con él deberá negociar un Consell al que no convenció la gestión de Ana Pastor al frente del ministerio la agilización de inversiones vitales para la Comunitat Valenciana como es el Corredor Mediterráneo, que de momento no parece ser una prioridad para el ejecutivo de Mariano Rajoy, más partidario del Corredor Atlántico.

Por último, otro ministro con el que deberá lidiar el gobierno de Ximo Puig será Rafael Catalá, responsable de Justicia. De su ministerio dependen los recursos presentados por el Consejo de Ministros contra medidas como la sanidad universal, la nueva RTVV o el derecho civil valenciano.

Ja hi ha data per a la investidura de Mariano Rajoy. Després que l’encara president en funcions acceptara dimarts passat el mandat de Felip VI d’intentar formar Govern, la presidenta del Congrés va confirmar la celebració del primer ple d’investidura entre dimecres i dijous (la tercera vegada que el candidat popular ho intenta), encara que no serà fins dissabte que ve, en segona votació i gràcies al vot a favor de Ciutadans i a l’abstenció del PSOE –ja veurem si en bloc o, com tot sembla indicar, parcial– que Mariano Rajoy serà reelegit (a la quarta) president del Govern. Si tot s’esdevé com està previst, dilluns que ve tindrem oficialment –haurà jurat el càrrec– un cap de l’executiu que ja no estarà en funcions.

No és, a priori, una bona notícia per al Consell del Botànic. La mateixa vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha reconegut que l’elecció de Mariano Rajoy –gràcies a l’abstenció dels socialistes, una posició secundada pel cap del Consell i líder del PSPV, Ximo Puig–, “òbviament” afecta el Govern de la Generalitat, que trobarà de nou a Madrid un Govern “molt hostil”, com s’ha vist en els últims temps.

La Comunitat Valenciana té un problema d’infrafinançament greu –amb un dèficit anual d’uns 1.300 milions d’euros per a les arques valencianes–, la qual cosa se suma a una més que preocupant deute històric de l’Estat (Ximo Puig el va avaluar en 16.000 milions d’euros aproximadament) i a unes inversions totalment insuficients en el territori valencià. Qüestions relacionades principalment amb el Ministeri d’Hisenda que dirigeix Cristóbal Montoro, el principal malson de l’executiu de Ximo Puig –fa a penes una setmana els portaveus de PSPV i Compromís es reunien a Madrid amb Montoro, de qui tan sols van aconseguir bones paraules, però cap compromís–.

El Govern tampoc acaba d’apostar definitivament per infraestructures molt necessàries per a la Comunitat Valenciana, principalment el Corredor Mediterrani, alhora que rebutja la posada en marxa del contracte programa per a València –sí que el tenen ciutats com Madrid, Barcelona o Sevilla–, que serviria per a millorar considerablement el transport metropolità, o es nega a donar una solució al deute de més de 400 milions del Consorci de la Copa de l’Amèrica amb l’Estat.

El Govern de Rajoy també ha recorregut contra lleis com les relacionades amb el dret civil valencià o la sanitat universal, i està posant pedres en el camí de la reobertura de la nova RTVV.

L’Acord del Botànic no corre perill

A pesar de l’abstenció dels socialistes davant de la investidura de Mariano Rajoy, tant la vicepresidenta del Consell (Compromís) com el president (PSPV) han insistit reiteradament en el “blindatge” del pacte del Botànic. És més, Oltra va arribar a apuntar, en referència a les amenaces deixades caure des de Podem, que no tenia sentit expulsar els socialistes de governs autonòmics i donar-los al Partit Popular.

Així, si bé és cert que a la Comunitat Valenciana el portaveu de la formació morada, Antonio Montiel, va apuntar la possibilitat de deixar de donar suport a Puig si el PSOE facilitava un Govern de Rajoy, aquest mateix dimarts els tres partits signants del Botànic van acordar dues-centes mesures per a la renovació de l’acord de govern que va portar a la Generalitat socialistes i valencianistes.

