Una situació d’ètica com a mínim qüestionable, així es considera el nomenament definitiu de Francisco Cabañero, actual regidor de Modernització i Informàtica amb el PP a Castelló de la Plana, com a funcionari de carrera en el mateix departament que ell dirigeix. El procés, tot i que legalment vàlid, ha despertat dures crítiques per la falta d’estètica ètica per haver sigut avaluat per personal que depén jeràrquicament de la seua gestió.

L’origen d’aquesta situació es remunta a l’anterior executiu progressista, que va redactar les bases d’estabilització per a reduir la temporalitat en l’Administració. No obstant això, la convocatòria oficial es va produir el juny del 2023, moment en què Cabañero ja coneixia la seua condició de regidor electe i la seua imminent entrada en el govern municipal. Malgrat la seua nova responsabilitat política, l’edil va decidir continuar amb el procés per a consolidar la seua plaça tècnica a la casa.

El conflicte del tribunal avaluador

Un dels punts més crítics de la convocatòria va esdevindre l’octubre del 2024. Inicialment, el tribunal encarregat de qualificar les proves estava compost per subordinats directes del seu propi Departament d’Informàtica. Arran de les protestes de l’oposició i els dubtes sobre la imparcialitat del procés, es va modificar de l’òrgan avaluador.

Finalment, el tribunal va ser substituït per una funcionària informàtica de la Diputació de Castelló i tres funcionaris municipals aliens a l’àrea de Modernització. No obstant això, les crítiques persisteixen, ja que aquests últims no deixen de ser subordinats indirectes de Cabañero en la seua qualitat de membre del govern local.

Crítiques de l’oposició: “Legal, però no ètic”

Des de Compromís, el regidor Ignasi Garcia ha denunciat l’oportunitat de l’anunci, assenyalant que el nomenament hauria d’haver-se fet públic al gener, però s’ha demorat fins a mitjan març, coincidint amb les festes de la Magdalena.

“És un nomenament legal, però manca totalment d’ètica”, afirma Garcia. “El regidor hauria d’haver dimitit en el moment en què va decidir presentar-se a una plaça del seu propi departament, però, si no ho va fer llavors, almenys ha de fer-ho ara que el procés ha conclòs”.

Per a la formació valencianista, el fet que el govern municipal canviara el tribunal original és la prova que “sabien que era un procés estèticament inacceptable”. De moment, Cabañero manté l’acta de regidor mentre consolida el seu futur com a funcionari en la mateixa Administració que hui lidera políticament.

Una situación de ética como mínimo cuestionable, así se considera el nombramiento definitivo de Francisco Cabañero, actual concejal de Modernización e Informática con el PP en Castelló de la Plana, como funcionario de carrera en el mismo departamento que él dirige. El proceso, aunque legalmente válido, ha despertado duras críticas por la falta de estética ética al haber sido evaluado por personal que depende jerárquicamente de su gestión.

El origen de esta situación se remonta al anterior ejecutivo progresista, que redactó las bases de estabilización para reducir la temporalidad en la administración. Sin embargo, la convocatoria oficial se produjo en junio de 2023, momento en el que Cabañero ya conocía su condición de concejal electo y su inminente entrada en el Gobierno municipal. A pesar de su nueva responsabilidad política, el edil decidió continuar con el proceso para consolidar su plaza técnica en la casa.

El conflicto del tribunal evaluador

Uno de los puntos más críticos de la convocatoria ocurrió en octubre de 2024. Inicialmente, el tribunal encargado de calificar las pruebas estaba compuesto por subordinados directos de su propio departamento de Informática. Tras las protestas de la oposición y las dudas sobre la imparcialidad del proceso, se procedió a una modificación del órgano evaluador.

Finalmente, el tribunal fue sustituido por una funcionaria informática de la Diputación de Castelló y tres funcionarios municipales ajenos al área de Modernización. No obstante, las críticas persisten, ya que estos últimos no dejan de ser subordinados indirectos de Cabañero en su calidad de miembro del Gobierno local.

Críticas de la oposición: “Legal, pero no ético”

Desde Compromís, el concejal Ignasi Garcia ha denunciado la oportunidad del anuncio, señalando que el nombramiento debería haberse hecho público en enero, pero se ha demorado hasta mediados de marzo, coincidiendo con las fiestas de la Magdalena.

“Es un nombramiento legal, pero carece totalmente de ética”, afirma Garcia. “El concejal debería haber dimitido en el momento en que decidió presentarse a una plaza de su propio departamento, pero si no lo hizo entonces, al menos debe hacerlo ahora que el proceso ha concluido”.

Para la formación valencianista, el hecho de que el Gobierno municipal cambiara el tribunal original es la prueba de que “sabían que era un proceso estéticamente inaceptable”. Por el momento, Cabañero mantiene su acta de concejal mientras consolida su futuro como funcionario en la misma administración que hoy lidera políticamente.

“Pido disculpas. En cuanto detecté que podía ser fake la noticia procedí a borrar el tweet y, en efecto, se ha confirmado que las noticias dadas por algún influencer no eran ciertas”. Así se disculpó el pasado 19 de agosto en X (antiguo Twitter) el concejal de Seguridad Pública y Emergencias en el Ayuntamiento de Castelló y portavoz municipal de Vox, Antonio Ortolá, tras difundir un bulo racista sobre el crimen de Mocejón (Toledo).

El edil había escrito el día anterior en la red social: “Confirmado, el asesino es un magrebí”, en referencia al asesinato de un niño de 11 años en la localidad toledana. Además, Ortolá aprovechó para reprochar al PSOE y al PP, partido con el que gobierna en el Ayuntamiento de Castelló, sus supuestas “regularizaciones masivas” de migrantes. De paso, el edil de Seguridad agregó: “Solo en Vox hablamos alto y claro. El que quiera venir que llame a la puerta”.

El edil de Vox, socio de la alcaldesa popular, Begoña Carrasco, borró le mensaje y especificó en respuesta a un usuario que le recriminó la difusión de bulos racistas: “No verá muchos políticos que pidan disculpas cuando se equivocan. Yo sí”.

Varios de los difusores de bulos racistas, perfiles habituales vinculados a la extrema derecha, cerraron sus cuentas tras el anuncio de la investigación de la Fiscalía.

Antonio Ortolá, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Castelló, se dejó ver el año pasado en el estadio Castalia de Castelló junto con 'hooligans' ultras del 'Frente Orellut', vinculado a la extrema derecha.

La oposición ha pedido a la alcaldesa Begoña Carrasco que destituya al polémico edil. Patricia Puerta, portavoz municipal del PSPV-PSOE,, ha recordado que Ortolá “lleva un año mostrando su desprecio a los inmigrantes y su afición por alentar concentraciones frente al Partido Socialista que han acabado en incidentes”.

“Begoña Carrasco es la única culpable de alentar los discursos de odio en el gobierno municipal y como tal exigimos que, si no quiere pasar a la historia de este ayuntamiento como protectora de los discursos racistas y xenófobos de sus socios de Vox, cese de manera fulminante de sus funciones al concejal de Seguridad Ciudadana”, ha manifestado Puerta.

Por su parte, el portavoz de Compromís al Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha declarado que “la señora Carrasco no puede mantener ni un minuto más Ortolá como regidor de Seguridad de Castelló”. “La ciudadanía no merece un gobierno con una persona que, ante el asesinato de un menor no ha dudado a aprovechar y difundir mensajes racistas en redes sociales amparándose en noticias falsas sencillamente para difundir el odio al diferente”, afirma Garcia.

