El tribunal del caso Faycán, que juzga una presunta trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato 2003-2007 de PP y Ciuca, ha rechazado por extemporánea la petición del Partido Popular de incorporar como prueba el testimonio de Francisco Gordillo, el ex asesor de la cabecilla de la trama ya fallecida, Toñi Torres, en el juicio de la pieza separada Grupo Europa.

El senador Jorge Rodríguez, único acusado en esa derivada de Faycán que quedó absuelto del delito de tráfico de influencias en el juicio celebrado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2014, actúa ahora en nombre del PP en la trama principal como responsable civil subsidiario, por el presunto beneficio obtenido al reformarse una oficina del partido con fondos públicos.

El letrado del Partido Popular ha querido que ese testimonio de Paco Gordillo ante el TSJC, cuando aseguró haberse inventado todo en la fase de instrucción, “hasta la muerte de Kennedy”, por coacciones y amenazas de la Policía contra la integridad de su familia, se incorpore a la vista de Faycán. Gordillo declaró como testigo en ese juicio, sin cuestionar el fondo de lo juzgado, aunque provocando risas y pena.

La declaración de Gordillo en Grupo Europa, durante una sesión de marzo de 2014 en la que las defensas pidieron deducir testimonio para abrir una instrucción por si la Policía había manipulado testimonios y pruebas, y el fiscal pidió lo mismo, por falso testimonio de Gordillo, fue tildada por el tribunal de “poco creíble”.

Así se recoge en la sentencia dictada por el entonces presidente del TSJC y actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, en la que siete de los ocho acusados fueron condenados por esta variante de Faycán, relacionada con la promoción de viviendas sociales, y solo el entonces diputado autonómico del PP y ahora senador Jorge Rodríguez quedó absuelto.

En el juicio de la trama principal que se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas desde el 15 de enero pasado, Francisco Gordillo declaró el primer día como uno de los veinte acusados que se han conformado admitiendo los hechos al fiscal Anticorrupción, a cambio de rebajas sustanciales de sus penas.

El hombre encargado de gestionar los cobros ordenados por su jefa ya fallecida, la entonces presidenta del PP local y concejala de Vías y Obras de Telde, Toñi Torres, reconoció ese primer día los hechos que figuran en el escrito de acusación, si bien volvió a divagar según quién preguntara, si el fiscal o las defensas.

El malestar del representante público del PP en esa sesión era más que evidente, ya que Francisco Gordillo y el fiscal Luis Del Río se referían a los objetivos iniciales de la trama de Faycán, financiar ilegalmente al PP de Telde con mordidas a empresarios. Aunque la práctica totalidad de lo recaudado quedara finalmente en sus bolsillos particulares, según sostiene la acusación pública.

De ahí que el senador Jorge Rodríguez haya pretendido convertir en prueba esas declaraciones de Gordillo de hace cuatro años, cuando en una tarde esperpéntica en la sala de vistas número 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el ex asesor de Toñi Torres llegó a afirmar: “Yo estaba agobiado y dije que si tenía que decir que maté a Kennedy, que dónde había que firmar”.

La Sala ha rechazado tal pretensión, en una providencia de 29 de enero firmada por el presidente y ponente, Salvador Alba, y las magistradas Oscarina Naranjo y Mónica Herreras, no así el otro magistrado titular de ese tribunal, Carlos Vielba.

El juicio del caso Faycán, cuyo contenido principal ha quedado reducido tras las conformidades de veinte de los acusados, se reanuda este lunes con un calendario que acorta en tres meses las previsiones iniciales antes de los pactos con el fiscal.

Este primer lunes de febrero testificarán una serie de empleados municipales con atribuciones en la Intervención del Ayuntamiento, a petición del fiscal. Siempre y cuando no se acepte que otro de los acusados que no se ha conformado formalmente todavía, el funcionario Esteban Cabrera, pase a declarar antes que los testigos dado que va a admitir gran parte de los hechos de acuerdo con el fiscal, según avanzó su letrad, Juan Sánchez Limiñana.

Las sesiones de Faycán han pasado de 42 a 12 –se han celebrado cuatro en enero- y el caso quedará visto para sentencia en apenas cuatro semanas, cuando el viernes 2 de marzo se celebre la última vista de los informes finales.

De ahí que los riesgos de anular el juicio en el caso de que el presidente del tribunal, Salvador Alba, sea suspendido por la causa abierta contra él en el TSJC se hayan recortado sensiblemente por cuestiones de plazos. Cuestión aparte de la controversia jurídica sobre la conversión en testigos conformados de veinte acusados a los que no se les dictado formalmente sentencia.

La Fiscalía de Las Palmas ha logrado que otro de los casos de presunta corrupción sonados de Canarias durante la etapa triunfal de los gobiernos municipales del PP en Gran Canaria (2003-2007) se vaya quedando en algún cajón de los juzgados.

Es el denominado caso Góndola, que incluye una pieza separada en la que se investigan pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa, entre otros un mitin de Mariano Rajoy en la localidad de Arguineguín, en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento de Mogán, presidido por el PP.

En la causa figuran imputados por diversos delitos de corrupción, entre otros, la actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y su antecesor, Francisco González, ambos dirigentes del Partido Popular local en el momento de los hechos, detenidos en enero de 2007 en el marco de la operación Góndola; además del propietario de la mercantil Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, actualmente cumpliendo condena de prisión por el mismo modus operandi en otro municipio de la isla, Telde, dentro del denominado caso Faycán.

Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el sobreseimiento provisional de la pieza referente a Grupo Europa en Mogán al no entender la Fiscalía que haya algún tipo de relación entre una serie de eventos financiados por la inmobiliaria y la obtención de un concurso para construir vivienda pública, como sostuvo la Policía Nacional en su momento e hizo suyo la juez en el auto de procedimiento abreviado de mayo de 2016.

La medida decretada el jueves pasado por la juez decana, Luz Calvé, a petición del fiscal Jorge Pobre, no tiene vuelta de hoja al haber sido expulsada la asociación que ejercía la acusación popular desde 2016, sin tiempo material para cumplir con los plazos de recursos de reforma o apelación al auto de archivo, de 20 de abril.

En mayo de 2016 la magistrada admitió que el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, presidido por el que fuera secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sánchez Fornet, se personara en las actuaciones ante el estancamiento de la instrucción, decisión recurrida por las defensas.

En este último año, lejos de agilizar la investigación, que ya fue objeto de una grave polémica en 2013 al achacar la Fiscalía su lentitud al baile de jueces al frente de ese juzgado, el ministerio público no solo no formuló acusación o solicitud de archivo, sino que interesó la expulsión de la acción popular, que reclamaba de la jueza la documentación del caso para ejercer su acusación.

Así, diez meses después de la personación del Observatorio, el fiscal Jorge Pobre se opuso con el argumento de que la acción popular debía haber presentado querella para ejercer sus derechos, “única forma prevista por el legislador para llevarla a cabo”, respondiendo de inmediato, dos días después, a una providencia de la juez, que termina por expulsar a la asociación el 31 de marzo pasado mediante auto.

El Observatorio no solo ha recurrido esta expulsión a la Audiencia Provincial, sino otra similar en la pieza principal del caso Góndola, así como ha elevado quejas a la Inspección Fiscal en Madrid, acciones todavía sin respuesta.

Estas medidas no han impedido que el fiscal Jorge Pobre evacuara un informe el 1 de marzo pasado por el cual solicitaba el archivo de la pieza separada al entender que no existen pruebas para acusar a la actual alcaldesa y su antecesor en el cargo, aparte de otros imputados, de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.

En ese informe, decisivo para el archivo al ser la única acusación, el fiscal sostiene, entre otros argumentos, que no puede haber tráfico de influencias porque quien pagara los eventos municipales y del partido (un mitin de Mariano Rajoy, en diciembre de 2005; un concierto de Bebe en los carnavales de marzo, y otro de Miguel Ríos en las fiestas del Carmen de ese verano) fue, tal cual admitió el empresario, la promotora Grupo Europa. Y que la mercantil no vio recompensadas sus “inversiones” al anularse el contrato de adjudicación en 2006.

En su momento, el promotor Antón Marín reconoció, en relación al mitin de Rajoy y los conciertos, que los financió “para promocionarse, tal y como hizo en otros Ayuntamientos, como muchas empresas promocionan conciertos y carnavales” (sic). Así lo recoge el fiscal, que no ve conexión alguna de esa “inversión” con “el cobro de facturas infladas” para recuperar el dinero ya adjudicado el contrato. Y todo porque esas facturas no se llegaron a pagar por parte del ayuntamiento.

El fiscal entiende que el hecho de financiar una empresa privada “a favor de los vecinos del municipio de Mogán de dos conciertos y de un mitin del líder de un partido político” (sic) se deben considerar “actos preparatorios impunes” por no verle encaje en el delito de tráfico de influencias, “siendo así que la causalidad de los eventos celebrados por Grupo Europa” (sic) “y las resoluciones que dan lugar a la adjudicación del concurso público” carece de “soporte probatorio”.

El ministerio público también abunda en que no hubo prevaricación al adjudicar el concurso de promoción de vivienda pública a Grupo Europa, “toda vez que la tramitación quedó interrumpida declarando nulos sus trámites resolviéndose el contrato supuestamente amañado y adjudicado irregularmente antes de la incoación de las diligencias previas en el año 2006, por incumplir las condiciones favorables al Ayuntamiento, no constando la entrega de dádivas o promesas para resolver en un sentido u otro el concurso […] sin que pueda por tanto afirmarse que los pagos realizados lo fueron como contraprestación de una irregular adjudicación de un contrato público”.

2006: el año de los escándalos de corrupción del PP

Justo por aquellas fechas de la resolución del contrato en Mogán, 20 de noviembre de 2006, casos de corrupción paralelos en gobiernos municipales del PP estaban a la orden del día, como el Faycán de Telde, desatado el 1 de marzo de ese año con la detención de la concejal ya fallecida, Toñi Torres, y que en ese mes de noviembre entraba en su tercera tanda de apresamientos, con el alcalde de la localidad, Paco Valido y todo su grupo del PP, enviado a los calabozos el 7 de noviembre.

En paralelo, en Mogán la Policía Nacional y el entonces juez instructor José Alexis Reyes seguían los pasos del alcalde, Francisco González, y su mano derecha y ahora enemiga irreconciliable, Onalia Bueno, hasta el punto de captar conversaciones en las que la actual alcaldesa -que abandonó el PP y le ganó las elecciones en 2015 a González bajo las siglas locales de Ciudadanos por el Cambio- extremaba precauciones con su alcalde, en referencia a Grupo Europa.

“¿Has visto lo que pone el Top Secret de CanariasAhora sobre Grupo Europa?”, le llegó a preguntar González a Bueno en los primeros días de noviembre, cuando ya este periódico estaba sobre la pista de que algo olía a podrido en la política de promoción de viviendas sociales de varios gobiernos municipales del PP. A ellos  accedía Grupo Europa a través del actual senador y entonces portavoz popular en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez, como quedó acreditado en el juicio de la pieza separada relativa al municipio de Telde, sin que se condenara al entonces aforado autonómico y sí al resto de acusados.

“¡Te he dicho que de esas cosas no me hables por teléfono!”, le replicó alterada Onalia Bueno a Francisco González al ser cuestionado por Grupo Europa, mercantil con la que ya en noviembre de 2006 tenían graves diferencias y apuntaba a convertirse en un lastre por las pesquisas policiales que depararon en mayo de 2007 en la apertura de estas piezas separadas en Telde y Mogán.

En el escrito del fiscal Jorge Pobre que da carpetazo a la investigación de aquel famoso mitin de Mariano Rajoy durante el Puente de la Inmaculada Concepción de 2005, tampoco se atisba la malversación de fondos públicos porque los pagos de esos actos corrieron a cargo de Grupo Europa y el fiscal dice no tener constancia de que del ayuntamiento saliera dinero o patrimonio alguno en contraprestación. Aunque en el negocio fallido de la promoción de viviendas sociales de Telde y Mogán, el municipio aportaba suelo público de manera gratuita.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado firme la sentencia del caso Grupo Europa y ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los condenados en esta pieza separada del caso Faycán, que investigaba si políticos y funcionarios públicos habían influido y comprado voluntades para que el grupo empresarial Grupo Europa obtuviera permisos para construir viviendas públicas en varios ayuntamientos de la isla, en particular el de Telde.