Ya hay fecha para la investidura de Mariano Rajoy. Después de que el todavía presidente en funciones aceptara el pasado martes el mandato de Felipe VI de intentar formar Gobierno, la presidenta del Congreso confirmó la celebración del primer pleno de investidura entre miércoles y jueves (la tercera ocasión en la que el candidato popular lo intenta), aunque no será hasta el próximo sábado, en segunda votación y gracias al voto a favor de Ciudadanos y a la abstención del PSOE -ya veremos si en bloque o, como todo parece indicar, parcial- cuando Mariano Rajoy sea reelegido (a la cuarta) presidente del Gobierno. Si todo sucede como está previsto, el próximo lunes tendremos oficialmente -habrá jurado el cargo- un jefe del Ejecutivo que ya no estará en funciones.

No es, a priori, una buena noticia para el Consell del Botànic. La propia vicepresidencia valenciana, Mónica Oltra, ha reconocido que la elección de Mariano Rajoy -gracias a la abstención de los socialistas, una posición secundada por el jefe del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig-, “obviamente” afecta al gobierno de la Generalitat, que se encontrará de nuevo en Madrid con un Gobierno “muy hostil”, como se ha visto en los últimos tiempos.

La Comunitat Valenciana tiene un grave problema de infrafinanción -con un déficit anual de unos 1.300 millones de euros para las arcas valencianas-, lo que se suma a una más que preocupante deuda histórica del Estado (Ximo Puig la evaluó en alrededor de 16.000 millones de euros) y a unas inversiones totalmente insuficientes en el territorio valenciano. Cuestiones relacionadas principalmente con el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, la principal pesadilla del ejecutivo de Ximo Puig -hace apenas una semana los portavoces de PSPV y Compromís se reunían en Madrid con Montoro, del que tan sólo consiguieron buenas palabras, pero ningún compromiso-.

El Gobierno tampoco acaba de apostar definitivamente por infraestructuras muy necesarias para la Comunitat Valenciana, principalmente el Corredor Mediterráneo, al tiempo que rechaza la puesta en marcha del contrato programa para Valencia -sí que lo tienen ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla-, que serviría para mejorar considerablemente el transporte metropolitano, o se niega a dar una solución a la deuda de más de 400 millones del Consorción de la Copa América con el Estado.

El Gobierno de Rajoy también ha recurrido leyes como las relacionadas con el derecho civil valenciano o la sanidad universal, y está poniendo piedras en el camino de la reapertura de la nueva RTVV.

El 'Acord del Botànic' no corre peligro

A pesar de la abstención de los socialistas ante la investidura de Mariano Rajoy, tanto la vicepresidenta del Consell (Compromís) como el presidente (PSPV) han insistido reiteradamente en el “blindaje” del pacto del 'Botànic'. Es más, Oltra llegó a apuntar, en referencia a las amenazas vertidas desde Podemos, que no tenía sentido expulsar a los socialistas de gobiernos autonómicos para dárselos al Partido Popular.

Así, si bien es cierto que en la Comunitat Valenciana el portavoz de la formación morada, Antonio Montiel, apuntó la posibilidad de dejar de apoyar a Puig si el PSOE facilitaba un Gobierno de Rajoy, este mismo martes los tres partidos firmantes del 'Botànic' acordaron doscientas medidas para la renovación del acuerdo de gobierno que llevó a la Generalitat a socialistas y valencianistas.

Podria haver estat un preludi, complex i enrevessat sens dubte, per a una etapa de transició entre les coses velles i les noves, però s’ha convertit en una tocata i fuga. Només s’ha de veure l’enquesta publicada per eldiario.es per a constatar-ho. Els tons estridents de la tocata del PSOE, amb aquest complot intern que ha culminat en el derrocament de Pedro Sánchez, han donat peu a la fuga massiva de l’electorat d’esquerres envers el desencant i la desmobilització, un estat d’ànim que soscava els socialistes, però que també afecta Podem, malgrat que li sàpia greu a un Pablo Iglesias més interessat a ocupar la primera fila de l’oposició que a articular alternatives viables al sistema.