Vox pide que la Fiscalía investigue una pancarta en el Rototom

Por otro lado, representantes de Vox como la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, o el propio Antonio Ortolá han reclamado a Fiscalía que investigue de oficio la exhibición de una pancarta con el lema 'Ortolá caraculo' y una esvástica tachada por parte del grupo de rap 'Los Chikos del Maíz' durante su actuación de este miércoles en el festival Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castelló), según informa Europa Press.

Con esta acción, la banda valenciana hacía referencia a la vinculación que realizó el colectivo antifascista La Cosa Nostra entre Ortolá y la agresión grupal a la sede de su casal en la capital de La Plana, que tuvo lugar el pasado marzo, donde más de una decena de personas resultaron heridas, de ellas, una de gravedad. PSPV y Compromís acusaron a Ortolá de “blanquear” la motivación ideológica de estas agresión al no citarla en el balance de las fiestas de La Magdalena.

Llanos Massó, presidenta provincial de Vox, ha anunciado que su partido ampliará la denuncia por injurias, delito de odio y amenazas “después del último y más llamativo episodio de la campaña de descrédito que está sufriendo, desde hace ocho meses, Antonio Ortolá”.

Massó ha afirmado sentirse “muy preocupada” por la “campaña de insultos y señalamiento constante contra el edil de Vox, que ha tenido su minuto de gloria en el Rototom, pero que está sobrepasando todos los límites de la libertad y de la democracia”. De hecho, ha asegurado que “la pancarta en cuestión fue colgada poco después en un puente en Benicàssim hasta que fue retirada por la Policía Local”.

“Solo espero que la Fiscalía, tan preocupada por esta clase de delitos que se están extendiendo a través de las redes sociales, actúe con rapidez; en este caso tiene las pruebas en las mismas redes sociales de los propios autores —ha insistido—. La Fiscalía debe tomar cartas en el asunto ya y el resto de partidos condenar estos actos de violencia antes de que tengamos que lamentar alguna desgracia o de que sea demasiado tarde”.

La situación del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, el popular Cristian Ramírez, se complica por momentos. La portavoz socialista, Patricia Puerta, aseguró este viernes que Ramírez cuenta con 134 multas por aparcar indebidamente en la zona azul que “no pagó en tiempo y forma”. Además, el PSPV-PSOE acusó al edil del PP de tratar de “engañar” a los trabajadores encargados del control de la zona azul de la ciudad, “al llevar en su coche una tarjeta verde que permite a residentes aparcar de forma gratuita en determinadas calles”. Una tarjeta que, tal como reconoció el portavoz del PP, Vicent Sales, “no le daba derecho a aparcar en la calle donde se le ponen las sanciones y, además, está caducada”, destacó Puerta.

Ramírez, desde que el PSPV denunció la situación este pasado miércoles, no ha explicado públicamente la ristra de sanciones que arrastra su vehículo. Se limitó a asegurar, a través de una nota de prensa del PP, que denunciará ante la Agencia Española de Protección de Datos al concejal socialista Jorge Ribes por la presunta la filtración de “documentos confidenciales”.

Los socialistas de Castelló consultaron la matrícula del vehículo del edil de Movilidad en la aplicación que permite conocer las sanciones que arrastra un coche. Aunque en un primer momento el equipo de Gobierno negó de plano los hechos, finalmente reconocieron que Cristian Ramírez pagó 29 sanciones de golpe tras acudir a la Oficina de Recaudación.

El PSPV calcula que Ramírez debió pagar este pasado miércoles más de 2.000 euros para saldar la deuda, “un escándalo mayúsculo y motivo para que dimita de forma irrevocable”, afirma la portavoz Patricia Puerta. Los socialistas de Castelló mantienen que, entre el 1 de febrero de 2023 y el pasado 30 de enero, el concejal de Movilidad habría acumulado un total de 167 multas. Es decir, casi 14 multas al mes en un solo año. Unas cifras, cuando menos, llamativas para cualquier hijo de vecino y, singularmente, para el concejal responsable del negociado de Movilidad Sostenible y Uso del Espacio Público.

De la cifra global de 167 multas por la zona azul, según los cálculos del PSPV, Ramírez sólo habría pagado 33, a razón de 5,25 euros (el importe a abonar para anular la sanción en las máquinas expendedoras). Todo ello supone que, presuntamente, “hay nada menos 134 que no pagó en tiempo y forma, por lo que ya pasan a expediente sancionador por parte del ayuntamiento”, según Patricia Puerta.

La zona azul, “un aparcamiento de uso personal” de Ramírez

El PP se limitó, por boca de su portavoz Vicent Sales, a reconocer este jueves que “estéticamente no queda bien” que precisamente el edil de Movilidad acumule tal volumen de multas. Sin embargo, la alcaldesa popular, Begoña Carrasco, declinó forzar la dimisión del concejal, tal como pide el PSPV y Compromís. El portavoz de esta última formación, Ignasi Garcia, aseguró que el responsable de Movilidad es, probablemente, el mayor infractor de la zona azul de Castelló.

Los socialistas acusan al equipo de Gobierno de “reírse de los y las castellonenses” y critican el “absoluto despropósito de versiones” alegadas por el PP durante dos días. Puerta consideró la insólita situación “inaceptable para un concejal que debe ser ejemplar ante los vecinos y vecinas de Castelló”. 

La portavoz socialista también lamenta que el edil Cristian Ramírez “considera la zona azul como un aparcamiento de uso personal y que, encima, acumula y acumula multas, con sanciones en papel que podía ver todos los días en su coche, sin interesarse en abonarlas”.

El grupo municipal socialista solicitó al Ayuntamiento de Castelló información sobre el número de multas, las sanciones pagadas, las pendientes de pago y el importe total, recargos incluidos, asociados al vehículo a nombre del concejal de Movilidad del PP. 

El PSPV-PSOE desveló este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Castelló que el edil popular Cristian Ramírez, encargado del área de Movilidad del consistorio gobernado por PP y Vox, habría acumulado durante el último año 167 sanciones por aparcar de forma irregular en la zona azul de la ciudad. Del total de 167 multas, 34 estarían pagadas a razón de 5,25 euros, según los datos que manejan los socialistas castellonenses. Sin embargo, “lo escandaloso es que existen nada menos que 133 que no pagó en tiempo y forma, por lo que ya pasan a expediente sancionador por parte del ayuntamiento”, denunció el concejal socialista Jorge Ribes.

Para el PSPV-PSOE se trata de “un escándalo mayúsculo”. “Hablamos nada menos que del concejal de Movilidad, el que se encarga de controlar el buen desarrollo de todas las normas que afectan al aparcamiento de la ciudad, y resulta que nos encontramos con un edil del PP que presuntamente incumple la zona azul y que presuntamente no ha pagado las multas”, agregó.

El portavoz del PP, Vicent Sales, adujo en el pleno que “no hay constancia por parte del concejal de Movilidad de todas estas acusaciones ni se le ha notificado ninguna multa”. Sales anunció una “investigación” para determinar de dónde ha salido esta información“. El portavoz popular insinuó que el PSPV habría cometido ”dos presuntos delitos“, la filtración de ”documentos confidenciales“ y ”hacer públicos esos datos“. Sales enmarcó la denuncia del PSPV-PSOE en una ”campaña de acoso y derribo“ contra el responsable de Movilidad.