La abogada de la Administración de Justicia de la Sala decretó el pasado viernes, un día después de que se declarara firme, la ejecución de la sentencia, por lo que José Manuel Antón Marín, propietario del grupo, y Juan Carlos Saavedra Guadalupe, gerente de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Telde (Urvitel), deberán entrar en la cárcel en los próximos días para cumplir sus penas de cinco años y cuatro años y diez meses, respectivamente.

Otro de los condenados, José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, ya se encuentra en la prisión de Las Palmas II, en la que ingresó el pasado 22 de agosto por otro proceso, el de Los Alisios, en el que fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad documental, que se añaden a los cinco años y cuatro meses del caso Grupo Europa después de que el Supremo le rebajara la pena en un año y seis meses al considerar que la falsificación de dos documentos el mismo día era una “unidad natural de acción” y no un delito continuado.

El decreto de la Sala pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad para otros dos procesados: Pedro Pablo Santana, responsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde (un año y cinco meses) y Francisco José Benítez Cambreleng, empleado del Grupo Europa y denunciante del caso (siete meses y medio).

El TSJC da un plazo de diez días a los condenados para que paguen las multas y las cantidades decomisadas. La sanción más elevada, de 520.000 euros, recae sobre Antón Marín. José Luis Mena, Juan Carlos Saavedra y Pedro Pablo Santana deberán abonar, además de los 30.000 euros de comisión que cada uno de ellos cobró del cabecilla del Grupo Europa para sacar adelante el proyecto, un total de 91.000, 109.000 y 77.000 euros, respectivamente, como multa con la responsabilidad personal subsidiaria de 4 años y tres meses de cárcel para el primero, un año y 135 días para el segundo y 7 meses para el tercero.

Por su parte, Benítez Cambreleng tendrá que pagar 17.175 euros con un mes y 22 días de privación de libertad como responsabilidad personal subsidiaria.

La Sala de lo Penal del TSJC ha remitido al Juzgado Decano de Instrucción el testimonio de la declaración prestada en el juicio por la funcionaria de la Cotmac Patricia Rivera y de un informe atribuido a ella para que investigue al existir indicios racionales de falsedad documental.

La sentencia dictada por el alto tribunal canario el 14 de septiembre de 2014 absolvió a la esposa de Saavedra, Verónica García Melgar, y al único aforado procesado en la causa, el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, para el que la Fiscalía había reclamado una sentencia de un año y ocho meses de cárcel.En este último caso, el TSJC consideró que existían dudas respecto al tipo de gestiones que había hecho Rodríguez para favorecer al Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por su partido y, en particular, de que tuvieran las condiciones necesarias para calificarlas de delito de tráfico de influencias.

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas dictadas el año pasado para cinco de los siete imputados en el denominado caso Europa, con la única salvedad de rebajar en un año y medio la pena impuesta al exjefe de urbanismo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), José Luis Mena, actualmente en la cárcel por falsificar documentos en el denominado caso Los Alisios.

En esta causa, una pieza separada del caso Faycán, se investigaba si una serie de políticos y funcionarios públicos habían influido y comprado voluntades para que el grupo empresarial Europa obtuviera permisos para construir viviendas públicas en varios ayuntamientos de la isla, en particular el de Telde.

  La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó en septiembre de 2014 que había pruebas suficientes para condenarpor esos hechos al empresario José Luis Antón (cinco años de cárcel), al funcionario municipal José Luis Mena (seis años y diez meses) y al gerente de la empresa municipal Urbitel, Juan Carlos Saavedra (cuatro años y diez meses).

También dictó condenas contra el responsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, Pedro Pablo Santana (un año y cinco meses), y el empleado del Grupo Europa y denunciante del caso, José Benítez Cambreleng (siete meses y medio de cárcel).

En cambio, absolvió a la esposa de Saavedra, Verónica García Melgar, y al único aforado procesado en la causa, el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, para el que la Fiscalía había reclamado una sentencia de un año y ocho meses de cárcel.

En este último caso, el TSJC consideró que existían dudas respecto al tipo de gestiones que había hecho Rodríguez para favorecer al Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por su partido y, en particular, de que tuvieran las condiciones necesarias para calificarlas de delito de tráfico de influencias.

El Supremo no se pronuncia sobre la absolución del diputado del PP, puesto que nadie la recurrido y ha devenido firme, pero sí examina las razones que sostienen las cinco condenas.

El Alto Tribunal corrobora no solo la sentencia, sino también la instrucción del caso, porque considera que las supuestas deficiencias que denunciaban los acusados no llegaron a vulnerar en ningún momento sus legítimos derechos de defensa.

La sentencia de casación solo acepta un argumento de las defensas: el planteado por el letrado de Mena sobre el delito de falsedad que figuraba en la condena de su cliente.

El TSJC estableció que era un delito continuado, pero el Supremo considera que Mena falsificó dos documentos el mismo día, en una “una unidad natural de acción”.

En consecuencia, le rebaja su condena de seis años y diez meses de cárcel a cinco años y tres meses de prisión.

La querella por apropiación indebida y falsedad documental presentada por el propietario de la mercantil inmobiliaria Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, contra el que fuera su gerente en Canarias y denunciante de sobornos a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde durante el gobierno del PP y Ciuca (2003-2007), Francisco José Benítez Cambreleng, fue una estrategia del querellante para “intentar desprestigiar el testimonio” del querellado en la causa juzgada en 2014 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con varias condenas de cárcel.

Así lo estima la juez instructora Ana Isabel de Vega, en un auto de 21 de agosto de este año en el que acuerda el archivo del procedimiento que en noviembre de 2008 se abrió contra el denunciante del caso, su esposa y un contratista de la mercantil madrileña por parte de su exjefe, más de año y medio después de que Cambreleng pusiera en conocimiento de la Policía la trama urdida por Antón en Telde con los máximos responsables de la política de viviendas sociales y el urbanismo.

Las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria arrojan que “no se evidencia en ningún momento que esa parte [querellante] haya articulado prueba alguna que fundamente sus imputaciones, dando lugar a que sea la parte querellada la que se ha desvivido durante la instrucción de la causa en acreditar la razón de ser de las cantidades que dice la parte querellante cobradas indebidamente por los querellados”.

El auto hace referencia expresa a la sentencia de la Sala Penal del TSJC en la que se da por probado que dos cheques de 30.000 euros cada uno emitidos y firmados por Cambreleng fueron a parar a manos de dos de los condenados por cohecho, el exjefe de los servicios de Urbanismo, José Luis Mena Santana, a siete años, y el asesor jurídico de Patrimonio Pedro Pablo Santana, a un año y cinco meses. En este caso, la vista por los recursos de casación presentados por los condenados ante el Tribunal Supremo se celebró la semana pasada, sosteniendo las defensas la teoría de la conspiración político-mediática y reiterando la Fiscalía la petición de penas.

La querella que pretendía demostrar que el dinero de los sobornos de Grupo Europa fue en realidad sustraído para su propio beneficio por el denunciante del caso, recogía una gran cantidad de cheques emitidos por el exgerente a los cuales el propietario de la mercantil achacaba apropiación indebida, pero a juicio de la instructora Antón se ha limitado a acusar a Cambreleng sin aportar prueba alguna, mientras que este “ha aportado múltiples facturas que justifican la emisión de esos cheques como pago por productos que él mismo adelantaba con su tarjeta personal de crédito, dado que la entidad de la que era gerente carecía de tarjeta de empresa y por lo tanto cuando se hacía necesario la compra de materiales de diversa índole, él los adelantaba pagando con su tarjeta para posteriormente repercutirlo en las cuentas de la sociedad emitiendo el oportuno cheque”.

El auto de sobreseimiento provisional detalla también “múltiples facturas giradas a cargo de Fábrica de Viviendas Majoreras (Favimar) por parte del querellado que la entidad querellante dice que no se deben a ningún tipo de trabajo”, sin que aporte la parte querellante explicación alguna a lo que sostiene, “frente al querellado que aporta informes y fotografías que justifican los trabajos realizados y la razón de ellos”. En el mismo sentido decaen también las imputaciones de apropiación indebida en la Junta de Compensación de La Lajita, también en Fuerteventura.

De este modo, la juez incide en la relación de esta querella con la denuncia del exgerente de Grupo Europa sobre el cobro de comisiones ilegales en Telde para la construcción de viviendas sociales, como estrategia de defensa de Antón Marín al achacar que el dinero destinado a sobornar a políticos y funcionarios –240.000 euros- en Telde fue en realidad sustraído por Cambreleng, argumento reiterado en el juicio del caso Grupo Europa.

“Ninguna prueba se ha articulado suficientemente por la parte querellante para acreditar lo por esa parte manifestado, tal como así se ha manifestado por el querellado, este es el que ha aportado múltiples documentos que desvirtúan sus alegaciones en su contra vertidas”, reitera la juez instructora indicando que la querella responde en vano al intento de hacer creer que la denuncia original de Cambreleng de sobornos en Telde por parte de Antón Marín pretendía ocultar “su propia ilicitud penal de haberse apropiado de diversas cantidades de dinero del grupo empresarial, bien mediante la emisión de cheques por su parte como falsificando facturas, etcétera”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha absuelto al diputado del PP Jorge Rodríguez en el denominado caso Grupo Europa, una pieza separada del caso Faycán sobre corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas le imputaba dos delitos de tráfico de influencias y solicitaba para él un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación para empleo público. El TSJC ha condenado al propietario del Grupo Europa, José María Antón Marín, a cinco años de cárcel por el pago de comisiones por valor de 240.000 euros a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde, entre ellos a José Luis Mena, exjefe de Urbanismo, que ha sido condenado a seis años y diez meses de prisión.

En una sentencia de 126 páginas dada a conocer este miércoles y fechada el 3 de septiembre, la Sala presidida por José Ramón Navarro (en la actualidad presidente de la Audiencia Nacional) considera probado que Rodríguez intercedió a favor de la empresa Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por el PP, pero no que ejerciera una presión que resultara determinante para que esta empresa ganase un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa. El TSJC aplica en este caso el principo in dubio pro reo, en virtud del cual se favorece al acusado en caso de que las pruebas no sean contundentes.

Para la Sala, las manifestaciones del denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng, son insuficientes para incriminar al diputado del PP: “No cabe duda que Jorge Rodríguez (que prestaba servicios de asesoramiento a las empresas de José María Antón Marín, propietario de Grupo Europa, y cobró por ello la cantidad de 64.010 euros) se prestó para introducir al empresario a diversos mandatarios municipales, entre ellos a María Antonia Torres (concejal de Vivienda y Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde en el momento de los hechos, fallecida en 2010) y que medió para mantener diversas entrevistas con ésta, con Sonsoles Martín (exconcejal) y con Francisco Valido (exalcalde); sin embargo, no se ha acreditado suficientemente en el plenario el contenido de las presentaciones introductorias a dichos regidores ni que aquél se haya prevalido para obtener una o algunas resoluciones concretas jurídicamente torcidas”.

La Sala sí condena a José Luis Mena, jefe de Urbanismo del Consistorio en la época de los hechos denunciados (2003-2007), a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho -por el que además le impone una multa de 55.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años- y falsedad de documento oficial, con una sanción de 16 meses con una cuota diaria de 200 euros y otros cuatro años y un mes de inhabilitación.

A Pedro Santana, exjefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, se le considera cómplice y autor de un delito de cohecho. Su pena es de un año y cinco meses de prisión, dos multas que ascienden a 77.000 euros y seis años y cinco meses de inhabilitación.

José María Antón Marín, propietario del caso Grupo Europa, ha sido condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de cohecho -por sobornos- y otro contra el mercado y los consumidores. La Sala le sanciona además con 520.000 euros.

Otro de los imputados, Juan Carlos Saavedra, exgerente de la empresa pública municipal Urvitel, deberá cumplir una pena de 4 años y 10 meses de prisión como cooperador necesario del delito de cohecho y como autor de delitos contra el mercado y los consumidores, prevaricación y falsedad de documento mercantil. Saavedra ha sido inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público durante los próximos quince años. Su esposa, Verónica García, acusada de falsificar un documento mercantil, ha sido absuelta.

Por su parte, Cambreleng, exgerente de la empresa, ha sido condenado a seis meses de cárcel como cómplice de cohecho y autor de un delito de falsedad documental. Deberá pagar una multa de 16.500 euros.

El fallo de la Sala también ordena el decomiso de las cantidades abonadas por Antón Marín para sobornar a Juan Carlos Saavedra (30.000 euros), José Luis Mena (30.00 euros) y Pedro Pablo Santana (30.000 euros), así como los 150.000 euros entregados a cargos políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde.