Després de dues eleccions generals en pocs mesos, a falta que culmine el procés amb la vergonyant abstenció socialista que ha de permetre renovar el mandat a Mariano Rajoy tot just quan el PP, com a organització política, i un bon grapat dels seus exdirigents, seuen al banc dels acusats per obscens delictes de corrupció política, els uns volen convéncer-nos (i convéncer-se) que tindran la clau d’un “govern parlamentari” que podrà imposar a Rajoy altres polítiques, i els altres miren de prolongar la fantasia d’una onada de canvi que ja ha trencat contra la platja sense que la seua força haja estat ben administrada.

És inversemblant la pretensió dels flamants gestors del PSOE d’orientar per la senda de la “responsabilitat” política la seua rendició i desposseir-la de qualsevol incondicionalitat, mentre contemplen en un silenci clamorós l’espectacle judicial de la Gürtel i les targetes Black. I és irritant l’actitud “combativa” del líder de Podem repartint amenaces de derrocament (després matisades) de governs autonòmics d’esquerres, com si es poguera permetre acabar de trencar el joguet perquè algú, per descomptat no els soferts electors, li’n facilitarà un altre de nou.

No es trencaran els governs d’esquerres, perquè això equivaldria a regalar al PP no sols el poder a la Moncloa, sinó en tota la part d’Espanya que es va rebel·lar el 2015 davant de la corrupció, la prepotència i la duresa amb què ha exercit la dreta aquests últims anys. Tampoc es trencarà a València el govern sorgit del Pacte del Botànic per més que la líder valenciana del PP, Isabel Bonig, s’escarcanye profetitzant-ho.

Sens dubte, el dirigent de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, no hi contribuirà. En tot cas, el seu propòsit és reforçar el Consell que encapçalen el socialista Ximo Puig i Mónica Oltra, de Compromís, amb l’entrada de la formació morada. Seria el primer cas a Espanya. I dic seria perquè els crítics amb Montiel i amb Àngela Ballester, l’altra dirigent de referència de Podem al País Valencià, hi estan en contra i no ho faran possible. Són joves i ambiciosos. No volen que Podem es “domestique”. Però els passa pel cap la idea de deixar sense suport parlamentari el govern que representarà, vulga o no, la nova frontera entre les coses velles i les noves? És difícil pensar que Ferran Martínez, Sandra Mínguez, César Jiménez, Antonio Estañ i d’altres no siguen capaços de veure que el pacte valencià adquirirà, en el panorama posterior al fallit any electoral, una importància estratègica de primer ordre. I que reforçar-lo hauria de ser una prioritat de totes les esquerres.

Si mai hi ha la possibilitat d’un govern alternatiu al del PP a Espanya, tal com estan les coses, s’haurà d’assemblar al del Botànic pel que fa a la composició. La “via valenciana” torna als prolegòmens del llarg cicle electoral, però en un paisatge marcat per la derrota d’una esquerra que no ha fet viable a Espanya la seua pluralitat. El govern valencià també serà un adversari a batre per al PP. I els temes pendents, amb la reforma del model de finançament autonòmic com a problema més urgent, no són els més adequats per a un estira-i-arronsa d’aquestes característiques. Mónica Oltra, com Compromís en conjunt, en fa aquesta anàlisi. I per això tanca files.

És veritat que Ximo Puig s’ha alineat en el PSOE amb un moviment intern que, objectivament, desemboca en el pitjor paisatge per al govern de la Generalitat que presideix. A ell, més que a ningú, li ha de semblar un fracàs el que ha passat i el que passarà en el seu partit. L’esquizofrènia de la seua posició o, com a mínim, la discordança entre les seues motivacions de dirigent partidari i de president dels valencians complicarà la llibertat de moviments que caldrà per a bregar amb un Govern hostil, a què el seu propi partit haurà permés continuar en el poder, i el president del qual tindrà realment la clau davant d’un suposat “govern parlamentari” que es negue a plegar-se als requeriments de “responsabilitat” que hauran facilitat la seua investidura. Només Rajoy decidirà quant dura la legislatura.