En una nota de prensa remitida por el PP, Sales afirmó: “Ante las revelaciones hechas públicas por el concejal socialista Jorge Ribes, desde el equipo de gobierno tenemos que afirmar que Ribes ha mentido en sede plenaria”. 

El concejal popular Cristian Ramírez, explicó el PP, mantuvo este miércoles “una reunión en la Oficina de Recaudación con el fin de conocer de primera mano el alcance real de la denuncia del PSOE y allí se le han notificado un total de 29 sanciones que el edil ha conocido en ese mismo momento, dado que no le habían sido notificadas, estando algunas de ellas incluso en periodo voluntario de pago”. 

Ramírez abonó el importe de las multas, “cumpliendo con sus obligaciones ciudadanas como cualquier otro castellonense y liquidando cualquier deuda con la Oficina de Recaudación municipal”, afirmó el portavoz popular. 

El PSPV-PSOE, en respuesta al portavoz popular, explicó que “todo el mundo puede acceder a los datos” de las multas de un vehículo, independientemente de si se es su propietario o no, a través de una aplicación. “El único requisito es registrarse con tu nombre y, después, puedes añadir cualquier matrícula, independientemente de si eres o no propietario”, afirmaron fuentes socialistas. Así, la aplicación permite acceder al “historial de sanciones en zona azul de cualquier vehículo”. 

Jorge Ribes reclamó durante el pleno a la alcaldesa popular, Begoña Carrasco, que explique si el edil de Movilidad “está o no adeudando dinero al Ayuntamiento de Castelló por las decenas y decenas de sanciones que, al parecer, no pagó en tiempo y forma por infracciones en la zona azul”. 

“Aquí nos encontramos con dos hechos graves: uno, que el concejal de Movilidad se ríe de los y las castellonenses al aparcar en zona azul sin pagar el correspondiente tíquet, y dos, conocer, como cargo público que es, si está al corriente o no del pago de las 133 sanciones que, al parecer, no abonó en su momento en las máquinas expendedores de la citada zona azul”.

Ribes denunció que el PSPV-PSOE se ha topado con el “silencio absoluto y la falta de respuesta de la alcaldesa”. La llamativa cantidad de multas acumuladas por el concejal popular, según Ribes, revela un “modus operandi absolutamente inaceptable”, como si el edil de Movilidad “estuviese por encima del bien y del mal”.

La alcaldesa de Castelló, la popular Begoña Carrasco, sigue sin publicar en su declaración de bienes su remuneración como letrada de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito, un organismo público dependiente de la Generalitat Valenciana en el que trabajó con jornada reducida mientras lideraba la oposición a la anterior primer edil, la socialista Amparo Marco. Carrasco sólo declara un sueldo de 28.806,09 euros como portavoz del grupo popular. Sin embargo, la casilla correspondiente a otros rendimientos del trabajo está vacía.

El PSPV-PSOE preguntó a la secretaria general del Pleno qué datos deben plasmar los ediles en las declaraciones al tomar posesión. El documento alude a los “ingresos netos percibidos en el ejercicio anterior”. Los socialistas pidieron a la funcionaria que aclarara a qué ejercicio se refiere esa expresión, si al actual 2023 o al anterior.

La respuesta es categórica: se trata de los ingresos del 2022, cuando Carrasco era letrada de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito. 

La portavoz socialista, Patricia Puerta, considera que la alcaldesa popular “ha mentido en el Pleno, ha engañado a toda la ciudad y está dando una imagen lamentable de la alcaldía, dañando de forma inaceptable la imagen del Ayuntamiento de Castelló y de la política municipal”. Puerta sospecha que la primera edil pretende “ocultar algo a la ciudadanía”.

El PSPV-PSOE denuncia la “desfachatez de Begoña Carrasco”

La respuesta de la secretaria general del pleno, según ha afirmado Patricia Puerta, “no deja lugar a la duda”. La portavoz socialista ha destacado la “desfachatez de Begoña Carrasco, que lleva años ocultando sus ingresos como letrada” en la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito.

“Ya cuando era portavoz del grupo popular ocultó todos estos datos y, ahora que es alcaldesa, nos toma el pelo a todos los y las castellonenses”, agrega. “Begoña Carrasco debe publicar de forma inmediata todos sus ingresos durante 2022”, concluye Patricia Puerta.

El nuevo Gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón que encabeza Begoña Carrasco presentó este miércoles la composición del ejecutivo municipal tras la primera junta local de la corporación.

Tras las pasadas elecciones, los populares lograron 11 concejales, cuatro más que en 2019, y arrebataron la vara de mando a la socialista Amparo Marco, que logró nueve ediles, uno menos que en los anteriores comicios. Aunque Vox logró cuatro concejales que permitirían a Carrasco gobernar con mayoría absoluta, la popular fue investida en minoría al ser la lista más votada sin dar entrada al partido de extrema derecha al Gobierno local, al menos de momento.

Aunque la primera edil del PP afirmó durante la presentación del nuevo organigrama que en las próximas semanas puede haber cambios, de entrada ha eliminado las concejalías de Feminismo, LGTBI, Transición Ecológica y Memoria Democrática que sí existían en el anterior ejecutivo de Marco, aunque sí que ha mantenido la delegación de Igualdad.

Desde el PP han señalado al respecto que Transición Ecológica pasa a denominarse Medio Ambiente, Feminismo y LGTBI están dentro de Igualdad y Calidad Democrática en Cultura.

Configuración del nuevo Ayuntamiento:

Begoña Carrasco: Alcaldessa, área de fondos europeos y seguridad ciudadana.

Vicent Sales: Portavoz del gobierno, coordinador del área de atención ciudadana y concejal de relaciones institucionales, contratación, patrimonio y agricultura.

Sergio Toledo: Portavoz del grupo municipal, coordinador del área de urbanismo y servicios públicos y concejal de acción de gobierno, desarrollo urbanístico, vivienda, infraestructuras y servicios públicos.

Juan Carlos Redondo: Coordinador del área de Impulso económico, empleo y capital humano y concejal de economía, hacienda, empleo y recursos humanos.

María España: Portavoz adjunta del grupo municipal y concejal de Educación, cultura y gente mayor.

Susana Fabregat: Concejal de acción social, igualdad y deportes.

Ester Giner: Concejal del Grao y salud pública.

Paco Cabañero: Concejal de barrios, participación ciudadana, modernización y transparencia.

Cristian Ramírez: Concejal de juventud, movilidad urbana y medio ambiente.

Noelia Selma: Concejal de fiestas y ermitas.

Salomé Pradas: Secretaria de la Junta de Gobierno Local y concejal de turismo y comercio.

“Todo lo marcado en rojo es con factura, por lo que hay que pagarlo en A”. Es una de las frases del correo electrónico dirigido en marzo de 2013 a Jesús López, que en ese momento era presidente de la Junta de Fiestas de Castellón, según informa el diario Levante de Castellón. El remitente era el entonces representante de la empresa promotora de la I Feria de la Cerveza Bierfest.

El correo incluye un documento excel con los movimientos contables de la feria, que recogía indicaciones de qué cantidades debían ser consideradas como “A” (y por tanto debía pagarse el IVA) y cuáles deberían quedar excluidas. Esto hace suponer que existió una doble contabilidad.

Esta supuesta irregularidad se sumaría a otras que quedaron expuestas durante la Comisión de Investigación de la Junta de Fiestas del Ayuntamiento de Castellón. El propio Jesús López reconoció haber empleado a menores de edad sin contrato, así como no haber pagado el IVA de determinados ingresos.