Sobornos a altos funcionarios

En su exposición, los magistrados sentencian que los pagos realizados por el propietario del Grupo Europa a Saavedra, Mena y Santana han quedado acreditados no solo con la “contundente declaración” del denunciante, Benítez Cambreleng, que entregó los dos sobres, con 30.000 euros cada uno, como soborno a los altos funcionarios responsables de las áreas de Urbanismo y Patrimonio, sino también por una serie de pruebas incriminatorias. Entre ellas figura un correo de Antón Marín a Jorge Rodríguez (que dimitió como diputado en 2007 tras destaparse el caso y que volvió al Parlamento en 2011) en el que el empresario señala a Mena y Santana como las dos personas que estaban “poniendo trabas a la marcha normal de los acontecimientos”.

La Sala también ha valorado dos informes de la Agencia Tributaria para condenar a los funcionarios municipales. El primero de ellos concluye que los movimientos de cuentas de Grupo Europa y las salidas de esos 60.000 euros bajo el concepto “nómina Antón” son solo explicables para “enmascarar el pago de comisiones ilegales”. El segundo, constata ingresos sin justificación del matrimonio Mena en el periodo 2003-2008 por un total de 380.000 euros.

Mena percibió la dádiva del empresario Antón Marín como contrapartida por la modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Telde y por la concesión de licencias para facilitar a la empresa la construcción de las viviendas a las que se había comprometido. Por otra parte, Grupo Europa sobornó a Santana para que liberara suelo para poder empezar las obras.

Los magistrados también consideran probado que Antón Marín entregó una cantidad indeterminada de dinero a María Antonia Torres (PP), ya fallecida.

La sentencia impone las costas procesales a los condenados. Contra el fallo aún cabe interponer un recurso de casación.

María Antonia Torres, de su puño y letra, escribió en la famosa libreta que figura como prueba en el caso Faycan repartos de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde, para los concejales de PP y Ciuca que gobernaron entre 2003 y 2007, y también la anotación “240.000 euros” en una hoja de bloc de un hotel de Venecia, Torre Dell'Orologlio, junto a la especificación “viviendas sociales”, cantidad que la investigación relacionó meses después con los pagos de Grupo Europa, al denunciar el caso el exgerente en Canarias y aportar documentos con la misma cantidad de euros.

Así lo han ratificado este jueves los peritos de la Policía Nacional encargados de estudiar tanto la libreta de anillas con motivos de Mickey Mouse como la hoja del bloc de hotel, objeto principal de controversia entre el ministerio fiscal y las defensas en el juicio por este caso de corrupción que se celebra desde enero en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dirigido por el nuevo presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, y con el diputado autonómico del PP, Jorge Rodríguez, como principal acusado por tráfico de influencias.

Los policías que han testificado este jueves en calidad de peritos han ratificado que era la letra de la exconcejal de Vías y Obras y exconsejera delegada de la empresa pública de viviendas de Telde Urvitel, fallecida en 2010 y gran ausente en este primer juicio por corrupción en el PP de la era Soria. Dos inspectores jefe venidos de Madrid, a quienes se les remitió tanto la libreta (prueba del caso Faycan) como la hoja del bloc de hotel (documento de esta pieza separada número 38), se mostraron tajantes y contundentes: “sin ningún género de dudas”, dijeron, que la letra era de Toñi Torres.

“Nos enviaron una documentación [la libreta y la hoja del bloc, grapada a esta] adecuada para el análisis, un material válido para el estudio, muy rico en gestos y con un grafismo evolucionado que da facilidad para la identificación”, como eran la libreta con 66 páginas y la hoja del bloc. Junto a este material dubitado, “la autoridad judicial nos envió material indubitado, que eran un acta de declaración como imputada con su firma, expedientes de contratación, también con su firma, y una libreta con ocho páginas escritas. No hay duda de que era su letra”, mantuvieron.

Las defensas cuestionaron a estos dos peritos de Madrid, que desconocían que también se envió a colegas suyos de Gran Canaria parte de estas pruebas para su análisis, el hecho de que el material caligráfico que no generaba dudas no fuera realizado por Toñi Torres en sede judicial para dar por buena su autenticidad, cuestión que fue rebatida por los peritos: “¿Qué más auténtico que un acta de declaración? El material indubitado se nos remite por la autoridad judicial”, dijeron como dato clave para no cuestionar lo que envía un juez.

Es más, sobre la libreta indubitada de ocho páginas enviada para comparar la de Mickey Mouse de 66 hojas, los inspectores jefe dijeron con rontundidad: “Tiene una ventaja con respecto a la prueba realizada en un juzgado, que el autor no sabe que va a ser analizada, y por tanto es valiosísima por su espontaneidad y sinceridad”. Y añadieron: “no fue preciso solicitar un cuerpo de letra delante de la autoridad judicial, porque el material era buenísimo y no había ninguna duda”.

En cuanto a la letra de Toñi Torres, los colegas de Gran Canaria que también intervinieron en el estudio de la libreta más famosa del caso Faycan corroboraron la “coincidencia de personalidad” entre el material indubitado y el dubitado aportados por la instrucción judicial para su análisis, pero en su declaración posterior a la de los policías de Madrid arrojaron dudas sobre el correcto foliado de los documentos, y su custodia, por tanto, como sostienen las defensas de los acusados.

La inspectora y el subinspector que analizaron esos documentos dijeron que solo se les dio “la página 40” de la libreta, y que en la misma “no había nada grapado”, en referencia a que tanto la libreta como la hoja del bloc de hotel llegaron a Madrid grapada esta en la página 66 y última de la prueba numerada como la 832 en el caso matriz Faycan. La hoja grapada es la 457, y ambas son 'el caballo de batalla' de los letrados de los acusados para dar por viciado el origen de la pieza separada, con la teoría de que un mismo documento ha servido para acusar en dos casos distintos, aunque Grupo Europa sea una pieza separada y derivada del caso Faycan.

Durante la intervención de la inspectora y el subinspector, este último destinado hace unos años en la Embajada de La Habana, después de haber sido detenido junto a otros policías presentes en este juicio entre el público por sospechas de haber filtrado precisamente la libreta de Toñi Torres a los investigados, acusación de la que fue absuelto por falta de pruebas, el ministerio fiscal interesó que la pericial a ratificar fuera específicamente la de la hoja del bloc, que atañe a Grupo Europa, y no todo el contenido de la libreta de Mickey Mouse, que forma parte de la matriz Faycan.

Esta penúltima sesión de testificales continuó desde el mediodía, con la presencia de dos inspectores de la Agencia Tributaria, tanto en su calidad de peritos como de intervinientes en las entradas y registros del 16 de mayo de 2007, cuando se desató la operación que acabó con la detención del propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, en Madrid, y del jefe de los Servicios de Urbanismo de Telde, José Luis Mena Santana, en Telde, entre otros acusados.

José Ramón Navarro Miranda, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desde 2013, ha sido elegido este jueves por el Consejo General del Poder Judicial para presidir la Audiencia Nacional, al obtener 15 votos de los miembros del pleno, frente a los cuatro que obtuvo Ignacio Espinosa Casares en el plenario compuesto por 19 miembros, por las ausencias de las vocales Roser Bach y Victoria Cinto, según ha informado la propia Audiencia.

El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sustituye en la presidencia de la Audiencia Nacional al recién nombrado vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes Peces. Navarro Miranda, nacido en 1959, ingresó en la carrera judicial en noviembre de 1991, procedente del turno de juristas de reconocida competencia, tras el ejercicio profesional de la abogacía durante más de seis años, indica la Audiencia en una nota oficial.

Sus primeros destinos judiciales fueron juzgados de primera instancia e instrucción de Jijona (Alicante), Icod de los Vinos y La Orotava (ambos en la isla de Tenerife) y Manresa, en la provincia de Barcelona. De 1999 a 2004 fue titular del juzgado de instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Desde diciembre de 2004 hasta mayo de 2013 presidió la Audiencia Provincial de Tenerife. En junio de 2013 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cargo que ocupa en la actualidad. Pertenece a la asociación judicial Francisco de Vitoria.

En materia docente, es codirector de la Cátedra Francisco Tomás y Valiente de la Universidad de La Laguna, es profesor tutor en la UNED en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y profesor de Administración y Legislación Ambiental en la Facultad de Ciencias Medioambientales. Asimismo es profesor de Derecho Civil en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de La Laguna.

Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del CGPJ, el pasado día 20 de marzo, para exponer su programa de actuación al frente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro defendió la creación de una Sala de lo Civil al objeto de evitar disparidad de criterios en los diferentes territorios en asuntos relativos a demandas de consumidores y al mundo empresarial (cierres patronales o concursos de acreedores de grandes centros de trabajo).

Señaló también la necesidad de incluir en el catálogo de delitos que actualmente enjuicia la Audiencia Nacional, los relacionados con la trata de seres humanos o los casos de corrupción que produzcan graves daños a la Hacienda Pública, independientemente de su lugar de comisión.

Un juez de tono tranquilo y conciliador

El tono tranquilo y conciliador con el que preside los juicios puede ser una de las cualidades más apreciables a primera vista del nuevo presidente. No es persona de grandes solemnidades y cuesta mucho trabajo verle utilizar el coche oficial de presidente del TSJC.

Los que le conocen coinciden en que ese mismo es su talante fuera de los juzgados, aunque es de los muchos jueces que se llevan trabajo a casa, lo que compagina con su afición por la lectura y su atención a la familia, a la que se le considera muy unido.

Casado con una abogada, José Ramón Navarro presume de ejercer un oficio por pura vocación. Tiene dos hijos: la mayor, de 24 años, también ha seguido los pasos de sus padres y acaba de terminar la carrera de Derecho en Icade. Ya estás trabajando. El menor, de 21, continua sus estudios en la Universidad de La Laguna.

Amigo de sus amigos, dicen de él que no es de los que practican con asiduidad el deporte nacional de la crítica al prójimo, más bien trata de desvivirse cuando alguien acude a él con un problema.

En lo deportivo, es seguidor del Real Madrid, y aficionado a correr y a acudir al gimnasio.

El nombramiento de José Ramón Navarro obligará al Consejo General del Poder Judicial a comisionarlo para acabar con el primer juicio por corrupción del Partido Popular en Canarias de cuantos está previsto empiecen a sucederse durante este año. El caso Grupo Europa, que sienta en el banquillo al portavoz económico del PP canario y mano derecha de José Manuel Soria en distintas etapas de su carrera política, está siendo juzgado por un tribunal que preside José Ramón Navarro en el TSJC por estar imputado el parlamentario Jorge Rodríguez.

Los periodistas de tribunales de Madrid están de enhorabuena, ya que el nuevo presidente de la Audiencia Nacional sí entiende a la perfección el papel que deben jugar los medios de comunicación entre la Administración de Justicia y los ciudadanos.

Este viernes tocaba olvidar. Como terapia personal o estrategia procesal en el juicio del caso Grupo Europa. Pero lo mejor era marcar distancias con la convulsa vida política de Telde en 2006, en plena hecatombe social del caso Faycan, y borrar de la memoria los pasajes más significativos que pudieran arrojar luz a aquellos años del cuatrienio de tramas cruzadas de corrupción en el gobierno PP-Ciuca.

Y a eso se aplicaron dos de los testigos principales de la undécima jornada del juicio a Jorge Rodríguez, diputado autónomico del PP acusado de tráfico de influencias en esta pieza separada de Faycan, que vio como el exalcalde de Telde Paco Valido, ahora cargo de confianza del PP en el Cabildo de Gran Canaria, y la concejal del PP de Telde Sonsoles Martín, negaban haber sido presionados por el diputado y relaciones públicas de la promotora de viviendas para arreglar sus problemas.

Eso sí, ambos reconocieron, como cuando declararon en la fase de instrucción, que en 2006 hubo dos reuniones, la segunda con el alcalde, en la que Jorge Rodríguez acudió a Telde con la cúpula de Grupo Europa en Canarias, su propietario Antón Marín y el exgerente regional y denunciante, Benítez Cambreleng, con la intención de solucionar las trabas técnicas a las que estaban sometidos por la falta de suelos para construir las viviendas sociales pactadas.

Pero ni Valido ni Sonsoles Martín recordaban el contenido de “la explicación o disertación”, en palabras del exalcalde, del diputado autónomico en defensa del proyecto estancado de Grupo Europa. “No recuerdo los detalles, era un momento muy complicado, difícil”, indicó la concejal para contextualizar que el caso Faycan había estallado y se habían producido ya detenciones de compañeros de su grupo de gobierno del PP. “Nadie me presionó nada para hacer nada”, aseguró sobre si se sentía coaccionada por la presencia del diputado regional.