Podría haber sido un preludio, complejo y enrevesado sin duda, para una etapa de transición entre lo viejo y lo nuevo, pero se ha convertido en una tocata y fuga. No hay más que ver la encuesta publicada por eldiario.es para constatarlo. Los estridentes tonos de la tocata del PSOE, con ese complot interno que culminó en el derribo de Pedro Sánchez, han dado pie a la fuga masiva del electorado de izquierdas hacia el desencanto y la desmovilización, un estado de ánimo que socava a los socialistas, pero que también afecta a Podemos, mal que le pese a un Pablo Iglesias más interesado en ocupar la primera fila de la oposición que en articular alternativas viables al sistema.

Después de dos elecciones generales en pocos meses, a falta de que culmine el proceso con la vergonzante abstención socialista que ha de permitir renovar el mandato a Mariano Rajoy justo cuando el PP, como organización política, y un buen puñado de sus exdirigentes, se sientan en el banquillo por obscenos delitos de corrupción política, pretenden unos convencernos (y convencerse) de que van a tener la llave de un “gobierno parlamentario” que podrá imponer a Rajoy otras políticas, e intentan otros prolongar la fantasía de una ola de cambio que ya rompió contra la playa sin que su fuerza haya sido bien administrada.

Resulta inverosímil la pretensión de los flamantes gestores del PSOE de orientar por la senda de la “responsabilidad” política su rendición y despojarla de cualquier incondicionalidad, mientras contemplan en clamoroso silencio el espectáculo judicial de la Gürtel y las tarjetas black. Y resulta irritante la actitud “combativa” del líder de Podemos repartiendo amenazas de derribo (después matizadas) de gobiernos autonómicos de izquierdas, como si pudiera permitirse acabar de romper el juguete porque alguien, desde luego no los sufridos electores, le facilitará otro nuevo.

No se romperán los gobiernos de izquierdas porque eso equivaldría a regalarle al PP, no solo el poder en la Moncloa, sino en toda aquella parte de España que se rebeló en 2015 ante la corrupción, la prepotencia y la dureza con la que se ha desempeñado la derecha estos últimos años. Tampoco se romperá en Valencia el gobierno surgido del Pacte del Botànic por más que la líder valenciana del PP, Isabel Bonig, se desgañite profetizándolo.

Sin duda, el dirigente de Podemos en el País Valenciano, Antonio Montiel, no será quien contribuya a ello. En todo caso, su propósito es reforzar el Consell que encabezan el socialista Ximo Puig y Mónica Oltra, de Compromís, con la entrada de la formación morada. Sería el primer caso en España. Y digo sería porque los críticos con Montiel y con Àngela Ballester, la otra dirigente de referencia de Podemos en el País Valenciano, están en contra y no lo harán posible. Son jóvenes y ambiciosos. No quieren que Podemos se “domestique”. ¿Pero pasa por su cabeza la idea de dejar sin apoyo parlamentario al gobierno que representará, quiera o no, la nueva frontera entre lo viejo y lo nuevo? Resulta difícil pensar que Ferran Martínez, Sandra Mínguez, César Jiménez, Antonio Estañ y otros no sean capaces de ver que el pacto valenciano adquirirá, en el panorama tras el fallido año electoral, una importancia estratégica de primer orden. Y que reforzarlo debería ser una prioridad de todas las izquierdas.

Si alguna vez existe la posibilidad de un gobierno alternativo al del PP en España, tal como están las cosas, tendrá que parecerse en su composición al del Botànic. La “vía valenciana” vuelve a los prolegómenos del largo ciclo electoral, pero en un paisaje marcado por la derrota de una izquierda que no ha hecho viable en España su pluralidad. Será el gobierno valenciano también un adversario a batir para el PP. Y los temas pendientes, con la reforma del modelo de financiación autonómica como problema más acuciante, no son los más apropiados para un pulso de estas características. Mónica Oltra, como Compromís en su conjunto, hace ese análisis. Y por eso cierra filas.