Responsables de la gestión de determinados espacios de las fiestas -como la Feria Alternativa y la Asociación Magdalena Beerfest- reconocieron adjudicaciones sin concurso público e impago de algunas tasas. En estos momentos, los concejales miembros de la comisión, representantes de los diferentes partidos políticos, están intentando acordar un dictamen de conclusiones consensuado.

Podría acabar en Fiscalía

Castelló en Moviment emitió el lunes un comunicado en el que afirmó que “el supuesto funcionamiento en B de la carpa alemana se suma a la larga lista de irregularidades de la trama de la Junta de fiestas que el PP permitió durante su largo mandato”, en palabras del concejal Iñaki Vallejo. La formación pretende que el Ayuntamiento denuncie las irregularidades ante la Fiscalía una vez que se cierre la comisión.

La vivienda de gestión pública y la gestión de los desahucios volvió a ser durante el Pleno municipal del jueves en Castellón la causa de un tenso conflicto entre el gobierno local -formado por PSOE y Compromís- y el partido que lo sostiene desde la oposición -Castelló en Moviment. Los ediles de esta formación pidieron la comparecencia de Ali Brancal, vicealcaldesa y responsable de la concejalía de Vivienda, para que respondiera sobre la falta de pisos sociales y las deficiencias en la atención a las víctimas de desahucios.

Brancal acusó a Castelló en Moviment de hacer demagogia con este asunto y aseguró que el problema escapa a la capacidad de acción municipal: “Esperar de este ayuntamiento que acabe con los problemas de la vivienda, como los del paro, como las desigualdades, es algo sólo se puede proponer desde la demagogia. Y da mucha vergüenza”. Brancal explicó que la responsabilidad es “de las políticas que han llevado a rescatar bancos” y pidió “un cambio legislativo estatal” de la Ley Hipotecaria.

“Mucho por hacer”

La vicealcaldesa reconoció que “queda mucho por hacer”. Achacó la lentitud de los avances de su concejalía a varios factores. Entre ellos, la dificultad de negociar con las entidades financieras la cesión de viviendas a precio asequible: “Con los bancos lo hemos intentado todo y no hemos obtenido más que buenas palabras”. Explicó que la negociación ahora se está haciendo “a nivel de País Valencià”.

Brancal también recordó que cuando llegó al poder en 2015 se encontró un parque municipal de 220 viviendas “desatendidas, sin control, con viviendas ocupadas por personas sin autorización”. La rehabilitación y ordenación de estos pisos está siendo la tarea que más tiempo está consumiendo, afirmó, junto a la coordinación entre los diferentes departamentos municipales que tienen competencia en atención a las víctimas de desahucios, como servicios sociales o la oficina municipal de la vivienda.

Ocupación sin control

Paz Beltrán, concejala de Castelló en Moviment, le reprochó que en los dos años de legislatura no se han cumplido los compromisos en la materia recogidos en el Pacto del Grau. No se ha ampliado el parque de viviendas y la lista de espera de familias que necesitan un piso asequible ha subido hasta 150. Además, los desahucios siguen, sobre todo los de inquilinos.

Beltrán reconoció que los ayuntamientos no pueden parar un desahucio ordenado por el juzgado, pero afirmó que sí pueden apoyar a las víctimas “sin faltar a la legalidad”, ya que “la Ley Valenciana de la Función Social de la Vivienda obliga a las entidades bancarias a ofrecer un alquiler social después de un proceso de ejecución hipotecaria”. La concejala recordó, además, que “en materia de vivienda social sí que tienen competencias los ayuntamientos”.

El “círculo de los desahucios”

Beltrán también negó la afirmación de Brancal de que ninguna familia de Castellón duerme en la calle gracias al Ayuntamiento y les acusó de “soluciones improvisadas” sólo cuando los afectados adquieren relevancia en los medios de comunicación. “¿Tienen idea de cuántas viviendas están ocupadas en la ciudad?”, lamentó. Y añadió que “no podemos entender cómo en una ciudad con diez mil viviendas vacías haya tantas familias que tienen que recurrir a la ocupación para tener un techo”.

Por su parte, tanto Ciudadanos como PP acusaron a la alcaldesa, Amparo Marco, de “mentir” cuando al principio de la legislatura anunció que el Consistorio iba a cerrar el círculo de los desahucios.

La visita del Rey a Castellón del miércoles contó con la asistencia de varios concejales de la ciudad. Pero sólo de tres partidos: PP, PSOE y Ciudadanos. No hubo ningún edil de las otras formaciones políticas, Compromís y Castelló en Moviment. La razón es que, según afirmaron, no fueron invitados por BP al 50 aniversario de la refinería del Grao de Castellón, el acto al que acudió el monarca.

Al evento acudieron decenas de políticos de todas las administraciones: desde la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, hasta el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En cuanto al ámbito municipal, acudió la alcaldesa, Amparo Marco, junto a dos de ediles socialistas. Hubo también varios concejales del PP, como la portavoz Begoña Carrasco, y también fue invitado Vicente Vidal, de Ciudadanos.

“Sorprendidos”

La compañía eludió contestar sobre las razones por las que los miembros de Compromís y Castelló en Moviment no estaban en la lista de invitados. Ignasi García, portavoz de Compromís, afirmó que estaban “sorprendidos de que inviten a unos portavoces sí y a otros no”.

Xavier del Señor, de Castelló en Moviment, afirmó no entender los criterios para invitar a unos partidos y olvidar a otros: “Se supone que invitan a los portavoces porque representan a la ciudadanía, así que no entendemos por qué son ellos los que deciden quiénes representan y quiénes no”.

Del Señor añadió que desde su formación consideran que “el rey no ha venido de visita a Castellón, sino de misión comercial a una empresa privada”. Respecto a BP, afirmó que “es muy potente y crea muchos puestos de trabajo, pero eso no es incompatible con tener todas las garantías medioambientales y toda la información sobre las emisiones”.

Retirar la cruz de los caídos del parque Ribalta, pero conservarla en algún otro lugar. Esa es la recomendación que el Ayuntamiento de Castellón recibirá en las próximas semanas de un órgano dependiente de la Conselleria de Justicia. Concretamente, del Comité de Expertos para la retirada de vestigios de la guerra civil y la dictadura, que asesora a la Generalitat sobre qué símbolos franquistas deben retirarse y cuáles -por su valor artístico o por otras circunstancias- deben ser respetados.

En su próxima reunión, que se celebrará previsiblemente el próximo día 27, el Comité aprobará el dictamen sobre la Cruz de los Caídos de Castellón. Será otro órgano, la Comisión Técnica de Coordinación, la que en una reunión posterior aprobará que el documento sea enviado al Consistorio, según indican fuentes de la Conselleria. La recomendación será la de retirar el monumento del Ribalta pero conservarlo en algún otro espacio de la ciudad.

Símbolo de la sublevación, aún hoy

Según estas mismas fuentes, la clave para pedir la retirada es que “a diferencia de lo que sucede en otros contextos, el monumento sigue identificándose en la actualidad como un símbolo y un recuerdo de la sublevación militar y la dictadura”. Hay, además, razones arquitectónicas ya que es un “elemento totalmente ajeno al jardín”. El Comité añade que la cruz debe conservarse en algún otro lugar aunque no especifica cuál.

