El Consejo de Participación de Juntas Vecinales del Ayuntamiento de Piélagos ha debatido este martes, en su primera reunión desde su constitución el pasado 26 de mayo, sobre el reparto del presupuesto para 2016, propuesto por el equipo de gobierno (PSOE-PRC), que se será sometido a la consideración del Pleno extraordinario, que tendrá lugar esta tarde.

La alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, ha informado a los integrantes del citado consejo, del que forman parte los presidentes de cada una de las 12 juntas vecinales, así como un concejal en representación de cada uno de los grupos políticos de la actual Corporación municipal, del nuevo sistema, que establece el reparto de la cantidad asignada a cada pedanía, en función de tres módulos: uno fijo y dos variables.

De esta forma, según ha dicho, cada una de las Juntas Vecinales recibirá una parte fija, igual para todas ellas, que representará el 50 por ciento de la partida consignada en el presupuesto de 2016.

Además, habrá otras dos partes variables, una en función de la población, que será el 12,5 por ciento del total y, otra, destinada a la ejecución de obras, calculada en base a los kilómetros de caminos vecinales de cada entidad menor -según datos del Catastro-, que representará el 37,5 por ciento.

A la primera reunión del Consejo han asistido, además de la alcaldesa de Piélagos, los presidentes de 10 de las 12 Juntas Vecinales: José Manuel Alegría (Arce); Santos Muriedas (Barcenilla); César Blanco (Boo); Antonio Gómez Mirones (Carandía); Mª Ángeles Pérez Hondal (Oruña); José A. Castañera (Parbayón); Jesús Gómez García (Quijano); Luis A. Sañudo (Renedo); Eva Arranz (Vioño) y David Diego (Zurita).

También la concejala de Participación ciudadana, Transparencia municipal, Defensa del vecino y Relaciones con las Juntas, María José Fuertes; así como un concejal en representación de cada uno de los grupos políticos, que forman parte de la actual Corporación municipal.

En concreto, Rebeca Lanza (PSOE); Fidel Cueto (PRC); Celestino Cobo (PP); Luis A. Sañudo (AVIP) y Rubén Vicente (IU), además de la concejala no adscrita Montserrat Luezas.

Durante el turno de intervención, los presidentes de las Juntas Vecinales, así como los representantes de las distintas formaciones políticas han formulado preguntas, propuestas y sugerencias, que serán debatidas en futuras reuniones.

José Manuel Alegría (Arce) y Santos Muriedas (Barcenilla) plantearon sus dudas sobre la justificación de las obras objeto de subvención municipal que pudieran desarrollar las Juntas Vecinales, mientras que César Blanco (Boo) solicitó la aclaración de si la subvención del 37,5 por ciento es sólo para mantenimiento de patrimonio o también adquisición.

Por su parte, Luis Sañudo (AVIP) mostró su malestar por los nuevos criterios de reparto de la ayuda municipal a las Juntas Vecinales, ya que la obligación de destinar el 37,5 por ciento a patrimonio va, a su juicio, en detrimento de la actividad social de la pedanía que preside.

Asimismo, instó a revisar los kilómetros de caminos asignados a su Junta Vecinal ya que, en su opinión, los atribuidos, en base al Catastro, no se corresponden con los que realmente tiene.

Además, Eva Arranz (Vioño) abogó por establecer un sistema de pregunta-respuesta, para las peticiones que las Juntas trasladan al Ayuntamiento para que los presidentes de las citadas juntas puedan tomar decisiones y no estén atados de pies y manos.

La concejala no adscrita Montserrat Luezas recordó que las entidades locales no son territoriales y, por tanto, se tienen que ajustar a sus competencias, mientras que el portavoz de IU, Rubén Vicente, tras escuchar a los pedáneos se preguntó cómo se sostenían las Juntas Vecinales desde 2008 hasta ahora.

Si no cambian las cosas de aquí al próximo miércoles, la Generalitat catalana mantendrá sus presupuestos de 2015 prorrogados al menos hasta después del verano. El 'no' de este jueves de la CUP a los últimos cambios propuestos por el Govern reafirma la enmienda a la totalidad de los anticapitalistas a las primeras cuentas del ejecutivo de Junts pel Sí. Está por ver qué consecuencias políticas acarrea la negativa cupaire a los presupuestos. Las divergencias entre el Govern, en especial Convergència, y la CUP en política fiscal explican en buena medida el rechazo de los cupaires a las cuentas, aunque también hay distancias en las prioridades del gasto social.

1. IRPF, Sucesiones y Patrimonio

La progresividad del sistema fiscal es el escollo más importante en las negociaciones. La última propuesta que el Govern ha enviado a la CUP abría la puerta al estudio de la estructura impositiva general una vez superado el debate a la totalidad de las cuentas. Insuficiente para la CUP, que trajo a la negociación propuestas concretas sobre las que quería un compromiso gubernamental para modificar el IRPF, el impuesto de Sucesiones, así como para convertir el de Patrimonio en un impuesto sobre las grande fortunas al estilo gipuzkoano.

Así, la CUP apostaba por rebajar el tramo autonómico para las rentas bajas del 12% actual al 9,5% (igual que otras ocho autonomías). Para compensar el descenso de la recaudación, los cupaires quieren crear un nuevo tramo autonómico del 23,5% para las rentas de 60.000 a 90.000 euros (de seis a ocho puntos más que el actual) y un nuevo tramo del 25,5% a partir de los 90.000 euros.

Sobre Sucesiones, la CUP propone aumentar la recaudación recuperando las deducciones por parentesco que eliminaron el último Govern tripartit y, junto al PP, el primer ejecutivo de Mas. También quieren “redefinir o eliminar” las bonificaciones de algunos mecanismos usados por los grandes patrimonios para eludir el impuestos. Apuestan por mantener las deducciones para vivienda habitual de hasta 500.000 euros y para herencias entre cónyuges e hijos de más de 160.000 euros.

2. Impuestos anulados por el TC

La última propuesta del Govern incluía incorporar a la ley de acompañamiento el impuesto a los depósitos bancarios y el de las nucleares, ambos anulados por el Tribunal Constitucional. La propuesta se queda a medio camino de la demanda de la CUP, ya que si bien crea de nuevo los impuestos, la recaudación prevista no aparece en el apartado de ingresos de las cuentas.

En este sentido, el Govern ha propuesto ampliar los créditos presupuestarios para políticas sociales –vinculados a la universalización de la asistencia sanitaria o a la dependencia– para sustituir la recaudación de ambos impuestos.

3. Austeridad y proceso constituyente

Ambas partes han mantenido sus discrepancias en lo referente a los criterios de austeridad presupuestaria. Si para la CUP resultaba imprescindible incluir un artículo en las cuentas “que especifique de manera clara que no obedeceremos el tope de déficit”, el Govern necesitaba cumplirlo, al menos en su proyecto presupuestario, para no quedarse sin la financiación extraordinaria del Estado.

Por otro lado, la última propuesta del Govern también garantizaba las partidas presupuestarias para la Hacienda catalana y para la campaña referente al proceso constituyente de un hipotético estado catalán. Sin esta dotación presupuestaria, desde el ejecutivo avisan que será “inviable” organizar las estructuras administrativas necesarias para que la Generalitat recaude todos los impuestos. En su documento, la CUP pedía partidas para el “Fórum Social Constituyente”.

Además, la CUP quería una rebaja generalizada de los sueldos de los directivos de la administración y las empresas públicas, mientras que el Govern proponía tan solo publicarlos.

4. Gasto social

Otro de los puntos que la CUP ha encontrado insuficiente, tal y como venía avisado, ha sido el dedicado al gasto social. El Govern ha propuesto 20 millones adicionales para garantizar la percepción de la ley de dependencia y 60 millones en dos años para garantizar la oferta pública en guarderías. Por su lado, la CUP quería 1.800 euros por plaza de guardería, anular los conciertos a las escuelas que segregan por sexo y no cerrar ninguna línea de escuela pública “mientras existan líneas concertadas”.

En su última oferta, el Govern ha incluido algunas demandas de los cupaires en Salud o Enseñanza, como la reapertura de los Centros de Atención Primaria (CAP) de Montcada y de la Guineueta, o la reducción de seis a tres días del plazo de substitución de las bajas de personal en las escuelas públicas. La CUP quería ampliar la reapertura a más CAPs y un plan para que los empleados públicos interinos pasasen a indefinidos. Además, en la propuesta guvernamental no hay ni rastro de la Renta Mínima Garantizada que quieren los cupaires.