Es verdad que Ximo Puig se ha alineado en el PSOE con un movimiento interno que, objetivamente, desemboca en el peor paisaje para el gobierno de la Generalitat que preside. A él, más que a nadie ha de parecerle un fracaso lo que ha ocurrido y lo que está por ocurrir en su partido. La esquizofrenia de su posición o, como mínimo, la discordancia entre sus motivaciones de dirigente partidario y de presidente de los valencianos complicará la libertad de movimientos que hará falta para lidiar con un Gobierno hostil, al que su propio partido habrá permitido continuar en el poder, y cuyo presidente tendrá realmente la llave ante un supuesto “gobierno parlamentario” que se niegue a plegarse a los requerimientos de “responsabilidad” que habrán facilitado su investidura. Sólo Rajoy decidirá cuánto dura la legislatura.

La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, considera el discurso del president Ximo Puig con motivo de la festividad del 9 d'Octubre “manido”, “agotado” y sin capacidad de “ilusionar”. “No fue uno de los mejores discursos del presidente como tampoco lo fue el día del debate de política general”, afirmó Bonig.

La presidenta del PPCV, en una entrevista con Bernardo Guzmán en Radio Valencia, augura “muchos problemas” al Consell del Botànic porque “todos pelean por el mismo espacio electoral” y porque “lo único que les une es el odio al Partido Popular”. Así, Bonig aseguró que Mónica Oltra “escenifica muy bien, es una gran artista”, mientras que Ximo Puig “no puede permitirse el lujo de romper” porque “está en una situación de debilidad evidente”. No obstante, duda que se agote la legislatura.

En este sentido, no dudó en afirmar que son un “clamor” las “desavenencias” entre PSPV y Compromís, “pero la moqueta y el coche oficial unen mucho”, al tiempo que criticó la “inutilidad” e “inoperancia” del ejecutivo valenciano. Ésa es una de sus preocupaciones, la “no gestión” del Consell, además del “sectarismo” en educación y sanidad, donde aseguraba que ha habido una merma en la calidad de los servicios.

Respecto al horizonte de las elecciones autonómicas de 2019, Bonig se mostró convencida de que su rival será Mónica Oltra, “desgraciadamente el Partido Socialista está bastante desnortado”, situación que lamenta, ya que se muestra partidaria de un sistema bipartidista: “Lo que viene es mucho peor”.

En cuanto a los dos actos celebrados la pasada semana en Madrid, el debate sobre la reforma del Estatut en el Congreso y la reivindicación de una mejor financiación en el Círculo de Bellas Artes -un “sarao innecesario”-, la líder de los populares valencianos se ha mostrado crítica y ha calificado de “lamentable espectáculo” la imagen que se dio en el Parlamento, de lo que culpó a la izquierda.

“Me están buscando pero no tengo nada que ocultar”

Bonig ha defendido su gestión al frente del PP valenciano, “que ha pasado momentos difíciles”, y ha matizado que el congreso del PPCV, “que es absolutamente necesario”, está paralizado por la situación política en la que se encuentra España.

Sobre la cuestión de la corrupción, la presidenta del PPCV ha apuntado que son conscientes del daño que les ha hecho, pero que había que pasar página: “tolerancia cero y mano dura cuando haya un mínimo de duda, pidiendo que se aparte y deje su acta”, como ha sido el caso de Rita Barberá, a quien ha recordado que ella misma y el PP le pidió su acta en el Senado, aunque ha defendido su presunción de inocencia.

También se ha referido a su situación, de la que ha afirmado: “Me consta que me están buscando por todas partes, pero yo no tengo nada que ocultar. Luego, por eso no hay gestión, pero allá ellos”.