Valido tampoco. El exalcalde fue tajante: “No me dejo presionar ni por él ni por nadie. No se lo hubiese permitido y no forma parte de mi carácter contestar airadamente”, dijo sobre lo que mantiene Cambreleng en su denuncia, de que fue una reunión tensa en la que Valido no quiso acceder a las pretensiones de Jorge Rodríguez, asegurando que nadie le tenía que decir cómo dirigir su ayuntamiento. “A lo mejor sí lo hubiese exteriorizado”, comentó, de forma genérica Valido, sobre cuál hubiese sido su reacción ante la presión del diputado.

Pero no recordaba que eso sucediera, como tampoco los motivos concretos de por qué se convocó la reunión ni los problemas que tuviera Grupo Europa en Telde (encontrar para la empresa municipal Urvitel suelos adecuados para la promoción de viviendas sociales). “A mí, lo que me interesaba, era lo que dijeran mis técnicos, y a ellos derivé la solución, como siempre”, mantuvo el exalcalde, quien admitió que “no era normal” que una empresa o un particular acudiera a la Alcaldía para exponer sus problemas acompañado de un diputado.

Los dos políticos se refirieron varias veces a “los momentos de tensión muy fuertes” en 2006 y 2007, cuando prácticamente fue detenido todo el gobierno del PP por casos de corrupción, como motivo principal de que no recordasen detalles. Y a ese mismo ambiente, aparte de la avalancha de trabajo por la cantidad de licencias solicitadas desde 2005, se acogió otro de los testigos, el arquitecto municipal Benedicto Padrón, para justificar que no comprobara la categoría de un suelo a la hora de informar favorablemente para conceder licencias a Grupo Europa.

Se fíó de su jefe, el acusado José Luis Mena, a la hora de elaborar el informe. Y admitió en el plenario que esas dos licencias de obra, en La Jardinera (El Goro), no debieron otorgarse al estar en suelo urbanizable, y no urbano. Aunque también dijo lo contrario, como hipótesis genérica, cuando le tocó responder a las preguntas de las defensas. En el fondo, se produjo un debate, entre unos y otros, sobre la validez y legalidad de concesiones de licencias a la vez que se tramita una modificación puntual que afecta a la pieza de suelo de las parcelas, que es buena parte del argumento de las defensas contra la ilegalidad denunciada en las dos licencias sujetas al presunto cohecho cometido por el exjefe de Urbanismo, José Luis Mena.

La mañana también dio para mucho más, aparte de los comentarios del propio Benedicto Padrón sobre las bondades del objetivo de construir viviendas sociales, y es que por el diván de la desmemoria también pasaron otros funcionarios que informaron sobre esas licencias y no recordaban detalles clave de fechas, anteriores o posteriores, al momento de su informe previo a la concesión de los permisos de obra, pero que confirmaban en parte la denuncia de Cambreleng, cuestionada por legalidades técnicas y baile de fechas por las defensas.

E incluso otra funcionaria, encargada de fotocopiar el expediente de estas dos licencias para viviendas sociales en La Jardinera cuando fue reclamado por el juzgado de instrucción, confirmó que a la documentación se le añadió un informe de José Luis Mena, inexistente en el foliado original, en el que informaba meses después de la suspensión de las licencias. Esos tres folios añadidos se introdujeron porque su compañera de trabajo, hermana de Mena, así se lo transmitió por instrucciones directas del secretario del ayuntamiento.

Se llama José Ángel Vargas Tolosa, es inspector del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la Brigada Provincial de Policía Científica de Las Palmas y este viernes, en el juicio al diputado canario del PP Jorge Rodríguez, un antiguo jefe de la Brigada de Información de la que formó parte hasta septiembre de 2006 lo ha retratado como un policía que se cambió de bando, tras haber sido cesado al frente de la instrucción por incompetente y sospechoso de filtrar datos.

Quien fuera jefe de la Brigada encargada de investigar los casos de corrupción del PP canario en los ayuntamientos de Telde y también de Mogán, denominados Faycán, Doramas, Góndola y esta pieza separada de Grupo Europa que se juzga en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aseguró este viernes que el inspector Vargas fue relevado al frente del grupo por “incompetencia”, por “pérdida de confianza” de quien dirigía hasta septiembre de 2006 la Brigada, Concepción de Vega, su antecesora hasta que fue nombrada UCOT, antiguo segundo mando policial. De Vega fue después jefa superior, tras Narciso Ortega.

“Hubo filtraciones estando este señor en la Brigada, y cuando se enteró que lo investigamos empezó su acoso y derribo con infinidad de querellas”, explicó el exjefe de Información de Las Palmas, ahora al frente de la Comisaría de Distrito Norte de la capital isleña. Una de esas querellas sigue viva, interpuesta por Vargas contra tres compañeros del Cuerpo, entre ellos el inspector que le sucedió en el cargo y la instrucción de los casos, este exjefe y otro jefe de sección de Información, por supuesta revelación de secretos a este periodista, sin que el juez instructor haya movido la causa desde la declaración como imputados en junio de 2011.

El retrato del inspector cesado realizado por quien dirigió la Brigada desde su marcha, dando su apellido y actual cargo, se produjo de manera contundente y con un reguero de indicios de haber estado colaborando con el otro lado desde su cese en septiembre de 2006. “Desde 2007 estamos siendo objeto [los tres policías imputados en un juzgado del sur de la isla] de acoso y derribo impresionantes. Hay un inspector que casualmente no está aquí, Vargas, que llevaba al principio los casos Faycan y Góndola, y desde que se marchó, cuando lo cesaron, ha estado continuamente formulando minutas [informes policiales internos]” contra sus sucesores.

Vargas Tolosa es el mismo policía al que continuamente reclaman las defensas como testigo en el plenario que juzga al diputado canario del PP por tráfico de influencias y al exjefe de los Servicios de Urbanismo de Telde por cohecho, entre otros acusados, y que este periódico ya detectó desde el primer momento del juicio presente en la sala, por lo cual su testimonio sería imposible de aceptar, por contaminado al haber escuchado todo su desarrollo.

Al publicar Canarias Ahora hace dos semanas que las defensas pedían de testigo a un policía presente en el plenario, ya no apareció en la siguiente sesión del pasado jueves, cuando el exasesor de Toñi Torres, Paco Gordillo dijo “una serie de disparates, de juzgado de guardia”, según criticó el exjefe de la brigada. Y prosiguió con el retrato del inspector Vargas: “Cuando este señor se enteró que lo estábamos investigando, entregó una minuta con la fotocopia de una hoja de la famosa libreta de Toñi Torres, como para decir que a partir de ese momento no tenía nada que ver con él ese documento”. Es la prueba 457 tantas veces referida en el juicio.

A partir de septiembre de 2006, ya con el inspector cesado fuera de la Brigada, fotocopias de la libreta de la exconcejal ya fallecida, Toñi Torres, circularon por Telde y estuvieron en manos de algunos imputados en el caso Faycan. Esa hoja de la libreta es donde figuraban las siglas de los concejales del grupo de gobierno municipal del PP presidido por Paco Valido y unas cantidades de dinero supuestamente repartidas entre ellos, que dio pie a la detención de todo el gobierno del PP el 7 de noviembre de 2006. Tanto Vargas como un subinspector ya jubilado fueron detenidos junto a otro policía, en 2007, por presunta revelación de secretos. Su causa fue archivada por falta de pruebas, aunque el tercer policía llegó a ser juzgado.

El retrato de Vargas coincide también con lo que ha podido comprobar este periódico, ya que a lo largo de todas las sesiones del juicio hasta la del jueves en que ya no apareció ha departido con abogados de las defensas e incluso acusados como el propio diputado del PP Jorge Rodríguez en los recesos de la vista. Su presencia en el juicio es ya voxpopuli en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, donde ahora se entiende que su actitud parece haberse extralimitado.

El interrogatorio del exjefe de la Brigada encargada del caso en 2006 y 2007 no solo limitó a retratar al inspector Vargas, a las filtraciones de las que se beneficiaban los investigados con los que ahora departe, y al daño producido a la investigación por la destrucción de pruebas y preparación y mentalización de futuros detenidos sabedores de que la Policía andaba detrás de sus pasos. Las defensas de los acusados, evidentemente, volvieron sobre hechos y datos ya explicados por el inspector instructor, al que siempre se remitió y respaldó su exjefe.

En todo caso, este viernes salió a relucir con mayor profusión el nombre de Concepción de Vega, ex jefa superior de Policía y jefa de la Brigada de Información primero, y UCOT después en el momento de las investigaciones sobre el terreno, de la que las defensas querían saber por qué destituyó a Vargas, por qué eligió a su sucesor, si fue la primera en la Policia en saber que existía un exgerente de Grupo Europa dispuesto a denunciar presuntos delitos, y si era lo normal o habitual que acudiera al domicilio del que después sería denunciante, por medio de un periodista.

Vueltas y más vueltas en torno a la teoría de la conspiración como arma para la nulidad de las actuaciones contra el diputado del PP, su patrón de Grupo Europa y sus socios de Telde.

Fue como una mala actuación, sin un guión sólido ni dirección artística, maquillaje o vestuario que diera el pego, ni siquiera había esta vez entre el público un apuntador para apurar un barniz de intensidad a una de las más grandes bufonadas jurídicas que haya padecido la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tanto, que lo que evacuó por su boca el que fuera asesor de la exconcejal de Telde ya fallecida Toñi Torres, Francisco Gordillo, autor confeso de varios delitos durante el gobierno municipal PP-Ciuca de 2003-2007, provocó risas y movió a pena. Incluso cuando dijo que de ahí se marchaba al juzgado de guardia a denunciarlo todo. Y ya fuera de la sala se desdijo.

Citado como testigo por el ministerio fiscal en el juicio del caso Grupo Europa al diputado canario del PP Jorge Rodríguez, la pieza separada de la matriz llamada Faycán en la que él mismo está acusado de varios delitos, Gordillo Suárez, exasesor de la concejal de Vias y Obras, consejera delegada de Urvitel y presidenta del PP de Telde de 2004 a 2006, momento de la detención de ambos, se retrató este jueves retractándose de todo lo que declaró entre 2006 y 2008 a la Policía Nacional y al juez instructor del caso en Telde. Y lo hizo de modo grotesco, acusando de coacciones y amenazas al inspector de Policía instructor del caso matriz y de la pieza separada, a su jefe de grupo y a la que después fue jefa superior del Cuerpo Nacional de Policía en Canarias.

Hace siete años, Paco Gordillo declaró que la famosa hoja de un bloc de un hotel de Venecia en la que Toñi Torres apuntó siglas y cantidades podían corresponder al reparto de comisiones en las que él mismo participó en otras operaciones, según su confesión, y en concreto esta la relacionaba con Gestión de Cooperativas Europa, la promotora canaria de viviendas sociales de Grupo Europa, y el reparto de dinero entre los concejales del PP que hiciera Toñi Torres de las cantidades entregadas por el promotor y dueño de la inmobiliaria madrileña, José Manuel Antón Marín. Este jueves, Gordillo lo negó todo y aseguró que fue forzado por dos policías y su jefa a declarar eso, bajo amenazas.

“Me dijeron que si no declaraba lo que ellos querían iban a meter a toda mi familia en la cárcel”, aseguró Gordillo dando los nombres y apellidos de los policías a los que acusa de coaccionarle, amenazarle y obligarle a dar falso testimonio en un procedimiento judicial. “Yo estaba agobiado y dije que si tenía que decir que maté a Kennedy, que dónde había que firmar”, comentó en una declaración difusa, sin conexión entre lo que decía y lo que le preguntaban, ávidos, los letrados de los acusados, dando pávulo y elevando a los altares de la veracidad el testimonio de quien entre 2006 y 2008 dio con pelos y señales, “en ocho o diez declaraciones” ante el juez, detalles de la trama. “Me decían que tenía que responder a todo que sí, o si no [...]; estaba agobiado...”

“Soy creyente, ahora digo la verdad porque estoy de testigo”, llegó a a asegurar Gordillo para darle más realce a las dos o tres afirmaciones altisonantes que manejó durante menos de una hora de interrogatorio: “No recuerdo esa declaración, lo hice muy presionado y amenazado por la Policía”, o “he estado cuatro o cinco años agobiado, y se me ha quitado el miedo ahora”, “las cosas que decía me las inventaba, he sido presionado”, reiteró ante preguntas dirigidas por casi todas las defensas de los acusados, a los que dijo no conocer pero saludó a algunos con gestos de aprobación a su salida de la Sala de Vistas número 15 del Edificio Judicial de Las Palmas.