Una vez recibida esta recomendación, el Ayuntamiento tendrá todavía que recabar la opinión de la Conselleria de Cultura, debido a que el Parque Ribalta fue reconocido como Bien de Interés Cultural en los años 80, y por tanto cualquier modificación debe ser autorizada por la Generalitat. Según el Consistorio, Cultura dio verbalmente una respuesta afirmativa a la retirada, pero todavía no ha enviado el informe oficial al respecto.

Una decisión municipal

Cuando el Ayuntamiento tenga ambos documentos en su poder -el de Cultura y el del Comité de Expertos-, deberá tomar la decisión de cambiar la cruz de sitio o demolerla. Fuentes municipales explican que este asunto todavía no se ha debatido, pero la recomendación del Comité de Expertos hace más probable la primera opción.

En cualquier caso, es seguro que el monumento permanecerá en el jardín durante los meses que quedan de 2017 porque debe crearse una partida presupuestaria para su retirada, y esto solo podrá hacerse en la elaboración de las cuentas del próximo año.

Meses de consultas

El proceso para retirar la cruz comenzó en 2015, cuando el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló envió al Comité de Expertos un documento con los vestigios franquistas de la ciudad, entre los que se encontraba la cruz de los caídos del parque Ribalta.

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha consultado al respecto a colectivos interesados, como Amics del Ribalta, que en una asamblea del pasado mes de marzo acordó retirar el monumento y “restituir el espacio mutilado al parque”. Por su parte, el Grup per la Recerca pide la eliminación de la cruz una vez que sea retirada del parque debido a que la Ley de la Memoria Histórica prohíbe símbolos franquistas en los espacios públicos.

“Hemos hecho mucho en materia de vivienda, aunque no es suficiente”. Amparo Marco, alcaldesa de Castellón, reconoció con esta frase que ese es el aspecto de su gestión que más impulso necesita. Lo hizo durante el debate sobre el estado de la ciudad que tuvo lugar el jueves en el Ayuntamiento, en una semana en la que los desahucios han vuelto a ser noticia.

El pasado lunes, una protesta de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) evitó que Bankia desalojara a una mujer con dos hijas en el barrio del Grao. El jueves había otro desahucio previsto en los alrededores de la Universidad Jaume I. El Ayuntamiento evitó que la familia se quedara en la calle ofreciéndoles un techo ese mismo día, según detalló Marco el jueves.

El equipo de gobierno local, formado por PSOE y Compromís, defendió su labor durante los últimos dos años. Marco explicó que están regularizando el parque municipal de pisos, que han creado la Oficina Municipal de la Vivienda y ampliado el convenio con el Colegio de Abogados, por el que se benefician 160 familias.

Ignasi García, de Compromís, recordó que el Ayuntamiento no tiene competencias para evitar los desahucios y afirmó que es necesario acabar con la actual ley hipotecaria y conseguir más viviendas de la administración autonómica.

Críticas por la falta de vivienda social

El Ejecutivo local recibió virulentas críticas de Castelló en Moviment, la formación que apoya al Ejecutivo desde la oposición y que firmó con los partidos gobernantes el Pacto del Grau. El portavoz, Xavier del Señor, lamentó que en los dos años transcurridos de legislatura no se ha cumplido con el compromiso de ampliar la red de viviendas sociales, mientras 150 familias esperan una de ellas.

La portavoz del PP, Begoña Carrasco, añadió que el Ejecutivo local “ha sido incapaz de llegar a acuerdos con los bancos, no ha creado la bolsa de vivienda y hasta la Audiencia Provincial le ha recriminado el fracaso del Protocolo Antidesahucios”, en unas críticas que también compartió Manuel Paduraru, de Ciudadanos.

Dos años de “giro a las políticas antisociales”

Durante su intervención, la alcaldesa anunció la compra del antiguo cuartel de Tetuán XIV. “Han pasado dos años desde el cambio de gobierno que no han sido fáciles, pero que han permitido dar un giro a las políticas antisociales que se impulsaban desde el Ayuntamiento”, afirmó.

Marco destacó algunos de sus cumplimientos, como la mejora del transporte público, el proceso participativo con el que se está redactando el Plan General de Ordenación Urbana, el aumento presupuestario del 350% en el presupuesto destinado a empleo. También destacó la rebaja de un 5% en el coeficiente del IBI, la parte de este impuesto que depende de la administración local.

El Ayuntamiento de Castellón recogerá “testimonios u otro tipo de documentación” sobre los crímenes franquistas en la ciudad para valorar la “posibilidad de emprender las acciones legales correspondientes ante los juzgados de instrucción” de la ciudad. Es uno de los puntos de la proposición que se aprobó en el Pleno del jueves con los votos a favor de Compromís, Castelló en Moviment y PSOE, el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

La proposición también dispone que el Consistorio colaborará “con las víctimas y sus familiares que deseen interponer querellas contra estos crímenes en el Estado español o fuera de él, ofreciéndoles asesoramiento jurídico (...) si fuera necesario”. Además, el Ayuntamiento también se adhiere a la querella argentina que está investigando los crímenes de genocidio y/o lesa humanidad que se cometieron desde el golpe de estado de 1936 hasta 1977.

La proposición ha sido presentada por Compromís y Castelló en Moviment, pero es una iniciativa del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló. En el texto de la proposición pueden leerse algunas de las conclusiones a las que llegó el historiador Juan Luis Porcar, miembro de este grupo. Según su estudio, 1.546 castellonenses fueron juzgados en procesos sumarísimos de guerra en la provincia y hubo 82 fusilamientos en la ciudad, entre otros datos.

“Se podrán investigar más casos”

En su intervención, la concejala de Castelló en Moviment Anna Peñalver se mostró convencida de que “con la colaboración del Ayuntamiento se podrán investigar más casos, y ver que llegaron hasta el último día de la dictadura”. Por su parte, Verónica Ruiz, de Compromís, afirmó que “la cultura franquista coloca la justicia como si fuera venganza, pero no lo es, es reparación y dignificación de los silenciados y sus familiares”.

En la misma línea se pronunció Rafael Simón, edil del PSOE, que afirmó que “el hecho de que estemos debatiendo hoy sobre esto muestra que hay una página de la historia que no se cerró bien”. Por su parte, Vicente Sales, del PP, argumentó el rechazo de su partido al texto. Afirmó que está a favor de la recuperación de los restos de los desaparecidos por parte de sus familiares, pero criticó que se esté elaborando un “nuevo relato” para sustituir al de la Transición, que fue de “concordia”.

José Antonio Zamora, de Ciudadanos, explicó la abstención de su grupo en que “si bien estamos a favor de que se cumpla la Ley de Memoria Histórica, creemos que hay temas más urgentes que volver a confrontar la España roja y azul”

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón cesará el próximo viernes a Juan Ángel Lafuente, el director de la Oficina de Planificación Económica del Consistorio, según confirmaron fuentes municipales. El cese se produce antes de que el proceso de selección de un sustituto haya acabado, pese a que la alcaldesa, Amparo Marco, afirmó que permanecería en su puesto hasta que la oficina tuviera un nuevo jefe.

La razón del repentino despido es que Lafuente decidió el 17 de mayo presentarse como candidato a la convocatoria. El movimiento agudizó el malestar de Compromís y Castelló en Moviment con el PSPV, responsable del nombramiento, e hizo arreciar las críticas de la oposición.

El serial político del 'caso Lafuente'

El cese aspira a cerrar una polémica que comenzó en febrero, cuando el PSOE llevó a cabo el nombramiento de forma unilateral, sin contar con sus socios del Pacto del Grau (Compromís y Castelló en Moviment).