5. Referéndum sobre la deuda

Los más de 70.000 millones de deuda catalana han provocado el compromiso del Govern a desarrollar la moción promovida por la CUP y aprobada por el Parlament sobre el pasivo catalán. Pero los anticapitalistas querían ir más allá, y buscaban un compromiso para empezar una auditoría ciudadana de la deuda en dos meses, que debería concluir en un referéndum para abordar su impago.

6. ATLL sí, BCN World no

El Govern ha recogido el guante de la CUP para devolver la mayor privatización de la Generalitat a manos públicas. Así, el ejecutivo ha incluido en su última oferta un compromiso para recuperar la gestión directa de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) si el Supremo anula la privatización, tal y como sentenció el TSJC. La CUP quería un compromiso más concreto de vuelta a manos públicas sea cual sea el recorrido judicial del caso.

Por otro lado, en el documento gubernamental no había ninguna medida en referencia al macroproyecto de ocio y juego BCN World, que el ejecutivo quiere mantener. Por contra, la CUP rechaza frontalmente el complejo.

Sin acuerdo. Así ha terminado la reunión de este jueves entre el Govern y la CUP para desencallar los presupuestos catalanes de 2016. Las distancias en política económica y fiscal entre Convergència, ERC y la CUP se mantienen. Pese a que habido algunos avances en partidas de Salud y Enseñanza, la discrepancia tanto en el enfoque general como la concreción de las cuentas ha resultado decisiva.

En el encuentro, que ha durado casi dos horas en el Parlament, han participado el president de la Generalitat, Carles Puigdemont y el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras. Por parte de la CUP han estado presentes las diputadas Eulàlia Reguant y Anna Gabriel, el diputado Joan Garriga y el miembro del Secretariado Nacional, Xevi Generó.

Oriol Junqueras se había comprometido a algunos cambios para que los anticapitalistas retirasen su enmienda a la totalidad. Por ejemplo, a incluir exclusivamente en la ley de acompañamiento impuestos anulados por el Constitucional, como el impuesto a los depósitos bancarios o el de las nucleares. Con todo, sería un cambio más político que fiscal, ya que no habría ingresos vinculados a los impuestos anulados en la ley de presupuestos.

Las distancias en política fiscal son grandes: Convergència no quiere aumentar el IRPF a los ricos, ni tampoco modificaciones sustanciales en el impuesto de patrimonio ni sucesiones, tal y como sí pide la CUP. Si no hay un giro de los acontecimientos de última hora, tal y como pasó durante la negociación de la investidura, el Parlament devolverá al ejecutivo los primeros presupuestos del Govern de Junts pel Sí.

Jornada de negociación entre el Govern y la CUP para salvar los presupuestos de la Generalitat de 2016. El vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha confiado en que la CUP retire su enmienda a la totalidad para que, ya una vez en el trámite parlamentario, los grupos políticos formulen los cambios que consideren oportunos, empezando por la fiscalidad. La fecha límite se acerca: el 8 de junio la cámara vota las enmiendas a la totalidad y este miércoles la CUP reiteró que el proyecto de presupuestos que presentó Junqueras resultaba insuficiente y que su opción era devolver las cuentas al Govern.

A lo largo de este jueves, Economía enviará a la CUP un documento con algunas propuestas. Junqueras ha remarcado que de la negociación con la CUP se podrían incluir algunos impuestos catalanes anulados por el Constitucional pero “siempre en la ley de acompañamiento”, esto es, sin ninguna partida en el apartado de ingresos de las cuentas. “No hay ninguna partida en los presupuestos sujeta a negociación política”, ha añadido el vicepresident.

Entre los puntos de desencuentro se mantiene el objetivo de déficit del 0,7% –el Govern en bloque pide que los presupuestos incluyan su cumplimiento, mientras que para la CUP es uno de los puntos a “desobedecer”. Las posturas también se encuentran alejadas en materia de fiscalidad: Convergència se niega a un aumento del IRPF a los ricos y del impuesto de patrimonio, tal y como pide la CUP, mientras que ERC, por boca de Junqueras, ha vuelto a pedir que lo debata el Parlament.

En este sentido, Junqueras ha recordado que tiene un mandato parlamentario para estudiar una fiscalidad más progresiva, y que si la CUP permite tramitar las cuentas los grupos podrían ahondar en sus propuestas a través de enmiendas a las cuentas. “Estamos en una fase de carácter deliberativo, no resolutivo”, ha afirmado Junqueras, que ha pedido a la CUP que no impida su tramitación “por calidad democrática”.

Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) ha presentado este martes una propuesta para reformar el impuesto de sucesiones para gravar las herencias y donaciones más cuantiosas. El portavoz parlamentario CSQEP, Joan Coscubiela, ha presentado en rueda de prensa una proposición que va contra la reforma “que llevaron a cabo CiU y PP” en 2011 y que busca aumentar los ingresos pero afectando sólo a un 5% de la población.

Así, Coscubiela ha explicado que la vivienda habitual hasta 500.000 euros seguiría quedando exenta y que se mantendrían las reducciones para las herencias de más de 100.000 euros entre cónyuges e hijos que ya había antes de 2010. Los cambios propuestos tampoco afectan a las empresas familiares.

Según Coscubiela, con la propuesta no tributarán las pequeñas y medianas herencias pero, en cambio, sí que volverán a hacerlo las de mayor cuantía, y con esto se recuperaría el 78% de la recaudación inicial del impuesto. El portavoz de CSQEP ha destacado que “las políticas fiscales no se hacen con gestos sino con ingresos”. Su objetivo es que la reforma del impuesto pueda ser aplicable a partir del 1 de enero de 2017.

“Sí que existe una alternativa presupuestaria a la que ha presentado el Govern”, ha afirmado Coscubiela, que ha reclamado a Oriol Junqueras “unos presupuestos distintos a los que nos presentaban Artur Mas y Andreu Mas-Colell”. Asimismo, ha mandado un mensaje directo al conseller de Economía, a quien ha pedido que ERC no se sume a Convergència y el PP para impedir la tramitación de la proposición en el Parlament. “Si hacen seguidismo de CDC, no se tramitirá”, ha augurado.

Según los datos de ejecución presupuestaria de la Generalitat, en 2015 se ingresaron 484,4 millones de euros entre el impuesto de sucesiones y el de donaciones. La propuesta que ha detallado Coscubiela permitiría recaudar hasta 500 millones más, que sumados a las reformas del IRPF y en el impuesto de patrimonio y en fiscalidad verde permitirían, según sus cálculos, disponer de más de 1000 millones adicionales anuales.

Coscubiela ha pedido que ese aumento de la recaudación se dedique a poner en marcha la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuya regulación encara su fase final en el Parlament.

Convergència ha tomado la iniciativa en el debate sobre los presupuestos que acaban de entrar en el Parlament. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves que el Govern reducirá la carga fiscal del tramo autonómico del IRPF a las rentas más bajas. Ante unos 300 empresarios en el tradicional encuentro del Cercle d'Economia en Sitges, Puigdemont ha defendido que el Govern puede reducir el IRPF a los ciudadanos con menos recursos sin subírselo a las rentas altas, una opción que le exige la CUP para aprobar los presupuestos de este año y que ERC no rechaza contemplar.

Dos días después de que Oriol Junqueras presentara las cuentas, Puigdemont ha dicho que una medida de este tipo “no pone en riesgo” los presupuestos de este año ya que que no se notará en las finanzas catalanas hasta 2019. La razón hay que buscarla, ha dicho Puigdemont, en el modelo de liquidación que contempla el actual sistema de financiación autonómico.

“El 99% de contribuyentes catalanes no solo paga más IRPF que la media de las autonomías sino más que cualquier comunidad”, ha afirmado el president, y ha añadido que “la diferencia es mayor en las rentas bajas”.

Las rentas catalanas de hasta 18.000 euros tienen un tramo autonómico de IRPF del 12%, el más alto del Estado. Por contra, los catalanes con rentas a partir de los 100.000 euros pagan un IRPF por debajo de la media de los ciudadanos del Estado con la misma base liquidable. “Pensar en compensar entre catalanes las modificaciones tributarias es enfocar mal el problema”, ha dicho Puigdemont.

En las últimas semanas, ERC y Convergència han evidenciado sus diferencias sobre la progresividad del sistema fiscal. Si bien ambas coinciden en que hay que rebajar la presión fiscal a las clases medias y bajas, las diferencias florecen cuando se abre el melón de aumentar los impuestos a los ricos: ERC se ha abierto a estudiarlo, mientras que los convergentes lo rechazan.