El excargo de confianza del PP en Telde, eso sí, fue incapaz de desmentir el hecho fundamental de su citación como testigo, más allá del ruido montado en torno a la teoría de la conspiración y los comentarios de mantequilla y el coste de la misma que provocó entre parte de la audiencia. En 2007, Gordillo reconoció la letra de Toñi Torres en la hoja del bloc de un hotel veneciano, en la que figuraban siglas, en teoría correspondientes a cargos del PP, y cantidades, a repartir. Este jueves, a preguntas del fiscal, dijo: “Yo dije que sí, la letra es de ella, pero yo no soy un experto”.

La declaración de Gordillo llevó a las defensas a solicitar al tribunal que dedujera testimonio, “con la inmediatez y urgencia que la gravedad requiere”, según el letrado de Jorge Rodríguez, al juzgado de guardia para iniciar una “instrucción complementaria” que, a juicio de este abogado, dilucide si lo que dice ahora Gordillo es verdad y los policías manipularon pruebas, escritos y testificales en toda la trama de Faycán. El ministerio fiscal se unió a la petición de dar cuenta al juzgado de guardia de lo dicho por Gordillo, pero por falso testimonio en su declaración actual. La Sala se reservó su decisión al momento de dictar sentencia, como el valor de esta testifical.

Gordillo puso la salsa a una mañana insulsa, en la que el desfile de policías que participaron en los registros de oficinas y domicilios cuando se desató la fase operativa del caso Grupo Europa, el 16 de mayo de 2007, pocas novedades aportó al juicio, aparte de la decisión del tribunal de dejar para el final de todas las testificales su decisión sobre la petición de uno de los abogados de que acuda al juicio como testigo el primer inspector del caso Faycan, aunque haya estado en todas las sesiones del caso, menos en la de este jueves, como ya desveló este periódico.

El propio presidente preguntó al abogado si sabía si el inspector solicitado como testigo había estado presente en la sala. El abogado dijo desconocer ese hecho, y que en todo caso, no tenía prohibición de acudir al juicio ese inspector al que este periódico ha visto en varias ocasiones departiendo en recesos anteriores con abogados y acusados. Incluído el letrado solicitante. Este viernes, más.

Francisco Gordillo, antiguo asesor de la exconcejal de Telde ya fallecida Toñi Torres y autor confeso de varios delitos en el caso Faycan, se ha retractado este jueves de todo lo declarado a la Policía y al juez instructor entre 2006 y 2008, y en el transcurso de su declaración como testigo en el juicio del caso Grupo Europa, pieza separada del principal aún por juzgar, ha asegurado que declaró bajo coacción policial.

Gordillo ha dicho al tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC que juzga estos días al diputado Jorge Rodríguez y otros seis acusados, que “me lo inventé todo porque estaba muy agobiado por la Policía, ellos me decían que tenía que declarar esto y lo otro, tenía que decir sí a todo lo que se me preguntara porque si no iban a meter a toda mi familia en la cárcel”.

Las afirmaciones de Gordillo, testigo propuesto por el ministerio fiscal, han provocado que las defensas de los acusados soliciten al tribunal que deduzca testimonio al juzgado de guardia y se inicie una instrucción complementaria, mientras que la Fiscalía ha pedido lo mismo, pero por falso testimonio ahora de quien en su momento confesó haber haber pagado comisiones en el Ayuntamiento de Telde en nombre de su jefa, la expresidenta del PP local Toñi Torres.

El exasesor ha denunciado que fue presionado especialmente por el inspector policial instructor del caso Grupo Europa, del que ha dicho que en dos años recibió más de 100 llamadas telefónicas.

El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, que propuso a Gordillo como testigo, ha solicitado al tribunal que se le abra una causa por falso testimonio, mientras que las defensas, a excepción de la que ejerce sobre sí mismo el denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng, han pedido que, ante la gravedad de su declaración, se denuncien los hechos en el juzgado de guardia y la Fiscalía.

El presidente de la Sala de lo Civil y Penal que juzga el caso, José Ramón Navarro, ha dicho que resolverá en la sentencia lo reclamado por las partes.

Gordillo ha explicado que las presiones comenzaron el día 3 de marzo de 2006, cuando tras ser detenido y permanecer 70 horas incomunicado en la comisaría de La Isleta, el inspector al cargo del caso le manifestó que, si no declaraba lo que le decían, detendrían a toda su familia.

Así mismo, ha afirmado que también fue presionado por otro inspector y por la exjefa Superior de la Policía en Canarias Concepción de Vega, quien ha dicho que le engañó porque le dijo que solo iba a estar cinco días en la cárcel, y estuvo 54, y que si colaboraba a él no le pasaría nada y no sería imputado.

Según Gordillo, las presiones que sufría le obligaron a trasladarse a vivir con su familia a Madrid, aunque allí continuaron, si bien a partir del 2008 cesaron, y entonces como le dejaron de “molestar” su abogado le recomendó que esperara.

“Ahora ha llegado el momento, porque he jurado (decir la verdad) y soy creyente”, ha manifestado el exasesor de Torres, quien ha anunciado que iba a presentar una denuncia ante el juzgado de guardia al abandonar la Sala, si bien al concluir la vista ha dicho a los periodistas que lo hará cuando acabe el juicio.

Durante la jornada de este jueves, han declarado también cuatro policías que participaron en diversos registros de domicilios y viviendas, así como uno que además fue el que actuó como secretario en la denuncia de Benítez Cambreleng, a los que las defensas han preguntado sobre las supuestas irregularidades policiales que afirman que se cometieron en este proceso.

Nueva vuelta de tuerca procesal en el juicio al diputado canario del PP Jorge Rodríguez, en el denominado #casogrupoeuropa dentro de la trama matriz Faycán contra la corrupción en el Ayuntamiento de Telde. Después de una tercera sesión dedicada en exclusiva a interrogar al inspector de Policía encargado de la investigación de esta pieza separada que se juzga en el Tribunal Superior canario, las defensas de los acusados han pedido al presidente de la Sala y del TSJC que se llame a declarar al anterior agente responsable del caso troncal Faycán, que lo fue desde 2005 hasta su cese y relevo por el actual testigo, un año después.

Fue al final de una mañana dedicada por entero al policía encargado de la instrucción de la pieza separada de Grupo Europa, y de Faycán desde septiembre de 2006 cuando su antecesor fue apartado, imputado por revelación de secretos [supuestamente informaba a presuntos corruptos investigados por sus compañeros] y detenido aunque finalmente fue archivado el caso por falta de pruebas, cuando letrados de los acusados solicitaron al tribunal la testifical del inspector cesado en 2006. El presidente admitió la petición, pero derivó la decisión sobre la idoneidad de ese testimonio para después de evacuar todos los testigos, en abril.

Ese mismo inspector de Policía que las defensas pretenden ahora que testifique en el juicio ha interpuesto varias querellas contra su sucesor, el testigo principal de estos primeros días de vista, por una serie de delitos que solo han llegado a tramitarse en un juzgado de San Bartolomé de Tirajana con la imputación a tres agentes y a este periodista de Canarias Ahora de un conglomerado de acusaciones relacionado con la presunta revelación de secretos. El juez de ese caso solo ha tomado declaración a los imputados, hace ya 32 meses, y nada más.

Lo más llamativo de la petición de las defensas de los acusados por esta trama de corrupción política en el Ayuntamiento de Telde es que el inspector de Policía que desean convertir en testigo, iniciado el juicio y tras haber sido rechazada por el TSJC su testifical, ha estado desde el 17 de enero presente en todas las sesiones de la sala de vistas 15 del Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual sería imposible su testimonio por “contaminación” de lo que ya ha escuchado, incluida toda el testimonio de su excompañero de Brigada, al que le ha interpuesto diversas querellas después de que fuera detenido junto a otros dos agentes en abril de 2007.

Es más, este periódico ha sido testigo, durante un receso de la sesión del miércoles pasado, no solo de la presencia en la sala del inspector cesado en 2006 que se solicita como testigo, sino cómo este, fuera de la misma, departía con acusados y abogados en apariencia comentando a unos y otros aspectos del desarrollo del juicio, y en especial, del testimonio de su sucesor al frente del caso Faycán y también del caso Góndola, en el municipio de Mogán, donde figura una derivada del caso Grupo Europa relacionada con el grupo de gobierno del PP moganero.

En concreto, el miércoles lo hizo distendidamente con el abogado de Juan Carlos Saavedra, exgerente de Urvitel, y el propio acusado, precisamente el letrado que pidió este jueves su testifical. En ese receso también se acercó José Luis Mena a charlar con el inspector, que antes lo hizo, de pasada, con el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín.

El inspector cesado en 2006 que aspiran las defensas a que sea testigo ha estado acompañado, en parte del juicio, por otro subinspector ya jubilado del Cuerpo que también fue detenido por revelación de secretos en 2007, aunque finalmente su causa fue archivada. Fue, fundamentalmente, el caso de cómo los acusados de Faycán supieron de la existencia de la libreta de Toñi Torres, una pieza clave para la investigación matriz y objeto de controversia en esta pieza separada, cuya custodia se perdió de forma momentánea en esos días del otoño de 2006, cuando se produjo el relevo de inspectores, y una fotocopia de la misma circuló por Telde.

Ambos policías -uno ya jubilado y otro en ejercicio- han acompañado al diputado del PP Jorge Rodríguez, acusado en esta causa por tráfico de influencias, en anteriores recesos de la vista, según ha comprobado este periódico, formando parte de una especie de corte de asesores del político contratado por el propietario de Grupo Europa.

La conspiración, vuelta del revés

La guinda fue la petición de una testifical intoxicada de cuerpo presente, pero, al igual que en la sesión anterior, hubo más teoría de la conspiración. Desde el abogado del exgerente de Urvitel hasta el del asesor (llamado jefe en la denuncia) de Patrimonio, pasando por el exjefe de Urbanismo, todos transitaron por la vía de la denuncia politizada, hasta el punto de darle máxima importancia al cese en 2006 del inspector tan citado. Una y otra vez preguntaron a su sucesor si se debió a una “decisión política” por lo “riguroso” y “profesional” que era su excompañero.

Y no solo eso. Los abogados quisieron saber a qué se debió también su cese, en 2012, al frente de un grupo de Información, si fue “por su parcialidad política”, si “le recriminaron que no fuera neutral” investigando, y hasta por su impresión a la hora de recibir el cese tres años después de terminada la instrucción de Faycan y tras la entrada del PP y José Manuel Soria en el Gobierno de España. “Puedo pensar que no obedece a una situación objetiva, porque los resultados del grupo eran buenos, se trabajaba con normalidad, y a todo el mundo sorprendiò el cese”, dijo.

Hubo más, desde un sinfín de preguntas, otra vez, de cómo y por qué se hizo el contacto con el denunciante en su casa, y no en comisaría, hasta cuándo y cómo se trasladaban al juez las documentales aportadas por el denunciante. O si datos que figuran en la famosa libreta de Toñi Torres con el nombre de “Paco” no se referirían, en vez de al exalcalde Valido [motivo por el cual fue detenido, junto a la actual alcaldesa, en noviembre de 2006], al propio Cambreleng y por tanto entre este y la exconcejal fallecida hubiesen montado una trama para robar el dinero a Antón...

Solo el abogado de José Luis Mena profundizó en un debate técnico sobre licencias y eficacias de las mismas en el periodo investigado, o si no detectaron los policías en los pinchazos a Toñi Torres llamadas con Antón Marín, pero de nuevo, la conspiranoia, volvió a marcar otra jornada para los anales, en donde se llegó a afirmar, por parte de la defensa de Pedro Pablo Santana, que si este periodista “tenía tanto nivel de conocimiento que puntualizaba al denunciante, ¿no pudo caber la sospecha de que hubiese guionizado la denuncia?” (sic).

Próxima sesión, el 6 de marzo.

Sobre dos ejes ya manidos ha girado este miércoles el interrogatorio de dos letrados de la defensa al inspector de Policía encargado de la investigación de Grupo Europa, dentro del caso Faycán, pero con un punto más de ruido: si una misma prueba, la conocida “libreta de Toñi Torres”, sirvió para imputar varios delitos a diferentes personas, en Faycán primero y más tarde en esta pieza separada, y si Canarias Ahora hizo un montaje con la denuncia del exgerente de esta promotora de viviendas sociales implicada en una trama en Telde, con el fin de engañar a policías, fiscal y juez, se entiende. Y al mismo denunciante, es de suponer...