La elección fue también criticada porque Lafuente, que formaba parte de la lista electoral del PSOE y es compañero de trabajo de la alcaldesa como profesor del Departamento de Finanzas de la UJI, había renunciado un año antes a ser concejal, un puesto que le habría reportado aproximadamente la mitad de la remuneración respecto a su actual puesto.

Una “cuestión personal”

El pasado martes, a preguntas de los periodistas, Marco evitó valorar el despido. Sí insistió en la legalidad de la contratación y calificó el paso de Lafuente de presentarse al proceso de selección de “cuestión personal”. También remarcó que su voluntad es mantenerse apartada de la toma de decisiones en este asunto: “Ya lo dije y lo haré. Me aparto del procedimiento total y absolutamente”.

Amparo Marco justificó el pasado 5 de mayo, en un Pleno extraordinario que el PP convocó sólo para tratar este tema, que una de las razones para no cesar a Lafuente era que el despido no se ajusta a la legalidad y que, por tanto, podía causar perjuicios al Ayuntamiento. Fuentes municipales explicaron que esto sólo puede suceder si el despedido denuncia al Consistorio.

El “caso Lafuente” amenaza con seguir protagonizando la actualidad de Castellón, con la consiguiente erosión para el Pacto del Grau, firmado por PSOE, Compromís y Castelló en Moviment. El último capítulo de este serial político tuvo lugar el miércoles, cuando fuentes municipales confirmaron que Juan Ángel Lafuente optará al proceso de selección del jefe de la Oficina de Planificación Económica del Consistorio. Se trata de la plaza que él mismo ocupa en la actualidad gracias a la decisión personal de la alcaldesa, Amparo Marco.

Esta decisión supone un golpe y una brusca sacudida para el Pacto del Grau. Tanto Compromís como Castelló en Moviment han mostrado en muchas ocasiones su desacuerdo con el nombramiento. La razón es que Lafuente aceptó la plaza en febrero de este año con un sueldo de 68.646 euros brutos, un año después de haber rechazado la oportunidad de ser concejal del PSOE, con una remuneración de 41.464 euros brutos.

Lafuente es, además, compañero de trabajo de la alcaldesa en el departamento de Finanzas y Contabilidad de la UJI, y ocupó un puesto destacado en la lista electoral que Marco encabezó en las pasadas elecciones municipales. Su nombramiento como alto cargo del Ayuntamiento fue una decisión unilateral de los socialistas, que no consultaron a Compromís ni a Castelló en Moviment. Ambas formaciones se enteraron por la prensa de que la Oficina de Planificación tenía un nuevo jefe.

Soledad del PSOE en el Pleno

Esta circunstancia provocó un gran malestar en Compromís. En público, la formación pidió públicamente la dimisión de Lafuente y sus concejales votaron en el Pleno de febrero junto al resto de grupos, y contra el PSOE, para pedir su cese. Al día siguiente de esa traumática votación, ambos socios acordaron una solución de consenso: mantener al aludido en el puesto cuatro meses más, hasta que su sucesor fuera nombrado en un procedimiento de libre concurrencia.

Ahora, cuando se ha conocido que Lafuente optará a ese proceso de selección, la versión oficial de los portavoces de Compromís es que “no hay ningún tipo de malestar. Éramos conscientes desde el primer momento que era una plaza de libre concurrencia y que él se podía presentar”. Sin embargo, es obvio que el asunto es un foco de tensión y alejamiento entre los dos socios de gobierno.

Bastar echar un vistazo a las caras de los concejales de Compromís cuando se aborda la cuestión en los plenos municipales. Las miradas se mantienen bajas y el gesto es de incomodidad. En privado, miembros de la formación han mostrado repetidamente su disgusto ante la actitud de la alcaldesa, que tardó dos meses en pedir disculpas en público por la forma en que se produjo el nombramiento, aunque defendió su legalidad en todo momento.

Las fuentes consultadas de Compromís sostienen, además, que es difícil creer que Lafuente haya dado este paso sin contar con ningún tipo de apoyo de su partido. También han expresado su estupor por el hecho de que Marco no pidiera ya en febrero a Lafuente su dimisión para acabar de una manera rápida con este problema, cuyo alargamiento en el tiempo está causando daño a la imagen del equipo de gobierno y quitando espacio en los medios de comunicación a la información sobre la gestión municipal.

El “caso Lafuente” está siendo utilizado como ariete por los partidos en la oposición. Desde que Lafuente ocupó su plaza en febrero, Ciudadanos y PP acusan reiteradamente al equipo de gobierno de oscurantismo y enchufismo. También utilizan el nombramiento y las consiguientes tensiones entre PSOE y sus socios para calificar su Ejecutivo de débil y de “caos”, una de las expresiones más repetidas por la portavoz popular, Begoña Carrasco.

El Pacto sigue, pero con desconfianzas

Por su parte, Castelló en Moviment sí hizo públicas sus quejas. “Es una tomadura de pelo”, explicó Xavier del Señor, portavoz de la formación. Del Señor se quejó de que “esté pasando todo esto con el apoyo de la alcaldesa”. Y afirmó que esta noticia “desgasta la confianza de Castelló en Moviment y de la ciudadanía que apostó por otra forma de hacer política”. “No vamos a romper el pacto por esto, pero evidentemente hace que nos replanteemos la relación con el gobierno”, concluyó.

Desde el grupo municipal socialista, la posición es de “respeto por el procedimiento”, al que “se pueden presentar libremente los candidatos que lo consideren, y que se valorará por parte de técnicos”. Además de Lafuente, otras cuatro personas optarán a la plaza. Para ello, según explican las bases de la convocatoria, presentarán sus méritos y harán una entrevista personal. Según fuentes municipales, la comisión encargada de la selección estará formada sólo por funcionarios.

Carajillos, gin-tonics, chicles y seis cajas de puros. También comidas y otras bebidas alcohólicas. Son algunos de los gastos que los equipos de gobierno del PP cargaron al erario público 2009 y 2012. Las facturas se generaron durante las fiestas de la Magdalena de esos años y ocuparon más del 90% de la partida de alcaldía, que acendió a 6.036 euros según confirmó el martes el actual equipo de Gobierno, formado por el PSOE y Compromís. La información fue adelantada por la Cadena Ser.  

Durante esos años, la alcaldía estuvo en manos de Alberto Fabra y Alfonso Bataller, sucesivamente. Los actuales concejales Juan José Pérez Macián y Vicente Sales formaban ya parte del equipo de gobierno del PP. La portavoz actual del grupo municipal popular en el Ayuntamiento, Begoña Carrasco, se incorporó como regidora en el año 2011.

El equipo de Gobierno actual cargó “cero euros” a la partida de alcaldía en el año 2016, según aseguraron sus portavoces. En 2017, el gasto ascendió a 43,50 euros “en atenciones protocolarias a visitas recibidas, entre ellas el alcalde de Alicante”.

Dinero para “atender a delegaciones”

Por su parte, el PP afirmó el martes que “no hemos visto las facturas” pero “podemos deducir que se refieren a atenciones protocolarias que se han venido prestando durante cuatro años a las delegaciones invitadas que han participado en nuestras fiestas de la Magdalena”.