Sobre el nuevo modelo de financiación –el actual está pendiente de renovarse desde 2014– Puigdemont ha reiterado que la Generalitat no liderará la reclamación autonómica para cambiarlo. Con todo, ha señalado que con un nuevo modelo de financiación más beneficioso, la Generalitat podría tener 2.600 millones de euros más disponibles cada año.

La CUP se ha negado este martes a valorar los presupuestos de la Generalitat para 2016. El socio de legislatura de Junts pel Sí ha querido centrar la atención en la actuación de los Mossos d'Esquadra tras la manifestación posterior al desalojo del Banc Expropiat de Gràcia, que se saldó con una quincena de heridos. No obstante, el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ya sabía qué ideas tenía la CUP para las cuentas.

Los presupuestos incluyen avances en estructuras de Estado como la Hacienda propia y superan el plan de choque que JxSí ofreció a la CUP durante las negociaciones de investidura. Por contra, la gran mayoría de las exigencias de la CUP en materia de política económica y fiscal para dar luz verde a las cuentas no se han incluido. Pese a que Junqueras ha calificado los presupuestos como “los más sociales de la historia”, el gasto previsto en Educación, Sanidad y Servicios sociales todavía es un 7% menor que en 2010.

La travesía de las cuentas por el Parlament se avecina complicada. Toda la oposición salvo la CUP ha anunciado que presentará enmiendas a la totalidad. Tras la jornada de este martes la pelota de los presupuestos seguirá rodando entre los tejados de JxSí y la CUP. Estos son los puntos de fricción y encuentro entre las fuerzas independentistas.

1. Consolidación de los criterios de austeridad

En las primeras cuentas de Junqueras no hay ni rastro de la petición de la CUP a “desobedecer” los límites de déficit. La mayor parte de la mejora de los ingresos del sistema de financiación, así como el ahorro de 850 millones en intereses de deuda, se destinará a la contención del déficit público, que cerró 2015 en el 2,7% del PIB y cumplirá con el 0,7% de este año impuesto por Montoro. Pese a este cumplimiento a rajatabla con Madrid y Bruselas, Junqueras ha vuelto a criticar por “arbitrario” el objetivo de déficit durante la presentación del proyecto.

Junqueras ha destacado que la contención del déficit y el conjunto de las cuentas se basa en criterios “rigurosos”. Y es que por primera vez en cuatro años las cuentas no incluyen importantes ingresos condicionados a la negociación con el Estado. En las cuentas de 2015 estas partidas ascendían a más de 2.000 millones.

Tal y como se ha encargado de recordar la oposición, el Govern ha podido incrementar el gasto social en 875 millones gracias a medidas dependientes del Estado: la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2014 (1.400 millones de ingresos más), el interés cero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en 2015, la mejora de tipos de los préstamos avalada por el Gobierno central, y que el FLA asuma créditos a corto plazo. Además, la mejora de ingresos por el sistema de financiación autonómico de 2016 rondará los 600 millones.

Además, las cuentas avanzan poco la reversión de las ventas de patrimonio público de los gobiernos de Mas: los presupuestos no prevén nada respecto 'la madre de la privatizaciones', esto es, Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El Supremo debe confirmar si anula el contrato de concesión, tal y como sentenció el TSJC. Hay un mínimo de 300 millones de dinero público en juego. La CUP ha reclamado en infinidad de ocasiones que la empresa vuelva a manos públicas. 

2. Sin impuestos anulados por el Constitucional

La CUP pedía incluir en las cuentas impuestos anulados por el Tribunal Constitucional como el impuesto autonómico sobre los depósitos bancarios o el impuesto sobre la producción de energía de origen nuclear. En las cuentas sólo se incluye la compensación autonómica del impuesto estatal sobre los depósitos bancarias, que en el caso catalán apenas será de 60,7 millones. Sí están en las cuentas algunos los tributos que el Alto Tribunal ha suspendido tras aceptar a trámite el recurso del Gobierno central, y sobre los que debe dirimir su constitucionalidad, un hecho que ya se venía produciendo en anteriores presupuestos durante la época de Artur Mas en la Generalitat.

Se trata del impuesto sobre los pisos vacíos, con el que la Generalitat prevé recaudar 14,3 millones; y el tributo sobre las operadoras de Internet, cuya recaudación se cifra en 15,5 milllones. El destino de la recaudación de ambos impuestos es finalista, para garantizar el derecho a la vivienda y apoyar el sector cultural catalán, respectivamente. Junqueras ha reconocido el poco peso de los ingresos que dependen en exclusiva de la Generalitat en el presupuesto y de las dificultades para aumentarlos.

3. Misma fiscalidad

Ni la ley de presupuestos ni la de medidas fiscales incluyen variaciones para conseguir una fiscalidad más progresiva, tal y como reclama la CUP y el resto de la oposición de izquierdas del Parlament. Las cuentas no tocan en profundidad ningún impuesto: el incremento general de la recaudación se explica por la reactivación económica.

Ni el tramo autonómico de IRPF, ni el impuesto de patrimonio, ni el impuesto de sucesiones y donaciones sufrirán cambios a no ser que la oposición de izquierdas de la cámara fuerce una fiscalidad en que los ricos paguen más y los pobres menos. De ser así, volverían a florecer las diferencias entre Convergència y ERC que ya se evidenciaron en el debate sobre la progresividad del IRPF. “Hay margen para estudiar lo que el Parlament quiera estudiar”, se ha limitado a decir Junqueras este martes.

4. Estructuras de Estado

Donde sí pueden encontrar las cuentas menos reticencias por parte de la CUP es en el terreno de las estructuras de Estado para una hipotética Catalunya independiente. Así, Junqueras prevé una partida de 48,5 millones para el desarrollo de la Hacienda propia, aunque para cumplir algunos objetivos que ya preveía el pacto entre Convergència y ERC de la pasada legislatura. Es el caso del plan de lucha contra el fraude fiscal.

La partida para la Hacienda propia también incluye mejoras en el sistema informático, formación para sus trabajadores o la asunción de la liquidación de impuestos que hasta ahora la Generalitat subcontrataba a Hacienda o a los Registradores de la Propiedad. El aumento del 35% del presupuesto para la Hacienda propia también prevé pasar de 342 trabajadores a 600 o incrementar en un 25% el número de oficinas. Por su lado, el presupuesto dedicado a Acción Exterior pasa de los 19,7 millones de 2015 a los 34,1 millones. El objetivo de este aumento es reforzar las delegaciones exteriores del Govern.

5. Plan de choque

El plan de choque contra la pobreza incluido en los presupuestos asciende a 285 millones de euros, quince más de lo que JxSí prometió durante las negociaciones para la investidura (y que parte de la militancia de la CUP aceptaba). Así, se prevé incrementar en 12 millones la dotación para becas comedor para llegar a las 22.340 ayudas, o la convocatoria de becas comedor para 7.600 niños de guarderías, presupuestada con 10 millones.

El plan de choque para Sanidad suma 103,3 millones, entre los que se incluyen partidas para reducir un 50% las listas de espera para primera visita a médico especialista y pruebas diagnósticas o un 10% para las listas quirúrgicas. Asimismo, se prevén destinar 3 millones a la “reapertura o recuperación de horarios” de Centros de Atención Primaria (CAP). Con todo, el entendimiento en materia sanitaria podría saltar por los aires si el Govern mantiene su intención de autorizar al Servicio Catalán de Salud a alquilar espacios públicos para uso privado.

Los primeros presupuestos de Oriol Junqueras como vicepresident y conseller de Economía han traído un aumento moderado del gasto social que resulta insuficiente para compensar los recortes que efectuó la Generalitat durante la recesión. ¿Bastará para que el Govern logre el apoyo de la CUP a las cuentas? El vicepresidente y conseller de Economía y Oriol Junqueras, ha reconocido que se expone a una negociación “compleja” y “apasionante” con los anticapitalistas. Para intentar convencer a la CUP, Junqueras ha recordado que si las cuentas no se aprueban el aumento de 875 millones de gasto social no se podrá aplicar.

Las cuentas prevén un incremento del 5,3% del gasto social gracias a la mejora de los ingresos y a la reducción de los intereses de deuda. No obstante, el conjunto del gasto aumenta sólo un 1,5%. El Govern cuenta con que la CUP apoye las cuentas, aunque las negociaciones han empezado con mal pie: la diputada cupaire Eulàlia Reguant se ha ausentado de la reunión con Junqueras y los demás portavoces de los grupos en protesta por la actuación de los Mossos d'Esquadra este lunes en el barrio de Gràcia.