La teoría de la conspiración del PP, blandida como estandarte victimista por el ministro José Manuel Soria desde 2009, se desbordó en toda su extensión, ramificaciones y hasta versiones a lo largo de una nueva sesión del juicio que se celebra en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez y otros seis acusados. Con insistencia, y a veces vehemencia, tanto el letrado del empresario contratante del político, Antón Marín, como después el del diputado, quisieron demostrar y hacer confesar al policía su línea argumental de defensa: todo es un montaje. Hasta uno de ellos mentó a Rubalcaba en su etapa al frente del Ministerio del Interior. Y otro si “alguien del Ministerio de Justicia” había influido en la investigación.

Esta vez, a diferencia de sesiones anteriores, “la historieta” que definió el promotor Antón en relación a la denuncia de su exgerente, Benítez Cambreleng, ya no sería en busca del provecho propio, que también -el dinero que dice Cambreleng haberse repartido a políticos y funcionarios de Telde sería un robo a su jefe para pagar su chalé, según los seis que comparten mesa de abogados con el también coimputado-, sino para un fin superior como manchar el buen nombre del PP dentro de una campaña orquestada desde el PSOE en pleno proceso electoral de 2007. La “historieta” pasa a ser, formalmente para las defensas, una conspiración en toda regla en la que se ha visto atrapado el diputado Jorge Rodríguez en las cloacas y cañerías del Estado. De Rubalcaba, por supuesto.

Pero no hubo manera de hacer crecer más la bola conspiranoica. A lo largo de seis horas y media de declaración, el inspector responsable de la investigación volvió a ratificar todo lo expuesto en el interrogatorio del fiscal: que la ingente información facilitada por Benítez Cambreleng tenía muchos visos de verosimilitud con las pesquisas y el modus operandi que los investigadores conocían de los políticos del PP y Ciuca en el Ayuntamiento de Telde, y la “historieta” contaba con una gran documental aportada por el denunciante -“meras fotocopias”, a juicio de las defensas- y otras que fueron comprobando los policías por vías diferentes durante la instrucción.

Las defensas del empresario y el político, únicas que interrogaron este miércoles al policía, prefirieron centrarse en el motivo inicial que abrió la investigación del caso -el inspector ha reiterado ya que el inicio se debe a la denuncia del exgerente, y a nada más- para demostrar que se utilizó una misma prueba, la libreta de Toñi Torres donde figuraba “grapada” la hoja de un bloc de un hotel de Venecia con el apunte “240.000 - viviendas”, tanto para imputar en noviembre de 2006 al exalcalde de Telde Paco Valido y a su grupo de gobierno por recibir sobornos de otras empresas, como en abril de 2007 a los acusados de Grupo Europa.

La documental 457 -la famosa libreta con motivos de Mickey Mouse y adherida a ella, una hoja de un bloc de hotel- dio vueltas durante toda la mañana en un extenso interrogatorio por parte del letrado de Antón Marín, Juan David García, que le fue rebatido por el propio testigo, manteniendo que la hoja del bloc del hotel veneciano donde figuraba ese apunte vino a ser un indicio más, posterior, de que el relato de Benítez Cambreleng cuadraba con sus investigaciones en todo el entramado del caso Faycán contra la corrupción en Telde.

Con críticas al modo de operar policial, la cadena de custodia o cómo se trasladó al juzgado la documental aportada por Cambreleng -“no puedo remitir al juzgado trocitos de un puzzle, debemos completar toda la información”, dijo el policía-, las defensas han querido extender la duda sobre el agente, al sacar a relucir que está imputado en San Bartolomé de Tirajana, junto a su superior y un compañero, además de este periodista de Canarias Ahora, después de una querella interpuesta por su antecesor en la investigación, un inspector que fue cesado, detenido e imputado por revelación de secretos en 2006, caso ya archivado; y presente todos estos días en la Sala.

“Bueno, a la vista de la acusación que le hace un compañero, nada más y nada menos, y que usted no sabe si fue un bloc entero o una hoja suelta...¿usted ha manipulado las pruebas?”, espetó el abogado al policía, sin que el tribunal permitiera que respondiera. La defensa de Antón incluso preguntó al policía por su nuevo destino, de libre designación en la Delegación de la Agencia Tributaria en Las Palmas, y si cobraba más dinero y trabajaba menos, en insinuación de haber sido premiado, cuando en realidad, según aclaró él mismo, fue cesado en 2012 de la Brigada de Información y enviado a Seguridad Ciudadana. Cosas, estas sí, del Partido Popular, según tiene constancia este periódico.

Los pagos a José Luis Mena

Los pagos a José Luis MenaLa teoría de la conspiración dejó en esta sesión a un lado aspectos concretos del escrito de acusación del fiscal, como los pagos, reuniones y manejos previos para amañar un concurso de asesoramiento a la empresa municipal Urvitel en materia de viviendas, y centró casi todo su discurso en desprestigiar al funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, quien rebatió uno a uno todos esos argumentos, hasta el punto de explicar, en el caso del baile de fechas en los supuestos pagos de comisiones ilegales al ex jefe de Urbanismo José Luis Mena, que “no era una mecánica de te pago, favor; te pago, favor; sino que eran dos personas clave”, para desmontar la teoría de que, ya dadas las licencias, nada ganaba Grupo Europa pagando a Mena días después.

“Los pagos de comisiones no están sujetos al tramo temporal que sostienen” las defensas, dijo el policía, para aclarar que sí tenía un sentido pagar comisiones días después de que la Junta de Gobierno otorgara dos licencias concretas, entre otras cuestiones, porque seguía habiendo un procedimiento administrativo abierto, y “porque Mena sabía que en cualquier momento podía paralizar esas licencias porque estaban sujetas a una modificación puntual del Plan General. En realidad, esas licencias nunca debieron ser concedidas”, mantuvo.

El inspector reiteró, a preguntas del letrado de Antón, que había cuestiones “que no tenían interés para la causa”, “pero todas se remitían al Juzgado”. Entre ellas, una carpeta aparecida en el despacho del empresario, durante los registros, con una especie de informe de auditoría y la preparación de una querella contra Benítez Cambreleng, cuyo contenido no recordaba, y que para la defensa sería importante ya que supondría un indicio de que la denuncia de Cambreleng sería “una venganza” a la preparación de esa querella. El policía volvió a insistir en que la credibilidad que se le dio a Cambreleng no fue solo por su palabra.

De fuentes y prostíbulos

De fuentes y prostíbulosAdemás, a preguntas del abogado de Jorge Rodríguez, José Aníbal Álvarez, explicó otra vez cómo tuvo conocimiento de la información que iba a transmitir el denunciante, a través de este periodista que “lo sabía de antemano todo, se veía que dominaba el tema y tenía conocimiento de ello, incluso precisaba al testigo” en las reuniones preparatorias, y en un interrogatorio centrado casi en exclusiva en cómo, cuándo, dónde y hasta por qué estuvo el periodista con la policía y el denunciante llegó a preguntar: “¿Esta prueba quién la fabricó para imputar al señor Rodríguez?”, cuestión recriminada por el tribunal.

El testigo admitió que en esas reuniones previas, preparatorias para la denuncia final, la presencia del periodista no era “cómoda”, pero tampoco interfería en la investigación. “Yo prefiero llegar al testigo antes que la fuente, siempre será más cómodo directamente”, dijo el inspector, cuando se enfrascó con el abogado en una suerte de explicación de la praxis policial en relación a las fuentes de todo tipo, que haberlas, háylas, incluidas las de los prostíbulos. Eso sí, negó con rotundidad, a otra pregunta directa del abogado, que el periodista “le hiciera indicaciones, antes, durante y después de la instrucción”.

El inspector de Policía también aclaró que “no toda la denuncia de Cambreleng puede ser verdad, o al menos, no la hemos podido comprobar. Hay cosas de la denuncia que sí se han podido comprobar y otras, no, como lo concerniente a que su cliente [Jorge Rodríguez] cobrara 6.000 euros al mes, pero sí logramos enlazar la relación comercial que había entre Jorge Rodríguez y Grupo Europa”. Y dijo: “En todo caso, creo que Jorge Rodríguez no está sentado aquí por cohecho”, sino el tráfico de influencias de esa relación comercial probada.

Este jueves, a partir de las 08:30 horas y en principio solo en horario de la mañana, seguirá el inspector respondiendo a las preguntas de los otros cinco abogados restantes.

La extensa declaración del inspector encargado de la investigación modifica el calendario

La semana próxima responderá durante jornada y media a las preguntas de las defensas de los acusados

El juicio que se celebra desde el 17 de enero pasado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el denominado caso Grupo Europa, que tiene como principal acusado al diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, se va a extender más de lo previsto: no será hasta finales de abril cuando este caso de presunta corrupción política en el Ayuntamiento de Telde quede visto para sentencia, tras otra remodelación del calendario de sesiones debido a la extensión de los primeros interrogatorios a los acusados, y la última del primer testigo, el viernes pasado, en la que solo le dio tiempo a responder al ministerio fiscal.

Se trata del inspector del Cuerpo Nacional de Policía encargado entre 2005 y 2007 de llevar a cabo la investigación del caso Faycán, matriz de esta pieza separada en la que Anticorrupción ya ha pedido desde el verano pasado cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano (PP). El policía al frente del grupo investigador del caso ya declaró el viernes pasado, cuando fue citado con otros trece testigos para una jornada imposible de cubrir ante el interés de las defensas en extenderse en preguntas con el inspector, al que se le ha reservado ahora todo el miércoles próximo en exclusiva para su testifical.

Así, en una sesión de ocho horas programada entre las 09:00 y las 17:00 del 19 de febrero, el inspector que ya el viernes ratificó todos los extremos de la denuncia del exgerente de esta promotora de viviendas sociales introducida por el diputado autonómico en ayuntamientos gobernados por el PP, comenzará a responder a los letrados de los acusados, que avanzaron, al menos el primero de ellos, que tenían “preguntas para varias horas”.

El inspector también está citado para el día siguiente, jueves 20 de febrero, donde compartirá testifical con otro policía de su Brigada y con el exasesor de la concejala fallecida Toñi Torres, Francisco Gordillo, que en su momento confesó ante el juez instructor el cobro de comisiones ilegales en Telde por parte de su concejal, Toñi Torres, y su papel de intermediario.

La citación a Gordillo se ha modificado del orden inicial -era el decimosexto testigo previsto- por tener billete de avión que le impedía hacerlo en otras fechas, y altera el orden previsto para el resto de policías e inspectores de Hacienda que participaron el 16 de mayo de 2007 en las entradas y registros de la operación policial. Estos, a los que se pretendía interrogar en un solo día el viernes pasado, han sido citados ahora entre el 6 y el 7 de marzo en dos sesiones matinales con las que se continuará el caso. También se ha habilitado el sábado 8 de marzo, por si fuera necesario continuar el interrogatorio a estos doce testigos.

A la semana siguiente, días 13 y 14 de marzo que estaban previstos como jornadas finales del juicio, están citados otros quince testigos, entre políticos, empleados y arquitectos contratados por Grupo Europa para llevar a cabo las viviendas sociales programadas en Telde durante el mandato de PP y AFV-Ciuca entre 2003 y 2007. Entre ellos, el exalcalde Paco Valido, actual asesor del grupo de gobierno del PP en el Cabildo de Gran Canaria y que también se enfrenta a una petición de seis años de cárcel en el caso matriz Faycán, está citado a las 13:00 horas del viernes 14 de marzo. El sábado 15 de marzo también se ha habilitado por si se extienden las declaraciones de esa semana.

El resto de días reservados para los testigos-peritos y peritos serán el 10 y el 11 de abril, con el sábado 12 -vispera de Domingo de Ramos- habilitado también por si fuera necesario, y las jornadas de conclusiones finales serán ya después de Semana Santa, el jueves 24 y el viernes 25 de abril, con la posibilidad de que se extienda, también hasta el sábado 26 de abril.

Hasta el momento y después de declarar los siete acusados y el primer testigo, el caso se ha centrado en la ratificación total de la denuncia del exgerente y también acusado, Francisco José Benítez Cambreleng, quien desveló a la Policía Nacional una trama que pretendía sacar beneficios ilícitos de la promoción de viviendas sociales en Telde, a repartir entre la empresa que defendía ante las instituciones públicas el diputado autonómico y políticos y funcionarios del ayuntamiento gobernado por el mismo partido que el aforado.