Desde el PP calificaron de “vergüenza” la situación actual porque “la Reina y las Damas han de desplazarse hasta Valencia y Alicante con sus propios coches y pagándose la gasolina, cuando asisten a actos a esas localidades en representación de la ciudad de Castellón”. Por su parte, Begoña Carrasco añadió que lo que pretende el equipo de gobierno municipal es “silenciar” que gasta “765.000 euros en sus 18 cargos de confianza y 866.000 euros en publicidad y autobombo”. 

“Me equivoqué. Pero le puedo decir que no lo hice de mala fe, ni por enchufar como se ha dicho, ni por colocar, ni por sueldo”. Amparo Marco, alcaldesa de Castellón, reconoció el jueves con estas palabras que la contratación de Juan Ángel Lafuente como director de la Oficina de Planificación y Proyección Económica del Ayuntamiento fue un error.

Marco justificó su decisión en que “quería contar con una persona que consideraba de valía”. El error, según Marco, estuvo en las formas: “Quizá fallé en no consensuarlo con el Pacto del Grao”. La alcaldesa dio estas explicaciones durante un Pleno extraordinario, que se celebró a petición del PP. El único punto del orden del día era una moción que pedía el cese inmediato de Lafuente, y que se aprobó gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Castelló en Moviment.

“Absolutamente legal”

La alcaldesa explicó que la contratación de Lafuente fue “absolutamente legal” porque él es funcionario y se trató de una comisión de servicios. En su intervención, dio dos razones para no destituirlo de forma fulminante. La primera es que no sería legal, según un informe de recursos humanos del consistorio, ya que no hay razones organizativas que lo justifiquen.

La segunda es que el proceso abierto que se ha convocado para elegir un nuevo director para la oficina no se resolverá hasta julio, y hasta entonces el órgano no puede quedar descabezado. La importancia de esta oficina es que “tiene que traer 20 millones de fondos EDUSI, tiene que traer más fondos a esta ciudad (...) que nos puedan permitir no incrementar el ratio de endeudamiento y bajar la presión fiscal a la ciudadanía”.

Castelló en Moviment insiste

Las explicaciones de Amparo Marco y su equipo no convencieron a la oposición. Xavier del Señor, portavoz de Castelló en Moviment, criticó que Marco haya tardado tanto en dar explicaciones: “El problema no es equivocarse, es la gestión que se hace del error”. Vicente Vidal, acusó a Marco de “reírse de nosotros” porque “no cesa a Lafuente, simplemente no le renueva el contrato”. Begoña Carrasco, líder del PP, preguntó a la alcaldesa “qué tiene este señor, que la ha puesto en rebeldía” y afirmó que el despido puede ser inmediato porque “la contratación fue discrecional”.

Por su parte, Ignasi García, portavoz de Compromís, dio por zanjada la polémica. “No queremos poner en riesgo la plaza de técnico ni el acuerdo del Grau”, afirmó. Criticó que el principal objetivo del PP es “dañar al gobierno municipal”. Son, dijo, la “extrema derecha”.

Tensión en la bancada del PP

El Pleno se desarrolló en un ambiente tenso que fue deteriorándose con el paso de los minutos. El punto álgido llegó con el amago de abandonar la sesión por parte del grupo popular. Su portavoz, Begoña Carrasco, se levantó de su puesto y, sin pedir turno de palabra, exigió disculpas a Marco, que la había acusado de “tener esa puesta en escena, sabiendo quién es usted, de dónde viene, su pasado y dónde ha estado trabajando”.

El resto de concejales del PP la jalearon entre aspavientos mientras se lamentaban en voz alta de la actitud de la alcaldesa. Marco no pidió perdón ni explicó la razón de sus críticas a Carrasco. Posteriormente, su equipo remitió a la prensa al estudio del currículo de la portavoz del PP. En el documento, figura que Carrasco desempeñó el cargo público de directora de la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información en Castellón (OVSI) entre 2007 y 2012.

Tres meses de “caso Lafuente”

La polémica por la contratación de Lafuente arrancó en febrero, cuando se conoció su nombramiento. Si bien no hubo dudas sobre la valía profesional del elegido, sí se criticó la forma en la que fue contratado. La oposición criticó que Juan Ángel Lafuente se incorporó a este puesto, remunerado con 90.000 euros brutos anuales, un año después de renunciar a ser concejal, un cargo en el que habría cobrado la mitad de esa cantidad, aproximadamente.

Compromís y Castelló en Moviment, socios del PSOE en el Pacto del Grau, compartieron esta queja. La consecuencia fue que en el Pleno del 23 de febrero, todos los partidos menos el socialista votaron a favor del cese de Lafuente. Al día siguiente, después de una tensa junta de Gobierno, PSOE y Compromís anunciaron que habían acordado que el aludido abandonaría su puesto, pero solo cuando el proceso de selección de su sustituto hubiera acabado, un proceso que podría demorarse unos seis meses.

La comisión de investigación de fiestas del Ayuntamiento de Castellón, formada por representantes de todos los partidos, acordó el jueves por unanimidad rastrear los ordenadores del Patronato de Fiestas en busca de más documentación. La decisión se tomó después de que Castelló en Moviment anunciara que había recibido anónimos que denuncian presuntas irregularidades, que se sumarían a todas las que ya se han conocido en las comparecencias que han tenido lugar en los últimos meses.

Xavier del Señor, portavoz de Castelló en Moviment y presidente de la comisión, aclaró en declaraciones a eldiario.es que su formación no hará uso de los anónimos si no se consigue aclarar su procedencia y su veracidad en los rastreos informáticos. Además, explicó que la razón principal para encargar la búsqueda de nuevos datos está en las declaraciones de Jesús López, que fue presidente de la Junta de Fiestas durante 13 años. López habría reconocido que la información contable se destruía al final de cada ejercicio, según recordó Del Señor.

La sensación de opacidad en las cuentas del órgano festero se reforzó con la declaración del actual presidente de la Junta de Fiestas, Juanvi Bellido, que explicó que encontró los ordenadores formateados cuando llegó al cargo en octubre de 2015. “No encontramos nada, absolutamente nada” ni en papel ni en las computadoras, afirmó en su comparecencia ante la comisión el pasado mes de enero.

El PP acusa a Del Señor de “parcialidad”

Por su parte, el PP emitió el jueves una nota de prensa en la que exigió a Del Señor que garantice la “autenticidad y veracidad” de la “información de origen anónimo” a la que había hecho alusión. “Esta muestra de parcialidad, ocultismo y deslealtad no es propia de quien preside una comisión de investigación”, declaró Juan José Pérez Macián, concejal del PP. “Todo ha sido un circo mediático con el objetivo de inventar una conspiración y criminalizar a los colectivos festeros”, añadió.

Por su parte, Del Señor consideró que las críticas del PP tienen su origen en el nerviosismo. “El Partido Popular está intranquilo porque ha tenido 24 años para revisar esa documentación y no lo ha hecho. No podemos olvidar que es un partido con antecedentes penales y con miembros encarcelados e imputados”, explicó.

De la comisión a la Fiscalía

Del Señor aclaró, además, que las comparecencias de los últimos meses ante la comisión de investigación han arrojado indicios de irregularidades suficientes para llevar la gestión de la Junta de Fiestas ante la Fiscalía, así como ante las autoridades fiscales y laborales. Jesús López, por ejemplo, reconoció que se empleó a menores sin darles de alta en la Seguridad Social, se adjudicaron espectáculos a dedo y no se declaró el IVA en muchos de los ingresos.