“Nada de lo que ha pasado este fin de semana ha afectado a las conversaciones”, ha dicho Oriol Junqueras sobre la decisión de la Asamblea de la CUP de “librarse” del pacto de Junts pel Sí.

La expansión prevista todavía no permite revertir por completo el tijeretazo del 15% en el gasto social que ejecutaron y consolidaron los dos ejecutivos de Mas. Así, en conjunto, el gasto en Salud, Enseñanza y Servicios Sociales es un 7% menor en comparación con el año 2010.

En conjunto, las cuentas cumplen con el objetivo de déficit del 0,7% impuesto por Hacienda este año sin partidas en los ingresos sujetas a la negociación política con el Estado, tal y como era habitual en la etapa de Mas-Colell al frente de Economía.

La CUP había exigido “desobediencia” al Govern en este ámbito, así como la reversión de algunas privatizaciones que no están incluidas en las cuentas. Tampoco incluyen modificaciones para hacer más progresivos impuestos como el IRPF o sucesiones y donaciones. “Hay margen para estudiar lo que el Parlament quiera estudiar”, ha dicho Junqueras sobre el impuesto sobre la renta, sin más concreción, y ha añadido que las consecuencias de una hipotética modificación se notarían en 2019.

Las cuentas tampoco recogen la demanda de la CUP de devolver Aigües Ter-Llobregat a manos públicos al no incluir una provisión en caso de que el Supremo tumbe definitivamente la privatización. La Generalitat se juega unos 300 millones de euros que ingresó en 2012.

Ana Guarinos y Francisco Cañizares han calificado los presupuestos aprobados por las Cortes este viernes como la “mayor traición” a Castilla-La Mancha, al ser las cuentas del “engaño, la subida de impuestos y la merma de libertades”. Cañizares ha añadido que estos son los primeros presupuestos de un gobierno de perdedores en la región de los que “hasta Page” se avergüenza, al no atreverse a defenderlos ni a estar presente en su debate en las Cortes regionales.

Además, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha querido recordar que María Dolores de Cospedal prometió su apoyo a los presupuestos, “si estos contenían una bajada de impuestos a los ciudadanos” y han acusado a Page de preferir pactar con Podemos y “subir los impuestos”. Cañizares ha puesto como ejemplo a dirigentes socialistas como Susana Díaz en Andalucía o Fernández Vara en Extremadura, que han “llegado a acuerdos por el bien de los ciudadanos”, afirmando que Page ha preferido “mirar sus intereses partidistas y personales”.

Cañizares ha “reprobado” las “masivas” derivaciones que recogen las cuentas a la sanidad privada, queriendo salir en defensa de la sanidad pública, actitud que ha sido muy criticada tanto por los socialistas como por Podemos. “Todo ello, al tiempo que se incrementan las listas de espera sanitarias en la región, que alcanzan las 130.366 personas, siendo 23.912 más que con el gobierno del PP. Además, desde junio de 2015 a marzo de 2016, las listas de espera quirúrgica han aumentado en 9.257 pacientes”, afirma el PP.

El Partido Popular también ha culpado al PSOE y a Podemos de ser los “mayores enemigos” de los agricultores, al aprobar presupuestos que son un “engaño” para el campo, al haber “quitado” ayudas al sector agrícola y ha vuelto a acusar a los socialistas de destinar el 45% de los fondos de las ayudas a pagar nóminas de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha. Finalmente, han repetido que hay más de 8.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha que no han cobrado aún nada de la PAC.

Por su parte, Ana Guarinos ha asegurado que los presupuestos regionales van en “contra” de la educación pública concertada y, por tanto, “coartan la libertad” de los padres a escoger la educación que quieren para sus hijos. El PP ha traído nuevamente a colación la reducción de la financiación concertada para aprobar los presupuestos regionales, lo que supone un “mazazo” a la libertad educativa, ha manifestado el parlamentario.

Guarinos también ha lamentado que se haya aprobado una Proposición No de Ley en las Cortes regionales para retirar la asistencia religiosa en residencias y hospitales, mientras las Cortes rechazaban una enmienda del PP a los Presupuestos regionales para garantizar la asistencia religiosa a enfermos y mayores. Guarinos ha reprobado el ataque a los “más vulnerables” al ser un servicio que, afirma, demandan mayores y enfermos en un momento “muy sensible” de su vida.

Entre aplausos recibió las Cortes la tan ansiada aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2016. Tras dos jornadas de debate, las cuentas han salido adelante con una última intervención del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien defendió que no se “falsearían” las partidas de ingresos, una de las grandes críticas del Gobierno de Emiliano García-Page a los presupuestos presentados por el Partido Popular.

El consejero ha asegurado que, con estas cuentas, se “cierra un capítulo negro” de la historia de la economía castellano-manchega y se ha apoyado en los argumentos que ha esgrimido desde la presentación del proyecto, como que el 70% del total de las cuentas irá al gasto social. La totalidad de las cuentas llega a 8.420 millones de euros, lo que implica 214 millones de euros más que en 2015, un 5,8%. El total del gasto no financiero asciende a 6.890,6 millones de euros.

Además, Ruiz Molina ha negado que se cuente con 140 millones de euros adicionales para 2014, ya que la 'flexibilización' del objetivo de déficit se limita a que las Comunidades Autónomas puedan tener más facilidad para cumplirlo. Además, el consejero de Hacienda se ha referido directamente al Grupo Parlamentario Popular para que “dejen la figura del poli malo” al Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha acusado de “entorpecer” la labor del Ejecutivo de Emiliano García-Page.

Entre las enmiendas parciales presentadas, destaca la propuesta por el Grupo Parlamentario de Podemos relacionada con la agricultura ecológica, que finalmente ha recibido el apoyo del Partido Popular. En esta enmienda, Podemos pedía destinar 14 millones de euros más para agricultura ecológica, modificando partidas destinadas a publicidad institucional, entre otros. En un principio, el PP había condicionado su apoyo a dicha enmienda a que se utilizaran fondos del déficit y no de la misma consejería, mientras que David Llorente, portavoz de Podemos, defendía que debían agotarse “todas las posibilidades” para llevar adelante la enmienda.

Por otra parte, Podemos no ha apoyado las enmiendas 107 y 132 del PP, que pedían medio millón de euros para eliminar el cementerio de neumáticos de Seseña y un millón de euros para comprar tres resonancias magnéticas, respectivamente. En total, se han incluido 32 enmiendas parciales de todos los grupos parlamentarios, de las cuales 12 fueron aprobadas por unanimidad por PSOE, PP y Podemos.

El Ayuntamiento de Sevilla encara el ejercicio 2016 con unos presupuestos “muy sociales”, anuncia. Son las primeras cuentas municipales bajo mandato del alcalde socialista Juan Espadas. Con casi 800 millones de euros, es la partida más alta de los últimos años (desde que Emasesa no está incluida). Y no ha sido fácil cuadrar números. Con un Gobierno en minoría, y más allá del contexto económico, el trabajo normal que conllevan estos balances se han visto ralentizados por la composición de un plenario fragmentado en cinco grupos.

El texto, dialogado con todos los partidos que conforman el plenario y el Consejo Económico y Social de Sevilla, ha sido aprobado con el voto favorable de PSOE, Ciudadanos e IU. Marca como líneas prioritarias: creación de empleo, reactivación económica, políticas sociales y de vivienda, participación y descentralización, igualdad de oportunidades y fomento de la cultura y el deporte. Cumple las exigencias de estabilidad y reducirá la deuda viva con entidades bancarias en 43 millones de euros.

Es la herramienta presupuestaria de la ciudad de Sevilla para 2016. Aquí, con su información básica desglosada en gráficos.

Inversión del Ayuntamiento y organismos autónomos (en millones de euros)

La inversión del Consistorio para el presente ejercicio se cifra en 39,2 millones de euros. Entre sus organismos autónomos, Urbanismo llega a 21,5 y le sigue Lipasam con 5,9. El Instituto Municipal de Deportes cuenta con 3,4 y 1,6 tanto Tussam como el Alcázar.

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Programas sociales, vivienda e igualdad (en millones de euros)

Una de las patas principales del presupuesto son los programas de ayudas sociales, con poco más de 7 millones de euros. En igualdad se invierten 2 millones, 3 en el Plan de Vivienda Digna, uno en Cooperación al Desarrollo y más de 5 en personas sin hogar. Los bonobuses solidarios rescatan 12.