Las defensas han querido, por contra, acusar al denunciante y exgerente de haberse llevado de la empresa el dinero que asegura haber sido utilizado para pagar comisiones ilegales -en Telde y también en Mogán-, con el fin de comprarse un chalet, aunque el testimonio de este primer testigo que seguirá declarando la próxima semana ha venido a corroborar la denuncia por un aparente hecho probado: todo lo que les dijo el exgerente fue comprobado por la Policía cuando efectuaron los registros de la sede de la empresa y hallaron correos electrónicos y otros documentos reveladores de la trama.

“No nos producía extrañeza, por el modus operandi en Telde, por la información tan brutal, y tan completa que nos aportó Cambreleng”. Con tal contundencia respondió este viernes el inspector de Policía encargado de la investigación del caso Grupo Europa, a preguntas del fiscal sobre qué grado de credibilidad le dieron a la denuncia del exgerente de la promotora de viviendas sociales en Telde, cuando contactó con la Policía en “febrero o marzo” de 2007.

Sin cámaras, ni audio a la hora de revelar su nombre, por expresa petición del Cuerpo dada su condición de miembro de la Brigada Provincial de Información, el inspector al mando de las pesquisas de esta pieza separada del caso Faycán agotó todo el tiempo reservado para la primera jornada de testigos: doce policías de la Brigada y dos funcionarios de Hacienda que participaron, en una y otra medida, en la investigación previa y en la entrada y registros del caso.

“La denuncia era muy verosímil y tenía mucha coherencia”, explicó el funcionario policial a la hora de aclarar las primeras impresiones que tuvieron en la Brigada, cuando Cambreleng dio solo pinceladas de esta trama para introducir a la promotora de viviendas Grupo Europa en municipios canarios con gobiernos del PP, a través del diputado Jorge Rodríguez. “Él nos aportaba mucha documentación, y tuvimos que ir contrastando toda esa información”, dijo.

El testigo, que comenzó a declarar pasada la una de la tarde después de que la mañana se fuera en los interrogatorios del resto de acusados, solo tuvo tiempo de responder durante un par de horas a las preguntas del ministerio fiscal, y cuando le tocaba el turno al primero de los abogados defensores, Juan David García, en representación del propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, el letrado advirtió que “tardaría unas cuantas horas en hacer todas las preguntas”, por lo que pidió agrupar en una misma jornada el interrogatorio, en una próxima sesión.

Antes, el presidente del tribunal y del TSJC, José Ramón Navarro Miranda, ya había dado por imposible escuchar a todos los testigos citados, tres de ellos trasladados desde la Península, a los que habrá que convocar en una o dos sesiones extra que se habiliten por la Sala, que el lunes tendrá que modificar todo el calendario de testificales previsto hasta el 14 de marzo. Fue en ese momento cuando por parte de las defensas se planteó que el primer letrado en preguntar, después del fiscal, fuera Cambreleng “porque ejerce como acusación, sin serlo”, e incluso que el tribunal aislara a los testigos porque la sesión “se retransmitía por twitter”.

El magistrado rechazó ambas peticiones, la segunda en aras a salvaguardar el derecho a la libertad de expresión y en audiencia pública por delante de la aplicación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica el aislamiento de los testigos hasta que hayan declarado, para no comunicarse con los que ya lo hayan hecho. “No voy a aislar a los policías ni este tribunal va a limitar que se retransmita por twitter”, dejó claro Navarro Miranda a los abogados de las defensas, ante la inutilidad de “requisar los móviles” a todos los testigos.

Así, se procedió al interrogatorio del inspector al frente de la investigación del caso Faycán y de su pieza separada de Grupo Europa, que corroboró al fiscal toda la denuncia de Benítez Cambreleng, su contrastación con los documentos aportados por el exgerente y pesquisas propias de su grupo de investigadores, así como el seguimiento realizado a movimientos de dinero para los pagos de las comisiones ilegales a José Luis Mena y Pedro Pablo Santana.

El inspector vino a rebatir, con la documentación obrante en la causa, las afirmaciones de los acusados de que no había motivos de bloqueo de los suelos para construir las viviendas de Grupo Europa y por tanto, no había beneficio alguno a la hora de pagar comisiones a los funcionarios, hechos que ratificó no solo con la documental aportada por el denunciante, sino con las declaraciones, en su momento, de otros técnicos municipales.

En cuanto a Jorge Rodríguez, el inspector certificó que era “el introductor de Grupo Europa en los ayuntamientos gobernados por el PP”, no porque lo dijera Cambreleng o aportara a la investigación facturas del diputado, sino porque, como en el resto de documental, estas se encontraron donde exactamente les dijo Cambreleng meses antes: en los discos duros de los ordenadores de la filial canaria Gestión de Cooperativas Europa, en la calle Ferreras. Fue el 16 de mayo de 2007, con las entradas y registros, donde apareció toda esa documental.

El policía aclaró también, contradiciendo a lo vertido en sesiones anteriores por algunas de las defensas, que el origen de la pieza separada número 38 del caso Faycán, este caso Grupo Europa, no es “ni una libreta [la famosa de Toñi Torres con dibujos de Mickey Mouse] ni una hoja de hotel de Venecia”, donde figuraban repartos de comisiones entre políticos del PP y de Ciuca por valor de 240.000 euros, sino la propia declaración del denunciante.

Quieren las defensas plantear que el origen de la causa está viciado por proceder de una o dos documentales del caso matriz de manera especulativa por parte de los investigadores, y el hecho de que se aclarara que todo parte del denunciante, corta ese vínculo especulativo, según quiso dejar claro el ministerio fiscal durante el interrogatorio al policía. Este volvió a explicar, como ha hecho con anterioridad Cambreleng, que el contacto entre unos y el otro se produjo por medio de un periodista “que era amplio conocedor, con anterioridad”, de la trama. La que investigó y desveló este periódico entre octubre de 2006 y mayo de 2007.

“¿Y por qué no hicieron constar en sus oficios que fue un periodista quien hizo de contacto con el denunciante?”, preguntó el fiscal al policía. “Porque era irrelevante, el periodista no había cometido ningún delito, lo sabía todo con anterioridad, y es una práctica habitual en la Policía la protección de fuentes, sobre todo cuando se trata de investigar delitos graves” le respondió el funcionario del Ministerio del Interior. En cuanto se modifique el calendario de testificales, el inspector tendrá que responder “durante horas” a las defensas.

Lo negó todo. Salvo ser diputado del PP y cobrar de Grupo Europa. Que es por lo que está acusado de dos delitos de tráfico de influencias. Jorge Rodríguez Pérez, miembro del grupo popular entonces (2003-2007) y ahora en el Parlamento de Canarias, se ha negado la tarde de este jueves a responder a las preguntas del fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis Del Río, en el juicio que se sigue contra él en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Acto seguido, a preguntas de su abogado, ha denunciado esta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde como un engaño de la Policía al juez instructor de la causa y al propio ministerio fiscal. Un montaje político contra su persona y su partido.

“Soy la pieza clave de este procedimiento, la guinda del pastel, no habría tanta expectación si yo no estuviera aquí”, dijo el diputado ante una sala de vistas vacía de periodistas y sin los “focos” que tuvo durante la mañana el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón, al que se le acusa de cohecho en el Ayuntamiento de Telde para ganar un contrato de asesoría a la empresa municipal Urvitel, para la gestión de la política de viviendas sociales del municipio prevista durante aquel mandato por el PP.

Jorge Rodríguez, según la acusación pública, hacía de introductor de la empresa allí donde gobernaba el PP, algo que negó el diputado, quien aseguró que el denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng, “no sé si tiene animadversión personal hacia mí o está inspirada por otras personas”, blandiendo la teoría de la conspiración contra su figura y su partido, de la que han hecho gala, a lo largo de sesiones anteriores, todas las defensas de los acusados, y de la que hizo especial bandera Antón Marín durante la mañana, con una referencia, muy críptica “a una grabación de Benítez [Cambreleng] y un miembro del PSOE”.

El diputado del PP, cuyo aforamiento hace que se celebre esta pieza separada de la matriz del caso Faycan precisamente en el TSJC, y por tanto es la “guinda del pastel” de la misma, negó haber tenido contactos anteriores a la adjudicación del concurso a Grupo Europa en Telde, haberse reunido “con nadie” en el hotel Fataga, de Las Palmas de Gran Canaria, donde el denunciante Cambreleng sitúa las reuniones preparatorias para el amaño del concurso, ni haber ejercido un “poder jerárquico” sobre la fallecida concejal Toñi Torres para que contratara a Grupo Europa en el Ayuntamiento de Telde, a través de la empresa pública Urvitel que estaba a su cargo.

Eso sí, cobrar de la empresa de Antón Marín, sí que cobró. Lo hizo, recuerda con detalle, con una “iguala” desde que un arquitecto conocido suyo e hijo de una exconcejal de Urbanismo de la Villa de Santa Brigida, Fernando Pons Bordes, le presentó a una empleada de Antón, dada su condición de abogado “apasionado por los temas urbanísticos, ahora ya no”. De ahí surgió una relación profesional, en torno a 2001 y con Jorge Rodríguez apartado del cargo público que ocupó hasta 1999 -concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria con el ministro de Industria, José Manuel Soria, de alcalde- en la que asesoró a Grupo Europa.

Como ya hiciera en su declaración ante el juez instructor en los juzgados de Telde -cuando dimitió como diputado, en 2007, al desvelar Canarias Ahora esta trama y su implicación en el caso, no era aforado-, Rodríguez mantuvo que al obtener el acta de diputado en 2003 cesó su actividad laboral con Grupo Europa. Reconoció, sin embargo, haber hecho “tres trabajos, cobrados y entregados, declarados a Hacienda” y no “ficticios” como sostiene Cambreleng, durante el periodo en que fue portavoz del PP en el Parlamento de Canarias (2003-2007), y mano derecha del presidente del PP y por entonces del Cabildo y del grupo parlamentario, José Manuel Soria.

“Le pregunté al secretario general letrado del Parlamento de Canarias si, por mi dedicación exclusiva, podía realizar esos trabajos, y me dijo, verbalmente, que por ser esporádicos, sí podría, sin tener que cesar mi dedicación exclusiva”, dijo Rodríguez, lamentado “el error de no haber pedido al secretario general del Parlamento por escrito su respuesta”. Rodríguez, que en todo momento se mostró con la “exquisitez” de la que hace gala incluso con acento peninsular siendo, como es, de La Isleta -península de la capital grancanaria unida a la isla por el istmo de Santa Catalina-, descalificó con grandilocuencia la investigación policial.

“Hay oficios policiales referidos a mi persona que son capciosos, voluntaristas, tendenciosos y parciales, y han conducido, diría que inducido al ministerio fiscal y al juez a conclusiones erróneas. No puedo permitir que se ponga en duda mi honorabilidad, porque mi padre, antes de fallecer, me dejó una inmensa fortuna: la honorabilidad y la rectitud en todos mis actos”, dijo, magnánimo, el diputado, quien reiteró casi a toque de silbato: “Lo digo con rotundidad: yo no influí, ni coaccioné, ni hice prevalecer nada para que nadie hiciera nada”, descartando haber cometido el tráfico de influencias ante su partido en Telde.

De la Policía con su foto y otros “palabros”

De la Policía con su foto y otros “palabros”Jorge Rodríguez, con su peculiar forma de expresar la rectitud de la que alardea en todas sus apariciones públicas, admitió, en todo caso, “haber llamado a Toñi Torres, por teléfono, para que se reuniera con Antón”, antes de iniciarse los contactos en Telde, pero “no me reuní nunca, ni para tomar café, ni con Toñi Torres, ni con nadie en el hotel Fataga”, recalcó dando a conocer un detalle de la investigación: “El propietario del hotel me llamó una noche para decirme que la Policía había estado allí con una fotografía mía preguntando a todos si yo era habitual en el hotel. Ojalá lo fuera, le dijo el propietario a los policías”.

Otra anécdota similar tuvo con “el concesionario del restaurante del Patio del Cuyás, donde tenía yo mi estudio. Por aquellas fechas me acababa de separar, y había acordado un precio fijo para desayunar, almorzar y cenar con el concesionario, de 5, 8 y 7 euros. Pues la Policía fue a preguntar si yo era asiduo del restaurante, y si pagaba con billetes de 500 euros”, dijo.