“¿Es consciente de que con esta actitud está echando a perder al espíritu del Pacte del Grau en lo tocante a transparencia y dación de cuentas?”. Esta fue una de las preguntas que Xavier del Señor, portavoz de Castelló en Moviment, lanzó el jueves a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, durante el Pleno ordinario de abril.

La causa de los reproches de Del Señor es la negativa de Marco de comparecer para dar explicaciones sobre la contratación de Juan Ángel Lafuente como director de la Oficina de Planificación Económica del Ayuntamiento. Todos los grupos políticos salvo el PSOE aprobaron en febrero el cese de Lafuente. Del Señor pretendía que Marco explicara por qué no se ha aplicado todavía ese acuerdo.

La alcaldesa se negó a comparecer. Afirmó que el reglamento no contempla el uso de las comparecencias para asuntos técnicos. Marco prefirió que Castelló en Moviment abordara la cuestión en el apartado de ruegos y preguntas. De esta manera, Marco contestó a Del Señor, pero evitó el debate, que sí se hubiera producido de haber aceptado la comparecencia.

Aviso a mitad de legislatura

Del Señor le recordó que el bipartito, formado por PSOE y Compromís, necesitan el apoyo de su formación para seguir adelante con los grandes proyectos de la legislatura. “¿Es consciente de que gobierna en minoría en este Ayuntamiento con los peores resultados de la historia de su partido en la ciudad (...) y en un momento en el que nos estamos jugando el Plan General y los próximos presupuestos generales?”, afirmó.

Por su parte, Marco acusó a Del Señor de “deteriorar un acuerdo histórico” que “no se debe utilizar con fines tacticistas”. Sobre su colaborador, recordó que ya está en marcha el proceso de selección de un sustituto. Y afirmó que no puede apartarlo de su cargo de manera inmediata porque “el cese está regulado legalmente”, debido a que es una comisión de servicios. La alcaldesa se refirió a un informe técnico elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento que así lo establece.

El PP acusa a Marco de “mentir”

El asunto seguirá marcando en las próximas semanas la actualidad informativa del Ayuntamiento. Begoña Carrasco, portavoz del PP, anunció que su partido pedirá un Pleno extraordinario para que la alcaldesa explique por qué no cesa a su colaborador de forma inmediata. “Ha estado mintiendo y omitiendo información, porque el mismo informe jurídico en el que Marco se escuda para evitar destituir a Lafuente, sí contempla su cese. Éste obedece a una voluntad política”, afirmó.

Lafuente alcanzó el cargo de director de la Oficina de Planificación Económica del Ayuntamiento en febrero. Tiene un salario de cerca de 90.000 euros brutos. Un año antes, había renunciado al acta de concejal, que le correspondía por su puesto en la lista electoral del PSPV después de la dimisión de una de sus compañeras.

Castelló en Moviment criticó que el salario del director de la Oficina de Planificación en el Consistorio es casi el doble de lo que habría recibido como regidor. Para ejercer su actual cargo, Lafuente disfruta de una comisión de servicios que lo separa temporalmente de su puesto de profesor de la UJI, donde es compañero de departamento de la alcaldesa.

El tramabus sobre la mesa

Durante parte de su intervención, Xavier del Señor situó en la tribuna de oradores una miniatura del tramabús de Podemos, en el que se denuncia la supuesta corrupción de algunos periodistas, empresarios y políticos. El portavoz lo exhibió en el momento de tratar la contratación por parte del Ayuntamiento “de empresas que hayan declarado públicamente haber financiado ilegalmente al PP, como es el caso de Becsa, Telecsa o grupo Gimeno”.

Del Señor explicó que Castelló en Moviment registró hace casi dos meses una proposición para impedir que estas mercantiles sean contratadas por el Ayuntamiento. El portavoz lamentó que la iniciativa quedara fuera del Pleno por un “error de redacción” y aseguró que la alcaldesa “podía haberlo metido en el orden del día”.

El llamado “caso Lafuente” vuelve a ser un motivo de conflicto entre los dos miembros del equipo de gobierno municipal, formado por PSPV y Compromís, así como un foco de tensión con Castelló en Moviment, el partido que sostiene al bipartito desde la oposición. Los socialistas rechazaron en la Junta de Portavoces celebrada el lunes que la alcaldesa, Amparo Marco, comparezca en el Pleno del próximo jueves para explicar por qué se contrató a Juan Ángel Lafuente como alto cargo del Ayuntamiento.

Ignasi García, concejal y portavoz de Compromís, evitó apoyar la negativa del PSPV a que la alcaldesa dé explicaciones. García se limitó a decir que “la comparecencia ha sido solicitada por Castelló en Moviment, y rechazarla ha sido una decisión exclusiva de la alcaldesa”.

Sin embargo, es patente que la falta de explicaciones de Marco ha causado malestar en su socio de gobierno. Fuentes internas de Compromís lamentaron que el empecinamiento de los socialistas esté causando esta situación: “Si Lafuente hubiera dimitido, esto no hubiera pasado”, explicaron.

Por su parte, Castelló en Moviment envió una nota este lunes en que criticaron que “decisiones así cuestionan puntos importantes del Pacte del Grau referentes a transparencia en la gestión municipal”, según Xavier del Señor, portavoz de la formación.

La alcaldesa “en rebeldía”

También el PP criticó la decisión de Marco. “La alcaldesa lleva dos meses en rebeldía con la corporación que preside”, explicó Begoña Carrasco, la portavoz del grupo municipal, a través de una nota. “Su no comparecencia dista mucho de la transparencia que pregona y del Ayuntamiento de Cristal que se comprometió a crear durante la campaña electoral, añadió.

El equipo de gobierno argumentó en un comunicado su rechazo a la comparecencia de la alcaldesa “por no ajustarse al Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Castellón”. Explican que Amparo Marco ofreció el lunes a Castelló en Moviment que plantearan la cuestión a través de un ruego o pregunta. Fuentes de la formación asamblearia no descartan usar esta vía, pero destacan que de esta manera no será posible establecer un debate.

Un cese en diferido

Desde que se conoció en febrero, la contratación de Lafuente ha causado grandes tensiones entre el PSPV y Compromís, así como la reprobación de toda la oposición. Lafuente aceptó el cargo de director de la Oficina de Planificación Económica del Ayuntamiento con un salario de cerca de 90.000 euros brutos. Un año antes, había renunciado al acta de concejal, que le correspondía por su puesto en la lista electoral del PSPV después de la dimisión de una de sus compañeras.

Castelló en Moviment criticó que el salario del director de la Oficina de Planificación en el Consistorio es casi el doble de lo que habría recibido como regidor. Para ejercer su actual cargo, Lafuente disfruta de una comisión de servicios que lo separa temporalmente de su puesto de profesor de la UJI, donde es compañero de departamento de la alcaldesa.

Después de semanas de polémica, en las que también Compromís hizo público su malestar, todos los partidos menos el PSPV aprobaron en el Pleno de marzo una moción que pedía el cese de Lafuente. La alcaldesa no tomó la palabra en ningún momento para responder a las interpelaciones directas que le hicieron el resto de concejales, y tampoco aceptó las preguntas de la prensa.

El equipo de Gobierno decidió unos días después acatar la moción, pero solo cuando el proceso de búsqueda de un nuevo director hubiera acabado. Esto podría demorarse seis meses. La tardanza irritó a Castelló en Compromís, que formuló entonces la comparecencia de la alcaldesa para dar explicaciones al respecto, petición que Amparo Marco rechazó este lunes.