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Obras en colegios (en miles de euros)

Un total de diez colegios de la ciudad serán adecuados con actuaciones diversas en el primer plan de obras de la legislatura, que arranca su licitación. Los más beneficiados: Vélez de Guevara, Teodosio, La Raza y Benjumea Burín, que sobrepasan los 600.000 euros. Casi a medio millón llega el Manuel Altolaguirre.

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Otras inversiones (en millones de euros)

En otras inversiones municipales, cabe destacar los casi 10 millones dedicados en presupuesto para los distritos, los 7 del Programa Sevilla Emplea, casi 2 en parques empresariales y algo menos en parques de la ciudad, además de 0,7 en la piscina de Tiro de Línea.

Los diputados de Podemos han defendido las enmiendas registradas la semana pasada al proyecto de presupuestos 2016, enfocándose principalmente en las consejerías donde tienen “algunas diferencias”. Es este el caso de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Es necesario recordar que José García Molina ya anunció que pedirían la dimisión de Reyes Estévez, debido a su descontento con la gestión llevada a cabo, la que señalaron, mantenía los recortes de María Dolores de Cospedal.

Entre las partidas, han detallado ambos diputados en rueda de prensa, se encuentra la incorporación de parte del dinero destinado a edificaciones al Plan de Empleo. Un millón de euros, destinado a la renovación de centros públicos, siendo prioridad los educativos y sanitarios. Esta iniciativa se suma a los 300.000 euros que piden destinar al parque público de vivienda, ya que, según afirman, pretenden establecer “sinergias de trabajo” donde se consigan varios objetivos: dar empleo y fortalecer la infraestructura del Gobierno regional. “Queremos que el Plan de Empleo se desarrolle y se innove”, afirmó José García Molina.

En este sentido, el parlamentario ha defendido que se propone llevar a cabo estas obras con criterios de eficiencia energética y accesibilidad, con lo que también se necesitará incentivar la formación de aquellos que opten a estos trabajos. “Es un elemento de dinero público que se invierte con criterios de innovación y formación y mejor prestación de los servicios públicos”, afirmó el diputado, quien señaló que se trata de una iniciativa esencial.

Por otro lado, Molina ha defendido la partida de modificación para impulsar el retorno de talento investigador, plan que se dotaría con medio millón de euros. “La idea es sencilla: encontrar vías para financiar las investigaciones, sean pre o postdoctorales”, afirmó el diputado, quien recordó que se está perdiendo “mucho” talento por la falta de programas competitivos. “Queremos evitar que los jóvenes se vayan y, en segundo lugar, sentar las bases del cambio de modelo productivo que esté basado en la investigación”, concluyó Molina.

Partida de modificación que cree retorno de talento investigador, estaría dotada con medio millón de euros, la idea es sencilla sabemso que tenemos jóvenes investigadores, o bien se tienen que marchar o se han marchado o no encuentran víoas para financiar las investigaciones sean predcotorales o sean postdoctorales

Por otro lado, David Llorente recordó que en las enmiendas del grupo se encuentra una que pide la redistribución de un programa de divulgación y campaña institucional del Instituto de la Mujer que pasaba a estar dotado con 100.000 euros en 2015, a superar el 1.300.000 para 2016. Este presupuesto, según indicó Llorente, es compatible con el refuerzo de programas de apoyo a mujeres a través de las entidades locales.

El grupo ha presentado también una enmienda que se destinará a paliar el recorte “drástico” de la agricultura ecológica, que cifran en un 70%, a través de partidas en agricultura que crecía “notablemente”. “Estaremos abiertos al dialogo con la consejería y las organizaciones agrarias”, afirmó Llorente. De las doce enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario se calificaron finalmente diez, quedando fuera la presentada en conjunto con el PSOE y otra que no cabía dentro de la figura como enmienda, según fuentes de las Cortes.

Cumplido el plazo para presentar enmiendas parciales, los grupos han registrado un total de 195. 162 corresponden al Grupo Popular, 21 a PSOE y 12 a Podemos. Una de ellas plantea un incremento del Ingreso Mínimo de Solidaridad en la región para 2016, hasta llegar a los 420 euros, que funcionaría como primer paso para el desarrollo normativo de la renta garantizada en la región. Esta enmienda ha sido presentada en forma conjunta por los grupos socialista y de Podemos.

David Llorente, portavoz de Podemos en las Cortes, ha señalado que las peticiones registradas tienen como objetivo “afinar” los presupuestos, después de haber negociado aspectos importantes en la primera fase de la tramitación parlamentaria. Cabe recordar que peticiones de la formación morada, como el llamado Plan de Rescate Ciudadano, finalmente tendría más presupuesto que lo que se planteaba en un principio. Entre otros puntos básicos se encontraba la reducción de altos cargos y de publicidad institucional, así como la reorientación de partidas a los servicios públicos y la consolidación de empleo público.

Las enmiendas registradas se dividen entre las que piden sólo una modificación del articulado presentado, mientras que otras sí proponen aumentar las partidas en diversas consejerías. En el primer caso, se encuentra una iniciativa que propone que el Gobierno regional deberá rendir cuentas de forma trimestral sobre las derivaciones sanitarias a lo privado que se mantengan. La idea es que se aporte toda la información relevante sobre las derivaciones hechas y las razones. “Queremos mantener dos criterios importantes, que son no sustituir recursos públicos y mantener la calidad de la sanidad pública”, explica Llorente.

Por otro lado, Podemos pide que se reduzcan los ratios en la educación pública, haciendo especial énfasis en los cursos de primero de Primaria y el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, que son los que la formación considera “más críticos” y con mayor necesidad de gestión. “Esto también está planteado en el acuerdo de tramitación. Nuestra idea es establecer objetivos hacia los que creemos se debe avanzar. En este caso en la reducción de las ratios en las aulas”, señala el portavoz parlamentario.

El primer informe de impacto de género de los presupuestos

Podemos ha presentado también una enmienda para dar de baja 370.000 euros en publicidad institucional dentro del Instituto de la Mujer. 20.000 euros se destinarán a un informe de impacto de género en los presupuestos, que evalúe las políticas públicas y los gastos por género para detectar así su repercusión. “Es algo que se hace en los presupuestos generales y en otras Comunidades Autónomas, pero que no se ha hecho nunca en Castilla-La Mancha”, explica Llorente. Por otro lado, el grupo propone destinar los 350.000 euros restantes a reforzar los programas de atención a mujeres en los municipios, en los centros de mujer y los recursos de acogida para víctimas de violencia de género.

En el caso de los presupuestos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el grupo propone un plan denominado ‘Programa de retención y retorno del talento’, para el que plantean una partida de 500.000 euros, a fin de “retener y favorecer” el retorno del talento joven emigrado. En particular, según señala Llorente, se trata de reforzar la plantilla en investigación e innovación, dentro del marco muy repetido por el partido para cambiar el modelo productivo.

Dentro de la partida presupuestaria de la Consejería de Fomento, la formación pide 300.000 euros para un Plan de Rehabilitación del parque público de Vivienda. “Es algo que hemos propuesto ya y en lo que queremos insistir”, afirma Llorente. La idea de Podemos es cubrir dos objetivos: reabsorber la mano de obra, desempleada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y también poner a disposición de quien lo necesite el parque público como alternativa habitacional.

Finalmente, y en la modificación más grande que pide el partido para los presupuestos de 2016, Podemos propone que se destinen 14 millones de euros para reforzar la agricultura ecológica en la región. La enmienda nace a raíz de una serie de reuniones con organizaciones agrícolas de la región, como UPA o Unión de Uniones, que desvelaron un recorte en las primas a la agricultura ecológica. La redistribución se hace a través de recortes en publicidad institucional, aplicaciones informáticas o estudios y trabajos técnicos.

Llorente ha querido destacar que parte de la enmiendas han surgido gracias a la intervención de la sociedad civil, como es el caso de la agricultura ecológica, y también de sus bases. El diputado llevó a cabo una gira alrededor de la mayoría de las provincias para presentar los presupuestos y discutirlos con sus simpatizantes, que es también de donde surgió la propuesta del estudio de impacto de género.

El presupuesto de la consejería de Bienestar Social sube en 35 millones, en relación a 2015, con un incremento del 5,77%. La responsable de la cartera, Aurelia Sánchez, ha anunciado al respecto que se prevé un incremento del Ingreso Mínimo de Solidaridad que se da en la región, que pasa de los 372,76 euros a 420,42 euros al mes. De este modo, el IMS pasa a situarse en la media del conjunto de las Autonomías y se dedicará un total de 8.250.000 euros, subiendo en un 10% en relación a 2015.