Rodríguez sí reconoció haber mantenido dos reuniones, en el Ayuntamiento de Telde y por petición del empresario Antón Marín, cuando en 2006, ya iniciado el caso Faycan y con Toñi Torres en la cárcel, se bloquearon los proyectos de viviendas sociales de Grupo Europa. “Le digo qué influencia tuve: Valido [alcalde de Telde por entonces] nos hizo esperar hasta 50 minutos en la antesala de la Alcaldía, poca influencia o superioridad pude ejercer”, aseguró el diputado, quien niega haber dicho expresiones como “en el partido [a Valido] le pondrán las pilas”.

“Mire, señor letrado: no forma parte de mi vocabulario ni de mi expresión doméstica o profesional tales palabros”, espetó (de ponerse tieso, afectando gravedad y majestad, según la RAE) el diputado, quien recordó su forma de proceder en la vida: “Soy demasiado prudente, exquisito y cortés, todo el mundo que me conoce lo sabe. Soy incapaz de decir en público eso a un alcalde, y menos a un alcalde como era el señor Francisco Valido”, detenido posteriormente e imputado por cohecho en el caso matriz de esta trama de Telde, Faycán.

Jorge Rodríguez depuso apenas durante menos de hora y media, durante la tarde en que dio tiempo a iniciar el interrogatorio a otro de los acusados, el exgerente de Urvitel Juan Carlos Saavedra, quien también se negó a contestar al ministerio fiscal. El juicio se suspendió poco antes de las 20:30 horas y seguirá este viernes a las 09:15, cuando estaba prevista iniciarse la ronda de testificales de los policías intervinientes en la investigación.

Sin embargo, antes deberá concluir Saavedra y continuar con los interrogatorios de su esposa, del exjefe de Urbanismo José Luis Mena y del de Patrimonio, Pedro Pablo Santana.

Por la mañana, quien sí se extendió, entre golpes de tos e intentos iniciales de suspender su declaración por su aparente estado de salud, fue el promotor Antón Marín, quien reiteró la teoría expuesta ya por los abogados de las defensas: toda la denuncia es una “historieta” de Cambreleng ante el hecho de que iba a presentarle una querella por apropiación indebida de dinero de Grupo Europa. Negó cualquier pago a politicos y funcionarios y aseguró que las cantidades en teoría destinadas a esos pagos, de 240.000 euros, se las quedó Cambreleng.

Antón, que se negó a responder a las preguntas de Cambreleng “porque me has robado mi dinero”, sí que respondió al fiscal, en unas intervenciones en tono altivo y hasta chulesco, superando enérgicamente sus ataques de tos. El propietario de Grupo Europa, que ahora vive en Costa Rica “y muy bien, por cierto”, aseguró que “han desaparecido 10.000 folios del procedimiento”, en referencia a una presunta querella preparada contra Cambreleng que él había dejado encima de su mesa el día de su detención, “sabiendo que me iban a detener”.

El empresario José Manuel Antón, uno de los acusados por el caso Grupo Europa, ha negado este jueves haber pagado comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde para construir viviendas sociales y ha dicho que todo es una “historieta” del exgerente de su empresa y denunciante de la trama.

A preguntas del fiscal en el juicio que se sigue contra él y otros siete acusados por este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antón ha señalado que el exgerente, Francisco José Benítez Cambreleng, que es uno de los imputados, se apropió de los 240.000 euros que supuestamente pagó su empresa, Gestión de Cooperativas Europa, en comisiones ilegales al Ayuntamiento entre los años 2003 y 2006.

El empresario no ha reconocido el documento que obra en la causa y en el que aparecen esos 240.000 euros en la contabilidad de su empresa como “otros pagos”, porque entiende que está manipulado por Cambreleng, para poder “argumentar” su denuncia, al igual que otros muchos documentos con los que pretende justificar su “historieta”.

El fiscal Anticorrupción Luis del Río también ha interrogado a Antón sobre su relación con el parlamentario del PP Jorge Rodríguez, al que considera que este acusado contrató para que su empresa lograra introducirse en los ayuntamientos que ese partido gobernaba en Gran Canaria.

José Manuel Antón ha reconocido que contrató en 2001 como abogado a Jorge Rodríguez, pero ha precisado que en 2003 dejó de trabajar para él al incorporarse al Parlamento de Canarias.

No obstante, ha explicado que Rodríguez le prestó “tres servicios esporádicos”, ya siendo diputado, uno de ellos para que le hiciera un informe sobre la RIC, porque “los beneficios de sus sociedades se disparaban” y, a su juicio, en Canarias “es de tontos” tener dinero negro, cuando existe este instrumento que permite pagar un 3% por el Impuesto de Sociedades.

El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), formado por el Partido Popular y Coalición Canaria, pretende llevar al pleno corporativo de final de mes una propuesta de concurso para cubrir las jefaturas de servicio de la institución con la principal pretensión de colocar con plaza fija al frente del Servicio de Urbanismo a José Luis Mena, actualmente acusado y con petición de ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para empleo público por recibir sobornos y falsificar documentos precisamente cuando ocupaba ese puesto interinamente en el periodo 2003-2007.

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde, la cuarta ciudad de Canarias (100.000 habitantes), pusieron el grito en el cielo el pasado viernes cuando en la comisión municipal de Régimen Interior aparecieron unas propuestas para la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), tramitadas por la vía de urgencia, en la que, entre otras jefaturas, aparecía la de Urbanismo, con unas bases que las centrales consideran “un traje a la medida” de Mena.

Fuentes sindicales consultadas este lunes por Canarias Ahora han confirmado sus sospechas que se centran en el baremo que PP y CC quieren aplicar para otorgar estas jefaturas por considerar que están hechas para que Mena pueda regresar al departamento de Urbanismo ya como jefe y sin posibilidad de que se le remueva por decisiones políticas, como ocurrió en este mandato al acceder a la concejalía de Urbanismo el nacionalista Pablo Rodríguez.

En concreto, las bases que el grupo de gobierno quiere aprobar prevén 27 puntos sobre 32 posibles para criterios que cumple sobradamente el acusado de corrupción José Luis Mena. Es particularmente destacable que se otorguen seis puntos a la “experiencia” en el puesto de jefe de servicio, condición que, unida a la exigencia básica de ser funcionario de carrera, pocas personas cumplen en Telde.

Los otros criterios que dan ventaja a Mena son grado personal (6 puntos), cursos (6), antigüedad (6) y titulación (3), mientras que tan solo cinco puntos se destinan a evaluar la memoria que habría de presentar cada opositando (3 puntos) y la defensa oral de la misma ante un tribunal (dos puntos).

De policía local a factótum del urbanismo

José Luis Mena entró en el Ayuntamiento de Telde como policía local y fue escalando posiciones a partir de haber obtenido la carrera de Derecho con la que ya optó, vía oposiciones, a una plaza de técnico de Administración General. Esa plaza está adscrita al área de Urbanismo, a cuya jefatura accedió por la vía de la libre designación (decisión política) siendo alcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano. Cuando el PP accedió a la alcaldía en compañía de Ciuca en 2003 desempeñó un papel determinante en varios casos de presunta corrupción.

Con el urbanismo en manos de Guillermo Reyes (Ciuca) se le retiró del puesto para que lo ocupara una trabajadora interina del Ayuntamiento, María Jesús Santana, hija de un veterano de la UCD que fue concejal entre 1979 y 1983. Pero pronto Reyes se cansó de la inacción del departamento y volvió a recuperar a José Luis Mena para dirigir juntos el urbanismo de la ciudad.

Mena ha sido detenido en dos ocasiones en otras tantas operaciones de corrupción de la Policía en Telde, y en estos días se sienta en el banquillo de los acusados presuntamente por haber cobrado sobornos de la de la cooperativa Grupo Europa para facilitar que esa compañía accediera a suelo municipal para la construcción de viviendas sociales mediante un concurso amañado.

El fiscal anticorrupción pide para este funcionario al que Coalición Canaria y el PP quieren consolidar al frente del urbanismo de Telde ocho años de prisión por los delitos de cohecho y falsedad, además de 90.000 euros de multa.

Además, está imputado en una investigación penal por presuntamente haber falsificado documentos del servicio de urbanismo que dirigía para implicar en un caso de tráfico de influencias al concejal que lo nombró jefe de esa oficina, Ildefonso Jiménez, que resultó por ello condenado en primera instancia en el marco del llamado caso Alisios.

El denunciante del caso Grupo Europa, Francisco José Benítez Cambreleng, ha afirmado este sábado que el empresario que presuntamente pagó 240.000 euros en comisiones ilegales entre 2013 y 2006 en el Ayuntamiento de Telde para construir viviendas sociales, José Manuel Antón, abonó también “muchas cantidades” en Mogán y otros municipios.

Benítez Cambreleng, que figura además como acusado en el caso junto con Antón y otros cinco procesados, entre ellos el diputado regional del PP Jorge Rodríguez, en su declaración ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha insistido en que el parlamentario popular recibió sobres con dinero por introducir al Grupo Europa en los ayuntamientos gobernados por el PP.

Así mismo, en esta tercera sesión del juicio en la que ha continuado el interrogatorio de Benítez Cambreleng por parte de las defensas, este ha señalado que, además de pagar dinero en sobres a Rodríguez, se emitieron facturas “ficticias” a su nombre por trabajos que nunca llegó a desempeñar, tres de las cuales figuran en la causa.

Benítez Cambreleng, exgerente de Gestión de Cooperativas Europa, ha reiterado que nunca vio a Rodríguez recibir dinero de la empresa, pero ha asegurado que son muchas las pruebas que lo demuestran.

Además, ha explicado que el propio Antón se incluyó en la nómina de Gestión de Cooperativas Europa, de la que es socio mayoritario el Grupo Europa, para pagar con ese dinero a Rodríguez, a un periodista que contrató para que hablara bien de su empresa y a funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Telde, tanto del PP como de Ciuca, partidos que gobernaban en coalición.

El denunciante ha reconocido de nuevo que él mismo, por orden de Antón, entregó en diciembre de 2005 dos sobres, con 30.000 euros cada uno, al entonces jefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, Pedro Pablo Santana, y al responsable de Urbanismo, José Luis Mena, para que ambos desbloquearan las licencias de obra de las dos promociones de viviendas que le fueron adjudicadas a Gestión de Cooperativas Europa por la empresa municipal Urvitel.

Así mismo, ha reiterado que el Grupo Europa, según Rodríguez, era una “empresa amiga del partido” a la que había que favorecer y que así se lo señaló el diputado al entonces alcalde de Telde, Francisco Valido, pese a que este y la concejala Sonsoles Martín, ambos del PP, lo nieguen porque son del partido, según Cambreleng.

El denunciante ha dicho que eran muchos los pagos que hacía el Grupo Europa y entre ellos ha citado el que la empresa efectuó de un mitin que ofreció el presidente del PP, Mariano Rajoy, en Mogán, en diciembre de 2005.

Benítez Cambreleng ha explicado que estos pagos se hacían con dinero B procedente de una promoción de viviendas que tenía en Soto del Duque en Madrid y de las cuentas que tenían en Caja Madrid Gestión de Cooperativas Europa y la empresa Gardenkit, también propiedad Antón, y que cuando se trataba de pagos repetidos a una persona se exigía factura.

También ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Telde ponía “todo tipo de trabas” y que la entonces concejala de Obras de Telde, María Antonia Torres, ya fallecida y que figuraba como acusada en el caso, exigía comisiones por todo y fue quien le dijo a Antón que debía pagar a los jefes de Patrimonio y Urbanismo.

Benítez Cambreleng ha vuelto a negar ante el tribunal que se apropiara de dinero de Gestión de Cooperativas Europa como sostienen las defensas, ha rechazado que su denuncia la “rematara” la Policía y ha dicho que recibió presiones de “altas esferas” para que no la presentara.

El denunciante continuará con su declaración en la próxima sesión del juicio prevista para el próximo día 6 de febrero, cuando está previsto que sea interrogado el principal acusado, José Manuel Antón.

El fiscal anticorrupción Luis del Río acusa a los procesados de delitos de prevaricación, cohecho contra el mercado y los consumidores y falsedad, por lo que solicita que se les condene a penas de entre ocho y un año y tres meses de prisión.

Los otros procesados que figuran en el caso Grupo Europa son el gerente de la empresa municipal de Telde Urvitel, Juan Carlos Saavedra, que, según Benítez Cambreleng, no paraba de exigir “pagos” a Antón, y su mujer Verónica García Melgar.