Estas subidas han sido calificadas por Sánchez como de “acusada sensibilidad social”, quien también ha defendido que se garantizará la atención a las personas dependientes, para quien el proyecto de presupuestos de 2016 prevé una partida de 396.000.000 euros. Con esta cantidad, el Gobierno regional asegura que es el primer año en el que se alcanza el grado “necesario” de cobertura del Sistema de Dependencia de Castilla-La Mancha“.

Por otro lado, la dirección general de Acción Social y Cooperación contará con un presupuesto de 94,7 millones de euros. Entre sus prestaciones se prevé un incremento en la partida para el programa de atención a las familias, al que se destinan 23.827.600 euros y también para las ayudas a la emergencia social que suben en un 30,95% hasta llegar a los 6.547.600 euros. La partida para la Red de Servicios Sociales Básicos prevé un total de 64.960.170 euros, y los convenios del Servicio de Ayuda a Domicilio tendrán un incremento del 7,75%, hasta situarlos en 36.361.820 euros.

La partida destinada a cooperación al desarrollo crece un 172,12% para situarse en 2.789.400 euros. De ella, el grueso se destinará a la convocatoria de subvenciones para ONGD, que se sitúa en 1.840.000 euros. Cabe destacar que entre 2008 y 2014 el recorte para esta partida fue de un 99%, tal como denunció la Coordinadora de ONG que aseguró que la cooperación se encontraba en una situación de “grave peligro”. Castilla-La Mancha encabezaba junto a Murcia los recortes. La Junta de Castilla-La Mancha también suprimió el Fondo Regional de Cooperación, el programa de Jóvenes Cooperantes, las convocatorias de programas y proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo y sensibilización.

Familias, menores, mayores y discapacidad

Aurelia Sánchez también ha defendido que se prevé un aumento del 6,38% para la dirección general de Familias y Menores, mientras que para la atención de menores se pretende dedicar 36.038.280 euros. En términos de plazas residenciales, la consejera ha destacado un incremento de 4,33%, hasta llegar a un total de 9.170.760 euros.

Para las personas con discapacidad, el presupuesto previsto es de unos 101 millones de euros, que destinará a recursos residenciales a través de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, el convenio con entidades privadas del CERMI y la convocatoria de corporaciones locales para el mantenimiento de recursos residenciales. Para las personas mayores, el presupuesto previsto es de 266.988.300 euros, que crece un 5,77% respecto al año anterior.

Dirección general de dependencia

Para la atención a las personas con dependencia, se dispondrá de una dirección general a la cual se asignará una partida de 114.791.690 euros, un 6.9% más que en 2015. Aurelia Sánchez ha recordado, eso sí, que la atención a este colectivo se desarrollará también desde el ámbito residencial de mayores y personas con discapacidad. La mayor partida es el de las ayudas económicas, que se vinculan al cuidado en el entorno familiar, de asistencia personal o de apoyo a cuidadores no profesionales. Para esto, se prevé dedicar un 6,47% más que en 2015, hasta alcanzar los 102.452.560 euros. Además, a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) está previsto dedicar 1.481.130 euros, un 48,11% de incremento respecto al año anterior.

Como conclusiones generales, Aurelia Sánchez ha subrayado que este presupuesto “frena en seco el deterioro de los servicios sociales en la región”, mediante la recuperación del gasto público, la ampliación de las coberturas del Sistema de Atención a la Dependencia, la mejora de la dotación de profesionales en la red básica de servicios sociales y el importante incremento de las coberturas de las rentas sociales (IMS y AES).

Los presupuestos ya han llegado a las Cortes de Castilla-La Mancha y el primer paso al respecto ha sido la enmienda a la totalidad del proyecto presentado por el Gobierno de Emiliano García-Page por parte del PP. Si bien Podemos no quiso dejar completamente claro con anterioridad cuál sería su voto, jugando incluso con la posibilidad de abstenerse, finalmente la iniciativa no salió adelante con los votos en contra de sus dos diputados y los parlamentarios socialistas. 

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue el encargado de defender el proyecto propuesto por el Gobierno y pactado, a grandes rasgos, con Podemos. Ruiz Molina se apoyó en un discurso en el que relataba todos los recortes que llevó a cabo María Dolores de Cospedal y ha agradecido públicamente a Podemos su apoyo en la elaboración del mismo. “Cada diputado deberá decidir si vota contra la tramitación de unos presupuestos que van por la riqueza o volver a los de Cospedal, con desigualdad e injusticia social”, advertía el consejero.

Por otra parte, el consejero de Hacienda añadió que los presupuestos están planteados para “cumplir” los objetivos de déficit y que son acordes con la realidad de Castilla-La Mancha, ya que se han reducido las estimaciones de ingreso por operaciones de capital, siendo ahora los tributos del Estado los que aportan el grueso de lo que entra en las arcas regionales. “Cada día dedicaremos casi 900.000 euros más a gasto social que el anterior Gobierno”, aseguró Ruiz Molina, quien defendió nuevamente que no se aumenta la presión fiscal a los ciudadanos, sino que se reducen.

Presupuestos “sectarios y alejados de las necesidades reales de los ciudadanos”

La enmienda a la totalidad presentada por el PP abunda en palabras como “irresponsable”, “antirreglamentario”, “sectario”, y también critica duramente el acuerdo inicial firmado entre PSOE y Podemos. “Son fruto de la improvisación e, incluso, contradice lo establecido e el pacto de investidura”, aseguran los 'populares'. El portavoz, Francisco Cañizares, ha asegurado en su intervención que los presupuestos contienen engaños “clarísimos” sobre las políticas que pretende seguir el Gobierno regional y que recuerda a “los viejos tiempos de Barreda”. 

Además, ha rechazado el carácter “social” que defiende el Gobierno socialista. Cañizares ha asegurado que se destinará más dinero a la sanidad privada, y que el apoyo a este documento se basa en mentiras y “amenazas”. “Estos presupuestos atacan el crecimiento y la recuperación económica de Castilla-La Mancha”, anunció el parlamentario quien acusó al Gobierno regional de “saber” que el crecimiento este año será menor que el de 2015. “Es una situación ridícula, saben que lo suben [los impuestos] porque confiesan que recaudan más”, afirmó Cañizares.

Por otro lado, el 'popular' criticó que sólo hay 39 millones de euros más que en los presupuestos del año pasado, “eso sí, percibiendo casi 300 millones de euros más de financiación autonómica”, ironizó. De este modo, aseguró que las partidas resultan irreales porque con 39 millones de euros “no pueden crecer”, por lo que pide que “no intente falsearlos”. En este sentido, Cañizares llegó a señalar que “tendremos que convenir que el 98% del dinero del rescate ciudadano lo puso Cospedal, eso son los números que presentan”.

¿Tiene claro el PSOE que quiere ser un Gobierno del cambio?

Podemos votó finalmente en contra de la enmienda a la totalidad, pero quisieron dejar claro en el Pleno que el apoyo está muy lejos de ser total. David Llorente fue especialmente duro con las críticas del PP, “Usted critica que no somos lo suficientemente eficientes para recuperar los que ustedes destruyeron. ¿Sabe lo que dice?”, preguntó directamente al portavoz del Partido Popular. Llorente señaló también que, si hay un cambio sustancial en el proyecto, es “gracias” a Podemos que propuso medidas como la del Rescate Ciudadano. “Sinceramente da la impresión de que el Gobierno no tiene un plan de legislatura para el cambio”, aseguró el portavoz de Podemos.

Blanca Fernández, portavoz socialista, por su parte aseguró que “nadie se cree” que Cospedal se haya gastado el 85% de sus presupuestos en gasto social, como defiende el PP y recordaba a los 'populares' que “si no le hubieran quitado los derechos a los trabajadores no habría que devolvérselos”. Fernández también aseguró que la pérdida de empresas en la región es mentira, según los datos del INE, y afirmó que la deuda por indemnización de obras paralizadas llega a los 180 millones de euros. 

La situación política catalana ha llevado a que, a fecha de marzo de 2016, los presupuestos catalanes de este año no se hayan ni presentado y su discusión esté prevista para el segundo trimestre del año. Las dificultades que tendrá el conseller de Economía, Oriol Junqueras, siguen siendo las mismas que las de su antecesor, Andreu Mas-Colell: cuadrar las cuentas catalanas es imposible si no se aumentan los ingresos. Para intentarlo, Mas-Colell, fruto del pacto con ERC de 2012, recurrió a la vía de la fiscalidad ambiental, que si bien es estrecha en lo que a recaudación se refiere, permite actuar de forma indirecta sobre el medio ambiente. En su primera comparecencia parlamentaria, Junqueras se mostró partidario de seguir por el mismo camino.

“Lo que define a un impuesto como ambiental no es su recaudación ni ésta se dedica a políticas ambientales, sino el hecho que el impuesto desincentiva alguna conducta perjudicial para el medio ambiente”, recuerda el jefe de proyectos de la consultora y la fundación ENT, el doctor en ciencias ambientales Ignasi Puig Ventosa.

En este sentido, Ventosa considera que “no tiene sentido” que Catalunya dedique más de 25 millones de euros a la devolución del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos a transportistas profesionales. Asimismo, este experto cree que se podría aumentar un 15% los tipos impositivos del impuesto de matriculación, que Catalunya sólo ha hecho para dos de las nueve categorías de vehículos y no hasta el nivel máximo.

A finales de enero el Ejecutivo catalán ya presentó un proyecto para gravar la contaminación rodada. Así, en el anteproyecto de la Ley del Cambio Climático aprobada por la Generalitat se prevé que a partir de 2018 un turismo pague de promedio 5,5 euros anuales. Los vehículos que emitan menos de 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro quedarán exentos y a los que más contaminen se les impondrá un máximo de 84 euros. La Generalitat prevé ingresar 76,8 millones de euros una vez el tributo esté plenamente implantado.

Otros campos de actuación tributaria que se podrían explorar serían un impuesto sobre el cambio de usos del suelo o tributos en determinadas actividades, en especial las que tienen mayor impacto sobre el medio ambiente como campos de golf o actividades extractivas, o aquellas que se desarrollan en el medio rural. Asimismo, Catalunya podría poner tasas sobre productos con un impacto considerable: ciertos envases, pesticidas o fertilizantes.

Junqueras puede sacar ideas de otras comunidades autónomas. Es el caso del impuesto sobre bolsas de plástico (cuyo uso quiere frenar la Comisión Europea pero todavía están muy presentas en el pequeño comercio urbano catalán) vigente en Andalucía y Cantabria desde 2011. O el tributo sobre elementos fijos de transporte de electricidad implantado en Asturias, Cantabria y Extremadura.

Fruto del pacto de CiU con ERC la pasada legislatura, Mas-Colell implantó tres tributos medioambientales. Las previsiones del Govern indican que en 2016 se recaudarán 3,8 millones gracias al impuesto sobre emisiones contaminantes de la aviación comercial. Respecto al impuesto sobre la emisión de partículas a la atmósfera producida por la industria, según los datos de ejecución presupuestaria publicados a día de hoy, hasta noviembre de 2015 se habían recaudado 0,1 millones. La previsión gubernamental era recaudar gracias a este impuesto 0,5 millones el año pasado y 1,6 este año.

El tercer impuesto implantado en el último mandato de Mas fue sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Es el más importante en cuanto a recaudación (la previsión es conseguir 39,6 millones en 2015 y 3,6 en 2016). Según la ejecución presupuestaria, hasta noviembre del año pasado se habían recaudado 30,3 millones. Endesa, Iberdrola y la patronal de las eléctricas Unesa recurrieron el impuesto al TJSC.

A juicio de Puig Ventosa, con este último paquete de tributos Catalunya “ha recuperado buena parte del terreno perdido” en materia de fiscalidad ambiental, si bien matiza que todavía debe evaluarse su efecto. Con todo, este experto señala que todavía hay ámbitos económicos como la aviación comercial que resultan “paraísos fiscales” pero en los Catalunya no puede actuar ya pero que no tiene competencias en gravar los combustibles de la aviación.

Por otro lado, si bien no guarda relación directa con el medio ambiente, uno de los impuestos incluidos en el pacto CiU-ERC pero que no se llegó a aprobar fue el de las bebidas azucaradas, con el que se preveían recaudar 22 millones. Desde el sector sanitario se presentan los efectos positivos de una tasa de este tipo sobre la salud de la población y en particular en la reducción de la obesidad.

La Universidad de Alcalá de Henares (UAH) de la que dependen las instalaciones universitarias de Guadalajara ha mostrado su “perplejidad” por lo que califica de “recortes” en el proyecto de presupuestos que la Junta de Castilla-La Mancha destinará a la comunidad universitaria de Guadalajara en 2016 frente al “incremento” presupuestario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

Santiago Fernández, vicerrector de Coordinación y Comunicación de la institución académica explica que la situación financiera de la Universidad de Alcalá en relación al campus de Guadalajara es “histórica” pero critica que ahora “no solo no se corrige sino que agrava una situación de desigualdad de la provincia de Guadalajara” con respecto al resto de Castilla-La Mancha, cuyos campus dependen de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

En la UCLM, recuerda Santiago Fernández, “se estaban invirtiendo unos 4.800 euros por alumno y como se sube un poquito se llega a los 5.000 euros. Me parece una buena cosa pero es que en 2011 nosotros teníamos 3.400 euros por alumno y ahora no llegaríamos a los 2.000”.

Explica que han sido, sobre todo, los alumnos quienes han manifestado su “preocupación” como también lo han hecho otros miembros de la comunidad universitaria y esperan que la financiación pueda “corregirse” durante la tramitación parlamentaria porque “las cifras no se corresponden con la voluntad política expresada”.

“Nadie se cuestiona que en Albacete haya una financiación que permita que los estudiantes universitarios cuenten, como debe ser, con instalaciones y medios suficientes. En Guadalajara como es natural deben ser los mismos”, insiste.

3,7 millones de euros menos que el pasado año

3,7 millones de euros menos que el pasado añoSantiago Fernández asegura que el proyecto inicial de presupuestos para la UAH en 2016 refleja un descenso de 3,7 millones de euros. Frente a los poco más de 10 millones del pasado año, para el presente ejercicio la financiación se quedaría en 6,2 millones.

En el capítulo de Inversiones, se pasa de los 3,3 millones de euros de 2015 a “cero euros”, mientras que la partida para investigación que el anterior ejercicio llegó a los 800.000 euros, este año se queda en 126.000. Resulta “chocante”, dice el vicerrector,  porque el presidente de Castilla-La Mancha “ha hecho una apuesta por el nuevo Campus de Guadalajara así como por  titulaciones -Biomedicina y Logística- que requerirán equipamientos para desarrollarse”.

Recuerda que, por ejemplo, para el grado de biomedicina que se quiere implantar no existe un laboratorio en Guadalajara que permita impartirlo. “Hacen falta equipamientos”. Reconoce que toda la inversión no será posible en un año sino en varios ejercicios pero, reitera, “choca que en el momento en que se da un paso hacia adelante con el nuevo campus, ni siquiera se mantenga la financiación sino que se recorte en un tercio. Es la cifra más baja de financiación desde el año 2011”.

Aún con el dinero para el Campus, faltan 1,7 millones

Aún con el dinero para el Campus, faltan 1,7 millonesEl vicerrector señala que el presupuesto recoge  dos millones de euros por parte de la Junta castellano-manchega para comprar, al Ministerio de Defensa, los terrenos sobre los que se asentaría el futuro campus (el antiguo colegio para hijos de militares ‘Las Cristinas’ de Guadalajara). “Sí, ese dinero está previsto pero solo para adquirir los terrenos. Pero es que aunque descontemos ese dinero, faltan 1,7 millones de euros hasta completar el presupuesto del que disponíamos el pasado año”.

La UAH  asegura no tener “quejas” en cuanto a interlocución con el Gobierno de García-Page pero, recuerda, “hemos hecho un ejercicio de responsabilidad porque esto lo sabíamos desde hace tiempo. Una vez que los presupuestos son públicos tenemos presión interna de la comunidad universitaria que preguntan por lo que está pasando.”.

“Las instalaciones de Guadalajara están saturadas”

“Las instalaciones de Guadalajara están saturadas”En una entrevista con eldiarioclm.es, la titular de Educación de Castilla-La Mancha, Reyes Estévez, recordaba que el actual Gobierno tendrá que compensar a la Universidad alcalaína por asumir -debería haberlo hecho el Gobierno de Cospedal -los gastos de implantar en 2011 dos nuevas titulaciones: Comunicación Audiovisual y Lenguas Modernas y Traducción.

Es una carga presupuestaria añadida en la que el vicerrector no entra a preguntas de este periódico pero deja entrever que la historia se repite con la nueva ampliación académica en Guadalajara. “No entramos en lo que hizo uno u otro gobierno, ni en el color político”, señala. “Las instalaciones de Guadalajara están muy bien aprovechadas pero saturadas. No damos de sí para implantar nuevos estudios. Necesitaremos medios mínimos”.

La consejera recuerda que la Universidad de Alcalá pertenece a un distrito universitario distinto y que el compromiso presupuestario no es el mismo que con la UCLM. En eso la institución alcalaína discrepa. “No es un argumento del todo correcto. Alcalá depende de la Comunidad de Madrid pero prestamos servicio al campus de Guadalajara” y califica de “ejemplo de eficiencia” que se aproveche la cercanía para gestionar el campus de Guadalajara.

“Somos partidarios de bajar la matrícula”

“Somos partidarios de bajar la matrícula”En cuanto a las tasas universitarias en Guadalajara, Fernández dice que la UAH es “partidaria” de bajar la matrícula “sobre todo en master universitario”. En Guadalajara hay unos 200 alumnos de este tipo de estudios que son los que más se han encarecido.  Fernández recuerda, finalmente,  que la institución académica de Alcalá ha sido “pionera” al permitir el pago de la matrícula en diez meses, además de la bolsa de ayudas para situaciones “sobrevenidas”.

Los sindicatos en el Ayuntamiento de Alicante han advertido de la posibilidad de iniciar movilizaciones si el equipo de Gobierno mantiene el anuncio de la edil de Hacienda, Sofía Morales, para no abonar la paga extra de 2012 y poder cumplir así con el requisito del Ministerio de Hacienda para aprobar las cuentas municipales.

La medida supondría para las arcas alicantinas la mitad de los cuatro millones de euros que el Ministerio ha reclamado recortar en el proyecto de presupuestos para este 2016. Los otros dos millones saldrían de ajustar el cinturón de las Concejalías.

Morales lanzó el órdago ayer y ha sido suavizado este miércoles tras la reunión mantenida entre equipo de Gobierno y sindicatos para tratar el asunto. De hecho, el Gabinete de Alcaldía ha emitido un comunicado en el que desvelaba que el propio ministerio se ha puesto en contacto con el consistorio para alegar que será “flexible” con la exigencia de recortar los gastos para este año, aunque la rectificación ha sido verbal y condicionada a que la Concejalía de Hacienda aporte “nuevos datos”.

En el encuentro de este miércoles, los sindicatos han logrado un plazo, que expira el próximo lunes, antes de que Hacienda ejecute la propuesta de no abonar la paga extra. Así, las fuentes consultadas han advertido de la necesidad de encontrar un alternativa que no ponga en riesgo el cobro de la paga y que no debilite los servicios que se prestan, porque de lo contrario se estudiaría la posibilidad de emprender acciones de movilización contra el tripartito formado por PSPV, Guanyar Alacant y Compromís.

La Plataforma de Dependencia en Castilla-La Mancha ha hecho una pausa en sus críticas al Gobierno regional en referencia a la pérdida de prestaciones para cuidadores familiares, a la vista del anteproyecto de Presupuestos autonómicos para 2016, donde la partida destinada a atender a las personas dependientes ha pasado de 96 millones de euros en 2015 a 166 millones para el presente año. Este colectivo considera que se trata de “una gran inyección económica” en un sector “especialmente vulnerable y golpeado por la crisis”.

De esta forma, la Plataforma ha felicitado a la Junta por esta decisión y ha apuntado que este incremento viene a demostrar la “distinta sensibilidad social” con respecto al anterior Ejecutivo, del que “solo recibimos recortes e ilegalidades”. Dice reconocer así el esfuerzo del actual Gobierno para “volver a poner a Castilla-La Mancha en los puestos de cabeza en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, un puesto que jamás debió abandonar, porque eso significó abandonar a su suerte a miles de dependientes de la región”.

Asimismo, el colectivo ha aprovechado para agradecer su inclusión en la Mesa Sectorial de Bienestar Social, donde formará parte del grupo de trabajo de Mayores, Discapacidad y Dependencia. Asegura que esta inclusión “viene a ahondar aún más en los lazos de diálogo y negociación” que el actual Gobierno ha establecido con la Plataforma, “en donde discrepamos muchas veces, pero el simple hecho de poder discrepar desde la misma mesa, ya ha sido para nosotros un cambio tremendamente positivo”.

“De la misma manera que hace muy poco hicimos una valoración negativa de los datos últimos publicados por el Imserso con respeto a nuestra región en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, hoy salimos para agradecer unos presupuestos más sociales, que esperamos (y creemos que es así) sean prueba de una distinta sensibilidad a la acostumbrada durante los últimos cuatro años”, concluye la Plataforma.

Una vez presentado el primer acercamiento de los presupuestos regionales, Podemos, una de las formaciones que ha pactado estas líneas generales iniciales, se ha puesto en marcha para tratar el tema con sus bases. ¿Es la participación ciudadana vinculante para la formación en este caso? “Entendemos que la ciudadanía refrendó el acuerdo con el que gobierna Emiliano García-Page ahora mismo, y dentro del acuerdo están estas líneas generales, y algunas no negociables como las del plan de rescate ciudadano”, asegura David Llorente, diputado regional de la formación.

Podemos ha celebrado un encuentro ciudadano, en el que introdujo las líneas más generales de las cuentas regionales a un grupo de toledanos. “Se trata de dar una oportunidad para que la gente nos critique, nos plantee sus dudas y sus sugerencias”, asegura el diputado. No será el único y los ciudadanos pueden utilizar los cauces regulares del partido para ponerse en contacto y usar las sugerencias de los castellano-manchegos para plantear, incluso, las enmiendas parciales que la formación no descarta. “Plantear una enmienda a la totalidad no tiene sentido, pero según vayamos viendo los detalles sí que se podrá ver la posibilidad de enmiendas parciales”, señala el diputado.

El Partido Popular ha asegurado que es mentira que se incluirán los anunciados 629 millones de euros para el rescate ciudadano en el proyecto, pero Podemos lo desmiente y asegura que es de hecho una de las bases que han servido para dar el pistoletazo de salida a los presupuestos regionales. Otro de los puntos que la formación ya no negociará es la recuperación del gasto social, del empleo y de los servicios públicos, que consideran se ven reflejados en el documento presentado, además de los compromisos adoptados para recuperar las externalizaciones y derivaciones.

Por otro lado, Podemos ha exigido que se incluyesen elementos que sirvieran como una base para impulsar un cambio de modelo productivo, algo que para Llorente se ha visto reflejado en el aumento de partidas dirigidas para el desarrollo, la investigación y la innovación, además de los destinado al desarrollo económico y el empleo. Esto, señala el asesor económico de la formación, Antonio Sanabria es fundamental, ya que no se puede volver al nivel de 2005 y sufrir una nueva crisis del ladrillo que, señala, fue especialmente aguda en Castilla-La Mancha. De hecho, Sanabria achaca este tipo de decisiones económicas a una de las razones por las que se ha disparado la deuda en la región.

Sanabria ha criticado duramente la incidencia en los recortes sociales, especialmente desde 2010. “No ha valido para nada, la deuda se ha doblado y, lo más importante, se ha dejado una deuda social que es a lo que nos enfrentamos ahora, pobreza, desigualdad y desempleo”, señala el economista, quien puntualiza que la caída de algunas partidas, como de Fomento, se han planteado como una medida a corto plazo. “Las luces cortas son para frenar la emergencia social, las largas para cambiar el modelo productivo”, afirma, señalando que, por ejemplo, construir nuevas carreteras en la región no es una prioridad para Podemos actualmente. Pero, puntualiza, “no se trata de una estrategia de legislatura, por lo menos no para nosotros”.

Además, afirma Llorente, las partidas presupuestarias que caen, como Hacienda y Fomento, se debe a medidas como la eliminación de gastos que consideran superfluos, como el de altos cargos. En Fomento, puntualiza el parlamentario, si bien ha caído la partida entera, otras dentro de la misma, como las relacionadas con vivienda social y su rehabilitación deberán subir, pues se encuentran dentro del rescate social que plantea la formación.

Entre las preguntas de los ciudadanos se encontraban, por ejemplo, si las partidas contemplan dinero para los refugiados, o si se toman en cuenta los recortes que vendrán desde la Unión Europea. Además, los ciudadanos se han mostrado interesados por conocer si la primera propuesta del gobierno de las cuentas regionales se encuentran disponibles para ser consultadas. Otra de las intervenciones ha criticado la estrategia de presentar los presupuestos en conjunto con el PSOE, una estrategia calificada como “totalmente” equivocada.